Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2013-00227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2013-00227-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2013-00227-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 5001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: JOSÉ RICAURTE RAIGOSA AGUIRRE Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 23 de noviembre de
2017, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al municipio de Puerto Gaitán.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los señores José Ricaurte Raigosa Aguirre y Ruth Carreño Cortés, obrando en
nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, demandaron al
municipio de Puerto Gaitán en ejercicio del medio de control de reparación directa,
con el fin de obtener la reparación de los perjuicios que -aseguraron- les fueron
causados por la ejecución de una diligencia policiva de lanzamiento por ocupación
de hecho, que después de finalizada fue declarada nula.
II.ANTECEDENTES
1. La demanda
El 7 de junio de 2013, los señores Ruth Carreño Cortés y José Ricaurte Raigosa
obrando en nombre propio y en representación de los menores José Esteban y
Daniel Felipe Raigosa Carreño, a través de apoderado debidamente constituido (fls.
1, C.1), y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda en contra del Municipio de Puerto Gaitán, con el propósito que se le
declare responsable por los daños ocasionados con la demolición de su vivienda,
del hotel y restaurante que venían funcionando en el predio denominado La
1
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Cristalina; así como por la destrucción de sus bienes y enseres, con ocasión de un
trámite policivo de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por la señora María
Viela Perdomo y, consecuentemente, se les indemnicen los perjuicios materiales -
daño emergente y lucro cesante- e inmateriales -perjuicio moral y fisiológico o de
relación (fls. 2-11, C. 1).
Los actores sustentaron sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:
En enero de 2007, los demandantes a través de funcionarios de la UNAT,
conocieron que la finca La Cristalina, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, se
encontraba abandonada por su propietario y que iba a pasar a manos de la entidad
por cuanto no era explotada, razón por la cual fueron motivados a participar en un
proyecto denominado “campesinos sin tierra”.
Por lo anterior, tomaron la decisión de parcelar y trabajar un lote que hacía parte de
la hacienda La Cristalina, siendo visitados en mayo y noviembre de 2008 por
funcionarios de la UNAT, y en enero de 2010 por funcionarios del INCODER,
quienes verificaron el trabajo realizado y recibieron los documentos requeridos para
su grupo familiar, lo cual fue de público conocimiento incluso para las autoridades
municipales.
Sin precisar fecha alguna, manifestaron que fueron visitados de manera sorpresiva
por la Procuradora 14 Agraria del Meta, quien informó que el inmueble ocupado se
encontraba protegido, motivo por el cual el proceso de extinción de dominio agrario
iniciado por la UNAT había terminado y en consecuencia serían desalojados.
Entre el año 2005 y el año 2009, la señora María Viela Perdomo Esquivel, en su
condición de propietaria de la hacienda La Cristalina, presentó ante la Inspección
de Policía del municipio de Puerto Gaitán varias querellas de lanzamiento por
ocupación de hecho en contra de los poseedores del predio. La administración
municipal inició varias actuaciones policivas, una de ellas en contra de los
demandantes, en calidad de personas indeterminadas, en la que no se les permitió
defenderse y fueron tratados de manera denigrante.
En razón a las constantes transgresiones al debido proceso en el trámite de
lanzamiento por ocupación de hecho, se presentó una acción de tutela contra la
entidad demandada que culminó con fallo de segunda instancia del Tribunal
Superior de Villavicencio, mediante el cual se ordenó declarar la nulidad de todo lo
actuado a partir de la admisión de la querella de lanzamiento, toda vez que se
incurrió en una vía de hecho por cuanto: i) fue tramitada por un funcionario
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
incompetente; ii) bajo un procedimiento que no correspondía; iii) la querella fue
instaurada de manera extemporánea, y iv) para la época en que inició la querella
existía una medida cautelar que impedía el lanzamiento o desalojo de los
poseedores que habitaban el predio La Cristalina.
Pese a lo resuelto en sede de tutela, los días 15 y 16 de junio de 2011, la Inspectora
Rural de Policía de Puerto Gaitán, acompañada del Personero Municipal, procedió
lanzar a los demandantes del inmueble que venían ocupando, tiró con
retroexcavadora la vivienda que habitaban, llevándose todos sus documentos,
facturas, muebles, enseres de su casa y del hotel que operaban en el lugar, los
objetos fueron entregados en depósito a la querellante María Viela Perdomo
Esquivel y, posteriormente, se perdieron.
Ante las reiteradas violaciones del municipio demandado, se inició un incidente de
desacato de tutela, a raíz del cual la entidad expidió la Resolución 1401 de 4 de
octubre de 2011, declarando la nulidad de todo el trámite de lanzamiento a partir del
momento en que admitió la querella de lanzamiento por ocupación de hecho
instaurada por la señora María Viela Perdomo Esquivel contra la señora Camila
Narváez y otros.
Finalmente, afirmaron padecer perjuicios económicos, físicos y morales, así como
el aislamiento de los menores y la desatención en su educación.
1.1. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida por el a quo mediante auto proferido el 2 de septiembre
de 2013 (fls. 160 -161 C. 1)1, el cual se notificó a la entidad demandada, al Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls. 161 vto., 168 –
171 c. 1).
El municipio de Puerto Gaitán guardó silencio dentro del término de traslado para
contestar, motivo por el cual el Tribunal tuvo por no contestada la demanda 2 y
procedió a fijar fecha para realizar la audiencia inicial, que se llevó a cabo el 6 de
abril de 20163, con la presencia de las partes y sus apoderados4, en esta se fijó el
objeto del litigio en los siguientes términos:
El asunto que se pone en conocimiento y para decisión del Tribunal, se contrae
en determinar si el MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META, es responsable
de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con
1
Previa inadmisión para que aclarara la estimación razonada de la cuantía (fl. 147- 158 C.1).
2
Véase auto del 7 de marzo de 2016 (fl. 179 C.1).
3
CD. fl 193, C.1. Archivo “2013 – 277. A INICIAL”.
