Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2014-00090-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 29 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Daniel Eduardo García Pérez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de
las Resoluciones 023439 del 22 de mayo, 030235 del 4 de julio y 036149 del 9 de
agosto, todas de 2013, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y
1 Folios 1 al 13.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
pago de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a: i) reconocer y pagar la pensión gracia
desde la fecha en que consolidó el estatus; ii) realizar los ajustes de ley, incluidos
los previstos en las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988; iii) cumplir la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El señor García Pérez prestó servicios docentes así: en la Comisaría Especial de
Guainía, del 1 de febrero de 1975 al 4 de marzo de 1980; en el departamento del
Guainía, del 5 de marzo de 198 al 13 de junio de 2001; en la Secretaría de
Educación Departamental del Meta, del 14 de junio de 2001 al 12 de diciembre de
2002; y en la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio, desde el 13 de
diciembre de 2002.
ii) Realizó varias peticiones ante la demandada con el fin de que se le reconociera
la pensión gracia, la última de ellas presentada el 8 de marzo de 2013 y resuelta de
forma negativa por la demandada mediante las resoluciones acusadas.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalan los artículos 1 y 2 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la
Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 3 de la Ley 37 de 1933 y 6 del Decreto
224 de 1972.
Al desarrollar el concepto de violación, expuso, en esencia, que los actos acusados
se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación, por cuanto carecen de
fundamentos de hecho y de derecho, comoquiera que desconocen su condición de
2
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
docente nacionalizado, vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, y el
cumplimiento de los demás requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia.
1.2. Contestación de la demanda2
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las siguientes razones
de defensa:
i) El demandante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión reclamada,
ya que no demostró haber prestado veinte años de servicio en la docencia oficial
del orden territorial y no es posible computar tiempos prestados con vinculación
nacional.
ii) No se puede acceder a las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que el
actor no cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933.
Propuso las siguientes excepciones: i) ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado; ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión; iii)
prescripción; iv) cobro de lo no debido; v) no procedencia de indexación y vi)
imposibilidad de condena en costas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 27 de agosto de 2015,
accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la accionada, con
sustento en las siguientes consideraciones:3
i) La negativa de la entidad frente a la solicitud pensional no es de recibo, toda vez
que el tema del valor probatorio de las copias simples se encuentra ampliamente
2 Folios 223 al 225.
3 Folios 284 al 288.
3
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Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
superado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de que tales
documentos pueden ser valorados siempre y cuando no hayan sido objeto de tacha.
ii) Conforme a la normativa que regula la pensión gracia, y revisada la situación
fáctica del demandante, se encuentran reunidos todos los elementos necesarios
para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia, por cuanto se acreditó
que este cumplió 50 años de edad el 21 de noviembre de 2003 y que fue vinculado
como docente desde el 1 de febrero de 1975, para un total de tiempo de servicio de
28 años, al 2003. Además, se trató de una vinculación de carácter nacionalizado.
iii) El actor tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia a partir del
21 de noviembre de 2003, fecha en la cual cumplió 50 años, en cuantía del 75% del
promedio de todo lo devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus,
con efectos fiscales desde el 8 de marzo de 2010, toda vez que la petición que
interrumpió la prescripción fue la presentada el 8 de marzo de 2013.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la accionada interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con el mismo argumentos planteado en la contestación de la demanda,
así:4
i) El demandante no cumple con el requisito de haber laborado de haber laborado
veinte años como docente nacionalizado y no es factible computar tiempos
prestados con vinculación nacional, para acceder a la pensión gracia.
ii) La entidad demandada ha actuado de buena fe y, en consecuencia, debe
absolvérsele del pago de las costas procesales.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
4 Folio 292.
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Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
En esta etapa procesal, el demandante reiteró los argumentos planteados a lo largo
del proceso.5 Por su parte, la accionada guardó silencio.6
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si i) el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación; y ii) si la condena
en costas impuesta en primera instancia consulta los postulados de los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP.8
2.2. Marco normativo
El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
5 Folios 362 al 366.
6 Según la constancia secretarial obrante a folio 367.
7 Ibidem.
8 Código General del Proceso.
5
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».12
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».13
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter
legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio
de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,
radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un
plazo que demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la
pensión gracia».15
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
siguiente:16
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando
el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los
derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos para
obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus efectos
en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación
al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-
23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-
2019-02219-01 (AC).
