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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00051-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00051-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 10 de julio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar SE NIEGAN las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en esta instancia por el valor equivalente al 1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento diecisiete pesos ($3’453.117), suma que se reconocerá en favor del departamento del Meta. Las costas se liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital y remitir copia al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2016-00051-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C. veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea Departamental
Medio de control: Reparación directa

Temas: PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL - Se determina a partir de la fuente
del daño que sustenta la causa petendi, criterio que define la vía procesal idónea, la técnica
de formulación de las pretensiones y la oportunidad para su ejercicio / FACULTAD
OFICIOSA - El artículo 171 ibidem impone al juez el deber de examinar el libelo en sus
distintas etapas con el fin de identificar la verdadera intención del demandante, a partir del
contenido de la demanda y de la finalidad de las pretensiones, y adecuarla al cauce procesal
correspondiente, siempre que no se configure un supuesto que impida un pronunciamiento
de fondo / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL
PAGO DE LO NO DEBIDO O LO PAGADO EN EXCESO EN MATERIA TRIBUTARIA -
Regulado en los artículos 850 a 865 del Estatuto Tributario – PRINCIPIO DE ROGACIÓN -
En virtud del cual corresponde al contribuyente promover ante la administración la actuación
orientada a obtener el reembolso de las sumas indebidamente pagadas / MEDIO DE
CONTROL IDÓNEO - Teniendo en cuenta que ese procedimiento concluye con la
expedición de un acto administrativo de carácter particular y concreto, en caso de obtener
una respuesta desfavorable, solo a través del cuestionamiento de su legalidad se abre paso
al restablecimiento del derecho que se considera lesionado / APLICACIÓN DE LAS
SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN – La Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del
25 de agosto de 2022, precisó que, salvo que la decisión disponga expresamente lo
contrario, los jueces deben aplicar la interpretación jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, pues ello permite salvaguardar principios
como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del derecho.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que “se inhibió” de fallar de fondo las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad de la entidad demandada por la supuesta falla en el
servicio en que incurrió al regular el gravamen de la estampilla Prodesarrollo en el
departamento del Meta, disposición que posteriormente fue declarada nula por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la proferida el 10 de julio de 2025, por el Tribunal Administrativo
del Meta, mediante la cual se “inhibió” de emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de las pretensiones de la demanda instaurada el 19 de enero de 20161 por
el señor Arley Sánchez Gómez contra el departamento del Meta – Asamblea

1 Expediente digital: archivo “4B4A1EB455D5D95D DD894BBDABA91DD4 A1B84932”.

1

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

Departamental, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por la
falla en el servicio en que incurrió al expedir la Ordenanza 466 del 31 de julio de
2001, en cuyo artículo 241, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 470 del 18
de octubre de 2001, reguló la estampilla Prodesarrollo Departamental, con
fundamento en la cual se gravaron los contratos de obra que celebró con el referido
departamento, sus municipios y entidades descentralizadas y se efectuaron los
correspondientes pagos, disposición que posteriormente fue declarada nula por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. A título de indemnización, solicitó el reconocimiento de la suma de
$345’311.6782 por concepto de daño emergente, correspondiente al valor pagado
por el gravamen de la estampilla Prodesarrollo Departamental durante el tiempo en
que estuvieron vigentes las disposiciones previamente citadas.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho3 sobre los que decidió el Tribunal
fueron los siguientes:

Hechos

4. La Asamblea Departamental del Meta expidió la Ordenanza 466 del 31 de julio
de 2001, mediante la cual adoptó el Estatuto de Rentas Tributarias del
departamento. En su artículo 241 —modificado por el artículo 6 de la Ordenanza
470 del 18 de octubre de 2001— reguló la estampilla Prodesarrollo Departamental.
En el literal a) de esta disposición se estableció que los contratos y órdenes que se
celebraran con el departamento, sus municipios y entidades descentralizadas, así
como las adiciones a estos, se gravarían con una tarifa equivalente al 2,2% del valor
total.

5. Esa disposición fue demandada mediante acción de nulidad4 y el Tribunal
Administrativo del Meta, por medio de auto del 9 de diciembre de 2009, decretó su
suspensión provisional. Dicha suspensión quedó en firme con la ejecutoria del
proveído del 15 de julio de 2010, proferido en segunda instancia por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

6. El artículo 6 de la Ordenanza 470 de 2001 fue nuevamente modificado mediante
Ordenanza 767 del 14 de septiembre de 2011, que fijó la tarifa de la estampilla
Prodesarrollo Departamental en el 2%. Posteriormente, a través de sentencia del
17 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Meta declaró nulo el
artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado por la Ordenanza 470 de ese
mismo año, decisión que quedó ejecutoriada el 21 de octubre de 2013.

2 Aunque en las pretensiones no especificó la suma solicitada por concepto de daño emergente, en el acápite

de la estimación razonada de la cuantía señaló que de conformidad con lo establecido en el artículo 157 de la
Ley 1437 de 2011, “La cuantía se estima por los perjuicios en daño emergente, tasados en el valor histórico de
lo pagado por Prodesarrollo en los contratos celebrados por el actor en la suma de trescientos cuarenta y cinco
millones trescientos once mil seiscientos setenta y ocho pesos $345.311.678.00)”.
3 Demanda visible en SAMAI: Expediente digital: archivo “A157043D4045C60D CFB37C652D7BCB60

713D5931”, páginas 6 a 14.
4 Proceso radicado bajo número 50001-23-31-000-2009-00253-00.

2

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

7. El actor indicó que durante la vigencia de las disposiciones anteriormente
mencionadas y con fundamento en ellas, suscribió varios contratos de obra con el
departamento, sus municipios y entidades descentralizadas, en cuyas actas
parciales y de liquidación quedaron consignados los pagos que realizó por concepto
de estampilla Prodesarrollo Departamental, equivalentes al 2,2% del valor de los
respectivos contratos.