4
En el desarrollo de la misma se agotó la etapa de saneamiento sin observaciones alguna de las
partes CD. fl 193, C.1. Archivo “2013 – 277. A INICIAL” minuto 0:01 a 07:03.
3
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
ocasión de la demolición de la casa de habitación y establecimiento de
comercio, que poseían en una porción de terreno de la Finca La Cristalina de
ese municipio, lo cual tuvo ocurrencia los días 15 y 16 de junio de 2011 a través
de diligencia policial de lanzamiento.5
Agotada la audiencia de práctica de pruebas6, el Tribunal, en audiencia del 2 de
junio de 2016 (fl. 267 vto., C.1), declaró cerrado el periodo probatorio y ordenó correr
traslados a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión7.
2. La sentencia impugnada
La Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el
23 de noviembre de 2017, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y se condenó en costas al municipio demandado (fls. 293 - 302 C. Seg.
Inst.).
Consideró que el daño antijurídico reclamado le era imputable a la administración
municipal por cuanto se efectuó un procedimiento policivo irregular que calificó
como una “vía de hecho”, dado que los funcionarios de la Inspección de Policía
desconocieron la extemporaneidad de la solicitud de lanzamiento, desconocieron la
normativa aplicable al trámite de lanzamiento por ocupación de predios agrarios
prevista en el Decreto 747 de 1992, y mucho menos tuvieron en cuenta que la
ocupación del inmueble se venía realizando de manera ininterrumpida por un
periodo mayor a los 8 años.
En suma, expuso que la Alcaldía de Puerto Gaitán, a través de la inspección de
Policía, había adelantado desde el 2008 otro proceso de lanzamiento sobre el
mismo predio contra personas indeterminadas, y pese a contar con una orden de
lanzamiento, incluida en la Resolución 015 del 30 de septiembre de 2008, esta no
se materializó por cuanto el abogado de la querellante no se hizo presente en la
diligencia. Por ello dedujo que la entidad demandada conocía de vieja data de una
ocupación del predio y no podía darse una “nueva” perturbación sobre la misma
porción de terreno, que venía siendo ocupada por personas identificables a partir
de la documentación allegada al proceso policivo, incluyendo a los hoy
demandantes.
5
Fl. 195 vto., c.1 y CD. fl 193, c.1. Archivo “2013 – 277. A INICIAL” minuto 7:33 a 11:52. La anterior
fijación no tuvo objeción alguna, razón por la cual el tribunal procedió a agotar la etapa de conciliación
la cual se declaró fallida por falta de ánimo de la entidad demandada (CD. fl 193, c.1. Archivo “2013
– 277. A INICIAL” minuto 11:53 a 16:02O. Agotadas las anteriores etapas, el tribunal realizó el
decreto de pruebas (fl. 194 -198 C. 1).
6
CD. Fl. 264 y acta visible a fls. 265 -268, C.1.
7
Traslado que fue descorrido únicamente por los apoderados de las partes sin que el Ministerio
Público realizara pronunciamiento alguno (fls. 269- 292 C.1).
4
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Le reprochó a la entidad demandada haber admitido la querella de lanzamiento, aun
cuando no había sido oportunamente presentada y había prescrito bajo las normas
del Decreto 092 de 1930, que dijo aplicar al caso, como tampoco de la normativa
prevista en el Decreto 747 de 1992, motivo por el cual el proceso policivo no podía
ser adelantado por dicha autoridad.
También le increpó haber proferido la Resolución 406 del 22 de noviembre de 2010,
mediante la cual tuvo por subsanada la querella de la señora Viela Perdomo por
“reunir a plenitud los requisitos de Ley”, pese a conocer la sentencia de tutela de 11
de agosto de 2010 proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, corporación
que había declarado la nulidad de la actuación por ser inadmisible en razón a que
dicha acción había prescrito al momento de su presentación.
Sostuvo que la entidad demandada incurrió en un ejercicio arbitrario de las
competencias propias de la autoridad administrativa, dado el abierto incumplimiento
de la orden proferida por el juez de tutela, en la que se consideró que uno de los
motivos para invalidar dicha actuación había sido la falta de competencia y la
prescripción de la acción policiva, sin tener en cuenta que lo procedente debió ser
adelantar una acción reivindicatoria por la propietaria del predio.
En consecuencia, condenó al pago de $50’999.945, por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente, correspondientes al valor de los
materiales de la vivienda de los demandantes, pero no reconoció el daño emergente
por bienes muebles, por considerar que hubo culpa exclusiva de la víctima en su
pérdida. Por último, negó los demás perjuicios requeridos por falta de prueba.
La anterior sentencia contó con un salvamento de voto de una de las magistradas
que integraron la Sala, quien consideró que se debieron negar las pretensiones por
falta de legitimación en la causa, porque los demandantes no probaron ser
propietarios ni poseedores de la casa cuya reparación reclamaron, y debido a que
invadieron un predio en donde construyeron unas mejoras sin la respectiva licencia
de construcción, de conformidad con el artículo 99 de la Ley 388 de 1997.
3. Los recursos de apelación
3.1. La parte demandante manifestó su inconformidad parcial respecto de lo resuelto
por el tribunal de primera instancia. Sostuvo que el material probatorio dio cuenta
de varias fallas en el trámite de la diligencia de lanzamiento, tales como no haber
designado un auxiliar de la justicia que recibiera los bienes muebles en depósito.
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Sobre la negativa de reconocimiento de perjuicios materiales por la pérdida de
bienes muebles afirmó que el material probatorio recaudado no daba cuenta de la
configuración de una culpa exclusiva de la víctima.
En relación con la negativa de reconocimiento de perjuicios morales y afectación a
las condiciones de existencia (daño a la vida en relación) por falta de prueba, adujo
que los primeros podían ser inferidos porque esta afectación era una consecuencia
natural, el hecho de despojar y desalojar del único patrimonio con que contaban
causaba angustia, dolor y tristeza. Y respecto de los segundos, eran de imposible
demostración, la vida íntima de una pareja y de sus relaciones sexuales eran actos
íntimos que no podían ser expuestos a la luz pública (fls.306 -308 C. Seg. Inst).
