Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00211-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2015-00211-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2015-00211-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
8 de julio de 2021
RÉGÍMEN APLICABLE PARA RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A MADRE DE SOLDADO DE LAS FUERZAS MILITARES MUERTO EN ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO - Determinación / ASCENSO PÓSTUMO / PRINCIPIO DE IGUALDAD
Si bien, el Ejército Nacional dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 respecto al reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los progenitores ante el deceso del señor Agudelo Puerta, entre ellos, el ascenso póstumo a Cabo Segundo, lo cierto es que para el 21 de septiembre de 1999, se encontraba vigente el Decreto 1211 de 1990 mediante el cual “se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”, y ante la nueva jerarquía de Cabo Segundo adscrito al Ejército Nacional, que ostentaba el señor José Gildardo Agudelo Puerta, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 ibidem, esta normatividad era la aplicable para efectos del reconocimiento de las prestaciones pretendidas en vía gubernativa, por el hecho de pasar a ser parte como suboficial del Ejército Nacional. (…) [E]sta Corporación, en reiteradas providencias ha señalado, la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio, frente a las contempladas en el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales, quienes perdieron la vida en iguales circunstancias, para concluir que con el objeto de dar aplicación al principio de igualdad y con el fin de proteger el núcleo familiar del militar que fallece en servicio activo, se hizo necesario inaplicar lo establecido en el Decreto 2728 de 1968, para en su lugar, acoger las previsiones del Decreto 1211 de 1990, con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes que dicha norma contempla. (…)E]l señor José Gildardo Agudelo Puerta prestó sus servicios con el Ejército Nacional durante seis (6) años, seis (6) meses y ocho (8) días, cuando ocurrió su deceso en actos propios del servicio, por lo que en aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, en su condición de progenitora, en donde el monto de la citada prestación pensional, será el equivalente al 50% de las partidas contempladas en el artículo 158 ibidem, a partir del 20 de enero de 2011, por prescripción cuatrienal de conformidad con lo establecido en el artículo 174 ibidem, tal y como así lo estableció el a quo en la providencia recurrida NOTA DE RELATORIA: En cuanto a la finalidad de la pensión de sobreviviente, ver: Corte Constitucional, Sentencia T-701 de 22 de agosto de 2006. mediante sentencia del 7 de julio de 2011, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve dentro del expediente con radicación interna No. 2161 – 2009
FUENTE FORMAL: DECRETO 1211 DE 1990 - ARTÍCULO 189 / DECRETO 2728 DE 1968 - ARTÍCULO 8
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE Y PRESTACIONES SOCIALES EN FAVOR DE MADRE DE SOLDADO DE LAS FUERZAS MILITARES MUERTO EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO – Compatibles / DESCUENTO DE LO RECIBIDO POR INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DE SOLDADO EN DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DEL SERVICIO – Improcedente por ser compatible con la pensión de sobreviviente
[A]nte el reconocimiento de las prestaciones sociales por parte de la entidad demandada en favor de los beneficiarios del causante, a quienes con ocasión del fallecimiento del señor José Gildardo Agudelo Puerta (q.e.p.d.), se les ordenó el pago de cesantías dobles y una indemnización por muerte de su hijo, no existe razón justificable para que se le exija el reintegro de dichos valores, ante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando en el Decreto 1211 de 1990, de igual forma se consagra dicha prerrogativa, la cual no posee el carácter de optativas o excluyentes, sino se tratan de derechos a los cuales tienen acceso los demandantes en su calidad de beneficiarios del causante. Así las cosas, no es incompatible el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con el pago las cesantías definitivas dobles y la compensación por muerte, en cuanto dichas prestaciones sociales poseen naturaleza distinta, la primera se constituye en una respuesta asistencial a la contingencia derivada de la muerte del militar y la segunda, posee un carácter eminentemente indemnizatorio. De tal suerte, que no existen razones válidas para que se obligue a la demandante a restituir las sumas canceladas por concepto de indemnización ante el fallecimiento del señor José Gildardo Agudelo Puerta, más aún si se tienen en cuenta, que la presunción de legalidad del acto de reconocimiento de las prestaciones, no ha sido desvirtuado y conserva plena validez.
