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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2013-00337-01

Fecha
4 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2013-00337-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2016 por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2013-00337-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

4 de julio de 2024

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: CLARA MATILDE ROJAS NAIZA
Demandado: CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Tesis: No incurre en incongruencia ni en la consecuente
violación al debido proceso, el fallo que declaró
fiscalmente responsable a la actora por omitir adelantar
las actividades tendientes para legalizar el servicio de
energía ante la EMSA para la iluminación de los senderos
peatonales de la Villa Olímpica del municipio de
Villavicencio con ocasión del contrato de obra nro. 016
de 2005.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2016 por la Sala de
Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Meta, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Clara Matilde Rojas Naiza, actuando por conducto de apoderada
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA, presentó demanda en
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Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

contra de la Contraloría Departamental del Meta, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare la Nulidad de los Actos administrativos distinguidos
como: a) Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 012-12 del 23 de noviembre
de 2012 proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 0308
por el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
EDGAR IVAN BALCAZAR MAYORGA; b) Auto o Fallo del 27 de diciembre
de 2012 que resuelve el recurso de APELACIÓN dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 0308.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se dé por terminado el proceso
de jurisdicción coactiva iniciado por la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL META contra CLARA MATILDE ROJAS NAIZA como cobro ejecutivo de
la condena de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECENTOS
(sic) UN MIL CHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($237.901.882.63).

3. Que se retire del listado SIBOR o boletin de sancionados de la
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META el nombre CLARA MATILDE
ROJAS NAIZA (…).

4. Se condene la demandada al pago por indemnización de perjuicios
materiales causados a CLARA MATILDE ROJAS NAIZA la suma de
Doscientos Treinta Y Siete Millones Novecientos Un Mil Ochocientos
Ochenta Y Dos Pesos Con Sesenta Y Tres Centavos ($237.901.882.63) o
aquella suma que se haga efectiva.

5. Se condene a la demandada al pago como indemnización de perjuicios
morales causados a CLARA MATILDE ROJAS NAIZA en el equivalente a
Dos Mil Gramos Oro (Banco República) o sea en la suma de Setenta Y
Cuatro Millones Doscientos Veinte Y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta
Pesos ($74.229.450).

[…]” (mayúsculas originales).

1.2. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados la
Contraloría Departamental del Meta transgredió los artículos 6, 29 y 209
de la Constitución Política, así como los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 22, 23 y 55
de la Ley 610 de 2000, y los artículos 44 y 50 del CCA.

En lo que tiene que ver el concepto de violación, manifestó que se vulneró
el artículo 2 de la Ley 610 de 2000, en particular la garantía del debido

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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

proceso, así como el derecho de defensa “cuando varió el hecho o
conducta que presuntamente generó el daño fiscal”.

Alegó que en el auto de imputación del 12 de octubre de 2012 se indicó
que el hecho lo constituye “(…) que durante la primera visita practicada
al instituto de deportes por la Contraloría el 24 de mayo de 2007 se
observó que la iluminación no se había puesto en funcionamiento en razón
a que la entidad contratante no había realizado la legalización del servicio
de energía, no obstante, a que el contratista hizo entrega la (sic)
respectiva documentación para el correspondiente trámite”.

Agregó que, como se advirtió en el mismo documento, “(…) la obra fue
entregada el 27 de diciembre de 2006 lo cual consta en el Acta de recibo
final (folio 196), que el contrato fue liquidado por mutuo acuerdo en la
misma fecha (folio 194), y que pese a estas circunstancias la iluminación
estaba siendo inutilizada, éste ente de control en comité de quejas
concluyó que el valor de las obras correspondientes al ítem dos (2) RED
DE BAJA TENSIÓN debía llevarse a detrimento patrimonial pues la
inversión realizada en las redes eléctricas no cumplieron la finalidad para
la cual fueron contratadas y canceladas por la administración”.

Sostuvo que, bajo ese criterio, la defensa estaba centrada en que la obra
como tal se ejecutó y se recibió en cada uno de los componentes en las
cantidades y calidades que comprendía ese ítem, obra que corresponde
al mismo valor tomado por la Contraloría como daño patrimonial
$186.863.667, y que después se reajustó indexada a la suma de
$237.901.882.63.

Señaló que en el fallo de responsabilidad fiscal se le atribuyó como hecho
generador del daño patrimonial que “(…) no cumplió con los principios
previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, en realizar las
actividades requeridas para el funcionamiento de la iluminación y con ello
cumplir con la función y finalidad de la obra contratada, por ende esta
obra nunca funcionó, teniendo la obligación de desplegar y realizar las
actividades tendientes a lograr la electrificación de la zona donde se
realizó el contrato objeto de censura por esta vía fiscal, además contó

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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

durante la ejecución del contrato con todas las prerrogativas y facultades
inherentes a su cargo para reordenar dicha construcción o reparación, en
lo que tiene que ver con el ítem del alumbrado de senderos peatonales”,
de donde consideró que el hecho invocado en el fallo de primera instancia
no es el mismo que el imputado en el auto de responsabilidad fiscal.

Aseveró que “es así, como el hecho reprochable de no adelantar las
actividades tendientes a la legalización del servicio de energía, el auto de
imputación desaparece y en la segunda decisión (fallo con responsabilidad
fiscal) se le atribuye a mi mandante CLARA ROJAS, negligencia respecto
de lograr la electrificación de la zona y hasta se le censura el no desplegar
actividades como reordenar la construcción o la reparación de los
senderos peatonales”.

Aludió que, pese a que dicha situación se observó en el recurso de
reposición y en subsidio en la apelación como “incongruencia entre lo
dispuesto en el auto de imputación de responsabilidad fiscal con el fallo
de primera instancia”, la Contraloría no aceptó el argumento y adoptó la
decisión de última instancia sin aclarar el fallo, de donde concluyó que se
violó el derecho a la debida defensa porque la demandada desconoció el
principio de congruencia.

Argumentó que “(…) de existir daño patrimonial, el mismo se debió haber
calculado sobre la base del costo de la gestión y pago de la licencia,
permiso o matricula del servicio de energía ante la EMSA, costo que no
aparece determinado dentro del proceso de contratación, y que se señaló
en el auto de imputación de responsabilidad como el hecho generador del
daño, razón por la que al no aparecer tasado dentro del proceso, no existe
fundamento para asimilarlo al valor de la obra”.

Indicó que “(…) si lo que la demandada pretendía es tomar como valor,
la pérdida por hurto (no se dio traslado a la fiscalía) de algunos de los
elementos de este ítem de la obra como cableado o lámparas, debió
inventariarlas y determinar el costo, pero tampoco lo hizo”.

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Añadió que no es posible contabilizar la totalidad de la obra por cuanto la
misma se llevó a cabo, de donde consideró que quedó demostrada la
inexistencia de fundamento real para determinar el daño patrimonial, y
que, pese a que “dentro del plenario aparecen pruebas que llevan a la
conclusión que el hecho generador de una conducta digna de reproche es
la no gestión o trámite de la licencia, o matricula de electrificación del
proyecto radicado ante la EMSA, denominado SISTEMA DE ALUMBRADO
PUBLICO DE LA VILLA OLIMPICA, es necesario insistir en este proceso
como se hizo en el momento de la defensa ante el ente fiscalizador, que
los trámites que viabilizarían la prestación del servicio de alumbrado están
señalados por la misma EMSA, y correspondían al Contratista y de esta
manera lo debió tener en cuenta el Interventor”.

Cuestionó que el ente fiscalizador haya desconocido lo dispuesto en la
cláusula novena del contrato nro. 016 de 2005 referido a las obligaciones
del contratista, cual era “tramitar las licencias y permisos necesarios para
la ejecución de las obras ante las entidades competentes, así como los
paz y salvos requeridos por las entidades departamentales para la
liquidación del contrato, asumiendo los costos que estos trámites
generen”.

Aseguró que antes del recibo de la obra se debió adelantar ese trámite y
que ni siquiera debieron hacerse pruebas de funcionamiento sin lograr la
licencia ante la EMSA, y que la prueba de ello está a folio 502 del proceso
de responsabilidad fiscal, cuando la EMSA determina las etapas de un
proyecto eléctrico, donde para todas ellas debe acudir a un ingeniero
electricista, lo que culmina con la matrícula, por lo que se trataba de
obligaciones propias del contratista.

Alegó que el contratista ni siquiera se preocupó por hacer la entrega de
la totalidad de los documentos requeridos por la EMSA, ya que no aportó
planos, declaración extrajuicio, ni aprobación, la que no se debe confundir
con la constancia de montaje del transformador; y que, pese a ello, la

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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

Contraloría Departamental del Meta exoneró de responsabilidad fiscal
tanto al contratista como al interventor.

Por último, adujo que, pese a que se interpusieron los recursos de
reposición y de apelación, la parte demandada omitió resolver el recurso
de reposición y “saltándose este trámite, procede a resolver la apelación
(…) violando el debido proceso (…) y desconociendo nuevamente el
derecho a la defensa (…)”, y que “(…) el vicio de abuso o exceso de poder,
se evidencia con la expedición irregular de los anteriormente señalados
actos, los que desconocen los derechos de audiencia y de defensa,
violando o quebrantando la norma superiores a ellos, como son la
Constitución y la Ley”.

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda correspondió en reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio que, por auto del 22 de agosto de 2013,
declaró la falta de competencia y dispuso su remisión al Tribunal
Administrativo del Meta2.

2.2. En el Tribunal Administrativo del Meta fue asignada el 4 de
septiembre de 2013 a la Sala de Decisión nro. 1, despacho del magistrado
Eduardo Salinas Escobar3, quien, por auto del 9 de diciembre de 2013,
admitió la demanda y ordenó la notificación personal a la parte
demandada, así como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado4.