3.2. El municipio de Puerto Gaitán presentó recurso de alzada en contra de la
sentencia de primera instancia. Manifestó compartir los argumentos expuestos en
el salvamento de voto de la mencionada providencia, en el sentido de que no se
demostró la legitimación en la causa por activa de los demandantes y que no
resultaba razonable la indemnización de perjuicios con ocasión del comportamiento
irregular de los accionantes, esto es, el reconocimiento de mejoras que se realizaron
sin la existencia de una licencia de construcción.
Insistió en la falta de fundamento del dictamen de avalúo de los perjuicios
materiales, así como de la certificación sobre el costo de la mano de obra de
construcción de la vivienda emitida por quien dijo construir la casa de habitación de
los demandantes, dado que esta persona no acreditó tales calidades, y en el
interrogatorio de parte, el demandante manifestó que él mismo construyó su lugar
de habitación, además, no se demostró la existencia de una infraestructura
adecuada para el funcionamiento de un hotel y restaurante (fls.311-313 C.Seg.Inst).
4. La actuación en segunda instancia
Por auto del 5 de octubre de 2018, esta Corporación admitió el recurso de apelación
(fl. 365, C. Seg. Inst.) y mediante providencia del 31 de octubre siguiente, se corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio
Público para que rindiera su concepto (fl. 368, C. Seg. Inst.).
4.1. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en sede del recurso de
apelación sobre los errores en los que, a su entender, había cometido el tribunal de
primera instancia (fls. 372- 378, C. Seg. Inst.).
4.2. La parte demandada manifestó reiterar los argumentos de defensa expuestos
en sede de los alegatos de conclusión presentados en primera instancia y ratificó
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
todos los cargos del recurso de apelación presentado en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta (fl. 371, C. Seg. Inst.).
4.3. El Ministerio Público solicitó modificar parcialmente la sentencia apelada,
consideró que el daño antijurídico cuya reparación se reclama se concretó cuando
el ente municipal omitió dar cumplimiento al fallo de tutela del 11 de agosto de 2011
y continuó con el lanzamiento por ocupación de hecho, generando con esa
actuación perjuicios morales y materiales que sí debían ser objeto de
indemnización.
En el desarrollo de su argumentación expuso que la entidad demandada al ejecutar
el lanzamiento por ocupación incurrió en una vía de hecho, pues adoptó una
decisión que le había sido prohibida por orden judicial de tutela e inobservó la
normatividad vigente para esa época dentro del procedimiento de lanzamiento.
En relación con la negativa del perjuicio moral, conceptuó que la decisión del tribunal
no fue apropiada ni lógica, pues no tuvo en cuenta el sufrimiento que le implicaba a
una familia ser arbitrariamente despojada de su vivienda de habitación, hecho que
no solo se concretaba en una lesión material del patrimonio, sino en una afectación
moral de los demandantes, por cuanto les generó congoja, sufrimiento, dolor e
inhabilidad social y familiar.
Coincidió con el tribunal de primera instancia respecto de las razones que llevaron
a la negativa de los perjuicios materiales por pérdida de muebles y enseres, en tanto
se probó la configuración de una culpa exclusiva de la víctima, pues fue la parte
actora quien se negó a recibir los bienes recogidos por las autoridades municipales.
Manifestó su conformidad con la negativa a reconocer perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante, por tratarse de una “petición ultrapetita”. Agregó que
no había lugar a realizar reconocimiento alguno por este perjuicio, toda vez que no
se acreditó la legalización de los negocios o actividades comerciales que alegaba
ejecutar los demandantes ni una verdadera vocación de establecimiento de
comercio.
Estimó que no era procedente realizar reconocimiento alguno por la presunta
afectación a la vida en relación, ante la inexistencia de algún nexo causal entre el
hecho de que una pareja no pueda continuar con su vida marital y el desalojo de un
predio.
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
III. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer el presente asunto en atención a lo previsto
en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, por tratarse
de la apelación de una sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Meta.
Igualmente, en razón a la cuantía, porque la pretensión mayor8 superó el límite de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplado en el
numeral 6 del artículo 152 del CPACA, vigente para la época de presentación de la
demanda.
2.- Ejercicio oportuno de la acción
De conformidad con el escrito inicial, los hechos que dieron lugar al litigio ocurrieron
el 15 y 16 de junio de 2011, por lo tanto, el cómputo del término de caducidad debe
regirse por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo9.
En consecuencia, el término inicial para presentar la demanda comprendía entre el
17 de junio de 2011 y el 17 de junio de 2013. Este plazo fue suspendido el 8 de
marzo de 2012 con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial, cuando
faltaba 1 año, 3 meses y 10 días para la configuración de la caducidad. La
constancia de no acuerdo conciliatorio fue expedida el 15 de mayo de 2012 (fls.
137-138 C.1.); por tal motivo, el término para interponer la demanda se extendió
hasta el 25 de agosto de 2013. El escrito inicial fue radicado el 7 de junio de esa
misma anualidad, por consiguiente, resulta imperioso concluir que el medio de
control fue ejercido oportunamente.
3.- Legitimación en la causa
Para actuar dentro del presente proceso de reparación directa, los demandantes
adujeron que resultaron vinculados a la querella de lanzamiento por ocupación de
hecho por encontrarse habitando una porción de terreno de la finca La Cristalina,
ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, donde habían
realizado una serie de mejoras, entre ellas, la construcción de una casa de
habitación, un hotel y un restaurante.
8
La estimación del lucro cesante ascendió a $537.585.000, valor que para el año 2013 superaba el
límite de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, establece: “Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre los anteriores desde el
momento en que deben empezar a regir”.
