Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00176-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00176-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2014-00176-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
22 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01 (69898)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Violación manifiesta e
inexcusable de normas de derecho, art. 6.1 Ley 678 de 2001. PRESUNCIÓN DE DOLO EN REPETICIÓN-
Inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, art. 5.2. Ley 678 de 2001. PRESUNCIÓN
DE DOLO EN REPETICIÓN-Desviación de poder, art. 5.1 Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN
REPETICIONES EN VIGENCIA DE LA LEY 678 DE 2001-Le corresponde al demandante acreditar la
presunción y al demandado desvirtuarla. EN COSTAS-No hay condena en agencias en derecho cuando el
demandado estuvo representado por curador ad litem.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 2 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En el año 2005, Germán Chaparro Carrillo, alcalde de Villavicencio, fue
sancionado disciplinariamente y presentó una acción de tutela para que se dejara
sin efecto la sanción. El 19 de diciembre de 2005, el Consejo Seccional de la
Judicatura, en primera instancia, amparó sus derechos y lo reintegró al cargo, y el
8 de febrero de 2006, el Consejo Superior de la Judicatura revocó la sentencia y
dejó en firme la sanción. Luego de esa fecha, designaron, como alcalde
encargado a Carlos Alirio Gómez Villarraga, quien ordenó dejar sin efectos los
nombramientos y remociones hechas por el alcalde destituido –entre el 19 de
diciembre de 2005 y el 12 de febrero de 2006–. Horacio Álvarez Ceballos,
Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
secretario de salud nombrado en enero de 2006 y desvinculado en febrero,
demandó el acto.
Como el acto fue declarado nulo por falsa motivación y se ordenó el pago de
salarios y prestaciones dejadas de percibir, el municipio de Villavicencio demandó
en repetición al alcalde encargado. Sostiene que incurrió, en culpa grave, por
violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho y, dolo, por falsa
motivación y desviación de poder.
ANTECEDENTES
La demanda
El 3 de abril de 2014, el municipio de Villavicencio formuló demanda de repetición
contra Carlos Alirio Gómez Villarraga, para que se les declarara patrimonialmente
responsables de la condena impuesta en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, por la suma de $856.231.769, en los siguientes términos:
“Primera. Que se declare la responsabilidad patrimonial del ex servidor público Carlos Alirio
Gómez Villarraga, mayor de edad, vecino de Villavicencio, identificado con cédula de
ciudadanía n°. 17.313.831. de Villavicencio, quien con su gravemente culposa dio lugar a la
condena que ordenó el reconocimiento indemnizatorio a cargo del municipio de
Villavicencio, proveniente de la sentencia condenatoria de fecha 30 de octubre de 2009,
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro del
expediente n°. 50001233100020060066400, de Horacio Álvarez Ceballos contra el
municipio de Villavicencio, y confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo
mediante sentencia del 06 de diciembre de 2011.
Segunda. Se ordene a Carlos Alirio Gómez Villarraga el reconocimiento y pago al Municipio
de Villavicencio como reparación patrimonial la suma de ochocientos cincuenta y seis
millones doscientos treinta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos moneda corriente
($856.231.769), más sus intereses e indexación, suma que pagó el municipio de
Villavicencio en virtud de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2009, proferida por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio (Meta), dentro del expediente
n°. 500012331000200600666400, y confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo
mediante sentencia del 06 de diciembre de 2011.
Tercera. Condenar al señor Carlos Alirio Gómez Villarraga a cancelar las costas del
proceso.
Cuarta. Ordenar que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al
consumidor.
Quinta. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 del
CPACA”1.
Hechos
1 Folios 2-3 índice 1. Samai. Primera Instancia.
2
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Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
La parte demandante afirmó que, en el año 2005, Procuraduría General de la
Nación destituyó e inhabilitó a Germán Chaparro Carrillo, alcalde de Villavicencio,
y este presentó una acción de tutela para que se dejara sin efecto la sanción. El
19 de diciembre de 2005, el Consejo Seccional de la Judicatura, en primera
instancia, amparó sus derechos y lo reintegró al cargo y, el 8 de febrero de 2006,
revocó la sentencia, dejó en firme la sanción y ordenó dejar sin efectos los actos
proferidos en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia.