Fundamentos de derecho

8. El demandante sostuvo que el daño cuya reparación reclama era imputable al
departamento del Meta bajo el régimen subjetivo de falla del servicio, toda vez que
expidió disposiciones normativas contrarias al ordenamiento jurídico, lo que dio
lugar a efectuar pagos que no estaba obligado a realizar. Para sustentar su tesis,
citó el contenido de las providencias5 dictadas por la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 15 de mayo de 20036, el 16 de agosto de 20077 y el 26 de marzo de
20148.

La defensa

9. El departamento del Meta se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo
que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, toda vez que los valores
pagados por concepto del referido tributo no provenían del patrimonio del actor, sino
que constituían sumas retenidas del precio del contrato con destinación específica.

10. Agregó que las afirmaciones del demandante carecían de soporte probatorio,
en particular lo relativo a los contratos celebrados, los supuestos pagos efectuados
y la cuantificación del perjuicio. Además, propuso las excepciones que denominó:
(i) cláusula compromisoria, al considerar que las controversias derivadas de los
contratos que fueron gravados con el referido impuesto debían someterse a la
justicia arbitral e, (ii) inepta demanda, por indebida escogencia de la acción, dado
que se trataba de una controversia de naturaleza contractual9.

11. Por su parte, la Asamblea Departamental del Meta, en escrito separado 10,
formuló las excepciones que denominó: (i) “Legalidad de descuentos”, pues el
artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado por la Ordenanza 470 de

5 En las que se señaló que la expedición de leyes o actos administrativos contrarios a la Constitución o a la ley

configuraba una falla del servicio generadora de daños antijurídicos, de modo que su declaratoria de
inexequibilidad o nulidad comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado y daba lugar a la devolución
de lo indebidamente pagado, toda vez que ello comportaba un enriquecimiento injustificado en favor de la
entidad pública.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 15 de mayo de 2003,

expediente: 23.245.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de

2007, expediente: 66001233100020040083201 AG.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de

2014, expediente: 28741.
9 Expediente digital: archivo: “DED159C9F010EC3A E9552693DFDF62FA D6062022”.
10 Si bien las asambleas departamentales carecen de personería jurídica y, por tanto, no ostentan la calidad de

parte dentro de los procesos judiciales en los que se controviertan actuaciones del respectivo departamento, en
el presente asunto dicho órgano fue notificado de la demanda y presentó un escrito en el que expuso
argumentos de defensa y formuló excepciones, razón por la cual se hará referencia a dichas consideraciones
en cuanto resulten relevantes para el análisis del caso, sin que ello implique el reconocimiento de legitimación
en la causa por pasiva de ésta.

3

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

2001, gozaba de presunción de legalidad mientras estuvo vigente, por lo que los
descuentos efectuados por concepto de la estampilla Prodesarrollo hasta el 21 de
octubre de 2013 —fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de nulidad—
contaron con soporte jurídico, toda vez que la declaratoria de nulidad no produjo
efectos retroactivos; (ii) “Exceso de tasación de pretensiones”, porque ante una
eventual condena, esta solo podría recaer sobre el 0,2% correspondiente al exceso
frente al límite del 2% previsto en la ley; e (iii) innominada11.

Los alegatos de conclusión

12. Concluido el debate probatorio12, al alegar de conclusión, el demandante
sostuvo que, dados los efectos retroactivos de la declaratoria de nulidad del artículo
241 de la Ordenanza 466 de 2001, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 470
del mismo año, y la carga que se le impuso de pagar dicha estampilla constituyó un
daño que no estaba en la obligación de soportar, pues dichos pagos afectaron
directamente su patrimonio, en tanto que no correspondían a un costo trasladable
al contratante ni a terceros sino que debieron ser asumidos por él en cumplimiento
de unas disposiciones normativas posteriormente anuladas, por lo que ese daño
resultaba imputable al departamento del Meta, como entidad responsable de las
actuaciones de su asamblea13.

13. El departamento del Meta14 y la Asamblea Departamental15 señalaron que el
medio de control de reparación directa era improcedente, en tanto la controversia
se originó en actos administrativos y, por tanto, debía tramitarse a través del de
nulidad y restablecimiento del derecho, previa solicitud administrativa, conforme a
la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Aseguraron que si se resolviera
bajo el cauce procesal invocado no se tendría por acreditado un daño antijurídico,
dado que los pagos efectuados por concepto de la estampilla correspondían a
cargas tributarias exigibles bajo disposiciones vigentes al momento de su recaudo,
sin que la posterior declaratoria de nulidad implicara la configuración de una falla
del servicio.

11 Expediente digital: archivo: “5D15D85413455AA4 2D24959152FB854D ACA2B09D”.
12 Previo a la celebración de la audiencia inicial, el Tribunal a través de auto del 14 de abril de 2023, desestimó

