Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2012-00059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2012-00059-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2012-00059-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
29 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: JORGE OBED RESTREPO MAILLANE
Demandado: NACIÓN-DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la demanda se presentó con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011; por ende, es esta la
ley aplicable a la controversia / DAÑO – corresponde a la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito – se debe estudiar antes de verificar la imputación.
DAÑO DERIVADO DE LA MALA ADMINISTRACIÓN DEL SECUESTRE
NOMBRADO POR LA DIAN EN TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra
la sentencia del 1 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La DIAN inició sendos procedimientos administrativos de cobro coactivo en contra
del señor Jorge Obed Restrepo Maillane y de la empresa Jorge Restrepo Arrayanes
y Cía. Ltda., con el fin de hacer efectivos los impuestos a las ventas y retención en
la fuente recaudados por éstos. Durante el trámite, el señor Restrepo Maillane
solicitó que le fuera concedida facilidad de pago, en ambos trámites, para lo cual
ofreció entregar una motoniveladora como garantía.
Concedidas las facilidades de pago, el señor Jorge Obed Restrepo Maillane hizo
entrega de la motoniveladora, la cual fue embargada y secuestrada e inicialmente
entregada en calidad de depósito gratuito al mismo; luego le fue devuelta al
secuestre, quien la tuvo en su poder hasta el momento en que fue sustituido por
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
otro auxiliar de la justicia. Una vez nombrada la nueva secuestre, ésta recibió la
motoniveladora en malas condiciones, por lo que la misma fue rematada por un
valor inferior al que fue entregada como garantía.
El señor Jorge Obed Restrepo Maillane reclama la reparación del daño que hizo
consistir en la desvalorización de la motoniveladora, lo cual le impidió satisfacer la
obligación tributaria propia y obtener el remanente, y también le impidió contribuir al
pago de la obligación ajena, es decir, la de la sociedad que representaba.
ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 2012 (fls. 1-18 c. 1), el señor
Jorge Obed Restrepo Maillane quien actúa en nombre propio y como representante
legal de la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cía. Ltda.1, por conducto de
apoderado judicial (fls. 8-9 c. 1), presentó demanda de reparación directa en contra
de la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (de ahora en adelante
DIAN), con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los
perjuicios que les fueron causados con ocasión de las “actuaciones y omisiones
surgidas dentro del trámite de los procesos coactivos” que fueron iniciados contra
el demandante y la sociedad que representa2.
En concreto, la parte actora solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas3:
PRIMERA: Declarar que la NACIÓN – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES SECCIONAL VILLAVICENCIO (META), es
administrativamente responsable de los perjuicios MORALES Y MATERIALES
que por sus actuaciones y omisiones surgidas dentro del trámite de los procesos
coactivos ha sufrido mi mandante señor JORGE OBED RESTREPO MAILLANE
tanto a título personal, y como representante legal de la Empresa JORGE
RESTREPO ARRAYANES CIA. LTDA.
SEGUNDA: Dada la anterior declaración, condenar a la NACIÓN - DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SECCIONAL VILLAVICENCIO
(META) a pagar a mi poderdante señor JORGE OBED RESTREPO
MAILLANES tanto a título personal y como representante legal de la empresa
1
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio de Villavicencio “por escritura pública n.° 0000400 de la Notaría 2ª. de Villavicencio del 19
de febrero de 2001, inscrita el 7 de marzo de 2001, bajo el número 00019481 del libro IX, fue
nombrado Gerente General Restrepo Maillane Jorge Obed”, quien “representará a la sociedad
judicial o extrajudicialmente” (fls. 10-12 c. 1).
2
Aunque la demanda fue presentada por la persona jurídica y la persona natural, en el auto mediante
el cual fue admitida no se incluyó como demandante a la Sociedad Jorge Restrepo Arrayanes y Cia.
Ltda, providencia contra la cual no se ejerció recurso alguno.
3
A pesar de que se demandó tanto por la persona natural como por la persona jurídica, la demanda
no determinó en forma separada el perjuicio que debía ser reconocido a cada uno de los
demandantes.
2
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
JORGE RESTREPO ARRAYANES Y CIA. LTDA, en reparación de los daños
ocasionado, los perjuicios de orden moral y material estimados a la fecha de la
presente acción en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS
PESOS M. L. ($654'912.416).
TERCERA: Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo
previsto en el inciso cuarto del artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha
de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.
CUARTA: Que se condene a la NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES, SECCIONAL VILLAVICENCIO (META) al pago de
intereses moratorios sobre las cantidades líquidas de dinero reconocidas en la
sentencia, mismos que serán liquidados a partir de la ejecutoria de la sentencia
hasta la fecha efectiva del pago; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
QUINTA: Condenar a la NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, SECCIONAL VILLAVICENCIO (META) al pago de las costas
que se lleguen a causar en el ejercicio de la presente acción; lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTA: Ordenar que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:
La DIAN inició dos procedimientos administrativos de cobro coactivo, el número
2003-00258 en contra del señor Jorge Obed Restrepo Maillane, y el 2001-00073 en
contra de la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda.
Durante el trámite de dichos procedimientos administrativos, el señor Jorge Obed
Restrepo Maillane le solicitó a la DIAN que le concediera facilidades para cancelar
los saldos adeudados en los dos trámites, para lo cual ofreció entregar como
garantía una máquina motoniveladora, marca Mitsubishi, motor serie 6DB aspersión
natural, número de motor 197479, modelo L62H, serie L62, avaluada en
$98´000.000, petición que fue atendida el 22 de julio de 2004, mediante la resolución
00054, en la que se ordenó el embargo de la máquina, y el auto 0010 que dispuso
el secuestro de la misma y se nombró al señor Hernán Gonzalo Torres Torres, como
secuestre. La diligencia se llevó a cabo en esa misma fecha y en ella se dejó
constancia de que la máquina se encontraba “en buen estado de conservación y
que su funcionamiento no se pudo comprobar”. Esta se entregó real y material al
secuestre, quien procedió a dejarla en depósito provisional y gratuito al ahora
demandante.
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
El 8 de noviembre de 2004, en el procedimiento administrativo de cobro coactivo
iniciado contra la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cía. Ltda., fue proferida una
resolución de facilidad de pago por la suma de $97´000.000, por un término de 22
meses. El 9 de noviembre de 2006, fue proferido un requerimiento de facilidad
incumplida y el 22 de enero de 2007 se declaró sin vigencia la facilidad de pago
otorgada.
En el procedimiento administrativo de cobro coactivo iniciado en contra del señor
Jorge Obed Restrepo Maillane, el 7 de septiembre de 2005, se profirió la resolución
que otorgó la facilidad de pago por la suma de $44´011.000, por un término de 34
meses. El 2 de junio de 2006 se profirió requerimiento de facilidad incumplida y el
23 de enero de 2007 se expidió una resolución que declaró sin vigencia la facilidad
de pago.
17 meses después de que fueron proferidas las resoluciones que dejaron sin
vigencia las facilidades de pago y en las que se ordenó el avalúo y remate de la
motoniveladora, el perito, señor Hernán Gonzalo Torres presentó varios informes
en los que manifestó que “la máquina está en condiciones de hacer su trabajo y de
explotarla adecuadamente”, para lo cual anexó varias fotografías. El 2 de febrero de
2009, el secuestre solicitó el traslado de la máquina al municipio de Puerto Gaitán,
a pesar de que, desde el 19 de enero de 2009, la misma se encontraba asignada
para las labores desarrolladas en ejecución de un contrato celebrado con la
empresa CMR Consorcio Rubiales Monterrey.
El 16 de febrero de 2009, una funcionaria ejecutora de la Dian le ordenó al secuestre
realizar contrato de alquiler de la máquina con el ingeniero Yesid Castro Torres y
consignar los dineros a órdenes de la entidad para el pago de las obligaciones del
contribuyente. En respuesta a dicho requerimiento, el secuestre informó que la
máquina se encontraba en el kilómetro 38 de Puerto Gaitán vía Rubiales “con el
motor y la culata fundidos por un recalentamiento que el operador no controló
dañando su estado de conservación”, razón por la cual el ingeniero Yesid Castro
había determinado no realizar el contrato hasta que la máquina se encontrara en
buenas condiciones.
El 9 de marzo de 2009, el secuestre informó que la máquina se encontraba en el
kilómetro 90 vía Puerto Gaitán-Guacacias, cumpliendo un contrato con el ingeniero
Yesid Castro “el cual tuvo una duración de 3 horas por falla del motor y el radiador
estar en muy mal estado”. El 19 de agosto de 2009, el secuestre presentó su último
informe en el que aseguró que la máquina se encontraba en el kilómetro 35 Puente
Arimena, “que la motoniveladora presenta múltiples fallas las cuales procede a
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
relacionar, al igual que informa las reparaciones que se están realizando y procede
a hacer una relación de los gastos por concepto de reparación, repuestos, mano de
obra y transporte, manifestando finalmente, que el equipo se contrató para unos
trabajos en Puente Arimena y El Viento”.