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Precisamente, en el recurso de apelación, la apoderada de la entidad demandada,
con base en el salvamento de voto de una de las magistradas del Tribunal
Administrativo del Meta, argumentó la falta de legitimación en la causa por activa de
los demandantes al no acreditar su calidad de propietarios o poseedores; por su
parte, en los alegatos de conclusión de segunda instancia, el apoderado de los
actores reiteró que estos eran verdaderos poseedores.
Contrario a lo planteado en el recurso de apelación, los demandantes sí se
encuentran legitimados en la causa por activa, en razón a que, para el momento de
los hechos, se encontraban en el predio La Cristalina, donde habían realizado una
serie de construcciones, motivo por el cual resultaron vinculados como querellados
en la acción de lanzamiento por ocupación de hecho iniciada por la señora María
Viela Perdomo en contra de ocupantes indeterminados, admitida por la alcaldía del
municipio de Puerto Gaitán mediante la Resolución 009 del 24 de noviembre de
2009, dentro del cual, los señores José Ricaurte Raigosa y Ruth Carreño Cortés
confirieron poder el 2 de febrero de 2010 para ser representados por una profesional
del derecho (fls. 395-397 C.3), situación que confirma la legitimación en la causa
por activa para actuar en el presente litigio.
Por su parte, el municipio de Puerto Gaitán se encuentra legitimado en la causa por
pasiva en la medida en que tramitó y ejecutó la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho sobre el predio rural La Cristalina (C. 3 y 4), ejecución que
causó el daño cuya reparación reclaman los demandantes.
4.- Caso concreto
4.1.- Daño antijurídico
En el recurso de apelación de la parte demandada, además de atacar la
legitimación en la causa por activa, se reprocha también la antijuridicidad del daño,
pues se adujo: “que no hay lugar a reparar el daño irrogado por la parte actora, toda
vez que la actuación de los demandantes deviene de un comportamiento irregular,
en tanto invadieron un predio y construyeron unas mejoras sin la respectiva licencia
de construcción”.
La antijuridicidad del daño concierne con la calificación de la lesión sufrida por la
víctima, en el entendido que no existe alguna justificación normativa a partir de la
cual se derive una obligación de soportar el daño, es decir, debe tratarse de una
afectación contraria a todo el ordenamiento jurídico y que perturbe una situación
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
jurídicamente protegida 10 , de ahí que cuando medie una actividad ilícita no se
predique el carácter antijurídico del menoscabo.
En el plenario se verificó que el 15 y 16 de junio de 2011, la Inspección de Policía
del municipio de Puerto Gaitán ejecutó la diligencia de lanzamiento por ocupación
de hecho iniciada por la señora María Viela Perdomo en contra de indeterminados,
por la ocupación del predio La Cristalina, durante la cual se les generó un daño a
los demandantes consistente en la demolición de una serie de mejoras construidas,
como su casa de habitación, cercado, y una estructura destinada a la prestación de
los servicios de hotelería y restaurante; adicionalmente, se retiraron sus enseres,
que aparentemente fueron extraviados al ser entregados a la querellante (fls. 656-
657 C.4 y video entre fls. 1 y 2 C.1).
Para el presente asunto, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho
adelantada por el municipio de Puerto Gaitán, a través de la Inspección de Policía,
no es justificación jurídica válida, a partir de la cual los demandantes deban soportar
el daño, toda vez que la misma adoleció de una serie de irregularidades en su
procedimiento, e inclusive, desconoció un fallo de tutela, como se explicará en el
acápite de imputación.
En efecto, las autoridades de policía tienen competencia para adelantar las
diligencias de lanzamiento por ocupación de hecho cuando se evidencie una
ocupación arbitraria de un bien inmueble; pero, el procedimiento debe tramitarse
respetando los factores de competencia, términos, requisitos y etapas
contempladas en la norma aplicable; de lo contrario, la autoridad puede incurrir en
arbitrariedades que conlleven la vulneración de derechos fundamentales de las
personas involucradas, quienes estarían legitimados para solicitar la indemnización
de perjuicios cuando se verifiquen los elementos estructurantes de la
responsabilidad patrimonial del Estado.
De otra parte, la entidad accionada tampoco logró acreditar que los demandantes
hubieran incurrido en actos violentos, fraudulentos o ilícitos de cualquier tipo para
ocupar el inmueble, muestra de ello es que las denuncias penales o las querellas
instauradas por la propietaria del bien no se dirigieron directamente en contra de
los demandantes.
De hecho, se comprobó que sobre el predio La Cristalina, la Unidad Nacional de
Tierras Rurales-UNAT inició un proceso de extinción de dominio a partir del 7 de
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Juan Carlos Henao (1998). El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual
del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia.
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
abril de 2008. En el marco de tal proceso, se adelantó una visita previa el 10 de
octubre del año 2008, cuyo informe señala:
El predio se encuentra explotado con cultivos de pancoger como son cultivos
de yuca plátano en unas 100 has aproximadamente, 20 has en pasto minicota,
dulce y amargo.
Las personas con más tiempo de ocupación dicen tener 10 a 15 años de vivir
en el predio, 5 familias tienen ocupado de las 999 has que tiene el total del
predio, 500 has aproximadamente, y 30 familias lo tienen por lotes de 12 x 25
metros; la propietaria no está explotando el área restante del predio (fls.129 -
130 C.1).
En las planillas de los participantes de dicha visita aparecen los nombres de los
demandantes: Ruth Carreño Cortés y José Ricaurte Raigosa, cada uno con 25
hectáreas (fl.363 C.3).
Posteriormente, la UNAT expidió la Resolución No.1423 del 28 de octubre de 2008,
en esa oportunidad expuso que, en la etapa previa, la propietaria del predio no
allegó documentos con el fin de acreditar la explotación económica regular y estable
sobre la tierra. En cuanto a la situación específica del inmueble se consideró:
De conformidad con las pruebas allegadas al plenario, se establece que el
predio EL LA CRISTALINA, no ha sido objeto de explotación económica en su
totalidad por el titular de dominio, conforme a las exigencias de las Ley 1152 de
2008, y que la explotación allí existente la adelantan personas diferentes a
aquella, al que no reconocen como dueño y quien tampoco acreditó que exista
con los ocupantes algún vínculo de dependencia.