las excepciones previas propuestas. Consideró que la demanda no perseguía la declaratoria de responsabilidad
contractual, sino la responsabilidad extracontractual del Estado por los perjuicios derivados de la aplicación de
actos posteriormente anulados, lo que hacía procedente el medio de control de reparación directa y, por tanto,
no resultaba aplicable la cláusula compromisoria. SAMAI: Tribunal, índice 19. Posteriormente, en la audiencia
inicial, llevada a cabo el 14 de febrero de 2024, el a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1.
“Relación de todos… los contratos celebrados por el convocante y en los cuales ha pagado el Departamento la
estampilla Prodesarrollo anulada” y se adjunta como anexo cada uno de los referidos contratos, sus actas de
inicio, adicionales, parciales, actas final y de liquidación. 2. Copia de la sentencia del Tribunal Administrativo del
Meta del 17 de septiembre de 2013, emitida dentro del proceso No. 50-001-23-31-000-2009-00253-00 y
constancia de ejecutoria. 3. Copia de las peticiones presentadas ante las entidades contratantes solicitando
copia de los contratos, actas de ejecución y liquidación. 4. Copia de la petición solicitando a la entidad
demandada certificar pago de la estampilla. 5. Copia de las Ordenanzas 466 y 470 de 2001 y 733 de 2010.
Oficios o requerimientos: Los “solicitados por el demandante, en la forma pedida en el folio 10 de la demanda,
salvo el dirigido al Tribunal Administrativo del Meta, porque la copia auténtica de la sentencia proferida dentro
del proceso 50001233100020090025300, con la constancia de ejecutoria, fue allegada con la demanda y se
presume auténtica (…)”. (SAMAI: Tribunal, índice 52).
13 SAMAI: Tribunal, índice 118.
14 SAMAI: Tribunal, índice 117.
15. SAMAI: Tribunal, índice 116.

4

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

La decisión del Tribunal

14. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que el medio de control de
reparación directa no era procedente para reclamar los perjuicios derivados de los
pagos efectuados por la sociedad demandante por concepto de la estampilla
Prodesarrollo Departamental. Para soportar su decisión, citó la regla de unificación
fijada por el Consejo de Estado en sentencia del 8 de mayo de 202416, según la cual
la acción de grupo y, por extensión, el medio de control de reparación directa no
constituyen la vía idónea para solicitar la devolución de tributos ni la indemnización
de perjuicios derivados de pagos realizados en virtud de actos administrativos
generales posteriormente anulados, casos en los que corresponde formular
previamente una solicitud administrativa de devolución y, ante una eventual decisión
negativa, acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

15. En ese sentido, señaló que el supuesto daño alegado no se originaba en un
hecho, omisión u operación administrativa, sino -en caso de agotar el trámite
procedente previsto en la ley- en un acto administrativo con presunción de legalidad,
cuyos efectos particulares debían controvertirse a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Con fundamento en lo anterior, resolvió
“inhibirse” de emitir un pronunciamiento de fondo y abstenerse de condenar en
costas, dada la aplicación del precedente que determinó la improcedencia de la
reparación directa frente al caso concreto17.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

16. El demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia por considerar
que el Tribunal desconoció los efectos en el tiempo de los cambios jurisprudenciales
al aplicar de manera inmediata la regla fijada por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024, pese a que la demanda fue
presentada en 2016, cuando la jurisprudencia de esta Corporación aceptaba la
procedencia del medio de control de reparación directa en asuntos como el
debatido; precisamente por ello, al admitirla, consideró que esta era la vía procesal
idónea para tramitarla sin exigir el agotamiento de un trámite administrativo previo.
En ese sentido, afirmó que la aplicación de ese precedente vulneró sus derechos
de acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima y a la seguridad
jurídica.

17. Sostuvo que el daño antijurídico se encontraba acreditado, toda vez que el
actor efectuó pagos por concepto de la estampilla Prodesarrollo Departamental
durante la vigencia de disposiciones posteriormente anuladas18.

18. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Sin perjuicio de lo anterior, el departamento

16 Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión, radicado: 08001-23-31-000-2010-00291-01 (AG).
17 SAMAI: Tribunal, índice 121.
18 SAMAI: Tribunal, índice 124.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

del Meta se pronunció frente al recurso de apelación e indicó que, contrario a lo
afirmado por la parte actora, la decisión no se sustentó exclusivamente en la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024, sino también en la consideración
de que el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico para solicitar la
devolución de lo pagado por concepto de tributos, consistente en la solicitud
administrativa de devolución y, en caso de negativa, contaba con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho19.

19. El Ministerio Público pidió confirmar la decisión apelada. Sostuvo que el medio
de control de reparación directa no era idóneo para reclamar los perjuicios derivados
de los pagos efectuados por la sociedad demandante por concepto de la referida
estampilla, dado que dichos pagos se realizaron cuando la disposición que los
imponía se encontraba vigente y amparada por la presunción de legalidad, de modo
que los efectos patrimoniales producidos, al haber ingresado los recursos al erario
y destinarse a fines públicos, configuraron situaciones jurídicas consolidadas.
Añadió que, no podía derivarse responsabilidad por el solo hecho de que dicha
disposición hubiese sido posteriormente anulada20.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

Objeto de la apelación

21. Le corresponde a la Sala determinar si la vía procesal escogida es la procedente
para solicitar la reparación del daño que reclama la actora; si la aplicación del
precedente fijado con posterioridad a la presentación de la demanda, que condujo
a un fallo inhibitorio, constituye una afrenta contra los derechos de acceso a la
administración de justicia, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica y, en
consecuencia, si debe revocarse la decisión objeto de alzada.

Improcedencia del medio de control de reparación directa

22. Sobre la base de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–, se ha señalado que la
procedencia del medio de control se determina a partir de la fuente del daño que
sustenta la causa petendi, criterio que define la vía procesal idónea, la técnica de
formulación de las pretensiones y la oportunidad para su ejercicio, aspectos que no
dependen de la discrecionalidad de la parte actora y deben verificarse al momento
de proferir sentencia.

23. En ese sentido, el artículo 171 ibidem impone al juez el deber de examinar el
libelo en sus distintas etapas —admisión, resolución de excepciones y sentencia—
con el fin de identificar la verdadera intención del demandante, a partir del contenido

19 SAMAI: índice 9.
20 SAMAI: índice 10.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

de la demanda y de la finalidad de las pretensiones, y adecuarla al cauce procesal
correspondiente, siempre que no se configure un supuesto que impida un
pronunciamiento de fondo.

