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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00127-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias en derecho en segunda instancia en la suma de ochocientos seis mil setecientos treinta y cuadro pesos ($806.734) a favor de las demandadas y se dividirá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 108 La parte demandante estimó la cuantía en $806.733.775,00. 47 Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983) Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro Proceso: Reparación directa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2014-00127-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otros
Proceso: Reparación directa

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN-Régimen aplicable. FALLA DEL SERVICIO POR
OMISIÓN-Elementos. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-Debe acreditarse que, de haberse realizado la
conducta debida, se habría interrumpido el proceso causal. Funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales-Art. 31 Ley 99 de 1993. DOCUMENTO PÚBLICO-Valoración probatoria. DOCUMENTO
PRIVADO-Valoración probatoria. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquéllas o ésta.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 21 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2009, la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribió contratos de
exploración y producción para adelantar obras en el municipio de Acacías, Meta.
Posteriormente, el 1 de diciembre de 2011 se produjo un deslizamiento y
avalancha de tierra que derivó en la destrucción total de la finca La Fortuna 2,
ubicada en la vereda El Playón del municipio de Acacías.

Alegan que el deslizamiento tuvo origen en los programas de prospección sísmica
adelantados con ocasión de esos contratos. Alegan, además, falla del servicio de
Cormacarena y del municipio de Acacías, Meta, porque omitieron su deber de
prevención de desastres.

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

ANTECEDENTES

La demanda

El 27 de febrero de 2014, Lida Rocío López Ospina, Thalía Julieth Urrea López y
Sandra Milena López Ospina –en nombre propio y en representación de Michel
Alexandra Novoa López, Julieth Camila Novoa López, Jefferson Stiven Novoa
López y Nicol Valentina Velásquez López– formularon demanda de reparación
directa contra la Nación-Ministerio de Minas y Energía, la Nación-Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH,
Ecopetrol S.A., la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena-Cormacarena, el Municipio de Acacías, Montecz S.A.,
Geeko Energy S.A.S., Chevron Petroleum Company, Geophysical Adquisition &
Processing Services-GAPS Ltda. en liquidación y Petrobras Colombia Limited,
para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

«1. Se declare civil, administrativa y solidariamente responsables a la Nación
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Ecopetrol S.A., Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
(CORMACARENA); Municipio de Acacías: Montecz S.A.; Geeko Energy S.A.S.;
Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition & Processing Services
(GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited, de la totalidad de los
daños, perjuicios materiales e inmateriales causados a mis poderdantes como
consecuencia de la ejecución de los programas de prospección sísmica realizados
en la vereda el playón del municipio de Acacías, que dio como origen la
destrucción total de la finca la Fortuna 2, el día 1 de diciembre de 2011, por el
deslizamiento y avalancha de tierra.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene solidariamente a la
Nación - Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Ecopetrol S.A.,
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.; Geeko Energy
S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition & Processing
Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited a pagar en la
modalidad de Daño Emergente a LIDA ROCÍO LÓPEZ OSPINA, la suma de
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($806.733.775,00) PESOS M/CTE, suma
esta que corresponde al 90% del valor depreciado de la Finca La Fortuna 2 frente
al valor comercial.

3. Se condene solidariamente a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH);
Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.;
Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition &
Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited a

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

pagar en la modalidad de Daño Emergente a LIDA ROCÍO LÓPEZ OSPINA, la
suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($185.582.250,00) PESOS M/CTE, suma
esta que corresponde a los 35.349 pescados Cachama, que se perdieron como
consecuencia de la destrucción y cubrimiento por lodo de los 9 estanques de la
finca La Fortuna 2.

4. Se condene solidariamente a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH);
Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.;
Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition &
Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited a
pagar en la modalidad de Lucro Cesante Consolidado a favor de LIDA ROCÍO
LÓPEZ OSPINA, la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
($343.153.885,00) PESOS M/CTE, suma esta que corresponde a los 141.396
pescados que se han dejado de producir, a partir del 01 de diciembre de 2011 a la
fecha, como consecuencia de la destrucción de los estanques por la avalancha.

5. Se condene solidariamente a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH);
Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.;
Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition &
Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited a
pagar en la modalidad de Lucro Cesante Futuro a favor de LIDA ROCÍO LÓPEZ
OSPINA, la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL ($157.539.000,00) PESOS MCTE, suma esta que
corresponde a las tres (3) hectáreas de Cacao que se encontraban sembradas,
que se perdieron como consecuencia de la avalancha y cubrimiento por lodo
encima del cultivo de la finca La Fortuna 2.

6. Se condene solidariamente a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH);
Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.;
Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition &
Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited a
pagar en la modalidad de Lucro Cesante Futuro a favor de LIDA ROCÍO LÓPEZ
OSPINA, la suma diaria de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($453.749,00) PESOS M/CTE, hasta que
se pague la sentencia, suma esta que corresponde a los pescados que se han
dejado de producir como consecuencia de la destrucción de los estanques por la
avalancha.

7. Que se condene a la Nación - Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH);
Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.;
Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition &
Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited,
de los perjuicios morales ocasionados a las señoras Lida Rocío López Ospina,
Thalía Julieth Urrea López, Sandra Milena López Ospina, Michel Alexandra Novoa
López, Julieth Camila Novoa López, Jefferson Stiven Novoa López y Nikol
Valentina Velásquez López, en la suma de cincuenta (50) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes para cada uno, o suma mayor que este reconociendo
la Jurisprudencia a la hora de la sentencia, como consecuencia del estrés,

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

angustia, desespero y tristeza que le generó la tragedia del 01 de diciembre de
2011.

8. Que se declare patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Minas
y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH); Ecopetrol S.A., Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA); Municipio de
Acacías; Montecz S.A.; Geeko Energy S.A.S.; Chevron Petroleum Company,
Geophysical Acquisition & Processing Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y
Petrobras Colombia Limited, del perjuicio de ALTERACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE EXISTENCIA ocasionados a Lida Rocío López Ospina, Thalía
Julieth Urrea López y Sandra Milena López Ospina, Michel Alexandra Novoa
López, Julieth Camila Novoa López, Jefferson Stiven Novoa López y Nikol
Valentina Velásquez López, en la suma de Cincuenta (50) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes para cada uno, o suma mayor que este reconociendo
la Jurisprudencia a la hora de la sentencia, como consecuencia del cambio de sus
condiciones de vida, perturbación psíquica, entre otras, por los hechos ocurridos el
día 01 de diciembre de 2011 en la vereda el Playón del Municipio de Acacías.

9. Condénese a la Nación Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Ecopetrol S.A.,
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena (CORMACARENA); Municipio de Acacías; Montecz S.A.; Geeko Energy
S.A.S.; Chevron Petroleum Company, Geophysical Acquisition & Processing
Services (GAPS LTDA.) en Liquidación y Petrobras Colombia Limited, a pagar las
costas y agencias en derecho que ocasione este proceso.

10. Se ordene a los demandados dar cumplimiento a la sentencia, en una eventual
conciliación judicial dando cumplimiento de los artículos 189 y 192 de la Ley 1437
de 2011»1.

Hechos

La parte actora afirmó que es propietaria del inmueble La Fortuna 2, ubicado en la
vereda El Playón del municipio de Acacías, Meta, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 232-19744. Adujo que residía en ese predio desde hace
aproximadamente 15 años y, como única fuente de ingresos, explotaba
económicamente el bien para la siembra de cacao, pastos para ceba de ganado,
compra y venta de semovientes y nueve estanques de producción piscícola.
Expuso que, en Acuerdo 35 del 10 de junio de 1996, el Concejo Municipal de
Acacías declaró zonas de riesgo las veredas Sardinata, Alto Acaciítas y La Palma
y dispuso que todos los asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo
quedaban sujetos a su reubicación o mejoramiento estructural.

A pesar del peligro, se ejecutaron múltiples obras de exploración sísmica, así: (i)
entre 1990 y 2003, obras adelantadas por Ecopetrol S.A. y sus operadores

1 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_001DEMANDA», p. 18-20.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
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Sismocol y Sismicol en la vereda El Playón; (ii) en el año 1996, obras adelantadas
por Chevron Petroleum Company y sus operadoras Gaps Ltda. y Grant Tensor en
las veredas La Palma y El Playón; (iii) en 2002, obras adelantadas por Petrobras
Colombia Limited en la vereda El Playón. La demanda también refirió el contrato
de exploración y producción Llanos Orientales – Área Occidental Bloque CPO 9,
suscrito el 26 de enero de 2009 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH
y Talismán Colombia Oil & Gas Ltda., así como el contrato de exploración y
producción Llanos Orientales – Bloque Llanos 36 3D del 17 de febrero de 2009
entre la ANH y Montecz S.A., con su subcontratista Geeko Energy S.A.S.

Respecto del contrato de exploración Bloque Llanos 36 3D, indicaron que en
resolución PM-GJ-1.2.6.10.0715 del 29 de abril de 2010, la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena
concedió a Montecz S.A. una solicitud de permisos menores para el proyecto de
perforación exploratoria. El 16 de septiembre de 2011, el Grupo de Exploración
Sísmica GES 129 Llano 36 de la empresa Montecz S.A. entregó a Cormacarena
un informe final relacionado con los permisos otorgados.

La parte demandante manifestó que en la noche del 30 de noviembre de 2011 y la
madrugada del 1 de diciembre de 2011, se produjo una tormenta, deslizamiento
de tierra y avalancha que derivó en la destrucción total de la finca La Fortuna 2 y
obligó al grupo familiar demandante a desplazarse al casco urbano del municipio
de Acacías. Señalaron que el Comité Local para la Prevención y Atención de
Desastres-CLOPAD del Municipio de Acacías certificó su afectación por el
desbordamiento, que en Acuerdo No. 184 del 10 de diciembre de 2011 se modificó
el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Acacías para adelantar
tratamientos de restauración paisajística y que, en Decreto 238 de 2011, la
Alcaldía del Municipio de Acacías declaró la urgencia manifiesta con motivo del
deslizamiento.

La demanda sostuvo que la carga explosiva de las obras sísmicas adelantadas
con ocasión del contrato Bloque Llanos 36 3D fue determinante para debilitar el
piedemonte del municipio de Acacías, lo que produjo los deslizamientos de tierra y
la avalancha que derivó en la destrucción del inmueble La Fortuna 2. Reprochó
que los programas sísmicos no contaban con licencias ambientales ni plan de
manejo ambiental, sin que el Municipio de Acacías y Cormacarena, autoridades

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
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ambientales, intervinieran en esa situación. Agregó que la administración
municipal no adelantó labores de prevención y mitigación de los daños,
reasentamiento o restauración paisajística2.

Contestaciones de la demanda

Cormacarena

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena-Cormacarena, al oponerse a las pretensiones, señaló que no había
certeza del daño sufrido, en la medida que no se acreditó la causa eficiente de la
dilatación de la cordillera. Manifestó que tal situación sería atribuible al segundo
periodo de lluvias del año 2011, la cual fue advertida al municipio de Acacías por
Cormacarena y cuya fuerte intensidad produjo remociones en masa del terreno de
la vereda El Playón. Formuló las excepciones de caducidad, inexistencia de acción
u omisión e inexistencia de imputación de responsabilidad3.

Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Afirmó que las autoridades encargadas de desastres naturales por el aumento de
la ola invernal eran Cormacarena y el Municipio de Acacías. En ese sentido,
propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor o caso
fortuito, ausencia de daño y responsabilidad por parte del Ministerio y hecho de un
tercero4.

Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH

Sostuvo que la función de administrar el contrato de exploración Llanos 36 limitaba
su competencia al deber legal y contractual de verificación del cumplimiento del
contrato, esto es, que el contratista ejecutara sus operaciones en forma armoniosa
con la comunidad y el medio ambiente. Luego, el nexo causal estaba desvirtuado
al no establecerse la conducta estatal que produjo la afectación, sumado a que la
avalancha ocurrió a causa de la naturaleza. Planteó la falta de legitimación en la

2 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_001DEMANDA», p. 2-36.
3 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_005CUADERNO02», p. 5-39.
4 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_005CUADERNO02», p. 186-207.

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causa por pasiva, hecho de un tercero, falta de antijuridicidad del daño; fuerza
mayor y ausencia de nexo causal5.

Nación-Ministerio de Minas y Energía

Adujo que no tenía funciones de exploración o explotación de petróleo ni poseía
pozos o infraestructura petrolera, de modo que la demanda no acredita un vínculo
causal directo entre la entidad y el hecho generador del daño. En consonancia con
lo expuesto, alegó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
ausencia de los requisitos de la responsabilidad extracontractual e inexistencia del
nexo de causalidad6.

Montecz S.A.

