Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00264-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ámbito de competencia del ad quem: se encuentra circunscrita a revisar lo que
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00264-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-31-000-2012-00264-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLES /
ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL AD QUEM – se encuentra circunscrita a revisar lo que
desfavorece al recurrente y que ha sido motivo de su inconformidad / INDEMNIZACIÓN DE
PERJUICIOS – PERJUICIO MORAL POR DAÑO A LAS COSAS - debe tener la
envergadura suficiente para justificar su reparación – no basta probar la titularidad del
derecho y la antijurídica lesión del mismo / DAÑO EMERGENTE - consiste en el precio del
inmueble o de la cuota parte ocupada / LUCRO CESANTE – por este concepto se reconoce
únicamente la rentabilidad del dinero - reiteración jurisprudencial
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Se solicita declarar la responsabilidad patrimonial del municipio demandado por la
ocupación permanente de un inmueble de propiedad de la demandante.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la proferida el 11 de diciembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se decidió la demanda instaurada el 12 de
junio de 20121 por la señora Olga Lucero Martínez Alfonso, quien actúa en nombre
propio y en representación de sus hijos menores José Eddy y Lina Andrea Salazar
Martínez, contra el municipio de Puerto Concordia (Meta), con el fin de que se le
declare patrimonialmente responsable por los perjuicios causados2 por la ocupación
de un predio de su propiedad como consecuencia de la ejecución de trabajos
públicos por parte de contratistas del Estado.
La demanda
1 Folio 7, c. 1.
2 Por concepto de daños materiales solicitó: “equivale al valor del predio ocupado de manera permanente, que
corresponde a la cantidad de 34 hectáreas, 5.832 M2l, a razón de 9’250.000, según avalúo de la misma Alcaldía:
TOTAL: 319’894.600.
“Lucro Cesante: corresponde a los dineros dejados de percibir por arrendamiento mensual del predio durante
26 meses, para un valor de veintiséis millones de pesos, TOTAL: 26’000.000.
“PERJUICIOS MORALES… Consistente en la aflicción, angustia, afectación mental, de salud y dolor emocional
causada a los demandantes, como consecuencia de la expropiación de hecho, ilegal… los cuales taso de la
siguiente manera: Para Olga Lucero Martínez Alfonso: 1.000 SMLMV. Para Lina Andrea Salazar Martínez: 500
SMLM. Para José Eddy Salazar Martínez: 500 SMLMV”. (folio 4 y 5, c. 1.).
Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se indicó que la señora Olga
Lucero Martínez Alfonso es propietaria de un inmueble rural denominado “La
Esperanza”, ubicado en la vereda Lindenal, municipio de Puerto Concordia, Meta,
el cual destinaba para el arrendamiento de sus pastos y de ello derivaba su sustento
económico.
3. Señaló que el 20 de marzo de 2010, unos contratistas de la Alcaldía de Puerto
Concordia ingresaron al aludido predio sin autorización y realizaron trabajos
públicos de descapote y limpieza del suelo en el sector que alindera con el caño
Lindenal, para la construcción del acueducto de unas veredas, con lo cual se ocupó
de manera permanente esa área sin que el municipio hubiese adelantado los
trámites pertinentes para su adquisición, ni mucho menos reconocer una
indemnización.
4. Indicó que como consecuencia de esa ocupación tuvo que dar por terminado el
contrato de arrendamiento de pastaje que había celebrado con el señor Samuel
Salgado, lo que le produjo la pérdida de ingresos mensuales por $1’000.000 -canon
de arrendamiento-, cantidad de dinero con que subsistía su grupo familiar. En ese
sentido, señaló que el municipio causó varios perjuicios a los actores derivados de
la ocupación permanente que no estaban obligados a soportar, amén de que se
afectó su derecho a la propiedad privada y a la prohibición de expropiación sin
indemnización3.