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
establecidos para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes
territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia
transcrita.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».20
2.3. Hechos probados
➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios
• Conforme al registro civil de nacimiento, el señor Daniel Eduardo García Pérez
nació el 21 de noviembre de 1953;21 es decir, que cumplió 50 años el 21 de
noviembre de 2003.
• De acuerdo con el Formato Único para la expedición de certificado de historia
laboral, expedido el 6 de febrero de 2013 por la Secretaría de Educación de
Villavicencio, el demandante, a la fecha de la certificación, se encontraba vinculado
a la Secretaría de Educación Municipal, como directivo docente, con carácter
nacionalizado y relaciona las novedades presentadas durante la relación, así:22
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
21 Folio 814 vuelto del expediente administrativo.
22 Folio 42.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
De las novedades relacionadas, dan cuenta los siguientes actos administrativos:
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
✓ Decreto 037 del 7 de febrero de 1975, proferido por el comisario especial del
Guainía, «en uso de sus facultades legales» por el cual se nombran unos
profesores de primaria dentro del territorio del Guainía.23
✓ Resolución 005 del 29 de febrero de 1980, «por medio de la cual se hace in
nombramiento en la Coordinación de Educación Nacional del Guainía»,
proferido por el coordinador de educación nacional para la Prefectura
Apostólica de Mitú (Guainía), «en uso de sus atribuciones legales y las que
le confiere el Decreto concordatorio No. 2768 de diciembre 17 de 1975», por
el cual se nombró al señor García Pérez, como supervisor.24
✓ Acta de posesión suscrita por el corregidor comisarial de Barrancominas
(Guainía), donde consta que el actor tomó posesión del cargo de supervisor
de la Coordinación de Educación Nacional Contratada, en la Prefectura
Apostólica del Mitú, en la zona del Río Guaviare, con una asignación
correspondiente a su grado en el escalafón, más un 40%.25
✓ Decreto 0234 del 13 de junio de 2001, expedido por el gobernador del
departamento del Guainía, por el cual se trasladó al actor, por permuta
libremente convenida, del cargo de supervisor educativo de la educación
contratada del Guainía al mismo cargo en el departamento del Meta. El acto
se sustentó en las siguientes consideraciones:26
23 Folio 21.
24 Folio 28.
25 Folio 29.
26 Folios 30 y 31.
13
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
14
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
✓ Resolución 070 del 14 de junio de 2001, «por medio de la cual se traslada
por permuta libremente convenida un directivo docente, bajo la modalidad de
traslado nombramiento del situado fiscal, proferida por el secretario de
educación del Meta, «en uso de sus atribuciones legales», mediante la cual
se nombró al señor García Pérez, en calidad de supervisor de educación al
servicio de la educación contratada del departamento del Guainía, «como
supervisor de educación de la Secretaría de Educación del departamento del
Meta, en reemplazo de William Pacheco Abril, quien pasa a ocupar el cargo
de supervisor de la educación contratada del departamento del Guainía».27
27 Folio 32.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
✓ Resolución 822 del 13 de diciembre de 2002, proferida por la jefe de la Oficina
de Personal docente de la Secretaría de Educación del Meta, «en uso de sus
atribuciones legales conferidas en el Decreto 0530 del 4 de septiembre de
2002 y los artículos 22 y 40 de la Ley 715 de 2001», se resolvió «asignar
funciones administrativas al licenciado Daniel Eduardo García Pérez […]
para que preste apoyo a la Secretaría de Educación Municipal de este mismo
municipio, dentro del proceso de certificación».28
✓ Decreto 380 del 26 de diciembre de 2003, el alcalde de Villavicencio, «en uso
de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas
por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política y artículos 7 y 34
