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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00310-01

Fecha
23 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2012-00310-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 1º de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda. 2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal. 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2012-00310-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

23 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B

Bogotá, DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: MARGARITA LÓPEZ DE GONZÁLEZ
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO
RURAL – INCODER [HOY AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS]
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – REVOCATORIA
DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN – MEDIO DE CONTROL

Síntesis del caso: la demandante pide que se declare patrimonialmente responsable a la
demandada por la “improvisación, estudio irregular y posterior revocatoria de la resolución
no. 135 de 8 de abril de 2002 a través de la Resolución no. 211 de 31 de agosto de 2009
notificada por conducta concluyente el 1º de septiembre de 2010”, en tanto que el INCODER
la autorizó a invertir grandes sumas de dinero para la explotación del predio asignado y,
posteriormente, se le revocó la adjudicación sin ninguna contraprestación. El tribunal de
primera instancia accedió a las súplicas de la demanda; la entidad demandada apela para
que se revoque la sentencia y se declare la ineptitud de la demanda por indebida
escogencia de la acción.

Temas: medio de control de reparación directa – inepta demanda por indebida escogencia
de la acción – imposibilidad de tramitar la acción de reparación directa para cuestionar la
validez de actos administrativos.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de 1º de marzo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“F A L L A :

PRIMERO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RUAL – INCODER por
los daños y perjuicios ocasionados a la señora MARGARITA LÓPEZ DE
GONZÁLEZ con ocasión de la expedición de la Resolución no. 211 de 31
de agosto de 2009 mediante la cual se revocó la adjudicación del predio

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

rural denominado ‘Santa Rosa’ ubicado en la vereda La Cristalina,
jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

SEGUNDO. En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCONDER al pago de 50
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la señora MARGARITA
LÓPEZ DE GONZÁLEZ por concepto de perjuicios de orden moral.

TERCERO. CONDENAR a la accionada INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL – INCONDER al pago de los perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante y daño emergente, en abstracto, a favor
de la actora MARGARITA LÓPEZ DE GONZÁLEZ, de conformidad con
los artículos 172 del CCA y 137 y 307 del CPC, mediante trámite incidental
y teniendo en cuenta las pautas señaladas en la parte considerativa de
esta providencia.

CUARTO. Si esta sentencia no fuere apelada, remítase el expediente al
superior para que surta el grado jurisdiccional de consulta conforme lo
ordena el inciso tercero del artículo 184 del CCA, toda vez que la entidad
demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.

QUINTO. Reconózcase a la abogada (…) como apoderada de la parte
actora.

SEXTO. Se acepta la renuncia del doctor (…) como apoderado judicial de
la demandada.

SÉPTIMO. Téngase a la doctora (…) como apoderada del INCODER, en
los términos del poder conferido.

OCTAVO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO. DAR cumplimiento a lo consagrado en los artículo 176 y 177
del CCA.

DÉCIMO. Una vez ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría
expídanse copias auténticas del presente fallo con su respectiva
constancia de ejecutoria, dentro de los términos establecidos en el inciso
segundo del numeral 2 del artículo 115 del CPC y cúmplase con las
comunicaciones del caso y las ordenadas en el artículo 177 del CCA.

DÉCIMO PRIMERO. Sin condena en costas” (fls. 160 a 162 cdno. ppal. –
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito del 11 de noviembre de 2010 (fls. 2 a 8 cdno. 1), la señora
Margarita López de González, por intermedio de apoderado judicial (fl. 1 cdno. 1)

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

presentó demanda de reparación directa en contra del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER) [hoy Agencia Nacional de Tierras] para que se acceda
a las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER Seccional Meta
de los perjuicios causados a la demandante señora Margarita López de
González con motivo de la improvisación y el estudio irregular de los
soportes para la titulación del predio Santa Rosa, antes El Cedro,
ubicados en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de Puerto
Gaitán (Meta), y posterior revocatoria de la Resolución 0135 de 8 de abril
de 2002 que se materializó con la Resolución 211 de 31 de agosto de
2009, sin notificación personal pero notificada por conducta concluyente
el 1º de septiembre de 2010.

SEGUNDO. Condenar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER Seccional Meta a pagar a la demandante, el equivalente en
pesos a las siguientes cantidades de oro fino según su precio
internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia:

Para Margarita López de González en su condición de víctima la cantidad
de 8.500 gramos de oro.