De los hechos establecidos a través de la visita previa se desprende que éste
se encuentra ocupado por terceros desde hace aproximadamente 10 a 15 años,
que implantaron diferentes cultivos en sus tierras. Actualmente existen 35
familias establecidas en estas tierras, sin reconocer dominio ajeno que ocupan
una extensión aproximada de 500 hectáreas, en donde adelantan explotación
económica, en actividades agropecuarias (fls. 131 -135 C.1).
Cabe aclarar que esta última resolución de la UNAT fue revocada de forma directa
por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER mediante la Resolución
No. 00113 del 17 de marzo de 2010, toda vez que el trámite de extinción de dominio
sobre el predio La Cristalina era improcedente por la existencia previa de una
medida de protección inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del bien (fls. 65 -
66 C.2), esto, a raíz del desplazamiento sufrido por la propietaria, circunstancia de
fuerza mayor que justificaba la falta de explotación del predio (fls. 428 -435 C.4).
A pesar de lo anterior, se colige que los demandantes no se encontraban
desarrollando actividades ilícitas en el predio, en tanto su destinación fue para su
propia habitación, junto con el desarrollo de actividades comerciales de hotelería y
11
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
restaurante, por tanto, no se avizora la existencia de una justificación normativa
para imponer a las víctimas la obligación de soportar el daño causado por la
ejecución de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, en razón a que
la misma fue declarada nula con posterioridad.
En la misma línea de pensamiento, en el caso concreto, el daño no se torna jurídico
por la ausencia de licencia de construcción regulada por el artículo 99 de la Ley 388
de 1997, dado que la demolición de una edificación debe estar precedida de un
procedimiento administrativo y de una orden de autoridad competente en ese
sentido, situación que no aconteció en el sub examine.
La falta de licencia de construcción no desaparece el derecho de propiedad de los
demandantes sobre los materiales empleados para la realización de las obras; ello
sustenta el eventual derecho de la víctima a obtener una indemnización por esos
objetos destruidos.
En sentido contrario, la existencia de licencia de construcción no torna en
antijurídicos todos los daños causados por la destrucción de una edificación, ya que
la misma puede ser utilizada para efectuar actividades ilícitas, lo cual podría
desembocar en una orden de demolición adoptada por una autoridad competente.
Desde luego, en ciertos supuestos la ausencia de licencia de construcción podría
dar lugar a que la víctima cuente con el deber jurídico de soportar el daño, o incluso
a la configuración del eximente por su culpa exclusiva; sin embargo, en el presente
caso no se probó alguno de los dos supuestos, debido a que la destrucción de las
obras no se materializó por la infracción a normas urbanísticas, sino por una
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho practicada de manera ilegal.
A lo sumo, las infracciones urbanísticas, presuntamente cometidas por los
demandantes, podrían dar lugar a sanciones administrativas, pero en el juicio de
responsabilidad estatal adelantado, esto no se tradujo en un deber jurídico de
soportar el daño causado por la administración, de ahí que se confirme el carácter
antijurídico del resultado dañoso.
La Sala no justifica las acciones de hecho realizadas por las personas que ocupan
arbitrariamente un predio, frente a las cuales es totalmente procedente adelantar la
diligencia de lanzamiento por ocupación, cuyo resultado puede consistir en el
desalojo de los ocupantes, quienes estarán en la obligación de soportar el daño,
siempre y cuando el procedimiento haya sido adelantado legalmente; sin embargo,
en el caso bajo estudio se evidenciaron una serie de irregularidades que impiden
12
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concluir la legalidad del resultado definitivo consistente en la destrucción de las
mejoras construidas por los demandantes.
4.2. Imputación
Este elemento del juicio de responsabilidad estatal no fue objeto del recurso de
apelación por parte de la entidad demandada, por tanto, se confirmará en su
integridad.
El juez de primera instancia comprendió que el municipio de Puerto Gaitán incurrió
en una irregularidad al expedir la Resolución No. 009 del 24 de noviembre de 2009
(fls. 37-41 C. 1), mediante la cual se admitió la querella de lanzamiento por
ocupación de hecho presentada por la señora María Viela Perdomo el 22 de octubre
de 2009 en contra de ocupantes indeterminados del predio La Cristalina (fls. 26 -36
C.1), por las siguientes razones:
I. No se aplicó el Decreto 747 de 1992, irregularidad que derivó en una serie de
errores que desembocaron en la vulneración del debido proceso de los querellados.
II. No se respetó el término para iniciar la acción de protección policiva, la cual debía
ser presentada dentro de los 15 días siguientes al acto de invasión, conforme lo
dispone el artículo 3° del Decreto 747 de 1992.
Indudablemente, la administración tenía conocimiento que la ocupación del predio
La Cristalina databa de unos años atrás, con ocasión de querellas presentadas
anteriormente (fl. 12-25, 49 C.1, fl. 613 C.4).
III. No se tuvo en consideración la existencia del proceso administrativo de extinción
de dominio adelantado por la UNAT sobre el predio La Cristalina a partir del 1 de
septiembre de 2008, dentro del cual se expidió la Resolución No. 1423 del 28 de
octubre de la misma anualidad (fls. 131-135 C.1), ordenando la inscripción del acto
administrativo en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, registro que
efectivamente se realizó el 4 de noviembre de 2008 (fls. 65 - 66 C.2), medida que
impedía el desalojo de campesinos ocupantes de predios agrarios según el artículo
5° del Decreto 747 de 1992.
Aunque el 17 de marzo de 2010, el INCODER adoptó la revocatoria directa de la
Resolución No. 1423 del 28 de octubre de 2008 (fls. 428 - 435 C.4), lo cierto es que,
para el momento de la admisión de la querella, el acto administrativo se encontraba
inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria, por lo que era inviable ordenar el
lanzamiento de los ocupantes del predio La Cristalina.