La defensa
5. El municipio de Puerto Concordia guardó silencio.
6. Surtido el debate probatorio4, al alegar de conclusión, la parte actora indicó que
la falta de contestación de la demanda debía apreciarse como un indicio grave
contra el demandado y debían presumirse como ciertos los hechos susceptibles de
confesión. Agregó que se probó la ocupación permanente del predio de propiedad
de la demandante y, por ende, el ente territorial demandado está llamado a
responder por los perjuicios derivados de la misma 5 . La parte demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio.
3 Folios 1 a 7, c. 1.
4 Mediante auto del 30 de agosto de 2013, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1)
Certificado de tradición y libertad No. 236-55603 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de San
Martín, jurisdicción del municipio de Puerto Concordia. 2) Escritura Pública No. 730 del 21 de mayo de 2008 de
la Notaría Setenta y Cinco del Circulo de Bogotá. 3) Registros civiles de nacimiento de los demandantes. 4)
Fotografías. 5) Plano del predio. 6) Copia de la constancia expedida por la Procuraduría 49 Judicial II
Administrativa. Oficios: 1) Al municipio de Puerto Concordia: 1.1. Para que remita copia del contrato de obra
No. 22012023043-2010, mediante la cual se adelantó la construcción del acueducto en el predio referido.1.2.
Para que allegue copias auténticas de los actos administrativos mediante los cuales se impuso el gravamen de
expropiación sobre el predio en discusión. Testimonios: 1) Samuel Salgado. 2) José Ostilio Vanegas. 3) Jeiber
Andrés Gutiérrez y 4) Diana Paya Pelaza (folios 62 y 63, c. Ppal.).
5 Folios 151 a 152, c. 1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
La decisión recurrida
7. Al resolver el conflicto, el Tribunal Administrativo del Meta accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se
transcribe de manera literal):
“PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Puerto Concordia por la ocupación de
parte del terreno de propiedad de la señora Olga Lucero Martínez Alfonso de una
bocatoma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: Condenar en abstracto, al municipio de puerto Concordia a pagar a la
demandante Olga Lucero Martínez, a título de indemnización de los perjuicios
materiales, la suma que resulte liquidada, mediante trámite incidental, por la ocupación
del terreno con motivo de la bocatoma, con fundamento en lo expuesto en la parte
considerativa de esté proveído.
TERCERO: La demandante Olga Lucero Martínez deberá realizar la escritura del
terreno de la bocatoma a favor del municipio de puerto Concordia por el área
indemnizada.
CUARTO: Sin condena en costas…”.
8. Para arribar a esta decisión, el a quo concluyó que de acuerdo con los
testimonios rendidos en el proceso, se acreditó una ocupación del inmueble de la
demandante en virtud de la ejecución del contrato de obra celebrado entre el
municipio de Puerto Concordia y la unión temporal Acueducto Concordia, cuyo
objeto consistió en realizar “los ajustes al diseño y construcción de los sistemas de
acueducto de las veredas Lindenal y San Fernando del municipio de Puerto
Concordia – Meta”; además, según lo aseguró el testigo José Ostilio Vanegas, el
área ocupada correspondía a 200 M2 lugar donde se construyó una bocatoma,
razón por la cual el municipio estaba llamado a responder por el daño causado a la
parte actora bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
9. Agregó que al estar probado el perjuicio atinente al daño emergente por la
ocupación de una franja de terreno del inmueble de propiedad de la demandante,
pero no el valor del metro cuadrado del inmueble ni el área exacta ocupada, se
imponía condenar en abstracto al municipio para cuyo efecto la parte interesada
debía presentar el incidente de regulación de perjuicios bajo los siguientes
parámetros: “con intervención de perito ingeniero” se debe establecer: (i) el área
afectada del inmueble con la construcción de la bocatoma; (ii) el valor del terreno,
teniendo en cuenta su localización, uso, estado general y área de la bocatoma; (iii)
el valor a pagar por concepto de indemnización será el que resulte de multiplicar el
área determinada como afectada por la bocatoma por el valor del metro cuadrado.