de la Ley 715 de 2001», incorporó a la planta de cargos del municipio al
28 Folio 34.
16
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
personal docente y directivo docente, entre ellos al señor García Pérez, en el
cargo de supervisor.29
• Según el certificado de información laboral expedido el 28 de febrero de 2013, por
la Alcaldía Municipal de Villavicencio, el señor García Pérez tuvo las siguientes
vinculaciones laborales:30
Desde Hasta Entidad Cargo
1 de febrero de 1975 4 de marzo de 1980 Comisaría Especial Docente IE Custodio
de Guainía García Rovira
5 de marzo de 1980 13 de junio de 2001 Departamento de Supervisor
Guainía
14 de junio de 2001 12 de diciembre de Secretaría de Supervisor
2002 Educación
Departamental del
Meta
13 de diciembre de [A la fecha de la Secretaría de Supervisor
2002 certificación Educación de
continuaba activo]. Villavicencio
Y los aportes para pensiones correspondientes a las mencionadas vinculaciones se
realizaron a la Caja Departamental de Previsión y al Fondo de Prestaciones del
Magisterio.
29 Folios 39 al 41.
30 Folios 67 y 68.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
• La Procuraduría General de la Nación certificó que el señor Daniel Eduardo García
Pérez, al 29 de marzo de 2004, no registraba sanciones ni inhabilidades.31
➢ Actuación administrativa
• El 8 de marzo de 2013, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.32
• El 22 de mayo de 2013, por medio de la Resolución RDP 023439, la UGPP negó
la petición,33 con los siguientes argumentos:
31 Folio 83.
32 Información extraída de la Resolución 023439 del 22 de mayo de 2013 (folios 49 y 50).
33 Folios 49 y 50.
18
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
• El 19 de junio de 2013, el interesado interpuso los recursos de reposición y
apelación.34
• El 4 de julio de 2013, mediante la Resolución RDP 0302035,35 la UGPP resolvió el
recurso de reposición, en el sentido de confirmar la decisión.
• El 9 de agosto de 2013, a través de la Resolución RDP 036149, por la cual se
decidió la apelación, la entidad confirmó en todas sus partes la decisión inicial.36
➢ Pruebas de oficio
En respuesta al requerimiento efectuado por esta Sala,37 fueron aportadas al
expediente las siguientes documentales:
• La jefe de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Guainía
certificó:38
34 Folios 52 y 53.
35 Folios 54 al 59.
36 Folios 62 al 64.
37 Auto del 3 de agosto de 2017, obrante a folio 368.
38 Folio 382.
19
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Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
Y remitió los siguientes documentos:
Copia del Decreto 037 del 7 de febrero de 1975, proferido por el comisario especial
del Guainía, por medio del cual se nombraron profesores de primaria dentro del
territorio, entre ellos el actor.
20
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Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
• Acta del 11 de febrero de 1975, que da cuenta de la posesión del demandante en
el cargo para el cual fue nombrado por el mencionado decreto del comisario del
Guainía.
• Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral de la Secretaría
de Educación del Guainía, que da cuenta del vínculo del actor con carácter
nacionalizado, como directivo docente, en propiedad, desde el 5 de marzo de 1980
hasta el 12 de junio de 2001. Fuente de los recursos: Sistema General de
Participaciones. (Ver imagen a continuación).
21
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
• La gerente de Gestión Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación
del Meta remitió certificado de tiempo laborado a cargo del municipio de
Villavicencio por el señor Daniel Eduardo García Pérez, que da cuenta del vínculo
que ostentó con carácter nacionalizado, en propiedad, en el orden municipal, en el
cargo de directivo docente desde el 1 de febrero de 1975 hasta el 31 de diciembre
de 2005 y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2009.39
39 Folios 376 al 377.
22
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
• El coordinador del Grupo de Certificaciones de la Subdirección de Talento Humano
del Ministerio de Educación Nacional, en respuesta al mencionado requerimiento de
la Subsección, certificó:40
En atención a su solicitud radicada ante este Ministerio bajo el No. 2017ER205003
del 21 de septiembre de 2017, a través del cual se solicita certificar el tipo de
vinculación y tiempo de servicios como docente por el tiempo comprendido entre el
1 de febrero de 1975 y el 13 de junio de 2001 y del 14 de junio de 2001 al 8 de mayo
de 2013 a nombre del señor DANIEL EDUARDO GARCIA PEREZ, nos permitimos
informarle que con base en la información contenida en los inventarios de la serie
Historias Laborales del archivo central de este Ministerio de la planta de personal, el
Grupo de Gestión Documental pudo establecer que no se encontró información
alguna a nombre del mencionado señor.
