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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2013-00071-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2013-00071-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión número seis, por medio de la cual negó las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicación: 50001-23-33-000-2013-00071-00 (2236-2021) Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2013-00071-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de agosto de 2024

Radicación: 50001-23-33-000-2013-00071-00 (2236-2021)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 50001-23-33-000-2013-00071-01 (2236-2021)
Demandante: Fanny Patricia Bernal Granados
Demandado: E.S.E. Municipio de Villavicencio
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios- Aplicación sentencia de unificación 2021.
Bacteriólogo CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual negó las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Fanny Patricia Bernal Granados instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la E.S.E. del Municipio de Villavicencio, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del oficio número 100.25.00376 del 13 de septiembre
de 2012 por medio del cual se negó la solicitud de reintegro y pago de las
diferencias salariales y prestacionales en relación con el cargo de profesional
especializado con respecto a un empleado de planta por haberse generado una
verdadera relación laboral entre las partes.

Que, se declare que existió una relación laboral legal y reglamentaria a través de
contratos de prestación de servicios y por intermedio de la cooperativa de trabajo
asociado, que finalizó por despido sin justa causa legal.

Que se ordene el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones desde el 16
de julio de 2007 hasta el reintegro; así como la indemnización por el no pago de

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cesantías del 2007 al 2012 y los perjuicios morales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que la demandante estuvo vinculada con la E.S.E del municipio de Villavicencio
entre el 16 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2011 en el cargo de
profesional especializado-bacterióloga.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 9 de septiembre de 2013 y, notificada
a la entidad demandada quien contestó de manera extemporánea.

Se celebró audiencia inicial el 5 de septiembre de 2017 en la cual se fijó el litigio,
se decretaron las pruebas y luego de la práctica de las mismas, se dio traslado a
las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada dentro del término oportuno por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del cuatro (4) de febrero
de dos mil veintiuno (2021), encontró probado que la demandante prestó sus
servicios como bacterióloga en la E.S.E municipal de Villavicencio a través de
contratos de prestación de servicios desde el 1 de junio de 2009 hasta el 28 de
febrero de 2010, y luego se asoció a la cooperativa COOASTCOM hasta el 31 de
diciembre de 2011 para prestar los mismos servicios a la E.S.E.

Que, a pesar de que en la demanda se afirma que los contratos comenzaron el
16 de julio de 2007, en el plenario no se tienen evidencias claras del tipo de
vinculación y demás condiciones de la presunta relación laboral por el periodo
2007 a 2009.

Frente a la subordinación, indicó que no se probó, pues no se demostró si cumplía
horario, recibía órdenes directamente del personal de la E.S.E. o si dependía
funcional y administrativamente de esta. Que, si bien se aportó la programación
de turnos para determinados periodos mensuales, de ello no se concluye la
obligatoriedad del cumplimiento de un horario, ni el desempeño de labores bajo
las mismas condiciones que los empleados de planta.

Que, tampoco se tiene un elemento de juicio que demuestre que la vinculación a
través de Cooperativas de Trabajo Asociado, se utilizó como mecanismo para
desnaturalizar la presunta relación laboral. Que sus labores eran coordinadas,
controladas y vigiladas directamente por la Cooperativa, sin ningún tipo de
sometimiento de la demandante a las órdenes o disposiciones de la E.S.E.;

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máxime cuando la misma cooperativa fue quien hizo los aportes a pensión
durante el tiempo en que estuvo vinculada la actora a esta.

En consecuencia, negó las pretensiones y condenó en costas a la demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que, el Tribunal
omitió el análisis de algunas pruebas como el cargo desempeñado por la actora
y el acto administrativo expedido por la Secretaría de Salud del Meta en el cual
se concedió la habilitación a la E.S.E y en la que aparece un laboratorio clínico
que era el lugar de trabajo de la actora.

Que el cargo de bacterióloga era de planta en la entidad, como se demuestra con
el manual de funciones que se allegó y sus labores hacen parte de la labor
misional de la entidad. Que, los implementos de trabajo que utilizó la demandante
eran de propiedad de la demandada, y que, del objeto de los contratos, se
desprenden órdenes que debía cumplir la demandante.

Que, cuando se le señaló que debía “Prestar oportuna y eficientemente el servicio
requerido de acuerdo a la agenda concertada” se puede entender que lo que
tenía era un horario de trabajo. Que, la agenda no era concertada pues era
elaborada por la demandada, y con base en esta programaban mensualmente a
la demandante junto con otros Bacteriólogos, y con los auxiliares de laboratorio,
lo que se demuestra con las agendas que obran en el plenario.