CONDENA EN COSTAS - Criterio objetivo valorativo
[E]stima la Sala pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales. En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandada. Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado de los demandantes, haya generado otro tipo de gastos, esto es, que las agencias en derecho se causaron. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia a la parte demandada.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 50001-23-33-000-2015-00211-01(2726-17)
Actor: MARIA DOLORES PUERTA DE AGUDELO
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO NACIONAL
Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de Sobrevivientes
Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011
Se desata la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
María Dolores Puerta de Agudelo, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de las Resoluciones 1265 del 6 de abril de 2000, a través de la cual se reconoce y ordena el pago de una compensación por muerte con fundamento en el expediente EJC 301174 de 2000, y la Resolución 02587 del 15 de junio de 2000 por la cual se aclara y confirma el anterior acto administrativo. De la misma forma, solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 40566 del 2 de junio de 2000, a través de la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada, a reconocerle y pagarle una pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo José Gildardo Agudelo Puerta; se ordene el reajuste de valor de las condenas según lo ordenado en el artículo 187 del C.C.A., esto es, teniendo en cuenta el incremento en el índice de precios al consumidor; que las sumas una vez reajustadas deberán devengar intereses comerciales y moratorios en los términos del artículo 192 del C.C.A.; y, que se condene en costas a la entidad demandada.
Hechos
Las pretensiones de la demanda se fundan en los siguientes hechos (ff. 3 – 13):
“1- El señor JOSE GILDARDO AGUDELO PUERTA, falleció el día 21 de septiembre de 1999.
2- El finado era Soldado, sirviéndole a la patria durante 6 años, 6 meses y 8 días, devengando un salario de $548.265 al momento de la muerte, o el superior que se demuestre.
3- El señor José Gildardo Agudelo Puerta falleció por acción directa del enemigo, según el informe administrativo No. 006 del 2 de octubre de 1.999 fecha 21 de marzo de 2000.
4- El causante fue ascendido en forma póstuma a Cabo Segundo, según la Resolución No. 02365 de 2000.
5- El FINADO era hijo de mi mandante.
6- Mi poderdante acudió ante LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL, solicitando las pretensiones que tenía derecho por la muerte de su hijo.
7- Ante tal pedimento, se expidió la Resolución No. 1265 del 6 de abril de 2000, por la cual se reconoce y ordena el pago de la compensación por muerte, con fundamento en el expediente EJC Nro. 301174 de 2000.
8- La demandante entabló el Recurso de Reposición contra la Resolución No. 1265 del 6 de abril de 2000, porque no se le reconoció la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, el recurso se desató mediante la Resolución No. 02587 del 15 de junio de 2000, confirmando en todas sus partes la Resolución No. 1265 del 6 de abril de 2000, es decir, nuevamente niega la pensión el ente estatal.
9- La demandante dependía económicamente de su hijo fallecido.”
1.2. Normas violadas
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 42, 43, 48, 53, 93, 94, 122, 123, 217 y 218; Ley 131 de 1985; Decreto 1211 de 1990; Decreto 2728 de 968; 46 y 74 de la Ley 100 de 1993; 110 y 111 del Decreto 1029 de 1994; 1 de la Ley 12 de 1975; 2 de la Ley 113 de 1985; 3 de la Ley 71 de 1988; Ley 447 de 1998 y ley 48 de 1993.
2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a través de apoderado judicial, mediante memorial visible a folios 60 a 73 del expediente, contestó a la demanda, oponiéndose a las pretensiones incoadas.
Sostuvo que conforme a lo establecido en el Decreto 1211 de 1990, la entidad no puede cancelar una prestación sobre la cual la parte actora no cumplió con los requisitos, es decir, no se acreditó los 12 años de servicio, por lo que no es posible acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita la demandante en su condición de progenitora.
Alegó que, tampoco es procedente el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en aplicación al principio de igualdad, conforme a las disposiciones de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en cuanto es requisito necesario la dependencia económica de quien la reclama, en donde la demandante no la acreditó. Sostuvo que es evidente que la demandante no dependencia del fallecido Cabo Segundo ya que, luego de 15 años de ocurrido el deceso, está solicitando la pensión de sobrevivientes, “máxime que si su sustento económico hubiese dependido del señor JOSE GILDARDO AGUDELO PUERTA a través de una acción de tutela la judicatura hubiera reconocido su derecho, ante el perjuicio irremediable que se hubiese generado con la negativa a la pensión, más la situación de la demandante no se enmarca dentro de ningún régimen que haga su situación especial.”
Refirió que el régimen prestacional de la fuerza pública es un régimen especial y no puede ser regulado por ninguna ley ordinaria, como es, la Ley 100 de 1993, por ser disímiles, razón por la cual sería un contrasentido que la parte demandante quiera beneficiarse en lo que le conviene de unas normas y en lo que no en otras, pues esto conllevaría a la vulneración del principio de inescindibilidad.
