Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00001-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00001-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2015-00001-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 50001233300020150000102 (0386-2026)1
Demandante: Félix Mario Diaz Herrera
Demandado: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Factores salariales diputado
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda2
1.1. Pretensiones
1
Samai
2
Cuaderno principal, folio 4 y siguientes
2
Interno: 0386-2026
Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
1. El señor Félix Mario Díaz Herrera promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el Departamento del Meta-Asamblea
Departamental, con el propósito que se declare la nulidad del oficio sin número
del 9 de diciembre de 2013, expedido por el secretario general por medio del
cual negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales allí indicadas,
aduciendo no solamente falta de presupuesto, sino que no le asiste el
derecho.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la entidad
demandada el pago de vacaciones, indemnización de vacaciones, prima de
vacaciones, primas de servicio de junio y diciembre, todos estos emolumentos
de los años 2000 a 2013, junto con el retroactivo, sanción moratoria, intereses
y costas.
1.2 Los hechos3 en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
3. El demandante se desempeñó como Diputado a la Asamblea
Departamental del Meta por cinco períodos desde el 2 de enero de 1998 al 1
de julio de 2014.
4. Durante dicho lapso le pagaron todos los salarios mes a mes excluyendo
vacaciones, indemnización de vacaciones, primas de junio y diciembre.
3
Expediente primera instancia, demanda, págs. 5 y 6
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Interno: 0386-2026
Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
5. La Asamblea Departamental del Meta expidió la ordenanza No. 339 del 14
de noviembre de 1998 mediante la cual estableció la nomenclatura y
clasificación de cargos, vigencia 1999.
6. Dicha ordenanza fue objeto de demanda de nulidad simple y suspendido
provisionalmente el término “diputados” por considerarlo violatorio del artículo
229 de la Constitución, toda vez que la competencia para regular las
prestaciones sociales y salarios de los miembros de las asambleas
departamentales radica exclusivamente en el Congreso.
7. El actor elevó petición al presidente de la duma departamental reclamando
el reconocimiento y pago de los emolumentos antes referidos, siendo resuelta
por medio del oficio sin número del 9 de diciembre de 2013, en el que se adujo
que la Ley 617 de 2000 no introdujo esos gastos y por tanto negó lo solicitado,
máxime que el Consejo de Estado decretó la anulación parcial de la
ordenanza No. 339 antes aludida.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
8. El demandante le endilgó dos cargos al acto demandado, esto es, violación
a las normas en que debía fundarse y falsa motivación y citó como vulneradas
las disposiciones contenidas en el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53,
123 y 299 de la Constitución Política; los artículo12 de la Ley 6ª de 1945, Ley
48 de 1962. Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
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Interno: 0386-2026
Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
9. Sostuvo que los servidores públicos de la Rama Ejecutiva de nivel nacional
y territorial tienen derecho a las prestaciones sociales legales, entre ellas las
aquí reclamadas, por mandato del Decreto 1919 de 2000.
2. Contestación de la demanda4
10. El Departamento del Meta se opuso a las pretensiones y adujo que las
prestaciones sociales de los diputados estaban regidas por la Ley 6ª de 1945
y las disposiciones posteriores que la han reformado, tal como la Ley 48 de
1962, 77 de 1965, 4ª de 1966, 5ª de 1969, 100 de 1993 y últimamente la Ley
1871 de 2017.
11. Expresó que el demandante no tiene derecho a los emolumentos
reclamados, dado que no están previstos en la Ley 6ª de 1945 ni en la Ley
1871 de 2017 y, en su sentir, solo le asiste el derecho a las cesantías, sus
intereses y a la prima de navidad.
12. Apoyándose en varios conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta Corporación, refirió que, para la época en que el actor se desempeñó
como diputado, solo tenía derecho a las cesantías, intereses, prima de
navidad y a la seguridad social consagrada en la Ley 100 de 1993, sin que
pueda incorporarse los conceptos reclamados.
13. Formuló las excepciones de falta de agotamiento de la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad, inexistencia de la obligación y
prescripción5.