10. Sobre los perjuicios morales no hubo pronunciamiento por parte del Tribunal.
Frente a la solicitud de indemnización por lucro cesante derivado del pago del canon
del contrato de pastaje, fue negada al estimar que si bien con el testimonio de aquél
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Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
se encontraba probada la existencia del negocio jurídico, no había certeza sobre el
valor del canon de arrendamiento ni del plazo del contrato, ni había forma de saber
si éste era prorrogable6.
II. RECURSO DE APELACIÓN
11. La parte actora cuestionó la decisión en punto al reconocimiento de perjuicios
por lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales. En cuanto a los primeros,
adujo que de acuerdo con las declaraciones de los testigos, se acreditó que entre
ella y el señor Samuel Salgado existía un contrato de arrendamiento del pastizal en
ese predio, pero que con ocasión de la ocupación el contrato se dio por terminado,
pues debido a las obras allí ejecutadas el ganado ya no podía bajar a beber el agua
del caño Lindenal, motivo por el cual debía reconocerse el lucro cesante
correspondiente a los cánones que había dejado de percibir la actora desde el 20
de marzo de 2010 hasta que se hiciera efectivo el pago de la sentencia. En cuanto
al daño emergente, señaló que debía reconocerse el valor de la totalidad del
inmueble, es decir las 34 hectáreas y 5.832 M2 del predio, pues debido a la
ocupación el inmueble sufrió una ostensible depreciación.
12. Además, solicitó el reconocimiento de perjuicios morales, en tanto que estaba
acreditado que a causa de la ocupación se rompió la congrua subsistencia de la
familia, lo que ocasionó su sufrimiento y desmedro de las condiciones de vida.
Finalmente, solicitó que se condenara en costas a la parte demandada, por cuanto
la ocupación se efectuó de manera violenta y temeraria7.
13. En la oportunidad para alegar de conclusión en la segunda instancia, las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio8.
III CONSIDERACIONES
14. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la
Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Objeto del recurso de apelación y competencia del ad quem
15. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a determinar si hay lugar a
reconocer los perjuicios deprecados por la parte actora bajo el recurso de apelación
interpuesto.
16. La Sala abordará el análisis del recurso de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en virtud de la
6 Folio 155 a 163, c. Ppal.
7 Folios 155 a 163, c. Ppal.
8 Folio 190, c. 1.
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
remisión contenida en el artículo 267 del CCA, según la cual la apelación se
entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por tanto, al superior le está
vedado enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo
que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla9.
17. En ese contexto, dado que el recurso de apelación se limitó a cuestionar los
perjuicios que no fueron reconocidos en primera instancia, no procede examinar lo
correspondiente a la responsabilidad de la entidad territorial demandada.
Indemnización de perjuicios
Perjuicios morales
18. En la demanda se solicitó a título de perjuicios morales la suma de 1000
SMLMV en favor de la señora Olga Lucero Martínez Alfonso y 500 SMLMV para
cada uno de sus hijos, por la “aflicción, angustia, afectación mental, de salud y dolor
emocional… causada como consecuencia de la expropiación de hecho, ilegal”.
19. El Tribunal no se pronunció en relación con estos perjuicios, razón por la cual
se debe establecer en esta oportunidad si resulta o no procedente su
reconocimiento, de conformidad con el inciso segundo del artículo 311 del CPC,
que prevé que “[E]l superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando
pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión
haya apelado o adherido la apelación”.
20. Tratándose del daño a las cosas, el perjuicio moral, traducido al dolor o tristeza
por la pérdida, debe tener la envergadura suficiente como para justificar su
reparación y, en todo caso, debe demostrarse plenamente su existencia, pues tal
perjuicio no se presume como sucede con la afectación a la vida o a la integridad
de las personas 10 . Sobre la prueba de ese daño moral frente a afectaciones
patrimoniales, la Sala ha recalcado que la especial naturaleza de este perjuicio
implica su cabal demostración, sin que resulte suficiente para darlo por existente y
para considerarlo indemnizable probar la titularidad del derecho y la antijurídica
lesión del mismo imputable a una autoridad pública.