40 Folio 379.
23
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
De las documentales previamente relacionadas, se encuentra probado que el señor
Daniel Eduardo García Pérez, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, cumplió con el requisito de edad el 21 de noviembre de 2003, fecha
en la cual cumplió 50 años. De igual manera, no existen reproches sobre la conducta
en el desempeño del servicio docente por el tiempo certificado.
Ahora bien, en cuanto al requisito de 20 años de servicio como docente del orden
territorial y/o nacionalizado, es preciso realizar el análisis de los tiempos que
pretende hacer valer para tal fin, así:
Tiempo de servicio del 1 de febrero de 1975 al 4 de marzo de 1980
Respecto de este periodo, se aportó copia del Decreto 037 del 7 de febrero de 1975,
por medio del cual fue nombrado en el cargo de profesor de 2ª categoría para Inírida.
Este acto fue proferido por el comisario especial del Guainía, en uso de sus
facultades legales, sin intervención de ningún otro funcionario. Las diferentes
certificaciones aportadas dan cuenta de que se trató de una vinculación de carácter
nacionalizado con la Comisaría Especial del Guainía.
Esta corporación se ha referido a la naturaleza jurídica de la Intendencias y
Comisarías antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, en los
siguientes términos:41
[…] a través de la Ley 22 del 18 de enero de 198542 se establece que la
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017, radicado 05001-
23-33-000-2014-00638-01 (2753-16). Ver también las siguientes sentencias: i) 17 de mayo de 2018, radicado
81001-23-33-000-2013-00119-01(1466-15); ii) del 15 de junio de 2017, radicado 81001-23-33-000-2013-00025-
01 (4571 – 2014); iii) del 21 de abril de 2017, radicado 19001-23-33-000-2014-00336-01(4362-15); y iv) 6 de
noviembre de 2014, radicado 15001-23-33-000-2013-00455-01 (0322-2014).
42 «por la cual se dictan normas sobre el Régimen Administrativo de las Intendencias y Comisarías, se faculta
al Presidente de la República para reorganizar el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías,
modificar el Régimen Administrativo, Contractual y Fiscal en estas entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones».
24
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
administración de esas intendencias en cada entidad territorial correspondería a los
Consejos Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios43,
confirmando de esta manera lo dispuesto en la Constitución y el art. 1º de la Ley 2ª
de 1943, según los cuales si bien la administración de las intendencias y comisarias
correspondía al Gobierno Nacional ellas se asimilaban a los departamentos,
pudiendo establecer los mismos impuestos y contribuciones y tendrían las mismas
rentas que aquellos.
Finalmente con la Constitución de 1991 dichas intendencias y comisarías fueron
erigidas como Departamentos, tal como lo ordenó el art. 309 de la C.P44.
Así entonces, para la parte demandada el tiempo de servicios como docente prestado
por el actor con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 es del orden nacional, tal
como se advirtió líneas atrás, no obstante, para la Sala el mismo deviene del orden
territorial, puesto que fue efectuado por entidad territorial, la cual si bien era
administrada por el Gobierno Nacional, tenía la misma calidad de entidad territorial,
esto es gozaba de autonomía e independencia como de ellos se predica, tal como se
prevé en la Ley 2ª de 1943 y 22 de 1985, como se dejó advertido.
Lo anterior sumado a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975 art. 1º en el cual se nacionalizó
la educación que venían prestando los Departamentos, Distrito Especial de Bogotá,
los municipios, intendencias y comisarías, por lo que con fundamento en la anterior
norma quedaron nacionalizada el servicio de educación que venía prestando las
intendencias, para el caso concreto la de Intendencia Nacional de Arauca, por lo tanto
los nombramientos efectuados por este se entienden de naturaleza nacionalizada, tal
como lo ordenó la norma.
Argumento que a su vez se confirma con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 91 de
1989 que considera como docente territorial el nombrado por entidad territorial, en
este caso, la Intendencia Nacional de Arauca, con posterioridad al 1º de enero de
1976.