Propuso las excepciones de presunción de legalidad del acto acusado, cobro de lo no debido, buena fe e inexistencia de la obligación.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), declaró la nulidad parcial de la Resolución 02587 del 15 de junio de 2000 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra la Resolución 1265 del 6 de abril de 2000, en lo referente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la demandante, así como la nulidad del Oficio 40566 del 2 de junio de 2000. A título de restablecimiento de derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, por la muerte de su hijo, en la cuantía establecida en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 19990, a partir del 20 de enero de 2011, por haber operado el fenómeno de la prescripción, y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
Sostuvo que el extinto José Gildardo Agudelo Puerta, en vida ostentaba el grado de soldado voluntario y al momento de su fallecimiento fue ascendido a Cabo Segundo, grado que se encuentra dentro de la jerarquía de oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, conforme al artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
Con relación al régimen general de seguridad social, sostuvo que este exige como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes, una cotización mínima de 26 semanas, la cual debe estar efectuando al momento de la muerte o, en caso de haber dejado de cotizar, haberla realizado en el año anterior a la mencionada novedad, y demostrar los requisitos fijados en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Refirió que, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, los requisitos del régimen general de pensiones estatuido en los artículos 46 y siguientes de la Ley 100 de 1993, se privilegian en su aplicación, frente a los requisitos de la norma especial, en este caso, el señalado en el Decreto 1211 de 1990, cuando quiera que ellos resulten más beneficios.
El a quo consideró que “la dependencia económica para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente, únicamente debe ser demostrada en caso de que solo existan como beneficiarios los hermanos menores de 18 años y como en el caso objeto de la Litis, quien solicita la pensión de sobrevivientes como beneficiaria del soldado José Gildardo Agudelo Puerta es la madre, tal como se puede evidencia en el registro civil de nacimiento del causante, la cual obra a folio 37 del expediente, o es requisito para concederla que esté plenamente demostrada dicha dependencia, es decir, que la norma especial no prescribe tal demostración.”
Así las cosas, encontró probado que el causante prestó sus servicios durante 6 años, 6 meses y 8 días, es decir, aproximadamente 334 semanas de cotización, como consecuencia de ello, bajo el régimen de la Ley 100 de 1993, tendría derecho a la pensión de sobrevivientes, por cumplir con el tiempo requerido para acceder, pero el monto equivaldría al 45% del ingreso base de liquidación, toda vez que no tiene derecho a la suma del 2% adicional de dicho ingreso por cada año adicional de servicio, en la medida en que no alcanza las 500 semanas de cotización, como lo establece la norma.
Consideró que es procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandante causada con el fallecimiento de su hijo, conforme con lo establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, en cuanto resulta más beneficioso debido a que la pensión por dicho concepto es más alto y, no el régimen de la Ley 100 de 1993.
Señaló que, por haber prestados los servicios por un lapso inferior a los 12 años, el monto de la prestación pensional debe ser equivalente al 50% de las partidas establecidas en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, sin que haya lugar a deducir la suma correspondiente al pago de la compensación por muerte, reconocida mediante la resolución 1265 de 2000, en cuanto es una prestación a la cual tiene derecho los soldados de acuerdo con el Decreto 1211 de 1990.
Teniendo en cuenta que en este caso se accede al derecho pensional pretendido, sostuvo el Tribunal que se configura la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales, entre el 21 de septiembre de 1999 al 20 de enero de 2011, toda vez que la demandante presentó la solicitud de reconocimiento de pensión con el recurso de reposición presentado en contra de la resolución 01265 del 6 de abril de 2000, y transcurrieron más de 4 años entre la solicitud y la presentación de la demanda, la cual se realizó el 21 de enero de 20151.
4. Recurso de apelación
El apoderado de la parte demandada formuló recurso de apelación en contra de la sentencia del 24 de marzo de 2017, solicitando se revoque y se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda, con las siguientes consideraciones (ff. 176 a 185 del expediente):
Reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda, para sostener que al presente caso se le aplican las disposiciones contenidas en el decreto 1211 de 1990, en cuanto regula las pensiones para suboficiales del Ejército Nacional, como es el caso del señor José Gildardo Agudelo Puerta, en su condición de Cabo Segundo con ascenso póstumo, quien falleció en hechos propios del servicio.
Alegó que “el régimen o normas especiales para acceder a la asignación de retiro son sustancialmente disimiles a las normas que rigen la pensión de vejez, razón por la cual sería un contrasentido que la parte demandante pretendiera beneficiarse en lo que le conviene de unas normas y en lo que no en otras, pues esto conllevaría a la vulneración del principio de inescindibilidad.”
5. Alegatos de conclusión
Vencido el término de traslado para alegar de conclusión, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, las partes y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
2.2. Problema jurídico
Se trata de determinar si en el presente asunto, resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente en favor de la señora María Dolores Puerta de Agudelo, en su condición de progenitora del Cabo Segundo José Gildardo Agudelo Puerta, muerto por acción directa del enemigo, según el informe administrativo No. 006 del 2 de octubre de 1999.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2017, declaró la nulidad del acto administrativo y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante en su condición de beneficiaria del Cabo Segundo José Gildardo Agudelo Puerta (q.e.p.d.), con base en el 50% de los factores salariales establecidos en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990, y a partir del 21 de septiembre de 1999, pero con efectos desde el 20 de enero de 2011, por prescripción cuatrienal.
