Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00430-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2014-00430-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2014-00430-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2014-00430-01 (0187-2023)
Demandante: Luis Herbart Bautista Rueda
Demandado: ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de Puerto
Carreño
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de primera instancia del 8 de septiembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de los
Oficios del 24 de junio de 2014 y 029 del 27 de enero de 2015, expedidos por la
entidad accionada, por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la
existencia de la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios que
suscribió entre el 1.° de agosto de 2012 y el 31 de octubre de 2013 y el pago de
las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como
médico cirujano general, ecografista y endoscopista.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) reconocer que entre él y
la entidad accionada existió una relación laboral de naturaleza legal y
reglamentaria, y que fue un funcionario de hecho durante el período mencionado;
ii) declarar que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio; iii)
pagar a su favor las prestaciones sociales causadas1, la sanción moratoria de
que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y cinco (5) días de salario adeudados;
y iv) reintegrar los aportes que realizó con destino al sistema de seguridad social
y que debía asumir la demandada como empleadora.
3. Como concepto de violación argumentó que estuvo vinculado a la ESE
accionada a través de contratos de prestación de servicios y se desempeñó como
médico cirujano general, ecografista y endoscopista, cumpliendo funciones
1
Prima de servicio, cesantías, intereses sobre las cesantías, compensación de vacaciones, prima de
navidad y prima de vacaciones.
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permanentes como cualquier servidor de planta. Además, puso de presente que
recibió órdenes y que sus contratos tenían cláusulas de exclusividad.
Contestación de la demanda
4. La entidad se opuso a las pretensiones argumentando que los contratos
de prestación de servicios se pueden celebrar con el objeto de realizar
actividades de administración o funcionamiento, es decir, de apoyo o misionales,
cuando en la planta no existe personal suficiente o con los conocimientos
especializados que se requieren.
5. Adujo que los contratos suscritos con el demandante tenían como finalidad
la ejecución de actividades especializadas (cirugía) para las cuales no tenían
competencias los funcionarios de planta de la ESE; y que el actor no cumplía
tareas de manera constante, diaria o de tiempo completo, pues su presencia se
limitaba a los deberes que coordinaba con dicha entidad.
6. Precisó que la supervisión de las actividades no puede confundirse con la
subordinación; que en la planta de personal no existe un empleo con el cual
puedan equipararse las tareas que desarrollaba el accionante; y que los
honorarios definidos en cada contrato eran diferentes, lo cual no ocurre con la
remuneración en una relación laboral.
7. En ese contexto, propuso las excepciones de «inexistencia del contrato
realidad (sic) por ausencia de sus elementos esenciales» y la genérica; y solicitó
condenar en costas al demandante.
Sentencia apelada
8. Mediante sentencia del 8 de septiembre de 2022, el Tribunal negó las
pretensiones porque el demandante no cumplió con la carga de probar la
existencia de la relación laboral.
9. Precisó que la prueba testimonial carece de convicción suficiente en tanto
la testigo no tuvo conocimiento directo de los hechos, sino que se enteró por
comentarios del actor y por haber recibido atención médica en ciertas
oportunidades.
10. Señaló que se demostró la prestación personal del servicio como médico
cirujano, ecografista y endoscopista, más la remuneración consecuente, pero no
se acreditó la subordinación.
11. Destacó que los contratos se celebraron debido a las necesidades propias
de las actividades a realizar, ya que en la planta de la ESE no existía personal
capacitado para ejecutar las tareas convenidas.
12. Indicó que el actor cumplía una agenda de cirugías programadas y de
urgencias y otra agenda para realizar endoscopias y ecografías, pero tenía la
posibilidad de «maniobrar» entre los procedimientos electivos y las actividades
de urgencias.
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13. Resaltó que el demandante cumplía sus deberes en intervalos de quince
(15) días, en compañía de otro médico especialista, y que sus honorarios «no se
acompasaban» con lo que percibían los médicos de planta.
14. Afirmó que no se probó el cumplimiento de horarios ni la recepción de
órdenes, sino que se presentaba una coordinación en la prestación del servicio,
ya que al accionante no se le imponía realizar las cirugías de determinada
manera y, por el contrario, se acudía a él para obtener asesoría sobre la práctica
de procedimientos, por ser la persona mejor capacitada.
15. Concluyó que no se demostró que la entidad accionada le hubiere
impartido órdenes, instrucciones, directrices o lineamientos al demandante,
relacionadas con la manera y el tiempo en que este tenía que ejecutar su labor.