De acuerdo con el anterior lineamiento, antes de la Constitución de 1991, la
Comisaría Especial del Guainía era una entidad territorial y con la nueva Carta se
convirtió en un departamento. Por su parte, los docentes tenían la condición de
territoriales o nacionalizados, teniendo en cuenta que dicha Comisaría también se
sometió al proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
1975. No queda duda, entonces, de que dicho periodo, con vinculación anterior al
43 «Artículo 1°. La Administración de las Intendencias y Comisarías corresponde al Gobierno Nacional, al
Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías y en cada entidad territorial a los Consejos
Intendenciales y Comisariales y a los Intendentes y Comisarios, conforme a las disposiciones de la presente
ley».
44 «Artículo 309. Erígense en departamento las Intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y
Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán
siendo de propiedad de los respectivos departamentos».
25
Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
31 de diciembre de 1980, resulta valido para completar el tiempo mínimo de los 20
años para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
Tiempo de servicio del 5 de marzo de 1980 al 13 de junio de 2001
A través de la Resolución 005 del 29 de febrero de 1980, el coordinador de
educación nacional para la Prefectura Apostólica de Mitú (Guainía) nombró al
señor Daniel Eduardo García Pérez como supervisor. La respectiva acta da cuenta
de que el docente tomó posesión del cargo «como supervisor de la Coordinación de
Educación Nacional, contratada en la Prefectura Apostólica del Mitú – Guainía, en
la zona del Río Guaviare».
Respecto de la educación nacional contratada, la jurisprudencia de esta Sección ha
sido pacífica en el sentido de indicar que los docentes que laboraron bajo ese
mecanismo tienen la calidad de docentes nacionales. Así lo indicó en sentencia del
17 de agosto de 2017, donde advirtió lo siguiente:45
La Educación Misional Contratada nace con la aprobación por parte del Congreso
Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta modalidad de prestación del servicio
educativo, permitió la ampliación de la cobertura educativa en las regiones más
remotas del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de
contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica, cuyo objeto se contraía a la
administración del servicio público educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de
los programas oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo la orientación del
Ministerio de Educación Nacional en las zonas asignadas, que comprendían
alrededor de 19 departamentos.
En desarrollo de la Ley 20 de 1974, el gobierno Nacional expidió los Decretos 2768
de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.
En los citados Decretos se definió que los contratos serían celebrados por el
presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
centros educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
45 Radicado 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017). UGPP contra Gustavo Rivera Flórez. Consejero
ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en la
ley de presupuesto en cada año.
En cuanto a la administración del personal docente al servicio bajo esta modalidad, el
artículo 4.o del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1.o del Decreto 2484
de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente debía ser
adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y posteriormente avalado
por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo caso correspondía mediante
ratificación, coordinar los nombramientos y toda novedad del personal de los centros
educativos contratados (traslados, licencias, vacaciones, renuncias, insubsistencias
etc.). De igual forma, se dispuso que estos educadores debían reunir las condiciones
y requisitos consignados en las disposiciones legales generales o especiales sobre
escalafón docente y en el régimen administrativo para funcionarios públicos.
A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con
iglesias y confesiones religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.
De lo anterior se deduce, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.»
Posición que, además, ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de
2017,46 y más recientemente el 25 de septiembre de 2020,47 2 de octubre de 202048
y del 2 de julio de 2022,49 entre otras.
En el caso particular, es relevante el hecho de que el nombramiento del demandante
fue efectuado por monseñor Belarmino Correa Yepes, en condición de coordinador
de educación nacional contratada para la prefectura apostólica de Mitú (Guainía),
en uso de las atribuciones legales y las que le confiere el Decreto Concordatorio
2768 de 1975. En ese orden, es posible concluir que, para dicho momento, los
46 Proceso 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-2014). UGPP contra Raúl Tobón Tamayo. MP. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
47 Proceso 25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018). Yolanda Ríos Ospina contra la UGPP. MP César
Palomino Cortés.
48 Proceso 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019). Edison Alfredo Albán Angulo contra la UGPP. MP
Carmelo Perdomo Cuéter.
49 Proceso 88001-23-33-000-2015-000054-02 (1393-2016). UGPP contra Carmen Emilia Trespalacios Amaris.
MP. William Hernández Gómez.
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Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
educadores adscritos a los centros educativos contratados ostentaban el carácter
de docentes nacionales,50 pues como se mencionó, la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975 era administrada por las
denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación, hasta el año 2001. Por ende, este periodo no resulta computable para
reconocer la pensión gracia.
