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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00526-02

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00526-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INAPLICAR, por inconstitucionalidad, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Atenerse a lo aquí decido y ordenarle a la secretaría de la Sección Segunda que finalice el radicado interno 3906-2023, conforme con lo indicado en precedencia. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 26 Nº Interno: 1384-2024 Demandante: UGPP Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00526-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 50001-2333-000-2016-00526-02 (1384-2024)1
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones de la Protección Social - UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suárez Leal y Juan Carlos Duque Suárez
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
control: 2011
Tema: Reliquidación de pensión de jubilación, régimen Rama
Judicial
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La UGPP, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar la nulidad parcial de las
siguientes resoluciones: (i) 13274 del 29 de junio de 2004; (ii) 2586 del 3 de
abril de 2006; (iii) 28839 del 19 de junio de 2007; y (iv) 5989 del 18 de febrero
de 2008, por medio de las cuales Cajanal reliquidó la pensión de jubilación de
Celiano Duque Martínez.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a los
demandados a restituir a la UGPP la suma correspondiente a los valores

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Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai Consejo de Estado
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201600526021100103
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Expediente digital, índice 2 aplicativo Samai Consejo de Estado

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

pagados, debidamente indexados, con ocasión del reconocimiento y las
reliquidaciones de la pensión de vejez ordenadas a favor del causante; al pago
de la actualización de la condena en los términos del artículo 187 de la Ley
1437 de 2011; al pago de costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante informó que el señor Celiano Duque Martínez nació el 25 de
septiembre de 1940 y prestó sus servicios para la Rama Judicial desde el 10
de septiembre de 1973 hasta el 16 de octubre de 19903, para un tiempo total
de 22 años, 8 meses y 23 días. El último cargo desempeñado fue el de
secretario grado 10 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Villavicencio, y adquirió el estatus jurídico de pensionado el 25 de septiembre
de 1995.

Por lo anterior, la Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución
N° 5270 del 30 de mayo de 1996, reconoció una pensión de jubilación a favor
de Celiano Duque, en cuantía de Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa
y Cinco Pesos, con Diecinueve Centavos ($455.095.19), efectiva a partir del
25 de septiembre de 1995, de conformidad con la Ley 33 de 1985, la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

La pensión de jubilación fue reliquidada, por retiro definitivo del servicio, a
través de la Resolución N°15148 del 29 de agosto de 1997, con lo que se elevó
la cuantía a la suma de Seiscientos Setenta y Un mil Doscientos Cuarenta y
Siete, con Cincuenta y Seis Centavos ($671.247,56), efectiva a partir del 1 de
junio de 1996.

Por orden del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, del 21 de
abril de 2004, la pensión fue reliquidada mediante la Resolución 13274 del 29
de junio de 2004, de acuerdo con las previsiones de los Decretos 546 de 1971
y 717 de 1978; en cuantía de Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Once

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Se desempeñó como secretario grado 8, grado 14, grado 9 y grado 10, en los juzgados Primero Promiscuo de
Granada, Primero Promiscuo de Acacias, Tercero Civil Municipal de Villavicencio, Segundo Civil Municipal de
Villavicencio, Segundo Promiscuo de Familia de Villavicencio.

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Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

Pesos, con Ochenta y Siete Centavos ($683.111.87), efectiva a partir del 1 de
junio de 1996.

Posteriormente, a través de la Resolución N°. 28839 del 19 de junio de 2007,
la extinta Cajanal reliquidó la pensión vejez al señor Duque Martínez, en
cuantía de Novecientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Veinte Pesos
($978.820.25) efectiva a partir del 01 de junio de 1996, aplicando el Decreto
546 de 1971 con el IBL de la asignación mensual más alta devengada en el
último año de servicios. Decisión que fue modificada por medio de la
Resolución N°. 5989 del 18 de febrero de 2008, con efectos fiscales desde el
17 de marzo de 2002, por prescripción trienal.