TERCERO. Condenar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER Seccional Meta a pagar a favor de Margarita López de
González los perjuicios materiales sufridos con motivo de la improvisación
y el estudio irregular de los soportes para la titulación del predio Santa
Rosa, antes El Cedro, ubicados en la vereda La Cristalina, jurisdicción del
municipio de Puerto Gaitán (Meta), y posterior revocatoria de la
Resolución 0135 de 8 de abril de 2002 que se materializó con la
Resolución 211 de 31 de agosto de 2009, que no aparece notificada, pero
fue notificada por conducta concluyente el 1º de septiembre de 2010 y que
al no haberse adjudicado debió pagársele los perjuicios que pretendo
reclamar a nombre de mi mandante teniendo en cuenta que fue el
INCODER quien dio lugar a esta demanda por la improvisación, toda vez
que no hay derecho a que a mi representada se le haya autorizado por
resolución trabajar en la finca, incluso invertir grandes recursos y tiempo,
para posteriormente revocarle la adjudicación sin ninguna
contraprestación lo cual debe tomarse como una falla del servicio
conforme a la estimación razonada de la cuantía” (fls. 2 y 3 cdno. 1 –
mayúsculas y negrillas del original).

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) En 1997 la señora Margarita López de González compró a los señores José Hugo
Cuellar Chaux y Marco Aurelio Franco Cifuentes los derechos de posesión sobre el
predio denominado Santa Rosa (antes El Cedro) situado en el municipio de Puerto

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

Gaitán (Meta), previa compraventa de estos a los señores José Noe Bohórquez
Sánchez y Rosalina Sánchez de Bohórquez, quienes ejercieron la posesión del bien
durante más de 20 años.

2) Una vez fallecido el señor José Noe Bohórquez Sánchez y tramitada la
correspondiente sucesión, la señora Margarita López de González inició un
procedimiento administrativo ante el INCODER para que se le adjudicara la
titularidad del mencionado inmueble, lo cual se materializó mediante la Resolución
no. 135 de 8 de abril de 2002.

3) Simultáneamente, la señora Margarita López de González promovió un proceso
judicial de amparo posesorio en contra de los señores Luis Enrique Mendieta
Poveda, Jorge Elías Roa Bernal, Luis Alberto Martínez Novoa y Crisanto Bohórquez
López, quienes adujeron que previamente les había sido adjudicado el inmueble a
través de las Resoluciones números 246, 250, 255 y 275 del 30 de marzo de 1994
expedidas por el INCODER.

4) Los mencionados ciudadanos presentaron ante el INCODER una petición de
revocatoria directa de la Resolución no. 135 de 8 de abril de 2002; la entidad revocó
directamente el citado acto administrativo por medio de la Resolución no. 211 de 31
de agosto de 2009, sin tener en cuenta que las Resoluciones números 246, 250,
255 y 275 de 1994 tenían el mismo vicio jurídico, esto es, la falta de tradición por no
haber sido inscritas en el registro correspondiente.

Como fundamento jurídico de la demanda la parte actora invocó los artículos 2, 6,
11 y 90 de la Constitución Política y 78, 86, 176, 177 y 178 del CCA, indicó que al
INCODER “no le quedaba otro camino que revocar las Resoluciones nos. 211 de
2009 y 246, 250, 255 y 275 de 1994 por inconstitucionales” (fl. 5 cdno. 1).

2. La admisión y la contestación de la demanda

1) El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda mediante auto del 31 de
octubre de 2012 (fls. 56 a 59 cdno. 1) y ordenó su notificación a la entidad
demandada.

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

2) El INCODER contestó de forma extemporánea la demanda (fl. 78 a 80 cdno. 1).

3. Los alegatos de conclusión

1) Vencido el período probatorio dispuesto en providencia de 31 de octubre de 2013
(fls. 88 a 90 cdno. 1), el tribunal de primera instancia por auto del 16 de diciembre
de 2014 corrió traslado a las partes para presentar alegaciones de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fls. 116 cdno. 1).

2) La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda (fls.
121 a 124 cdno. 1).

3) La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 133 cdno. 1).

4. La sentencia de primera instancia

El 1º de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta profirió la sentencia
impugnada mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda (fls. 134 a 162 cdno. ppal.) con fundamento en el siguiente razonamiento:

1) El problema jurídico consiste en determinar si el INCODER es “responsable
extracontractualmente con ocasión de la expedición de la Resolución no. 211 de 31
de agosto de 2009 mediante la cual se revocó la adjudicación del predio inmueble
rural denominado ‘Santa Rosa’ ubicado en la vereda La Cristalina, jurisdicción del
municipio de Puerto Gaitán (Meta) y como consecuencia si es procedente la
indemnización de perjuicios” (fl. 140 cdno. 1).