2.3. Contestación de la demanda

2
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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Por escrito radicado en oportunidad, la Contraloría Departamental del
Meta, actuando por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones5.

Expuso de manera general que los actos constitutivos del fallo con
responsabilidad fiscal fueron expedidos con el lleno de los requisitos
legales y estuvieron sustentados en los artículos 267, 268 y 272 de la
Constitución Política, en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, así como
en las resoluciones de competencia del Contralor Departamental del Meta.

Aseveró que las decisiones garantizaron el derecho de defensa, el debido
proceso, se atendió el material probatorio y demás derechos
constitucionales y legales para imputar responsabilidad fiscal contra la
directora del INDERMETA por la negligencia y descuido en el control y
seguimiento del Contrato nro. 016 de 2005, afectando con dicha actuación
la planeación contractual, presupuestal y legal para que las obras
contratadas se efectuaran en su integridad y así evitar la pérdida de la
inversión de recursos públicos, como se relata en las circunstancias de
hecho y de derecho en el fallo de responsabilidad fiscal.

Indicó que en los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la
Contraloría Departamental del Meta se observa claramente con base en
el acervo probatorio allegado que se cumplieron íntegramente todos los
elementos para imputarle responsabilidad por su omisión y negligencia en
el control y seguimiento de las actividades que como directora debía
ejercer en el respectivo contrato.

2.4. El 6 de octubre de 20166, el magistrado de conocimiento llevó a cabo
la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
en la que dejó constancia que la parte demandada no propuso
excepciones, ni encontró ninguna configurada de oficio; fijó el litigio y

5
Ibídem.
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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como problema jurídico expuso: “corresponde a la Sala determinar la
legalidad de los actos por medio de los cuales se falló con responsabilidad
fiscal en contra de la señora CLARA MATILDE ROJAS NAIZA,
estableciendo, si se encuentran viciados de nulidad por i) violación al
debido proceso; ii) infracción de las normas en las que debían fundarse,
y iii) desviación de poder”.

Las partes manifestaron no tener objeción alguna; se indagó la posibilidad
de conciliación la cual se declaró fallida ante la falta de ánimo
conciliatorio; se tuvieron como pruebas las documentales aportadas por
las partes, se prescindió de la audiencia de pruebas, se corrió traslado en
audiencia a las partes para alegar de conclusión y una vez escuchados los
alegatos se informó que la sentencia se proferiría por escrito dentro de
los treinta días siguientes.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Meta, en
sentencia del 9 de noviembre de 2016, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente7:

Recordó que la parte actora pretendía la declaratoria de nulidad de los
fallos con responsabilidad fiscal proferidos en primera y segunda instancia
por la Contraloría Departamental del Meta, por considerar que incurrieron
en los vicios de violación al debido proceso, infracción de las normas en
que debieron fundarse y desviación de poder.

En relación con la violación del debido proceso, consideró que el proceso
de responsabilidad fiscal fue adelantado bajo la ritualidad de la Ley 610
de 2000.

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Expuso que, “(…) de los documentos que se encuentran en el expediente
administrativo anexo, se advierte que el proceso de la causa fiscal en el
que se profirió fallo en contra de la demandante, se abrió formalmente el
8 de enero de 2008, por medio del auto No. 003-08, donde se señaló de
manera expresa que dicha decisión se adoptaba como consecuencia de la
presunta irregularidad detectada en virtud de la Queja nro. 186 de 2006,
derivada del contrato nro. 016 de 2005, respecto del ítems de iluminación
que no había sido puesto en funcionamiento; fundamento que
corresponde al primer impulso de la mencionada queja, que es la
conclusión de la visita realizada por la Contraloría Departamental del Meta
• Control Físico, los días 24 y 25 de mayo y 14 y 15 de junio de 2007”.

Aseveró que, en cumplimiento de las decisiones adoptadas en el auto de
apertura, el 7 de febrero de 2008 se recibió la versión libre de la señora
Clara Matilde Rojas Naiza, en donde se le comunicó que estaba encausada
como presunta responsable de las irregularidades derivadas de la queja
nro. 186 de 2006, respecto del Contrato nro. 016 de 2005 - ítems de
iluminación que no había sido puesto en funcionamiento y se le informó
que podía actuar en nombre propio o por medio de abogado, aportar las
pruebas que considerara pertinentes y controvertir las que obraran y se
allegaran al expediente.

Observó que, por medio de los autos del 12 de febrero de 2010, 12 de
julio y 9 de agosto de 2012, la Contraloría había decretado pruebas de
oficio, las cuales consideró fueron el soporte para proferir el auto de
imputación en contra de la demandante y otros, cuyo fundamento había
sido la irregularidad derivada de la queja nro. 186 de 2006 respecto del
contrato No. 016 de 2005 - ítems de iluminación que no había sido puesto
en funcionamiento, en razón a que la entidad contratante no hizo la
legalización del servicio de energía, pese a que el contratista entregó la
respectiva documentación para ese trámite, teniendo como pruebas,
entre otras, el oficio del 24 de agosto de 2012, “en el cual la EMSA informa
las etapas de un proyecto eléctrico, señalando en el punto nro. 5 que la

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"Solicitud de matrícula de usuario frente a la EMSA. El dueño del proyecto
con el Ingeniero o el técnico que construyo (sic) la baja tensión".

Destacó que, acorde con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 610 de
2000, el auto de imputación fue notificado de manera personal a la
demandante el 22 de octubre de 2012, haciéndole saber que tenía diez
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación para
presentar argumentos de defensa, solicitar y aportar pruebas; pero dicho
término trascurrió en silencio respecto de la señora Rojas Naiza, quien no
hizo uso del derecho de defensa para controvertir el auto de imputación.

Agregó que, siguiendo el rito procesal de la Ley 610 de 2000, la entidad
demandada profirió fallo de responsabilidad fiscal en contra de la señora
Clara Matilde Rojas Naiza, al encontrar que, durante el tiempo que fungió
como directora de IDERMETA, actuó de manera negligente, omisiva y
descuidada en realizar los trámites de la licencia respectiva ante la EMSA
para obtener el suministro de energía y de esta forma poner en
funcionamiento la red de baja tensión a que hizo referencia el ítem nro. 2
del Contrato de Obra nro. 016 de 2005, “el cual si bien no fue suscrito por
la demandante, si fue liquidado de mutuo acuerdo por las partes, siendo
ella la gerente de la entidad contratante”.

Resaltó que la anterior decisión fue clara al señalar que no se le endilgaba
responsabilidad a la ex funcionarla por haber suscrito y liquidado y/o
terminado el contrato en mención, sino por su conducta negligente, pues
si bien es cierto, se cumplió con su objeto, respecto del ítem nro. 2 que
fue la entrega de la infraestructura, la misma no funcionó debido a que la
gerente nunca gestionó la licencia del servicio ante la empresa
prestadora, lo que conllevó al detrimento patrimonial de los recursos
invertidos en el contrato para la ejecución de la obra.

Así mismo, expuso que se resolvieron los recursos de reposición y de
apelación que la parte actora interpuso, por lo que, contrario a lo afirmado
por aquella, “(…) la apertura del proceso, el auto de imputación y las

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decisiones de primera y segunda instancia, estuvieron debidamente
motivadas, de manera precisa, completa, adecuada y sobre todo el
proceso siempre guardó coherencia y conexidad en la determinación del
hecho generador del daño, como fue, que la iluminación de los senderos
peatonales de la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio contratada y
pagada por IDERMETA a través del Contrato de Obra. No. 016 de 2005,
no se puso en funcionamiento, debido a que la entidad representada para
la época por la gerente CLARA MATILDE ROJAS NAIZA no gestionó la
matricula del proyecto ante la EMSA”.

Analizó que a la actora no se le violaron los derechos al debido proceso y
defensa y que “(…) situación diferente es que adoptó una actitud pasiva
de defensa frente al proceso de responsabilidad fiscal que se le
adelantaba, pues los argumentos con los que se presenta a esta instancia
judicial, corresponden más a argumentos de defensa que debió haber
debatido frente a la entidad, en la etapa procesal indicada para ello, como
lo era, haber ejercido su defensa frente al auto de imputación, el cual fue
proferido el 12 de octubre de 2012 y notificado de manera personal el 22
de octubre siguiente, reiterando que, la señora Rojas Naiza, era
conocedora en ese momento que contaba con 10 días hábiles, para
presentar argumentos de defesa, solicitar y aportar pruebas, de
conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, lo
cual nunca hizo, solamente vino a ejercer su defensa frente al fallo que le
fue desfavorable, cuando ya no tenía la oportunidad de aportar, solicitar
o controvertir las pruebas que le permitieran salir avante de la causa”.

Concluyó que no existió violación al debido proceso e infracción de las
normas en que debieron fundarse los actos acusados, y se relevó de hacer
cualquier análisis del cargo de desviación de poder “(…) en razón a que
nada se señaló al respecto, simplemente se enunció el cargo pero sin
hacer ningún desarrollo del mismo, aunado a que conforme al supuesto
de hecho que el mismo requiere para su configuración, en el estudio
realizado, no se vislumbra que las decisiones de la contraloría hayan sido
proferidas con intereses malsanos”.

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Por las razones anotadas negó las pretensiones de la demanda.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, la apoderada de la parte actora
interpuso recurso de apelación y como sustento arguyó lo siguiente8:

Que se oponía a las consideraciones esgrimidas por el a quo “por cuanto
no son las invocadas como propias de la violación al debido proceso dentro
del juicio de responsabilidad fiscal adelantado por la demandada contra
CLARA MATILDE ROJAS NAIZA”. Aseguró que ni la negativa al derecho de
defensa por no ser escuchada, ni la ritualidad de lo dispuesto en la Ley
610 de 2000, fueron el centro de la demanda como aspectos que viciaran
la nulidad de los actos acusados.