Explicó que la imputación de responsabilidad parte de la ocurrencia de una
avalancha, un fenómeno natural que se entiende como un evento de fuerza mayor
y caso fortuito. Afirmó que el contrato del Bloque Llanos 36 se adelantó previa
obtención del permiso para uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales requeridos para la prospección sísmica, el cual se otorgó en Resolución
PM.GJ.126.010.715 del 29 de abril de 2010, emanada de Cormacarena. Añadió
que no obra estudio técnico o científico que determine la causa del hecho
dañoso7.

Municipio de Acacías

Argumentó que el deslizamiento de tierra ocurrido el 1 de diciembre de 2011
corresponía a hechos de la naturaleza (inundaciones) que resultaban
imprevisibles, irresistibles y ajenos a la voluntad de las autoridades, circunstancia
que conllevaba a una causa extraña, externa y exonerativa de la responsabilidad.
Adicionó que no existía prueba idónea que determinara la relación causal entre el
hecho generador del daño y las obras de exploración o sísmicas. Formuló las
excepciones de caducidad, falta de legitimación en la causa por pasiva y causa
externa por fuerza mayor8.

5 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_005CUADERNO02», p. 251-273.
6 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_005CUADERNO02», p. 290-304.
7 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_006CUADERNO03», p. 2-53.
8 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_006CUADERNO03», p. 233-257.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
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Geeko Energy S.A.S. no contestó la demanda. ECOPETROL S.A. contestó de
manera extemporánea.

Sentencia de primera instancia

El 21 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia en la
que negó las pretensiones. Encontró probado el daño, consistente en la
destrucción del predio La Fortuna 2 como consecuencia de la avalancha ocurrida
el 1 de diciembre de 2011. Sin embargo, explicó que tal afectación no es atribuible
a las obras de exploración sísmica adelantadas con motivo del contrato de
exploración y producción No. 8 del 29 de enero de 2009, sector Llanos Orientales-
Área Occidental Bloque CPO-9, suscrito entre la ANH y Talismán Colombia Oil &
Gas Ltda. y posteriormente asumido por Ecopetrol S.A. en calidad de operador, o
las ejecutadas en el contrato de exploración No. 15 del 17 de febrero de 2009,
Minironda 2008 – Llanos Orientales Bloque LLA-36, pactado entre la ANH y
Montecz S.A.

Señaló que, en relación con el contrato Bloque Llanos 36, Cormacarena emitió la
Resolución PM-GJ.1.2.6.010.715 del 29 de abril de 2010, que otorgó a Montecz
S.A. concesión de aguas superficiales para uso industrial, e informó dentro del
proceso que el proyecto sísmico ejecutado no requería de licencia ambiental.
Asimismo, resaltó que el artículo 49 del Acuerdo 021 del 21 de junio de 2000, Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Acacías, declaró la vereda El
Playón una zona de alto riesgo por falla geológica de Guaycaramo, de modo que
esa zona quedó excluida de usos urbanos, residenciales o de construcción
permanente. Añadió que, según certificación del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales-Ideam, el 30 de noviembre de 2011 se
presentó una lluvia torrencial con precipitación de 170.00 mm en el municipio de
Acacías, Meta.

El Tribunal valoró el auto PS-GJ.1.2.64.015 0692 del 20 de marzo de 2014,
emitido por Macarena, según el cual la avalancha habría ocurrido por: (i) ejecución
de actividades sísmicas en el Bloque Llanos 36 3D, (ii) mayor intensidad de lluvias
en la región, (iii) acción antrópica y (iv) condiciones intrínsecas del terreno.
También tuvo en cuenta un estudio geológico y geotécnico aportado por el testigo

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
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técnico Jorge Enrique Chacón Díaz, en el que afirmó que el hecho catastrófico fue
producto de la actividad sísmica y que para la época del insuceso no se
observaron variaciones climáticas ni de sismicidad natural importantes. La
sentencia restó valor a estas afirmaciones, pues no contaba con soporte
probatorio y, conforme a los reportes del IDEAM y las anotaciones de
Cormacarena, el deslizamiento se produjo por la intensidad de las lluvias.

Conforme a los medios de prueba allegados al proceso, la primera instancia
concluyó que no estaba probada la relación causal del hecho dañoso con las
actividades sísmicas ejecutadas, por cuanto convergieron otros factores que
incidieron en la ocurrencia de la avalancha y no había certeza sobre la incidencia
de esas obras sísmicas con el daño alegado9.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia. Esgrimió
que el hecho generador del daño no se produjo como consecuencia de las
intensas lluvias que presentó el sector, comoquiera que en mayo de 1969 y marzo
de 1977 hubo lluvias torrenciales con mayores valores de precipitación (179 y 200
mm, respectivamente) que no derivaron en avalanchas o remociones de masa del
sector. Insistió en que el daño sufrido por los demandantes ocurrió como
consecuencia de las exploraciones y explotaciones sísmicas desarrolladas por la
parte demandada desde 1996.

El recurso expuso que, conforme a la declaración rendida por el testigo técnico
Jorge Enrique Chacón en diligencia de inspección judicial, las lluvias registradas
en la noche del 30 de noviembre de 2011 fueron intensas, pero de corta duración,
por lo que no podrían haber saturado los suelos o provocado una avalancha,
sumado a que esta se produjo en un bosque primario donde los árboles actuaban
como inhibidores de deslizamientos. Adicionó que, según el estudio geológico y
geotécnico aportado por ese testigo técnico, la única actividad antrópica que pudo
alterar las características físicas del suelo era la exploración sísmica. Resaltó que,
las conclusiones del estudio geológico y geotécnico no fueron desvirtuadas en los
informes de contradicción allegados por la parte demandada.

9 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_020SENTENCIADEPR».

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Proceso: Reparación directa

Reiteró que el Municipio de Acacías incurrió en falla del servicio, por cuanto no
previno ni mitigó el peligro, no adecuó el área rural ni reubicó los asentamientos de
las zonas de alto riesgo. Destacó, además, que Cormacarena fue negligente en el
ejercicio de sus funciones de prevención y atención de desastres, así como de
control y seguimiento sobre las actividades de exploración y explotación sísmica10.

Trámite de segunda instancia

El 1 de septiembre de 2022, el Tribunal concedió el recurso de apelación 11 y el 28
de abril de 2023, el Despacho lo admitió12. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes y el
Ministerio Público guardaron silencio13.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 27 de febrero de 2014, por ello, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA14, este código
empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código15, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

10 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_021RECURSODEAPEL».
11 Samai, índice 2, documento «ED_DRIVETRIB_023AUTOCONCEDEAP».
12 Samai, índice 8.
13 Samai, índice 14.
14 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
15 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

10

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u
omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA16. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA17, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA18, esto es, $308.000.00019.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , en este caso por
daños ocasionados con la presunta falla del servicio derivada de la ejecución de
la exploración sísmica adelantadas con motivo del contrato de exploración y
producción No. 8 del 29 de enero de 2009, suscrito entre la ANH y Talismán
Colombia Oil & Gas Ltda., o las ejecutadas en el contrato de exploración No. 15
del 17 de febrero de 2009, pactado entre la ANH y Montecz S.A. Además, por el
incumplimiento del municipio de Acacías y de Cormacarena de sus deberes de
prevención y mitigación de desastres.

Demanda en tiempo

16 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
17 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
18 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
19 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $616.000, por 500.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA20 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

En este caso, la demanda se interpuso en tiempo –27 de febrero de 2014– porque
la parte demandante tuvo conocimiento del daño, el 1 de diciembre de 2011, fecha
en que ocurrió el deslizamiento y la avalancha de tierra que derivó en la
destrucción total de la finca La Fortuna 2, ubicada en la vereda El Playón del
municipio de Acacías, Meta21.

Ahora, el término de caducidad se suspendió desde el 29 de noviembre de 2013,
con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial, hasta el 28 de
febrero de 2014, fecha en la que se declaró fallida la conciliación, según da cuenta
el acta de esa diligencia22 y conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 200123.

Legitimación en la causa

5. Lida Rocío López Ospina es la persona sobre la que recae el interés jurídico
que ese debate en este proceso, porque es la propietaria del inmueble La Fortuna
224, ubicado en la vereda El Playón, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 232-19744 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Acacías, Meta, que resultó destruido por un deslizamiento y una avalancha.

Thalía Julieth Urrea López y Sandra Milena López Ospina, Michel Alexandra

20 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia […]».
21 SAMAI DC.
22 SAMAI DC.
23 «Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a
que se refiere el artículo 2° de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se
refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable».
24 SAMAI DC.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

Novoa López, Julieth Camila Novoa López, Jefferson Stiven Novoa López y Nicol
Valentina Velásquez López conforman el núcleo familiar de Lida Rocío López
Ospina.

Cormacarena tiene legitimación para comparecer como demandada, puesto que
tiene a su cargo administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible
(artículo 23 de la Ley 99 de 199325). Le atañe, además, la función de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente (artículo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993)26.

La Nación-Ministerio de Minas y Energía está legitimado en la causa por pasiva,
conforme al numeral 10 del artículo 65 de la Ley 99 de 199327, que prevé que los
entes territoriales tienen la atribución de promover, cofinanciar o ejecutar, en
coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales –en adelante, CAR–
obras y proyectos de irrigación, drenaje, defensa contra las inundaciones y
regulación de cauces o corrientes de agua. Según la Ley 1523 de 2012, el
Municipio de Acacías también está legitimado, porque el ente territorial hace
parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (artículo 8)28 y
cuenta con un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres como
instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinado a

25 «Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de
carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]».
26 «Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […]

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y
pesca deportiva […]».
27 «Artículo 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial,
además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes
por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes
atribuciones especiales: […] 10) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones
y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
micro-cuencas hidrográficas».
28 «Artículo 8°. Integrantes del Sistema Nacional. Son integrantes del sistema nacional: 1. Las entidades

públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social, económico y ambiental
sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión […]».

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo, y de manejo de desastres en su territorio (artículo 27) 29.

La ANH, ECOPETROL S.A. y las sociedades Montecz S.A. y Geeko Energy
S.A.S. están legitimadas porque celebraron y ejecutaron contratos para efectuar
las operaciones de exploración, evaluación, explotación y producción de
hidrocarburos30 en la vereda El Playón del municipio de Acacías, con ocasión de
los cuales, según la demanda, ocasionaron la destrucción del inmueble como
consecuencia de las exploraciones sísmicas. Por su parte, Chevron Petroleum
Company, Geophysical Adquisition & Processing Services-GAPS Ltda. en
liquidación y Petrobras Colombia Limited también están legitimados en la
causa por pasiva porque ejecutaron labores de exploración sísmica en la vereda
El Playón del municipio de Acacías.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no está legitimado en la
causa por pasiva, puesto que, aun cuando participa activamente como miembro
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) y es
parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA), no tiene a su cargo la prevención de
desastres de forma exclusiva ni celebra contratos de exploración petrolera.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar (i) si la destrucción de la finca “La Fortuna 2”,
en la vereda “El Playón” del municipio de Acacías –por deslizamiento y avalancha
de tierra– es imputable fácticamente a las actividades de exploración sísmica y
explotación de hidrocarburos en el sector. Además, (ii) si se configuró falla del
servicio del muncipio de Acacías y de Cormacarena por omisión de medidas de
prevención de desastres o sus efectos.

Análisis de la Sala

29 «Artículo 27. Instancias de Coordinación Territorial. Créanse los Consejos departamentales, distritales y
municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, asesoría, planeación y
seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo,
de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente».
30 SAMAI DC.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

6. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto,
de conformidad con los artículos 32031 y 328 del CGP32, es decir, en los reparos
concretos del recurso de la demandante y, sobre todo, en los que tiene interés
para recurrir. Este último aspecto es importante, porque en primera instancia el
Tribunal Administrativo del Meta encontró probado el daño en la finca de los
demandantes, y la apelación solo se centró en el estudio de la imputación a las
demandadas (unas por acción y otras por omisión). De manera que será este y no
otro el alcance del juez de segunda instancia, pues la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante.

7. Según la demanda y el recurso de apelación, las actividades de exploración
sísmica realizadas por ECOPETROL S.A. y las sociedades Montecz S.A. y Geeko
Energy S.A.S. generaron la inestabilidad del terreno en la vereda de “El Playón” y
la posterior avalancha. Al respecto indicaron que las lluvias no fueron un asunto
determinante en las inundaciones, porque en décadas anteriores se había
registrado precipitaciones iguales o mayores a las acaecidas entre el 30 de
noviembre y el 1° de diciembre. Y en ese sector, puntualmente, no había ocurrido
ese tipo de desastres.

8. De conformidad con las pruebas documentales allegadas, en el proceso se
acreditaron los siguientes hechos:

8.1. La demandante Lida Rocío López Ospina es propietaria del inmueble
denominado “La Fortuna 2”, ubicado en la vereda El Playón del municipio de
Acacías, según da cuenta el folio de matrícula inmobiliaria No. 232-19744
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Acacías, Meta 33.