Que las Cooperativas no están autorizadas para enviar trabajadores en misión o
para hacer intermediación laboral y si lo hacen, se considerará como dependiente
de la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo. Que, en este
caso, el único objeto de los contratos suscritos con la cooperativa es el suministro
de personal asistencial, esto es médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares de
enfermería, auxiliares de ontología, bacteriólogos, etc., para cumplir sus labores
en las instalaciones de la E.S.E. Municipal de Villavicencio.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), se admitió el
recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se hizo
necesario otorgar el término de traslado para alegar.

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Agente del Ministerio
Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

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La Sala deberá verificar si entre la demandante y la E.S.E existió un vínculo
laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y, si como
consecuencia de ello, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable ».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.

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En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

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102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
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reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con

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suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de

1 Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).

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prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.

Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.

Cooperativas de trabajo asociado

De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.

Frente a las cooperativas de trabajo asociado la corporación 3 ha sostenido que a
aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para suministrar
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión y
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación
o dependencia con los contratantes.

Resolución del caso concreto

De conformidad con las pruebas, se puede establecer que la demandante prestó
sus servicios a la E.S.E. municipal de Villavicencio mediante los contratos de
prestación de servicios que se relacionan de la siguiente forma:

• Contrato de prestación de servicios No. 228 de 2009, cuyo objeto fue prestar sus
servicios con la Empresa Social del Estado como bacterióloga.
El plazo de ejecución fue de un mes a partir del 1 de junio de 2009. El valor del
contrato fue de $ 1.914.624 previa presentación de la cuenta de cobro, acompañada
del informe de actividades mensual y certificación de cumplimiento del servicio
prestado expedida por el supervisor. Este contrato fue suscrito el 1 de junio de 2009.

• El contrato de prestación de servicios No. 512 de 2009, con las mismas
condiciones que el anterior. El plazo de ejecución fue de 2 meses contados a partir
de la ejecución del contrato. El valor total fue de $ 4.089.938. Este contrato fue
suscrito el 1 de julio de 2009.

2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación

05001233100020040374201
3 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 66001233300020120015301 (2277-

2016) y del 30 de junio de 2022, expediente 66001233300020140040301.

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Radicación: 50001-23-33-000-2013-00071-00 (2236-2021)

• Acuerdo de prorroga 001 al contrato 512 de 2009 por 2 meses más, suscrito el 1
de septiembre de 2009.

• Acuerdo de prorroga 002 al contrato 512 de 2009 por 1 mes más, suscrito el 1 de
noviembre de 2009.

• Acuerdo de prorroga 003 al contrato 512 de 2009 por 1 mes más, suscrito el 1 de
diciembre de 2009.

• Contrato de prestación de servicios N° 068 de 2010 bajo las mismas condiciones
que los anteriores contratos. Con un término de ejecución de 2 meses por la suma
de $4.089.938. suscrito el 1 de enero de 2010.

• Contrato de trabajo asociado suscrito el 1 de marzo de 2010 entre la demandante
y la Cooperativa de trabajo Asociado Comunitario COOASTCOM con el objeto de
prestar los servicios personales en atención intrahospitalaria de baja complejidad-
bacteriología en el laboratorio clínico de la E.S.E municipal de Villavicencio. Con un
periodo de duración del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2010.

• Contrato de trabajo asociado suscrito el 1 de enero de 2011 entre la demandante
y la Cooperativa de trabajo Asociado Comunitario COOASTCOM manteniendo las
mismas condiciones que el anterior; y con un término de duración del 1 de enero al
31 de diciembre de 2011.

De lo anterior, la Subsección observa que la demandante prestó sus servicios a
la E.S.E. como bacterióloga, entre el 1 de junio de 2009 hasta el 31 de diciembre
de 2011 con sus respectivas interrupciones, a través de varios contratos de
prestación de servicios y, como trabajadora asociada de la cooperativa
COOASTCOM.

Ahora, teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, se procederá a
examinar la subordinación.