Luego de esta segunda decisión, el gobernador del Meta designó, como alcalde
encargado, a Carlos Alirio Gómez Villarraga y éste ordenó dejar sin efectos los
nombramientos y remociones hechas por el alcalde destituido, entre el 19 de
diciembre de 2005 y el 12 de febrero de 2006. Horacio Álvarez Ceballos,
secretario de salud nombrado en enero de 2006, hizo parte del grupo de
empleados desvinculados por el alcalde encargado y demandó el acto en nulidad
y restablecimiento del derecho. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Villavicencio declaró la nulidad del acto por falsa motivación y violación de ley de
garantías electorales, y ordenó el reintegro de Horacio Álvarez Ceballos al cargo
que desempeñaba, y el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir. El Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión.
Como la entidad fue condenada, demandó en repetición a Carlos Alirio Gómez
Villarraga, alcalde encargado. Sostiene que incurrió en (i) culpa grave por violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho y (ii) dolo por falsa motivación y
desviación de poder2.
Contestación de la demanda
La curadora ad litem del demandado, en el escrito de contestación, señaló que se
atenía a lo que resultara probado en el proceso y agregó que el comportamiento
de Carlos Alirio Gómez Villarraga fue excusable porque, a pesar de encontrarse
bajo ley de garantías electorales, el funcionario expidió el acto en estricto
cumplimiento de una orden judicial de tutela. No fue una decisión arbitraria ni
contraria a la ley ni a la moralidad administrativa. Tampoco fue una conducta por
2 Folios 2-11, expediente digital Tribunal. Índice Samai 1.
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Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
fuera de su competencia y no existe prueba en este proceso de que la decisión se
expidió sin fundamentos de hecho y de derecho o con desviación de poder.
Sentencia de primera instancia
El 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones,
al considerar que el municipio de Villavicencio no acreditó que el demandado, al
expedir el acto declarado nulo, actuó, con culpa grave, por violación manifiesta e
inexcusable de normas de derecho, y con dolo, por falsa motivación y desviación
de poder. Aun cuando la sentencia de nulidad concluyó que el acto de
desvinculación carecía de fundamentos de hecho y de derecho, porque se le dio
un alcance a una decisión judicial que no tenía, y a este proceso no se podían
trasladar los argumentos jurídicos de la sentencia condenatoria.
El tribunal estimó que, en este proceso, no se probó una desviación de poder por
ocultamiento de la verdadera intención del nominador, o un fundamento de hecho
y de derecho inexistente. Tampoco se probó un desconocimiento de una norma
por error inexcusable. En efecto, conforme a lo probado, el Consejo Superior de la
Judicatura –al resolver la segunda instancia de una acción de tutela contra
sanción disciplinaria– revocó el fallo de tutela, concluyó que la sanción no
desconoció derechos fundamentales y ordenó dejar sin valor los actos
administrativos que se hubieran proferido con ocasión a lo dispuesto en la
sentencia de tutela de primera instancia, es decir los actos de cumplimiento de ese
fallo, no otros. Ahora bien, aunque el demandado hizo otra interpretación a la
orden judicial y se fundamentó en ella para dejar sin efectos los nombramientos
del alcalde destituido, según el tribunal, no está probado, en este proceso, que lo
haya hecho con la intención de ocultar otra motivación o con desviación de poder.
Finalmente, concluyó que, aunque la entidad pagó una suma de dinero por un acto
declarado nulo, no está acreditado en el proceso de repetición, ni siquiera
indiciariamente, la motivación subjetiva del demandado, ni el conocimiento del
demandado de una ilicitud de su conducta, como elemento integrante del dolo. Por
lo tanto, existían más dudas que certezas sobre el comportamiento del
demandado y su culpabilidad3.
3 Folios 1-21, expediente digital. Índice 18 Samai.
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Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
Recurso de apelación
El municipio de Villavicencio formuló recurso de apelación contra la sentencia.
Sostuvo que estaba probado el dolo y la culpa grave del demandado, porque las
pruebas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se
condenó a la entidad, dieron cuenta que la sentencia de tutela, que sirvió de
fundamento para el acto acusado, no ordenó la desvinculación de empleados y, en
consecuencia, hubo una falsa motivación al expedir el Decreto 033 de 2006 y
dejar sin efectos los nombramientos entre el 19 de diciembre de 2005 y el 12 de
febrero de 2006. Agregó el recurso que hubo un desconocimiento inexcusable de
normas de derecho, porque el acto administrativo se dictó bajo restricciones de ley
de garantías electorales y con expresa prohibición de modificar las plantas de
personal de las entidades públicas.
Agregó que los vicios de nulidad concluidos en la sentencia condenatoria, falsa
motivación y violación a ley de garantías, eran en sí mismos la prueba del dolo y la
culpa grave del demandado, circunstancia que no exigía prueba adicional de la
conducta del demandado.