13
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
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Pese a las múltiples solicitudes de los apoderados de los querellados para
reconsiderar la orden de lanzamiento (fls. 328- 336 C.3), las oposiciones y recursos
presentados durante las propias diligencias (fls. 54 - 63 C. 1), la administración
municipal decidió continuar con la ejecución del lanzamiento (fls. 46 - 48, 51 - 52,
65 - 66 C.1).
Incluso los querellados tuvieron que acudir a diversas acciones de tutela para
intentar proteger sus derechos, es así como el 27 de mayo de 2010, el Tribunal
Administrativo del Meta resolvió la impugnación presentada contra la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio el 27 de abril de
2010, dentro de la acción de tutela promovida por Edilma Villamil Virguez en contra
de la Inspectora Rural de Policía de Puerto Gaitán y otros, estableciendo la
vulneración al debido proceso, por la falta de aplicación del artículo 5 del Decreto
747 de 1992, dado que se había demostrado la existencia de un proceso
administrativo de extinción de dominio que impedía ordenar el desalojo de los
ocupantes del predio La Cristalina (fls. 541 - 553 C.4).
En el mismo sentido, el 11 de agosto de 2010, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Villavicencio resolvió las impugnaciones presentadas en contra del fallo
de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto López (Meta), se
resalta:
Dicho lo anterior, en este caso el señor Alcalde Municipal de Puerto Gaitán
(Meta) ha debido rechazar de plano la querella al carecer de competencia tal
como lo establece el artículo 212 del mentado Código de Convivencia
ciudadana. Por cuanto, sin lugar a dudas se tiene que el precitado funcionario,
incurrió en vía de hecho, al no tener en cuenta: i) la normatividad aplicable para
tramitar la presente querella; ii) el término para iniciar la acción policiva y iii) la
medida cautelar, que prohibía el lanzamiento o desalojo de los poseedores que
habitaban el predio denominado la Cristalina, toda vez que para la época de la
iniciación de la querella, esto es para el 24 de noviembre de 2009, se
encontraba vigente la iniciación de un trámite administrativo por parte del
INCODER, sobre clarificación de propiedad.
En consecuencia, se decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso de
la accionante y declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión de la
querella de lanzamiento por ocupación de hecho instaurada por María Viela
Perdomo Esquivel contra Camila Narváez Toledo y otros (fls. 96 -114. C. 1).
La administración actuó en contravía de los fallos de tutela, argumentando que solo
tenían efectos interpartes y que el procedimiento de lanzamiento por ocupación de
hecho podía rehacerse (fl. 69 C.1, fls. 36-39 C. 2 y fls. 651-654 C.4), desconociendo
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Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
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Referencia: Reparación directa
que uno de los errores era insaneable: la querella había sido presentada por fuera
de término.
A pesar de las órdenes impartidas por los jueces de tutela, la Inspección Rural de
Policía de Puerto Gaitán, comisionada por la alcaldía del municipio de Puerto
Gaitán, ejecutó la diligencia de lanzamiento por ocupación en contra de los
demandantes los días 15 y 16 de junio 2011, destruyendo las mejoras realizadas
en el predio.
Las irregularidades cometidas por la administración solo fueron reconocidas
mediante la Resolución 1401 del 4 de octubre de 2011, a través de la cual el alcalde
municipal de Puerto Gaitán resolvió:
PRIMERO: Decreta la nulidad de Toda la actuación procesal surtida en la
Querella Policiva de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de María Viela
Perdomo contra Camila Narváez con de resolución No. 406-2010 de fecha
Noviembre 22 de 2010 y de María Viela Perdomo contra indeterminados con
resolución No. 009 de 2009 de fecha 24 de noviembre de 2009 desde la
admisión de la querella y en su lugar dispóngase el rechazo de plano de la
querella por haber operado el fenómeno de la caducidad conforme a lo
preceptuado en la decisión de segunda instancia y a lo indicado en el artículo
212 de la ordenanza 507 de 2002 (fls. 115 -117 C. 1).
Resolución que fue confirmada tanto por el mismo alcalde al resolver el recurso de
reposición (fls. 208 -212 C. 3), como por el gobernador del departamento del Meta
al desatar el recurso de apelación (fls. 241 - 247 C. 3).
Todo este panorama confirma la decisión del a quo, de tal modo que el daño
antijurídico sufrido por los demandantes le resulta imputable al municipio de Puerto
Gaitán como consecuencia de una falla en el servicio 11 , no solo por el
desconocimiento del principio de legalidad, sino también por la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso de los demandantes12.
5.-Liquidación de perjuicios
5.1. Daño emergente
En el recurso de apelación, la parte demandante solicita que se acceda al
reconocimiento de $7.713.450, valor correspondiente a los bienes muebles retirados
en la diligencia de lanzamiento y entregados en depósito a la querellante.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 27 de mayo de 2015, radicación No. 08001-23-31-000-1999-02289-01(34121), C.P.
Hernán Andrade Rincón (E).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 28 de mayo de 2015, radicación No. 13001-23-31-000-1998-00064-01(34365), C.P.
Stella Conto Díaz del Castillo.
15
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
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Referencia: Reparación directa
Verdaderamente, la Inspectora Rural del municipio de Puerto Gaitán incurrió en un
error al entregar esos bienes a la querellante; sin embargo, la sentencia de primera
instancia deberá ser confirmada en este aspecto, por cuanto del vídeo filmado por
la señora Ruth Carreño Cortés y del acta de la diligencia de lanzamiento se
desprende:
(…) ingresamos llegando a una casa de habitación en ella se encuentra la
señora RUTH CARREÑO quien se niega a atender la diligencia, junto con ella
un trabajador suyo el señor CARLOS DE JESUS RAIGOZA VALENCIA junto
con su núcleo familiar, la comisaria de familia atiende lo referente a lo
concernientes a los dos menores que se encuentran, de igual forma al sitio llega
su apoderado el dr. Diego Gutiérrez, quien les sugiere que saquen sus
pertenencias a lo cual se oponen.