Que el pensionado falleció el 22 de marzo de 2009, por ello, Cajanal reconoció
la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Blanca Nilsa Suárez Leal, en
calidad de cónyuge supérstite en un 50% y a favor de Juan Carlos Duque
Suárez, el restante 50%, en su condición de hijo menor, a partir del 23 de
marzo de 2009 y hasta los 25 años de edad, siempre y cuando demuestre
incapacidad para laborar en razón del estudio.

La entidad concluyó que los actos administrativos demandados crearon una
situación jurídica a favor del señor Celiano Duque y sus beneficiarios, en
detrimento del erario, al que se le impuso una carga prestacional sin
fundamento legal, por consiguiente, los actos deben ser declarados nulos.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La entidad demandante invocó como disposiciones quebrantadas los artículos
13, 48, 53, 83, 95, 128 y 228 de la Constitución Política.

Los artículos 1 y 2 de la Ley 797 de 2003, los artículos 11, 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, el artículo 18 del
Decreto 1513 de 1998, artículo 18 del Decreto 758 de 1990, el artículo 6 del
Decreto 1160 del 28 de marzo de 1947, el art Artículo 6 del Decreto 546 de
1971, artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

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Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

La parte demandante argumentó que los actos administrativos enjuiciados van
en contravía de la ley y la jurisprudencia, porque otorgan un aumento en la
mesada pensional que no corresponde en derecho. Con lo anterior, se
vulneran de manera flagrante los principios, derechos y deberes de los
ciudadanos y, además, se genera el incumplimiento de los deberes sociales
que tiene a cargo el Estado, porque compromete recursos públicos con una
causa ilegítima, en perjuicio de los demás asociados.

2. Contestación de la demanda4.

La parte accionada se opuso a las pretensiones de la demanda aseguró que los
actos acusados, contrario a lo expuesto por la entidad demandante se expidieron
al amparo de la ley, toda vez que el señor Celiano Duque Martínez era
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por
ello, es aplicable el Decreto 546 de 1971.

La demandada dijo que el causante prestó sus servicios por más de 20 años
para la Rama Judicial y realizó en debida forma los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, de manera que, no es cierto que se esté
afectando el erario con el reconocimiento y reliquidación de la pensión del
causante.

El apoderado de los demandados afirmó que, los funcionarios de la Rama
Judicial y de la Procuraduría General de la Nación tienen derecho a la pensión
al cumplir los 57 años de edad, si son mujeres y a los 62 años en el caso de los
hombres; siempre que logren acumular 1275 semanas hasta el 31 de diciembre
de 2014 y 1300 a partir del 1º de enero de 2015. Las personas que quedaron
cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
acrediten que a julio de 2005 tenían cotizadas por lo menos 750 semanas, que
no se hubieren traslado al régimen privado; podían pensionarse con el régimen
especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, como en el caso del señor
Celiano Duque Martínez.

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Expediente digital Tribunal Administrativo del Meta, índice 1

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Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

3. La sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 30 de
noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas.

Consideró que, el demandante es beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y «por estar afiliado al momento en que
entró en vigencia esta Ley y laborar por más de 10 años exclusivamente en la
RAMA JUDICIAL, le confirió el derecho a que su PENSIÓN DE VEJEZ se le
reconociera con fundamento en el Decreto 546 de 1971, como en efecto lo
hizo la Entidad accionada».

El A-quo recordó que el Consejo de Estado, por sentencia del 4 de agosto de
20106 estimó que el IBL hacia parte del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1994, por ello, en ese momento a los beneficiarios del
régimen de transición, destinatarios del Decreto 546 de 1971 se les liquidó la
pensión con la asignación mensual más elevada que hubiesen devengado en
el último año de servicios. Sin embargo, por sentencia del 28 de agosto de
2018, la Sala Plena replanteó la posición sobre el ingreso base de liquidación
en las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, para concluir que este aspecto hace parte de la transición.

