Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2015-00660-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2015-00660-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 50001-23-33-000-2015-00660-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 50001-23-33-000-2015-00660-01 (29917)
Demandante NORBERTO ESTRADA OCAMPO
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL UGPP
Temas Cobro coactivo. Deudas no tributarias. Mesadas pensionales.
Principio de congruencia. Subsanación de la demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, que decidió1:
1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones aducidas en la parte considerativa de este
proveído.
2. CONDENAR en costas de primera instancia y en agencias en derecho al señor Norberto Estrada
Campo, parte demandante, las que serán liquidadas por la secretaría de este tribunal. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) expidió la resolución 41911 del 18
de agosto de 2006, mediante la cual reconoció la pensión de jubilación de gracia al
señor Norberto Estrada Ocampo, en cumplimiento del fallo judicial proferido por el
Juzgado Penal del Circuito de Lérida, Tolima.
Luego, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) profirió la resolución RDO 034584 del 30
de julio de 2013, que declaró el decaimiento del anterior acto administrativo, y
ordenó de forma inmediata la exclusión del demandante de la nómina de
pensionados, dado que la orden del proceso de tutela indicó que, dentro de los 4
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el interesado debía iniciar la acción
ordinaria con el objeto de que la jurisdicción dictara una decisión de fondo sobre el
asunto; la cual, si bien fue interpuesta, fue rechazada y archivada.
Como consecuencia de lo anterior, la UGPP emitió la resolución RDP 016376 del 27
de abril de 2015 «Por la cual se determinan unos mayores valores recibidos, por concepto de
mesadas pensionales, con cargo a Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
por conducto del Tesoro Público. del Sr. (a) ESTRADA OCAMPO NORBERTO […]2».
Mediante la resolución RCC 3900 del 10 de julio de 2015, la entidad libró
mandamiento de pago en contra del demandante, mediante resolución RCC-3658
1
Samai de tribunal, índice 14. Pág. 8.
2
Samai, índice 18. Archivo ZIP, carpeta expediente administrativo demandante, PDF «005.Resolución RDP 016376».
1
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Demandante: Norberto Estrada Ocampo
del 23 de junio de 2015 decretó el embargo de las cuentas bancarias, títulos de
depósitos, títulos de contenido crediticio, y demás valores en los que sea titular el
demandante, mediante resolución RCC-3876 del 08 de julio de 2015, decretó el
embargo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 280-01469 y
mediante la resolución RCC 5634 del 10 de noviembre de 2015 ordenó seguir
adelante con la ejecución.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló en la
subsanación de la demanda las siguientes pretensiones3:
PRIMERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución RCC-5634 del 10 DE NOVIEMBRE DE
2015, expedida por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP. La cual ordena seguir
adelante la ejecución en contra del señor NORBERTO ESTRADA OCAMPO.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se suspenda con carácter definitivo
los efectos de la Resolución RCC-5634 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, expedida por LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se proceda a la devolución de los dineros
y bienes; embargados y secuestrados del patrimonio del señor NORBERTO ESTRADA OCAMPO,
por razón de la operancia de la Resolución RCC-5634 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Invocó como normas violadas los artículos 2, 189 (numeral 20), 209, 238 y 365 de
la Constitución Política; 91, 93, 98 y 104 (numeral 4) de la Ley 1437 de 2011; Ley
114 de 1913; y la sentencia T-604 de 2005, bajo el siguiente concepto de violación.
Indicó que la pensión gracia de jubilación se reconocía a maestros de escuelas
primarias oficiales, docentes o empleados normalistas, inspectores educativos y
maestros de enseñanza secundaria, que hubiesen sido vinculados al magisterio
hasta el 31 de diciembre de 1980, y que cumplieran con los requisitos de ley4. Esto,
para señalar que el señor Norberto Estrada Ocampo reunía todos los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, para que le fuese reconocida y
pagada la citada pensión.