2.3. Hechos probados
A folio 37 del expediente, obra registro civil de nacimiento del señor José Gildardo Agudelo Puerta en el que aparece que nació el 6 de abril de 1967, y en él se registra como progenitores, a los señores María de los Dolores Puerta Cano y José Gildardo Agudelo Quinceno.
A folio 38, aparece copia del registro civil de defunción del señor José Gildardo Agudelo Quinceno, en el que se establece que falleció el 6 de junio de 2014.
Mediante Informativo Administrativo por Muerte No. 006 del 2 de octubre de 1999 (f. 96), el comandante de la Unidad Batallón de Contraguerrillas No. 4 Granaderos, conceptuó:
“(…)
Para el día 21 de septiembre de 1.999 siendo aproximadamente las 13:30 horas en desarrollo de la “OPERACIÓN RESPLANDOR” se presentó contacto armando contra Narcobandoleros del 47 y 9 frente de la FARC en la vereda Sardina Grande del Municipio de San Carlos (Antioquia). Como consecuencia falleció el Soldado Voluntario AGUDELO PUERTA JOSÉ GILDARDO CM 15457505 por CHOCHE TRAUMÁTICO producido por heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego.
Para la fecha de los hechos el Señor SLV AGUDELO PUERTA JOSÉ GILDARDO CM 15457505 pertenecía a la Compañía “DESTRUCTOR” del Batallón de Contraguerrillas No. 4 #GRANADEROS”.
De acuerdo a lo establecido en el decreto 2728 de 1968 en el Artículo 8 la muerte se produjo en el servicio por causa y razón del mismo por acción directa del enemigo.
(…).”
A folio 35 del expediente, obra copia del registro civil de defunción, en el cual consta que el señor José Gildardo Agudelo Puerta, falleció en el municipio de San Carlos (Antioquia), el 21 de septiembre de 1999.
Por Resolución 001128 del 19 de noviembre de 1999, el comandante del Ejército Nacional honró la memoria del Soldado Voluntario José Gildardo Agudelo Puerta, y le confirió el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, con novedad fiscal a partir del 22 de septiembre de 1999 (f. 101).
A través de la Resolución 1265 del 6 de abril de 2000 (f. 21), el Subjefe de estado Mayor del Ejército Nacional, le reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales, a los padres del señor José Gildardo Agudelo Puerta, por la muerte ocurrida el 21 de septiembre de 1999, en el servicio por acción directa del enemigo, correspondiente a cesantías definitivas dobles (6 años, 6 meses y 8 días) y a la compensación por muerte, equivalente a 48 meses de los haberes percibidos.
En contra de esta decisión, se interpuso recurso de reposición (ff. 33 – 34) en el cual solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. A través de la Resolución 002587 del 15 de junio de 2000 (f. 23), negó lo pretendido, en consideración a que el reconocimiento de la pensión vitalicia para los padres del personal de soldados voluntarios no está contemplada en el artículo 1 de la Ley 447 de 1998, en cuanto dicha norma se destina exclusivamente para soldados regulares y bachilleres que pierdan la vida como consecuencia de la acción directa del enemigo prestando, motivo por el cual se confirmó el acto recurrido.
Mediante solicitud radicada en la entidad, el 15 de mayo de 2000, los progenitores del señor José Gildardo Agudelo Puerta (q.e.p.d.) solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. El Director Prestaciones Sociales del Ejército Nacional a través del Oficio No. 40566 JEDEH – DIPSO – PET – 177 del 2 de junio de 2000 (f. 25), le negó el reconocimiento prestacional solicitado, así:
“(…)
En referencia a su solicitud recibida en esta del 15 de mayo de 2000, relacionado con el SLV (F) AGUDELO PUERTAS JOSE GILDARDO se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 2728 de 1968 que rige el reconocimiento de las Prestaciones Sociales por muerte, no contempla el derecho a pensión de favor a sus beneficiarios.
Si bien es cierto que el soldado JOSE GILDARDO AGUDELO, falleció en combate por acción directa del enemigo, el reconocimiento de las Prestaciones sociales de los soldados voluntarios, no se rigen por la ley 447 de 1998 toda vez esta ley contempla al personal fallecido en Prestación del servicio militar únicamente, excluyendo tácitamente al personal de soldados voluntarios.
En relación al cubrimiento de la ley 100 de 1993, se informa que esta no es aplicable al personal uniformado de las fuerzas militares, por exclusión directa de la normatividad.