La Sala advierte que en la mayoría de los contratos se estipulan las siguientes
obligaciones a cargo de la demandante:

(i) Entregar en forma clara, precisa y oportuna los resultados de los
análisis realizados; certificar con su firma y número de registro
profesional si es el caso cada uno de los análisis realizados
(ii) Supervisar los procedimientos de las tomas de muestras, coloración,
montaje y lavado de material del personal auxiliar
(iii) Socializar, difundir y aplicar los manuales, guías, protocolos y
procedimientos del laboratorio con el personal auxiliar
(iv) Capacitar y orientar al personal auxiliar de enfermería en las tomas de
muestras de los servicios de urgencias y hospitalización
(v) Dar al paciente instrucciones claras y precisas sobre las condiciones
adecuadas en la toma de muestras, para garantizar la calidad y
veracidad de los resultados
(vi) Prestar oportuna y eficientemente el servicio requerido de acuerdo a la
agenda concertada
(vii) Responder por pérdidas y daños causados a los equipos suministrados
por la E.S.E

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(viii) Realizar vigilancia epidemiológica para detectar factores que impliquen
riesgos para la salud de la comunidad y reportar las enfermedades de
notificación obligatoria

Teniendo en cuenta que no fue posible practicar la prueba testimonial por la
inasistencia a la audiencia y el posterior desistimiento por parte de la apoderada
de la actora, esta Sala no encuentra elementos de convicción que indiquen que
efectivamente la relación se llevó bajo una subordinación; pues solo se cuenta
con las obligaciones estipuladas en los contratos, de las cuales no se deriva una
subordinación.

En efecto, si bien, en los contratos de prestación de servicios se puntualiza que
una de las obligaciones de la contratista era cumplir una agenda de trabajo,
algunas de las cuales fueron aportadas al plenario y evidencian los turnos entre
mayo y diciembre del 2008, y febrero y mayo de 2009, y, que, el incumplimiento
de la misma acarrearía el no pago; esto denota el establecimiento de una jornada
u horario, pero, por sí solo no demuestra la subordinación. máxime cuando se ha
entendido por la jurisprudencia de esta Corporación que:

“El establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no
implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o
vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido.”4

Las estipulaciones contractuales no permiten verificar si, en la práctica, la
programación o la agenda a la que se hace alusión, fue impuesta por la E.S.E.
demandada o, en general, cuáles directrices sobre el tema se impartieron con el
ánimo de ejercer un poder subordinante. De hecho, si se atiende en sentido
estricto al contrato, se observa que en todos se menciona que las partes
concertarían el cronograma de actividades.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el objeto contratado consistió en
prestar los servicios profesionales como bacterióloga en un centro médico, lo cual
conlleva el establecimiento de una programación, esto, por la necesidad de la
entidad de garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud a su
cargo.

Igualmente, la Sala denota que en la agenda se enlistaban los turnos que debían
cumplir los bacteriólogos, pero no muestran una situación diferente a la existencia
de indicaciones generales sobre temas relativos a los contratos de prestación de

4 Sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), en el proceso radicado

No. 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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servicios. De este modo, puede inferirse que hacen parte de la coordinación que
debe existir entre las partes contratantes para el desarrollo del objeto.

De las demás funciones tampoco logra desprenderse algo más allá de una
coordinación por parte de la entidad en el sentido de llevar a cabo la prestación
del servicio en buen término y de manera eficiente para los pacientes.

No obran pruebas adicionales que permitan advertir que, mientras la demandante
se desempeñó como bacterióloga, recibiera órdenes e instrucciones por parte de
empleados y funcionarios del ente de salud, ya fuera sobre la forma en que debía
ejecutar sus contratos, o llamados de atención por el no acatamiento de las
actividades o por el incumplimiento de un horario de trabajo, situaciones que
debieron ser acreditadas por la parte demandante y que, ante su ausencia, no
permiten determinar que se encubrió una relación de carácter laboral o se
desnaturalizó el uso de los contratos de prestación de servicios en la vinculación
de la demandante.

No se concretó nada acerca del direccionamiento de la demandada sobre la
forma y cantidad a cumplir por parte de la demandante. De conformidad con las
pruebas, solo se logra demostrar la prestación personal del servicio y la
remuneración, no así la subordinación, pues de acuerdo con la naturaleza de la
labor y las obligaciones impuestas no es claro que la actora tuviera que
circunscribirse a las instrucciones de la entidad demandada y, específicamente,
a las necesidades de la E.S.E donde estaba asignada para prestar el servicio de
bacterióloga.