Reiteró los hechos de la demanda y expuso que, ante la negativa de reconocer la
pensión gracia a su favor, presentó acción de tutela para que se ordenara el pago
de esta y se liquidara de manera indexada el valor correspondiente, pretensión que
le fue concedida de forma transitoria por el Juzgado Penal del Circuito de Lérida
(Tolima). En cumplimiento de ello, CAJANAL profirió la resolución 41911 del 18 de
agosto de 2006 y bajo su vigencia, la UGPP ordenó su inclusión en nómina y giró el
pago de un retroactivo en los meses de agosto y septiembre de 2013.
3
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «005. Subsanación demanda», págs. 9 a 10. La sala precisa que la demanda inicial
pretendía la nulidad de la resolución RDP 016376 del 27 de abril de 2015, que creaba un título ejecutivo en contra del
demandante. Ante esto, el a quo inadmitió la demanda en un primer momento, mediante auto del 8 de noviembre de 2016.
Esto dio lugar a la presentación de un escrito de subsanación del 21 de noviembre de 2016. No obstante, el tribunal
inadmitió nuevamente la demanda, mediante auto del 3 de octubre de 2017, lo que dio lugar a la presentación del memorial
de subsanación del 18 de octubre de 2017, que modificó las pretensiones, las cuales fueron transcritas en el texto de esta
providencia (Cfr. Samai, índice 18, Archivo ZIP).
4
Citó la sentencia del 12 de julio de 2001, exp. 2001-0135, M.P. Alberto Arango Mantilla.
2
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Manifestó que la autoridad declaró el decaimiento del acto administrativo de
reconocimiento pensional, mediante la resolución RDO 034584 del 30 de julio de
2013. Precisó que en ella no se discutió la legalidad de la actuación, debido a que
era una facultad exclusiva del juez.
Agregó que la figura de pérdida de ejecutoria del acto administrativo era diferente a
la revocatoria directa y sus causales5, pues la decisión de la administración no se
basó por su propia voluntad, sino en que el amparo de tutela fue concedido por el
término de 4 meses, mientras el demandante acudía al proceso ordinario ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Especificó que las circunstancias en las que se desaparecen los efectos del acto
administrativo son por revocación, suspensión provisional, declaración de nulidad y
por pérdida de ejecutoria. Para la última situación citó el artículo 91 de la Ley 1437
de 2011, destacando que en ese caso el acto puede seguir existiendo e incluso es
válido, pero no puede ser ejecutado.
Sostuvo que el acto, al no ser revocado, cuenta con presunción de legalidad y, por
ende, era susceptible de control judicial6; no obstante, precisó que sobre la
resolución 41911 de 2006 no se ha adelantado ningún proceso para obtener su
declaración de nulidad. Indicó que, tras el pago recibido, la UGPP intentó recuperar
el dinero constituyendo directamente un título ejecutivo (la resolución RDP 016376
de 2015) por un presunto enriquecimiento sin causa, violando el debido proceso.
Alegó la improcedencia del cobro coactivo para la devolución de mesadas
pensionales, para lo cual expuso que la Corte Constitucional7 ha señalado cuál es
la finalidad del proceso de cobro coactivo, lo que desvirtúa la intención por parte de
la UGPP sobre la deuda inexistente por parte del señor Estrada Ocampo; puesto que
por regla general la decisión sobre el cobro de las deudas patrimoniales debe ser a
través de los jueces de la república, y no en un procedimiento administrativo.
Resaltó que la finalidad de la jurisdicción coactiva era el retorno al erario público de
los dineros no pagados por los ciudadanos que tuviesen la obligación o como
contraprestación a un servicio prestado por el Estado, sin que este tuviese como
fundamento el pago de prestaciones correspondientes a mesadas pensionales
reconocidas mediante acto administrativo.
Consideró que «la Resolución RDP 016376 del 27 de abril de 2015 que pretende constituirse en
un título valor viola los preceptos constitucionales respecto de la naturaleza de la “supuesta”
obligación»8, además de las disposiciones constitucionales, el artículo 104 de la Ley
1437 de 2011.