Los motivos de disentimiento los circunscribió así:

El primero, la falta de congruencia entre el auto de imputación y el fallo
de responsabilidad fiscal.

Reiteró que en el auto de imputación se le endilgaron “(…) las
irregularidades derivadas del contrato de obra nro. 016 de 2005,
expresándose literalmente en éste lo siguiente: En este orden, y como
quiera que la obra fue entregada el 27 de diciembre de 2006 lo cual consta
en el Acta de recibo final (folio 196), que el contrato fue liquidado por
mutuo acuerdo en la misma fecha (folio 194), y que pese a estas
circunstancias la iluminación estaba siendo inutilizada, este ente de
control en comité de quejas concluyó que el valor de las obras
correspondientes al Ítem dos (2) RED DE BAJA TENSION, debía llevarse
a detrimento patrimonial pues la inversión realizadas en las redes
eléctricas no cumplieron la finalidad para lo cual fueron contratadas y
canceladas por la administración”.

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Agregó que “este auto estima que la obra no se culminó como tampoco
nunca funcionó, en tanto que la negligencia se centra en que teniendo la
facultad para darle continuidad o terminarla o reordenar dicha
construcción o reparación de los senderos peatonales, no lo hizo”.

Mientras que, en el fallo de primera instancia se expresó que “(…) es
claro que este órgano de control fiscal, no reprocha ni censura
haber liquidado o terminado el contrato No. 016 de 2005, sino no
haber obrado diligentemente y prudentemente (palabra que por
primera vez aparece como propia de la conducta) en corrección con
anomalías que se presentaron para la eficacia satisfactoria de la
obra, además de la omisión en la no electrificar la zona para para
(sic) que pudiera iluminar los senderos y demás áreas que se
requerían de acuerdo con la necesidad establecida para efectuar
el contrato en cuestión (este aparte subrayado aparece por primera
vez en el fallo de primera instancia)". (negrillas originales)

Alegó que “(…) más evidente se hace la variación o modificación que la
demandada CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META hace de la
conducta y del hecho fáctico que da lugar a la imputación y sanción por
responsabilidad, cuando en el fallo de primera instancia (pag. 5) expresa:
//Así las cosas, la funcionaria incurrió en omisiones
administrativas tales como dejar de tramitar las licencias o
permisos para la puesta en funcionamiento de la electrificación de
los senderos peatonales actividad técnica que como obra en el
acta de liquidación fue entregada por parte del contratista...”,
hecho que no solo consideró nuevo, sino que se le declaró fiscalmente
responsable sin habérsele imputado el mismo para que se defendiera.
(negrillas originales).

En segundo lugar, insistió en que no hay conexidad entre la conducta y el
daño, tratándose de un requisito sustancial para la imputación de
responsabilidad o la formulación de cargos el elemento subjetivo de la
conducta, la cual debe ser expresada de manera clara y calificada a título

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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

de culpa, y que si se omite como lo hizo la Contraloría Departamental del
Meta en este proceso de responsabilidad fiscal se desconoce el derecho
de defensa, lo que debe conllevar la nulidad del acto.

Aseveró que, “(…) al no evidenciarse la conducta, no puede darse el nexo
causal entre conducta y daño fiscal, y es por ello que no se acepta que se
determine como valor a reparar la suma que corresponde a un ítem del
contrato, o sea el valor de $186.863.667, que indexado ascendió a
$237.901.882.63, cuando quedó claro que no se reclamaba el no
cumplimiento del contrato, ni la indebida liquidación del mismo, y sobre
este fundamento se exonera al contratista y al interventor (…)” y agregó
que “(…) al no existir una forma lógica o coherente para enlazar la
conducta y el daño patrimonial, la demandada CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL META, decide tomar como daño el valor de uno de
los ítems del Contrato que ella misma insistiera en que no fue objeto de
censura el haberlo liquidado o terminado, y con fundamento en estas
obras, que cabe advertir fueron recibidas por el interventor se determina
el valor”.

De otro lado, alegó que la cuantía del supuesto daño fiscal jamás se
estableció, ni se probó el daño patrimonial y que, por esa razón, no era
posible establecer un nexo causal entre el daño y la conducta, con lo cual
se le vulneró el debido proceso, por cuanto la responsabilidad fiscal es de
carácter subjetivo y para deducirla era necesario determinar “si el
imputado actuó a título o culpa (sic)”.

Por último, manifestó que, “(…) si en los fallos demandados la
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META, invoca el despliegue de una
conducta omisiva de la aquí demandante, la misma nunca se refirió de
manera precisa, o mejor dicho, nunca se estableció de manera precisa de
que se trataba. // Solo se habla de gestión deficiente, ineficiente, ineficaz,
antieconómica, para en algunas oportunidades referirse a: irregularidades
del contrato, corrección de anomalías, omisiones administrativas, entre
otras. //Para sancionar bajo una conducta determinada como omisión

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Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

administrativa de dejar de tramitar las licencias o permisos para la puesta
en funcionamiento de la electrificación de los senderos peatonales. // En
la imputación no se dice de manera precisa a cuáles licencias o permisos
se refiere, ni que costo o valor tienen estos trámites. // Téngase en cuenta
que de haberse planteado de manera precisa y especifica esta situación
como conducta reprochable y generadora de daño fiscal, y valorada
económicamente, la defensa de mi mandante se hubiera dirigido en este
sentido”.

El recurso fue concedido por auto del 5 de diciembre de 20169.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 14 de marzo de 201710 y admitido en proveído del 12 de
febrero de 201811.

5.2. Por auto del 15 de marzo de 2018 se corrió traslado para alegar de
conclusión12.

5.2.1. La apoderada de la parte actora al descorrer el traslado reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación13. Reiteró
que se presenta abuso de poder por parte de la Contraloría Departamental
del Meta al expedir los actos acusados en contravía de la ley como se ha
esgrimido desde la demanda, debido a la incongruencia entre el auto de
imputación de responsabilidad fiscal con el fallo.

9
Ibídem.
10
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
11
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
12
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
13
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
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Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

También alegó la inexistencia del hecho generador del daño patrimonial,
aduciendo que “la conducta imputada como transgresora del
ordenamiento, no se probó por cuanto al haberse cumplido el contrato,
no tiene por qué cobrarse un ítem del mismo”.

Adujo que los actos administrativos demandados desconocen los
principios de legítima defensa, congruencia y la proscripción de toda
forma de responsabilidad objetiva.

Por último, aseveró que la facultad otorgada por la Constitución y la ley a
la Contraloría Departamental del Meta “fue mal utilizada y se desborda
sin control alguno, cuando expiden actos administrativos lesivos y sin
fundamento serio y responsable alguno conllevando con ello a la
declaratoria de su nulidad”.

5.2.2. El apoderado de la Contraloría Departamental del Meta solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia14.

Sostuvo que, al revisar de manera integral el proceso de responsabilidad
fiscal, “se evidencia coherencia y congruencia entre los hechos que
originaron la instrucción fiscal, el auto de imputación y la decisión final”,
y que el argumento de la incongruencia entre el auto de imputación y el
fallo de responsabilidad fiscal fue debatido y resuelto mediante auto del
27 de diciembre de 2012 que resolvió el recurso de apelación y grado de
consulta.

Estimó que en el expediente fiscal no obra ningún documento o prueba
que acredite alguna gestión realizada por la demandante como gerente
de IDERMETA para legalizar el servicio de energía y, al contrario, existen
pruebas que denotan su actuar omisivo y negligente.

14
Ibidem.
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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

Anotó que la demandante insiste en que la legalización del servicio de
energía ante la EMSA era responsabilidad del contratista; sin embargo,
quedó probado que dicha actividad era responsabilidad exclusiva del
dueño del proyecto, es decir, de IDERMETA, en cabeza de su
representante legal.

Por último, consideró que en la demanda se debió incluir el departamento
del Meta y que ésta se dirigió únicamente en contra de la Contraloría
Departamental del Meta, por lo que hubo falta de integración del
contradictorio, dado que la contraloría departamental es una entidad de
carácter técnico del citado ente territorial y carece de personería.

5.2.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

5.3. El expediente ingresó para fallo el 7 de mayo de 201815.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201916 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.

6.2. Cuestión previa

La Sala, previo a resolver el fondo de la controversia, comenzará por
referirse a lo argumentado por el apoderado de la Contraloría
Departamental del Meta en los alegatos presentados en segunda
instancia, en el sentido que la demanda debió incluir al departamento del

15
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
16
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

Meta y que, como ésta se dirigió únicamente en contra de la Contraloría,
existió una falta de integración del contradictorio dado que la contraloría
departamental es una entidad de carácter técnico del ente territorial y
carece de personería. Advirtiendo que, aunque dicho planteamiento no se
formula como una petición de nulidad, no obstante, la Sala se pronunciará
en el siguiente sentido:

(i) Al tenor de lo previsto por el numeral 8 del artículo 133 del Código
General del Proceso, la indebida integración del contradictorio como
causal de nulidad resulta procedente cuando no se practica en legal forma
la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas
que deban ser citadas como partes o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado, por tener interés en las
resultas del caso.

(ii) El artículo 136 del mismo estatuto procesal civil prevé que la nulidad
se considera saneada: “1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo
oportunamente o actuó sin proponerla; 2. Cuando la parte que podía
alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la
actuación anulada; 3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión
del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha en que haya cesado la causa y 4. Cuando a pesar del vicio el acto
procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”.

(iii) En el caso concreto, la demanda se interpuso contra la Contraloría
Departamental del Meta, fue admitida contra dicho ente y se contestó por
conducto de apoderado por la Contraloría Departamental del Meta, que
se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se pronunció frente a los
hechos y las disposiciones invocadas como infringidas, sin que en ningún
aparte de la contestación hubiese alegado la falta de integración del
contradictorio.