16. Decidió condenar en costas al actor debido a que resultó vencido en el
proceso.
Recurso de apelación
17. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
aduciendo que la contratación por prestación de servicios contrariaba la ley
porque las tareas a su cargo podían realizarse con el personal de planta de la
ESE, ya que esta es una entidad de mediana complejidad que debe contar con
un médico cirujano vinculado. Además, los contratos no se celebraron por el
término estrictamente necesario, sino que se repitieron debido a la naturaleza
permanente de la función.
18. Sostuvo que la subordinación se acreditó en tanto el actor tenía un jefe
inmediato que le impartía órdenes, cumplía un horario impuesto por la
demandada y debía pedir permiso para ausentarse.
19. Argumentó que fue un funcionario de hecho por irregularidades imputables
a la empleadora, puesto que laboró para la ESE desarrollando una función
pública y realizó las mismas tareas que los empleados de planta.
20. Puso de presente que los aportes a pensión son imprescriptibles, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Por auto del 25 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
22. La entidad demandada no se pronunció en esta etapa y el ministerio
público no presentó concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
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23. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
24. La Sala debe definir si la parte demandante demostró la continuada
subordinación, con el fin de establecer si se debe confirmar, revocar o modificar
la sentencia de primera instancia.
Análisis del problema jurídico
25. La Sala confirmará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten acreditar la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicio.
26. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala considera necesario
exponer lo siguiente:
27. El demandante se desempeñó como médico cirujano general, ecografista
y endoscopista en la entidad accionada entre el 1.° de agosto de 2012 y el 20 de
octubre de 2013, de manera discontinua, vinculado a través de contratos de
prestación de servicios, así:
Contrato de prestación Plazo o
Objeto
de servicios duración
442 del 1.° de agosto de 1/8/2012 al Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
20122 16/8/2012 de consulta externa, hospitalización y urgencias
453 del 8 de agosto de 8/8/2012 al Ecografista general en las áreas asistenciales de consulta
20123 7/9/2012 externa, hospitalización y urgencias
493 del 1.° de 1/9/2012 al Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
septiembre de 20124 15/9/2012 de consulta externa, hospitalización y urgencias
511 del 3 de septiembre 3/9/2012 al Ecografista general en las áreas asistenciales de consulta
de 20125 17/9/2012 externa, hospitalización y urgencias
536 del 1.° de octubre de 30/10/2012 al Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
20126 30/11/2012 de consulta externa, hospitalización y urgencias
Especialista en cirugía general y realización de ecografías
002 del 1.° de enero de 2/1/2013 al
y endoscopias en las áreas asistenciales de consulta
20137 1/5/2013
externa, hospitalización y urgencias
4 meses
181 del 9 de mayo de Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
desde el
20138 de consulta externa, hospitalización y urgencias
6/5/2013
2
Contrato de prestación de servicios 442 del 1.° de agosto de 2012 y actas de inicio y liquidación (índice 1
de SAMAI del tribunal, anexos de la contestación de la demanda).
3
Contrato de prestación de servicios 453 del 8 de agosto de 2012 y acta de liquidación (índice 1 de SAMAI
del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
4
Contrato de prestación de servicios 493 del 1.° de septiembre de 2012 y acta de liquidación (índice 1 de
SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
5
Contrato de prestación de servicios 511 del 3 de septiembre de 2012; actas de inicio y liquidación; y formato
de «certificación única de pago» del 17 de octubre de 2012 (índice 1 de SAMAI del tribunal, anexos de la
contestación de la demanda).