2) Es evidente que el INCODER, en uso de sus atribuciones legales y empleando
el dispositivo jurídico correspondiente, esto es, la revocatoria directa de un acto
administrativo, enmendó su propio yerro al percatarse de que años atrás había
adjudicado el mismo inmueble rural a otros ciudadanos.

3) La entidad demandada por haber hecho uso del citado instrumento legal de
revocatoria directa causó un daño antijurídico a la señora Margarita López de

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
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Sentencia de segunda instancia

González, dado que no existe prueba que permita inferir que esta actuó de manera
torticera o de mala fe al solicitar la adjudicación del bien ante el INCODER.

4) En consecuencia, el INCODER debe reparar los daños morales y materiales
causados a la demandante derivados de su erróneo actuar.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido mediante auto del 12 de agosto de 2016 (fl. 181 cdno. ppal.)
y admitido por esta Corporación en providencia del 14 de octubre del mismo año (fl.
186 cdno. ppal.).

Los fundamentos del recurso de apelación (fls. 164 a 168 cdno. recurso de
apelación) son, en síntesis, los siguientes:

1) La causa del presunto daño ocasionado a la demandante fue la expedición de la
Resolución no. 211 de 31 de agosto de 2009 mediante la cual se revocó la
adjudicación del predio rural denominado “Santa Rosa” ubicado en la vereda La
Cristalina, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta), por lo tanto, la acción
adecuada para que la parte actora pudiera reclamar los perjuicios alegados era la
de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del CCA.

2) En este caso concreto operó la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, toda vez que el sistema de acciones adoptado por el CCA
impide que el demandante utilice o emplee de forma caprichosa o arbitraria las
acciones, en tanto que cada comportamiento o actuación estatal tiene diseñado un
medio de control específico.

3) Aunado a lo anterior, la parte actora tenía el término preclusivo de 4 meses para
demandar en nulidad y restablecimiento del derecho la legalidad de la Resolución
no. 211 de 31 de agosto de 2009, por manera que la demanda fue presentada en
forma extemporánea el 12 de mayo de 2012.

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Actor: Margarita López de González
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Sentencia de segunda instancia

4) La demandante presentó la acción de reparación directa con el ánimo de burlar
el término de caducidad debido a que reclama los perjuicios causados por la
expedición de un acto administrativo que considera irregular sin el ejercicio de la
acción procedente e idónea para controlar la legalidad de dicho acto.

6. El trámite de segunda instancia

1) Por auto del 17 de noviembre de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 188
cdno. ppal.).

2) La parte demandada reiteró los argumentos expuestos (fls. 189 a 192 cdno. ppal.)
con el recurso de apelación.

3) La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 193 cdno. ppal.).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
del caso concreto – acción procedente – ineptitud de la demanda, 3) conclusión
general y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consiste en establecer si la acción de reparación directa
es el medio de control jurisdiccional idóneo para solicitar la reparación de daños y
perjuicios ocasionados con actos administrativos cuya validez o legalidad es objeto
de reproche o cuestionamiento en el proceso o, por el contrario, si como lo sostuvo
la entidad apelante, la demanda es inepta por indebida escogencia de la acción.

La Sala revocará la decisión apelada porque le asiste razón al extinto INCODER
[hoy Agencia Nacional de Tierras] en relación con la configuración de la excepción

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Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

de ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control
jurisdiccional impetrado en este caso concreto por la parte actora, pues, es evidente
que la causa del daño se hace consistir en la expedición irregular de un acto
administrativo, esto es, la Resolución no. 211 de 31 de agosto de 2009, motivo por
el cual se ha debido interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
(artículo 85 del CCA) dentro del término de caducidad de 4 meses establecido en el
artículo 136 ibidem.

2. Análisis del caso concreto – acción procedente – ineptitud de la demanda

1) Como el daño alegado proviene de la decisión administrativa contenida en la
Resolución no. 211 de 31 de agosto de 2009 expedida por el entonces INCODER,
la Sala encuentra pertinente pronunciarse sobre la procedencia de la acción
incoada.