(iv) Como lo ha señalado la Corte Constitucional, las nulidades son “(…)
irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran

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el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador – y
excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia-
sanción de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración
se controla entonces la validez de la actuación y se asegura a las partes
el derecho constitucional al debido proceso”17.

Sin embargo, en este evento, y entendido que, con la integración del
contradictorio se garantizan los derechos de defensa y contradicción,
derechos que fueron ejercidos dentro del proceso, la Sala advierte que,
se invocó una causal de nulidad que, además, está enlistada en el estatuto
procesal civil como de aquellas que se consideran saneadas cuando la
parte que podía alegarla no lo hizo y actuó sin proponerla; por
consiguiente, dado que la apoderada de la Contraloría Departamental del
Meta contestó la demanda sin alegar la irregularidad que expuso al
presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia, aún si ella se
hubiere configurado, habría quedado saneada.

6.3. Los actos acusados

6.3.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de noviembre
de 2012, proferido por el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del Meta, que
dispuso18:

“[…] ARTICULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal en contra
de CLARA MATILDE ROJAS NAIZA, identificada con cédula de
ciudadanía (…), quien deberán responder de manera solidaria por la
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS. ($237.901.882.63).

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con (…), en su condición
de tercero civilmente responsable, quien responderá hasta por el monto
del valor del daño, en virtud de la Póliza de SEGURO MANEJO POLIZA
GLOBAL SECTOR OFICIAL N° 1001530 por la suma de SESENTA Y TRES
MILLONES DE PESOS ($63.000.000), resultado de aplicar al monto del
valor asegurado ($70.000.000), el deducible pactado del 10, mínimo 1
SMMLV.), de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de este proveído.

17
Corte Constitucional. Sentencia de Unificación 038 del 23 de febrero de 2023.
18
Ibidem.
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19

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

ARTICULO SEGUNDO: Fallar sin Responsabilidad Fiscal a favor del
CONSORCIO OBRAS DEL LLANO, en calidad de contratista integrado
por: DIANA ALEXANDRA DOMINGUEZ ACOSTA, identificada con (…),
HERNANDO BETANCOURT RIVEROS, identificado con y SI
INGENIERIA E.U., Nit (…) y WILLIAM ALEXANDER MEDINA
SANCHEZ, identificado con (…), como interventor externo" del contrato
016 de] 7 MAR 20 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO: (sic) Declarar como daño al patrimonio el
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
(IDERMETA), con Nit. (…) la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE.
($237.901.882.63), valor que deberá ser reintegrado a la Tesorería
del Instituto departamental de Deporte y Recreación del Meta
(IDERMETA), conforme a las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: (sic) Notifíquese del contenido del presente Fallo
a CLARA MATILDE ROJAS NAIZA, WILLIAM ALEXANDER MEDINA
SANCHEZ, DIANA ALEXANDRA DOMINGUEZ ACOSTA, HERNANDO
BETANCOURT RIVEROS, SI INGENIERIA E.U. y La PREVISORA S.A,
haciéndoles saber que contra la presente providencia proceden los
Recursos de Reposición ante este Despacho y el de Apelación ante la
Señora Contralora Departamental del Meta, presentados dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

6.3.2. El Auto nro. 0308 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual la
Contralora Departamental del Meta decidió el recurso de apelación
interpuesto, entre otros, por la apoderada de la señora Clara Matilde Rojas
Naiza, y el grado de consulta en lo relacionado con el fallo sin
responsabilidad fiscal proferido a favor del Consorcio Obras del Llano y
del interventor externo del contrato nro. 01 6 de 2005.

En dicho auto se negó el recurso de apelación interpuesto por la señora
Clara Matilde Rojas Naiza y se confirmó en todas sus partes el fallo con
responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de noviembre de 2012 que falló
con responsabilidad fiscal, así como el daño al patrimonio del IDERMETA,
estimado en la suma de $237.901.882.63.

6.4. Planteamiento de la controversia

La Sala observa que, la parte actora en el recurso de apelación insiste en
que debe declararse la nulidad de los actos acusados por incurrir en
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20

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

violación del debido proceso y del derecho de defensa dado que: (i) no
existe congruencia entre el auto de imputación de responsabilidad fiscal
y el fallo de responsabilidad fiscal nro. 12-12 de 2012; (ii) no se advierte
conexidad o nexo causal entre la conducta y el daño patrimonial, y (iii)
no se probó la cuantía del daño patrimonial.

Para resolver el recurso de apelación, la Sala examinará cada uno de los
precitados reproches.

6.4.1. En cuanto a la incongruencia entre el auto de imputación de
cargos y el fallo con responsabilidad fiscal

La recurrente manifiesta que la decisión del tribunal de instancia se limitó
a indicar las razones por las cuales consideró que no se había violado el
debido proceso, pero sin detenerse en el aspecto que puntualmente aquí
se plantea y que tiene que ver con lo que, en palabras de la parte actora,
constituye una incongruencia entre la imputación y el fallo, puesto que se
le endilgó responsabilidad fiscal por hechos diferentes a los que se
plantearon en el auto de imputación.

Para dilucidar el caso, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

(i) Acorde con la certificación que obra en el proceso de responsabilidad
fiscal expedida por el director general de IDERMETA, la señora Clara
Matilde Rojas Naiza laboró en dicho instituto desde el 10 de julio de 2006
hasta el 14 de agosto de 2007 y desempeñó el cargo de director general,
código 050, grado 0319.

(ii) Entre el Instituto de Deporte y Recreación del Meta -IDERMETA y el
consorcio Obras del Llano se celebró el Contrato de Obra nro. 016 del 29
de noviembre de 2005, según licitación pública nro. 001 de 2005, para la

19
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01. Proceso de responsabilidad fiscal. Folio
268 de 737 folios.
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21

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

“construcción de senderos peatonales y áreas duras en los terrenos de la
Villa Olímpica de la ciudad de Villavicencio”20.

El citado contrato tuvo como objeto: “EL CONTRATISTA se obliga para con
el IDERMETA a realizar a ejecutar (sic) “LA CONSTRUCCIÓN DE
SENDEROS PEATONALES Y AREAS DURAS EN LOS TERRENOS DE LA
VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO” de conformidad con
los pliegos de condiciones de la Licitación Pública y la propuesta de
contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato
los cuales se encuentran en la Oficina de Planeación y asuntos
administrativos del IDERMETA”.

El valor del contrato se fijó en la suma de “cuatrocientos noventa y ocho
millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y siete
pesos con setenta y tres centavos moneda corriente ($498.436.657.73)”;
no obstante, tuvo una adición por valor de $238.436.945,6.

Como obligaciones del contratista se pactaron, entre otras, las
siguientes21:

“[…] NOVENA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir con el
objeto del contrato conforme a los documentos de la Licitación pública, la
propuesta y el contrato. 2) Presentar en el plazo establecido en los pliegos
de condiciones de la licitación pública, los documentos y cumplir con los
requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e
indispensable para suscribir acta de iniciación del contrato. 3) Programar
las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del
contrato; (…) 10) tramitar las licencias y permisos necesarios para la
ejecución de las obras ante las entidades competentes, así como los paz
y salvo[s] requeridos por las entidades departamentales para la
liquidación del contrato, asumiendo los costos que estos trámites generen
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

Entre las obligaciones del IDERMETA se pactaron22:

20
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01
21
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
22
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
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22

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

“[…] DÉCIMA- OBLIGACIONES DEL IDERMETA: 1) Pagar en la forma
establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por
el CONTRATISTA. 2) Suministrar en forma oportuna la información
solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con las condiciones y
pliegos de condiciones. 3) Resolver las peticiones presentadas por el
CONTRATISTA-en los pliegos consagrados por la Ley. 4) Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que
forman parte integral del presente contrato.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)

(iii) El 10 de noviembre de 2006 la representante legal del Consorcio
Obras del Llano hizo entrega a la aquí demandante, señora Clara Matilde
Rojas Naiza, en calidad de directora de IDERMETA, de los documentos
necesarios para la legalización del servicio de energía para la iluminación
de los senderos peatonales y áreas duras en los terrenos de la Villa
Olímpica de la ciudad de Villavicencio, así23:

“[…] REF: Legalización servicio de energía iluminación senderos
peatonales y áreas duras en los terrenos de la villa olímpica de la ciudad
de Villavicencio.

Con la presente hago entrega de los siguientes documentos necesarios
para realizar ante la Electrificadora del Meta EMSA el servicio de energía
de la iluminación en referencia.

(…)

También para anexar a los documentos anteriores es necesario realizar
un poder autenticado por la directora a nombre de LUIS FERNANDO
CAMACHO (…) para que realice los trámites ante la electrificadora […]”.

(iv) Mediante acta del 27 de diciembre de 2006 se liquidó por mutuo
acuerdo el Contrato nro. 016 de 2005 celebrado entre el IDERMETA y el
consorcio Obras del Llano, el cual fue suscrito por la hoy demandante,
señora Clara Matilde Rojas Naiza, en calidad de directora del IDERMETA,
el interventor del IDERMETA y el representante legal del consorcio Obras
del Llano; allí se dejó constancia sobre la terminación del objeto del
contrato y el cumplimiento de las obligaciones contraídas.

23
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
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23

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

(v) Entre los antecedentes que obran en el proceso de responsabilidad
fiscal se aportó copia del informe final de obra presentado por el Consorcio
Obras del Llano, “Construcción de senderos peatonales y áreas duras en
los terrenos de la Villa Olímpica de la ciudad de Villavicencio”, contrato
nro. 016 de 2005, en el que se indicó lo siguiente en relación con la
iluminación24:

“[…] INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Caja de inspección de .40*.40

Se construyeron cajas de inspección que reciben la tubería de 1/2
eléctrica con tapa con doble ángulo hierro para facilitar las labores de
mantenimiento.