4
Cuaderno principal, folio 79 a 98.
5
Expediente electrónico primera instancia, folios 153 y siguientes
5
Interno: 0386-2026
Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
14. Por su parte, la Asamblea Departamental del Meta se opuso a las
pretensiones y manifestó que no es viable el pago de los emolumentos
reclamados por cuanto no están previstos en las normas para los diputados.
Tan solo fueron incluidos a partir de la vigencia de la Ley 1871 de 2017
15. Propuso como excepciones, la legalidad del acto administrativo
demandado y la innominada6.
3. Sentencia de primera instancia7
16. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del Cuatro (4) de
diciembre de Dos mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda
y condenó en costas al actor.
17. Para arribar a esta conclusión, el Tribunal consignó que el artículo 17 de
la Ley 6ª de 1945 que se aplica a los diputados por remisión del Decreto 1222
de 1986 (Código de Régimen Departamental) y que se hizo extensivo a esta
clase de servidores por medio de la Ley 48 de 1962, consagra las prestaciones
sociales y comprenden, auxilio de cesantías, pensión de jubilación, pensión
de invalidez, seguro de muerte, auxilio por enfermedad no profesional,
asistencia médica y gastos de entierro. Además, el artículo 11 de la Ley 4ª de
1966, incluyó la prima de navidad.
6
Expediente digital tribunal de origen, págs. 165 y siguientes.
7
Expediente digital tribunal de origen, samai, actuación 22.
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Interno: 0386-2026
Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
18. Posteriormente, la Ley 1871 de 2017 fijó el régimen prestacional de los
diputados e incluyó los emolumentos que reclama el actor, lo cual significa
que, con anterioridad a dicha norma, no tienen derecho a vacaciones ni prima
de vacaciones ni a la prima de servicios, en la medida que el demandante las
pide desde los años 2000 a 2014, cuando aún no estaba vigente.
19. Tampoco resulta viable aplicar el Decreto 1919 de 2002 ya que, como lo
precisó el Consejo de Estado, tal normativa no se dirige a los diputados.
4. Recurso de apelación8
20. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, tras considerar que la sentencia es muy simplista, muy
superficial porque no analizó los argumentos expuestos en la demanda, pues
conforme al artículo 299 de la Constitución, los diputados son empleados
públicos y se les debe pagar las prestaciones consagradas en el Decreto 1045
de 1978 y el artículo 53 constitucional.
21. Sostuvo que también debe darse aplicación al derecho a la igualdad
porque, en su sentir, no existe ninguna diferencia entre quienes trabajaron
antes y después de la Ley 1871 de 2017. Lo que ocurrió fue que por falta de
técnica y omisión legislativa les negaron injustamente los derechos a los
diputados desde la interpretación de los artículos 93 y 94 de la Constitución.
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Expediente digital tribunal de origen, samai, actuación 26.
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Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
22. Por medio de auto del Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el
consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la
etapa de alegaciones.
5. Concepto del Ministerio Público
23. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda,
dado que para la época en que el demandante prestó sus servicios como
diputado, no existía normativa que reconociera las prestaciones
deprecadas.10
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
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Samai actuación 4
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Samai, actuación 11
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Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La
Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos por el apelante.
2.2. Problema jurídico
25. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar: ¿Al señor Félix Mario Díaz Herrera, como
diputado a la Asamblea Departamental del Meta durante el período
comprendido entre los años 2000 a 2013, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales como vacaciones,
indemnización de vacaciones, prima de vacaciones, primas de servicio de
junio y diciembre y sanción moratoria, bajo el criterio del principio de igualdad?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1 Régimen prestacional de los diputados
26. El artículo 7 de la Ley 48 de 196211, dispuso que los miembros de las
asambleas departamentales gozarían de iguales prestaciones e
indemnizaciones sociales a las previstas para los servidores públicos en la
Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen, por ello
es necesario remitirse al artículo 17 de la citada norma para efectos de
determinar los emolumentos de los que son beneficiarios, a saber:
«Artículo 17º.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de
las siguientes prestaciones:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para
la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios
prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a
cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o
discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales
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«Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959 y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
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devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200) en
cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los
anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al
trabajador, cuya cuantía se ira deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no
excedan del 20% de cada pensión.
c) Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo
para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente a la totalidad del
último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta pesos ($50) ni exceder de
doscientos pesos ($200).