6
Contrato de prestación de servicios 536 del 1.° de octubre de 2012 y acta de liquidación (índice 1 de SAMAI
del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
7
Contrato de prestación de servicios 002 del 1.° de enero de 2013 y actas de inicio y liquidación (índice 1
de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
8
Contrato de prestación de servicios 181 del 9 de mayo de 2013 y acta de inicio (índice 1 de SAMAI del
tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
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Realización de ecografías y endoscopias en las áreas
184 del 9 de mayo de 9/5/2013 al
asistenciales de consulta externa, hospitalización y
20139 8/9/2013
urgencias
309 del 1.° de 11/9/2013 al Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
septiembre de 201310 30/9/2013 de consulta externa, hospitalización y urgencias
20 días
Realización de ecografías y endoscopias en las áreas
310 del 1.° de contados
asistenciales de consulta externa, hospitalización y
septiembre de 2013 desde el
urgencias
11/9/2013
410 del 1.° de octubre de 1/10/2013 al Especialista en cirugía general en las áreas asistenciales
201311 20/10/2013 de consulta externa, hospitalización y urgencias
Realización de ecografías y endoscopias en las áreas
413 del 1.° de octubre de 1/10/2013 al
asistenciales de consulta externa, hospitalización y
201312 20/10/2013
urgencias
28. Adicionalmente, el Tribunal recibió la declaración de la parte demandante
y el testimonio de la señora Rosa Elena Ramírez Rosas. Respecto de la primera,
se destaca lo siguiente:
i) El actor indicó que laboró en la ESE demandada en dos (2) oportunidades,
a saber: desde el 30 de diciembre de 1999 hasta el 3 de marzo de 2002,
como cirujano y endoscopista, y del 3 de julio de 2012 al 31 de octubre de
2013, como especialista en cirugía general, endoscopista y ecografista
para cirugía general, y cumplía funciones en consulta externa y urgencias
de cirugía general, pero también realizó procedimientos sencillos de
urología y cesáreas en casos de urgencia, dada la falta de ginecólogo.
Precisó que su horario era de 24 horas, de dedicación exclusiva y tiempo
completo; que en la cabecera municipal no había otra institución en la que
pudiera desempeñarse como cirujano o ginecólogo en casos de extrema
urgencia; que vivía en la casa fiscal anexa al hospital; que como la
intercomunicación por celular era precaria, le informaba al conductor de la
ambulancia dónde iba a estar (por ejemplo, si iba a misa o a mercar), para
que pudieran ubicarlo oportunamente en casos de urgencia; que estaba
«dispuesto» todo el tiempo para atender actividades de orden quirúrgico
de urgencia o actividades electivas programadas en consulta externa o en
los servicios de endoscopia y ecografías diagnósticas; que tenía los
«martes, miércoles y viernes para cirugía programada y el resto del tiempo
era para cirugía de urgencias»; y que la coordinación de los
procedimientos quirúrgicos «se hacía de común acuerdo» con el
enfermero jefe.
Mencionó que las actividades de consulta externa estaban dirigidas a los
procedimientos quirúrgicos que realizaba y al manejo médico, y estas
comenzaban a las 7:40 a. m., todos los días de lunes a viernes, y
terminaban a las 11:30 a. m., a razón de un paciente cada 20 minutos,
mientras que de cirugía programada estaban los lunes, miércoles y
viernes, o martes y jueves según la disponibilidad, a partir de las 11:00 a.
9
Contrato de prestación de servicios 184 del 9 de mayo de 2013 y acta de inicio (índice 1 de SAMAI del
tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
10
Contrato de prestación de servicios 309 del 1.° de septiembre de 2013 y actas de inicio y liquidación
(índice 1 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
11
Contrato de prestación de servicios 410 del 1.° de octubre de 2013 y actas de inicio y liquidación (índice
1 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
12
Contrato de prestación de servicios 413 del 1.° de octubre de 2013 y actas de inicio y liquidación (índice
1 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda y su contestación).
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m., hasta terminar los procedimientos electivos, pero si se presentaba
alguna urgencia suspendía sus actividades para atenderla; y que en el
momento en el que finalizaban los procedimientos electivos programados
de consultas y cirugía general, tenía que estar pendiente las 24 horas al
llamado, por si se presentaba alguna urgencia.
Explicó que compartía «el cargo» con otro cirujano, quien tenía una
disponibilidad similar a la suya de 360 horas al mes y «[se repartían] 15
días uno y 15 días el otro» para poder descansar; que «la disponibilidad y
la prestación de los servicios electivos y de urgencias se cumplían, en el
caso [suyo], en las primeras 360 horas del mes, o sea, en esas 360 horas
hacía procedimientos electivos, de urgencia y de disponibilidad, los otros
15 días [él] descansaba, hacía uso del descanso y en esos 15 días
trabajaba el doctor Michel Jabbour Sefair. Entonces, cada mes [el actor]
trabajaba 15 días consecutivos, día y noche, los otros 15 días los trabajaba
el doctor Michel Jabbour. Esa era la distribución de los horarios, y se
contrató y se dio un valor global por la prestación de ese servicio»; que
durante los días de descanso solo viajó a Bogotá en 4 oportunidades, ya
que era costoso salir; y que en el tiempo de descanso él estaba en el
pueblo y no tenía problema con estar atento al «posoperatorio» de los
pacientes y presentárselos al médico Jabbour que estaba de turno, con
quien compartía ideas y tomaba segundas decisiones.