Se construyeron con una base de concreto y 4 paredes de espesor 10
cms en concreto y se fundió luego las tapas en concreto sobre el marco
en Angulo.

Las cajas se construyeron una por poste metálico de 12 mts y algunos
(sic) cajas construyeron de paso tramos largos y donde se dificultaba
pasar la tubería de forma lineal.

Se encuentran construidas en un 100%.

(…)

Se instalo el transformador de 30 KVA según la especificación
contemplada en los planos eléctricos, y se está construyendo la caja
principal donde se conectan las tuberías que vienen de los diferentes
sectores, para realizar la conexión a la acometida.

(…)

El transformador de 30 KVA se instaló en cambio del transformador de
15 KVA que estaba contratado inicialmente el cual se contempló en el
acta de modificación de obra No. 001.

Se instalaron luminarias de sodio 70W 208v horizontal cerrada con foto
celda completa, a una altura aproximada de 6 mts, luminarias de sodio
150 w completa tipo horizontal cerrada con foto cela a una altura de 12
mts, con su respectivo cable no. 10 por un promedio de 4 mts lineales
por poste incluyendo el cableado de los brazos de cada lámpara,
empalmes y conexión a las cajas de inspección de cada poste.

(…)

Luminaria de sodio 70 w 208 v horizontal cerrada con foto celda completa

Luminaria de sodio 50 w completa tipo horizontal cerrada con foto celda

24
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01. Proceso de responsabilidad fiscal. Folios
204 a 226, de 737 folios.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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24

Radicación: 50 001 23 33 000 2013 00337 01
Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

También para terminar con la instalación de la acometida eléctrica que
viene desde el transformador a la caja ubicada cerca de una de las
subestaciones de la villa olímpica por el acceso vía al barrio 2000, fue
necesario incluir los siguientes elementos no contemplados en el
contrato y gue hacen parte del acta de modificación de obra N° 002:

Caja distribución a tablero 1,3x1,30x1 incluye tapa en concreto+muro
para tablero (…).
Tablero metálico 0,70x1,1Omts (…)
Suministro e instalacion de cable ACSR N° 1-0 (…)
Regleta cobre 1" incluye 8 elevadores (…)
Suministro e instalación Breaker 50 amp 2x100 UN 2,00 (…)
Suministro e instalación Breaker 100 amp 2x100
Suministro e instalación Breaker 60 amp (…)

[…]”.

(vi) Según acta nro. 009 del 6 de diciembre de 2007 del comité de quejas
de la Contraloría Departamental del Meta, se presentó la siguiente queja
en relación con el contrato nro. 016 de 200525:

“[…] 2. Queja No. 186 de 2006. Presuntas irregularidades en la
contratación de monitores y sobrecostos en la licitación pública realizada
en diciembre de 2005 en el Instituto de Deporte y Recreación del Meta
IDERMETA.
Conclusiones

Leído el informe al Comité de Quejas, se determinó el envío de la queja a
la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de
la Contraloría Departamental del Meta, con el fin de que se investigue la
existencia de un presunto detrimento patrimonial por la suma de
$186.863.667 […]”.

A su vez, en el correspondiente traslado de hallazgos fiscales se indicó26:

“[…] II. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD AUDITADA

1. Nombre o razón social: Instituto de Deporte y Recreación del
Departamento del Meta IDERMETA

2. Naturaleza jurídica: Instituto Departamental Descentralizado

3. Domicilio: Villa Olímpica- Villavicencio

4. Representante legal: Clara Matilde Rojas Naiza

5. Dirección: Villa Olímpica- Villavicencio

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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01.
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6. Teléfonos (…)

SEM: (…) EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado X (…).

III. ANTECEDENTES DEL INFORME DE AUDITORÍA

1. Origen: (…) DENUNCIA (…)

¿Cuál? Irregularidades en la licitación pública realizada en el mes de
diciembre de 2005

2. Período Evaluado: Año 2005
3. Características del Hallazgo Fiscal:

(…)

X Irregularidades en Contratación

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE
IRREGULARES

¿Qué ocurrió? (Hechos): En el año 2005, el Instituto de Deporte y
Recreación del Meta Idermeta, celebro el Contrato No. 016 de 2005, con
la contratista arquitecta DIANA ALEXANDRA DOMINGUEZ, referente a un
alumbrado en el sendero peatonal de la Villa Olímpica, sin embargo, desde
el día 10 de noviembre de 2006, la contratista informo a dicho instituto la
necesidad de legalizar dicho servicio de energía, sin que hasta el día de
hoy se haya puesto en funcionamiento el mismo, evidenciándose un
presunto detrimento patrimonial por valor de $186.863.667 pesos.

¿Cuándo? (Fechas): El día 27 de diciembre de 2006, se liquidó
bilateralmente el contrato.

¿Donde? (Entidad, Lugares): Villa Olímpica de la Ciudad de Villavicencio

¿Cómo? (Método): Con la suscripción de las actas de recibo final de obra,
y de las actas de liquidación, se pudo determinar mediante visita física,
por parte de la Ingeniera Civil de este ente de control fiscal y el interventor
de dichas obras, que los ítems correspondientes a la parte eléctrica no se
encuentran funcionando, las cuales fueron canceladas por valor de
$186.863.667 pesos.

V. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS
Ley 80 de 1993
Ley 610 de 2000

VI. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL(LOS)
HALLAZGO(S)

Copia del acta de liquidación
Copia de los comprobantes de pago
Copia del informe técnico por parte de la Ingeniera Civil.
Copia de la queja
Copia del acta de recibo final de obra
Copia del informe para Comité de Quejas

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VII. VALOR DEL PRESUNTO MONTO O DAÑO PATRIMONIAL
CAUSADO

Ciento ochenta y seis millones ochocientos sesenta y tres mil seiscientos
sesenta y siete pesos ($186.863.667 pesos)

VIII. Observaciones

Se anexa el informe de la queja con todos los soportes del presunto
detrimento patrimonial

IX. PRESUNTOS RESPONSABLES

CLARA MATILDE ROJAS NAIZA (…) Directora (…) Villa Olímpica (…)
$186.863.667 […]”.

A su vez, en el informe de control físico de la queja nro. 186 presentado
por la profesional universitaria a la contralora auxiliar de auditoría fiscal
y participación ciudadana manifestó27:

“[…] En el desarrollo de la queja 186 de 2006, se determinó necesario la
realización de un control físico a la obra objeto del Contrato de la
referencia, con el fin de verificar en campo las cantidades de obra
ejecutadas y estimar en lo posible la calidad de las mismas. Con los datos
tomados en dicha visita, se elaboró el presente informe.
(…)
Durante la visita técnica realizada, la contratista y el interventor
entregaron información y bitácoras del contrato al igual que fotografías
del estado de la obra al entregarla, esto se puede apreciar en los
folios:307 y del folio 320 al 329.

3. CALIDAD DE LA OBRA

Durante la inspección a la obra se observó, que se trataba de senderos
peatonales por todo el complejo deportivo, igualmente obras eléctricas,
suministro de amoblamiento y paisajismo.

(…)

6. ATENCIÓN A LA QUEJA

En el folio 3 de la carpeta 1 de la queja 186/06, el señor Juan Camilo
Ramirez, hace alusión a que existen sobrecostos en la licitación pública
realizada en diciembre de 2005, por cerca de 500 millones de pesos.

Para determinar el sobrecosto, se debe hacer por medio de los precios
unitarios de cada ítem contratado, para esto se realizó el análisis
económico, del cual se puede concluir lo siguiente: los valores unitarios

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contratados se encuentran en los rangos de los valores oficiales de la
gobernación, los cuales sirven de rango de referencia.

De igual forma dentro del control físico se evalúan las cantidades
ejecutadas medidas durante la visita y se comparan con las cantidades
liquidadas, para determinar si se liquidaron mayores cantidades a las
realmente ejecutadas, para mayor facilidad se realizó el cuadro
comparativo de cantidades liquidadas con cantidades medidas en la visita,
el cual se encuentra anexo al presente informe, de este cuadro se puede
concluir lo siguiente: se liquidaron menores cantidades a las ejecutadas
realmente; por lo tanto no hay detrimento patrimonial.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

• El contrato 016 de 2005, se ejecutó de manera correcta, y contó con
una buena interventoría, lo cual se demuestra en la calidad de los
informes. De lo encontrado en obra se puede concluir que no hay
detrimento patrimonial.

Es importante aclarar que aunque no hay detrimento dentro de la
ejecución del contrato, si se considera que la entidad contratante está
descuidando las inversiones realizadas, prueba de esto es en algunos
sectores han permitido el paso de vehículos pesados sobre los senderos
peatonales, lo que ha ocasionado deterioro de los mismos; igualmente el
paisajismo instalado dentro del contrato, en su mayoría ya se ha perdido;
de igual forma se observó que a algunas sillas les han quitado los
espaldares de las bancas, incluso algunas bancas las han roto y las están
utilizando como pasos en el piso; y en el momento de la visita la
iluminación no la han colocado en funcionamiento pues la entidad
contratante no ha solicitado la legalización del servicio de energía, es decir
la inversión eléctrica realizada dentro el contrato no se está utilizando en
este momento; de igual manera y como se puede apreciar en el registro
fotográfico hay sectores totalmente descuidados sin mantenimiento […]”.

(vii) Por oficio OF.320.03.02.114 del 21 de diciembre de 2007, la
contralora auxiliar de auditoría fiscal de participación ciudadana (e) de la
Contraloría Departamental del Meta trasladó al contralor auxiliar de
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva las copias de la queja nro.
186 de 2006 con el fin de que se adelantara la respectiva investigación
por el presunto detrimento patrimonial ocasionado.