La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.
d) Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le hubiere
correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.
e) Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero en
desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de incapacidad
comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo o jornal durante los
primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.
f) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que haya lugar,
sin pasar de seis (6) meses.
g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.
Parágrafo. - Los empleados que hayan prestado sus servicios al Congreso durante veinte
legislaturas continúas o discontinuas, tendrán derecho a todas las prestaciones sociales
contenidas en este artículo».
27. La norma trasuntada fue reiterada en el artículo 6 del Decreto 1723 de
196412, en el sentido de equiparar el régimen prestacional de los diputados al
de los congresistas y se remitió a la legislación general de los servidores
públicos.
28. Sin embargo, la Ley 4ª de 196613, en su artículo 11, les incluyó el derecho
a devengar la prima de navidad en los siguientes términos:
12
«Artículo 6. Los Diputados a las Asambleas Departamentales, tendrán derecho a las mismas prestaciones e
indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6a. de 1945, y demás disposiciones
que la adicionen o reformen en las mismas condiciones señaladas para los miembros del Congreso en el presente
Decreto. El seguro por muerte de los Diputados se reconocerá y liquidará como el de los trabajadores oficiales».
13
«Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de
jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
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«Artículo 11.- Todos los empleados y obreros de la Nación tendrán derecho a una Prima
de Navidad o bonificación equivalente a un mes de sueldo que corresponde al cargo en
30 de noviembre de cada año, y será pagada en la primera quincena del mes de
diciembre».
29. A su vez, el artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 198614 señaló que los
miembros de las asambleas departamentales gozarían de iguales
prestaciones e indemnizaciones sociales a las previstas para los servidores
públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o
reformen.
30. Por su parte, la Constitución Política de 1991, en el texto original del
artículo 2915 previó que los diputados tendrían derecho a honorarios por su
asistencia a las correspondientes sesiones, en los siguientes términos:
«Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección
popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no
menos de once miembros ni más de treinta y uno.
El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento,
con base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para
los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de
funcionarios públicos El período de los diputados será de tres años, con las limitaciones
que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios con su asistencia a las sesiones
correspondientes.
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún
años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de
los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección». (Se resalta).
31. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 1996 reformó el referido artículo
299 y eliminó el pago de honorarios a los diputados y, en su lugar, se
14
«Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental».
15
Toda vez que fue objeto de algunas reformas.
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reconoció una remuneración por la asistencia a las sesiones
correspondientes, así como un régimen de prestaciones y de seguridad social
en los términos que fijara la ley, por lo que trasladó al legislador la tarea de
fijar la remuneración salarial y prestacional de los diputados, así:
«Artículo 299. En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de elección
popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no
menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía
administrativa y presupuesto propio.
El régimen dé inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la Ley.
No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.
El período de los diputados será de tres (3) años y tendrán la calidad de servidores
públicos (…).
Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la Ley». (Se resalta).
32. En desarrollo de este artículo, el Congreso expidió la Ley 617 de 200016,
mediante la cual previó la remuneración con base en un sistema diferenciado
según la categoría de los departamentos. No obstante, no desarrolló el
régimen prestacional de los diputados, pues en el artículo 29 estableció:
«Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1º de la Ley 56 de 1993, quedará
así:
Artículo 1º Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6) meses
en forma ordinaria, así:
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su elección
al último del mes de febrero de respectivo año.
El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el
1o. de marzo y el 30 de abril.
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del
1o. de octubre al 30 de noviembre.
16
«Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la
Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».
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Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se
remunerará proporcionalmente al salario fijado.
Parágrafo 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier asignación
proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o
sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4ª de 1992.
Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social
previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo caso se les
garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia».