Trámite de segunda instancia
El 13 de abril de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación4 y el 7 de julio
de 2023, el Despacho lo admitió5. Previo al ingreso del expediente para fallo
(artículo 247 CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2021), el
Ministerio Público allegó el concepto, en que sostuvo que el Tribunal, al fijar el
litigio, solo se refirió a la culpa grave del ex servidor por infracción inexcusable a
normas de derecho y era este supuesto, y no otro, el objeto de estudio en el caso
concreto. Agregó que la culpa grave no se podía concluir de los razonamientos
que fundamentaron la nulidad. Y menos concluir una culpa grave –por
desconocimiento de la ley de garantías electorales– sin prueba de las
circunstancias que llevaron al alcalde encargado a expedir el Decreto 033 de
2006.
CONSIDERACIONES
4 índice 23 Samai. Expediente Tribunal.
5 índice 3 Samai.
5
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Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
1. Como la demanda se presentó el 3 de abril de 2014, el régimen general
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, a partir del
mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este
código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del
Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Ahora bien, en cuanto al régimen jurídico especial aplicable al proceso de
repetición, como los hechos que produjeron la condena ocurrieron en febrero de
2006 –fecha en la que se expidió el Decreto 033 de 2006, que dejó sin efectos
varios nombramientos y que fue declarado nulo– el régimen especial aplicable al
medio de control de repetición es la ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir
de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509, el 4 de agosto de 2001.
En efecto, la ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen, en todos sus aspectos, por
ella6. En lo sustancial la ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que, al calificar la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público, estableció unas
presunciones legales, en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, que admiten
prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del CC.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los
procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006.
6
Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública,
según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la ley 678 de 2001.
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación
interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la ley 678 de 2001 y
el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 CGP.
Medio de control procedente
4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya
conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo
vinculado al proceso respectivo (art. 90 CN, art. 142 CPACA, inciso 1º del art. 2 ley
678 de 2001 y arts. 1668.3 y 1670 CC).
Demanda en tiempo
5. El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años
contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad,
según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el
artículo 42 de la Ley 2195 de 2022– o a más tardar desde el vencimiento del plazo
de 18 meses de que trata el artículo 177 CCA7.
La demanda se interpuso en tiempo –3 de abril de 2014– porque la entidad pagó
la condena en abril, mayo y julio de 20138, es decir, cuando aún no habían
vencido los dos años para su interposición.
Legitimación en la causa
6. El artículo 90 de la CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001,
establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un
tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o
exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.
7 Como la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada en diciembre de 2011, la norma aplicable para el pago
de la condena es en artículo 177 del CCA, esto es, de 18 meses.
8 Según orden de pago expedido por la Tesorería General del Departamento (f. 94 expediente digital
Tribunal).
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Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el
Estado reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud
de un deber-derecho para que se declare responsable al sujeto, que por su actuar
doloso o gravemente culposo ha causado un daño antijurídico y por el cual el
Estado ha respondido. Se encamina, además, a la protección directa del
patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la
función pública. Así las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción
de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para
efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago
indemnizatorio realizado9”.
El municipio de Villavicencio está legitimado en la causa por activa, pues fue la
entidad pública que pagó una suma derivada de una condena judicial. Por otro
lado, Carlos Alirio Gómez Villarraga está legitimado en la causa por pasiva, pues
fue el servidor público que, según la demanda, con su conducta gravemente
culposa y dolosa dio lugar a la condena judicial. Carlos Alirio Gómez Villarraga fue
alcalde encargado del municipio de Villavicencio, desde el 16 de diciembre de
2005 al 19 de diciembre de 2005, y, desde el 13 de febrero de 2006 hasta al 8 de
mayo siguiente, según da cuenta certificado original expedido por la Dirección de
Personal del municipio10.
Objeto del recurso de apelación y fijación del litigio
7. El Ministerio Público, en su concepto, planteó que la sentencia de primera
instancia debió ajustarse a la fijación del litigio definida en la audiencia inicial
–existencia de una culpa grave, por infracción a normas de derecho, en la
expedición del acto administrativo anulado– y no estudiar si la conducta del
9
Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso de este mecanismo, la
Corporación ha señalado: “De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener
en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas- no se fundamenta en la figura jurídica de la
subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado no requiere para su interposición sustituir a la
víctima indemnizada, pues ejercita un derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta
autonomía que se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en el artículo
90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente independiente, esto en razón a que no
existe otra clase de acción que la reemplace en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su
procedencia requiere la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la
indemnización respectiva, estableciéndose -ambos- como requisitos de procedibilidad, que podrán -incluso-
aportarse al proceso en la etapa probatoria. Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede
caracterizarse la acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un mecanismo
procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o proceso, sólo que condicionó su
procedencia al cumplimiento de ciertos requisitos”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008 Rad. 16335.