8.2. El 26 de diciembre de 2008, la ANH profirió la Resolución No. 695, mediante
la cual adjudicó el Bloque LLA-36 -Minironda 2008 del área Llanos Orientales, a la
compañía Montecz S.A. En razón a lo anterior, el 17 de febrero de 2009,
suscribieron el Contrato de Exploración y Producción E&P, en los términos y

31 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión (…).

32 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
33 F. 79 C. 1, expediente digital, SAMAI.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
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Proceso: Reparación directa

condiciones establecidos en los anexos A, B, C, D y E, que hacen parte integrante
del mismo, cuyo objeto es “el derecho a explorar el Área Contratada y a producir
los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha
área, en los términos del contrato”. El documento señala que el área del contrato
se desarrollaría “dentro de las jurisdicciones municipales de Guayabetal en el
Departamento de Cundinamarca, Villavicencio y Acacías en el Departamento del
Meta”34.

8.3. El 29 de enero de 2009, la ANH y Talismán Colombia Oil & Gas Ltda.
suscribieron el contrato de exploración y producción No. 8, sector Llanos
Orientales-Área Occidental Bloque CPO-9, el cual fue modificado por los otrosíes
Nos. 1, 2 y 3, quedando finalmente ECOPETROL S.A con la calidad de operador
como consecuencia de la cesión efectuada por Talismán Colombia Oil & Gas Ltda.
El contrato señala que el Bloque CPO-9 se encuentra ubicado dentro de las
jurisdicciones municipales de Villavicencio, Acacías, Guamal, Cubarral, Castilla La
Nueva, San Martín, Lejanías, El Dorado, El Castillo y Granada en el departamento
del Meta35.

8.4. El 29 de abril de 2010, Cormacarena emitió la Resolución PM-GJ.
1.2.5.010.0715, que otorgó permiso de concesión de aguas superficiales en un
caudal de 0.38 L/Seg., para uso industrial y autorización de disposición al suelo de
aguas residuales domésticas a la Empresa Montecz S.A., para llevar a cabo el
proyecto de exploración sísmica Llanos 36 – 3D en jurisdicción de los Municipios
de Acacías y Villavicencio36.

Dentro de las consideraciones que tuvo la corporación autónoma para otorgar el
permiso expuso que en el año 1991 la empresa ECOPETROL S.A. por medio de
la empresa de sísmica SISMOCOL realizó un proyecto de sísmica 2D en el área
de influencia donde la empresa MONTECZ S.A. pretende desarrollar el proyecto
sísmico LLANOS 36 3D, lo cual determina la ya intervención de este tipo de
proyectos en el área en mención sin efectos colaterales37.

34 Archivo 011, anexo 8 y 9, F. 16.
35 Archivo. 001, F. 281 .
36 C. 2 F. 54-57; C 3. F. 67, 82 y 125, expediente digital, SAMAI.
37 C. 2 F. 54-57; C 3. F. 82 y 125, expediente digital, SAMAI.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
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Este permiso de concesión de aguas superficiales se fundamentó en el Concepto
Técnico PM-GA.3.44.010.671 del 26 de abril de 2010 en el que se estudió la
“viabilidad técnica y ambiental de otorgar permisos menores para el programa
exploratorio sísmico LLANOS 36 3D, localizados las veredas Acaciitas, la Palma,
El Playón, Fresco Valle, La Pradera, El Diamante, vista Hermosa, Loma de San
Juan, loma del Pañuelo, San Pablo, Brisas del Guayuriba, Las Blancas, La Cuncia,
La Cumbre, jurisdicción de los Municipios de Acacías y Villavicencio – Meta” 38.

8.5. El 7 de enero de 2011, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de
2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de
sus efectos. El estado de emergencia fue prorrogado en varias ocasiones y abarcó
todo el año 2011, entre otras cosas, por motivo de las alteraciones climáticas y los
niveles en las precipitaciones39.

8.6. En el año 2011 hubo un aumento muy significativo de las precipitaciones en el
territorio nacional, denominado como “El fenómeno de la Niña”. El 20 de mayo de
2011, Cormacarena remitió un informe a la gobernación del Meta “sobre la
temporada invernal en el departamento del Meta”. Conforme al documento, en el
primer semestre ocurrieron fenómenos de erosión de gran magnitud, al igual que
procesos de remoción en masa en estado potencial de reactivación. Que, aun
cuando los deslizamientos no podían predecirse, existían condiciones para una
posible reactivación: altas pendientes, suelo residual expuesto y lluvias copiosas.
Por lo anterior, pidió que se elevara el grado de alerta en los municipios del
piedemonte llanero40.

8.7. El 30 de noviembre en la noche y el 1 de diciembre de 2011 se produjo una
avalancha en las veredas Las Palmas, Las Blancas y El Playón, hecho que quedó
probado con el certificado expedido por la Oficia de Atención de Desastres del
municipio de Acacías, Meta41.

8.8. El 1 de diciembre de 2011, la Alcaldía del Municipio de Acacías expidió el
Decreto No. 238, por medio del cual declaró la urgencia manifiesta, por los hechos

38 C. 2 F. 54-57; y C 3. F. 67, 82 y 125, expediente digital, SAMAI.
39 C. 2 F. 79-81, expediente digital, SAMAI.
40 F. 61 y ss C. 2, expediente digital, SAMAI.
41 C. 1 F. 207, 234 y 249-253, expediente digital, SAMAI.

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Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

ocurridos el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011, que afectó la cuenca de
los ríos Sardinata, Acacías, Acaciítas, El Playón y los caños Cobalto, Granada y
La Unión, con desprendimientos y movimientos de tierra, arrasando en algo más
de 12 kilómetros de recorrido por 100 metros de ancho las veredas: Las Blancas,
la Palma y El Playón, lo que culminó destrozando innumerables fincas en el
sector42.

8.9. El 3 de diciembre de 2011, el ingeniero agrónomo Silvio Eduardo Calderón
Rodríguez, adscrito a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Productivo de la
Alcaldía de Acacías visitó la zona afectada, efectuó el censo de familias, personas
y pérdida de bienes de los damnificados de la avalancha ocurrida el 30 de
noviembre de 201143.

8.10. El 6 de diciembre de 2011, el Comité Local para la Prevención y Atención de
Desastres del Municipio de Acacías emitió certificación en los siguientes términos:

“Que la señora LIDA ROCIO LÓPEZ OSPINA identificada con cedula
de ciudadanía No 40'425.451 de Acacías Meta, vecina de este
municipio ha sido afectada por el fenómeno de la NIÑA 2010-2011
por el desbordamiento y avalancha través de los afluentes Cobalto,
Granada y Playón el día 01 Diciembre 01 de 2011, conforme a la visita
efectuada por el CLOPAD al predio denominado Finca Le Fortuna 2
Vereda El Playón, siendo afectada un área de 9 y 3/4 hectáreas cuya
actividad económica es la Producción piscícola y cacao.

El predio objeto de visita se encuentra ubicado dentro de una de las
zonas altamente afectadas por dicho fenómeno climático y sufrió las
siguientes perdidas según versión del afectado; Disminución de la
productividad, pérdida de 20.000 peces que se quedaron sin oxígeno,
perdida de 3500 plantas cacaoteras, destrucción de 3 estanques
colmatados de arena y lodo. En ese orden de ideas la situación
presentada según el productor lo colocó en una situación difícil para
pagar sus compromisos financieros.

El predio se encuentra ubicado en las zonas en las que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) tiene un registro da afectaciones SI
X NO _.

El predio estuvo bajo lámina de agua SI X NO _.

El predio sufrió una perdida superior al 90% del área total productiva SI X
NO _.44” (se resalta).

42 C. 1 F. 249-253, expediente digital, SAMAI.
43 C. 1 F. 234, expediente digital, SAMAI.
44 C. 1 F. 207, expediente digital, SAMAI.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

8.11. El 20 de abril de 2017, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales-IDEAM expidió certificación sobre el comportamiento de las
precipitaciones entre el 29 de noviembre de 2011 y el 2 de diciembre de 2011 en
los siguientes términos: lluvia moderada fuerte (el 29 de noviembre); lluvia
torrencial (el 30 de noviembre); lluvia ligera a moderada (el 1° de diciembre) y
lluvia fuerte a torrencial (el 2 de diciembre). Se extrae lo pertinente del certificado:

La precipitación diaria se califica de la siguiente manera:

Tiempo seco 0.1 mm
Lluvia lifera 0.1 a 10.0 mm
Lluvia ligera a moderada 10.1 a 20.0 mm
Lluvia moderada a fuerte 20.1 a 40.0 mm
Lluvia fuerte a torrencia 40.1 a 60.0 mm
Lluvia Torrencial mayor de 60.0 mm

Convenciones

Mm: milímetros

Un milímetro (mm) de precipitación equivale a un litro de agua por metro
cuadrado de superficie o a diez (10) metros cúbicos por hectáreas45.

8.12. El 3 de mayo de 2017, la Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área
de Manejo Especial la Macarena-Cormacarena, allegó un documento en el que dio
respuestas a varios interrogantes formulados por la parte demandante frente a las
actividades de exploración sísmica “Llanos 36”. Además, de los factores
contribuyentes al evento del 30 de noviembre de 2011:

Sobre los permisos ambientales a las actividades sísmicas referidas, la autoridad
ambiental consignó que los proyectos fueron dos: el primero, bloque CPO-9, que
correspondía a Ecopetrol, no tramitó permisos menores ante esa corporación. Sin
embargo, el proyecto Llanos 36, a cargo de Montecz, se concedieron permisos
menores para la ejecución del proyecto mencionado y hubo un seguimiento y
control hasta su informe final46.

En cuanto a los hechos acaecidos la noche del 30 de noviembre y la madrugada
del 1° de diciembre de 2011, la Corporación, como autoridad ambiental, precisó

45 F. 38-40 C. 4, expediente digital, Samai.
46 F. 162-164 C. 4, expediente digital, SAMAI.

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Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

que obedecieron al alto nivel de precipitación de lluvias reportado en el
piedemonte llanero. Se precisó que aun cuando se ejecutaban actividades
sísmicas autorizadas por la misma Corporación, no se podía establecer una
relación causal entre las referidas actividades y el desbordamiento del cauce que
concretó los daños alegados47.

8.13. Al presente proceso se allegó otro informe del IDEAM, según el cual, el 30
de noviembre de 2011 se registró una precipitación de 170 mm, la cual, además
de ser de gran valor, pasó a ser el máximo valor absoluto para el mes de
noviembre de toda la serie histórica de registros de la estación de Acacías,
superando un registro de 160 mm de 1975. Lo anterior causó anegamientos y
encharcamientos en varios sectores del municipio, lo que, sumado a las
precipitaciones acumuladas en el mes, provocaron el crecimiento del río Acacías y
fenómenos de lluvia escorrentía (esto es, el escurrimiento de agua sobre la
superficie del terreno, la cual no se infiltra debido al estado de saturación)48.

9. El 5 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la inspección judicial decretada para
observar el predio de propiedad de la demandante, verificar los daños causados al
mismo y “establecer las eventuales causas de las afectaciones y su posible
relación con la sísmica49”.

Esta prueba fue practicada por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo
del Meta con el acompañamiento de un geólogo presentado por la parte actora y
otros dos geólogos llevados por las demandadas ANH y la sociedad Montecz S.A.,
quienes, además, fueron decretados, en esta audiencia, como “testigos técnicos”
por solicitud de las partes50, no obstante que no fueron pedidos en las
oportunidades procesales pertinentes para ello (demanda y contestación de la
demanda) y que no fueron testigos presenciales de los hechos que dieron origen
al pleito.

De otra parte, revisada la demanda y las contestaciones a esta, la Sala advierte
que las partes tampoco presentaron solicitud de práctica de dictamen pericial para
determinar las causas del deslizamiento y la avalancha de tierra que derivó en la
destrucción total de la finca La Fortuna 2. Sin embargo, el Tribunal accedió a que
47 F. 164 C. 4, expediente digital, SAMAI.
48 Expediente digital, SAMAI.
49 C. 4 f. 426-434 Y 530 y ss, expediente digital, SAMAI.
50 C. 4 f. 426-434 Y 530 y ss, expediente digital, SAMAI.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

los geólogos decretados como “testigos técnicos” presentaran un concepto técnico
por escrito.

Por lo anterior, Jorge Enrique Chacón Díaz, geólogo especialista en ingeniería
ambiental, llevado a la inspección judicial por la parte demandante, aportó al
proceso un documento titulado “Estudio geológico y geotécnico para determinar
las causas ocurridas en el Municipio de Acacías, Departamento del Meta, el día 30
de noviembre de 2011 y el amanecer del día 1 de diciembre de 2011”51, el cual se
ordenó tener como prueba documental.