(viii) Por auto del 8 de enero de 2008 la Contraloría Departamental del
Meta, en cabeza de la profesional asignada a la contraloría auxiliar de
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, dispuso la apertura del
proceso de responsabilidad fiscal nro. 003-08 proferido en el expediente
fiscal nro. 0308. Allí se señalaron como presuntos responsables la señora
Clara Matilde Rojas Naiza, en calidad de directora para la época de los

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hechos del Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Meta-
IDERMETA, el interventor del contrato y al consorcio Obras del Llano y/o
Diana Alexandra Domínguez Acosta.

(ix) En desarrollo del proceso se recibió el 7 de febrero de 2008 versión
libre a la señora Clara Matilde Rojas Naiza, quien explicó28:

“[…] PREGUNTADO Dígale al Despacho si conoce el motivo de la
presente diligencia. CONTESTO. No lo conocía, el Despacho procede a
informarle y a ponerle de presente el informe de final en desarrollo de
Queja No. 186 de 2006, irregularidad derivada del contrato No. 016 de
2005, respecto del ítems de iluminación que no ha sido puesto en
funcionamiento en donde se determinó como presunto detrimento la
suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
186.863.607) (…) PREGUNTADO: manifiéstele al Despacho, cuáles eran
sus funciones en IDERMETA, como Directora. CONTEST0: en el Instituto
estuve a partir de agosto 5 de 2006 a agosto 07 del 2007. mis funciones
fueron las de dirigir la política del deporte, recreación y la educación
física en el Departamento a través de planes, programas y proyectos.
PREGUNTADO: Cual es la normatividad o reglamentación que
determinaba sus funciones en IDERMETA, como Directora CONTESTO:
si en el manual de funciones. PREGUNTADO: indíquele al despacho en
que consistía el objeto contractual del contrato No. 016 de 2005 suscrito
entre el Instituto de Deporte y Recreación del Meta IDERMETA y la
arquitecta DIANA ALEXANDRA DOMINGUEZ ACOSTA, en representación
del Consorcio Obras del Llano. CONTESTO: el objeto preciso del contrato
no lo sé pues no lo firmé, pero sí sé que tuvo que ver cono (sic) senderos
peatonales del complejo de la villa olímpica. PREGUNTADO: indíquele
al despacho porque motivo no está en funcionamiento ítems
correspondiente a la parte eléctrica, ítems que se ejecutó en desarrollo
del Contrato Nro. 016 de 2005 suscrito entre el Instituto de Deporte y
Recreación del Meta IDERMETA y la arquitecta DIANA ALEXANDRA
DOMINGUEZ ACOSTA, en representación del Consorcio Obras del Llano.
CONTESTO: se le traslado por oficio y memorando al subdirector
administrativo y financiero JORGE BARRERA, al igual que al señor
ORLANDO RODRIGUEZ y de igual manera al Administrador de los
escenarios CARLOS CAMPIÑO, para que se hicieran las gestiones
necesarias ante la electrificadora como en tres oportunidades, había un
motivo de carácter según recuerdo no está por escrito que manifestaba
la persona la electrificadora que tenía que ver con el sistema del coliseo
de tenis de mesa y de esto el subdirector financiero se le autorizó hacer
el estudio de viabilidad financiera y continuar los trámites ante la
Electrificadora. PREGUNTADO: indíquele al despacho quien ejercicio
(sic) la supervisión o interventoría del Contrato No. 016 de 2015.
CONTESTO: se llama WILLIAM, es un ingeniero. PREGUNTADO:
Indíquele al Despacho si usted tiene conocimiento si en la actualidad la
parte eléctrica (desarrollada en virtud del Contrato No. 016 de 2005, se
encuentra en funcionamiento. CONTESTO: si está funcionando, pero en
unos de los consejos directivos yo solicité austeridad que solo se
prendieran a partir de las 7 de la noche dada la situación financiera de

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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01. Proceso de responsabilidad fiscal. Folios
289 a 291, de 737 folios.
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los recursos ya que no había con que pagar. PREGUNTADO: sírvase
manifestar qué otras personas pueden dar veracidad de los hechos
narrados y la dirección donde se pueden ubicar; CONTESTÓ: la doctora
PIEDAD MATUS, que era jefe de la oficina de planeación y JORGE
BARRERA, que era el jefe de control interno. El funcionario interrogará
al presunto responsable a fin de que suministre o aporte pruebas para el
total esclarecimiento de los hechos. Finalmente se interrogará al
indagado acerca de si tiene algo más que agregar, enmendar o corregir
en la presente diligencia? CONTESTÓ: yo liquidé el contrato, cuando se
recibió se hizo el recorrido y se ensaño (sic) las iluminarias y prendieron,
después me enteré que se había robado los cables y se comunicó a la
administración central - Unidad de Contratación Gobernación y a la
empresa de vigilancia, sobre la situación de robo, para esa época solo se
contaba con dos celadores para todo el complejo deportivo y uno de
ronda […]”.

(x) Por oficio del 24 de agosto de 2012 en respuesta a solicitud, el gerente
comercial de la electrificadora del Meta- EMSA, informó con destino a la
profesional especializada de la Contraloría Departamental del Meta “sobre
el paso a paso de la vida de un proyecto eléctrico” y las etapas que debían
cumplirse29. En el mismo oficio indicó:

“[…] con la finalidad de dar respuesta a si EMSA ha facturado a alguna
persona natural o jurídica los consumos de energía eléctrica de este
proyecto de alumbrado público exclusivo de la Villa Olímpica, damos
respuesta en los siguientes términos:

Revisado el transformador que alimenta este circuito se evidencia la
existencia de un equipo que NO tiene por finalidad facturar energía a
ningún usuario, simplemente EMSA lo instala con la finalidad de hacer
control de flujos de energía (macromedidor cod. 275812611), por lo
tanto NO se evidencia que el usuario que debió ser creado al finalizar la
ejecución del proyecto se haya creado […]”.

(xi) Por auto nro. 012-12 del 12 de octubre de 2012 el contralor auxiliar
de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría
Departamental del Meta profirió auto de imputación de responsabilidad
fiscal nro. 012-12 en el proceso de responsabilidad fiscal nro. 0308, “como
consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas en el informe
final en desarrollo de la Queja nro. 186 de 2005, irregularidades derivadas
del Contrato No. 016 2005”.

29
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01. Proceso de responsabilidad fiscal. Folios
518 a 519, de 737 folios.
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En lo que tiene que ver con la conducta de los implicados, específicamente
de la señora Clara Matilde Rojas Naiza, se indicó30:

“[…] Quien ostentaba el cargo de directora del Instituto Departamental
de Deportes IDERMETA, a partir de agosto 5 de 2006 hasta agosto del
2007, en su condición de funcionario del nivel directivo y ordenadora del
gasto, actuó de manera del nivel negligente, con culpa grave, pues no
cumplió con los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución
Política, en darle continuidad a la terminación de la obra, esta obra nunca
funciono, teniendo todas las facultades para reordenar dicha
construcción o reparación, en lo que tiene que ver con el ítem del
alumbrado de senderos peatonales.

Es de aclarar que no se le reprocha haber liquidado y/o terminado el
Contrato N° 016 de 2005, sino no haber obrado diligentemente en
corrección de las anomalías que se presentaron para la culminación
satisfactoria de la obra, esto es, que se cumpliera con la prestación de
un servicio público a la comunidad deportiva y para la misma Institución,
y no hizo uso de las herramientas jurídicas y presupuestales de las que
disponía, para salvar la obra y de paso evitar la pérdida de los recursos
como en efecto ocurrió.

Conforme a lo señalado anteriormente, el Despacho le imputara-
Responsabilidad Fiscal solidariamente a CLARA MATILDE ROJAS
NAIZA, en su condición de directora del Instituto para la época de los
hechos por una gestión antieconómica, ineficaz, inoportuna y negligente
que conllevó al presunto detrimento patrimonial estimado en la suma de
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA (sic)
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/ CTE
($186.863.667).

Valga recordar que dentro de sus funciones estaba la de ejercer la
autoridad administrativa financiera y contractual, sobretodo de custodiar
los bienes de propiedad de la entidad que dirigía. Así las cosas, la
funcionaria incurrió en omisiones administrativas tales como dejar de
tramitar las licencias o permisos para la puesta en funcionamiento de la
electrificación de los senderos peatonales actividad técnica que como
obra en el acta de liquidación fue entregada por parte del contratista. Así
mismo como lo indico al rendir versión libre por razones de austeridad
no autorizo el encendido de estas redes olvidando las razones que
llevaron a la celebración de esta obra, "iluminar los senderos
peatonales", y de los riesgos de hurto que se corría al dejar en oscuridad
y al acecho de los maleantes la red, pues al parecer en otras
oportunidades hubo intento de hurto en las redes eléctricas.

De lo anterior se desprende una marcada negligencia en el ejercicio de
sus funciones como Directora del Instituto, por tanto se le endilgará
responsabilidad fiscal en su contra a título de culpa grave […]”.

(xii) Mediante fallo con responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de
noviembre de 2012, el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y

30
Ibidem.
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jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del Meta, dispuso31:
“(…) ARTICULO PRIMERO: Fallar con Responsabilidad Fiscal en contra de
CLARA MATILDE ROJAS NAIZA (…), quien deberá responder de manera
solidaria por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS. ($237.901.882.63)”.