El 18 de marzo de 2010, un año después de que la motoniveladora se encontrara
en poder del secuestre, el demandante solicitó la compensación de las deudas, con
el fin de extinguir las obligaciones tributarias y las acciones penales.
El 8 de abril de 2010, la DIAN expidió resolución mediante la cual, después de hacer
un recuento de lo sucedido, informó que no era posible acceder a las peticiones,
porque el perito no había realizado consignación de dinero alguno por concepto de
rendimientos de la máquina.
El 1 de agosto de 2010, el ahora demandante se trasladó al kilómetro 35 vía Puente
Arimena, lugar donde informó el secuestre que se encontraba la máquina, y pudo
constatar el estado real en que se encontraba, esto es, totalmente abandonada al
sol y al agua, la pintura en pésimo estado y cubierta de maleza, sin el motor, sin el
sistema hidráulico, sin sistema de embrague, sin el sistema eléctrico, el tablero de
controles totalmente destrozado, la silla del operario totalmente podrida, las llantas
acabadas, sin persianas, sin láminas laterales, sin capó, sin el sistema de
silenciador del motor, y procedió a tomar fotografías.
El 7 de febrero del 2011, el demandante solicitó que se requiriera al secuestre con
el fin de que rindiera cuentas comprobadas de la administración de la máquina.
Requerimiento que se realizó, por parte de la DIAN, el 29 de febrero de 2011, al
cual no se le dio respuesta.
El 30 de marzo de 2011, el demandante solicitó a la DIAN que procediera a
reemplazar al secuestre, previo el trámite del correspondiente incidente, porque
según lo que averiguó, el señor Hernán Gonzalo Torres Torres había sido parte de
la lista de auxiliares de la justicia de Villavicencio como perito avaluador de bienes
inmueble y muebles, pero no como secuestre.
El 27 de mayo de 2011, la DIAN relevó del cargo de secuestre al señor Torres Torres
y en su reemplazo nombró a la señora María Elvira Ulloa, quien recibió la máquina
el 8 de junio de 2011.
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
El 7 de junio de 2011, la DIAN ordenó el avalúo de la máquina, para lo cual designó
a la perito Nelly Peñuela Martínez, quien determinó que dado el pésimo estado en
que se encontraba la motoniveladora su valor era $8´000.000.
El 13 de julio de 2012, se realizó la diligencia de remate de la máquina por la suma
de $5´600.000, la cual “no obstante las irregularidades presentadas durante su
práctica, fue aprobada por el funcionario ejecutor”.
El 17 de junio de 2011, el demandante recibió por parte de la DIAN un estado de
cuenta por la suma de $43´449.000 y en relación con la empresa Jorge Restrepo
Arrayanes y Cía. Ltda. por la suma de $123´249.000.
Afirma el demandante que desde el 2002 al 2009 le ha cancelado a la DIAN en su
cuenta personal $26´471.000 y como representante de la empresa Jorge Restrepo
Arrayanes y Cía. Ltda., $103´243.226.
Finalmente se adujo en la demanda que:
Mi poderdante señor Jorge Obed Restrepo Maillane, solo contaba con ese único
bien mueble, la máquina motoniveladora de marca Mitsubishi, motor serie 6 DB
aspersión natural, número de motor 197479, modelo L62H, serie L62 avaluada
en la suma de noventa y ocho millones de pesos M.L. ($98´000.000) para cubrir
sus gastos básicos y de los miembros de su familia; bien que de buena fe
denunció ante la DIAN como de su propiedad y que ofreció en garantía de pago
de las obligaciones adeudadas tanto a título personal como de la empresa que
representa Jorge Restrepo Arrayanes y Cía. Ltda.; bien que más adelante fuera
secuestrado por la DIAN y dejado en depósito provisional y gratuito al señor
Jorge Restrepo desde el 26 de julio de 2004, fecha de la práctica de la diligencia,
hasta el día 20 de febrero de 2009 en que el señor Hernán Torres (secuestre)
recibió la máquina para su custodia; bien mueble que en el mes de marzo de
2010, el señor Retrepo ofreció como parte de pago a la DIAN para finiquitar las
deudas tributarias y por consiguiente los procesos penales adelantados en su
contra ante las Fiscalías sexta y once seccional, unidad cuarta lo que le fue
denegado, procediéndose luego al decreto del avalúo y remate por la suma
irrisoria de cinco millones seiscientos mil pesos M.L. ($5´600.000), cuando
dichas diligencias por celeridad del proceso coactivo se debieron practicar entre
los meses de febrero y marzo del 2009 cuando la máquina se encontraba en
custodia del secuestre, a más de que ya se había ordenado hacer efectiva la
garantía (avalúo y remate) en las resoluciones que declararon sin vigencia las
facilidades de pago a la fecha, mi poderdante no ha contado ni cuenta con otros
bienes de valor para cancelar obligaciones pendientes con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) seccional Villavicencio (Meta), ni con
terceros.
2. El trámite en primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante providencia del 3 de octubre 2012,
inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora (i) estimara razonadamente
la cuantía y (ii) allegara copia de la demanda y sus anexos con el objeto de correr
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
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traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 137-138 c. 1).
Mediante memorial del 17 de octubre de 2012, la parte actora subsanó los aspectos
señalados por el a quo. En esa oportunidad explicó que solicitaba el reconocimiento
de perjuicios materiales por la suma de $420´000.000 y por perjuicios morales la
suma correspondiente a 100 SMLMV (fls. 139-144 c. 1).
Por auto del 13 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Meta admitió
la demanda instaurada por el señor Jorge Obed Restrepo Maillanes, sin que se
hiciera referencia, como demandante, a la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y
Cia. Ltda. Contra dicha providencia la parte actora no ejerció recurso alguno, razón
por la cual cobró ejecutoria (fls. 146-147 c. 1).
El auto admisorio se notificó en legal forma a la entidad demandada, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (f. 147, 161 c. 1).
2.1. Contestación de la demanda
La DIAN contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se
opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (fls. 196-203 c. 1). Indicó
que al demandante se le inició un cobro persuasivo, tendiente a obtener el pago
voluntario de las obligaciones vencidas, y como no se logró se libró mandamiento
de pago, pero, el ahora demandante solicitó facilidad de pago y ofreció en garantía
una motoniveladora de su propiedad, la cual fue embargada y secuestrada. En el
acta de esta diligencia se dejó constancia de que se recibió sin conocer el
funcionamiento de motor “por lo que no se pudo prender por fallas de batería y
master”; además, el secuestre señor Hernán Gonzalo Torres dejó en depósito
provisional y gratuito la máquina al señor Jorge Obed Restrepo Maillane.
En los dos trámites coactivos se le concedió facilidad de pago y se le informó a la
Fiscalía dicha decisión, razón por la cual la Fiscalía Seccional precluyó las
investigaciones iniciadas en su contra. Dos años después de haber sido otorgadas
las facilidades de pago se hizo un requerimiento por incumplimiento, dado que solo
se canceló una sola cuota, a pesar de que se le había dejado en depósito la
máquina. Como no se recibieron pagos, la DIAN dejó sin vigencia las facilidades de
pago otorgadas y libró mandamiento de pago.
Difiere de la afirmación realizada por la parte actora en relación con que el secuestre
había informado que la máquina se encontraba en buen estado, dado que los
informes presentados aducen que “se encontraba en regular estado de
conservación puesto que se encontraba al sol y al agua”. Agregó que el demandante
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
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la usufructuó por más de tres años sin reportar su estado de funcionamiento ni su
producción, con lo cual demostró que no tenía intención de cancelar las obligaciones
fiscales.
Por lo anterior, la DIAN se vio en la obligación de rematar el bien que se había
dejado en garantía. Resaltó que para el momento en que fue nombrado el señor
Hernán Gonzalo Torres como secuestre, se encontraba en la lista de auxiliares de
la justicia en esa modalidad y que las sanciones que recibió no tuvieron relación con
los procedimientos en los que fue nombrado en la entidad demandada.
Finalmente, adujo que, los procedimientos administrativos de cobro coactivo fueron
adelantados con estricto cumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto
Tributario, razón por la cual no se produjo daño antijurídico (fls. 196-203 c.1)
2.2. Audiencia inicial
El 23 de mayo de 2013, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial
prevista en el artículo 180 del CPACA (fl. 214 c. 1).