La sentencia también precisó que la Sección Segunda del Supremo Tribunal
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por sentencia del 11 de
junio de 20207 fijó reglas jurisprudenciales sobre el ingreso base de liquidación
de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971, cobijados por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. En la citada providencia se indicó lo
siguiente:

i) son beneficiarios del régimen especial de pensiones para la RAMA JUDICIAL o
MINISTERIO PÚBLICO, quienes cumplan con las condiciones impuestas por los
artículos 36, de la Ley 100 de 1993 y 6, del Decreto 546 de 1971, esto es que,

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Índice 34 Samai Tribunal Administrativo del Meta
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Expediente 25000-23-25-000-2006-07509-01
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Radicación 15001-23-33-000-2016-0063-001 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20

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para el 1 de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito
territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer
o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados; y se reúna los
requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público
estipulados en el artículo 6º, del Decreto 546 de 1971, para consolidar el estatus
pensiona.
ii) Las condiciones de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo que se deben
reunir para el reconocimiento pensional son las estatuidas por el artículo 6, del
Decreto 546 de 1971
iii) el ingreso base de liquidación no hace parte del régimen de transición pensional,
sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y 36, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso

El tribunal consideró que, en el sub examine, no es posible aplicar este último
precedente porque la pensión del señor Celiano Duque Martínez fue
reliquidada por la entidad accionada mediante la Resolución N° 28839 del 11
de junio de 2007, sin que el derecho reconocido pueda estar supeditado a los
cambios jurisprudenciales, desconociendo la buena fe y confianza legitima.

Además, después de la expedición de la Resolución N°28839 del 19 de junio
de 2007 se profirió la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según
la cual el IBL de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 era el previsto en las leyes anteriores con la inclusión
de todas aquellas sumas que el servidor percibía de manera habitual y
periódica como contraprestación por sus servicios, con independencia de su
denominación. Tesis que afirmó, se encontraba vigente para la fecha de
presentación de la demanda; por ello la resolución comentada está en
consonancia con el ordenamiento jurídico.

4. El recurso de apelación8.

La demandante solicitó revocar el numeral primero de la sentencia de primera
instancia. Sobre el particular expresó que, el tribunal incurre en error al
denegar la prosperidad de las pretensiones del presente litigio, pues con esta

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Samai Tribunal Administrativo del Meta, índice 37

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decisión se perpetúa el grave detrimento patrimonial y el perjuicio ocasionado
al sistema pensional, con los actos administrativos demandados, debido a que
son abiertamente contrarios a derecho, tal como quedó probado al interior del
proceso de primera instancia.

La accionante agregó que, el Consejo de Estado por sentencia del 28 de
agosto de 20189 señaló que los factores salariales a incluir en la liquidación
pensional de los servidores públicos beneficiarios de la transición deben ser
únicamente aquellos sobre los que se hubieren realizado aportes al sistema
pensional.

Que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición
puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o
semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el
IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100
de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de
liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para
este grupo poblacional.

La entidad concluyó que, las resoluciones N° 13274 del 29 de junio de 2004,
N° 2586 del 3 de abril de 2006, 28839 del 19 de junio de 2007 y la N° 5989 del
18 de febrero de 2008 son contrarias a derecho y vulneran el orden
constitucional y legal, así como, también resultan lesivas para los intereses de
la administración.

5. Alegatos de conclusión

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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 00143 de 28 de agosto de 2018.
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01. Demandante: Gladys del Carmen Guerrero de Montenegro.
Demandado: Caja Nacional de Previsión Social. Magistrado Ponente: César Palomino Cortés

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En auto del 18 de junio de 202410, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante y, de conformidad con el
numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las
partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)11, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Cuestiones preliminares

Términos de oportunidad para ejercitar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – Prestaciones periódicas – Sobre la
caducidad establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta
Jurisdicción fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en
relación con el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevé lo siguiente:

Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,

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Índice 4 Samai Consejo de Estado
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción.

A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas8, o contra
actos producto del silencio administrativo9, puede presentarse en cualquier
tiempo.