A su vez, el 22 de noviembre de 2017, en la continuación de la audiencia de
pruebas, el Tribunal ordenó incorporar al expediente como prueba documental el
concepto geológico y geotécnico rendido por Roberto Carlos Aguilera Vaca, como
“testigo técnico” de la sociedad Montecz S.A. y el concepto rendido por el geólogo
Carlos Alberto Rey como “testigo técnico” de la ANH52. A renglón seguido, el
Tribunal señaló que los anteriores documentos se incorporaban al expediente
“para efectos de su contradicción por las partes, de conformidad con lo expuesto
en el artículo 269 del CGP, aplicable por remisión normativa contemplada en el
artículo 211 y 306 del CPACA a fin de que manifiesten las alternativas posibles
respecto de su validez”53.

Bajo este escenario probatorio creado por el Tribunal –y aceptado por las partes
en las audiencias de pruebas–54, se tiene lo siguiente: (i) aunque las partes no
solicitaron la práctica de testigos técnicos, en la continuación de la audiencia de
pruebas se decretó la práctica de tres testigos de esta naturaleza, y (ii) el Tribunal
pidió que cada uno presentara un concepto técnico sobre el objeto del litigio.

Ahora bien, una vez aportados los conceptos referidos, el Tribunal no los tuvo
como prueba pericial, sino que les dio el tratamiento de prueba documental
(decisión que no fue cuestionada por las partes), y en la audiencia de pruebas se
surtió la contradicción con fundamento en el artículo 269 del CGP. Las partes no
tacharon de falso los documentos aportados por los expertos en geología. Sin
embargo, la firma Montecs aportó un escrito en el que se oponía a algunas

51 Archivo 007, F. 1227-1256, expediente físico. Ver, Además, en F. 467-497, expediente digital. Samai.
52 C.4 F. 467-497; 504 y ss;517 y ss; 530, 532 y ss, expediente digital. Samai.
53 C. 4, F. 532 y ss, expediente digital. Samai.
54 C. 4 F. 426 y 530, 532 y 533, expediente digital. Samai.

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Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
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conclusiones del documento elaborado por el geólogo Jorge Chacón Díaz. Por lo
anterior, la Sala valorará los conceptos de los expertos en geología, pero lo hará
con alcance de prueba documental, tal y como lo dispuso el Tribunal y fueron
valorados en primera instancia55.

9.1. El señor Jorge Enrique Chacón Díaz, geólogo especialista en ingeniería
ambiental, allegó al proceso un documento titulado “Estudio geológico y
geotécnico para determinar las causas ocurridas en el Municipio de Acacías,
Departamento del Meta, el día 30 de noviembre de 2011 y el amanecer del día 1
de diciembre de 2011”56. El documento señala que inició el estudio en mayo de
2016, “aproximadamente cuatro años después de ocurrido el fenómeno” y que, por
ello, las evidencias como dilataciones, deslizamientos y grandes acumulaciones
de lodo se encontraban cubiertos por vegetación, razón por la cual utilizó fotos
tomadas para la época de la avalancha.

El objeto del documento realizado por el geólogo se circunscribió a determinar (i)
la causa que ocasionó la avalancha ocurrida en el municipio de Acacías el 30 de
noviembre de 2011, (ii) la posible influencia de la geología local en la ocurrencia
de la avalancha; (iii) el influjo de las lluvias en el insuceso y (iv) la intervención de
la sismicidad natural y antrópica en la ocurrencia del hecho dañoso.

El documento presentó las siguientes conclusiones:

“La lluvia, los sismos naturales y las actividades antrópicas que signifiquen
deforestación son factores relevantes en la ocurrencia de Fenómenos de
Remoción en Masa (FRM) de los que las avalanchas de lodo y rocas hacen parte.

Teniendo en cuenta que en la zona donde se presentaron las avalanchas de lodo y
rocas en el municipio de Acacías, departamento del Meta, el día 30 de
noviembre de 2011, no se observaron variaciones climáticas ni de sismicidad natural
importantes durante las últimas dos décadas y si se observa una reducción significativa de
la actividad ganadera, es evidente que estos eventos fueron provocados por alguna
actividad antrópica diferente a las actividades agropecuarias.

La otra actividad antrópica desarrollada repetidamente en la zona de las avalanchas fue la
Adquisición Sísmica cuyo principio es la generación de ondas sísmicas a partir de
detonaciones subterráneas. Esta actividad tiene la capacidad de cambiar las
propiedades físicas del suelo debido a los esfuerzos de compresión,
descompresión y de corte asociados al paso de las ondas sísmicas como fue claramente
explicado en este informe.

55 C. 4 F. 426-434, 457-460, expediente físico y digital. Samai.
56 Archivo 007, F. 1227-1256, expediente físico. Ver, Además, en F. 467-497, expediente digital. Samai.

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El cambio de las propiedades físicas del suelo como aumento en la retención y absorción
de agua, plasticidad y peso aceleró el movimiento de los suelos en dirección de la
pendiente y produce un relativamente rápido estrechamiento de los valles superiores de las
quebradas donde se presentaron las avalanchas. Este estrechamiento de los valles
aumenta el aporte de materiales al lecho de las quebradas y desacelera el flujo de agua,
fragmentos de roca y vegetación dando lugar a la formación de las avalanchas. Estos
grandes y veloces flujos someten a los suelos de las áreas circundantes a los lechos de las
quebradas a cortes, intensos y rápidos esfuerzos de compresión y descompresión que
simultáneamente generan deslizamientos de tipo relacional.

Si bien es cierto que la intensa lluvia que cae ese día juega un papel importante en la
ocurrencia de las avalanchas, es el efecto de la adquisición sísmica sobre los
suelos lo que realmente genera estos eventos catastróficos, puesto que lluvias no
eran extrañas en la zona”57. (se resalta).

9.2. Por su parte, la sociedad Montecz S.A. presentó el documento titulado “Contra
• argumentación técnica a la inspección ocular”, suscrito por el geólogo Roberto
Carlos Aguilera Vaca, quien respecto de la actividad sísmica en la zona donde
ocurrió el deslizamiento y destrucción del inmueble señaló que “la normatividad
ambiental previamente existente y la actual, no permitiría realizar la adquisición de sísmica en
el predio visitado por la existencia en el mismo de dos quebradas a corta distancia la una de
la otra (alrededor de 300 metros) y la alta pendiente del terreno que haría demasiado
complicado y costoso el proceso de adquisición”.

En lo tocante con las lluvias de la época como posible causa de la avalancha, el
documento destacó que:

“Dentro de los argumentos se ventiló la posibilidad de la lluvia como causante de las
avalanchas o deslizamientos en la zona, pero el geólogo Chacón lo descarta con el
argumento de que, según él, en la zona y para la época de los deslizamientos no ocurrió
nada anormal con el régimen pluviométrico. Sin embargo, datos suministrados por el
IDEAM demuestran todo lo contrario.

El documento emitido por el IDEAM, entidad oficial encargada del monitores hidrológico y
meteorológico del país, en respuesta a solicitud de información radicado IDEAM
20169910093552, al Oficio No. 2455, Proceso: 05001 23 33 000 2014 00126 00, Asunto:
Reparación Directa de Granjero Acacireño (dda contra Municipio de Acacías y Otros, con
fecha 29 de Agosto de 2016; desmiente la afirmación hecha por el señor Chacón sobre la
ausencia de algún cambio importante en la pluviasidad, ya que el IDEAM certifica en esta
comunicación que el día 30 de Noviembre de 2011 se presentó un evento de lluvia
torrencial (ver tabla 1 a continuación tomada de este documento), que coincide con la
fecha en que ocurren las avalanchas en el sector visitado, y por lo tanto muestra que las
lluvias bajo ninguna circunstancia pueden ser descartadas como las causantes de las
avalanchas ocurridas en la fecha en mención”58.

57 Archivo 007, F. 1227-1256, expediente físico. Ver, Además, en F. 467-497, expediente digital. Samai.
58 C. 4 F. 504 y ss, expediente digital, Samai.

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9.3. La ANH aportó el documento suscrito por el geólogo Carlos Alberto Rey
González, experto en geofísica. Conforme al documento, “las alteraciones
morfológicas de los terrenos en cuestión se deben netamente a procesos de
deslizamientos de tierra, generados por un incremento inusual de las lluvias en la
zona, en ningún caso relacionado por el desarrollo de estas actividades
sísmicas,…59”.

El contenido del documento descartó la posibilidad de que la sísmica histórica
haya sido un detonador del fenómeno de deslizamiento de tierra, entre otras, las
siguientes razones:

1. Procesos de remoción en masa son comunes en áreas como el piedemonte llanero y en
general están asociados a anomalías climáticas tan severas como lo sucedido en el año
2011.

2. Los cambios morfológicos que se evidencian en las imágenes de satélite históricas
están sobre el cauce de la quebrada, afectando sus laderas y la vegetación contigua.

3. La sísmica que se ha adquirido en el área de estudio corresponde a programas sísmicos
históricos de más de 18 años de antigüedad al 2011 (1990 y 1993), y varios programas 2D
y 3D se han desarrollado en áreas cercanas al estudio sin haberla intervenido
directamente.

4. No existe una evidencia científica (ni se demuestra) que apoye la idea de que las
alteraciones en el paisaje del área estudiada tengan relación directa o indirecta con las
adquisiciones sísmicas 2D o 3D que se han desarrollado en la zona de influencia.

5. Además que no hay una evidencia directa en campo que pueda relacionar la actividad
sísmica con los fenómenos geológicos acaecidos.

(…)”60.

El artículo 260 del CGP prevé que los documentos privados tienen el mismo valor
que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus
causahabientes como respecto de terceros. A su turno, el artículo 262 del CGP
dispone que los documentos privados de contenido declarativo emanados de
terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo
que la parte contraria solicite su ratificación.

Los dos primeros estudios referidos [n°. 9.1, 9.2] son documentos privados de
carácter declarativo, porque contienen afirmaciones sobre las causas de los
procesos erosivos y de movimientos de masas en el “piedemonte llanero”, en el

59 C. 4 F. 517-523, expediente digital, Samai.
60 C. 4 F. 517-523, expediente digital, Samai.

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departamento del Meta. Se tiene certeza de quiénes lo suscribieron y no fueron
tachados de falso. El tercero [n°. 9.3], elaborado por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos es un documento público, que da cuenta del estado geológico y
morfolófico del mismo sector, y la incidencia externa climática e interna de los
fenómenos de inestabilidad en el terreno. Este informe tampoco fue tachado de
falso o desconocido en el proceso.

En cuanto al contenido, este será apreciado en conjunto, junto con las demás
pruebas del proceso, en aras de analizar su poder demostrativo.

Los tres documentos [n°. 9.1, 9.2 y 9.3] coinciden en que son varios los factores
internos y externos que condicionan y son detonantes de la inestabilidad de un
terreno. Además, que, en el caso del “piedemonte llanero”, las precipitaciones y
sus niveles han sido un factor determinante, pero no el único.

Ahora bien, el documento denominado “Estudio geológico y geotécnico para
determinar las causas ocurridas en el Municipio de Acacías, Departamento del
Meta, el día 30 de noviembre de 2011 y el amanecer del día 1 de diciembre de
2011”, suscrito por el geólogo Jorge Enrique Chacón Díaz, difiere de los otros dos
documentos [n°. 9.2 y 9.3.] en tanto atribuye –de forma enfática– los fenómenos
de remoción en masa y, especialmente, la avalancha del 30 de noviembre de 2011
a las actividades de exploración sísmica en el departamento del Meta (único factor
antrópico que, según el escrito, fue determinante en esos hechos).

Esta última conclusión, valorada en conjunto, no cuenta con respaldo probatorio.
Los hechos probados –al igual que los documentos aportados por la ANH y la
firma Montecz S.A.– no se refirieron a un factor único como el determinante del
evento natural ocurrido en la madrugada del 30 de noviembre de 2011 en el
piedemonte llanero, especificamente, en la vereda “El Playón”. Además, fueron
coincidentes en que los niveles históricos de precipitación del 2011 fueron un
factor detonante (iniciados desde el año anterior con el llamado “fenómeno de la
niña”). El documento de la ANH –en línea con los hechos probados– descartó la
posibilidad de que la “sísmica histórica” haya sido un factor detonador, pues desde
1990, en el departamento del Meta, venían desarrollándose estas actividades sin
consecuencias ambientales.

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Los documentos de la ANH y de la firma Montecz, además, son coincidentes con
los informes elaborados por Cormacarena y el IDEAM en cuanto a (i) la
declaratoria de emergencia Nacional por las altas precipitaciones y cambios
climáticos (ii) la morfología geológica del terreno y (iii) la ausencia de evidencia
científica que demuestre alguna relación directa entre las alteraciones en el
terreno, fenómenos naturales y las actividades de exploración sísmicas en todo el
sector llanero.