La diligencia en mención se realizó el 20 de junio de 2013, oportunidad en la cual
se llevaron a cabo las etapas previstas en la disposición normativa en comento, esto
es, saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, conciliación y
decreto de pruebas (fls. 222-226 c. 1).
Los sujetos procesales no advirtieron vicios que requirieran la adopción de medidas
de saneamiento.
El Tribunal Administrativo del Meta dejó constancia de que no se presentaron
excepciones previas y que tampoco encontró configuradas las de cosa juzgada,
caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa ni prescripción
extintiva, y fijó el litigio en los siguientes términos:
Según lo expuesto por las partes, en el caso se está ante una acción de
reparación directa en la que se pretende el pago de unos posibles perjuicios
ocasionados por la entidad pública al demandante, con ocasión del avalúo y
remate del bien mueble (motoniveladora) que fue entregado por el
demandante como garantía dentro de los procesos coactivos que se le
seguían.
La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación. Además, se declaró fallida la audiencia de
conciliación porque la entidad demandada afirmó carecer de ánimo conciliatorio.
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Posteriormente, se decretaron las pruebas documentales aportadas con la
demanda y la contestación, y decretó de oficio los testimonios de los señores María
Elvira Ulloa, Nelly Peñuela Delgado y Hernán Gonzalo Torres.
2.3. Audiencia de pruebas
El 15 de agosto de 2013, se llevó a cabo la audiencia de pruebas. En la diligencia
se practicaron los testimonios decretados (fls. 235-238 c. 1).
Agotado el objeto de la audiencia, el Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto en el
inciso final del artículo 181 del CPACA, prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento y otorgó a las partes el término de 10 días para que presentaran, por
escrito, sus alegatos de conclusión.
2.4. Alegatos de conclusión
La parte actora reiteró lo manifestado en la demanda y dijo que al momento en que
el demandante entregó la máquina en garantía debió realizarse el avalúo y el remate
del bien; sin embargo, la administración omitió dar continuidad al proceso, dado que
se pospuso dicha obligación, razón por la cual considera que se debe declarar la
responsabilidad de la entidad demandada (fls. 240-241 c. 1).
El Ministerio Público consideró que se debían negar las pretensiones de la
demanda, dado que según su entender el perjuicio por el cual ahora se reclama se
encuentra contenido en actos administrativos, razón por la cual el medio de control
ejercido no sería el idóneo para controvertir su legalidad. Específicamente aduce
que como la discusión gira en torno a la pérdida y deterioro de la máquina
motoniveladora, se debían demandar los actos administrativos en los que se adoptó
la decisión del remate y los confirmatorios y solicitar, en consecuencia, la
indemnización de los perjuicios que se deprecaron (fls. 244-250 c. 1).
La DIAN, reiteró lo manifestado en la contestación de la demanda en relación con
que el “proceso coactivo” fue tramitado bajo el imperio de las normas que lo regulan
y que está demostrado que la máquina fue dejada bajo la administración del
demandante por 3 años, sin que se realizara pago alguno y que no se encontraba
en buen estado de funcionamiento cuando fue entregada al secuestre (fls. 251-258
c. 1).
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3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante providencia del 1 de octubre de 2013,
resolvió (fls. 260-291 c. 11):
PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- SECCIONAL VILLAVICENCIO, de
los daños y perjuicios causados al demandante JORGE OBED RESTREPO
MAILLANE, por el deterioro de la MÁQUINA MOTONIVELADORA MARCA:
MITSUBISHI, SERIE: L62-H, MACHINE 1462 ENGINE 197479, MODELO
1984, bien que había sido embargado y secuestrado en el proceso
Administrativo de Cobro Coactivo seguido en su contra.
SEGUNDO: Condenar a la NACIÓN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES SECCIONAL VILLAVICENCIO a pagar por concepto
de perjuicios material (sic) en modalidad de daño emergente a favor del
demandante, la suma de TREINTA TRES MILLONES ONCE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($33.011.594).
TERCERO: Condenar a la NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES a pagar a favor del demandante, por concepto de
perjuicios material (sic) en modalidad de lucro cesante a partir del 27 de febrero
de 2009, la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($161.523.138).
CUARTO: Dése cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
187, 188 y 192 del CPACA.
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Con base en el artículo 188 del CPACA y el numeral 3.1.2 del artículo
6° del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, modificado
por el Acuerdo 2222 de 2003, condenar en costas a la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - SECCIONAL VILLAVICENCIO, por
valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS ($9.726.736) equivalentes al 5% del valor de las pretensiones
reconocidas, que deberán ser pagados a favor de su contraparte Jorge Obed
Restrepo Maillane, a la ejecutoria de ésta providencia.
SÉPTIMO: Las sumas anteriormente aludidas deberán ser pagadas al
demandante a la ejecutoria de esta providencia, luego que se compensen los
valores que por todo concepto adeuden Jorge Restrepo Arrayanes & Cía. Ltda.,
y Jorge Obed Restrepo Maillane como persona natural a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales Seccional Villavicencio.
En primer término, explicó que el conflicto giraba en torno a determinar la
responsabilidad de la entidad demandada “por la falta de continuidad del proceso
de cobro coactivo, relacionada con la demora en la entidad en realizar el avalúo y
remate de la máquina motoniveladora ofrecida por el demandante como garantía
del pago de sus obligaciones tributarias, cuando ese era el único camino viable ante
la ejecutoria de las resoluciones que declararon sin vigencia las facilidades de pago
otorgadas y ordenaron hacer efectiva la garantía”.
Explicó que la acción de reparación directa era la vía idónea para reclamar la
indemnización del perjuicio pretendido, que fue ocasionado con la demora de la
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Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
administración en rematar la máquina embargada y secuestrada, para solventar sus
obligaciones tributarias y el deterioro de esta mientras estuvo bajo la administración
del secuestre, lo anterior en el entendido de que la parte demandante no cuestiona
la legalidad de ningún acto administrativo.
Se encuentra demostrado que una vez el demandante hizo entrega real y material
de la máquina, la misma le fue dejada en depósito con la obligación de que
periódicamente informara su estado y el sitio donde se encontraba, compromiso que
nunca cumplió durante los casi 4 años en que estuvo en su poder y una vez fue
retornada al secuestre, no se encuentra constancia del estado en el cual fue
recibida, razón por la cual “mal podría partirse del supuesto que la máquina
estuviera en mal estado, descompuesta o inservible”.
Tomó como fecha de entrega de la máquina al secuestre el 27 de febrero de 2009,
fecha en la cual suscribió un contrato de arrendamiento de esta, adujo que dicho
auxiliar de la justicia había presentado 5 informes en los que daba a conocer el
deterioro del bien y el sitio donde se encontraba. El 1 de junio de 2011, tomó
posesión la nueva secuestre, luego de estar 27 meses en custodia del anterior.
Los testimonios dieron cuenta del mal estado de conservación y total abandono a la
intemperie en el que se hallaba la máquina para el momento en que fue recibida por
la última secuestre y se procedió al avalúo.
A pesar de que el demandante tenía la obligación de soportar el embargo y
secuestro del bien mueble, al haberlo entregado en garantía del pago de sus
deudas, también la entidad demandada, a través del secuestre que designó tenía la
obligación de manejarlo conforme al uso y la costumbre generalmente aceptada,
propender por el mantenimiento de este, reportar las rentas y frutos que el bien
produjera, evitando a toda costa que se destruyera en su poder.
En conclusión, el secuestre no cumplió con los deberes que le asistían, “porque no
existe en el expediente acta o peritaje a través del cual pudiera entenderse que al
recibir la maquinaria del depósito provisional y gratuito en el que la había dejado al
mismo José Obed Restrepo, esta se encontraba en malas condiciones, a ello debe
agregarse que nunca presentó los informes correspondientes a su administración”.
La DIAN incurrió en la omisión de no exigirle al secuestre buen manejo y oportunos
reportes cuando el demandante le informó que la máquina se encontraba en peligro
por la presunta desidia del secuestre, quien la había abandonado a la intemperie,
11
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
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muestra clara de la falta de diligencia y cuidado en el ejercicio de las funciones de
vigilancia y control al auxiliar de la justicia.
Las irregularidades resultan graves, si se tiene en cuenta que se produjeron en torno
a la práctica de la medida cautelar ordenada legalmente en el proceso de cobro
coactivo con el propósito de asegurar su cumplimiento, por lo que cualquier defecto
en el trámite tiene implicaciones relevantes que conducen a la ineficacia del objetivo
de su decreto, que era conseguir la cantidad de dinero líquido necesario para
solventar las obligaciones del ejecutado.