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del
fenómeno jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho, solo resulta predicable respecto de las
demandas adelantadas contra actos administrativos expedidos de manera
cierta y material por la administración que no versen sobre el reconocimiento
y pago de prestaciones periódicas.

No obstante, recientemente el Congreso de la República expidió la Ley 2381
de 2024, que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las
acciones contencioso administrativas relacionadas con pensiones, de la
siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después
de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por
las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o
con ocurrencia de algún delito».

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido,

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podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición
comporta una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el
artículo 164 del CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para
los procesos en los que se debate la legalidad de actos administrativos que
reconocieron una pensión y se encontraban en curso a 16 de julio de 2024,
día de promulgación de la comentada ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser
aplicado de manera contraria a los postulados esenciales que rigen la
implementación de reglas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios preceptuadas por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien
es cierto que las normas de derecho procesal son de orden público y «(…)
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir», también lo es que

«(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que, el término de caducidad establecido por la Ley
2381 de 2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas
después de su promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de
1887, no resulta viable superponer a los procesos en curso un término que
no existía en el momento en que fueron iniciados. Dicha conclusión, además,
se acompasa con los principios de confianza legítima y legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política.

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Demandante: UGPP
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En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en
«(…) la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 plantea la eventual configuración de la caducidad de la
acción en procesos como el que nos ocupa, la Subsección considera
pertinente inaplicar, para este caso concreto, la acotada modificación
procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los
principios y prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

2.3. Apelación del auto que negó la medida cautelar pedida por la
demandante.

Comoquiera que en el asunto sub examine se encuentra pendiente por desatar
la alzada formulada por la entidad contra el auto del 21 de noviembre de
202212, por medio del cual el A quo negó la solicitud de suspensión provisional
de los efectos jurídicos de los actos demandados; la Sala advierte que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 323 del Código General del Proceso
(CGP), dichos asuntos deben ser resueltos en esta providencia.

Y en este caso cualquier pronunciamiento en esta etapa sobre la medida
cautelar resulta innecesario, luego que el estudio allí pedido es el mismo con
el que se va abordar el recurso de apelación contra la sentencia emitida el 30
de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.

En estas condiciones, la decisión que se adopte al resolver la alzada contra el
fallo, servirá para resolver la apelación contra la medida cautelar del 21 de
noviembre de 2022, lo que impone en consecuencia atenerse a lo aquí
decidido y ordenarle a la Secretaría de la Sección Segunda que finalice el
radicado interno 3906-2023 conforme a lo indicado en precedencia.

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Expediente 3906-2023, MP Jorge Edison Portocarrero Banguera

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3. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala estudiar el presente asunto, en los términos del
recurso de apelación interpuesto por el demandante, bajo los siguientes
interrogantes: ¿la reliquidación de la pensión del señor Celiano Duque
Martínez se ajustó a los lineamientos establecidos para aquellas personas que
están inmersas en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3
Caso concreto.

3.1 Marco normativo y jurisprudencial.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993, «Por la cual se crea
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», fue
expedida por el Congreso de la República con el fin, entre otros, de unificar la
normativa en cuanto a la diversidad de regímenes pensionales especiales
existentes.

No obstante, lo anterior y con el objetivo de evitar menoscabar derechos a
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicio, se previó el régimen de transición, consagrado en el
artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993.

En efecto, en dicha norma se dispuso que las personas que al momento de
entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994)
contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el
régimen anterior.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

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Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 fijó las reglas
jurisprudenciales en relación con el cálculo del IBL, en el régimen de transición
así:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismos que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985».

En esta providencia, también se fijaron las siguientes sub reglas:

La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los
servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los
siguientes términos:

«Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que

expida el DANE».

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensione».