24. Por lo tanto, el hecho de que en el auto admisorio se haya dado trámite al
proceso por la vía de la reparación directa -como lo ha reiterado esta Sala21-, no
impide que al dictar sentencia, el operador judicial examine nuevamente dicho
aspecto, pues frente a esa decisión no opera una suerte de cosa juzgada, en tanto
se adopta en una etapa preliminar del proceso, en la cual no se ha agotado el debate
probatorio.

25. Confirma lo expuesto lo previsto en el artículo 187 del CPACA, al tenor del cual,
el operador judicial al momento de dictar sentencia debe pronunciarse sobre las
excepciones propuestas y sobre aquellas que encuentre probadas, lo que supone
verificar la idoneidad del medio de control elegido, en atención a la fuente del daño,
como presupuesto para resolver de fondo la controversia.

26. De conformidad con las pretensiones formuladas en la demanda, se persigue el
reconocimiento de las sumas pagadas al departamento del Meta por concepto de la
estampilla Prodesarrollo Departamental fijada en el artículo 241 de la Ordenanza
466 del 31 de julio de 2001, modificado por el artículo 6 de la Ordenanza 470 del 18
de octubre del mismo año, disposición que fue declarada nula por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2013.

27. Como soporte jurídico del petitum, la parte actora indicó que el daño cuya
reparación reclamaba era imputable al Departamento del Meta, pues, conforme a la
jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda, la expedición
de normas contrarias a la Constitución o a la ley configuraba una falla del servicio
generadora de daños antijurídicos, de manera que su declaratoria de
inexequibilidad o nulidad comprometía la responsabilidad patrimonial del Estado y
daba lugar a la devolución de lo indebidamente pagado.

28. Los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Meta para declarar
la nulidad de los referidos artículos se fundaron en que la Asamblea Departamental
excedió los límites de su potestad tributaria. Esto, por cuanto, si bien las entidades
territoriales gozaban de autonomía fiscal para establecer tributos previamente
autorizados por la ley, dicha facultad debía ejercerse dentro de los parámetros
fijados por el legislador.

29. En el caso concreto, el artículo 170 del Decreto-ley 1222 de 1986 disponía que
la tarifa no podía superar el 2% del valor del documento o instrumento gravado y
que la base gravable correspondía precisamente a ese valor. No obstante, la
disposición acusada fijó una tarifa del 2,2%, lo cual implicó una modificación a los
elementos estructurales del tributo definidos por la norma superior22.

21 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencias del 1º de diciembre de 2023, expediente, 63.841; 6 de mayo de 2024, expediente: 62.548; 19 de
mayo de 2024, expediente: 70.865.
22 Expediente digital: archivo: “8D61AA3266051E02 5ED11DE77006B198 D8CED278”, páginas 32 a 43.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

Falta de agotamiento del procedimiento administrativo previo y aplicación del
precedente al caso concreto

30. En el desarrollo de la actividad administrativa surgen relaciones jurídicas entre
la administración y los particulares, de las cuales se derivan derechos, deberes y
también cargas jurídicas. Estas últimas corresponden a actuaciones que el
interesado debe realizar cuando pretende obtener un efecto favorable o hacer valer
una determinada prerrogativa en el marco de esa relación. A diferencia de las
obligaciones —cuyo incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones o
a su ejecución forzada— las cargas se establecen en interés del propio
administrado; por ello, su inobservancia no genera responsabilidad, pero sí impide
alcanzar el resultado jurídico que el ordenamiento supedita a su ejercicio 23.

31. Como enunciado general y amplio, el pago de lo no debido se configura cuando
se realizan erogaciones sin que exista una causa jurídica que haga exigible su
cumplimiento, mientras que el pago en exceso ocurre cuando se cancelan sumas
superiores a las legalmente debidas. En cualquiera de estas hipótesis, el
administrado se encuentra facultado para solicitar la restitución de los dineros
indebidamente pagados. Tratándose de asuntos de naturaleza tributaria, el
ordenamiento jurídico ha previsto un procedimiento administrativo específico
orientado a obtener la devolución de tales sumas, regulado en el artículo 850 y
siguientes del Estatuto Tributario y en las disposiciones reglamentarias que
desarrollan la materia24, régimen que resulta aplicable a las entidades territoriales
por remisión al procedimiento tributario nacional25.

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 850 del E.T.26, la administración
tributaria deberá devolver los pagos en exceso o de lo no debido efectuados por los
contribuyentes por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras. Para que ello

23 La carga que responde al interés propio del sujeto “siendo en consecuencia voluntario para éste, que, de

omitirlo, no incurrirá en responsabilidad alguna, si bien se verá privado del beneficio o la ventaja de los que
dicho comportamiento es presupuesto”. Las cargas en el derecho administrativo son de frecuente ocurrencia,
por cuanto el principio de rogación articula la actividad administrativa y la relación entre administración y
particulares, por ende, para la obtención de beneficios inherentes a ésta requiere previa petición del interesado.
La carga “implica la necesidad de que el titular de un determinado poder lo ejercite cuando quiere obtener un
efecto a favor suyo” (García de Enterría, Eduardo. Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo
II. Thomson Civitas. 10ª ed. Reimpresión 2009. Pág. 427).
24 Decreto 1000 de 1997, su decreto derogatorio 2277 de 2012 y demás normas concordantes.
25 Ley 788 de 2002, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial;

y se dictan otras disposiciones”. “ARTÍCULO 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y
municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos
por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y
demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos
anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la
proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.
Aunque los tributos territoriales (impuestos, tasas, contribuciones o estampillas) son creados y regulados por
las entidades territoriales, el procedimiento para su determinación, fiscalización, discusión, cobro y sanción se
rige —total o parcialmente— por las disposiciones del Estatuto Tributario, para evitar regímenes procesales
distintos en cada entidad territorial.
26 el artículo 850 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 49 de la Ley 223 de 1995, prevé que: “Los

contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán solicitar su
devolución. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver oportunamente a los
contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones
tributaria y aduaneras” (se subraya).