En conclusión, adujo que el daño resulta imputable a la DIAN a título de falla del
servicio porque era inaceptable que incumpliera con la obligación de controlar la
conducta desacertada del secuestre durante el tiempo que estuvo vigente el
embargo y secuestro de la máquina motoniveladora, al haber omitido requerir los
informes periódicos de su gestión, así como la rendición de cuentas.
Condenó por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente al pago de
la motoniveladora y como lucro cesante al pago de la producción de esta entre el
27 de febrero de 2009 y el 12 de julio de 2012, suma a la que se le descontó un
50% al reconocer que la máquina no se encontraba en el 100% de su producción.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, condenó en costas a la
parte vencida.
4. Recurso de apelación
Las partes interpusieron sendos recursos de apelación.
4.1. La DIAN solicitó la revocatoria de la providencia impugnada, e insistió en que
en el presente asunto se presenta una “indebida escogencia de la acción”, en tanto
que el origen del supuesto daño proviene de un acto administrativo.
Lo anterior en el entendido de que las fallas presentadas en el proceso de cobro
coactivo se relacionan con la práctica de la medida cautelar ordenada legalmente,
es decir, el daño se produjo por actos que debieron cuestionarse, como son los de
embargo y secuestro del inmueble.
Agregó que, si el medio de control de reparación directa fuera el idóneo, se debía
tener en cuenta que los procesos de cobro coactivo se adelantaron en estricto
cumplimiento de las normas establecidas en el Estatuto Tributario y, por tanto, no
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se produjo algún daño antijurídico, dado que no existe irregularidad sustancial
alguna que invalide lo actuado, ni se vulneraron los derechos del demandante, lo
cual denota que la administración actuó conforme a los preceptos legales, sin
ocasionar perjuicio alguno al actor.
En relación con la condena en costas solicitó que fuera revocada, en la medida en
que la conducta desplegada por la entidad demandada ha sido ajustada a derecho
y en ningún momento fue temeraria o demostrativa de mala fe (fls. 298-305 c. 11).
4.2. La parte demandante solicitó que se modificara la sentencia impugnada y, en
su lugar, se accediera a la totalidad de las pretensiones, para lo cual insistió en que
la administración era responsable porque: i) nombró una persona como secuestre
a pesar de que no se encontraba inscrito en la lista de auxiliares de la justicia para
dicho cargo, por lo tanto, no le era exigible el cumplimiento de los deberes que
conllevaba dicha designación y además, no vigiló el desarrollo de la labor
encomendada, ii) no procedió a practicar de forma oportuna el avalúo y remate del
bien embargado y secuestrado.
En relación con los perjuicios morales, adujo que los mismos provenían de la
angustia padecida por el demandante al ver como el único bien con el que contaba
para su propia subsistencia y la de su familia se encontraba prácticamente perdido
e inservible, al haber sido entregado a la DIAN como garantía de pago de sus
obligaciones, congoja que se acrecentó al ver el monto de “los dineros que por
concepto de intereses de mora engrosaban día a día las acreencias, créditos los
cuales se le hizo imposible de cancelar” y por la vinculación al proceso penal.
Todo lo anterior para concluir que los perjuicios morales padecidos por el
demandante eran ciertos y se encontraban totalmente acreditados en el proceso.
En lo que tiene que ver con el perjuicio material en la modalidad de daño emergente,
manifestó que no compartía la apreciación del a quo en relación con el valor de la
máquina, porque el avalúo presentado con la demanda no fue desvirtuado o
cuestionado por la demandada; además, la motoniveladora una vez fue adquirida
por el demandante fue reparada y repotenciada, por lo que el avalúo ascendió a
$98´000.000.
En lo relativo al lucro cesante, afirmó que aceptaba el valor de la hora establecida,
pero no compartía los descuentos que se le hicieron porque el combustible, pago
de operador y alimentación con hospedaje corría por cuenta del arrendador.
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Agregó que la afirmación hecha por el a quo en cuanto a que para el momento en
que fue entregada la motoniveladora ya sobrepasaba 25 años de trabajo, había
“superado ampliamente las expectativas de generación de riqueza y que para el 27
de febrero de 2009 ya estaba destinada a ceder el paso a herramientas nuevas por
lo que era poco probable que fuera contratada asiduamente”, carece de sustento
dado que para la fecha en que el secuestre asumió su custodia, se encontraba
laborando para la empresa CMR Consorcio Rubiales Monterrey, que exigía un
altísimo y estricto estándar de requisitos para la selección de los equipos que
recibían en calidad de arrendamiento; también fue aportada como prueba de
segunda instancia, el informe del señor Hernán Gonzalo Torres de 8 de junio de
2008, en el que allegó fotografías en las que se constata el buen estado de
conservación de la máquina.
En relación con la orden de que la condena impuesta deberá ser pagada al
demandante luego de que se compensen los valores que por todo concepto adeude
el demandante como persona natural y como representante legal de la empresa
Jorge Restrepo Maillane y Cía. Ltda., a la DIAN, es “totalmente antijurídico desde
todo punto de vista, si se tiene en cuenta que los créditos tributarios que se causan
a deber por mi mandante, no fueron objeto de estudio, ni de debate dentro del
presente juicio, lo que corresponde a otra clase de proceso, mismo que actualmente
se tramita ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de la ciudad de
Villavicencio” (fls. 308-325 c. 11).
5. El trámite de segunda instancia
El recurso de apelación presentado por las partes fue concedido el 31 de octubre
de 2013 (fls. 347-349 c. 11) y admitido el 14 de marzo de 2014 (fls. 361-362 c. 11).
Mediante providencia del 23 de abril de 2014, se decidió no tener como prueba los
documentos presentados junto con la sustentación del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante (fls. 365-366 c. 11).
Posteriormente, mediante providencia del 30 de mayo siguiente, se corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fl. 431 c. 11).
Las partes luego de hacer un recuento del trámite de los procedimientos
administrativos de cobro coactivo reiteraron lo manifestado a lo largo del proceso
(fls. 368-410 y 417-424 c. 11).
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El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”.
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa4, razón por la cual se concluye
que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia emitida por
el Tribunal Administrativo del Meta el 1 de octubre de 2013.
2. Legitimación en la causa
2.1. Acudió al proceso el señor Jorge Obed Restrepo Maillane, como persona
natural y como representante legal de la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cía.
Ltda. y, quien alega haber sido afectado con las actuaciones y omisiones atribuidas
a la entidad demandada.
Tal como se refirió en líneas anteriores, a pesar de que en un inicio se presentó
como demandante la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cía. Ltda, el auto
mediante el cual se admitió la demanda no refirió a esta persona jurídica,
providencia que no fue impugnada. En estos términos, es dable concluir que solo
es demandante el señor Jorge Obed Restrepo Maillane.
4
La pretensión mayor, por concepto de lucro cesante ascendió a la suma de $582 ́137.688 y para la
fecha de presentación de la demanda -20 septiembre 2012- 500 smlmv equivalían a $283’350.000.
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El señor Jorge Obed Restrepo Maillane5 manifestó que acudió al proceso como
propietario de la motoniveladora6 embargada, secuestrada y rematada por la DIAN,
razón por la cual según lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 166 del CPACA7
debía probar dicha calidad.
En el plenario obra contrato de compraventa en el que consta que el señor Jorge
Obed Restrepo Maillane, adquirió la motoniveladora el 17 de diciembre de 2002, por
un valor de $35´000.000, en dicho documento se dejó estipulado que la máquina
era modelo 1984 (fl. 125 c. 1).
El artículo 1° de la Ley 769 de 2002 determina que le corresponde al Ministerio de
Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, orientar, vigilar e
inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.
Por su parte el artículo 2° define la maquinaria rodante de construcción o minería,
como vehículos automotores destinados exclusivamente a obras industriales,
incluidas las de minería, construcción y conservación de obras.
El artículo 46 establece que todo vehículo automotor, registrado y autorizado para
circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse,
debe ser inscrita por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional
Automotor que llevará el Ministerio de Transporte.
El numeral 7 del literal a) y el literal b) del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006,
modificados por el artículo 207 del Decreto número 019 de 2012, señalan que toda
la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada debe ser inscrita
en el RUNT y que el responsable de su inscripción y expedición de la respectiva
tarjeta de registro es el Ministerio de Transporte o quien este delegue.
El artículo 11 de la Ley 1005 de 2006, modificado por el artículo 208 del Decreto-
ley 019 de 2012, incorporó al Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT–, el
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción
Autopropulsada, adquirida, importada o ensamblada en el país.
5
El señor Jorge Obed Restrepo Maillane fue reconocido como deudor solidario de Jorge Restrepo
Arrayanes y Cia. Ltda (fl. 176 c. 4).