Tampoco es claro que no le fuera posible ausentarse de sus actividades, que
fuera necesario pedir permisos o que le hubieran llamado la atención o
presentado algún tipo de consecuencias por sus acciones u omisiones. Ni que
tuviere un jefe o un superior.

Sobre el reparo de la apelante relativo a la falta de valoración del acto
administrativo a través del cual la Superintendencia de Salud del Meta concedió
la habilitación a la E.S.E. demandada, se advierte que esa prueba no fue
decretada en primera instancia.

En la audiencia inicial del 5 de septiembre de 2017, el Tribunal consideró que era
impertinente, sin que las partes presentaran ninguna objeción. De este modo, no
tiene asidero alguno la presunta omisión planteada por la parte actora.

En cuanto al manual específico de funciones de la E.S.E., debe decirse que a
partir de aquel se evidencia la existencia del cargo de bacteriólogo en la entidad;
sin embargo, no se cuentan con elementos probatorios que acrediten con total
grado de certeza que la demandante cumplió con las mismas funciones
asignadas a ese cargo y, que, sus actividades las atendió dentro iguales
condiciones de tiempo, modo y lugar a las de los funcionarios de la salud
vinculados a la planta de personal.

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En cuanto al manual específico de funciones de la E.S.E., se evidencia que se
adoptó con el Acuerdo 007 del 7 de diciembre de 2011, fecha en la que la
demandante estaba vinculada al centro asistencial mediante un contrato
asociativo con la cooperativa de trabajo asociado COOASTCOM. Frente a este
período contractual, como se explicará más adelante, no se cuentan con
elementos probatorios que acrediten las condiciones y la manera en la que se
ejecutó por parte de la actora su labor profesional. Lo anterior, impide realizar un
comparativo entre sus actividades y las asignadas al cargo en el referido manual
y, determinar, si las atendió dentro iguales condiciones de tiempo, modo y lugar
a las de los funcionarios de la salud vinculados a la planta de personal.

La Sala considera que, pese a que las actividades desarrolladas por la
demandante pueden ser de aquellas inherentes a la función del servicio público
de salud analizando la misión de la E.S.E demandada, esa situación no implica
por sí misma la existencia de subordinación, porque las pruebas aportadas no
dan cuenta que se le exigiera a la demandante que ejecutara el objeto contractual
con unas condiciones de modo impuestas por la entidad y, en tal sentido, no se
demostró su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario, más allá
de las instrucciones que se le impartieron en los contratos, en general, sobre la
programación y el sitio de trabajo para el desarrollo de la labor como bacterióloga,
no se acreditó con suficiencia que la demandada hubiera ejercido una influencia
decisiva sobre la forma en que llevó a cabo el cumplimiento de sus obligaciones.

Finalmente, frente a las vinculaciones a través de cooperativas, conviene resaltar
que aun cuando en otras oportunidades 5 se ha estudiado la existencia de una
relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando aquellas acuden
a la intermediación laboral, concretamente, por intermedio de cooperativas de
trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y sometimiento subordinado
y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la labor, en el presente asunto,
a partir de los contratos se observa el vínculo asociativo existente entre la
demandante y las cooperativas, pero no se tienen mayores elementos para
determinar las circunstancias en que se desarrolló dicha relación.

En el caso, no logra identificarse con precisión si las condiciones y
particularidades en que se dio la vinculación de la demandante a la E.S.E a través
de las cooperativas de trabajo desbordaron las limitaciones o prohibiciones de
tales asociaciones, imposibilitándose, de esta forma, el análisis de si existió o no
alguna clase de intermediación o tercerización laboral ilegal, en los términos
pretendidos en el proceso.

En ese sentido, se vislumbra que, aunque se allegaron los comprobantes de pago
de la cooperativa COOASTCOM realizados a favor de la demandante entre
marzo de 2010 a diciembre de 2011, así como los cuadros de turnos de esos

5
Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28 de
abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241
(2525-2014).

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mismos periodos, en los que se incluyó el número de horas mensuales
ejecutadas por la contratista, tales documentos no ofrecen información relevante
frente a las circunstancias en que se desarrolló por parte de la demandante la
labor contratada, ni permiten establecer cuáles fueron los condicionamientos y
exigencias que llevan a concluir que se desbordó el vínculo asociativo o
contractual suscrito y, de esta forma, que se presentó un encubrimiento de una
relación laboral.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión número
seis, por medio de la cual negó las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

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Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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