Concluyó que no le asistía razón a la administración para expedir la resolución que
constituyó el título valor, debido que la deuda que en esta se refiere era inexistente
al tratarse de asuntos de carácter pensional, y alegó que, si la administración
reclamaba un pago superior a lo debido originado en un acto o en un hecho, este
aspecto solo podía ser discutido por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho o en un proceso por enriquecimiento sin causa.
5
Citó la sentencia T-152 de 2009.
6
Citó la sentencia del 8 de julio de 2010, M.P. María Claudia Rojas Lasso, sin identificar expediente.
7
Citó la sentencia T-604 de 2005.
8
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «005. Subsanación demanda», pág. 28.
3
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Oposición de la demanda
La UGPP solicitó negar las pretensiones9 y resaltó su falta de fundamentos fácticos
y jurídicos.
Explicó que la pensión gracia fue reconocida a partir del 7 de diciembre de 2000,
mediante resolución 41911 del 23 de agosto de 2006, en cumplimiento de un fallo
de tutela; no obstante, se declaró el decaimiento de dicho acto en la resolución
34584 del 30 de julio de 2013, ordenando la exclusión del señor Estrada Ocampo
de la nómina de pensionados, toda vez que dentro de los 4 meses siguientes se
inició el proceso judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero
la demanda fue rechazada y se ordenó el archivo definitivo de la misma.
Agregó que, a pesar de conocer la pérdida de ejecutoria del acto de reconocimiento
pensional, el demandante siguió realizando el cobro de las mesadas pensionales,
por lo que la administración requirió la devolución de los valores; cuestión que dio
origen al acto que determinó la obligación de pago por concepto de mayores
mesadas pensionales recibidas.
Indicó que el mandamiento de pago fue notificado en debida forma al demandante,
el 8 de octubre de 2015, y que la resolución RCC 5634 del 10 de noviembre de la
misma anualidad ordenó seguir adelante con la ejecución.
Aclaró que está probada la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesta contra la resolución 016376 de 2015, por lo que se ordenó
la suspensión del procedimiento de cobro coactivo, de conformidad con el artículo
829 del Estatuto Tributario, a través de la resolución RCC 15121 del 14 de marzo de
2018.
Resaltó que el juez que profirió la tutela fue condenado por prevaricato por acción
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, decisión confirmada por la
Corte Suprema de Justicia, ordenándose en dicha providencia la invalidez de todas
las resoluciones producidas como consecuencia de la tutela.
Planteó como excepciones las siguientes: i) imposibilidad de condena en costas,
por la presunción de buena fe10; ii) legalidad del acto administrativo, por no
desvirtuarse la presunción de legalidad de la resolución demandada y por estar
facultada la entidad para iniciar el proceso de cobro de mayores dineros pagados
según el Decreto 575 de 2013; y iii) solicitó el reconocimiento oficioso de
excepciones que se encontraran probadas dentro del proceso11.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, por lo siguiente 12:
Refirió los hechos probados dentro del proceso y el contenido de las normas y
jurisprudencia aplicables al caso, en especial, los artículos 101 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 829-1, 831 y 835
9
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «010. Contestación demanda UGPP».
10
Citó la sentencia de 1999, exp. 10918, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
11
La demandante se opuso a la excepciones propuestas, reiterando los argumentos expuestos en la demanda. Samai,
índice 18. PDF «014. Demandante descorre traslado de excepciones».
12
Samai de tribunal, índice 14.
4
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del Estatuto Tributario, y destacó que la ley impide que en el trámite de cobro
coactivo se estudien aspectos que controviertan la legalidad del título ejecutivo.
Precisó que, en el presente asunto, el demandante solicitó la nulidad de la
resolución RCC 5634 del 10 de noviembre de 2015, por medio de la cual la
administración ordenó seguir adelante con la ejecución y liquidó el crédito y que los
argumentos expuestos en el concepto de violación discutían inconformidades sobre
los actos con los que la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor
del demandante y declaró el decaimiento de la misma, sin que existiera un reparo
en específico contra el acto cuya nulidad se pretende.