6
En el plenario obra contrato de compraventa en el que consta que el señor Jorge Obed Restrepo
Maillane, adquirió la motoniveladora el 17 de diciembre de 2002 por un valor de $35´000.000 (fl. 125
c. 1).
7
“Anexos de la demanda. a la demanda deberá acompañarse… 3. El documento idóneo que acredite
el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona,
o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título…”
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Referencia: Acción de Reparación Directa
La resolución 0012335 de 28 de diciembre de 2012 reglamentó el registro de la
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, en su artículo 3º
dispuso que “a partir de la fecha de entrada en operación del Registro Nacional de
Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada en el Sistema RUNT, la
maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada, fabricada,
importada o ensamblada en el país, debe ser registrada en el sistema RUNT” y que
“la maquinaria ingresada al país o ensamblada con anterioridad a la vigencia de la
entrada en operación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de
Construcción Autopropulsada, será voluntaria”.
La maquinaria de construcción debe registrarse en el RUNT; sin embargo, dicha
obligación surgió con la expedición y entrada en vigencia de la resolución 0012335
de 28 de diciembre de 2012. Así las cosas como el señor Obed Restrepo Maillane
adquirió la motoniveladora el 17 de diciembre de 2002, no se encontraba obligado
a su registro para probar su propiedad.
2.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño alegado
en la demanda se hace derivar de las actuaciones y omisiones atribuidas a la DIAN,
entidad contra la que se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por
tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación
material se analizará al examinar el fondo del asunto.
3. Acción procedente y ejercicio oportuno
En el caso concreto, la acción de reparación directa es la procedente para obtener
la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la DIAN, dado que la parte actora
no controvirtió la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se
ordenó el embargo, secuestro, avalúo y remate de la máquina que entregó en
calidad de garantía en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, además
de que dichos actos no son susceptibles de control judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 835 del Estatuto Tributario8, norma que dispone que solo
serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa el acto que
resuelve las excepciones y el que ordena seguir adelante con la ejecución.
Se reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era la idónea
para juzgar la actuación administrativa de la DIAN, en los términos de los artículos
8
“ARTÍCULO 835. INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso
de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la
admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que
exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicció
17
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75 y 138 del CPACA que determinan que no habrá recursos contra los actos de
trámite o preparatorios, excepto en los casos previstos en la norma expresa y como
se dejó explicado en el párrafo anterior, en el trámite administrativo de cobro
coactivo solo son susceptibles de control judicial los actos que resuelvan las
excepciones y el que ordene seguir adelante con la ejecución, la única vía que le
quedaba al demandante, para definir la responsabilidad patrimonial del Estado era
la reparación directa, en la cual hay lugar a estudiar la posible responsabilidad de la
administración por la desvalorización de la motoniveladora que el demandante
entregó como garantía de las obligaciones tributarias que le estaban cobrando.
Claro lo anterior, se tiene que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el
ejercicio tardío del derecho de acción o medio de control, esto es, la desatención de
los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación
oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto
procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.
De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años
“contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.
De acuerdo con las pruebas que reposan en el proceso, la motoniveladora fue
rematada en diligencia celebrada el 13 de julio de 2012, remate que fue aprobado
el 16 de julio siguiente, mediante auto 006 (fls. 102-103 c. 1 y 592-594 c. 5).
Fue aportada al plenario la certificación expedida por la Procuraduría 49 de asuntos
administrativos, en la que se evidencia que la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 13 de julio de 2012 y fue declarada fallida el 6 de
septiembre siguiente (fl. 135 c.1).
Como la demanda se interpuso el 20 de septiembre de 2012, resulta evidente que
se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de
caducidad (fl. 1 c. 1).
4. Problema jurídico
Antes de determinar el problema jurídico, resulta pertinente resaltar que, dado que
ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia proferida por
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el a quo, el juez de segunda instancia se encuentra facultado para resolver sin
limitaciones9.
Ahora, corresponde a la Sala determinar cuál fue el daño sufrido por el demandante
que según lo alega, fue la pérdida del valor económico del bien entregado en
garantía en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, y si el mismo es
imputable a la entidad demandada, por la tardanza en ordenar su avalúo y remate.
5. Análisis de la Sala
5.1. El daño
El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de
responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado,
basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a
la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
El daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y
lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la
atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar
quedaron concentrados en un nuevo elemento que es la imputación.
De modo que el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen
jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño, entendido como
la alteración negativa a un interés protegido.
Además de lo anterior, el daño, a efectos de que sea resarcible o indemnizable,
requiere la constatación de los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se
pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura,
hipótesis o eventualidad–, ii) personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega,
en tanto haga parte de su patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o
hereditaria, iii) lícito, de modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por
el ordenamiento jurídico, y iv) persistente, en tanto no haya sido previamente
reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños).
Con las pruebas aportadas se encuentra demostrado que la DIAN le inició al señor
Jorge Obed Restrepo Maillane, un procedimiento administrativo de cobro coactivo
9
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.
19
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con el fin de hacer efectivos los recaudos que había realizado por concepto de IVA
y retención en la fuente10, el que distinguió con el n.° 200300258.
A pesar de que la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda, en la que fungía
como representante legal el señor Restrepo Maillanes, no es demandante en el
presente proceso, resulta necesario resaltar que la entidad demandada también le
inició el mismo procedimiento, por similares obligaciones tributarias.
Que en el procedimiento iniciado a la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia.
Ltda, el ahora demandante solicitó que se le concediera facilidad de pago11, para lo
cual ofreció en garantía una motoniveladora marca Mitsubishi de su propiedad, en
dicho trámite le fue concedido el beneficio solicitado y se ordenó el embargo y
secuestro de la máquina que se llevó a cabo el 26 de julio de 2004.
El 30 de agosto de 2005, el ahora demandante solicitó que se le concediera facilidad
de pago en el procedimiento administrativo que le había sido iniciado, y ofreció como
garantía la misma máquina que ya se encontraba embargada y secuestrada. La
DIAN el 7 de octubre de 2005 le concedió al señor Restrepo Maillane el beneficio
solicitado12 y dejó consignado que el demandante había presentado avalúo de la
máquina por valor de $98´000.00013. Dado que no cumplió con la facilidad de pago
otorgada, la DIAN le revocó el beneficio y continuó con el procedimiento
administrativo14.
10
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 402 del Código Penal y el artículo 665 del Estatuto
Tributario, aquellas personas que no consignen las sumas retenidas y/o recaudadas por concepto
del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente dentro de los términos legalmente
establecidos, se les aplicará las mismas sanciones penales previstas para los servidores públicos
que incurran en el delito de peculado por apropiación. Así:
11
“ARTICULO 814. FACILIDADES PARA EL PAGO. El Subdirector de Cobranzas y los
Administradores de Impuestos Nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el
pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos
de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier
otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>, así como para la
cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero
a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro,
garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que
respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la Administración. Se podrán aceptar garantías
personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 UVT”.
12
El 6 de septiembre de 2005, la DIAN dispuso “incorporar al presente proceso de cobro coactivo
seguido en contra del contribuyente Jorge Obed Restrepo Maillane los folios números 160, 175, 176,
177, 191, 192 y 194 que obran dentro del proceso número 20010989 adelantado en contra del
contribuyente Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda, correspondientes a las diligencias de embargo,
secuestro y avalúo de la máquina motoniveladora marca Mitsubishi serie 6 db aspersión natural,
número motor 197479 modelo Ig2h de propiedad del señor Jorge Obed Restrepo Maillane” (fl. 106
c. 9).
13
Se debe resaltar que para la fecha en que se expidió la facilidad de pago en el procedimiento que
le había sido iniciado al señor Jorge Obed Restrepo Maillane, ya la motoniveladora había sido
secuestrada en el procedimiento seguido a la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda.
14
Resulta pertinente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario
en caso de incumplimiento de una facilidad de pago se debe dejar sin efecto. En este caso, con la
resolución proferida el 23 de enero de 2007 la DIAN dejó sin vigencia la facilidad de pago que le
había otorgado al demandante, acto en el cual dejó claro que, para esa fecha, la deuda ascendía a
20
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El 7 de junio de 2011, la DIAN ordenó el avalúo de la máquina (fls. 323-324 c. 3), el
16 de agosto siguiente fue avaluada por la suma de $8´000.000 y, finalmente, se
remató, el 13 de julio de 2012, en $5´600.000 (fls. 102-103 c. 1).
En los anteriores términos, el demandante reclama la pérdida de valor de la
máquina, como consecuencia de lo cual no pudo satisfacer la obligación tributaria
propia ni obtener el remanente, impidiéndole también contribuir al pago de la
obligación ajena, es decir, la de la sociedad que representaba.