13. Conforme a lo probado en el proceso, la ANH adjudicó el proyecto “Bloque
LLA-36 -Minironda 2008”, del área Llanos Orientales, a la compañía Montecz S.A.
En razón a lo anterior, el 17 de febrero de 2009, suscribieron el Contrato de
Exploración y Producción E&P, cuyo objeto fue “el derecho a explorar el Área
Contratada y a producir los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se
descubran dentro de dicha área, en los términos del contrato”. Posteriormente, el
29 de enero de 2009, la ANH y Talismán Colombia Oil & Gas Ltda. suscribieron el
contrato de exploración y producción No. 8, sector Llanos Orientales-Área
Occidental Bloque CPO-9. Este fue modificado y quedó, finalmente, ECOPETROL
S.A con la calidad de operador por la cesión efectuada por Talismán Colombia Oil
& Gas Ltda.

En el año 2010, Cormacarena otorgó permiso de concesión de aguas superficiales
para uso industrial y autorización de disposición al suelo de aguas residuales
domésticas a la Empresa Montecz S.A., para llevar a cabo el proyecto de
exploración sísmica “Llanos 36 – 3D”, en jurisdicción de los Municipios de Acacías
y Villavicencio. Este permiso se fundamendó Concepto Técnico PM-
GA.3.44.010.671 del 26 de abril de 2010 que concluyó su viabilidad técnica y
ambiental para el programa exploratorio.

El 7 de enero de 2011, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de
2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la extensión de
sus efectos. Este acto fue prorrogado en varias ocasiones y abarcó todo el año
2011, entre otras cosas, por motivo de las alteraciones climáticas y los niveles en
las precipitaciones.

En el año 2011 hubo un aumento muy significativo de las precipitaciones en el

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territorio nacional, denominado como “El fenómeno de la Niña”. El 20 de mayo de
2011, Cormacarena remitió un informe a la gobernación del Meta “sobre la
temporada invernal en el departamento del Meta” y advirtió que, aún cuando no
era posible advertir un deslizamiento, alertó sobre una posible reactivación de
fenómenos de remoción en masa por la incidencia de las lluvias.

El 30 de noviembre en la noche y el 1 de diciembre de 2011 se produjo una
avalancha en las veredas “Las Palmas”, “Las Blancas” y “El Playón”, que afectó
innumerables fincas en el sector (dentro de las que se encuentra la de los
demandantes de este proceso). Por este evento, la Alcaldía declaró la urgencia
manifiesta.

Conforme al certificado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales-IDEAM, el 30 de noviembre hubo una lluvia torrencial de 170 mm que
pasó de ser de gran valor histórico para el mes de noviembre (superando el de
160 mm en 1975). Estos niveles, sumados a las precipitaciones acumuladas del
mes provocaron el crecimiento del río Acacías y fenómenos de escurrimiento
sobre el terreno y saturación del mismo.

Según dieron cuenta las pruebas, fueron varios los factores internos y externos
que condicionan y fueron detonantes de la inestabilidad del terreno en el
piedemonte llanero: (i) composición geológica (ii) cambios morfológicos en el
terreno (iii) actividades antrópicas, entre ellas las sísmicas; y (iv) anomalías
climáticas. Además, para el año 2011, específicamente en el mes de noviembre,
las precipitaciones y cambios importantes en la pluviosidad contribuyeron, en gran
medida, a los fenómenos de remoción en masa, crecientes de cuerpos de agua y
avalanchas.

De modo que el fenómeno de inestabilidad del sector llanero y, específicamente,
en jurisdicción del municipio de Acacías, se originó en muchas causas
(condicionantes –de la morfología y geología del terreno mismo– y detonantes
–actividades antrópicas y niveles de precipitación–) que explican el evento dañoso
del 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2011, y que impiden concluir una causa
única, adecuada y determinante de un daño ambiental y del daño ocasionado al
predio de la demandante y a su proyecto agrícola y piscícola.

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Así las cosas, en cuanto a las actividades de sísmica y el daño alegado, en el
proceso no se demostró la relación necesaria y eficiente entre esa conducta y la
afectación a la finca de propiedad de los demandantes. Por lo tanto, con
fundamento en el artículo 167 del CGP, se negarán las pretensiones en este
primer aspecto.

Análisis del caso frente al municipio de Acacías y Cormacarena

14. Según la demanda y el recurso de apelación, el Municipio de Acacías incurrió
en falla del servicio, por cuanto no previno ni mitigó el peligro que representaban
los movimientos de tierra e inundaciones en su jurisdicción: no adecuó el área
rural, ni reubicó los asentamientos en zonas de alto riesgo (como lo era la finca de
los López Ospina). Destacó, además, que Cormacarena fue negligente en el
ejercicio de sus funciones de prevención y atención de desastres, así como de
control y seguimiento sobre las actividades de exploración y explotación sísmica.

Responsabilidad del Estado por omisión

15. La falla del servicio se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento
normal del servicio61, el desconocimiento de una obligación a cargo del Estado62 o,
en términos generales, por la violación de la ley63. Bajo este régimen de
responsabilidad subjetiva, al demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii)
una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de causalidad
entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio debe ser tardía,
irregular, ineficiente o ausente64.

Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen
las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como
causa del daño65. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación
entre los deberes del Estado frente a una función determinada –marco normativo–

61 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 21 de agosto de 1939 [fundamento jurídico párrafo 4], en Gaceta

n°. XLVIII p. 63, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 1960, Rad.
[fundamento jurídico 2], en Gaceta n°. LXIII de 1961 pp. 392-395, y sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad.
1482 [fundamento jurídico p. 743].
62 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482 [fundamento

jurídico 3].
63 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1975, Rad. 1389.
64 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 1976, Rad. 1482.
65 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo de 1990, Rad. 3510 [fundamento

jurídico 2 y 3].

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y la conducta –por acción u omisión– asumida en cada evento. Sin embargo, el
Estado no puede considerarse un «asegurador universal» de modo que, de
presentarse una omisión, se configura la responsabilidad extracontractual de
manera automática. El deber de intervención o iniciativa del Estado no es
absoluto, pues está condicionado a (i) la disponibilidad de recursos económicos y
humanos, (ii) a la capacidad institucional y (iii) al complejo funcionamiento del
aparato estatal.

La doctrina jurídica, consciente de que el análisis de la falla del servicio no se
reduce a la sola discordancia entre el contenido normativo y el comportamiento
estatal, plantea que el estudio de conducta –en cada caso concreto– debe hacerse
desde una perspectiva relativa en la que se tenga en cuenta la dificultad del deber
normativo, circunstancias del momento (periodos de paz o de guerra), y la
capacidad institucional (recursos jurídicos, humanos, de tiempo y económicos
disponibles). Al respecto, se dijo:

En este sentido afirma pertinentemente el profesor Rivero que, “el juez para
decidir, en cada caso, si hay o no falla del servicio, se pregunta aquello que
podríamos, en cada caso, esperar del servicio, teniendo en cuenta la dificultad
más o menos grande de la misión, las circunstancias de tiempo (períodos de paz o
momentos de crisis), de lugar, de recursos sobre los cuales disponía el servicio
público en personal y en material, etc. De lo anterior resulta que la noción de falla
del servicio tiene un caracter relativo, pudiendo el mismo hecho, según las
circunstancias, ser reputado de culposo o no culposo”66. Es el denominado
“principio de la relatividad de la falla del servicio”67, aplicado en múltiples ocasiones
por la jurisprudencia colombiana68 y francesa69. Y es que, en efecto, el juez
administrativo toma en consideración los medios con los cuales dispone el servicio
para hacer frente al contenido obligacional que lo vincula. Se recuerda que la
máxima universal y de sentido común, en virtud de la cual, “a lo imposible nadie es
obligado”, también se aplica al servicio público cuando se pretende su declaratoria
de responsabilidad con base en la falla del servicio.

(…)

Esta lógica es inobjetable en derecho administrativo: en ocasiones la inexistencia
de medios para hacer frente al contenido obligacional genera que la obligación no
se pueda exigir al actuar estatal. Al decir del profesor Gour, “la obligación sólo

66 Jean Rivero, Droit Administratif, Précis Dalloz, Paris, décima edición, 1983, p. 286.
67 Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, 3 de febrero de 2000, ponente: Hernández Enríquez,

actor: Flavio Ojeda Visbal, expediente 14787, tomo 409, fl. 329.
68 Ver, entre las múltiples sentencias existentes, a mas de la anterior: Consejo de Estado colombiano, Sección

Tercera, 10 de febrero de 2000, ponente: Hoyos Duque, actor: Silvia Acosta García, expediente 12628, tomo
410, fl. 226; 21 de octubre de 1999, ponente: Rodriguez Villamizar, actor: Luis Adolfo Pérez Ravelo,
expediente 11815, tomo 405, fl. 63; 11 de marzo de 1999, ponente: Carrillo Ballesteros, actor: Aseguradora
Colseguros S.A., expediente: 10520, tomo 392, fl. 268; 7 de diciembre de 1977, ponente: Portocarrero Mutis,
Actor: Flota la Macarena, expediente n° 1564, A.C.E., tomo XCIII, año LII, n° 455-456, 2° semestre de 1977, p.
605; Sección Tercera, 28 de abril de 1967, ponente: Portocarrero Mutis, A.C.E., tomo LXXII, año XLII, p. 257.
69 Ver, entre otras: Consejo de Estado francés, 5 de enero de 1966, Dame Hawezack, D., 1966, 317, nota F.

Moderne; 22 de diciembre de 1976, Viuda Senée, Rec. CE, tables, p. 1114; 6 de mayo de 1985, Groupement
ostréicole de Binic, Rec., tables, p. 761; 16 de junio de 1989, Assoc. ‘Le ski alpain murois’, Rec., p. 141.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
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existe en la medida en que los servicios disponen de los medios para hacer frente
al contenido obligacional. La amplitud de éste es proporcional a la importancia de
los medios. En ausencia de medios, la administración no comete falta alguna”70,
porque, precisamente, “la toma en cuenta de los medios del servicio lleva a una
restricción de las obligaciones (y es) una condición de existencia de las
mismas”71.72

Entonces, en línea con la postura en cita y conforme a las particularidades del
caso sometido a estudio, el juez de conocimiento puede analizar los medios del
servicio a partir de: (i) los poderes jurídicos, (ii) los recursos financieros, y (iii) las
posibilidades técnicas.

Estudiar (i) el poder jurídico implica evaluar si la entidad dispuso de la aplicación
de las facultades jurídicas con las que contaba en materia de competencia e
instrumentos de derecho disponibles para ejecutar la obligación a su cargo
(medidas policivas, de suspensión o regulación de actividades), instrumentos que,
además, constituyen un límite a la discrecionalidad de la administración73.

La no utilización de sus poderes jurídicos conlleva la falla del servicio, pues, al
existir , un contenido que indica una obligación, y al existir los medios jurídicos
para cumplirlo, su uso frente al derecho de responsabilidad no es facultativa. Al
contrario, cuando la administración ha agotado sin resultado sus posibilidades
jurídicas de acción, la falla del servicio no es declarada: “el examen de las
circunstancias del caso no muestra, en el ejercicio de los poderes de policía o
tutela, una carencia sistemática constitutiva de una falla de naturaleza suficiente
para comprometer la responsabilidad estatal”74.
(…)

El análisis de los medios jurídicos permite así medir con exactitud, en tres
sentidos, los poderes jurídicos de la administración. De una parte, permite
sostener que hay falla del servicio cuando no se utilizan los poderes jurídicos con
los que contaba la administración, causándose por ello un perjuicio. De otra,
permite sostener que la utilización de los poderes jurídicos por parte de la
administración no excluye la falla del servicio, porque su utilización ha de ser

70 C. Gour, Faute du service, precitado, n° 282.
71 Laurent Richer, La faute du service..., precitado, p. 49.
72 Henao, Juan Carlos, La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de

una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés, homenaje a Fernando de Hinestrosa en
los 40 años al frente de la Universidad Externado de Colombia y en las bodas de oro de su ejercicio
profesoral, en Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2003, pp. 57-114.
73 En el célebre fallo por la caída de una Corraleja, la Sección Tercera declaró la falla del servicio, entre otras

razones, porque consideró que las autoridades de policía del municipio no utilizaron sus poderes para prevenir
el peligro que corrían los espectadores, ya que sólo tomaron medidas con posterioridad a la tragedia, y se
ordenó reglamentación de las fiestas de corralejas”. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, 25 de abril de 1988, ponente: Betancur Jaramillo, expediente n° 3882, actor:
Jaime Arturo Bertel y otros.
74 Henao Juan Carlos, “La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de

una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés”, homenaje a Fernando de Hinestrosa en
los 40 años al frente de la Universidad Externado de Colombia y en las bodas de oro de su ejercicio
profesoral, en Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2003, pp. 57-114.