21. La indemnización por daño moral debe estar precedida de un análisis
probatorio que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su
cuantificación, tales como las características mismas del daño, su gravedad y
extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona; vale decir, el conjunto
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de
Unificación de 9 de febrero de 2012, Radicación número: 50001-23-31-000-1997-06093-01(21060).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de
2000, expediente: 11.892.
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante
afectado.
22. En el presente asunto, no se arrimó al proceso ningún medio de prueba que
soporte la ocurrencia de afectaciones morales. Las declaraciones de José Ostilio
Vanegas Ortega, Diana Paya y Samuel Salgado, se limitaron a asegurar que el
núcleo familiar se encontraba conformado por la señora Olga Lucero Martínez y sus
dos hijos Lina y Eddy y que aquélla tenía que “rebuscar” el sustento de su familia,
pero nada dijeron en relación con las supuestas aflicciones derivadas de la
ocupación de una parte del predio; tampoco los testigos refieren la ocurrencia de
especiales circunstancias que le permitan a la Sala siquiera suponer que la
ocupación le hubiere ocasionado un dolor emocional a los ahora demandantes. Por
tanto, comoquiera que el a quo no efectuó pronunciamiento sobre tales perjuicios,
corresponde en esta oportunidad denegar la indemnización de tales perjuicios
morales, dado que no se probó su causación.
Perjuicios materiales
Daño emergente
23. En el escrito inicial, la parte actora solicitó el reconocimiento de la suma de
$9’250.000, correspondiente “al valor del predio ocupado”, es decir, 34 hectáreas y
5.832 M2, conforme al avalúo que “entregó” la Alcaldía. En la sentencia de primera
instancia, se condenó en abstracto y se fijó como valor a indemnizar por concepto
de “daños materiales” (conforme se pidió en la demanda) la suma que resultara de
multiplicar el valor del metro cuadrado de ese inmueble por el área ocupada.
24. La Sala encuentra que no hay lugar a acceder al perjuicio en los términos
deprecados, porque la pretensión relacionada en la demanda perseguía era el pago
“del predio ocupado” y no la depreciación o pérdida de valor del predio restante de
mayor extensión. Tampoco se probó una afectación de tales características.
25. De otro lado, la jurisprudencia ha sido pacífica al señalar que en los procesos
de reparación directa por ocupación de hecho, el referido perjuicio -daño
emergente- consiste, en principio, en el precio del inmueble ocupado, por lo que a
falta de prueba sobre la afectación del área restante, ninguna determinación
indemnizatoria resulta procedente y, como en el sub examine no media prueba
alguna sobre la ocupación total que se reclama, sino sobre una parte del inmueble
donde se construyó una bocatoma, respecto de la cual tampoco hay prueba del
total del área afectada, se impone confirmar en este punto la sentencia recurrida.
Lucro cesante
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
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26. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección11, en el evento de
la ocupación de inmuebles por trabajos públicos o por cualquier otra causa, si se
solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación
debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente
la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, de ahí que el
único perjuicio susceptible de reconocerse debe ser la rentabilidad del dinero. En
estas condiciones no es procedente solicitar al mismo tiempo la compensación
indemnizatoria (daño emergente) y el pago de lo que el terreno cese en producción.