Por lo anteriormente expuesto, el reconocimiento efectuado a través de la resolución No. 1665 del 6 de abril del 2000, esta ajustado a la ley aclarando que los derechos allí reconocidos en favor de los beneficiarios es el máximo establecido para los beneficiarios del personal ciado (sic) en combate.
(…).”
2.4. Análisis de la Sala
La Corte Constitucional en diversas oportunidades se ha referido a la pensión de sobrevivientes, destacando que su creación tiene por objeto principal el proteger a la familia y los derechos fundamentales de quienes compartían de manera más cercana su vida con el causante y que entran a soportar las cargas económicas, ante la muerte de un pensionado de quien dependía su sustento.
En sentencia T – 701 de 22 de agosto de 2006, se advirtió respecto a la pensión de sobrevivientes, que la misma tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador queden desamparadas ante su ausencia definitiva y a quien le correspondía el sostenimiento del grupo familiar. Dijo la Corte, en esa oportunidad:
“La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.”.
Así las cosas, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad, atender la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico que le daba al grupo familiar, y con el fin de evitar un cambio de las condiciones de subsistencia de las personas beneficiarias de la prestación.
Esta misma noción, no puede ser ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En efecto, los Decretos 2728 de 1968, 1211 de 1990 y la Ley 447 de 1998, establecen diversas prestaciones en favor de los beneficiarios de los soldados, oficiales y suboficiales muertos en desarrollo de actos propios del servicio, entre las que se encuentran el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior, la indemnización por muerte y la pensión de sobrevivientes.
En el presente caso, y de acuerdo con el material probatorio allegado al expediente, se pudo constatar que el señor José Gildardo Agudelo Puerta ingresó al Ejército Nacional como soldado regular el 2 de abril de 1993 hasta el 18 de noviembre de 1994 (1 año, 7 meses y 16 días). Posteriormente, se vinculó como soldado voluntario de conformidad con lo establecido en la Ley 131 de 1985, a partir del 1 de diciembre de 1994 – ver hoja prestacional visible a folio 92 –, es decir, quedó sujeto a partir de su vinculación, al Código de Justicia Penal Militar, al reglamento de régimen disciplinario, al régimen prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las fuerzas militares.
De la misma forma, se estableció que el señor José Gildardo Agudelo Puerta, falleció el 21 de septiembre de 1999 (f. 35), y de acuerdo al informe administrativo por muerte del 2 de octubre de 1999 suscrito por el comandante de la Unidad Batallón de Contraguerriras No. 4 Granaderos, se estableció que su deceso ocurrió en “el servicio por causa y razón del mismo por acción directa del enemigo.”
De lo anterior se advierte, que para el momento de ocurrencia del fallecimiento del señor Agudelo Puerta, se encontraba vigente el Decreto 2728 de 1968, por el cual se modificó el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, y en el artículo 8, estableció las prestaciones de orden económico en favor de los soldados que en servicio activo fallecieran. Disponía la norma en mención:
“(…) El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía.
A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.
(…)”.
De la transcripción realizada, se observa, que la norma no consagró el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes para los beneficiarios del soldado muerto en combate, en cuanto solo dispuso el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, si hubiere lugar, y la compensación por muerte, para los casos de fallecer en combate, misión o por causas diferentes.
Así las cosas, el Ejército Nacional, en cumplimiento a la preceptiva normativa referida, mediante Resolución 001128 del 19 de noviembre de 1999 (f. 101), expedida por el Comandante del Ejército Nacional, le concedió el ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo, con novedad fiscal a partir del 22 de septiembre de 1999, día siguiente a su fallecimiento, y mediante Resolución 01265 del 6 de abril de 2000, en esta condición, le reconoció y ordenó el pago de unas prestaciones sociales a sus progenitores en calidad de beneficiarios, correspondientes a cesantías definitivas dobles y compensación por muerte (ff. 21), de conformidad con lo previsto en los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990.
Si bien, el Ejército Nacional dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 respecto al reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los progenitores ante el deceso del señor Agudelo Puerta, entre ellos, el ascenso póstumo a Cabo Segundo, lo cierto es que para el 21 de septiembre de 1999, se encontraba vigente el Decreto 1211 de 1990 mediante el cual “se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”, y ante la nueva jerarquía de Cabo Segundo adscrito al Ejército Nacional, que ostentaba el señor José Gildardo Agudelo Puerta, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 ibidem, esta normatividad era la aplicable para efectos del reconocimiento de las prestaciones pretendidas en vía gubernativa, por el hecho de pasar a ser parte como suboficial del Ejército Nacional.
Es así como el artículo 189, estableció las prestaciones por muerte en actividad, de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además, sus beneficiarios en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.
Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.
Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.
Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.” (Subraya la Sala)
De la norma en cita se observa, que en ella se consagró la posibilidad de acceder a una serie de prestaciones, en favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares, muertos en combate, entre las que se encontraba el ascenso póstumo y, el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente.
Por su parte, el artículo 185 ibidem, dispuso el derecho a la sustitución de la asignación de retiro, a los miembros del grupo familiar del Oficial o Suboficial que pierda la vida en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión por vejez, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 185. ORDEN DE BENEFICIARIOS. Las prestaciones sociales por causa de muerte de Oficiales y Suboficiales en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión se pagarán según el siguiente orden preferencial:
( . . . )
d. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, la prestación se dividir entre los padres así:
• Si el causante es hijo legítimo llevan toda la prestación a los padres.
( . . . )”.
Ahora bien, esta Corporación, en reiteradas providencias ha señalado, la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio, frente a las contempladas en el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales, quienes perdieron la vida en iguales circunstancias, para concluir que con el objeto de dar aplicación al principio de igualdad y con el fin de proteger el núcleo familiar del militar que fallece en servicio activo, se hizo necesario inaplicar lo establecido en el Decreto 2728 de 1968, para en su lugar, acoger las previsiones del Decreto 1211 de 1990, con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes que dicha norma contempla.
En efecto, mediante sentencia del 7 de julio de 2011, con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve dentro del expediente con radicación interna No. 2161 – 2009, se estableció:
“ ( . . . )
De acuerdo con la norma transcrita, observa la Sala que el régimen prestacional, de las Fuerzas Militares, previsto en el Decreto 2728 de 1968, vigente al momento en que se produjo la muerte del solado regular Alfredo Evadías Pérez Tovar únicamente le reconocía su ascenso póstumo al grado de Cabo Segundo y, a favor de sus ascendientes, una prestación indemnizatoria y, el pago del auxilio de cesantías en doble proporción. Así las cosas, resulta evidente que cualquier prestación pensional, entre ella la reclamada por el demandante, se encuentra excluida de los beneficios reconocidos a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio.
No obstante lo anterior, advierte la Sala que el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, en su artículo 189 establece una serie de prestaciones a favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en actividad, entre las que se destacan el ascenso póstumo al grado inmediatamente superior y el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente. Así se lee en la citada norma:
( . . . )
Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.
A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.
( . . . )
Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.
No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo económico que este les brindaba.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.
A lo anterior se suma el hecho de que, con posterioridad a la expedición de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 el legislador mediante la Ley 447 de 21 de julio de 19983 finalmente, en aplicación de los principios y derechos constitucionales a la igualdad material, dignidad humana y a la seguridad social, dispuso el reconocimiento de una pensión de sobreviviente a favor de los beneficiarios de los soldados que no ostentaban el grado de suboficial de las Fuerzas Militares.
( . . . )”.
Para mayor ilustración sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T – 1043 del 3 de diciembre de 2012, al estudiar un caso similar al controvertido en este proceso en sede de tutela, consideró que:
“ ( . . . )
Igualmente en providencia C-434 de mayo 27 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, esta Corte declaró la exequibilidad del artículo 1° de la mencionada ley, en el cual se disponía que dichas normas se aplicarán a partir de la entrada en vigencia de ésta a favor de los parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio de la norma, donde se argumentó que es constitucionalmente válido que el legislador defina, con base en sus propias consideraciones, la entrada en vigencia de dicha ley.
Además en este caso la Corte consideró, que revisado el régimen anterior fijado en el artículo 8° del Decreto 2728, el legislador consideró que existían nuevos condicionamientos que hacían insuficiente la indemnización consagrada en dicho régimen, por lo cual se hacía necesario contemplar uno nuevo, que fue el finalmente diseñado con la Ley 447 de 1998.
4.7. Ahora bien, una lectura detenida de los enunciados normativos transcritos nos permite evidenciar cómo, con la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998 la figura de la pensión vitalicia opera exclusivamente para aquellos casos en los cuales la persona que presta el servicio militar obligatorio fallece en combate, pero esta Ley no estableció disposición alguna para regular aquellas muertes que ocurran simplemente en actividad. Por este motivo y con el fin de no desamparar completamente a los beneficiarios, para estos eventos el Ejército Nacional aún continúa aplicando el inciso tercero del artículo 8° del Decreto 2728 de 1968, que dispone que para aquellas muertes ocurridas simplemente en actividad los beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo Marinero.
4.8. No obstante lo anterior, esta corporación al realizar la revisión del régimen descrito advirtió que, en tratándose de una muerte ocurrida simplemente en actividad, eventualmente puede presentarse un trato inequitativo e injustificado entre los beneficiarios de aquellas personas que fallecen prestando servicio militar obligatorio y los beneficiarios de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares en calidad de oficiales y suboficiales.