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correcta, lo cual no ocurre cuando el juez se percata de la existencia de otros
poderes jurídicos que debió haber utilizado para impedir el daño, o, de un exceso
en la facultad discrecional que lo causa. Finalmente, a contrario sensu, permite
sostener que la inexistencia de poderes jurídicos en un caso concreto, por haber
sido correctamente agotados, o, el uso legal de los mismos, impiden la concresión
de la falla del servicio.

Si bien el juez parte del adagio “a lo imposible nadie está obligado”, su análisis es
severo respecto de los medios jurídicos de que disponía el servicio para hacer
frente a sus obligaciones. La noción de lo “imposible” es así severamente
cualificada por el juez administrativo, quien considera que el servicio debe no solo
utilizar sus poderes jurídicos, sino utilizarlos correctamente. La carencia de una
cualquiera de las mencionadas condiciones, constituye una falla del servicio por la
no utilización de los poderes jurídicos75.

(ii) Los recursos financieros también constituyen otro elemento para evaluar el
comportamiento del Estado, en tanto existen eventos en los que el presupuesto
constituye un límite de su discurrir dinámico y sus funciones, y sólo puede exigirse
una conducta debida en la medida en que financieramente sea posible: “el juez no
puede ser un ordenador del gasto”. En ese orden, quien tenga un caso bajo su
conocimiento no puede reemplazar las prioridades presupuestales y desligarse de
la realidad económica de una entidad pública.

Existen eventos en los que la inutilización de una afectación presupuestal –dirigida
a la prestación de un servicio– causa un daño, es decir, cuando se cuenta con
recursos financieros previstos para una actividad –cuya utilización hubiera
impedido la causación de un daño– y no se emplean. En ese orden, no utilizarlos o
utilizarlos con otros fines podría suponer la existencia de una falla del servicio.
Ahora bien, en este aspecto también debe considerarse el factor tiempo y otro tipo
de circunstancias que rodean la actividad administrativa, pues todo análisis de
conducta supone tener una vara o racero de un “deber ser” que sea realizable
desde varios puntos de vista. No puede exigírsele a una entidad obligada lo
imposible si, en el marco de sus deberes, no cuenta con los instrumentos
presupuestales para la realización o cocreción de ese deber.

En ese orden, aun cuando el recurso financiero es un elemento para medir el
servicio, no puede ser el único factor para evaluar la conducta, puesto que es
insuficiente por lo que implica la funcionalidad del Estado como garante de los
servicios y la protección de las personas en su vida, honra y bienes. Ahora bien,
tampoco puede concluirse que en eventos de insuficiencia financiera, el Estado

75 Ibídem

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deba desentenderse de deberes primaros como la protección de la vida física de
sus asociados. El comportamiento debe analizarse en cumplimiento de los
principios del Estado de Derecho sin romper con el pacto social y de cesión de
soberanía que le dio vida al Estado mismo76. De allí que, en palabras de la
doctrina:
(…) se debe promover la eficacia estatal y la protección de derechos esenciales al
desarrollo de la persona humana. Se está de acuerdo con Richer cuando afirma,
comentando la jurisprudencia francesa sobre la responsabilidad de los hospitales,
que “la insuficiencia de medios materiales no puede ser invocada cuando ella
supone lesionar al hospitalizado de una manera chocante en sus derechos
elementales”77. En consecuencia, hay “una obligación de dotarse del mínimo de
recursos”78. Sólo una tal interpretación permite que “la penuria de los servicios
públicos no se traduzca en inercia total de dichos servicios”79, ya que el problema
sería aún más grave en un país como Colombia en el que no se cuenta con
muchos recursos financieros, o, al menos, no se tienen en exceso para cumplir
con las obligaciones estatales. El Estado podría ver siempre su responsabilidad
exculpada, pues es evidente que la economía sufre de un mal endémico80.

(iii) Las posibilidades técnicas, por su parte, también son un factor determinante
para analizar las obligaciones concretas frente al servicio, pues no puede
exigírsele determinada conducta a una entidad que estaba en imposibilidad
técnica de realizarla. Entonces, si el Estado tiene esa posibilidad, y se desatiende
un contenido oboligacional a su cargo, puede concluirse la existencia de una falla
del servicio. En contraste, si el servicio no contaba con los medios técnicos para
hacer frente al deber (por muchas circunstancias –carencia de recurso humano,
técnico o excesiva demanda frente a la suficiencia del recurso–), no se puede
concluir la existencia de una falla del servicio.

Ahora bien, es importante precisar que el estudio de la falla no está supeditada a
los medios con los que cuenta el servicio. El juez debe tener en cuenta, además,

76 Valga aclarar que esta última idea convierte los deberes entatales en deberes de resultado o que se “debe

tener un policía detrás de cada ciudadano”. Pero, por ejemplo, en términos de protección de la vida de los
asociados, “si el Estado tiene conocimiento de que una persona está amenazada de muerte, con lo cual
estamos frente a un daño previsible, tiene que actuar en su defensa, y no puede exculparse por ausencia de
recursos, so pena de negar su esencia”. Henao Juan Carlos, “La noción de falla del servicio como violación de
un contenido obligacional a cargo de una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés”.
77 Laurent Richer, La faute du ..., precitado, p. 58. A este propósito es interesante el fallo Arcaline del T.A. de

Nice: “si los hospitales públicos deben recibir todos los enfermos que solicitan sus servicios, esta circunstancia
no permite en ningún caso sacar la conclusión de que se permita atentar las reglas de seguridad sobre las
cuales todo hospitalizado está legitimamente en derecho de contar en este tipo de establecimiento”, T.A. Nice,
18 de julio de1975, Arcaleni, R., p. 757.
78 Ibidem.
79 El ya citado autor M. De Michel previene sobre el riesgo que puede suponer una posición contraria:,

precitado, p. 80.
80 Henao, Juan Carlos, La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de

una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés, homenaje a Fernando de Hinestrosa en
los 40 años al frente de la Universidad Externado de Colombia y en las bodas de oro de su ejercicio
profesoral, en Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2003, pp. 57-114.

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circunstancias adicionales: la previsibilidad del hecho dañoso y sus efectos, pues
si nos encontramos frente a un escenario de imprevisibilidad (aun con recursos
financieros, técnicos y humanos) se debe descartar la falla del servicio81.

16. Tratándose de la responsabilidad del Estado por omisión, la jurisprudencia ha
establecido que el juez debe determinar si están acreditados los siguientes
elementos: (i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la
entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los daños;
(ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de los que disponía la
entidad para el adecuado cumplimiento del deber legal –conforme a las
circunstancias del caso–; (iii) un daño (entendido como la lesión a un interés
jurídico protegido) y (iv) la relación causal entre la omisión y el daño82. Frente a
este último elemento, esta Sección ha indicado que lo decisivo no es la existencia
efectiva de la relación causal entre la omisión y el resultado dañoso, sino la
omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el
proceso causal, impidiendo la producción del daño83. Por ello, el juez debe
establecer el daño, la causa del mismo, si el Estado estaba en posibilidad de
interrumpir ese proceso causal y si tenía el deber jurídico de hacerlo.

Deberes de prevención de desastres a cargo de los municipios

17. El artículo 311 de la C.P. dispone que el municipio es la entidad fundamental
de la división político-administrativa del Estado, encargada de prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir obras para el progreso social, disponer el
ordenamiento de su territorio, promover la participación comunitaria y el progreso
social y cultural de sus habitantes.

El concejo municipal, como corporación pública colegiada deliberante del orden
municipal, tiene, a su vez, la atribución de reglamentar los usos del suelo y, dentro
de los límites de la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda (artículo 313.7 de

81 Henao, Juan Carlos, La noción de falla del servicio como violación de un contenido obligacional a cargo de

una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés, homenaje a Fernando de Hinestrosa en
los 40 años al frente de la Universidad Externado de Colombia y en las bodas de oro de su ejercicio
profesoral, en Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2003, pp. 57-114.
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Rad. 2001-00213-01 (AG)

[fundamento jurídico página 34].
83 Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, Rad. 12.789.

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la C.P.).

El Decreto Ley 919 de 1989, mediante el cual se organizó el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres y se dictaron otras disposiciones
–vigente para el año 2011– establecía que los alcaldes eran las primeras
autoridades responsables en situaciones de desastre. En este marco, conforme al
artículo 62, los entes terriotirales debían y deben (i) formular y ejecutar planes
municipales de emergencia y contingencia, (ii) conformar comités locales de
emergencia y (iii) coordinar con los organismos del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). Estos comités locales tenían y
tienen la obligación de identificar amenazas, evaluar vulnerabilidades, y tomar
acciones preventivas y de respuesta ante posibles eventos adversos.

En desarrollo de ese deber preventivo, los municipios tenían a su cargo realizar
campañas educativas, promover la participación comunitaria en la gestión del
riesgo y asegurar que las obras de infraestructura cumplieran con los criterios
técnicos de sismo-resistencia y seguridad. Las funciones referidas eran –y son–
cruciales para proteger la vida, bienes y medios de subsistencia de la población
ante fenómenos naturales o antrópicos que pudieran derivar en emergencias o
desastres. Adicionalmente, tienen el deber de identificar los asentamientos en
riesgo y definir los mecanismos para la reubicación de estos, así como ofrecer
soluciones de vivienda a la población en riesgo –a partir de actuaciones urbanas
integrales que involucren la colaboración efectiva y armónica entre las entidades
del sector, como lo es el Ministerio de Vivienda y la entidad descentralizada con
competencias en la misma materia–.

La Ley 388 de 1997 establece para los municipios –dentro de los límites de su
competencia fijados por la Constitución y las leyes– el deber de promover el
ordenamiento de su territorio mediante el conjunto de acciones político
administrativas y de planificación física concertadas. En ese marco, le
corresponde disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y, a su vez, regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y
culturales.

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El Decreto 93 de 1998 –que adoptó el Plan Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres ideado en el Decreto Ley 919 de 1989– definió las
políticas, acciones y programas nacionales, sectoriales, regionales y locales en
esa materia. El plan tuvo y tiene, como énfasis, en el conocimiento del riesgo,
evaluación de amenazas, alertas y capacitación institucional y comunitaria. Como
equipos de acciones esenciales, se establecieron los Comités departamentales y
locales –presididos por Gobernadores y Alcaldes–, los cuales tendrían a su cargo
la dirección y coordinación de la atención a desastres declarados, ejecución de
planes de contingencia, control de actores participantes y garantía de respuesta
eficaz y pronta recuperación.

En consonancia, el Decreto 4579 de 2010 –que declaró la situación de desastre
nacional en el territorio colombiano por el llamado “fenómeno de la Niña”–, asignó
funciones institucionales y estableció la activación oportuna de redes de
comunicación y logística para mecanismos de reacción y atención ante los
desastres naturales ocurridos.

El Decreto 4821 de 2010, por su parte, estableció medidas para garantizar suelo
urbanizable destinado a proyectos de construcción, y a la reubicación y vivienda
(como respuesta ante desastres y emergencias declaradas por la ola invernal).
Las medidas giraron en torno de cinco áreas, a saber: la creación de los
Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUS; la ampliación de perímetros
del suelo urbano y de expansión urbana; la generación de condiciones para
adelantar actuaciones de urbanización en suelo urbano y de expansión urbana sin
plan parcial; la reducción de tiempos para el otorgamiento de licencias
urbanísticas; y la ampliación del área de planificación y/o gestión de los
macroproyectos de interés social nacional (MISN) que se encuentren adoptados,
para incorporar nuevos suelos o proyectos de vivienda para construcción y/o
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo
afectados por la ola invernal84.

En cuanto a los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano PIDUS, como existía
una insuficiencia de instrumentos jurídicos ordinarios para hacer frente a los
hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia (Decreto 4579 de 2010),
estos fueron una solución jurídica temporal, es decir, con margen de acción hasta

84 Corte Constitucional, sentencia C 299 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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el año 2014,85 para construir viviendas y reubicar a las personas afectadas por
hechos derivados del fenómeno de "La Niña", e impedir la extensión de sus
efectos. Estos tuvieron como fundamento la necesidad de generar suelo
urbanizable para proyectos de construcción de vivienda, reubicación de
asentamientos humanos y así atender la situación de desastre. Los proyectos
debían ser desarrollados y liderados por el gobierno nacional –en asocio con los
municipios y departamentos–.

18. De acuerdo con lo planteado en el recurso de apelación, el municipio de
Acacías incurrió en falla del servicio, por cuanto no ejerció de manera diligente
sus competencias de prevención y atención de desastres, ni adoptó medidas
adecuadas de ordenamiento territorial, pese a que el área afectada estaba
identificada como zona de riesgo desde el año 2000 (con el Acuerdo 21 de 2000,
expedido por el Concejo Municipal).