5.3. La imputación
La Sala procede a examinar las pruebas con el fin de determinar si la
desvalorización del bien entregado en garantía por el demandante en dos
procedimientos administrativos de cobro coactivo, es imputable a la entidad
demandada.
Se encuentra probado que a pesar de que la parte demandante insiste en que para
el momento en que entregó la motoniveladora se encontraba en óptimas
condiciones, dicha afirmación no es cierta, dado que el 22 de junio de 2004, fecha
en la cual se realizó el secuestro de la máquina, el perito dejó constancia de que no
fue posible constatar su funcionamiento debido a fallas de batería y del máster. En
esa misma fecha fue dejada en depósito gratuito al ahora demandante15 (fl. 34 c. 1),
quien se la devolvió al secuestre el 20 de febrero de 200916, es decir, estuvo en su
poder por 4 años, 6 meses y 24 días, término durante el cual en una sola ocasión -
12 de abril de 2007- informó que el bien se encontraba en el municipio de Quinchía,
utilizado por la empresa Pucalpa.
Para la fecha en la que fue devuelta la motoniveladora al secuestre el demandante
le informó a la DIAN que la máquina “se encuentra en el kilómetro 38 Puerto Gaitán
vía a Rubiales, su motor, la culata fue fundida por un recalentamiento que el
operador no controló y dañó su estado de conservación por lo cual la máquina se
$42´123.000. Además, el 22 de enero de 2007, también se dejó sin efecto la facilidad de pago que
le había sido otorgada a la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda, procedimiento en el que
la deuda ascendía a $64´073.000. La motoniveladora fue avaluada por $58´000.000, en esos
términos se debe concluir que aún si hubiera estado en óptimas condiciones no habría satisfecho el
valor de las acreencias.
15
En esa oportunidad el secuestre dejó la siguiente constancia: “recibo la máquina motoniveladora
marca Mitsubishi, con las características antes descritas, no conociendo el funcionamiento del motor
por lo que no se pudo prender por fallas de batería y el master, dejándolo en depósito provisional y
gratuito al señor Jorge Obed Restrepo Maillane, quien acepta el depósito, además deberá informar
al despacho periódicamente el estado de la maquinaria y el sitio donde se encuentra”
16
Se debe destacar que esta información fue refrendada en varias oportunidades por la parte
demandante, por ejemplo, en la solicitud radicada ante la DIAN el 7 de febrero de 2011 (fls. 280-286
c. 4), en demanda.
21
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
encuentra varada y en espera del arreglo por parte del mecánico asignado para esta
gestión. El ingeniero Yesid Castro17 tomó la terminación (sic) de que la máquina
hasta que no esté en buenas condiciones no se puede hacer ningún contrato con
esta máquina de acuerdo con la visita que se hizo el martes 17 de febrero de 2009”
(fl. 60 c. 1).
A pesar de que la máquina no se encontraba en funcionamiento y que era necesario
repararla, el 27 de febrero de 2009, el secuestre suscribió con el ingeniero Helman
Yesid Castro, un contrato de alquiler de la misma, tal como lo había dispuesto la
funcionaria ejecutora de la DIAN (fls. 330-331 c. 3).
Dicho acuerdo contractual no pudo ser ejecutado porque la máquina se encontraba
en muy mal estado de funcionamiento. Así lo hizo saber el secuestre a la DIAN, el
9 de marzo de 2009: “la máquina motoniveladora marca Mitsubishi se encuentra en
el kilómetro 90 en casa lata vía Puerto Gaitán Guacacías cumpliendo un contrato
con el ingeniero Yesid Castro donde la motoniveladora hizo 3 horas de operación y
falló el motor por lo tanto se trajo a Villavicencio para su reparación, dilatando así el
anticipo de dinero que habíamos convenido con el ingeniero Yesid Castro; el motor
fue reparado por el señor Jorge Restrepo quedando mal su reparación, y a su vez
tuvimos problemas con el radiador estaba en muy mal estado de conservación. En
la próxima ocasión presento los recibos relacionados con la compra de repuestos y
reparación de la máquina” (fl. 61 c. 1).
El 18 de agosto de 2009, el secuestre informó a la DIAN que la motoniveladora
presentaba múltiples fallas “mecánicas, hidráulicas, motor, bomba de inyección,
radiadores de agua”, dijo que “este equipo se está reparando porque desde que se
llevó a trabajar no se ha podido poner en funcionamiento por tantas fallas
mecánicas, se le ha reparado el radiador, en este momento estamos reparando
motor y bomba de inyección, falta disco prensa del embrague, baterías, etc.”,
presentó como gastos: “reparación motor con repuestos y rectificadora:
$18´000.000, embrague $2´800.000, arreglo de radiadores y compra de mangueras
tubos $800.000, cambio de 2 baterías 8 D $1´340.000” (fls. 62-63 c. 1).
Es evidente que desde el momento en que el ahora demandante entregó la
motoniveladora en calidad de garantía a la DIAN, la misma no se encontraba en
buenas condiciones, situación que se fue agravando durante el término en que la
17
Mediante el oficio 122242447-000247 del 16 de febrero de 2009, la DIAN, le informó al secuestre
que “existe la posibilidad de alquilar la motoniveladora al ingeniero Yesid Castro, por lo que solicitó
realizar el contrato pertinente y consignar el dinero a órdenes de la entidad, para el pago de las
obligaciones del contribuyente” (fl. 59 c. 1).
22
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
tuvo el demandante en calidad de depósito y que resultó más evidente para la fecha
en que fue devuelta al secuestre, dado que para esa época presentaba varias fallas,
muchas de sus partes no funcionaban y era imposible ponerla a producir para que
con sus ganancias se fuera abonando a la obligación tributaria del señor Restrepo
Maillane.
Se encuentra probado que el 27 de mayo de 2011, la DIAN, a petición de la parte
demandante, relevó del cargo de secuestre al señor Hernán Gonzalo Torres Torres
y designó, en su lugar, a la señora María Elvira Ulloa18 (fl. 92 c. 1).
Mediante auto 009 del 7 de junio de 2011, la DIAN ordenó el avalúo de la
motoniveladora, designó como perito avaluador a la señora Nelly Peñuela y le fijó
un término de 5 días para que presentara el encargo (fls. 95-96 c. 1).
El 8 de junio de 2011, el señor Hernán Gonzalo Torres Torres le hizo entrega a la
señora María Elvira Ulloa de Cárdenas, de la motoniveladora que había sido
aceptada por la DIAN como garantía de la deuda fiscal del ahora demandante. En
el acta de entrega se dejó constancia de que la máquina estaba “montada en seis
llantas en mal estado de conservación, cuchilla, gatos hidráulicos sueltos, sin motor,
sin radiador, sin bomba de inyección, sin embragues de closh, sin relojes, cabrilla
en mal estado, tablero de controles en mal estado, sillín en mal estado, tapa del
motor fuera de la máquina y al piso, con un tanque en la parte de atrás, tanque del
sistema hidráulico, seis vidrios de la cabina, en general en mal estado de
conservación y en total abandono”.
En la misma diligencia, el secuestre saliente señor Hernán Gonzalo Torres Torres
dejó la siguiente constancia: “[a] finales de febrero del 2009, el hermano o familiar
del señor Jorge Obed Restrepo entregó la máquina al operador Julio Parrado, y el
traslado para la carretera central que va para San Pedro, en donde la máquina
empezó a botar agua el radiador y ahí mismo el señor Parrado quitó el radiador y lo
llevó para que lo soldaran porque se salía el agua completamente de esto tuvo
conocimiento el familiar o hermano del demandado, luego firmé contrato con el
señor Hilmar Yesid Castro dejando como operador de la máquina al señor Julio
Parrado, luego trasladaron la máquina para Puente Arimena en el kilómetro 35 la
máquina tuvo fallas mecánicas e hidráulicas que no permitieron su funcionamiento
y por esta razón fue dejada en este desde el día 18 de agosto de 2009, donde la
18
El 1 de abril de 2011, en atención a la respuesta dada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en la que se informaba que el señor Hernán Gonzalo Torres T. nunca había estado inscrito
en la lista de auxiliares de la justicia como secuestre, el demandante solicitó el relevo del secuestre
(fl. 91 c. 1).
23
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
ubicó el señor Julio Parrado, y en compañía del señor Yesid Castro le bajaron el
motor, la bomba de inyección, radiador y parte del sistema de prensa de clutch,
estas partes fueron llevadas a un taller de confianza del señor Yesid Castro en
Villavicencio barrio Sanbenito, a la vuelta del Botalón”.