Puso de presente que en muchas ocasiones realizó «faenas» de cirugía
que pasaron de 2 y 3 días seguidos, con descansos de 10 a 15 minutos
entre cirugía y cirugía; que no tenía necesidad de trabajar en un
consultorio particular ni brindar «consulta por fuera» porque su
especialidad médica está muy ligada a una sala de cirugía y a un
consultorio quirúrgico, además, los pacientes lo buscaban y sabían dónde
ubicarlo, ya que vivía al lado del hospital.
Expuso que inicialmente no había ginecólogo en la ESE, pero cuando este
llegó solo atendía los primeros 20 días del mes, entonces él (el actor) y el
otro cirujano general retomaban las actividades de ginecología en casos
de extrema urgencia durante los 10 días restantes del mes.
Relató que en 2002 se retiró para ir a estudiar, mientras que en 2013 su
retiro obedeció a sus preocupaciones y diferencias frente al desempeño
de un médico extranjero que llegó al hospital, a quien denunció; que los
«cargos misionales» en un hospital de segundo nivel como la ESE
demandada no pueden ser provistos mediante órdenes de prestación de
servicios; que los 3 médicos especialistas, entre esos él, estaban
vinculados a través de contratos de prestación de servicios y les pagaban
el mismo «salario» «por día, por hora», mientras que muchas personas de
cargos administrativos y 4 médicos generales eran de planta; que él no
presentaba una propuesta económica de sus servicios, sino que
empezaba a trabajar en la ESE y luego le organizaban su contrato, razón
por la cual la fecha de la firma del acuerdo y el comienzo de las actividades
no van de la mano, pero su desempeño fue ininterrumpido; y que no hubo
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actas de liquidación de los contratos, pues estos terminaban con la
presentación de la cuenta de cobro y un nuevo contrato.
Indicó que observaba un horario para la realización de las actividades,
rendía un informe en las cuentas de cobro y cumplía las instrucciones que
le impartía el gerente de la entidad accionada, respecto de quien estaba
subordinado. Frente a la pregunta acerca de cómo eran las órdenes que
recibía del coordinador científico o del gerente de la ESE, manifestó que
«casi todas las órdenes eran impartidas de forma verbal, el gerente se
desplazaba o [le] mandaba a llamar para que cumpliera X o Y actividad,
era muy asequible, [el gerente] presentaba una acción y [el actor]
sencillamente la cumplía», y en el caso de la coordinadora científica, esta
«se desplazaba muchas veces para [hacerle] interconsultas, para manejar
casos difíciles, inclusive que no tenían que ver con cirugía, para que le
ayudara para hacer una segunda valoración y [les] pedía los conceptos,
ella siempre [los] buscó y [el actor] también cuando tenía alguna dificultad
[fue] a hablar con ella y nunca se negó, ella es una persona muy
asequible».
También refirió que los insumos que utilizaba para realizar las cirugías los
aportaba la ESE, ya que esta tenía una farmacia muy bien dotada; que sí
era posible trabajar 24 horas durante 15 días seguidos, pues lo hacía:
dormía en el quirófano esperando la evolución de los pacientes.
Aclaró que los médicos de planta (médicos generales) no podían
desarrollar las actividades quirúrgicas que él (el actor) realizaba; que
durante la ejecución de las 360 horas contratadas, que comprendían 15
días de cada mes, no podía ausentarse del área de influencia de la ESE,
salvo que tuviera autorización del gerente, pero nunca pidió permisos por
miedo a que se presentara alguna urgencia y no alcanzara a llegar; que
tomaba los alimentos en el casino del hospital, pero «al final del contrato»
ya no se dio porque no había presupuesto para la alimentación; que no le
pagaron los «salarios» correspondientes a 5 días de octubre de 2013; y
que hubo «salarios» incompletos, ya que no le pagaron todo lo que preveía
el contrato.
ii) En torno al testimonio de la señora Rosa Elena Ramírez Rosas, la Sala
estima necesario realizar las siguientes consideraciones relativas a su
práctica:
Para comenzar, es pertinente poner de presente que el artículo 220 del
CGP, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, dispone que los
testigos no pueden escuchar las declaraciones de quienes les precedan.
En ese sentido, una de las condiciones de validez del testimonio consiste
en observar las formalidades de tiempo, modo y lugar13.