10 Folio 104, expediente digital Tribunal Samai.
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
demandado fue dolosa por falsa motivación y desviación de poder. Sugirió, por lo
tanto, que en la segunda instancia el objeto de la apelación se enmarcara sólo en
el problema jurídico establecido en la fijación del litigio.
Conforme al artículo 180 del CPACA, durante la audiencia inicial, una vez
resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las
partes sobre los hechos en los que están de acuerdo, y los demás extremos de la
demanda o su reforma, de la contestación o de la reconvención, si a ello hubiere
lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación del litigio.
La fijación del litigio es, entonces, una oportunidad en la que el juez y las partes
estructuran el problema jurídico que se resolverá en la sentencia. La finalidad de
este ejercicio es de delimitar el objeto del proceso en los puntos en discusión, es
decir, en los aspectos fácticos y jurídicos en los que existe controversia,
enmarcando así el supuesto de hecho a probar. En ese sentido, la jurisprudencia
se ha preguntado si esa definición impide que el juez se pronuncie sobre aspectos
de la controversia no incluidos en la fijación del litigio, y, de no abarcarse, podrían
acarrear una sentencia incongruente11. Sobre este último punto, la jurisprudencia
ha identificado dos posiciones a saber.
La primera se dirige a considerar que, una vez concretados estos aspectos, ni las
partes ni el juez pueden dirigir sus esfuerzos a probar o determinar asuntos que no
fueron tratados expresamente en la fijación12, mientras que la otra plantea que la
fijación del litigio es provisional en tanto buscar reducir la complejidad de los
problemas planteados, sin que signifique “la resolución definitiva de los extremos
de la litis, en el entendido en que este se resuelve en el fallo y, por tanto, aquella
puede alcanzar mayores niveles de abstracción, de discusión jurídica que los
trazados en esa diligencia inicial13”.
Para la Sala, el problema jurídico definido en la fijación del litigio en la audiencia
inicial sirve como una aproximación para identificar el tema a probar y qué medios
son conducentes, pertinentes y útiles. Sin embargo, los puntos allí definidos no
pueden atar al juez en aspectos de hecho y de derecho necesarios para proferir
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre
de 2020, rad. 61244, M.P. Martha Nubia Velásquez.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de octubre de
2015, rad. 2014-00139, M.P. Alberto Yepes Barreiro (E).
13 Ibídem.
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
una decisión congruente –sobre todo si la segunda instancia se debe al recurso de
apelación y a los puntos contenidos–. Al respecto, también ha dicho la
Corporación:
(…) la fijación del litigio no constituye una camisa de fuerza para el operador
judicial, pues, en aras de hacer efectivo el derecho de acceso a la administración
de justicia, el juez se encuentra facultado para determinar si la decisión debe
limitarse al problema jurídico planteado en la audiencia inicial o si este debe ser
ampliado14.
Y en otra oportunidad, concluyó:
“(…) las pretensiones que no hayan quedado cobijadas en el litigio, no obstante
ello, podrán ser resueltas en la sentencia, sin que ello desborde el principio de
congruencia, toda vez que el motivo que habilita su decisión no estriba en que
hubieran quedado contenidas en la fijación de litigio, -pues solo han de estarlo
en caso de que exista la necesidad de emprender un debate probatorio frente a
estas-, sino en que se hubieran formulado expresamente en la demanda”15.
Ahora bien, revisada el acta de la audiencia inicial se advierte que la fijación del
litigio formulada no se concreta en la culpa grave del demandado, como lo señaló
el Ministerio Público. Conforme al acta, se fijó el litigio de esta manera:
“Se decidirá si el municipio de Villavicencio se encuentra legitimado para
demandar en repetición a Carlos Alirio Gómez Villarraga, en los términos del
artículo 8 de la ley 678 de 2001. Seguidamente, y en caso de ser afirmativo lo
anterior, se decidirá si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de
Carlos Alirio Gómez Villarraga; es decir, si se cumplen los requisitos exigidos para
la prosperidad de la acción de repetición”16.