Para resolver relató los siguientes hechos32:

“[…] El Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Meta
IDERMETA celebró contrato de obra N° 016 de 2005, con el Consorcio
Obras Del Llano integrado por DIANA ALEXANDRA DOMINGUEZ ACOSTA,
HERNANDO BETANCOURT ALEXANDRA RIVEROS, y SI INGENIERIA E.U,
cuyo objeto fue la: "CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y
AREAS DURAS EN LOS TERRENOS DE LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD
DE VILLAVICENCIO", teniendo en cuenta que dentro de las actividades
que debían ejecutarse estaba la RED DE BAJA TENSION, determinada en
el contrato como el ítem dos (2), que durante la primera visita practicada
al instituto de deportes por la Contraloría el 24 de mayo de 2007 se
observó que la iluminación no se había puesto en funcionamiento en
razón a que la entidad contratante no había realizado la legalización del
servicio de energía, no obstante a que el contratista hizo entrega de la
respectiva documentación para el correspondiente trámite.

En ese orden, y como quiera que la obra fue entregada el 27 de diciembre
de 2006 lo cual consta en el Acta de recibo final (folio 196), que el
contrato fue liquidado por mutuo acuerdo en la misma fecha (folio 194),
y que pese a esas circunstancias la iluminación estaba siendo inutilizada,
éste ente de control en comité de quejas concluyó que el valor de las
obras correspondientes al ítem dos (2) RED DE BAJA TENSION, debía
llevarse a detrimento patrimonial pues la inversión realizada en las redes
eléctricas no cumplieron la finalidad para lo cual fueron contratadas y
canceladas por la administración.

En consecuencia, se estableció que el detrimento patrimonial asciende a
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($186,863.667). ver
folio 52 […]”.

En lo que concerniente a la implicada Clara Matilde Rojas Naiza en el
análisis, valoraciones y consideraciones se expuso lo siguiente33:

“[…] Por otra parte considera este despacho que si bien es cierto, se
realizó la entrega de la obra correspondiente al sistema de iluminación
de los senderos peatonales áreas duras en los terrenos de la villa
olímpica, por parte del contratista, esta no entró en funcionamiento
debido a que no se efectuó la legalización del servicio de energía ante la
EMSA, por parte de la directora del IDERMETA, CLARA MATILDE ROJAS
NAIZA, quien como directora de la entidad es quien debería realizar esta

31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
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actividad o dar las instrucciones y velar porque estas se cumplan, aun a
sabiendas que dentro de sus funciones estaba la de ejercer la autoridad
administrativa financiera y contractual del instituto.

Es claro que la funcionaria en su condición de directora, con esta omisión
no cumplió con los principios previstos en el artículo 209 de la
Constitución Política y el artículo 3 de la ley 80 del (sic) 1993. Los fines
de la Contratación Estatal. En no cumplir la finalidad de la obra a su
terminación, la cual nunca funciono en lo que tiene que ver con el ítem
del alumbrado de senderos peatonales.

Es evidente y probada su irregular gestión fiscal en este caso en
concreto, infringiendo con esto el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 el cual
preceptúa: (…).

En este orden de ideas es claro que la directora comporta gestión fiscal
en el caso en comento, es de aclarar que no se le endilga a la funcionaria
el haber suscrito y liquidado y/o terminado el contrato en mención, sino
su conducta negligente descuidada, por la omisión en realizar actividades
tendientes u (sic) ordenar y velar porque se cumplan sus instrucciones
en el tramitar la licencia respectiva, ante la EMSA para obtener el
suministro de energía, de lo cual se infiere que si bien se cumplió con el
objeto del contrato no cumplió ninguna finalidad el mismo pues no
funcionó, denotando esto una actividad ineficiente e ineficaz en la
contratación, generando una conducta antieconómica en los recurso (sic)
públicos, pues nunca se suplió ninguna necesidad pero si se invirtieron
recursos estatales para ello por lo cual el resultado es un menos cabo de
los mismos, ahora bien es claro la iluminación nunca se realizó aunque
la infraestructura era adecuada para tal fin, es decir que no se cumplió
con la prestación de un servicio público a la comunidad, que en últimas
era la beneficiada con el cumplimiento del objeto del contrato, yendo en
contravía de unos de los fines del Estado como es el de servir a la
comunidad.

Se debe resaltar que los gestores fiscales no pueden ser tan
irresponsables y negligentes al momento de avalar y ejecutar el
desarrollo de una obra que técnicamente va a ser inconclusa; sin
comprender, la necesidad de la misma, y su correspondiente finalidad, y
más olvidando el elevado beneficio que representaba a la comunidad.

De acuerdo a lo anterior la señora CLARA MATILDE ROJAS NAIZA,
directora de IDERMETA en su condición de funcionara (sic) del nivel
directivo y ordenadora del gasto actuó de manera negligente con culpa
grave, como aparece acreditado en el material probatorio que obra en el
proceso fiscal, provocando un daño patrimonial al INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META en la suma de
UN MILLÓN TRES MIL TRESCIENTOS PESOS ($186.863.667) (sic) valor
sin indexar.

Así las cosas, quien deberá responder por este daño será la señora
CLARA MATILDE ROJAS NAIZA en calidad de Directora General de
IDERMETA, para la época de los hechos […]”. (mayúsculas originales)

(xiii) Por auto nro. 005-12 del 11 de diciembre de 2012 el contralor
auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría
Departamental del Meta resolvió el recurso de reposición interpuesto por
el apoderado de la Previsora S.A. y por la apoderada de la señora Clara

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Matilde Rojas Naiza; ésta última, entre otros puntos, alegó la
incongruencia entre lo dispuesto en el auto de imputación de
responsabilidad fiscal con el fallo de primera instancia. El auto confirmó
en su integridad el fallo nro. 012-12 del 23 de noviembre de 2012.

(xiii) Por auto nro. 0308 del 27 de diciembre de 2012 la Contralora
Departamental del Meta decidió el recurso de apelación interpuesto, entre
otros, por la apoderada de la señora Clara Matilde Rojas Naiza, y el grado
de consulta en lo relacionado con el fallo sin responsabilidad fiscal
proferido a favor del consorcio Obras del Llano y del interventor externo
del contrato nro. 016 de 2005. En dicho auto se negó el recurso de
apelación interpuesto por la apoderada de la señora Clara Matilde Rojas
Naiza y se dispuso confirmar en todas sus partes el fallo con
responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de noviembre de 2012 mediante
el cual se ordenó fallar con responsabilidad fiscal en su contra, así como
el daño al patrimonio al IDERMETA el cual se estimó en la suma de
$237.901.882.63.

Frente al cargo de “incongruencia entre lo dispuesto en el auto de
imputación de responsabilidad fiscal con el fallo de primera instancia”, se
analizó34:

“[…] Para resolver el recurso interpuesto por la [a]poderada de la
[s]eñora CLARA MATILDE ROJAS NAIZA, el Despacho procede a desatar
los argumentos esgrimidos, resaltando que desde el auto de apertura del
proceso y del auto de imputación de responsabilidad fiscal, se observa
con claridad la determinación del hecho generador del daño consistente
en que la iluminación de los senderos peatonales de la Villa Olímpica de
Villavicencio contratada y pagada por IDERMETA, a través del contrato
016 de 2005, no se puso en funcionamiento por cuanto la entidad
contratante no realizó la legalización del servicio de energía, a pesar que
el contratista hizo entrega de la documentación para dicho trámite.

Da cuenta de este hecho el Informe de Control Físico de la Contraloría
por visita efectuada el 24 de mayo de 2007 por parte de la Profesional
Universitaria Claudia Marcela Pacheco, con ocasión de la queja radicada
bajo el No. 186 de 2006, en donde concluye, entre otro, lo siguiente: "...
en el momento de la visita la iluminación no la han colocado en
funcionamiento pues la entidad contratante no ha solicitado la
legalización del servicio de energía, es decir la inversión eléctrica
realizada dentro del contrato no se está utilizando en este momento; de

34
Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2013 00337 01
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Demandante: Clara Matilde Rojas Naiza

igual manera y como se puede apreciar en el registro fotográfico hay
sectores totalmente descuidados sin mantenimiento’’ (Folios 3 al 16).

En ese orden de ideas, el hecho no permite confusión alguna siendo
claro, preciso, y conciso.

Respecto de la conducta de la señora CLARA MATILDE ROJAS NAIZA,
desde el inicio de la actuación procesal ha sostenido la primera instancia
• Auto de Imputación de responsabilidad fiscal de fecha 12 de octubre
de 2012 folio 540 - "que en su condición de funcionario del nivel
directivo y ordenadora del gasto actuó de manera negligente, con
culpa grave, pues no cumplió con los principios previstos en el
artículo 209 de la Constitución Política, en darle continuidad a la
terminación de la obra, la cual nunca funcionó, teniendo todas las
facultades para reordenar dicha construcción o reparación, en lo
que tienen que ver con el ítem del alumbrado de senderos
peatonales”.

En el mismo sentido, en el fallo con responsabilidad fiscal de fecha 23 de
noviembre de 2012 visto a folio 602 se indica; "su actuar fue
descuidado y negligente, calificada esta conducta con culpa
grave, pues no cumplió con los principios previstos en el artículo
209 de la Constitución Política, en realizar las actividades
requeridas para el funcionamiento de la iluminación y con ello
cumplir con la función y la finalidad de la obra contratada, por
ende esta obra nunca funcionó, teniendo la obligación de
desplegar y realizar las actividades tendientes a lograr la
electrificación de la zona donde se realizó el contrato objeto de
censura por esta vista fiscal, además contó durante la ejecución
del contrato con todas las prorrogativas y facultades
inherente[s] a su cargo para reordenar dicha construcción o
reparación, en lo que tiene que ver con el ítem del alumbrado de
senderos peatonales”.

En consecuencia[,] no se evidencia imprecisión ni confusión en los
hechos, ni en la conducta objeto de la imputación.

Los considerandos tanto del Auto de Imputación como del Fallo con
Responsabilidad Fiscal son claros respecto del hecho generador del daño
causado por la conducta omisiva por parte de la representante legal de
IDEMRETA (sic), la cual se concreta en el actuar negligente ante la
realización del trámite para la legalización de la respectiva matrícula.