Tiempo de servicio del 14 de junio de 2001 al 6 de febrero de 2013 (fecha de la
certificación laboral anterior a la petición presentada el 8 de marzo de 2013).
Por medio de la Resolución 070 del 14 de junio de 2001, el secretario de
educación del Meta nombró al actor en el cargo de supervisor de educación de la
Secretaría de Educación del Meta, previo traslado por permuta libremente
convenida con otro docente. Dicho traslado fue dispuesto por el Decreto 0234 del
13 de junio de 2001, para lo cual se tuvo en cuenta la certificación de disponibilidad
presupuestal expedida por el técnico de en presupuesto de la Educación Contratada
del Guainía.
Conforme al parágrafo del artículo 4 del Decreto 1706 de 1989, norma invocada en
el acto de nombramiento, la posesión del docente en el nuevo cargo vacante implica
su desvinculación del cargo anterior, sin solución de continuidad y su exclusión de
la nómina. Es decir, que a partir del 15 de junio de 2001, fecha en que tomó posesión
como supervisor del departamento del Meta, varió el carácter de su vinculación,
comoquiera que ingresó a la nómina de este ente territorial, en una plaza de la
misma naturaleza, mientras que el otro docente pasó a ocupar el cargo que este
ocupaba como supervisor de la educación contratada del departamento del Guainía.
En su nuevo cargo de supervisor, en el departamento del Meta, le fueron asignadas
funciones por medio de la Resolución 822 del 13 de diciembre de 2002, para prestar
50 Al respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-23-31-000-2008-00002-01 (3261-
2014) proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
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apoyo a la Secretaría de Educación Municipal de Villavicencio. Y a través del
Decreto 380 del 26 de diciembre de 2003, el alcalde del municipio de Villavicencio
lo incorporó a la planta de cargos adoptada por Decreto 378 del 19 de diciembre de
2003.
Se trató, entonces, de vinculaciones territoriales, en plazas pertenecientes al
departamento del Meta y al municipio de Villavicencio. Por ende, dichos tiempos
resultan válidos para obtener la pensión gracia, pues, como se concluyó en la citada
providencia de unificación, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, máxime si se tiene en cuenta que, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos
Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.51
Sobre el punto, esta Sala en reciente pronunciamiento señaló lo siguiente:52
Es oportuno resaltar que el a quo desestimó el referido tiempo en consideración a
que los salarios fueron financiados por la Nación; sin embargo, conforme se expuso
en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en el sentido de indicar
que tal argumento no podía oponerse para reconocer la prestación en comento, toda
vez que los dineros provenientes del entonces situado fiscal -ahora sistema general
de participaciones- «le pertenecía[n] de forma exclusiva a los entes locales dado
que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas endógenas y exógenas».53
De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación».
51 Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de octubre de 2022, radicado: 52001-23-33-000-2014-
00540-01 (2892-2016).
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-
42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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En este orden, al excluir el periodo laborado al servicio de la educación contratada
del departamento de Guainía, se tiene que los 5 años y 1 mes que el actor laboró
como docente de Puerto Inírida (Guainía), sumados a los 11 años, 7 meses y 23
días al servicio del departamento del Meta y del municipio de Villavicencio, arrojan
un tiempo aproximado 17 años de servicios de carácter territorial, lapso inferior al
exigido por las normas que regulan la pensión gracia.
En conclusión, el demandante no cumple con el requisito de tiempo mínimo de labor
docente al servicio territorial o nacionalizado para ser beneficiario de la pensión
solicitada, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda. En consecuencia, no hay lugar
a estudiar el segundo problema jurídico, relacionado con la condena en costas
impuesta a la accionada.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que, para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,54
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo no se ajustó a las directrices
interpretativas que rigen la situación particular del demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia del 29 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones del señor Daniel Eduardo
García Pérez. En su lugar, se dispone:
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Radicado: 50001 23 33 000 2014 00090 01 (2263-16)
Demandante: Daniel Eduardo García Pérez
Segundo. Deniéganse las súplicas de la demanda incoada por el señor Daniel
Eduardo García Pérez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Tercero. Sin costas en segunda instancia.
Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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