33. El citado artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación
por medio del Acto Legislativo 01 de 2007. La norma en la actualidad es del
siguiente tenor literal:
«Artículo 299. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 01 de 2007. En cada departamento
habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se denominará
asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más
de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio, y
podrá ejercer control político sobre la administración departamental.
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley.
No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.
El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de servidores públicos.
Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado
a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber
residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de la elección.
Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen (sic) la ley». (Se resalta).
34. Como puede observarse, el Acto Legislativo 01 de 2007, en relación con
el régimen salarial y prestacional de los diputados, no modificó el mandato
contenido en el Acto Legislativo 01 de 1996 y, por ello, hasta que el legislador
se pronunciara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la
Constitución Nacional y la ley que lo desarrollara, el régimen prestacional de
los diputados continuaría siendo el establecido en la Ley 6ª de 1945 y demás
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normas que la adicionen o la reformen 17 , por remisión del artículo 56 del
Decreto 1222 de 1986.
35. Conforme a ello, por disposición del artículo 29 de la Ley 617 de 2000 el
régimen pensional y asistencial está comprendido en la Ley 100 de 1993 que
regula la seguridad social. No obstante, debe precisarse que también se les
aplica el régimen de transición si a ello hubiere lugar, toda vez que las normas
citadas no resultan contrarias a la Constitución y no han sido derogadas ni
declaradas inexequibles.
36. Sin embargo, es importante resaltar que por medio de la Ley 1871 de
201718, se fijó el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de
los miembros de las asambleas departamentales, así:
«Artículo 3°. Régimen prestacional de los diputados. El servidor público que ejerza
como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del
sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:
1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará por
los artículos 3º y 4º de la Ley 5a de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por las
normas que lo adicionen o modifiquen.
2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11
de la Ley 4a de 1966.
Parágrafo 1°. A partir de la presente ley, cada Departamento deberá homologar las
prestaciones que hubiere reconocido hasta el momento y reemplazarla con las
establecidas en el presente régimen.
(…)
Artículo 5°. Derechos de los diputados. Los diputados tendrán derecho a:
1. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía y término se reconocerá de
conformidad con lo establecido en la Decreto número 1045 de 1978 y se hará en forma
colectiva. Para el reconocimiento se tendrá en cuenta como si se hubiese sesionado todo
el año.
17
La ley 344 de 1996 modificó el régimen de cesantías a partir de la fecha de su publicación.
18
«Por medio de la cual se dicta el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de
las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones».
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2. Capacitación. Se extenderá a los diputados y directivos de federaciones y
confederaciones de diputados lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1551
de 2012.
3. Gasto de Viaje. Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de
funcionamiento, los gastos de viajes de sus Diputados con ocasión del cumplimiento de
comisiones oficiales dentro y fuera del departamento».
37. El gobierno nacional ha formulado varias consultas a esta corporación en
relación con el reconocimiento de prestaciones para los diputados, por ello,
por medio del concepto 1700 del 14 de diciembre de 2005 19 , la Sala de
Consulta señaló:
«La doctrina transcrita permite afirmar que las normas a las cuales se refiere la providencia
reseñada, han tenido por objeto reorganizar la estructura de la administración pública del
orden nacional y establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados y
trabajadores oficiales de dicho orden, razón por la cual, se reitera, se redujo el campo de
aplicación de la ley 6a. de 1945 a los empleados del orden territorial, y por expresa
remisión de los artículos 7o. de la ley 48 de 1962 y 56 del decreto 1222 de 1986, los
miembros de las asambleas departamentales disfrutan de las prestaciones sociales
consagradas en el artículo 17 de la mencionada ley 6a.
En conclusión, hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 299 de la Constitución Nacional el régimen prestacional de los diputados es el
establecido en la ley 6a. de 1945, con las modificaciones introducidas en materia de
seguridad social por la ley 100 de 1993, que es ley derogatoria de los regímenes generales
y especiales de pensiones, razón por la cual en esta materia la ley 6a. sólo es aplicable a
los diputados en los términos del régimen de transición o sea del artículo 36 de la ley.