Resaltó que, según lo previsto en el marco legal y jurisprudencial, dentro de los
procesos de cobro coactivo, solo es susceptible de control judicial el acto que
resuelva las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago y el que
ordene seguir adelante con la ejecución; por lo que lo pretendido en este se debe
de orientar a desvirtuar lo que se expone en las respectivas excepciones.
De este modo, advirtió que, si bien el demandante demandó la resolución que
ordenó seguir adelante con la ejecución, «también lo es que el concepto de violación que
adujo ataca lo relacionado con el derecho al reconocimiento de la pensión gracia y la legalidad de
Resolución 016376 del 27 de abril de 2015, que constituye el título ejecutivo; acto este último que
debió demandar en nulidad y restablecimiento del derecho y no lo hizo» 13.
Manifestó que no era procedente analizar los reparos de la demanda, al no ser
propios del proceso de cobro coactivo y que el demandante no propuso en sede
administrativa excepciones contra el mandamiento de pago, lo que impedía que en
sede judicial se realizara pronunciamiento sobre la legalidad del título ejecutivo.
Sobre la falta de competencia de la UGPP para adelantar procedimientos de cobro
coactivo, explicó que, conforme al ordinal 10 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013,
la autoridad cuenta con la facultad para iniciar este tipo de procesos de cobro de
mayores dineros pagados por concepto pensional.
Finalmente, condenó en costas al demandante por considerar que se encontraban
causadas dentro del expediente, conforme lo dispuesto en los numerales 4 y 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso.
Recurso de apelación
El demandante, en su recurso14, reiteró los hechos expuestos en la demanda y
resaltó que la UGPP profirió la resolución RDP 016376 de 2015 (título ejecutivo),
vulnerando su derecho al debido proceso, dado que no ha iniciado la acción legal
correspondiente para discutir la nulidad del acto administrativo de reconocimiento
pensional (resolución 41911 de 2006). Aclaró que, si bien se declaró el decaimiento
de dicho acto, este no había sido declarado nulo por el juez competente.
En el acápite de fundamentos, indicó que se debe estudiar si es procedente
adelantar el procedimiento de cobro coactivo para la devolución de valores mesadas
pensionales, pero para desarrollar este cargo, señaló que se debe «decidir sobre la
viabilidad del procedimiento realizado por la UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES UGPP
al expedir una resolución constituyendo un título valor para iniciar un cobro coactivo para lograr la
devolución de unos dineros depositados a mi poderdante quien presenta una reclamación para
obtener su mesada pensional “PENSIÓN GRACIA” y que de buena fe recibe de parte de esa entidad» 15.
13
Ibidem, pág. 7.
14
Samai de tribunal, índice 17.
15
Samai del tribunal, índice 17. Pág. 3.
5
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Para lo anterior, anunció que reiteraría los argumentos propuestos en primera
instancia. De este modo, expuso que la Corte Constitucional dispuso que, por regla
general, el cobro se debe efectuar a través de los jueces16, por lo que concluyó que
la decisión de considerar que las mesadas pensionales recibidas por el demandante
constituyen una deuda con el Estado debe ser resuelta por un juez de la República,
«y no un procedimiento administrativo que tiene como origen la emisión de una resolución que
constituya un título valor sobre una deuda que no se ha generado por parte de mi poderdante» 17.
Señaló que, según la Corte Constitucional y los artículos 2, 189 (numeral 20), 209,
238 y 365 de la Constitución, por excepción, es posible adelantar el procedimiento
de jurisdicción coactiva para el cobro de obligaciones fiscales y de deudas derivadas
de la prestación de servicios públicos, «más en ningún caso para una reclamación que tiene
su fundamento en el pago de una prestación correspondiente al pago de mesadas pensionales,
reconocidas y ordenadas por un acto administrativo vigente» 18.