27. En ese sentido, como el a quo ya reconoció el pago del daño emergente como
indemnización compensatoria, no hay lugar al reconocimiento de la pérdida de la
productividad del bien12, por cuanto el valor de la franja de terreno que debe asumir
la entidad demanda a título de indemnización, equivale al precio comercial del
metro cuadrado en la época en que se concretó la ocupación -20 de marzo de 2010-
, pero actualizado para la fecha en que se resuelva el incidente de liquidación de la
condena (indemnización compensatoria), de modo que el efecto útil de esta
premisa es asumir que desde aquella época se efectuó la trasferencia del dominio
del área ocupada al municipio demandado y, por lo tanto, si así se hubiere
procedido no habría lugar a reconocer lo que el terreno supuestamente dejó de
producir, en tanto que ya no hacía parte del dominio de la parte actora y, en
consecuencia, no podía usufructuarlo.
28. Al hilo de lo dicho, no hay lugar a reconocer por concepto de lucro cesante
indemnización alguna, por cuanto no solicitaron intereses sobre el valor del predio
ocupado; por consiguiente, se impone modificar la sentencia de primera instancia,
en el sentido de negar las demás pretensiones indemnizatorias de la demanda.
29. Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que era procedente analizar el
reconocimiento de este perjuicio, lo cierto es que se llegaría a la misma conclusión
sobre su denegación, toda vez que los testigos José Ostilio Vanegas Ortega, Diana
Paya y Samuel Salgado, si bien coincidieron al afirmar que la demandante tenía
arrendado su inmueble para el pastaje del ganado de propiedad de este último y
que con ocasión de la ocupación se terminó el referido negocio jurídico, no
ofrecieron información relevante sobre los términos pactados (como el tiempo de
duración y sus prorrogas) y, en todo caso, de acuerdo con el artículo 217 del Código
de Procedimiento Civil 13 dichos testimonios son pasibles de calificarse como
sospechosos, en la medida en que los primeros dos declarantes son cuñados de la
señora Olga Lucero Martínez y el arrendatario (Samuel Salgado) adujo que en el
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de
2008, exp. 15.535. Sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 34.170, entre otras.
12 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 26 de febrero de 2014,
exp: 28.502.
13 “Art. 217.- Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en concepto del juez, se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas”.
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
pueblo habían rumores de que él y la demandante eran hermanos, pero que el
padre nunca lo reconoció, de lo cual se infiere un interés directo en las resultas del
caso y, comoquiera que no obra ninguna otra prueba distinta a sus declaraciones
que corrobore sus dichos, considera la Sala que no hay certeza ni siquiera de que
el mencionado contrato existiera para la época en que se configuró la ocupación.
30. Así las cosas, como no se accedió a ninguno de los reparos efectuados en el
recurso de apelación por la parte actora, se impone confirmar la sentencia de
primera instancia.
Condena en costas
31. En este caso la parte vencida es la parte actora dado que ninguno de los
cargos formulados con el recurso de alzada resultó próspero; no obstante, debe
tenerse en cuenta que la norma aplicable al sub-lite es el artículo 171 del CCA
(modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998) el cual se refiere a la conducta
temeraria o la mala fe respecto del actuar de las partes dentro de proceso y, como
no se observan este tipo de conductas por parte de la parte actora, la Sala se
abstendrá de imponerle condena en costas en esta instancia.
IV. PARTE RESOLUTIVA
32. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 11 de diciembre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Transitoria; como consecuencia, la
providencia quedará, así:
PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Puerto Concordia por la ocupación
de parte del terreno de propiedad de la señora Olga Lucero Martínez Alfonso de una
bocatoma de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia
SEGUNDO: Condenar en abstracto, al municipio de puerto Concordia a pagar a la
demandante Olga Lucero Martínez, a título de indemnización de los perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada,
mediante trámite incidental, por la ocupación del terreno con motivo de la bocatoma,
con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa de esté proveído.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: La demandante Olga Lucero Martínez deberá realizar la escritura del
terreno de la bocatoma a favor del municipio de puerto Concordia por el área
indemnizada.
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Radicación: 50001-23-31-000-2012-00264-01 (64.889)
Demandante: Olga Lucero Martínez Alfonso
Demandados: Municipio de Puerto Concordia
Acción: Reparación directa
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
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derecha.
VF
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