( . . . ).”
De todo lo anterior, se concluye que el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, no consagró para los beneficiarios de los soldados muertos en combate, el derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, derecho del cual gozan los beneficiarios de los oficiales y suboficiales muertos en combate, conforme a las previsiones del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.
Así las cosas, en el presente caso puesto a consideración de la Sala, se hace imperioso sostener que no era procedente aplicar lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, no solo por no prever en dicha preceptiva normativa el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de los familiares de los soldados fallecidos en desarrollo de actos propios del servicio, sino porque no era la vigente para el momento en que ocurrieron los hechos si se observa que el señor José Gildardo Agudelo Puerta fue ascendido en forma póstuma como Cabo Segundo, es decir, paso a ser parte de los Suboficiales del Ejército Nacional; de tal forma que la norma aplicable para este caso, era la establecida en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, en cuanto dicha normatividad consagra, además de la compensación equivalente a 4 años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, junto con el pago doble de las cesantías, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendido, en favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.
Visto el material probatorio allegado al expediente, hay certeza que el señor José Gildardo Agudelo Puerta, prestó servicio como soldado regular entre el 2 de abril de 1993 al 18 de noviembre de 1994, para vincularse con posterioridad en la actividad militar como Soldado Voluntario a partir del 1 de diciembre de 1994 hasta el 21 de septiembre de 1999, cuando encontrándose en desarrollo de la “Operación Resplandor” se presentó contacto armado contra narcobandoleros del 47 y 9 frente de las FARC, falleció en la Vereda Sardina Grande del municipio de San Carlos (Antioquia).
Así, el señor José Gildardo Agudelo Puerta prestó sus servicios con el Ejército Nacional durante seis (6) años, seis (6) meses y ocho (8) días, cuando ocurrió su deceso en actos propios del servicio, por lo que en aplicación a lo establecido en el literal d) del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, en su condición de progenitora, en donde el monto de la citada prestación pensional, será el equivalente al 50% de las partidas contempladas en el artículo 158 ibidem, a partir del 20 de enero de 2011, por prescripción cuatrienal de conformidad con lo establecido en el artículo 174 ibidem, tal y como así lo estableció el a quo en la providencia recurrida.
Hubo pues desidia por parte del Ministerio de Defensa, a no ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la beneficiaria del señor Agudelo Puerta con ocasión de su deceso y en cumplimiento al deber que le impone el artículo 232 del Decreto 1211 de 1990, cuando dispone de un procedimiento que la administración debe acatar, para el reconocimiento de las prestaciones sociales, entendiéndose por tales, aquellas que tienen su origen de manera directa en la relación laboral, como aquellas que se generan por motivo de su existencia, como es la pensión de sobrevivientes. De tal suerte, que es la entidad demandada, a quien le correspondía disponer todo lo necesario, para ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a las que la demandante tenía derecho, en su condición de progenitora del Cabo Segundo José Gildardo Agudelo Puerta (q.e.p.d.), en forma oficiosa, en consideración a que era beneficiaria, no solo respecto a la compensación por muerte, el pago doble de las cesantías, sino el derecho a la pensión de sobrevivientes a la que tienen derecho, por encontrarse incurso en las condiciones previstas en el artículo 189 ibidem.
La Sala advierte con relación a la procedencia o no de la devolución de los valores cancelados a la demandante por concepto de cesantías definitivas dobles y compensación por muerte, reconocidas mediante Resolución 01265 del 6 de abril de 2000 (f. 21), que el Consejo de Estado en sentencia del 19 de enero de 2015, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren, al estudiar un caso similar al aquí controvertido, estableció la improcedencia en la devolución de las prestaciones canceladas a los beneficiarios de los militares muertos en actos propios del servicio, al advertir que ambas disposiciones (Decreto 2728 de 1968 y Decreto 1211 de 1990) coinciden en establecer una indemnización equivalente a 4 años (48 meses) de los haberes que hubiere recibido el militar fallecido, correspondientes al grado que ostentaba, junto con el pago doble de las cesantías causadas, cuando en efecto, señaló:
“(…) En efecto haciendo un parangón entre lo previsto por el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968, que en su inciso primero reza: “ARTÍCULO 8o. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía…” y lo dispuesto por el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 que dispuso “ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante…”, no existe explicación jurídica para exigir que lo percibido por los demandantes a título de indemnización por mandato del Decreto 2728 de 1968 sea reintegrado por el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de que trata el Decreto 1211 de 1990, cuando ésta última también lo contempla y ninguna de las prestaciones allí consagradas son optativas o excluyentes, sino, por el contrario, perentorias para quienes se hallen en los supuestos fácticos descritos por el legislador. (Subrayado y resaltado fuera de texto)
(…)”
Por lo anterior, y ante el reconocimiento de las prestaciones sociales por parte de la entidad demandada en favor de los beneficiarios del causante, a quienes con ocasión del fallecimiento del señor José Gildardo Agudelo Puerta (q.e.p.d.), se les ordenó el pago de cesantías dobles y una indemnización por muerte de su hijo, no existe razón justificable para que se le exija el reintegro de dichos valores, ante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando en el Decreto 1211 de 1990, de igual forma se consagra dicha prerrogativa, la cual no posee el carácter de optativas o excluyentes, sino se tratan de derechos a los cuales tienen acceso los demandantes en su calidad de beneficiarios del causante.