Asimismo, no puede olvidarse que con respecto a las cesantías del orden territorial la
mencionada ley 6a fue modificada por las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997».
38. Por su parte, la Corte Constitucional avaló este pronunciamiento y otros20
en la sentencia C-700 de 2010, en el sentido de señalar que, si bien a partir
de la reforma constitucional de 1996, la competencia para establecer el
régimen prestacional de los miembros de las asambleas departamentales era
exclusiva del legislador, se debía tener en cuenta que mientras el Congreso
de la República profiriera una nueva ley en la materia, debía entenderse que
el régimen prestacional de los diputados era el recogido en la Ley 6ª de 1945,
19
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de diciembre de 2005, radicado 1700, C. P.
Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
20
Consejo de Estado, conceptos 695 del 14 de junio de 1995, 1166 de 1998 y 1234 del 3 de febrero de 2000.
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Demandante: Félix Mario Díaz Herrera
Demandada: Departamento del Meta-Asamblea Departamental
con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y
362 de 1997.
39. Se concluye entonces que, solo hasta que empezó la vigencia de la Ley
1871 de 2017, en materia prestacional, los diputados tienen derecho al
reconocimiento y pago de las vacaciones y de la prima de vacaciones, que
son las prestaciones reclamadas por el actor.
2.4 Caso concreto
2.4.1 hechos probados
40. Se encuentra demostrado en el dossier, lo siguiente21:
2.4.2 El señor Félix Mario Díaz Herrera se desempeñó como diputado a la
Asamblea Departamental del Meta entre el 2 de enero de 1998 y el 1 de julio
de 2014 según certificación expedida por la secretaria general de esa
corporación.22
2.4.2 El 17 de diciembre de 2014, la misma funcionaria certificó que al actor
se le pagaron los siguientes emolumentos, durante el período que va del 1 de
enero de 2000 al 1 de julio de 201423:
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Samai, expediente del tribunal de origen, índice 5.
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2.4.3 El 5 de diciembre de 2013, el actor solicitó a la Asamblea Departamental
del Meta el reconocimiento y pago de vacaciones, indemnización por
vacaciones, primas de vacaciones, primas de los meses de junio y diciembre,
todas correspondientes a los años 2000 a 2013.24
2.4.4 El 9 de diciembre siguiente, en comunicado sin número, la secretaria
general de la Asamblea Departamental del Meta negó lo solicitado en razón a
que la Ley 617 de 2000 no contempla los rubros reclamados y por ello no se
cuenta con disponibilidad presupuestal para su pago. Además, el Consejo de
Estado decretó la nulidad parcial de la ordenanza 339 del 14 de noviembre de
1998 que incluía dichas prestaciones25.
2.5 Análisis del caso concreto
41. En atención al marco normativo enunciado y de cara a resolver el
24
Samai índice 5, expediente electrónico del tribunal de origen, pág. 53.
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problema jurídico planteado, queda claro que las prestaciones sociales de los
miembros de las Asambleas Departamentales se regían por la Ley 6ª de 1945,
sus normas complementarias y las modificaciones introducidas en materia de
seguridad social en la Ley 100 de 1993; y, en lo que respecta a la liquidación
de cesantías, conforme con las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997.
42. El citado régimen reconocía las siguientes prestaciones: auxilio de
cesantías, pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes, seguro por
muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, gastos de
entierro, prima de navidad y seguro de vida. Es decir, la Ley 6ª de 1945 y las
normas complementarias no hicieron relación alguna a las vacaciones ni la
prima de vacaciones, lo cual impide efectuar su reconocimiento, tal y como lo
decidió el tribunal de primera instancia.
43. Como quedó establecido con anterioridad, solo hasta la entrada en
vigencia la Ley 1871 de 2017 se reconoce a los diputados las prestaciones
sociales solicitadas por el actor, esto es que, a partir de dicha ley, se
consagran no solo las cesantías y sus intereses, sino también las vacaciones
y la prima de vacaciones. No obstante, dicha normativa no se le puede aplicar
al demandante, en la medida que las prestaciones reclamadas corresponden
al período comprendido entre los años 2000 a 2013, es decir, con anterioridad
a su expedición. En consecuencia, para el período en discusión, el régimen
aplicable es el previsto en la Ley 6ª de 1945 y demás normas que la
adicionaron o la reformaron y no el nuevo introducido por la Ley 1871 de 2017.