Una vez se le hizo entrega de la máquina a la nueva secuestre señora María Elvira
Ulloa de Cárdenas, esta dejó constancia de que “recibía la máquina en el estado en
que se encuentra y procedo a dejarla en el mismo sitio, toda vez que es imposible
movilizarla por el estado en que se encuentra y los costos de traslado en una cama
baja, por costo y beneficio no amerita su movilización hacia el sector urbano de
Gaitán, razón por la que se le deja en encargo a la señora Martha Hernández
Mármol” (fls. 93-94 c. 1).
Mediante auto del 7 de junio de 2011, la DIAN ordenó el avalúo de la máquina,
designó como perito avaluador a la señora Nelly Peñuela Martínez fls. 323-324 c.
3). El avalúo fue presentado el 16 de agosto siguiente, en el documento describió el
bien a avaluar como: “montada en seis llantas en mal estado de conservación,
cuchilla, gatos hidráulicos sueltos, sin motor, sin radiador, sin bomba de inyección,
sin embragues de closh (sic), sin relojes, cabrilla en mal estado, tablero de controles
en mal estado, sillín en mal estado, tapa del motor fuera de la máquina y al piso,
con tanque en la parte de atrás, tanque del sistema hidráulico, seis vidrios de la
cabina, en general en mal estado de conservación y en total abandono al sol y al
agua”.
Dejó estipulado que, para optimizar su funcionamiento, era menester adquirir los
siguientes repuestos:
Llantas 6X1.500.000 9.000.000
Motor, radiador, bomba inyección 30.000.000
Revisión mecánica hidráulica (prueba de presiones eléctrica) 3.500.000
2 baterías 4D 1.200.000
Embragues, relojes, cabrilla, tablero, sillín 1.800.000
Pintura general 4.500.000
TOTAL 50.000.000
A continuación, resaltó que el valor comercial “en condiciones normales de
mercado”, por ser una “marca no muy comercial modelo 1984 (27 años)” era de
$58´000.000. Lo anterior para concluir que como los repuestos tenían un costo de
$50´000.000, el valor de la máquina “en total abandono y desvalijada” era de
$8´000.000 (fls. 97-98 c. 1).
24
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
Mediante auto 020 del 30 de diciembre de 2011, se fijó el 22 de enero de 2012 para
llevar a cabo la diligencia de remate, en esa fecha no se hizo presente ningún postor
razón por la cual se declaró desierto el remate conforme a lo dispuesto en el artículo
527 del CPC (fls. 453-455 c. 5). El 23 de mayo de 2012, se volvió a fijar fecha y hora
para llevar a cabo el remate (fls. 525-526 c. 5). El día fijado tampoco se presentó
postor, razón por la cual el 15 de junio de 2012, se volvió a fijar fecha y hora para
llevar a cabo la diligencia de remate (fls. 527, 531-532 c. 5).
La motoniveladora fue rematada el 13 de julio de 2012, en dicha diligencia se
dispuso que el “bien se encuentra avaluado en la suma de ocho millones de pesos
mcte ($8´000.000), siendo base para el remate el 70% del avalúo, es decir la suma
de cinco millones seiscientos mil pesos mcte ($5´600.000)”. También se hizo
constar que se cerró la licitación con una única postura “por valor de cinco millones
seiscientos veintisiete mil quinientos pesos mcte ($5´627.500) del señor Torres
Arévalo William (…) quien adjunta título judicial n.° 445010000280539 por valor de
$3´500.000, por lo que el funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de
Cobranzas, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio,
declara adjudicado el remate al único postor” (fls. 102-103 c. 1).
Mediante auto 006 del 16 de julio de 2012, se aprobó el remate, se decretó la
cancelación de los gravámenes y medidas cautelares que pesaban sobre el bien
(fls. 592-594 c. 5).
La Sala no comparte plenamente la conclusión a la que arribó el tribunal en relación
a que la causa de la desvalorización de la máquina se produjo porque el secuestre
no cumplió con los deberes que le asistían como auxiliar de la justicia y por la falta
de vigilancia ejercida por la entidad demandada en la conducta desacertada del
secuestre.
Lo anterior porque las pruebas muestran que desde un inicio la motoniveladora no
se encontraba en buenas condiciones, tanto así que tal como se hizo constar en el
acta de secuestro, no fue posible verificar su funcionamiento por fallas en la batería
y en el máster; además, en la misma fecha de la diligencia de secuestro la máquina
fue entregada al ahora demandante a título de depósito19, quien la tuvo en su poder
durante 4 años, 6 meses y 24 días, período durante el cual el demandante debía
velar por su conservación20 y funcionamiento.
19
Según el artículo 2236 del Código Civil “Llámase en general depósito el contrato en que se confía
una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituir en especie”.
20
De acuerdo con el artículo 1606 del Código Civil “La obligación de conservar la cosa exige que se
emplee en su custodia el debido cuidado”.
25
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
Resulta relevante recordar que el señor Jorge Obed Restrepo Maillanes, en calidad
de depositario, tenía la obligación de resguardar el bien entregado y emplear el
cuidado que aún personas negligentes o de poca prudencia suelen desempeñar en
sus propios negocios21. Incluso, considera la Sala que se está frente a uno de los
casos en que el depositario debe responder por culpa leve22, dado que tenía interés
personal en el depósito, en tanto que el bien era de su propiedad y las ganancias
obtenidas por su alquiler debían ser destinadas para abonar a la obligación tributaria
que tenía con la DIAN.
Sin embargo, en el mes de febrero de 2009, el señor Restrepo Maillane devolvió la
máquina al secuestre, dado que no había cumplido con el acuerdo contemplado en
la facilidad de pago, pero para ese momento la máquina se encontraba aún más
deteriorada y así lo informó el secuestre a la DIAN el 20 de febrero de 2009, cuando
le puso de presente que la misma se encontraba varada y en espera de ser
arreglada.
Dado que la motoniveladora era un bien productivo, el secuestre trató de ponerla a
producir23 para continuar amortizando la obligación tributaria del demandante; sin
embargo, a pesar de que suscribió un contrato de alquiler, el mismo no pudo ser
ejecutado porque la máquina solo funcionó por 3 horas, en tanto que era inminente
su reparación.
De acuerdo con el caudal probatorio que reposa en el plenario, el 18 de agosto de
2009, cuando aún la máquina estaba bajo la custodia del secuestre, la misma fue
dejada en el sitio donde se encontraba para el momento del remate, porque era tal
el deterioro que le fueron retiradas algunas piezas para ser reparadas; sin embargo,
de acuerdo con el acta suscrita el día en que le fue entregada a la segunda
secuestre nunca le fueron devueltas, además se dejó al sol y al agua, lo que aceleró
su deterioro.
21
BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro, Los principales contratos civiles. Vigésima edición,
ed. Librería ediciones del profesional Ltda.
22
“ARTICULO 2247. <RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO>. Las partes podrán estipular que
el depositario responda de toda especie de culpa.
A falta de estipulación responderá solamente de la culpa grave.
Pero será responsable de la leve en los casos siguientes:
1. Si se ha ofrecido espontáneamente o ha pretendido se le prefiera a otra persona para depositario.
2. Si tiene algún interés personal en el depósito, sea porque se le permita usar de él en ciertos casos,
sea porque se le conceda remuneración”.
23
De acuerdo con el artículo 10 del CPC, vigente para la época de los hechos “los auxiliares de la
justicia que como depositarios, secuestres o administradores de bienes perciban sus productos en
dinero, o reciban en dinero el resultado de la enajenación de los bienes o sus frutos, harán la
consignación inmediatamente en la cuenta de depósitos judiciales”.
26
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
A pesar de que la información presentada por el secuestre sobre el estado de la
máquina y la imposibilidad de ponerla a producir debía ser de conocimiento del
demandante, el 18 de marzo de 2010, solicitó que se hiciera el avalúo de la
motoniveladora, se calculara los abonos realizados por el secuestre y el valor
resultante de dichos ítems se compensara con lo adeudado (fls. 64-65 c. 1).
La DIAN, el 8 de abril de 2010, negó dicha solicitud porque: i) de acuerdo con los
informes presentados por el secuestre no había “dinero alguno que pueda ser
aplicado al pago de sus obligaciones” y, ii) porque los procedimientos
administrativos en que había sido entregada la máquina en garantía se encontraban
en la etapa procesal de “ordenar el avalúo y fijar fecha de remate”, además porque
la figura de la compensación no era procedente en ese tipo de procedimientos (fls.
55-58 c. 1). Luego, el 7 de febrero de 2011, el demandante solicitó a la DIAN que
requiera al secuestre para que rindiera cuentas de su administración (fls. 280-286
c. 4).