Así las cosas, se observa que durante la práctica del interrogatorio al
accionante, la testigo Rosa Elena Ramírez Rosas —prueba propuesta por
13
Ibidem, p. 370 y 371.
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el actor— estuvo presente en la diligencia desde las 9:16:46 a. m., hasta
las 9:31:31 a. m., es decir, durante 15 minutos, aproximadamente, tiempo
en el cual observó y escuchó el relato que hizo el demandante sobre el
tiempo de su vinculación, las actividades que desarrolló en la ESE
accionada, el sistema de turnos de 15 días al mes, etc14.
En esas condiciones, la Sala considera que no es posible otorgar valor
probatorio al testimonio de la referida señora, por cuanto se vulneró el
inciso primero del artículo 220 del CGP, al incurrirse en la prohibición allí
prevista.
29. En esas condiciones, de acuerdo con los contratos de prestación de
servicios allegados, el actor se desempeñó como médico especialista en cirugía
general, ecografista y endoscopista en la entidad accionada, entre el 1.° de
agosto de 2012 y el 20 de octubre de 2013, de manera discontinua, aunque el
demandante relató que su desempeño fue ininterrumpido, teniendo en cuenta
que la suscripción de los contratos no coincidía con las fechas de prestación
efectiva del servicio.
30. De igual manera, los contratos, la declaración del actor, los comprobantes
de egreso y las actas de liquidación de los contratos demuestran que el
accionante percibió una remuneración como contraprestación por las actividades
que desarrolló a favor de la ESE demandada.
31. Ahora bien, quien pretenda que se declare la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, con fundamento en el principio de primacía
de la realidad sobre las formalidades con el propósito de obtener el
restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las tareas se
desarrolló bajo una subordinación continuada. No obstante, del análisis integral
de las pruebas recaudadas, la Sala concluye que el demandante no demostró
ese elemento, por las razones que se exponen a continuación:
32. De entrada, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 habilita la
celebración de contratos de prestación de servicios cuando las actividades
correspondientes no puedan celebrarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, exigencias que se cumplen en este caso, toda vez
que los médicos generales de planta no podían ocuparse de las tareas
quirúrgicas que ejecutaba el demandante, dada la preparación específica que se
requiere para ello, tal como lo aceptó el accionante en su declaración.
33. Resulta pertinente recordar que la continuada subordinación denota el
«poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad
laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las
funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro
del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que
14
Ver audiencia en el siguiente link: https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/2e36190b-cb47-
4d07-b609-2fd621ac5559.
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condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el
empleador ejerce sobre este […]»15.
34. No obstante, ninguna de las pruebas que obran en el expediente
(documental y declaración de parte) da cuenta de que la entidad accionada le
realizaba llamados de atención al actor, le emitía órdenes tendientes a determinar
el modo en que tenía que cumplir sus tareas o le imponía reglamentos y
regímenes disciplinarios o correctivos. Por el contrario, ante la pregunta acerca
de las órdenes que habría recibido del gerente y la coordinadora científica de la
ESE, el actor no especificó cuáles eran ellas, sino que se limitó a indicar que tuvo
buena comunicación con estas personas, quienes eran «asequibles».
35. El demandante señaló que el gerente de la ESE le manifestaba
verbalmente que cumpliera con determinada actividad y él lo hacía, mientras que
la coordinadora científica le pedía conceptos sobre casos complejos,
circunstancias que en modo alguno pueden entenderse como instrucciones que
demuestren la subordinación continuada, pues no estaban encaminadas a
condicionar el modo en que el accionante debía ejecutar sus tareas.
36. Adicionalmente, resulta imperioso recordar que la observancia de horarios
y la supervisión de la ejecución de las labores por parte de coordinadores
médicos y administrativos pueden entenderse como manifestación del principio
de coordinación16, pues se trata de un entendimiento entre las partes para
organizar el desarrollo de las tareas.
37. Tal como se ha expuesto en casos similares17, la Sala considera que la
organización de la prestación del servicio en turnos de 15 días al mes, con
disponibilidad permanente, obedece a una práctica de rotación habitual en el
sector salud, acorde con la naturaleza variable e impredecible de los eventos
propios de dicha actividad; aunque eventualmente podría dar lugar a que se
considere que existió una dependencia continuada del profesional respecto de
su contratante, en el caso concreto no se demostró que el actor estuviera sujeto
a reglamentos internos ni al cumplimiento de un horario específico impuesto por
la ESE demandada, sino que la atención en salud dependía de la necesidad del
servicio: la agenda de cirugías se definía de común acuerdo con el enfermero
jefe y la consulta externa de su especialidad se organizaba en ciertos días de la
semana, programación que podía alterarse cuando había casos de urgencia.