44. De tal manera que, en consideración a que lo solicitado por el demandante
es el reconocimiento de las vacaciones, prima de vacaciones,
indemnizaciones y primas de junio y diciembre de cada anualidad, se debe
concluir que como no se encuentran previstas en la Ley 6ª de 1945, no es
posible acceder a sus pretensiones. Esta tesis se acompasa con los diversos
pronunciamientos que al respecto ha realizado la Sala de Consulta y Servicio
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Civil del Consejo de Estado, en las que, además, se precisó que tampoco
tienen derecho a la prima de servicios, pues «no puede ser aplicada a los
diputados por no existir norma jurídica que autorice su pago a estos
servidores»26.
45. Esta Sala, en sentencia del 7 de septiembre de 201827 se pronunció en un
caso similar y concluyó que no era viable el reconocimiento pretendido al
tratarse de emolumentos no previstos en la Ley 6ª de 1945. En tal sentido
afirmó lo siguiente:
«Sea la oportunidad para precisar que la Corte Constitucional avaló estos
pronunciamientos, en sentido de señalar que si bien a partir de la reforma constitucional
de 1996, la competencia para establecer el régimen prestacional de los miembros de las
asambleas departamentales era exclusiva del legislador, se debía tener en cuenta que
mientras el Congreso de la República no profiriera una nueva ley en la materia, debía
entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el recogido en la Ley 6ª de
1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362
de 1997.
(…)
Al revisar el citado régimen se evidencia que se reconocen los siguientes emolumentos:
auxilio de cesantía, pensión vitalicia de jubilación, pensión de invalidez, seguro por muerte,
auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y
hospitalaria y, gastos de entierro, por tal motivo se puede concluir que ni la Ley 6ª de 1945
ni las expedidas con posterioridad hicieron relación alguna a los emolumentos que
pretende el señor (…) tales como, vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicios,
lo cual impide efectuar su reconocimiento».
46. Así mismo, en reciente pronunciamiento de esta Subsección,
concretamente del pasado 23 de abril de 2026, radicación 0096-2025 con
ponencia del consejero Juan Enrique Bedoya Escobar, en un asunto de
contornos fácticos y jurídicos similares, se adujo que, al no estar previstos los
26
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1166 del 25 de noviembre de 1998.
27
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación: 81001-23-33-000-2014-
00090-01, número interno: 0039-16. En igual sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: sentencia del
7 de septiembre de 2018, radicación: 19001-23-33-000-2014-00327-01, número interno: 0839-17, sentencia del 2 de
diciembre de 2019, radicación: 19001-23-33-000-2014-00331-01, número interno: 4828-16 y sentencia del 24 de
mayo de 2024, radicación 50001-23-33-000-2018-00345-01, número interno 1845-2021.
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factores salariales reclamados por el actor en la Ley 6a de 1945, no hay lugar
a su reconocimiento.
47. Por otro lado, para abundar en carga argumentativa, tampoco es
procedente dar aplicación al Decreto 1919 de 2002 a través del cual se previó
que los empleados públicos del nivel territorial gozarían del régimen de
prestaciones de los del orden nacional, toda vez que, dicha norma no se refirió
a los diputados. Así lo consideró el Consejo de Estado al indicar28:
«El decreto 1919 del 27 de agosto del 2002 fue expedido por el Presidente de la República
en desarrollo de las facultades otorgadas por los artículos 150, numeral 19 letras e) y f) de
la Constitución y 12 de la ley 4ª de 1992. Si bien en su artículo 1º se refiere a las Asambleas
Departamentales como objeto de su aplicación, cabe señalar que las prestaciones en él
dispuestas rigen únicamente para los empleados públicos y trabajadores oficiales de tales
corporaciones. Es decir, se exceptúan los Diputados, cuya remuneración y régimen
prestacional y de seguridad social, por expresa disposición del artículo 299 de la
Carta Política, corresponde fijarlo al legislador.