En vista de que se trata de llegar a una conciliación para sacar los enseres y lo
que a bien pudiera a lo cual se obtuvo negativas; por lo tanto este despacho da
la orden de sacar los enseres realizando inventario; con posterioridad a lo
anterior se demuele la casa de madera, tejas de zinc y lona hacia un lado en
otra parte un encierro en lona y dreiwboll (sic).
(…) La señora RUTH CARREÑO, desea saber el inventario el cual se anexara
a la misma se le hace saber que todo el tiempo ella ha realizado grabación y
con esta verificara el estado de sus bienes. Todos los bienes quedarán en
depósito gratuito de la señora Querellante.
De lo anterior se colige que a la señora Ruth Carreño Cortés se le concedió la
oportunidad de recoger voluntariamente los bienes por los cuales hoy reclama ser
indemnizada, frente a lo que se opuso rotundamente, situación que habría evitado
la pérdida de los mismos. Además, tampoco se encuentra plenamente probado que
estos se extraviaron definitivamente ni los requerimientos realizados por la
accionante para su recuperación.
De otra parte, en el recurso de apelación de la entidad demandada se manifestó:
En el dictamen pericial se tasa el valor de la construcción teniendo en cuenta la
edificación de la vivienda, hospedaje y restaurante; si bien se dijo que
funcionaba en el predio un restaurante, y existe dentro de la documental un
certificado de matrícula mercantil en el que se advierte que la señora Ruth
Carreño realizaba esa actividad económica, del análisis del acerbo probatorio
no puede concluirse que en el predio existiere una infraestructura adecuada
para realizar este tipo de actividad, menor aun una construcción para prestar el
servicio de hospedaje, luego entonces, no es factible que el H. Tribunal acepte
el avaluó comercial de la mejora determinando por la señora perito, pues el
mismo carece de todo soporte.
Asimismo, ataca la valoración de la certificación suscrita por el señor Jorge Olimpo
Conde, al no acreditarse la calidad de quien lo suscribió y encontrarse en
contradicción con el interrogatorio de parte del señor José Ricaurte Raigosa.
16
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
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Pues bien, no es verdad que el dictamen pericial rendido por la auxiliar de la justicia
carezca de sustento documental (fls. 214 - 263 C.1 y video CD. fl. 264 C.1), en vista
de que se fundamentó en el registro fílmico realizado por la señora Ruth Carreño
Cortés durante la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual puede
ser valorado porque se conoce su autor, la fecha de realización, el lugar de los
hechos y se encuentra corroborado con otros medios de prueba, como las mismas
actas de la diligencia de lanzamiento suscrita por la Inspectora de Policía Rural de
Puerto Gaitán (fls. 656-657 C.4).13
En este registro fílmico se pueden observar objetos para adelantar las actividades
de hotelería y restaurante, de hecho, en una de las fotografías, se observa un aviso
con el ofrecimiento de alquiler de habitaciones; por consiguiente, el dictamen
pericial rendido para acreditar el valor de los materiales empleados en las
construcciones sí cuenta con mérito probatorio, sin que la entidad demandada lo
hubiera desvirtuado con el interrogatorio realizado al perito o con el ofrecimiento de
algún otro medio de prueba.
La certificación suscrita por el señor Jorge Olimpo Conde puede ser valorada (fl.
144 C.1), ante la ausencia de solicitud de ratificación por parte de la apoderada de
la entidad demandada, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 277 del
CPC, aplicable para este punto específico, en tanto la notificación del auto admisorio
se verificó en el año 2013, cuando dicho estatuto procesal todavía se encontraba
vigente.
Aunque en el interrogatorio de parte realizado al señor José Ricaurte Raigosa
Aguirre (fls. 265- 268 C. 1. y CD. fl. 264) se indicó que la casa la construyó él mismo;
esa afirmación no puede ser tomada aisladamente, toda vez que el demandante
también precisó que pagaban el día a trabajadores por su ayuda, siendo habitual
que una edificación se realice por varias personas.
En definitiva, el a quo no erró al darle credibilidad al dictamen pericial y al restar el
valor de la mano de obra con base en la certificación suscrita por el señor Jorge
Olimpo Conde, medios probatorios que no resultaron refutados por la entidad
demandada.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014, radicación No. 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832),
C.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, radicación
No. 73001-23-31-000-2007-00616-01(45211), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección B,
sentencia del 3 de abril de 2020, radicación No. 05001-23-31-000-2009-01173-01(48569), C.P.
Ramiro Pazos Guerrero.
17
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia sobre este asunto,
procediendo únicamente la actualización por los valores reconocidos en primera
instancia.
Ra= Rh x Índice final (julio 2023)
Índice inicial (noviembre 2017)
Ra= $50.999.945,88 x 134,45
96,55
Ra = $ 71.019.603,56
Total perjuicio por daño emergente: $ 71.019.603,56
5.2. Lucro cesante
La Sala confirmará la negativa a reconocer algún perjuicio por concepto de lucro
cesante, por cuanto el recurso de apelación no comprendió este aspecto, de ahí
que sea imposible evaluar nuevamente la concesión de este perjuicio en virtud del
artículo 320 del Código General del Proceso.
El apoderado de los actores intentó corregir su omisión mediante la presentación
ante el juez de primera instancia de dos incidentes de nulidad por violación al debido
proceso, fundamentados en la falta de reconocimiento del lucro cesante (fls. 339 -
343 y 349 - 351 C. Seg. Inst), solicitud resuelta desfavorablemente por el a quo
mediante providencia del 18 de julio de 2018 (fls.358-359 C. Seg.Inst.).
De igual modo, en los alegatos de conclusión solicitó ese concepto indemnizatorio
(fls. 372 a 378 C.Seg. Inst); empero, aceptar tales actuaciones, como reparos
concretos frente a la sentencia de primera instancia, implicaría revivir una
oportunidad precluida e impediría a la contraparte ejercer su derecho de defensa.