Así las cosas, no es incompatible el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente con el pago las cesantías definitivas dobles y la compensación por muerte, en cuanto dichas prestaciones sociales poseen naturaleza distinta, la primera se constituye en una respuesta asistencial a la contingencia derivada de la muerte del militar y la segunda, posee un carácter eminentemente indemnizatorio. De tal suerte, que no existen razones válidas para que se obligue a la demandante a restituir las sumas canceladas por concepto de indemnización ante el fallecimiento del señor José Gildardo Agudelo Puerta, más aún si se tienen en cuenta, que la presunción de legalidad del acto de reconocimiento de las prestaciones, no ha sido desvirtuado y conserva plena validez.
De otro lado, en lo que respecta a la condena en costas impuesta por el a – quo a la parte demandada, estima la Sala pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandada.
Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado de los demandantes, haya generado otro tipo de gastos, esto es, que las agencias en derecho se causaron. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el Tribunal Administrativo de Antioquia a la parte demandada.
III. DECISIÓN
La Sala confirmará la sentencia proferida el 24 de marzo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y como consecuencia de ello, ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante al haberse logrado desvirtuar la presunción de legalidad. Así mismo, se confirmará lo relativo a la improcedencia de la devolución de las cesantías y la compensación por la muerte cancelada a los demandantes, bajo en entendido que las mismas no se excluyen entre sí, por responder a naturaleza distinta, y encontrarse contempladas en ambas normas jurídicas (Decreto 2728 de 1968 y 1211 de 1990); sin embargo, no sucede lo mismo con la condena en costas y agencias en derecho, las cuales se revocarán, por las razones expuestas en líneas anteriores.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. - CONFÍRMASE la sentencia proferida el veinticuatro (24) de marzo de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por la señora MARÍA DOLORES PUERTA DE AGUDELO, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con excepción al numeral quinto (5) en lo referente a la condena en costas y agencias en derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
“ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
(…) 4. Admitido el recurso o vencido el término probatorio si a él hubiere lugar, el superior señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo en un término no mayor a veinte (20) días. Si el Magistrado Ponente considera innecesaria la celebración de audiencia ordenará, mediante auto que no admite recurso alguno, la presentación de los alegatos por escrito dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará sentencia en el término de los veinte (20) días siguientes. Vencido el término que tienen las partes para alegar, se surtirá traslado al Ministerio Público por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente. (…).”.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Artículo 3 ibídem.
• Sueldo básico. - Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto. - Prima de antigüedad. - Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto. - Duodécima parte de la prima de Navidad. - Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto. - Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia. - Subsidio familiar. En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.
3 ARTICULO 1o. MUERTE EN COMBATE. “A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Policía ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes.”
ARTICULO 158. LIQUIDACION PRESTACIONES. Al personal de Oficiales y Suboficiales que sea retirado del servicio activo bajo la vigencia de este estatuto, se le liquidarán las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas así:
• Sueldo básico.
• Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto.
• Prima de antigüedad.
• Prima de Estado Mayor, en las condiciones previstas en este estatuto.
• Duodécima parte de la prima de Navidad.
• Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este Decreto.
• Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.
• Subsidio familiar.
En el caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidar conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.
PARAGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios, bonificaciones y compensaciones consagradas en este estatuto, ser computable para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.
ARTICULO 174. PRESCRIPCION. Los derechos consagrados en este Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
ARTICULO 232. PROCEDIMIENTO OFICIOSO. El reconocimiento de las prestaciones sociales a que tienen derecho los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares o sus beneficiarios, ser tramitado oficiosamente por el Ministerio de Defensa o por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, según el caso. Cuando las Oficinas de Personal no puedan producir de oficio las pruebas pertinentes, corresponde allegarlas al interesado, y si no existiere la prueba principal, ser reemplazada por la prueba supletoria que admita la ley
Expediente No. 13001-23-33-000-2012-00159-01 (4353-13), Actores: Vidal Simarra Pedroza y Maritza Franco de Simarra, C. P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
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