Como se observa, el problema definido en la audiencia inicial tuvo en cuenta las
pretensiones y hechos de la demanda y, además, los puntos que abarcaron la
defensa en la contestación17, es decir, se reitera, la fijación no solo se concretó a
un análisis de culpa grave por infracción a normas de derecho, como se dijo en el
concepto. Así las cosas, aun cuando esta definición no ata al juez, la Sala seguirá
el parámetro allí formulado y agregará otros aspectos a revisar en casos de
repetición, como lo son los presupuestos de procedencia de la acción.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
27 de agosto de 2020, expediente 64.564.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3
de abril de 2020, expediente 61.500.
16 Folio 5, expediente digital Tribunal, índice 9 Samai.
17 Folios 3, 4 y 5, expediente digital Tribunal, índice 9 Samai.
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
Problema jurídico
8. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si la conducta del demandado fue
gravemente culposa, por violación manifiesta e inexcusable de normas de
derecho, y, dolosa, por falsa motivación y desviación de poder.
II. Análisis de la Sala
9. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos18, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales; sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (art. 164 CGP). Así, las
providencias del 30 de octubre de 2009 y 6 de diciembre de 2011 –proferidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
condenó a la entidad demandante– serán valoradas.
Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición
10. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el numeral 6– requiere: (i) la
obligación reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza
funciones públicas19.
Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la entidad
demandante
11. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico,
como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la ley 678 de 2001. La obligación de la
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27.006 y Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42.183.
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
Demandante: municipio de Villavicencio
Demandado: Carlos Alirio Gómez Villarraga
Proceso: Repetición
entidad estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una
sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o
extrajudicial, tal y como lo dispone el artículo 2º de la ley 678 de 2001.
12. Está acreditado que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
promovido por Horacio Álvarez Ceballos contra el municipio de Villavicencio, el 6
de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia de
segunda instancia, en la que declaró la nulidad del Decreto 033 de febrero de
2006, que dejó sin efectos los nombramientos hechos entre el 19 de diciembre de
2005 y el 12 de febrero de 2006 (dentro de los que se encontraba el de Horacio
Álvarez Ceballos, como Secretario de Salud) y, como restablecimiento, ordenó su
reintegro y el pago de las prestaciones dejadas de percibir desde su
desvinculación hasta el día en que se hiciera efectivo el reintegro20.
Segundo presupuesto: El pago
13. Está acreditado que la entidad demandante pagó a Horacio Álvarez Ceballos
la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta, con apoyo en los
siguientes medios de prueba:
13.1. El 12 de abril de 2013, el municipio de Villavicencio profirió las Resoluciones
n°. 449, 946 y 965 de 2013, por medio de las cuales dieron cumplimiento a la
sentencia del 6 de diciembre de 2011, y reconoció en favor de Horacio Álvarez
Ceballos la suma de $627.533.328, $36.570.684 y $21.388.153, por concepto de
prestaciones laborales dejadas de percibir desde su desvinculación21.
13.2. En los meses de abril, mayo y julio de 2013, el municipio de Villavicencio
pagó a Horacio Álvarez Ceballos la suma de $627.533.328, por concepto de
salarios y prestaciones sociales, y $180.575.097, por concepto de intereses
moratorios22.
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente
20 Folios 43-63, expediente digital.
21 Folios 59-63 y 65-73, expediente digital Tribunal. Índice 1 Samai.
22 Según da cuenta copia auténtica de la orden de pago, comprobantes de egreso y certificado expedido por la
Tesorería del municipio de Villavicencio f. 78 a 82 y 94 expediente digital Tribunal. Índice 1 Samai.
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Proceso: Repetición
14. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la ley 678 de 2001, en consecuencia, se aplican las presunciones
legales previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del
servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones
inciden directamente en la carga de la prueba, pues, antes de la ley 678 de 2001,
le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del
Estado a partir de la conducta de este último.
Con la entrada en vigencia de la ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la
prueba23, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado
incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo
o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción
y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que
configura la presunción. De modo que el juez de la acción de repetición puede
estudiar la conducta del agente con el fin de determinar si, no obstante
configurarse alguna de las presunciones, el demandado no actuó en forma
dolosa o gravemente culposa. Y, además, evaluará todos los eventos que no se
subsumen en los supuestos de presunciones previstos por el legislador.
La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la CN, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en
contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el
debate probatorio24.
15. La ley 678 de 200125, dentro de las presunciones de culpa grave, previó en su
numeral 1º que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa por
violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, esto es, cuando el daño es
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30.327.
24 Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de
septiembre de 2003.
25 Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 y sentencia C-455 de 2002.