19. Las pruebas del expediente dan cuenta de los siguientes hechos:

19.1. El 21 de junio de 2000, el Concejo Municipal de Acacías, Meta, expidió el
Acuerdo 021, por medio del cual adoptó el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del Municipio. El artículo 49 delimitó las áreas que, por sus
características representaban amenaza de ocurrencia de desastres naturales, y se
excluirían de asignárseles usos urbanos o residenciales, o de cualquier otro tipo
de construcción permanente.

En ese orden, se declaró, como zonas de alto riesgo, (i) por fenómenos
hidrometeorológicos –como son las inundaciones que se presentan en el rio
Guayuriba en la margen derecha– el Caño Chichimene y vegas del río Acacías en
la vereda Dinamarca; (ii) por falla geológica de Guaycaramo, que cruza las
veredas: Portachuelo, Líbano, Laberinto, Brisas del Guayuriba, Pradera, Colonia,
Alto Acaciítas, La Palma, El Playón, Alto Acacías, San Juanito; (iii) por
deslizamiento de tierra las zonas demarcadas en las veredas: Los Pinos, Líbano,
Laberinto, Vista Hermosa, Loma de San Juan, Brisas del Guayuriba, Colonia

85 Conforme a la sentencia C 299 de 2011, sólo podrían adoptarse proyectos integrales de desarrollo urbano

PIDUs hasta el año 2014. Y las medidas sobre clasificación del suelo y condiciones para urbanización en
suelo urbano y de expansión urbana previstas en el Decreto no podían ser entendidas como una modificación
permanente al uso del suelo, en desarrollo de los principios de autonomía de las entidades territoriales y el
respeto por el fuero de sus autoridades.

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Penal, San Pablo, Alto Acaciítas, Fresco Valle, Sardinata Alta; (iv) por riesgo
tecnológico generado por la línea de conducción del gasoducto Cusiana-Apiay-
Bogotá, en el que se delimita por un corredor de seguridad de 100 metros, y cruza
las veredas: Portachuelo, Líbano, Los Pinos, Sardinata. Las Anteriores áreas
expuestas a amenazas y riesgos se identifican en el mapa B-4- Zona de riesgos.

El artículo 77, a su turno, delimitó zonas destinadas de protección y mejoramiento
ambiental por riesgos de deslizamiento y para consrvar recursos forestales e
hídricos, las márgenes de los ríos Acaciítas y los caños “El Playón”, Conejo, Cola
de Pato y Chorrera86.

19.2. El 20 de junio de 2002, Gloria Elena Valegas vendió a Lida Rocío López
Ospina (demandante) el inmueble rural denominado “La fortuna 2”, un globo de
terreno de 9 hectáreas con 6.520 metros cuadrados, ubicado en la vereda “El
Playón”, jurisdicción de Acacías (propiedad afectada por la avalancha del 30 de
diciembre de 2011)87.

19.3. El 7 de enero de 2011, el Gobierno Nacional declaró el estado de
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28
de enero de 2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir la
extensión de sus efectos. El estado de emergencia fue prorrogado en varias
ocasiones y abarcó todo el año 2011, entre otras cosas, por motivo de las
alteraciones climáticas y los niveles en las precipitaciones88.

19.4. En el año 2011 hubo un aumento significativo de las precipitaciones en el
territorio nacional, denominado “El fenómeno de la Niña” 89.

19.5. El 20 de mayo de 2011, Cormacarena remitió un informe a la gobernación
del Meta “sobre la temporada invernal en el departamento del Meta”. Conforme al
documento, en el primer semestre ocurrieron fenómenos de erosión de gran
magnitud, al igual que procesos de remoción en masa en estado potencial de
reactivación. Agregó que, aun cuando los deslizamientos no podían predecirse,
existían condiciones para una posible reactivación: altas pendientes, suelo

86 Anexo 1, expediente digital SAMAI.
87 F. 79-82 C. 1. expediente digital, SAMAI.
88 C. 2 F. 79-81, expediente digital, SAMAI.
89 F. 61 y ss C. 2, expediente digital, SAMAI.

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residual expuesto y lluvias copiosas. Por lo anterior, pidió al departamento que se
elevara el grado de alerta en los municipios del piedemonte llanero90.

En el documento se hizo, además, una relación de lugares con riesgos de
inundación –en el departamento del Meta– en zonas que anteriormente no
estaban expuestas a esos efectos y amplió el espectro de zonas amenazadas91.

Adicionalmente, sugirió a las entidades ejecutar acciones preventivas tales como:
adecuación de sistemas de alertas trempranas, activar el CLOPAD en los
municipios con jurisdicción en esos sectores, y que se prepararan para “posibles
evacuaciones” temporales, por lo menos, hasta que disminuyeran las
precipitaciones según reportes meteorológicos.

Se extrae lo pertinente del documento:

(…) en las últimas dos semanas de mayo, hemos visto cómo la situación climática
cambió drásticamente, al punto que algunos de los cauces principales
sobrepasaron los umbrales de caudal promedio y desbordaron zonas que no se
inundaban hace más de 25 años y en algunos casos se han inundado zonas que
se anegaron hacía más de 50 años o más (…) lo que indica que muy seguramente
los fenómenos asociados a cambio climático empezaron a hacer efectos en
nuestro departamento (…)

En lo que hasta ahora podemos tener certeza hacemos especial énfasis en la
cuenca alta del río Ariri, donde se observaron fenómenos de erosión de gran
magnitud, al igual que procesos de remoción en masa en estado potencial de
reactivación. Sin embargo, como este tipo de fenómenos no puede predecirse con
exactitud y dado que se encuentran todas las condiciones para que se genere una
reactivación: altas pendientes, suelo residual expuesto y lluvias copiosas, la
probabilidad que se presente una avalancha en la zona es alta y, por lo tanto, es
necesario mantener los sistemas de alerta y preparar a la población en
asentamiento ribereños y sectores aledaños para dar respuesta ante un evento de
esta magnitud, por lo cual se deben preparar los planes de contingencia que se
tengan ante la generación de una posible avalancha en el río Ariari (…)

Es por eso que la Corporación recomienda elevar el grado de alerta en los
municipios que hacen parte de todo el piedemonte llanero en el Departamento del
Meta, desde Barranca de Upia en el norte hasta la Macarena en el sur de la
jurisdicción, haciendo énfasis en zonas donde ya tienen identificados procesos de
remoción en masa activos que pueden generar avalanchas como son: Caño
Pendejo, en Villavicencio; San Joaquín, en Cumaral; Caney Alto, en Restrepo; Alto
Ariari, en Cubarral; Monserrate, en Guamal; La Cumbre, Aguas Arriba de los ríos
Cumaral, la Cal, y en todos los municipios ribereños que hacen parte de las
cuencas de los ríos Ariari, Guayuriba, Guamal, Guatiquia, Upia, Guejar y
Guayabero, para que se ejecuten acciones de tipo preventivo como la adecuacuón
de sistemas de alerta temprana. Además de activar el CLOPAD de esos

90 F. 61 y ss C. 2, expediente digital, SAMAI.
91 F. 61, 62 y ss C. 2, expediente digital, SAMAI.

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municipios y así estar preparados para posibles evacuaciones, por lo menos hasta
que se comiencen a detectar una disminución de las precipitaciones según los
reportes meteorológicos92.

19.6. El 27 de mayo de 2011, Cormacarena informó al alcalde del municipio de
Acacías-Meta que las obras de prevención y protección para el control de
emergencias o mitigación de riesgos (jarillones, espolones, muros para el control
de inundaciones o erosión de márgenes en zonas aledañas a cauces de los ríos)
eran viables siempre y cuando la entidad legalizara los permisos por emergencia,
conforme al Decreto 2811 de 197493.

19.7. El 1° de septiembre de 2011, Cormacarena entregó al alcalde del municipio
de Acacías, Meta el informe de precipitaciones de la primera mitad del año 2011,
así como el pronóstico para la segunda mitad de ese año. Según el documento y
conforme al análisis del IDEAM, se podrían superar los niveles y valores de la
época (por encima del promedio registrado hasta ese entonces). En vista de ese
escenario, la CAR recomendó terminar las obras de mitigación en curso, la
activación del CLOPAD del municipio; el establecimiento de un plan de
contingencia, y la preparación de población asentada en las zonas susceptibles de
riesgo de inundación y deslizamiento para respuesta ante cualquier emergencia94.
Al respecto, dijo el documento:

(…) me permito informarle que según el pronóstico emitido por el IDEAM el día 16
de agosto de 2011 en el cual prevé que la segunda temporada de lluvias para el
territorio Colombiano iniciará a mediados del mes de septiembre y podría superar
los niveles o valores medios de la época, generando que las precipitaciones para
este periodo estén por encima del promedio registrado. Así mismo, es probable
que esta temporada se extienda hasta final del año 2011, e, inclusive, registre una
mayor nubosidad en enero de 2012.

Igualmente, en lo que se refiere a la región metense se esperan lluvias moderadas
para el periodo de agosto; entre normales y por encima del promedio hacia los
meses de septiembre a diciembre, sobre todo en el piedemonte llanero.

Por lo anterior, se recomienda la terminación de las obras de mitigación por
inundación que se estén realizando (para que funcionen adecuadamente), la
activación del CLOPAD del municipio, mantener activos sistemas de alerta
temprana, el establecimiento de un plan de contingencia, la preparación de la
población asentada en las zonas susceptibles a riesgo por inundación o
deslizamiento, para la respuesta a cualquier emergencia que se pueda presentar
(…)95

92 F. 61, 62 y ss C. 2, expediente digital, SAMAI.
93 F. 67 C. 2, expediente digital, SAMAI.
94 F. 68-69 C. 2, expediente digital, SAMAI.
95 F. 67-68 C. 2, expediente digital, SAMAI.

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19.8. El 28 de noviembre de 2011, a las doce del medio día, el IDEAM publicó el
boletín n°. 328 de seguimiento y pronóstico de la amenaza por delizamientos.
Conforme al informe, el día anterior (27 de noviembre) hubo un incremento de
lluvias en la región Andina, Caribe y Piedemonte amazónico y estableció la alerta
roja en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima y Huila. Para los
departamenos de N orte de Santander, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Cauca,
Valle del Cauca, Meta, Casanare y Chocó, estableció alerta naranja96.

Frente a la región de la Orinoquía, especialmente, en el departamento del Meta,
se pronosticó amenaza moderada a alta (naranja) de deslizamiento de tierra en
áreas inestables en los municipios de Acacías, Cubarral, El Calvario, El Castillo, El
Dorado, Restrepo y Villavicencio97.

Según el glosario del mismo informe, alerta roja indicaba tomar acciones en
sistemas de prevención y atención de desastres por la amenaza que podía
significar un fenómeno con efectos adversos sobre la población. Acá la
probabilidad de amenaza era inminente y, si el fenómeno envolvía gravedad,
implicaba la movilización de personas y equipos (irrumpiendo el normal desarrollo
de las actividades cotidianas).

La alerta naranja era un aviso “para prepararse”. Indicaba la presencia de un
fenómeno, pero no la amenaza inmediata. El documento la catalogó como un
mensaje de información. Lo que implicaba vigilancia continua porque que existían
condiciones propicias para el desarrollo de un fenómeno (sin que se requiriera
permanecer alerta), como se exigía en la roja. La alerta amarilla, por su parte,
constituía un mensaje informativo (no de alerta) de eventos observados, que
pueden servir como elementos de pronóstico98.

19.9. El 29 de noviembre, en el boletín n° 329, el IDEAM mantuvo en “alerta
naranja” al departamento del Meta y pronosticó “amenaza moderada a alta por
deslizamiento de tierra en áreas inestables de los municipios de Acacías,
Cubarral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Restrepo y Villaviencio99.

96 F. 118-125 C. 2, expediente digital, SAMAI.
97 F. 124 C. 2, expediente digital, SAMAI.
98 F. 126 C. 2, expediente digital, SAMAI.
99 F. 127-137 C. 2, expediente digital, SAMAI.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00127-01 (68983)
Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otro
Proceso: Reparación directa

19.10 El 30 de noviembre, en el boletín n° 330, el IDEAM mantuvo en “alerta
naranja” al departamento del Meta y pronosticó “amenaza moderada a alta por
deslizamiento de tierra en áreas inestables de los municipios de Acacías,
Cubarral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Restrepo y Villaviencio100.