Aseveró que, con la resolución RDP 016376 de 2015, se desconoció que según el
numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo es competente para conocer de los asuntos relativos a la relación
legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social
de ellos cuando el régimen esté administrado por una persona de derecho público
y, por ello, no le asiste la razón a la UGPP al expedir un título ejecutivo invocando el
deber de recaudo y la prerrogativa de cobro coactivo del artículo 98 ibidem.
Insistió en que, conforme al artículo 104 ibidem, la Jurisdicción está instituida para
conocer de las controversias originadas en actos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetas al derecho administrativo, por lo que si la UGPP pretende recuperar un pago
superior a lo debido, debió presentar una demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, si el pago obedecía a un acto
administrativo, o iniciar un proceso de reparación directa ante un posible
enriquecimiento sin causa, si el pago derivaba de un hecho.
Reiteró que la demandada cometió un error al expedir un título ejecutivo para
recuperar el monto pagado por concepto de mesadas pensionales «ordenadas
mediante acto administrativo por la misma entidad, del cual solo se resolvió sobre su decaimiento,
pero no la nulidad del acto administrativo»19.
Sostuvo que el a quo cometió un error al afirmar que no se demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho a la resolución RDP 016376 de 2015, puesto que en
las pretensiones de la demanda sí se solicitó expresamente la nulidad total de ese
acto, que constituyó el título ejecutivo. De este modo, insistió en que se debe
declarar la prosperidad de sus pretensiones.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
16
Citó la sentencia T-604 de 2005.
17
Samai del tribunal, índice 17. Pág. 4.
18
Ibidem. Págs. 5 a 6.
19
Ibidem. Pág. 7.
6
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección analizar la legalidad de la resolución RCC 5634 del 10 de
noviembre de 2015, en la cual la UGPP ordenó seguir adelante con la ejecución del
proceso de cobro coactivo adelantado contra el demandante.
Se evidencia que, en la demanda subsanada, el demandante presentó cargos de
nulidad relacionados con lo siguiente: i) el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la pensión gracia, ii) las consecuencias de la declaratoria de decaimiento
del acto de reconocimiento pensional y iii) la improcedencia del cobro coactivo para
la devolución de mesadas pensionales.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal indicó que los argumentos que
sustentaban los cargos formulados, en realidad, no controvierten la legalidad del
acto que ordenó seguir adelante con la ejecución, sino de los actos administrativos
que declararon el decaimiento del reconocimiento pensional y que determinaron los
mayores valores pagados por concepto de mesadas pensionales (título ejecutivo).
En consecuencia, concluyó que estos aspectos no pueden ser objeto de análisis en
el trámite de cobro coactivo, por corresponder a la legalidad del título ejecutivo, lo
cual no está permitido por el artículo 829-1 del Estatuto Tributario; además, porque
no existe un acto que haya decidido excepciones de fondo por parte de la
administración. De igual forma, indicó que la UGPP es competente para adelantar el
cobro coactivo para recuperar las mesadas pensionales que fueron pagadas de
forma improcedente o por valores superiores a los correspondientes, en aplicación
del numeral 10 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013.
Pese a lo anterior, en la apelación, el demandante no propuso ningún motivo de
inconformidad frente a estas conclusiones del Tribunal, sino que, por el contrario,
anunció que reiteraría los argumentos de la demanda relacionados con la
improcedencia del cobro coactivo para la devolución de mesadas pensionales.
De este modo, indicó que i) el cobro debió adelantarse ante juez, a la luz de las
normas constitucionales; ii) que la UGPP cometió una irregularidad al expedir la
resolución RDP 016376 de 2015 (título ejecutivo) en vez de acudir a un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se discutiera el acto de
reconocimiento pensional, o de reparación directa, en el que se alegara un
enriquecimiento sin justa causa.