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consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones26.
El fundamento de hecho de esta presunción tiene lugar, no solo cuando el acto o
la conducta del agente desconoce el ordenamiento jurídico, es decir, no es una
mera violación normativa, sino que, además, se requiere que el desconocimiento
de la norma sea manifiesta e inexcusable. Esto supone considerar: (i) que exista
la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el
demando obró o expidió el acto administrativo (cuando hubiere lugar) sin una
excusa válida. Esto último se puede analizar a partir de un estudio de
interpretaciones posibles de la norma, de la posición jurisprudencial vigente al
momento del acto o conducta, o, si de la infracción normativa o del
comportamiento se permite inferir que el demandado obró con una negligencia
grave (inexcusable) en el curso normal de sus funciones (en los términos del
código civil).
16. La presunción de dolo del numeral 1° del artículo 5 de la ley 678 de 2001, por
obrar con desviación de poder, se configura cuando se acredita que una autoridad
administrativa, a pesar de tener la competencia para dictar el acto, lo expidió con
un fin distinto al previsto por el ordenamiento jurídico27. Las atribuciones o poderes
otorgados por la ley a las autoridades deben ejercerse siempre en busca del
interés general, del buen servicio público y, por ello, un poder ejercido con fines
diferentes es un poder torcido o desviado de sus propios fines28.
17. Por su parte, la presunción de dolo del numeral 3° del artículo 5 de la ley 678
de 2001, por expedir el acto con falsa motivación, se configura cuando los
fundamentos del acto administrativo no corresponden con la realidad, por la
inexistencia o error en los motivos de derecho o de hecho aducidos29.
18. Según los hechos quinto, sexto, séptimo de la demanda y el recurso de
apelación, Carlos Alirio Gómez Villarraga, exalacalde encargado del municipio de
Villavicencio actuó con culpa grave, porque desconoció la prohibición contenida en
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34.816.
27 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 16 de julio de 1943, Rad. 0716 [fundamento jurídico
consideraciones párr. 37].
28 Consejo de Estado, sentencia de 13 de septiembre de 1968.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2001, Rad. 13.411.
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los artículos 32, 33 y 38 de la ley 996 de 2005, estatutaria de garantías
electorales, que prohibía la modificación de la planta de personal y la contratación
en periodos de elecciones. El demandado dejó sin efecto los nombramientos
efectuados por el alcalde que lo precedió (destituido), bajo el argumento que lo
hacía en estricto cumplimiento de un fallo de tutela del Consejo Superior de la
Judicatura, dictado en segunda instancia. El acto expedido por el exalcalde
encargado dio lugar a que la entidad fuera condenada al pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir por uno de los empleados desvinculados, y
constituyó una infracción manifiesta e inexcusable de normas derecho, una falsa
motivación y una desviación de poder.
19. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, están acreditados los siguientes hechos:
En 21 de octubre de 2005, la Procuraduría General de la Nación destituyó e
inhabilitó a Germán Chaparro Carrillo, alcalde de Villavicencio, y, el 15 de
diciembre de 2005, el gobernador del Meta nombró, como alcalde interino, a
Carlos Alirio Gómez Villarraga30. En ese cargo estuvo hasta el 19 de diciembre de
2005, fecha en la que una sentencia de tutela de primera instancia reintegró a
Germán Chaparro Carrillo, alcalde sancionado disciplinariamente31. El 30 de
diciembre siguiente, Germán Chaparro Carrillo nombró a Horacio Álvarez Ceballos
como Secretario de Salud, cargo de libre nombramiento y remoción32.
El 8 de febrero de 2006, el Consejo Superior del Judicatura revocó la sentencia de
19 de diciembre de 2005, dejó en firme la sanción disciplinaria y ordenó dejar sin
efectos los actos proferidos en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera
instancia. Ordenó, además, comunicar a las autoridades para que tomaran las
medidas pertinentes para el restablecimiento de los efectos de la decisión del 21
de octubre de 200533, es decir, de la sanción de destitución e inhabilidad.
Luego de esta segunda decisión, el gobernador del Meta confirmó la designación
de Carlos Alirio Gómez Villarraga como alcalde encargado34 y éste retornó a su
cargo interino. En febrero de 2006, Carlos Alirio Gómez Villarraga expidió el
30 Folios 36 y 93-100, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
31 Folio 104, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
32 Folio 35, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
33 Folio 36, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
34 Folio 104, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
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Decreto 033 de febrero de 2006, que ordenó dar cumplimiento a la parte resolutiva
de la sentencia del 8 de febrero de 2006, dictada en segunda instancia por la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Con fundamento en esa
ordenó, dispuso “dejar sin valor y efectos jurídico los actos administrativos de
designación de cargos de libre nombramiento y remoción proferidos a partir del 19
de diciembre de 2005 hasta el día 12 de febrero de 2006, tal y como lo ordena el
artículo cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de tutela de fecha 8 de febrero
de 2006 dimanada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura”35.