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
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ocurra, el contribuyente debe presentar de manera oportuna —dentro de los dos
años siguientes a la fecha de vencimiento del término para declarar— la
correspondiente solicitud de devolución, y la administración tiene un término de
cincuenta (50) días, contados desde su presentación, para resolverla y efectuar la
devolución correspondiente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 854 27 y
85528 del mismo estatuto.

33. En ese contexto, la efectividad del derecho a la devolución de lo pagado en
exceso o de lo no debido, se encuentra gobernada por el principio de rogación,
como carga para la efectividad de un derecho que se cree poseer, en virtud del cual
corresponde al contribuyente promover ante la administración la actuación
orientada a obtener el reembolso de las sumas indebidamente pagadas. En tal
virtud, antes de acudir a la jurisdicción resulta necesario que el interesado solicite la
devolución ante la autoridad competente, quien deberá pronunciarse mediante el
correspondiente acto administrativo, el cual, como manifestaciones de voluntad con
efectos definitorios sobre la situación pretendida, es pasible de control judicial.

34. De manera que no resulta procedente pretermitir los procedimientos
administrativos previstos en las normas tributarias para solicitar la devolución o
reclamación de sumas de dinero pagadas por un contribuyente que no tenía el deber
legal de hacerlo o que, aun habiéndose efectuado inicialmente con fundamento en
disposiciones normativas vigentes, posteriormente devienen indebidas con ocasión
de su declaratoria de nulidad.

35. Teniendo en cuenta que tales procedimientos concluyen con la expedición de
un acto administrativo de carácter particular y concreto, en caso de obtener una
respuesta que no se adecúe a los fines del peticionario, solo a través del
cuestionamiento de su legalidad se abre paso al restablecimiento del derecho que
se considera lesionado y, por tanto, el medio de control idóneo en estos casos es el
de nulidad y restablecimiento del derecho, previa formulación de la solicitud de
devolución ante la administración.

36. De lo anterior se sigue que cuando el ordenamiento jurídico prevé un
procedimiento administrativo específico para solicitar la devolución de pagos
efectuados en exceso o sin causa legal, no resulta procedente acudir al medio de
control de reparación directa para obtener su restitución. Ello se explica por el
denominado “privilegio de la decisión previa de la administración” 29, en virtud del
27 “ARTÍCULO 854. TÉRMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. La solicitud de

devolución de impuesto deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de vencimiento del
término para declarar.
Cuando el saldo a favor de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios o sobre las ventas,
haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte
rechazada no podrá solicitarse, aunque dicha liquidación haya sido impugnada hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre la procedencia del saldo”.
28 “ARTÍCULO 855. TÉRMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN. La Administración de Impuestos deberá

devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la
renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la solicitud
de devolución presentada oportunamente y en debida forma.
El término previsto en el presente artículo aplica igualmente para la devolución de impuestos pagados y no
causados o pagados en exceso”.
29 Sobre el tema, ver sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sala Séptima Especial de Decisión, del 8 de mayo de 2024, expediente: 08001-23-31-000-2010-00291-01 (AG).

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
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cual corresponde a esta pronunciarse inicialmente sobre las reclamaciones que se
formulen en el marco de la relación jurídico-tributaria, de manera que solo a partir
de la decisión que adopte se habilita la intervención del juez contencioso
administrativo.

37. En este caso la diferencia del medio de control no es solo por su nomen iuris y
ni siquiera por el objeto sobre el que recae, pues la génesis del daño no se configura
en el contexto de una falla en el servicio sino en la declaración de que la presunción
de legalidad de un acto no la cobija, asunto que ontológicamente se diferencia de
las hipótesis en que las autoridades del estado causan un daño antijurídico con
motivo de sus acciones u omisiones en cumplimiento de sus cometidos estatales,
como encargas de hacerlos efectivos, acompañadas de prerrogativas materiales o
jurídicas encargadas a ejecutar la ley o las decisiones administrativas, que son
distintas de aquellas que les autorizan para definir con presunción de legalidad
situaciones particulares y concretas a través de actos administrativos cuya legalidad
no requiere de prueba.

38. Descendiendo al caso concreto, se observa que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241 de la Ordenanza 466 de 2001 —modificado por el
artículo 6 de la Ordenanza 470 de 2001—, la estampilla Prodesarrollo
Departamental se causaba cuando se verificaban los hechos generadores allí
previstos, particularmente respecto de contratos, actos o documentos que se
suscribieran con el departamento del Meta y sus entidades territoriales y
descentralizadas, frente a los cuales debía aplicarse la tarifa correspondiente (2,2%)
y efectuarse el pago del gravamen.