19.11. El mismo 30 de noviembre, a las 12 del medio día, el IDEAM publicó el
informe técnico diario n°. 334 en el que pronosticó tiempo lluvioso por el litoral
caribe, sur de la Orinoquía, entre otros sectores. E inisitó la alerta roja en la
cuenca alta del río Bogotá, cuenca media y baja del río Magdalena y del río
Cauca. Así como la alerta roja por deslizamiento de tierra en sectores inestables
de la región Andina –especialmente en los departamentos de Caldas, Antioquia,
Quindío y Huila–101. Frente al departamento del Meta, el IDEAM mantuvo la alerta
naranja de deslizamiento de tierra y pronosticó amenaza en un rango de
moderada a alta en áreas inestables en los municipio de Acacías, Cubarral, El
Calvario, El Castillo, El Dorado, Restrepo y Villaviencio102.

19.12. El 30 de noviembre en la noche y el 1 de diciembre de 2011 se produjo una
avalancha en las veredas Las Palmas, Las Blancas y El Playón del municipio de
Acacías, Meta103.

19.13. El 1 de diciembre de 2011, la Alcaldía del Municipio de Acacías expidió el
Decreto No. 238, por medio del cual declaró la “urgencia manifiesta”, por los
hechos ocurridos el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011, que afectó la
cuenca de los ríos Sardinata, Acacías, Acaciítas, El Playón y los caños Cobalto,
Granada y La Unión, con desprendimientos y movimientos de tierra, arrasando en
algo más de 12 kilómetros de recorrido por 100 metros de ancho las veredas: Las
Blancas, la Palma y El Playón, lo que culminó destrozando innumerables fincas en
el sector104.

20. En cuanto a la falla alegada frente al municipio de Acacías y a la Corporación
Autónoma Regional de la Macarena, de cara al daño padecido por los
demandantes (pérdida de cultivos, proyecto piscícola y afectación a inmueble de

100 F. 138-148 C. 2, expediente digital, SAMAI.
101 F. 149-153 C. 2, expediente digital, SAMAI.
102 F. 152 C. 2, expediente digital, SAMAI.
103 C. 1 F. 207, 234 y 249-253, expediente digital, SAMAI.
104 C. 1 F. 249-253, expediente digital, SAMAI.

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Demandante: Lida Rocío López Ospina y otros
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su propiedad), se evaluará si, conforme a lo probado, esas entidades tenían la
obligación concreta de ejecutar medidas de prevención de desastres sobre los
bienes de los residentes de la vereda “El Playón”, y, definida la obligación, si
incurrió en el referido incumplimiento obligacional.

21. Conforme a lo probado en el proceso, el Acuerdo 021 de 2000 –por medio del
cual adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio– al delimitar
áreas que tenían características de amenaza de ocurrencia de desastres
naturales, identificó, como una de ellas (por falla geológica de Guaycaramo) a la
vereda “El Playón”. En consecuencia, la excluyó de la posibilidad de tener usos
urbanos o residenciales, o de cualquier otro tipo de construcción permanente.

El 20 de junio de 2002, Lida Rocío López Ospina (demandante) compró el
inmueble rural denominado “La fortuna 2”, un globo de terreno de 9 hectáreas con
6.520 metros cuadrados, ubicado en la vereda “El Playón”, jurisdicción de Acacías.

El 7 de enero de 2011, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por las alteraciones
climáticas y los niveles históricos en las precipitaciones.

El 1° de septiembre de 2011, Cormacarena entregó al alcalde del municipio de
Acacías, Meta el informe de precipitaciones de la primera mitad del año 2011, así
como el pronóstico para la segunda mitad de ese año. Según el informe, se
podrían superar los niveles y valores de la época (por encima del promedio
registrado hasta ese entonces). En vista de ese escenario, la CAR recomendó
terminar las obras de mitigación en curso, la activación del CLOPAD del municipio;
el establecimiento de un plan de contingencia, y la preparación de población
asentada en las zonas susceptibles de riesgo de inundación y deslizamiento para
respuesta ante cualquier emergencia.

En noviembre de 2011, el IDEAM publicó varios boletines de seguimiento y
pronóstico de amenaza por deslizamiento por incremento de precipitaciones. En
cuanto al departamento del Meta, puntualmente en los municipios de Acacías,
Currabal, El Calvario, el Castillo, El Dorado, Restrepo y Villavicencio estableció
una “alerta naranja”. Este tipo de alerta era un aviso de preparación por la
presencia de un fenómeno, pero no la amenaza directa. Por su parte, estableció

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alerta roja en toda la región Andina, para activar acciones de prevención de
desastres.

La alerta naranja en todo el departamento del Meta se mantuvo durante el mes de
noviembre105.

El 30 de noviembre en la noche y el 1 de diciembre de 2011 se produjo una
avalancha en las veredas Las Palmas, Las Blancas y El Playón del municipio de
Acacías, Meta. Lida Rocio López Ospina (demandante) fue lesionada –en sus
bienes materales– por el desbordamiento y avalancha de los afluentes Cobalto,
Granada y Playón del 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2011. Su propiedad,
finca “La Fortuna” tuvo una afectación de un área de 9 y ¾ –incluida su actividad
económica (producción piscícola y cacao)–106.

Los hechos probados dan cuenta que el incremento de lluvias en el año 2011 no
era un asunto desconocido en todo el país y, puntualmente, el municipio de
Acacías fue informado por la CAR Macarena de esa circunstancia y de los riesgos
en su municipio. Sin embargo, el llamado de las autoridades –en esa jurisdicción
particular–, al catalogarse como “alerta naranja”, era un aviso de preparación por
la presencia de un fenómeno, pero no constituía una amenaza directa e inminente
de acuerdo con los criterios técnicos establecidos.

Ahora, como los daños alegados en el presente caso se enmarcaron en la
afectación a bienes (terreno y cultivos), las medidas de prevención de desastres
exigidas a las entidades a quienes, por Ley, le corresponde llevarlas a cabo,
deben mirarse –en este caso puntual– dentro de otra perspectiva (más
enmarcadas hacia la prevención y protección de vidas humanas e integridad de
los habitantes) y de respuesta ante posibles eventos adversos.

El Municipio de Acacías, con el POT del año 2000 tenía conocimiento de una
condición geológica en la vereda de El Playón –que representaba un riesgo de
movimiento en masa– e impedía, por esta condición del terreno, asignarle usos
urbanos y residenciales (y cualquier otro tipo de construcción permanente). Esta
disposición, sin embargo, no impedía la destinación a fines rurales (proyectos

105 Hechos probados 19.3, 19.4 y 19.8-19.11
106 Hecho probado 8.10.

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agrícolas y productivos). En ese orden, de la disposición del POT no se observa
que la entidad territorial tuviera la obligación de reubicar o trasladar a otro sitio a
una vereda completa (sobre todo, si no existía frente a la misma una alerta roja
que mostrara como inminente un daño sobra la vida e integridad de los habitantes
de la vereda).

Ahora bien, como en el caso de los demandantes los daños alegados fueron sobre
su proyecto agrícola y su propiedad, las medidas exigidas, de cara a la alerta
naranja emitida por Cormacarena en septiembre de 2011, no implicaban el
traslado y/o reubicación de los asentamientos de la vereda El Playón (o por lo
menos así no lo indica expresamente el informe de Cormacarena al Alcalde). Las
recomendaciones, puntuales fueron: (i) terminar las obras de mitigación en curso,
(ii) la activación del CLOPAD del municipio; (iii) el establecimiento de un plan de
contingencia y la preparación de población asentada en las zonas susceptibles de
riesgo de inundación y deslizamiento para respuesta ante cualquier emergencia.

En ese orden, las recomendaciones de Cormacarena al Municipio (dos meses
antes de la avalancha) estaban orientadas a proteger a la población asentada en
su vida e integridad y prepararlas para una respuesta. Por otro lado, conforme a
los boletines del IDEAM, se reitera, la alerta era naranja (con fines informativos y
de preparación). No se extendía a roja, que sí exigía medidas inmediatas para
evitar daños en la vida e integridad de los habitantes de la vereda (que aplicó en
ese momento para la Región Andinalos departamentos de Antioquia, Caldas,
Quindío, Tolima y Huila).

No puede perderse de vista que el momento en el que se estableció la “alerta
naranja” (septiembre de 2011), las medidas exigidas no implicaban el traslado de
una vereda completa (con sus proyectos productivos incluidos) a otro territorio. Se
insiste, la prohibición del POT era para urbanización.

Dadas las obligaciones concretas del municipio y a la fecha en la que se emitió la
alerta (dos meses antes del hecho dañoso), no se exigía al ente territorial una
medida de prevención más allá de una preparación a la población de toda la
jurisdicción de Acacías. Constituía, más bien, una información para proteger la
vida de los habitantes asentados y un mecanismo de reacción ante cualquier
evento natural.

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Se insiste, por las particularidades de la alerta, el municipio no tenía deberes
inmediatos de ordenamiento de su territorio –puntualmente en la vereda “El
playón”– y en un rango de 2 meses. Por otro lado, no puede perderse de vista la
capacidad institucional del municipio de Acacías (un municipio de categoría 3)
para hacer frente a esas medidas (no exigidas puntualmente frente a los bienes y
proyectos, y en un rango de dos meses).

El análisis de conducta de la entidad no puede hacerse sin considerar estas
circunstancias: (i) la alerta naranja era puramente informativa , (ii) el “deber ser”
exigido no implicaba la reubicación de un asentamiento a otro territorio con todos
sus proyectos productivos, y (iii) el factor tiempo, en tanto la avalancha ocurrió dos
meses después de la declaratoria de alerta naranja. En ese orden, dado que el
daño alegado abarcó una dimensión material, de cara a los deberes y al factor
tiempo, no está acreditada la existencia de un contenido obligacional concreto
sobre esos bienes para así evitar los daños acaecidos con el fenómeno natural.

Lo propio se concluye frente a la Corporación Autónoma Regional demandada,
quien, dentro del marco de sus funciones no tenía, ni tiene el deber de llevar a
cabo reubicaciones de asentamientos humanos, sino, servir de acompañamiento a
los entes territoriales y ejecutar acciones en materia de prevención y atención de
desastres. En efecto, conforme a lo probado, dirigió varias comunicaciones a la
gobernación del Meta y al municipio de Acacías; extendió las predicciones y
alertas del IDEAM y estuvo en permanente seguimiento a esa circunstancia dentro
de su jurisdicción ambiental durante todo el año 2011 (antes y después de la
avalancha del 30 de diciembre de 2011).

Por otro lado, llama la atención a la Sala que los hoy demandantes, quienes
reclaman por daños sobre su propiedad y cultivos, hayan adquirido un terreno en
una zona previamente catalogada como de falla geológica. La declaratoria de
riesgo ocurrió en el año 2000, con la expedición del POT 021 y Lida Rocío López
adquirió su propiedad rural en el año 2002. De tal suerte que la relación con el
objeto de la demanda, esto es, la reclamación del daño en su proyecto productivo
y terreno en el que se desarrollaba la actividad, resulta ajena al control que puede
el Estado ejercer sobre las actividades de los particulares –como la adquisición de
tierras hábiles y seguras para un cultivo–.

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De aceptarse esta última circunstancia, el Estado desbordaría su capacidad de
supervisión y ejercería una injerencia en lo que es de la órbita de los particulares
en la gestión responsable de sus negocios propios. De manera que, se reitera, las
condiciones de un terreno ya establecidas (en el POT del año 2000), debían ser
conocidas por quienes pretendían adquirir la propiedad con posterioridad y no se
debe trasladar al Estado esta circunstancia frente a negociaciones posteriores.

22. Según el artículo 168 del CGP, incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que prevén el efecto jurídico que persiguen y, por tanto, quien
alega un hecho debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto
pretendido, ya que la sola afirmación de la demandante no es suficiente para
acreditarlo. Como no obra prueba que demuestre la falla del servicio por omisión o
si una conducta debida y omitida hubiera interrumpido el curso causal de los daños
alegados, no se acreditó la falla del servicio ni el nexo de causalidad entre la
conducta de las entidades demandadas y los daños sufridos por la demandante.
Por ello, la Sala confirmará la sentencia apelada.

Costas

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 de ese
artículo prevé que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,

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súplica, anulación o revisión que haya propuesto. A su turno, el numeral 4 del
mismo artículo establece que cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de
la Judicatura –vigente para la fecha en que se presentó la demanda– y de cara a
la duración y naturaleza del proceso en la segunda instancia, la Sala fijará las
agencias en derecho –en segunda instancia– que estarán a cargo del
demandante (a quien se le resolvió de forma desfavorable el recurso de
apelación) en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones107, es decir, la
suma de ochocientos seis mil setecientos treinta y cuadro pesos ($806.734)108, la
cual se reconocerá en favor de las demandadas y se dividirá en partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias
en derecho en segunda instancia en la suma de ochocientos seis mil setecientos
treinta y cuadro pesos ($806.734) a favor de las demandadas y se dividirá en
partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a
quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

108 La parte demandante estimó la cuantía en $806.733.775,00.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener
acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema Samai.

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