Dentro de los nombramientos dejados sin efectos en el Decreto 033 de 2006,
estaba el de Horacio Álvarez Ceballos, Secretario de Salud nombrado por el
alcalde destituido, quien, a su vez, presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento en contra del referido acto administrativo. El Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró la nulidad del acto por falsa
motivación y violación de ley de garantías electorales, ordenó el reintegro de
Horacio Álvarez Ceballos al cargo que desempeñaba, así como el pago de
salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. El juzgado estimó que el acto
administrativo acusado fue expedido con falsa motivación, pues la sentencia de
tutela, invocada como fundamento de la decisión, no dio esa orden, es decir, los
actos administrativos que debían quedar si efectos no comprendían las decisiones
del alcalde destituido, entre ellas los nombramientos36. Además, concluyó que el
acto desconoció la prohibición contenida en la ley 996 de 2005 –de garantías
electorales–, pues cambió la nómina del ente territorial dentro de los cuatro meses
anteriores a las elecciones.
El Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión por las mismas razones:
una infracción de una norma superior porque se desconoció la prohibición
contenida en el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y por darle un
alcance que no tenía una decisión judicial37. Al respecto, se consideró:
“(…) De lo anterior se colige que tal prohibición está dirigida a los gobernadores,
alcaldes, entre otros. Contrario a lo alegado por el apelante, fue creada con el
propósito de promover la transparencia y garantizar que no se utilice la nómina de
la entidad como medio para campaña electoral (…)
35 Folio 35 a 37 expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
36 Folio 36, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
37 Folios 43-53, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
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Considera la Sala acertada la decisión del a quo, toda vez que analizadas las
pruebas aportadas se observa que los actos acusados fueron proferidos por la
entidad demandada, el 16 de febrero de 2006, y las elecciones atípicas para la
alcaldía se llevaron a cabo el 7 de mayo del mismo año, lo que quiere decir que se
expidieron dentro de los cuatro meses anteriores a dicha contienda electoral, esto
es, dentro del término de restricción que refiere el inciso 4 del parágrafo del
artículo 38 de la ley 996 de 2005, el cual regía desde el 7 de enero de 2006”.
20. Le ley 996 de 2005, por medio de la cual se reglamentó la elección de
Presidente de la República y se establecieron límites a esa elección y a la elección
de otras autoridades, dispuso una serie de prohibiciones para dotar de
transparencia los procesos electorales. Las prohibiciones, además de comprender
las campañas (su financiación, seguridad y publicidad), se extendieron a aspectos
con incidencia en la elección en sí misma y en los móviles de los electores, como
ocurrió con la contratación, celebración de convenios interadministrativos y
cambios en la nómina de las entidades del sector ejecutivo.
El artículo 32 de esa ley dispone que se suspenderá cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público,
durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la
realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. A su turno, el artículo 33 prevé
que durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la
realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida
la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.
La misma ley establece una serie de excepciones a las anteriores restricciones,
a saber: lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito
público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y
desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías,
puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de
que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o
casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y
hospitalarias.
Por su parte, el artículo 38 de la misma ley, en el tercer inciso de su parágrafo,
establece que los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal,
departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las
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elecciones, no podrán modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad
no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones
a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo
correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las
normas de carrera administrativa.
20. Las pruebas dieron cuenta que, entre finales de 2005 e inicio de 2006, el
municipio de Villavicencio vivió cambios cortos de administración por motivos
disciplinarios y por órdenes judiciales. Los hechos se remontan al 21 de octubre
de 2005, cuando la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a
Germán Chaparro Carrillo, alcalde electo de Villavicencio. Luego, el 15 diciembre
de 2005, el gobernador del Meta nombró, como alcalde interino, a Carlos Alirio
Gómez Villarraga (hoy demandado). En ese encargo estuvo entre el 16 y el 19 de
diciembre de 2005, es decir, cuatro días, hasta que una decisión judicial de tutela,
dictada en primera instancia, amparó los derechos del alcalde electo y destituido y
lo reintegró al cargo.