De acuerdo con las reglas del precedente, el IBL para quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

En la línea argumentativa planteada en el fallo anterior, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el once (11) de junio de dos mil veinte (2020),
radicación número: 15001-23- 33-000-2016-00630-01(4083-17) CE-SUJ-
S2-021-20, Actor: Cándida Rosa Araque de Navas, Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones – (Colpensiones), sentencia de
unificación en la que se establecieron las siguientes reglas de unificación:

4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre
que se acrediten los siguientes presupuestos:

Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad
si es mujer o, b)15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y
del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de
1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la
edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20
años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos
20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la
Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen
anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son:

a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de
servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la
vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10
años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley 100
de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10
años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con
base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será:

(i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de
liquidación contemplados por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 al igual
que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley
332 de 1996; 1° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.°
del Decreto 2460 de 2006; 1° del Decreto 3900 de 2008; y 1° del Decreto 383
de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o
del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado
las cotizaciones respectivas.

Quiere decir que para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, que hayan laborado veinte años de servicios, pero al menos diez
años para la Rama Judicial o la Procuraduría General de la Nación, se les
aplica el régimen contemplado en el Decreto 546 de 1971.

Sin embargo, esta prerrogativa solo cobija la edad, el tiempo de servicios y la
tasa de reemplazo del 75%. Se excluye el ingreso base de liquidación pues
este se realiza conforme los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y a la luz
del Decreto 1158 de 1994, al igual que: «por los artículos 14 de la Ley 4ª. de
1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1. ° del Decreto 610 de 1998;
1° del Decreto 1102 de 2012; 1. ° del Decreto 2460 de 2006; 1. ° del Decreto
3900 de 2008; y 1° del Decreto 383 de 2013.»

Precisamente, siguiendo esta misma línea argumentativa es del caso destacar
que los mismos fallos de unificación hacen hincapié en que no puede
considerarse que toda pensión reconocida con la tesis rectificada es contraria
al ordenamiento jurídico, en vista que, debe verificarse si hubo mala fe o abuso
del derecho.

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

Es así, que, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, al establecer sus efectos
se resaltó que:

«117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis,
será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada.»

Y en el fallo del 11 de junio de 2020, se dijo lo siguiente:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare
a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada
que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente
a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada,
sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo
250 del CPACA.»

Para luego establecer en la parte resolutiva de esa misma providencia
la siguiente regla:

«SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial
fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En
consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya
existe sentencia ejecutoriada».

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa
juzgada y en consecuencia resultan inmodificables. Tampoco puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada
que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente
a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada,
sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo
250 del CPACA.»

Este recorrido jurisprudencial sirve para evidenciar que, aunque la tesis que
permitía el reconocimiento pensional con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios para aquellas personas beneficiarias
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, fue revisada por esta
Corporación a partir del fallo del 28 de agosto de 2018, esto no conduce
inexorablemente a calificar como contrarios al ordenamiento jurídico aquellas
prestaciones periódicas concedidas con aquella postura, luego que esta
hipótesis solo sería admisible en casos en que exista abuso del derecho o
fraude a la Ley.

3.2. Hechos probados.

1. De conformidad con la cédula de ciudadanía, el señor Celiano Duque
Martínez nació el 25 de septiembre de 194013.

2. Certificación de la directora de la Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, expedida el 8 de agosto de 1995, indicó que el señor Celiano
Duque Martínez se desempeñó en ese distrito judicial como secretario, en los
siguientes despachos judiciales:

• Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Granada, desde el 10 de
septiembre de 1973 hasta el 16 de noviembre de 1975;

13
Documento aportado con la demanda, Samai Tribunal Administrativo del Meta, expediente digitalizado, índice 2

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Nº Interno: 1384-2024
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Demandados: Blanca Nilsa Suarez Leal y Juan Carlos Duque Suarez

• Juzgado Primero Civil Municipal, de Acacias desde el 17 de noviembre
de 1975 hasta el 31 de agosto de 1985
• Juzgado Tercero Civil Municipal de Villavicencio desde el 1 de
septiembre de 1985 hasta el 31de julio de 1988.
• Juzgado Segundo Civil Municipal de Villavicencio desde el 1 de agosto
de 1988 hasta el 15 de octubre de 1990.
• Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Villavicencio desde el 16 de
octubre de 1990 hasta el 10 de enero de 1995, de manera
ininterrumpida y desde el 1 de marzo de 1995 a la fecha de expedición
del certificado.
• Juez encargado del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Villavicencio del 11 de enero de 1995 hasta el 28 de febrero de ese
mismo año.