En este sentido, la Sección advierte que el demandante no controvirtió la aplicación
del artículo 829-1 del Estatuto Tributario, que impide controvertir la legalidad del
título ejecutivo en el trámite de cobro coactivo, ni explicó por qué debería proceder
el estudio de sus afirmaciones sobre el trámite de cobro coactivo adelantado en su
contra, aún ante la inexistencia de un acto que decidiera excepciones. Tampoco
formuló ningún reparo relacionado con la competencia asignada en el numeral 10
del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, sino que se limitó a reiterar lo dicho en la
demanda, sobre la naturaleza y finalidad del cobro coactivo.
De este modo, los argumentos de la apelación relacionados con la improcedencia
del cobro coactivo para la devolución de mesadas pensionales no podrán ser
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Demandante: Norberto Estrada Ocampo
estudiados, en aplicación del principio de congruencia, conforme los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso.
Precisado lo anterior, la Sección únicamente verificará el cargo de la apelación,
según el cual, el a quo cometió un error al afirmar que no se demandó en nulidad y
restablecimiento del derecho a la resolución RDP 016376 de 2015, pues, según el
apelante, expresamente se solicitó su nulidad en las pretensiones de la demanda
de la referencia.
Análisis del caso concreto
El apelante aseguró que no le asiste razón a tribunal cuando considera que no se
demandó en nulidad y restablecimiento del derecho al título ejecutivo, toda vez que
sí pretendió la nulidad de la resolución RDP 016376 de 2015, para lo que transcribió
la pretensión del escrito inicial de la demanda inicial.
Para decidir este punto, se observa que, en la demanda inicial, el demandante
formuló la siguiente pretensión20:
PRIMERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución RDP 016376 DEL 27 DE ABRIL DE
2015, Radicado No. SOP201500003478, expedida por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP La cual
crea un título ejecutivo a su favor y en contra del señor NORBERTO ESTRADA.
No obstante, se verifica que, en auto del 8 de noviembre de 2016, el magistrado
ponente del Tribunal inadmitió la demanda inicial, exponiendo lo siguiente21:
«Estudiada la demanda, se observa que no cumple con algunos de los requisitos y
formalidades legales exigidas para adelantar la misma, por cuanto: i) No se allegó documento
en el que constara la fecha en la cual fue notificada la Resolución No. RDP 016376 del 27 de
abril de 2015 (fol. 33). ii) Se presenta una indebida acumulación de pretensiones por lo tanto
deberá adecuar las pretensiones según el artículo 165 de la Ley 1437 de 2011, sobre todo,
teniendo en cuenta que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias»,
El apoderado del demandante atendiendo el auto inadmisorio subsanó: i) allegando
copia de la notificación por aviso del acto administrativo y ii) indicó la subsanación
en cuanto a las pretensiones, no obstante, la primera de estas no fue modificada 22.
El magistrado ponente del tribunal, en auto del 3 de octubre de 2017, inadmitió
nuevamente el escrito de demanda, precisando que, si bien quien fungía como
titular del despacho inadmitió la demanda, de la revisión de los documentos
allegados se observaba una irregularidad procesal que debía ser puesta en
conocimiento del demandante, exponiendo que23:
Pues bien, definido lo anterior, de la revisión del expediente advierte el Despacho que a folio
75 del expediente obra la Resolución RDD 5634 [sic] de 10 de noviembre de 2015, por medio
de la cual se ordena seguir adelante la ejecución en el proceso de cobro coactivo contra el
señor Norberto Estrada Ocampo, y por tanto, ya adelantado el proceso de cobro coactivo no
es pasible de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto que constituye el
título ejecutivo Resolución RDP 016376 de 27 de abril de 2015, que ha sido el acto demandado
en el presente asunto.
En ese orden de ideas, el demandante deberá adecuar la demanda atendiendo las
consideraciones expuestas y para ello debe presentar un [sic] nueva demanda con el lleno y
cumplimiento de todos los requisitos formales y sustanciales de la demanda, […]
20
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «001. Demanda y anexos». Págs. 6 a 7.