Sin embargo, el decreto 1919, al precisar que el régimen prestacional de los empleados
territoriales es el mismo de los nacionales, restringió mucho más el campo de aplicación
de la ley 6ª de 1945.
Al determinar la Constitución Política –art. 299- que el régimen de prestaciones de los
diputados será fijado por la ley, es evidente que le dio una regulación distinta al de los
demás servidores públicos, pues, en tanto el régimen prestacional de éstos es fijado de
manera concurrente por el congreso y el ejecutivo –art. 150. 19 e)- el régimen de aquéllos
es solamente definido por el legislador.
De esta manera, el régimen de prestaciones de los diputados sigue rigiéndose por la ley
6ª de 1945, pues no se ha proferido otra ley en este sentido». (Se resalta).
48. Es importante destacar que al diputado demandante le pagaron los
conceptos reclamados en este trámite, únicamente en el año 2000 cuando se
encontraba en vigor la ordenanza 339 del 14 de noviembre de 1998 que
incluía dichas prestaciones. De ahí en adelante no se refleja su pago, toda
vez que, como quedó establecido, no le asiste el derecho por lo que la
sentencia recurrida amerita su confirmación.
28
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1501 del 3 de diciembre de 2003, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
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49. Finalmente, es menester referirnos al principio de igualdad manifestado
por el recurrente cuando adujo que no existe ninguna diferencia, entre un
diputado que se haya desempeñado como tal antes de la vigencia de la Ley
1871 de 2017 y otro que haya ejercido después de esa data. Sobre el punto,
el test de igualdad no cabe en este caso concreto, ello dado que, debe
aplicarse sobre personas, circunstancias o casos iguales.
50. Así lo expresó la Corte Constitucional29:
"Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales
y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a
partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye
con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o
análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se
autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la
igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. Hay pues que mirar la
naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del
principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o
material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano.
Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. (…). La igualdad material es la situación
objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. El operador jurídico, al aplicar la igualdad con
un criterio objetivo, debe acudir a la técnica del juicio de razonabilidad que, en palabras del
tratadista italiano Mortati, ´consiste en una obra de cotejo entre hipótesis normativas que
requieren distintas operaciones lógicas, desde la individualización e interpretación de las
hipótesis normativas mismas hasta la comparación entre ellas, desde la interpretación de los
contextos normativos que pueden repercutir, de un modo u otro, sobre su alcance real, hasta
la búsqueda de las eventuales disposiciones constitucionales que especifiquen el principio de
igualdad y su alcance´".
51. Descendiendo al caso concreto, la igualdad debe ser real y efectiva y no
simplemente formal, es posible que no exista diferencia biológica, formal o
afectiva entre los diputados que se desempeñaron antes y después de la
vigencia de la citada norma. Empero, en materia de prestaciones sociales, no
se les puede prodigar el mismo trato, pues, las normas por regla general rigen
hacia el futuro, sin que se prediquen situaciones o circunstancias pasadas,
salvo que la misma ley lo consagre, lo que no ocurre en este caso.
29
Sentencia C-221 del 29 de mayo de 1992.
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52. No ha lugar entonces a aplicar la igualdad deprecada por el recurrente en
este caso concreto, por lo que, como antes se mencionó, se confirmará la
decisión recurrida.
2.6 Costas
53. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios
intereses, por lo que no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 para condenarla en costas.
54. Igual suerte corre lo relacionado con las costas impuestas en primera
instancia, por cuanto el demandante, sin que se le haya demostrado mala fe
en su actuar, solo demandó creyendo que le asistía el derecho reclamado, por
lo que, en aplicación a las normas citadas en el párrafo que antecede, se
revocará dicha condena.
55. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó
las pretensiones de la demanda, salvo lo relacionado con la condena en
costas que se revoca, conforme a las motivaciones consignadas con
antelación.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
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TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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