39. En ese sentido, y de acuerdo con lo expuesto en precedencia, si bien los
contribuyentes debían cumplir inicialmente con el pago del gravamen en los
términos previstos en las ordenanzas vigentes al momento de su causación, lo cierto
es que, una vez puesta en evidencia la ilegalidad de la disposición que lo
sustentaba, si los contribuyentes consideraban tener derecho para solicitar la
devolución de lo pagado, debían acudir al procedimiento administrativo para solicitar
el reintegro del porcentaje pagado en exceso —esto es, el 0,2 % del valor de cada
contrato o acto gravado—. Agotado dicho trámite, y en caso de que la decisión
administrativa resultara desfavorable, y si el contribuyente insiste en tener un
derecho, debía demandar el acto administrativo respectivo mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

40. Revisado el expediente, la Sala advierte que el señor Arley Sánchez Gómez no
aportó ni solicitó medio de convicción alguno que permita siquiera concluir que
formuló una reclamación administrativa encaminada a obtener la devolución de lo
pagado en exceso, ni obra prueba de la respuesta que la entidad competente
hubiera dado a una solicitud de esa naturaleza. Al respecto, la Sala destaca que, si
bien las ordenanzas 466 y 470 de 2001 revisten la calidad de actos administrativos
de carácter general que producen efectos sin necesidad de un acto particular
intermedio, lo cierto es que el actor tenía la carga de provocar una decisión de la
administración que resolviera su situación particular respecto del pago de dicha
estampilla, mediante el trámite administrativo de devolución antes descrito. Sin

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embargo, ello no ocurrió o, por lo menos, no obra en el expediente medio de prueba
alguno que así lo acredite.

41. En esas condiciones, acertó el Tribunal al concluir que en el sub examine el
medio de control de reparación directa no constituía la vía idónea para solicitar la
devolución de tributos ni la indemnización de perjuicios derivados de pagos
realizados en virtud de actos administrativos generales posteriormente anulados,
por cuanto no se agotó previamente, como lo ordena la ley, la solicitud
administrativa de devolución.

42. En relación con el argumento del apelante, según el cual el a quo desconoció
los efectos en el tiempo de los cambios jurisprudenciales al aplicar de manera
inmediata la regla fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
8 de mayo de 2024, pese a que la demanda fue presentada en 2016, cuando la
jurisprudencia de esta Corporación aceptaba la procedencia del medio de control
de reparación directa en asuntos como el debatido y que, por ello, se vulneraron los
derechos de acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima y a la
seguridad jurídica, en cuanto dicha regla debió aplicarse con efectos prospectivos,
la Sala considera necesario realizar algunas precisiones.

43. Es cierto que, para el momento en que se presentó la demanda —2016— esta
Corporación no había proferido la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024
a la que aludió el Tribunal para sustentar su decisión. No obstante, se recuerda que
la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia del 25 de agosto de 2022 30,
precisó que, salvo que la decisión disponga expresamente lo contrario, los jueces
deben aplicar la interpretación jurisprudencial vigente al momento de resolver el
asunto sometido a su consideración, pues ello permite salvaguardar principios como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del derecho.

44. De la misma manera, en múltiples fallos de tutela31, esta Corporación ha
señalado que los funcionarios judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial
vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento
que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos
fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento
del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la
presentación de la demanda o del fallo de primera instancia.

45. Asimismo, se destaca que la sentencia del 8 de mayo de 2024, proferida por la
Sala Séptima Especial de Decisión del Consejo de Estado no introdujo un cambio
sustancial en la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la improcedencia
de acudir a determinados medios de control para obtener la restitución de tributos
pagados con fundamento en disposiciones posteriormente anuladas. Por el

30 Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente: 66.535.
31 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-

000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre
de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24
de mayo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección
B; (iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.

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contrario, dicha providencia reiteró y precisó una línea jurisprudencial que ya venía
siendo desarrollada por el Consejo de Estado32, en la cual se ha indicado que las
controversias relacionadas con la devolución de tributos deben tramitarse a través
de los procedimientos administrativos y judiciales específicamente previstos en la
normativa tributaria, sin que resulte procedente acudir directamente a la jurisdicción
contencioso administrativa para reclamar dichas sumas por la vía indemnizatoria.

46. Desde esta perspectiva, la referida sentencia no creó una regla jurisprudencial
novedosa ni modificó una línea consolidada, sino precisó y delimitó las
consecuencias jurídicas derivadas del hecho de que el interesado (contribuyente)
no haya acudido previamente a los procedimientos administrativos previstos para
reclamar la devolución de los tributos pagados. En particular, la providencia recalcó
que, en tales eventos, ni siquiera resultaría procedente adelantar un análisis de
fondo sobre la existencia de un daño antijurídico, lo cual constituye una precisión
respecto de discusiones planteadas en algunas decisiones anteriores, mas no la
adopción de una postura jurisprudencial nueva.

47. En esa línea, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, el actor
sustentó su postura en un auto de 2003 y en dos sentencias de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con especial énfasis en la proferida el 26 de marzo de 2014;
sin embargo, esta última fue dejada sin efectos mediante fallo de tutela dictado por
la Sección Cuarta de esta Corporación, el cual fue confirmado por la Sección Quinta,
en el que se ordenó proferir una nueva decisión, emitida el 31 de octubre de 2016,
en la que expresamente se señaló:

“Si un precepto no observa los principios para la creación de un tributo o desatiende
uno de los presupuestos de procedimiento fijados en la Constitución o sustantivos
para su correcta aplicación y así lo define la Corte Constitucional, el contribuyente
afectado, si desea reclamar, debe acudir primero ante la administración quien
está dotada de la facultad de tomar decisiones ejecutivas, sin intervención
judicial previa.

“La administración detenta el denominado ‘privilegio de lo previo’, que más que
una prerrogativa a favor de la administración, debe ser entendido como un
mecanismo a favor del ciudadano, pues está concebido para evitar en lo posible la
controversia judicial. En caso de negativa o ante el silencio de la administración, la
persona podrá acudir a la jurisdicción a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
“(…)

“Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que la sociedad
demandante pretende la devolución de lo pagado durante el tiempo en que
estuvo vigente la tasa especial por servicios aduaneros- TESA, con ocasión

32 En este sentido pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de octubre de 2016, exp. 28.741. Así mismo, Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2017, proferida en cumplimiento de una orden de tutela dentro
del radicado 25000-23-26-000-2003-01185-01, en la cual se reiteró la necesidad de agotar el procedimiento
administrativo previsto en el artículo 850 del Estatuto Tributario antes de acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa para discutir la devolución de pagos indebidos de tributos. Igualmente, en ese sentido, se
pronunciaron las Salas Especiales de Decisión Cuarta y Diecinueve del Consejo de Estado, a través de
sentencias del 4 de diciembre de 2018 y 1º de octubre de 2019, expedientes: o: 66001-33-31-002-2007-00107-
01(AG) y 66001-2333-003-2012-00007-01 (AG) SU.