21
Ibidem, PDF «002. Auto inadmite demanda». Pág. 4.
22
Ibidem, PDF «003. Subsanación demanda». Pág. 5.
23
Ibidem, PDF «004. Auto inadmite demanda». Pág. 2.
8
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Radicado: 50001-23-33-000-2015-00660-01 (29917)
Demandante: Norberto Estrada Ocampo
Esta decisión no fue objeto de recurso alguno por el demandante, sino que, presentó
un memorial de subsanación aceptando la apreciación del a quo y modificó la
pretensión primera de la demanda, para indicar que pretende la nulidad de la
resolución RCC 5634 de 2015, que ordenó seguir adelante con la ejecución24.
Así, encontrándose que el demandante ajustó las pretensiones de nulidad, el fallo
de primera instancia acertó en señalar, que no se pretendió la nulidad de la
resolución RDP 016376 de 2015.
Adicionalmente, se observa que en el expediente no obra prueba que demuestre la
interposición de excepciones contra el mandamiento de pago, por lo que después
de este se profirió la resolución RCC 5634 del 10 de noviembre de 2015, que ordenó
seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo adelantado contra el
demandante, el cual, es el único acto que se discute en el caso.
De otro lado, se observa que, mediante memorial del 5 de abril de 2018, la
demandada aportó al expediente copia de la resolución RCC 15121 del 14 de marzo
de 201825, en el que consta que se le puso en conocimiento el «auto admisorio de
fecha 13 de diciembre de 2017, de Tribunal Administrativo del Meta, donde admite la demanda
de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impuesta por NORBERTO ESTRADA OCAMPO,
identificado con […], contra la Resolución RDP 016376 del 27 de abril de 2015, acto administrativo
objeto de cobro dentro del presente proceso» [negrilla del original] 26.
Al respecto, se observa que en esa resolución no se identificó el proceso al que se
alude y que la fecha de admisión identificada (13 de diciembre de 2017) coincide
con la fecha de admisión de la demanda del proceso que aquí se ventila (auto del
13 de diciembre de 201727) y, sumado a ello, en el expediente no obra prueba de
que se haya interpuesto o admitido, en esa misma fecha, otra demanda en la que
se pretenda la nulidad del título ejecutivo. Así, no obrando prueba alguna que
respalde la existencia de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el título ejecutivo pues el propio demandante subsanó la demanda para
excluir la pretensión contra el título ejecutivo pues esta pretensión no era
acumulable con la pretensión de nulidad del acto de ejecución del cobro, no es dable
verificar la eventual configuración de la excepción de interposición de demanda que
produzca la terminación del proceso.
Por lo expuesto, no prospera la apelación del demandante, dado que no está
probado que en este u otro proceso haya pretendido la nulidad del título ejecutivo,
único cargo procedente para análisis en esta instancia. En consecuencia, se
confirmará la decisión de primera instancia.
Costas
No se realizará pronunciamiento sobre la condena impuesta por el tribunal por este
concepto, dado que no fue apelada la decisión.
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso y el
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, como se confirmará la
sentencia dictada en primera instancia, es procedente condenar en costas a la
apelante. Para tal efecto las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV, y se
24
Ibidem, PDF «005. Subsanación demanda».
25
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «009. Resolución RCC-15121 del 14 de marzo de 2018».
26
La resolución, que no es objeto de controversia en este proceso, ordenó suspender el trámite de cobro adelantado con
base en la resolución RDP 016376 de 2015 y de levantar las medidas cautelares decretadas.
27
Samai, índice 18. Archivo ZIP, PDF «006. Auto admite demanda y corre traslado de medida cautelar».
9
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Radicado: 50001-23-33-000-2015-00660-01 (29917)
Demandante: Norberto Estrada Ocampo
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 21 de marzo de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral Cuatro.
2. CONDENAR en costas en segunda instancia al demandante. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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