Ahora, de acuerdo con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario24, cuando la persona
beneficiada con una facilidad de pago lo incumple, se debe dejar sin efecto y
proceder a hacer efectiva la garantía, razón por la cual no encuentra justificación
alguna la Sala para que la DIAN, una vez devolvió el demandante la motoniveladora
al secuestre ordenara su avalúo y posterior remate, máxime si se tiene en cuenta
que el perito en reiteradas ocasiones le informó que no era posible ponerla a
producir debido al estado de deterioro en que se encontraba.
Se reitera que el secuestre recibió la motoniveladora en tal estado de deterioro que
no le permitió ponerla a producir; sin embargo, su actuación también contribuyó al
deterioro de la misma, dado que la dejó al sol y al agua y permitió que una persona
ajena le retirara algunos repuestos y no los devolviera; aunado a lo anterior, la DIAN,
sin justificación, a pesar de que dejó sin efecto la facilidad de pago porque el ahora
demandante no cumplió con el compromiso de pago concertado, no fijó
inmediatamente la fecha para el avalúo del bien y se procediera al remate.
Claro lo anterior, resulta necesario resaltar que la motoniveladora objeto del
presente proceso había sido entregada en calidad de garantía en dos
procedimientos administrativos de cobro coactivo, razón por la cual el mayor valor
24
“Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o
incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación
de la misma, el Administrador de Impuestos o el Subdirector de Cobranzas, según el caso, mediante
resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo
concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda
garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los
contratos, si fuere del caso”.
27
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
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que hubieran podido obtener al momento del remate debía ser abonado a las
obligaciones tributarias que se estaban haciendo efectivas con dichos
procedimientos.
Las pruebas que reposan en el plenario dan cuenta de que además del
procedimiento administrativo de cobro coactivo que le fue adelantado al señor Jorge
Obed Restrepo Maillane, por esa misma época, también se estaba adelantando un
procedimiento de las mismas características a la empresa Jorge Restrepo
Arrayanes y Cia. Ltda., de la que el ahora demandante era representante legal.
En dicho procedimiento el señor Restrepo Maillane, el 4 de septiembre de 2003,
solicitó que se le otorgara facilidad de pago, para lo cual ofreció entregar como
garantía una motoniveladora marca Mitsubishi de su propiedad (fl. 27 c. 1). El 8 de
noviembre de 2004, la Dian le otorgó la facilidad de pago solicitada y aceptó la
garantía otorgada, que correspondía a la motoniveladora (fls, 35-37 c. 1). El 22 de
enero de 2007, la DIAN declaró sin vigencia la facilidad de pago concedida y ordenó
hacer efectiva la garantía otorgada hasta la concurrencia del saldo de la deuda
garantizada (fl. 40 c. 1).
En el procedimiento administrativo que le fue iniciado al ahora demandante, en
calidad de persona natural, el 30 de agosto de 2005, solicitó que se le concediera
facilidad de pago y ofreció como garantía la misma máquina que ya se encontraba
embargada y secuestrada. La DIAN, el 7 de octubre de 2005, le concedió al señor
Restrepo Maillane el beneficio solicitado25. Dado que no cumplió con la facilidad de
pago otorgada, el 23 de enero de 2007, la DIAN le revocó el beneficio y continuó
con el procedimiento administrativo.
De acuerdo con lo relatado, queda claro que como la motoniveladora había sido
entregada en dos procedimientos administrativos de cobro coactivo, en el evento de
ser rematada, el valor obtenido debía ser imputado en primer lugar al procedimiento
administrativo que primero dejó sin efecto la facilidad de pago, que en este caso
corresponde al iniciado a la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda., en la
que para esa fecha tenía un saldo de $64´073.000.
25
El 6 de septiembre de 2005, la DIAN dispuso “incorporar al presente proceso de cobro coactivo
seguido en contra del contribuyente Jorge Obed Restrepo Maillane los folios números 160, 175, 176,
177, 191, 192 y 194 que obran dentro del proceso número 20010989 adelantado en contra del
contribuyente Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda, correspondientes a las diligencias de embargo,
secuestro y avalúo de la máquina motoniveladora marca Mitsubishi serie 6 db aspersión natural,
número motor 197479 modelo Ig2h de propiedad del señor Jorge Obed Restrepo Maillane” (fl. 106
c. 9).
28
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
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Ahora, a pesar de que la parte demandante insiste en el recurso de apelación, que
como valor de la máquina se debe tomar el avalúo presentado con la demanda que
asciende a $98´000.000, porque la DIAN no lo desvirtuó ni lo cuestionó, la Sala
considera que el valor que se debe tener en cuenta es aquél que fue determinado
por el perito avaluador en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, dado
que fue realizado por un experto nombrado por la entidad demandada, del cual se
le corrió traslado a la parte demandante, sin que tuviera ninguna objeción al
respecto.
El avalúo fue presentado el 16 de agosto de 2011, en esa oportunidad la experta
adujo que el valor comercial de la máquina “en condiciones normales de mercado”,
por ser una “marca no muy comercial modelo 1984 (27 años)” era de $58´000.000.
En esos términos, la suma que hubiera podido obtenerse en el remate de la
motoniveladora, avaluada para ese momento en -$58´000.000-, debió imputarse,
en primer término, a la deuda de la empresa Jorge Restrepo Arrayanes y Cia. Ltda.
-$64´073.000-, y como así no se hizo, fue esa empresa la que sufrió el menoscabo.
Sin embargo, como antes se expuso, la misma no reclamó la reparación de
perjuicios.
Solo en caso de que hubiera quedado un remanente después del pago de la
obligación de la empresa, podría considerarse que el señor Jorge Obed Restrepo
Maillanes hubiera sufrido un daño imputable a la entidad demandada, por no
haberse producido abono a su obligación tributaria; sin embargo, teniendo en cuenta
el valor con el que debió llevarse a remate la motoniveladora y la deuda de la
empresa, es claro que no habría tal remanente y, por tanto, al demandante no se le
causó el daño por el que ahora reclama. Por esta razón, se habrá de revocar la
sentencia impugnada, para negar las pretensiones de la demanda.
7. Condena en costas en primera instancia
La DIAN solicita que le sea revocada la condena en costas que le fue impuesta en
primera instancia, para lo cual argumentó que la conducta desplegada por dicha
entidad se ha ajustado a derecho y en ningún momento ha sido temeraria o
demostrativa de mala fe.
Resulta necesario destacar que el presente asunto se rige por la Ley 1437 de 2011
norma que en su artículo 188 dispone que salvo que en el proceso se ventile un
interés público, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código General del Proceso.
29
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
Es decir que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, para la imposición
de las condena en costas se pasó de hacer valoraciones de tipo subjetivo a
valoraciones de tipo objetivo, así las cosas, estas se imponen de acuerdo a
supuestos fácticos que están prescritos en la norma, sin tener en cuenta la conducta
asumida por las partes, dichos supuestos se encuentran contenidos en los artículos
365 y 366 del Código General del Proceso los que se encargan de determinar los
criterios para imponer la condena en costas así como el trámite para su liquidación.
Claro lo anterior, en el numeral siguiente se procederá a volver sobre este punto,
dada la decisión tomada en esta instancia
8. Decisión sobre costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma.
Así las cosas, como la sentencia proferida en esta instancia revocó totalmente la
dictada por el Tribunal Administrativo del Meta el 1 de octubre de 2013, se debe
aplicar la regla contenida en el numeral 4 del artículo 36526 CGP y disponer que la
parte demandante asuma el pago de las costas impuestas en ambas instancias.
De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda27, en materia de
tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizadas por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso, y demás circunstancias especiales que
permitan valorar la labor jurídica desarrollada. Específicamente, fijó como tarifa de
agencias en derecho en los procesos tramitados ante esta jurisdicción, en segunda
instancia, hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.
Las pretensiones que fueron negadas en el presente asuntos ascienden a
$736´807.688 (fl. 17 c. 1), razón por la cual se condena a la parte demandante a
pagar la suma de $7´360.876,80, correspondiente al 1% de las mismas.
26
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
27
La demanda se presentó el 20 de septiembre de 2012, para esa fecha se encontraba vigente el
Acuerdo No. 1887 de 2003.
30
Radicación número: 50001-23-33-000-2012-00059-01 (50095)
Actor: Jorge Obed Restrepo Maillane y otro
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
Referencia: Acción de Reparación Directa
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
el 1 de octubre de 2013 y en su lugar se niegan las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, quien deberá pagar las de
ambas instancias.
A título de agencias en derecho, en segunda instancia, se fija la suma de siete
millones trescientos sesenta mil ochocientos setenta y seis pesos con ochenta
centavos m/cte ($7´360.876,80).
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Ausente Con Excusa
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado Electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
31
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