Posteriormente, el 8 de febrero de 2006, el Consejo Superior del Judicatura revocó
la sentencia de 19 de diciembre de 2005 –dictada dentro del trámite de una acción
de tutela referido– dejó en firme la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
en contra de Germán Chaparro Carrillo y ordenó dejar sin efectos los actos
proferidos en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia, es decir,
la del 19 de diciembre de 2005. En esa decisión de segunda instancia, se ordenó,
además, comunicar a las autoridades para que tomaran las medidas pertinentes
para el restablecimiento de los efectos de la sanción disciplinaria del 21 de octubre
de 200538.
Luego de esta última decisión, es decir, la que dejó en firme la sanción
disciplinaria al alcalde Chaparro Carrillo, Carlos Alirio Gómez Villarraga retornó a
su cargo interino y, el 13 de febrero de 2006, expidió el Decreto 033 de febrero de
2006, por medio del cual dejó sin valor y efectos jurídicos los actos administrativos
de designación de cargos de libre nombramiento y remoción proferidos a partir del
19 de diciembre de 2005 hasta el día 12 de febrero de 2006. El acto
administrativo, según las pruebas, se profirió en cumplimiento de la parte
38 Folio 36, expediente digital Tribunal, índice 1 Samai.
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
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resolutiva de la sentencia del 8 de febrero de 2006, dictada en segunda instancia
por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Conforme a las pruebas, el acto se dictó en un periodo de interinidad, es decir, con
un alcalde electo destituido y un alcalde encargado de la administración municipal.
Se dictó, además, previo a unas elecciones territoriales –por la misma situación de
interinidad– y dentro de los cuatro meses previos a las elecciones.
Lo anterior permite concluir que el hoy demandado modificó la nómina de la
entidad al dejar sin efectos los actos de nombramiento del alcalde electo y
destituido, circunstancia que desconoció, en principio, la prohibición contenida en
el inciso tercero del parágrafo del artículo 38 de la ley de garantías electorales. Sin
embargo, no se probó en este proceso que la infracción “aparente” a norma
superior, que fundamentó la condena, haya sido consecuencia de un error
“inexcusable”. No se probó en este proceso que el fundamento de hecho del acto
administrativo haya sido contrario a la realidad y constituyó una falsa motivación.
Tampoco se probó que el acto declarado nulo se expidió con una intención
diferente al buen servicio, es decir, con desviación de poder (esto último, aunque
alegado en la demanda, no fundamentó la condena).
Conforme a las pruebas, el demandado, en su calidad de alcalde encargado,
actuó bajo la convicción de cumplir una orden judicial, orden que, entre otros
aspectos, fue más genérica que concreta. En efecto, la decisión en su parte
resolutiva, además de dejar en firme la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad del alcalde electo Germán Chaparro Carrillo, ordenó dejar sin efectos
los actos proferidos en cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia
(provisional), y ordenó, además, a las autoridades tomar las medidas pertinentes
para el restablecimiento de los efectos de la decisión del 21 de octubre de 2005,
es decir, de la sanción de destitución e inhabilidad.
Las pruebas en este proceso solo dieron cuenta de esa circunstancia, es decir, de
un acto administrativo que se fundamentó en una decisión judicial y o, más
concretamente, de un acto que surgió de una interpretación de una orden judicial.
Al evaluar el comportamiento del demandado, aun cuando el acto desconoció una
prohibición en época electoral, no se concluye que esa decisión constituya un
error inexcusable, que los motivos de hecho y de derecho de esa decisión no
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Radicación: 50-001-23-33-000-2014-00176-01(69898)
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existieran, porque, en efecto, sí existieron (al margen de la interpretación dada a la
sentencia judicial), o que se haya ocultado una intención distinta a la de cumplir
una providencia.
Así las cosas, aunque se declaró la nulidad de un acto y le sobrevino una condena
por salarios y prestaciones dejadas de percibir, no se demostró en este proceso
que el agente demandado actuó con error inexcusable, falsa motivación y
desviación de poder. Por lo tanto, no está demostrada la configuración de la
presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la ley 678 de 2001, y la
configuración de la presunción de dolo de los numerales 1° y 3° del artículo 5 de la
ley 678 de 2001. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia.
Costas
21. El artículo 188 CPACA, dispone que, salvo aquellos procesos en los que
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas. El
artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. La Sala no
fijará agencias en derecho de segunda instancia porque los demandados
estuvieron representados por curador ad litem (f. 154 a 161 y 376 a 380 c. 1), que
desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (art. 48.7 CGP).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
21
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