2) La acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del CCA está
concebida para demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmuebles por causa de trabajos públicos –o por cualquiera otra causa–, siempre
que esta última no consista en un acto administrativo porque, cuando este
constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como acción
generalmente pertinente y procedente la de nulidad y restablecimiento del derecho.

3) En el presente asunto, la fuente que se invoca como causa o fundamento del
daño es un acto administrativo, pues, consiste en una decisión del INCODER en
ejercicio de función administrativa que modifica una la situación jurídica de un
particular, en este caso, de la señora Margarita López de González.

Es importante precisar que, si bien en este caso concreto se solicita la reparación
de perjuicios ocasionados con la revocatoria directa de un acto administrativo, lo
cierto es que en este caso ese mecanismo de autocontrol o autotutela administrativa
no fue iniciado a petición de la demandante y tampoco el acto administrativo
particular contenido en la Resolución 211 de 2009 la beneficia sino que, todo lo

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Sentencia de segunda instancia

contrario, la perjudica, sumado al hecho relevante de que la activación del
mecanismo de control administrativo de revocatoria directa no tuvo origen en
ninguna conducta o actuación iniciada por la persona afectada con la decisión que
concluyó dicha actuación administrativa; contrario sensu, el mencionado acto
administrativo de revocatoria directa afectó el patrimonio de la señora Margarita
López de González y, por lo tanto, debió proceder a demandarlo en nulidad y
restablecimiento del derecho por considerarlo inconstitucional e ilegal, tal como se
afirmó en la demanda.

4) Si el daño tiene origen en un acto administrativo de carácter particular y concreto,
la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, para
obtener el resarcimiento del perjuicio resulta necesario el pronunciamiento acerca
de la anulabilidad del acto por violación de los preceptos superiores para efectos de
desvirtuar la presunción de legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos,
que hacen obligatorio su cumplimiento y obedecimiento en los términos del artículo
66 del CCA1.

Por lo tanto, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de
reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de la lectura de las
pretensiones y del fundamento normativo de la demanda, la Sala advierte que lo
que realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados por el uso
del mecanismo de autotutela administrativa de revocatoria directa ante la solicitud
efectuada por unos terceros que terminó, se insiste, con la revocatoria del acto de
adjudicación del predio a favor de la señora Margarita López de González y, por
ende, ello implicaba cuestionar la legalidad de un acto administrativo de contenido
particular y concreto que se adoptó esa determinación por parte de la entidad
demandada, tanto así que en la demanda se calificó esa decisión como
“inconstitucional”, en otros términos, como la fuente del daño cuya reparación se
reclama es un acto administrativo que, por su naturaleza jurídica está amparado por
una presunción de legalidad, debía demandarse para desvirtuar tal presunción, más
aún si se tienen en cuenta que en la demanda precisamente se cuestiona la

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015,
expediente 35.351, MP Hernán Andrade Rincón.

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Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

ilegalidad del referido acto administrativo, cuyo control no es procedente a través de
la acción de reparación directa, como equivocadamente lo pretende la parte actora.

En consecuencia, desde el punto de vista material, la acción que debió interponerse
era la de nulidad y de restablecimiento del derecho, razón por la cual la Sala
encuentra que hubo una indebida escogencia de la acción, situación que torna
improcedente un pronunciamiento de fondo por cuanto la adecuada escogencia de
la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido
esta Sección del Consejo de Estado2, coadyuvado por el hecho de que las normas
procesales son de orden público y por lo tanto de perentorio cumplimiento según lo
dispuesto expresamente en el artículo 13 del CGP.

3. Conclusión general

La Sala revocará la sentencia apelada y, en consecuencia, declarará probada la
excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción, pues,
ha debido ejercerse el medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento
del derecho dentro del término de 4 meses una vez notificada -aun por conducta
concluyente- la Resolución no. 211 de 31 de agosto de 2009, proferida en su
momento por el INCODER.

4. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que las partes no obraron de esa forma.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente

17.811, MP Mauricio Fajardo Gómez.

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Expediente No. 50001-23-31-000-2012-00310-01 (57.906)
Actor: Margarita López de González
Medio de control de reparación directa
Sentencia de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 1º de marzo de 2016 por el Tribunal
Administrativo del Meta y, en su lugar, declárase de oficio la excepción de indebida
escogencia de la acción de reparación directa e inhíbese de pronunciarse sobre el
mérito de las súplicas de la demanda.

2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría de la Sección devuélvase el
expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes
constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Salva voto

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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