Según comunicación GC-M-20123100174211 del 24 de agosto de 2012
suscrita por la Gerente Comercial de la EMSA vista a folio 492 la solicitud
de matrícula de usuario la debe realizar el dueño del proyecto con el
Ingeniero o el técnico que construyó la baja tensión.

Así las cosas, recibida la comunicación por parte del Contratista que obra
a folio 59, la Directora de IDERMETA debió adelantar los trámites
necesarios para la legalización del servicio de energía e iluminación de
los senderos peatonales de la Villa Olímpica, para lo cual también se le
solicitó otorgar el respectivo poder.

Sin embargo[,] no obra en el proceso ninguna prueba que acredite la
gestión adelantada por la directora de IDERMETA para la legalización de
dicho servicio, toda vez que el dueño del proyecto es el IDERMETA,
representado por su directora; circunstancia que impidió la puesta en

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funcionamiento de la obra, causando un perjuicio grave al patrimonio del
ente público.

Por ende[,] no se mezclan diferentes situaciones, sino una sola, la que
corresponde a una conducta negligente y descuidada que malogró una
gran inversión de recursos públicos, motivo por el que se le imputa la
responsabilidad fiscal que nos ocupa; por ello, no se vulnera el derecho
a la legítima defensa imposibilitando una defensa técnica a la luz de lo
dispuesto en el art. 29 de la C.N.

(…)

Luego entonces teniendo en cuenta que solamente existe un hecho
generador del daño determinado claramente, se concluye que la
ritualidad procesal se ha ajustado a lo preceptuado, a la Constitución
Política y a la Ley 610 de 2000 y se ha reconocido no solo el derecho de
defensa a la implicada, sino también el derecho de contradicción, el cual
lo ha ejercido en cumplimiento a las garantías procesales, previstas en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

(…)

De todo lo expuesto anteriormente se concluye que los argumentos
invocadas (sic) por la apoderada de la señora CLARA MATILDE ROJAS
NAIZA no están llamados a prosperar, por cuanto no hay confusión de
los hechos y de la conducta objeto de la imputación de responsabilidad
fiscal, ni incongruencia entre lo dispuesto en el auto de imputación con
el fallo de la primera instancia, como tampoco inexistencia del
fundamento real para determinar el daño patrimonial, ni indebida
apreciación del hecho y las pruebas para conocer y fallar, ni la existencia
de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, toda vez
que su responsabilidad fiscal se enmarca en la configuración de los
elementos previstos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 (…).

[…]”. (negrillas originales)

Frente a este primer punto, la Sala evidencia que no se presenta una
incongruencia entre el auto de imputación y el fallo de responsabilidad
fiscal.

Lo anterior por cuanto, como quedó visto, en el auto de imputación se
indicó que la señora Clara Matilde Rojas Naiza incurrió en algunas
omisiones administrativas “tales como dejar de tramitar las licencias o
permisos para la puesta en funcionamiento de la electrificación de los
senderos peatonales”.

A ello se suma que dicho auto de imputación se profirió como consecuencia
de las irregularidades detectadas en el informe final de la queja nro. 186
de 2006, en la que se señaló que “la iluminación no la han colocado en

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funcionamiento pues la entidad contratante no ha solicitado la legalización
del servicio de energía”.

A su turno, en el fallo con responsabilidad fiscal se reprochó a la aquí
demandante que, “si bien es cierto se realizó la entrega de la obra
correspondiente al sistema de iluminación de los senderos peatonales
áreas duras en los terrenos de la villa olímpica, por parte del contratista,
esta no entró en funcionamiento debido a que no se efectuó la legalización
del servicio de energía ante la EMSA por parte de la directora del
IDERMETA, CLARA MATILDE ROJAS NAIZA”.

Tampoco puede perderse de vista que del precitado recuento se desprende
que, durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal, se le indagó
a la aquí demandante por el hecho de no haber adelantado las gestiones
necesarias para legalizar el servicio de energía en los senderos peatonales,
tal y como se observa en la queja nro. 186 de 2006 y en la versión libre
que rindió la señora Rojas Naiza el 7 de febrero de 2008.

En conclusión, la Sala considera que existe congruencia entre el auto de
imputación y el fallo con responsabilidad fiscal, por cuanto está acreditado
que durante el proceso se cuestionó que los senderos peatonales de la villa
olímpica de Villavicencio no estaban iluminados porque la entidad
contratante no hizo las gestiones necesarias para ello.

6.4.2. En cuanto a la falta de conexidad entre la conducta imputada
y el daño patrimonial

En relación con el segundo reproche, la Sala estima que tampoco tiene
despacho favorable por lo siguiente:

En el fallo con responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de noviembre de
2012, proferido por el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva de la Contraloría Departamental del Meta, en lo
relacionado con el nexo causal se analizó:

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“[…] Como se demostró con el material probatorio la conducta
gravemente culposa ejecutada por la señora CLARA MATILDE ROJAS
NAIZA, quien no realizó el trámite de la licencia respectiva ante la EMSA,
por ello no se pudo colocar en funcionamiento y al servicio de la
comunidad el sistema de alumbrado en los senderos peatonales, como
se explicó en el curso de esta providencia fue la causa de reproche y
directa del detrimento patrimonial en la suma de DOSCIENTOS TREINTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($237.901.882.63).

[…]”. (mayúsculas originales)

Conforme con lo expuesto, se advierte que la conducta endilgada a la
actora radicó en que no adelantó el trámite ante EMSA para poner en
funcionamiento el servicio de iluminación en los senderos peatonales, lo
que condujo a que dicho servicio no fuera prestado a la comunidad, pese
a que el contratista hizo entrega de las obras ejecutadas con ocasión del
contrato nro. 016 de 2005.

En ese sentido, no le asiste razón a la parte actora cuando en el recurso
de apelación sustentó este cargo en que no fue expresada de manera
clara la conducta y tampoco calificada a título de culpa; ello, dado que,
de las consideraciones expuestas en el fallo con responsabilidad fiscal, se
desprende con claridad que la omisión endilgada consistió en que, aunque
la obra fue entregada, la demandante no hizo las gestiones para legalizar
el servicio de energía ante la EMSA, conducta que además fue calificada
como culpa grave.

6.4.3. Frente a la falta de prueba de la cuantía del daño patrimonial
endilgado

La Sala estima que este tercer cargo tampoco prospera, conforme con las
razones que pasan a explicarse:

(i) En el auto nro. 012-12 del 12 de octubre de 2012, por medio del cual
el contralor auxiliar de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la
Contraloría Departamental del Meta imputó responsabilidad fiscal a la

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actora, el presunto detrimento patrimonial se estimó en la suma de
$186.863.667 y se sustentó así:

“[…] De la apreciación integral de prueba se concluye que efectivamente
se ha causado un daño o detrimento patrimonial al erario público de
IDERMETA en cuantía de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($186.863.667), derivado de las irregularidades en el
contrato de obra N°. 016 de 2005, toda vez que las instalaciones
eléctricas construidas sobre el sendero peatonal desde el comienzo se
inutilizaron y al paso de los días fueron hurtadas. Igualmente, no se sabe
o ni se conoce que estas redes hubieran tenido uso, tampoco se
evidencia diligencias de trámite sobre licencias o permisos ante la EMSA,
circunstancias que dejan entrever la ausencia de gestión por parte de
quien ostentaba la dirección de la entidad.

[…]”. (mayúsculas originales)

Como relación de los “ítems no utilizados por IDERMETA” se señalaron los
siguientes:

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(ii) A su vez, en el fallo con responsabilidad fiscal nro. 012-12 del 23 de
noviembre de 2012, proferido también por el contralor auxiliar de
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría
Departamental del Meta, en la cuantificación del daño patrimonial se
expuso que estaba probado que la inversión realizada a las redes
eléctricas no habían cumplido la finalidad para la que fueron contratadas
y canceladas por la administración, por lo que elevó a faltante fiscal el
valor total de la red de tensión baja por la suma de $186.863,667, que
indexada arrojó el valor de $237.901.882.63, así:

“[…] En el caso subjudice en estudio tenemos que evidentemente el
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META
(IDERMETA), sufrió una merma en su patrimonio de CIENTO OCHENTA
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS MCTE ($186.863.667) sin indexar, en razón a
que se probó que la inversión realizada a las redes eléctricas no
cumplieron la finalidad para lo cual fueron contratadas y canceladas por
la administración.

(…)

Realizada la indexación la señora CLARA MATILDE ROJAS deberá
consignar a la entidad afectada INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META IDERMETA, la suma de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA TRES CENTAVOS
($237.901.882.63).

[…]”. (mayúsculas originales)

Acorde con lo expuesto, la Sala considera que tampoco le asiste razón a
la recurrente, toda vez que la inversión que se hizo para la instalación de
la iluminación del sendero peatonal se probó que no fue puesta en
funcionamiento como consecuencia de que la aquí demandante no
adelantó las gestiones para legalizar el servicio de energía ante la EMSA.

Adicionalmente, se comprueba que la inversión ascendió, sin indexar, a
la suma de $186.863.667, de manera que, el daño imputado corresponde
a dicha inversión, el cual se ocasionó por la conducta omisiva de la
demandante que implicó que la infraestructura para prestar el servicio de
iluminación no fuera prestado a la comunidad.

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Por último, no se condenará en costas en esta instancia, por cuanto no se
demostró su causación, lo anterior atendiendo lo previsto por el artículo
188 del CPACA.

Corolario de lo explicado, será confirmada la decisión de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda, por no estar desvirtuada la
legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron responsabilidad
fiscal a la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de noviembre de
2016 por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Meta,
que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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