5.3. Perjuicio moral
El apoderado de los actores solicitó el reconocimiento de este perjuicio bajo
argumentos de orden lógico, en el entendido que al ser destruida la casa de
habitación de los demandantes y ser despojados de su patrimonio resultaron
afectados emocionalmente.
En este punto, le asiste razón el apoderado de la parte actora, por cuanto del
contexto en el que se produjo el daño se puede inferir que se generó un perjuicio
18
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
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Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
moral, ya que, a raíz de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho a
todas luces ilegal, se destruyó el hogar donde habitaban los demandantes, dentro
de los cuales se encontraban dos niños: José Esteban y Daniel Felipe Raigosa
Carreño.
En efecto, las máximas de la experiencia enseñan que la destrucción del lugar
considerado por una familia como su hogar, donde se realizan una serie de
actividades cotidianas que permiten materializar diferentes derechos
fundamentales (vida digna, familia, salud, derechos de los niños, recreación,
trabajo, entre otros) genera tristeza y sufrimiento.
Por consiguiente, se reconocerá una indemnización equivalente a 50 SMLMV para
cada uno de los demandantes por concepto de perjuicio moral.
5.4. Perjuicio fisiológico o de relación
A partir de las sentencias proferidas el 14 de septiembre de 201114, posteriormente
reiteradas en el año 2014 mediante sentencia de unificación15, esta Corporación
reconsideró los conceptos de daño a la vida de relación y alteración grave a las
condiciones de existencia, para dar paso al perjuicio inmaterial denominado daño a
la salud.
En el plenario no quedó confirmado que los demandantes hayan sufrido una
afectación a su integridad psicofísica con ocasión de la diligencia de lanzamiento
por ocupación de hecho, puesto que no se realizaron esfuerzos probatorios para
allegar el conocimiento necesario con el fin de reconocer tal perjuicio, como sería
aportar la historia clínica o un dictamen pericial que dé cuenta de las enfermedades
surgidas a partir del hecho dañoso.
En igual sentido, no procede el reconocimiento de indemnización alguna por el
truncamiento del desarrollo normal de sus actividades, como las incomodidades de
tener que solicitar hospedaje en casa vecina o la imposibilidad de seguir teniendo
relaciones sexuales, aspectos que actualmente podrían ser reconducidos a una
afectación relevante a derechos constitucionales 16 , ello en razón a que no se
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de septiembre de 2011, radicación No.
05001-23-25-000-1994-00020-01(19031) y 05001-23-31-000-2007-00139-01(38222), C.P. Enrique
Gil Botero.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
del 28 de agosto de 2014, radicación No. 05001-23-31-000-1997-01172-01(31170), C.P. Enrique Gil
Botero.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, radicación No. 66001-23-31-000-2001-00731-
01(26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; radicación No. 05001-23-25-000-1999-01063-
01(32988), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
19
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
allegaron medios probatorios que sustenten tal pretensión indemnizatoria, para lo
cual se podía acudir a cualquiera de los medios de prueba previstos en el artículo
165 del Código General del Proceso.
En contraposición a ello, la única información que apuntó a tales supuestos fácticos
fue vertida por el interrogatorio rendido por la señora Ruth Carreño Cortés, quien
confesó que luego del lanzamiento se hospedaron en el hotel La Cristalina (fls. 265-
268 c.ppal 1 y Cd. fl. 264), circunstancia que pone en entredicho la materialización
de las incomodidades narradas por la parte demandante.
5.5. Perjuicio por vulneración relevante del derecho fundamental al debido
proceso
En concordancia con el precedente jurisprudencial sobre reparación integral por
afectación relevante a bienes o derechos constitucional y/o convencionalmente
protegidos 17 , se ordenará a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán, la
publicación de la sentencia en la página web oficial de la entidad y en las oficinas
de las inspecciones de Policía encargadas de adelantar las diligencias de
lanzamiento por ocupación de hecho, para lo cual contará con el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, lo anterior
como medida no pecuniaria de reparación por la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de los demandantes.
6.-Costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia debe disponerse
sobre la imposición de costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto
procesal civil. Como la condena obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta subjetiva de las partes, sino los condicionamientos expresamente
consagrados.
En atención a lo regulado por el artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la
entidad demandada, quien resultó vencida en el presente proceso. En cuanto a su
liquidación se hará de manera concentrada por el a quo, según lo previsto por el
artículo 366 del estatuto procesal general.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencias del 28 de agosto de 2014, radicación No. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y radicación No. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988), C.P.
Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
20
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
acuerdo con el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se debe considerar la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, así como la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.
Así las cosas, en aplicación del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda18, se fijan como
agencias en derecho el 1% del valor de las pretensiones reconocidas en la
sentencia19, porcentaje equivalente a $ 710.196,03.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017);
en su lugar, se reconocerá una indemnización equivalente a 50 SMLMV por
concepto de perjuicio moral en favor de cada uno de los demandantes: Ruth
Carreño Cortés, José Ricaurte Raigosa, José Esteban y Daniel Felipe Raigosa
Carreño.
SEGUNDO: ORDENAR a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán la publicación
de la presente sentencia en la página web de la entidad y en las oficinas de las
inspecciones de Policía encargadas de adelantar las diligencias de lanzamiento por
ocupación de hecho, para lo cual contará con el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación del fallo.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
CUARTO: ACTUALIZAR la condena por concepto de daño emergente en la suma
de $71.019.603,56.
QUINTO: CONDENAR en costas en segunda instancia al municipio de Puerto
Gaitán, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo.
18
La demanda fue presentada el 7 de junio de 2013.
19
$71.019.603,56.
21
Radicación:05001-23-33-000-2013-00227-01 (62143)
Actor: José Ricaurte Raigosa Aguirre y otros
Demandado: Municipio de Puerto Gaitán
Referencia: Reparación directa
Se fijan como agencias en derecho en segunda instancia, a cargo de la entidad
demandada y en favor de los demandantes la suma de $710.196,03.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER el
expediente a su Tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Salvamento parcial de voto
VF
22
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