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de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de
2000, según la sentencia C-992 de 2001.

“En cuanto a lo pagado indebidamente o en exceso por concepto de obligaciones
tributarias o aduaneras, el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento
administrativo que culmina con la expedición de un acto administrativo.

“En efecto, el artículo 850 del Estatuto Tributario establece que los contribuyentes
o responsables pueden solicitar la devolución de saldo a favor y que la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá devolver
oportunamente a los contribuyentes los pagos de lo no debido, por concepto
de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago,
en aplicación del procedimiento previsto para las devoluciones de los saldos a favor
consagrado en Título X de esa normativa.
“(…)

“De ahí que la sociedad demandante debió pedir la devolución de lo
indebidamente pagado con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del
cobro la TESA, con fundamento en las disposiciones referidas del Estatuto
Tributario y en lo no previsto allí por la primera parte del CPACA, y, en caso
de obtener respuesta negativa o silencio de la Administración, demandar en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la
época.
“(…)

“En tal virtud, en este caso se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda,
pues la sociedad demandante interpuso el medio de control de reparación
directa con el propósito de obtener la devolución de lo pagado indebidamente,
sin obtener el pronunciamiento previo de la administración, el cual una vez
emitido, debió discutirse vía nulidad y restablecimiento del derecho. Por ello, la Sala
se inhibirá para conocer de las pretensiones de la demanda”33 (negrilla añadida).

48. Para abundar en razones, la Sala precisa que la conclusión sobre la
improcedencia del medio de control de reparación directa en el caso concreto no se
agota en la aplicación de la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024 ni
depende exclusivamente de su alcance temporal, pues, aun en ausencia de dicha
regla unificada, la verificación del cauce procesal idóneo, como se indicó en
precedencia, obedece a una regla propia del trámite contencioso administrativo y al
deber de adecuación que le asiste al fallador en cada caso concreto, con el fin de
verificar los presupuestos necesarios para adoptar una decisión de fondo.

49. Así, aunque el ordenamiento jurídico prevé diversas vías de acceso a la
jurisdicción contencioso-administrativa, lo que determina la procedencia de cada
una de ellas es la fuente u origen del daño cuya reparación se pretende. Como
dichos medios están preestablecidos y definidos ex ante por el legislador, su
elección no queda sujeta a la discrecionalidad de la parte actora. Considerar lo
contrario implicaría convertir el medio de control de reparación directa en una vía
residual y permitir el desconocimiento de los procedimientos y trámites
administrativos previstos por la ley para la devolución de saldos a favor, pagos en
exceso o pagos de lo no debido en materia tributaria.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del

31 de octubre de 2016, expediente: 28.741 (A).

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50. De igual manera, estimar por vía general que cuando un acto es declarado nulo
la administración incurrió en una falla en el servicio, es aplicar los contornos de una
institución jurídico procesal inscrita en el régimen de la responsabilidad
extracontractual del estado a hipótesis diferenciales, que no son subsumibles en
ella, más allá del significado que por la vía de su asimilación pueda darse en un
contexto extralegal. Cuando un acto es declarado nulo, las autoridades del Estado
no han fallado en el servicio, aun cuando deban devolverse las cosas al estado
anterior o deban resarcirse los perjuicios.

51. En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el actor, las cargas procesales
que fijan la ruta para solicitar la devolución de los tributos encuentran precisamente
fundamento en los principios de legalidad y seguridad jurídica, en la medida en que
el legislador tiene competencia para establecer procedimientos administrativos y
requisitos previos que deben ser observados antes de acudir a la jurisdicción, con
el propósito de garantizar que la administración cuente con la posibilidad de
pronunciarse y eventualmente poner fin a la controversia o que esta se tramite a
través de los mecanismos previstos para cada tipo de situación jurídica, sin que ello
implique restricción alguna al derecho de acceso a la administración de justicia.

52. En suma, no resulta posible jurídicamente alterar los cauces procesales
definidos en el ordenamiento jurídico bajo el argumento de la presunta vulneración
de derechos como los invocados en el recurso de apelación, pues ello supondría
justificar el incumplimiento de los principios y normas que rigen el ejercicio del
derecho de acción, desnaturalizar la finalidad de los medios de control y pretermitir
las reglas de procedibilidad para demandar a la administración34 o los
procedimientos que debe agotar el administrado para formular reclamaciones
dentro de una relación jurídica que, por su propia naturaleza, no es simétrica
(Estado – contribuyente)35.

53. Ahora, aun si se abordara el asunto desde la perspectiva del juicio de
responsabilidad estatal, la ausencia de la reclamación administrativa prevista en la
ley impide considerar acreditada la existencia de un daño cierto, lo cual, en criterio
de la Sala frente a casos similares al presente, conduce a concluir que no se
cumplen los supuestos para la prosperidad de las pretensiones formuladas en sede
de reparación directa, lo que no conlleva la inhibición para fallar, sino la denegatoria
de las súplicas del libelo.