38. Aunque en los contratos de prestación de servicios se incluyeron cláusulas
que implicaban para el actor una dedicación exclusiva y disponibilidad
permanente para casos de urgencia18, lo cierto es que los contratos de prestación
de servicios, con independencia de su duración, se ejecutaban durante 15 días
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 9 de septiembre de 2021, expediente 20001 23 39 000 2016 00062 01 (2794-2019).
17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
18
«Acudir oportunamente al llamado por el médico de turno en las situaciones de emergencia y riesgos que
se presenten en el área, con disponibilidad y dedicación exclusiva» y «[d]edicar la totalidad del tiempo
reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas en forma exclusiva al hospital, salvo
las excepciones legales».
9
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Demandante: Luis Herbart Bautista Rueda
de cada mes, que como se demostró, podían ser concertados, lo que suponía
otros 15 días de descanso y «libertad». Además, varios de los contratos se
desarrollaron de manera simultánea, lo cual genera inquietudes en torno al
verdadero alcance de las cláusulas de dedicación exclusiva y disponibilidad para
urgencias, teniendo en cuenta que el accionante podía ejecutar dos (2) contratos
al mismo tiempo, aun cuando ellos preveían tales compromisos que podrían
considerarse excluyentes en principio.
39. En el recurso de apelación también se indicó que el actor requería
autorizaciones para poder ausentarse de sus actividades; sin embargo, fue el
mismo demandante quien manifestó que nunca pidió permisos porque le
preocupaba que no pudiera llegar oportunamente si ocurría alguna urgencia.
40. Asimismo, la realización de las actividades en las instalaciones de la
entidad demandada y con los elementos que esta proveía tampoco demuestran
una continuada subordinación, sino la necesidad de garantizar la prestación del
servicio en condiciones óptimas. Piénsese en la inconveniencia de que el servicio
público de salud sea prestado por médicos que cumplan sus tareas en cualquier
lugar y con implementos que no satisfagan las exigencias sanitarias, de
seguridad y confiabilidad, sin supervisión alguna19.
41. En este punto vale la pena precisar que el demandante ejecutó los
contratos en Puerto Carreño (Vichada), cuya lejanía implicaba limitaciones y, con
ello, ciertas particularidades en la prestación del servicio; sin embargo, las
circunstancias precarias que relató el actor en su declaración y la actitud
propositiva que pudo tener en beneficio de los pacientes no pueden confundirse
con la continuada subordinación, pues este elemento exige, principalmente, que
el contratista haya perdido su autonomía en razón de la recepción de órdenes
determinantes del modo de cumplimiento de las actividades, circunstancia que
no está acreditada en este caso.
42. Por otra parte, el recurrente afirmó haber ostentado la condición de
funcionario de hecho; sin embargo, la Sala considera que en el caso no se
configura dicha figura, pues los supuestos fácticos no se refieren al ejercicio
irregular de una función pública derivado de la inexistencia o pérdida de vigencia
del nombramiento y la posesión. En realidad, lo ocurrido corresponde a la
prestación de un servicio mediante uno de los mecanismos legales con los que
contaba la entidad demandada para desarrollar actividades propias de su
administración y funcionamiento20, que no podían ser ejecutadas por los médicos
generales de planta —como lo señaló el actor en su declaración— y cuya
realización exigía conocimientos especializados, acreditados en tareas propias
de un médico cirujano general, ecografista y endoscopista.
43. Por último, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre el carácter
imprescriptible de los aportes a pensión, ya que este estudio resulta inane en
tanto no se acreditó la continuada subordinación en la prestación del servicio.
19
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021); y sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
20
Numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
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44. Así pues, la carga probatoria orientada a demostrar la desnaturalización
de los contratos de prestación de servicios y, en consecuencia, obtener el
restablecimiento del derecho, debe centrarse en acreditar hechos que evidencien
una subordinación continuada en la ejecución de las tareas. No obstante, como
la parte demandante no demostró la ocurrencia de tales supuestos, se confirmará
la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
La condena en costas de segunda instancia
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
47. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
48. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, que negó las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Luis Herbart
Bautista Rueda, a favor de la ESE Hospital Departamental San Juan de Dios de
Puerto Carreño. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el
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Demandante: Luis Herbart Bautista Rueda
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la Secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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