54.En un escenario como el que plantea el demandante, la eventual certeza del
daño solo podría derivarse de un acto administrativo mediante el cual la autoridad

34 “Aunque alguna parte de la doctrina califica de abusivo y de excesivo privilegio para la administración enervar

la reclamación judicial a partir del paso del tiempo en un trámite administrativo, lo cierto es que es conforme a
derecho y por demás, con soporte en los principios de seguridad jurídica y de legalidad de las actuaciones
administrativas, es posible imponer ese tipo de cargas, a similitud de lo que ocurre con la operatividad de la
caducidad en las acciones jurisdiccionales o el deber de agotar requisitos de procedibilidad para ingresar a la
jurisdicción, sin que ello vulnere derecho alguno” (se resalta). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, del 4 de diciembre de 2018, expediente: 66001-33-31-002-
2007-00107-01(AG)REV-SU.
35 Al respecto, ver Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 28 de julio de 2011, expediente: 17.864.

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competente negara la devolución de las sumas pagadas por concepto del tributo
cuya regulación fue posteriormente anulada. En esa hipótesis, la fuente inmediata
del daño no sería la disposición normativa de carácter general ni los pagos
efectuados en su vigencia, sino el acto administrativo particular que resolviera
desfavorablemente la solicitud de devolución, caso en el cual el medio de control
procedente sería el de nulidad y restablecimiento del derecho.

55. Como en el presente asunto no se acreditó —ni siquiera se hizo relación a ello—
que el señor Arley Sánchez Gómez hubiera formulado ante la entidad demandada
una solicitud de devolución de las sumas pagadas por concepto de la estampilla
Prodesarrollo Departamental durante la vigencia de las ordenanzas posteriormente
anuladas, esta no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la
devolución pretendida, trámite previo que resultaba de obligatorio cumplimiento en
el caso bajo análisis para acudir a la vía judicial.

56. Contrario a lo expuesto por el a quo, en el sentido de atribuir la fuente del daño
a un acto administrativo, lo probado en este proceso es precisamente la ausencia
de una decisión denegatoria de la devolución de los tributos indebidamente
pagados, circunstancia que no permite afirmar que el medio de control pertinente
fuera el de nulidad y restablecimiento del derecho. Como se dijo anteriormente,
desde la óptica de la reparación directa no puede hablarse siquiera de la
demostración de un daño cierto, elemento de la responsabilidad cuya ausencia
probatoria implica modificar la decisión inhibitoria objeto de alzada para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.

57. La anterior conclusión no desconoce lo decidido por el Consejo de Estado en la
referida sentencia de unificación del 8 de mayo de 2024, por cuanto en dicha
providencia no se fijó una regla de unificación en torno al sentido de la decisión que
debe adoptarse en sede judicial. En ese orden, como se dejó sentado, aun si se
admitiera la procedencia del análisis desde la perspectiva del medio de control de
reparación directa, lo cierto es que, por las razones previamente expuestas, no hay
lugar a la prosperidad de las pretensiones, sin que ello suponga apartarse de los
criterios definidos en el citado fallo.

Condena en costas

58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
adicionado por la Ley 2080 de 202136, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil, norma que fue derogada por el hoy vigente Código General
del Proceso. Según lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP37, la Sala
condenará en costas de la segunda instancia a la parte demandante, pues su
recurso se resuelve desfavorablemente.

36 Aplicable en razón de la fecha de interposición del recurso de apelación -25 de junio de 2025-.
37 ““1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el

recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.

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Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
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59. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que implicó que el departamento del Meta tuviera que designar abogado
que ejerciera la defensa judicial de sus intereses en ambas instancias, gestión que
genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso y aún en el
evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de personal,
conforme lo ha señalado esta Sala38 y, por tanto, la condena en costas resulta
procedente.

60.
En relación con las agencias en derecho en esta instancia, la Sala las fijará en
el monto equivalente al 1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de tres
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento diecisiete pesos ($3’453.117), la
cual se reconocerá en favor del departamento del Meta 39 , disposición que se
acompasa con lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 40, norma
vigente para la fecha en que se presentó la demanda –19 de enero de 2016–.

61.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del CGP.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

38
Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho se pueden
consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021,
exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de 2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp.
69.319, auto de 9 de abril de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P:
José Roberto Sáchica Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo
366 del CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije el monto
de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre propio tiene derecho
a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en el pago de honorarios de un
apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse extensivo a los eventos en los que
un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho que hace parte de su planta de personal, pues
el hecho de que no se hayan realizado pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias
en derecho como componente de la condena en costas. Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.
39 La Asamblea Departamental del Meta carece de personería jurídica propia, razón por la cual la legitimación

en la causa recae en el Departamento del Meta como ente territorial. De conformidad con el artículo 29 de la
Ley 2200 de 2022, el presidente de aquella ejerce la representación legal de la corporación, facultad de carácter
orgánico y funcional que no la erige en sujeto autónomo de derechos y obligaciones. En el presente asunto,
dicho órgano fue notificado de la demanda y presentó escrito en el que expuso argumentos de defensa y formuló
excepciones; sin embargo, tal actuación no le confiere legitimación en la causa, toda vez que esta corresponde
exclusivamente al ente territorial del cual forma parte. En consecuencia, cualquier pronunciamiento, incluida la
eventual condena en costas, debía entenderse referido al Departamento del Meta, como sujeto procesal
legitimado.
40 Artículo. 6º Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:

(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.

16

Radicación: 50001-23-33-000-2016-00051-01 (73.514)
Actor: Arley Sánchez Gómez
Demandado: Departamento del Meta – Asamblea
Departamental
Medio de control: Reparación directa

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 10 de julio de 2025, por el Tribunal Administrativo del Meta. En su lugar
SE NIEGAN las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en esta instancia por el
valor equivalente al 1% de las pretensiones negadas, es decir, la suma de tres
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento diecisiete pesos ($3’453.117),
suma que se reconocerá en favor del departamento del Meta. Las costas se
liquidarán de manera concentrada por el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y remitir copia al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

17

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