3. Constancia sobre salarios del 24 de agosto de 1995, de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, en la que se certificó que
el señor Duque Márquez, para la fecha de expedición del certificado se
desempeñaba como secretario grado 10 del Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Villavicencio Meta, para la vigencia fiscal de 1994 devengó los
siguientes emolumentos: sueldo, subsidio de alimentación. Antigüedad.

4. Resolución N° 005270 del 30 de mayo de 1996, por medio de la cual la Caja
Nacional de Previsión Social, reconoció y ordenó el pago de una pensión
mensual vitalicia de jubilación a favor del señor Celiano Duque Martínez, en
cuantía de Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa y cinco pesos con
diecinueve centavos ($455.095.19), efectiva a partir del 25 de septiembre de
1995; con fundamento en la Ley 33 de 1985, la Ley 100 de 1993, el Decreto
1158 de 1994.

5. Solicitud de reliquidación de la pensión del 31 de marzo de 1997, presentada
por el señor Celiano Duque, para que se tomara como base de la liquidación
el salario más alto devengado durante el último año de servicios, de acuerdo
con las previsiones del artículo 6° del Decreto ley 546 de 1975.

6. Certificación de la directora Seccional de la Dirección Ejecutiva de

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Villavicencio, en el que hace constar que el señor Celiano Duque Martínez
laboró en la Rama Judicial en el periodo comprendido desde el 10 de
septiembre de 1973 hasta el 31 de mayo de 1996.

7. Resolución N°015148 del 29 de agosto de 1997, por medio de la cual
Cajanal reliquidó la pensión, de conformidad con la Ley 100 de 1993, la cuantía
de la prestación fue elevada a la suma de Seiscientos Setenta y Un Mil
Doscientos Cuarenta y Siete Pesos con cincuenta y seis centavos
($671.247.56).

8. Sentencia de tutela del 21 de abril de 2004, proferida por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Villavicencio, en el trámite de tutela promovido por
Celiano Duque Martínez contra Cajanal; con los siguientes argumentos:

A la demandada a través de gran número de fallos, que conforman la
doctrina jurisprudencial a que aluden las sentencias anexas a la demanda
de tutela se la ha hecho saber que cuando el trabajador de la rama
Jurisdiccional ha reunido los requisitos previstos en el art. 6° del Decreto
546 de 1971 queda sometido al régimen especial vigente o preexistente al
previsto en la Ley 100 de 1993. Como sabemos el señor DUQUE llevaba
más de 20 años de servicio a la Rama Jurisdiccional al momento que es
resuelta su solicitud de reconocimiento de la citada pensión, y contaba con
más de 55 años de edad.
(…)
Entonces, si la resolución N° 005270 del 30 de mayo de 1996 para liquidar
la pensión por vejez tomó como base el 75% de lo devengado por el señor
DUQUE MARTINEZ durante 17 meses 25 días, es indiscutible que el
régimen que le aplicó le resulta desfavorable frente a lo dispuesto por el
art.6° del Decreto 546 de 1971.
(…)
Atendiendo a lo anterior y lo previsto en los fallos de tutela anexos a la
presente demanda, y que resolvieron situaciones análogas a la que
interesa en esta oportunidad, se concluye con claridad que al
desconocerse el régimen más favorable a los intereses del señor DUQUE
MARTINEZ por parte de la Caja Nacional de Previsión Social, al resolver
el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia por vejez se está
vulnerando el derecho fundamental al debido proceso. (…)

Dispuso:

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Nº Interno: 1384-2024
Demandante: UGPP
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PRIMERO: TUTELAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO del señor CELIANO DUQUE MARTINEZ, de conformidad a
las razones dadas en la sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ordenar a la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN -CAJANAL E.I.C.E que dentro del término
de DIEZ DIAS SIGUIENTES a la notificación de esta decisión, realice la
reliquidación de la pensión mensual vitalicia por vejez del señor
CELIANO DUQUE MARTINEZ, de conformidad a lo previsto en los
Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, y demás preexistentes a la
expedición de la Ley 100 de 1993 y aplicable al caso.
(…)

9. Resolución 13274 del 29 de junio de 2004, por medio de la cual la Caja
Nacional de Previsión Social da cumplimiento a un fallo de tutela del Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, reliquidó la pensión con aplicación
del Decreto 546 de 1971, con los factores salariales: asignación básica, prima
de servicios y prima de antigüedad; en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y en consecuencia
Reliquidar la pensión a favor del señor DUQUE MARTINEZ CELIANO ya
identificado, elevando la cuantía a la suma de ($683.111.87)
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia del artículo anterior por el
grupo de nómina es procedente liquidar las diferencias que resultan de
la pensión reliquidada contra la Resolución N°15148 de 1997, teniendo
especial cuidado de deducir lo cancelado por vía ejecutiva o
administrativa.

10. Resolución N°2586 del 3 de abril de 2006, por medio de la cual Cajanal
reliquidó la pensión del señor Celiano Duque Martínez, por un nuevo factor
salarial, con lo que la pensión de elevó a la suma de Setecientos Setenta Mil
Cuatrocientos Siete Pesos con Cincuenta Centavos ($770.407.50).

11. Resolución 28839 del 19 de junio de 2007, por medio de la cual Cajanal
dispuso la reliquidación de la pensión, del señor Celiano Duque, por nuevos

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factores salariales, en cuantía de Novecientos Setenta y Ocho Mil
Ochocientos Veinticuatro Pesos, con veinticinco ($978.824.25), en atención a
que:

12. Solicitud de sustitución pensional, radicada el 30 de marzo de 2009 por la
señora Blanca Nilsa Suarez leal.

13. Registro civil de defunción indicativo serial 06615113, en el que consta que el
señor Celiano Duque Martínez falleció el 22 de marzo de 2009.

14. Resolución PAP 004948 del 4 de junio de 2010, por medio de la cual la Caja
Nacional de Previsión Social reconoció una pensión de sobrevivientes en forma
vitalicia, con ocasión del fallecimiento del señor Celiano Duque Martínez, a favor
de la señora Blanca Nilsa Suarez Leal, en calidad de cónyuge, en cuantía del 50%
de lo que devengaba el causante y el restante 50% a favor del hijo menor Juan
Carlos Duque Suarez.

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3.3. Caso concreto.

La UGPP acude en sede de nulidad y restablecimiento del derecho para
solicitar la anulación de los actos administrativos por medio de los cuales se
ajustó la pensión de jubilación del señor Celiano Duque Martínez en tanto se
dispuso la aplicación del artículo 6° del Decreto 546 de 1971, esto es, con una
prestación equivalente al 75% del salario mensual más elevado, que hubiese
devengado en el último año de servicios.

El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el actor es beneficiario del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y por tanto tiene derecho a que se le reconozca la
pensión, con el régimen anterior, en lo que respecta a edad, tiempo y tasa de
reemplazo, conforme con el Decreto 546 de 1971. Consideró que aunque, el
Consejo de Estado fijo reglas claras para el reconocimiento de la pensión, en
la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 sobe el régimen de los
servidores de la rama judicial, lo cierto es que, dichas reglas no se aplican a
este caso, teniendo en cuanta que la entidad demandante reliquidó la pensión
del señor Celiano Duque por medio de la Resolución N°28839 del 19 de junio
de 2007, es decir, antes de la expedición de la referida sentencia. Además,
porque al momento en que se profirió el acto administrativo enjuiciado, la
sentencia del 4 de agosto de 2010, había fijado las normas de interpretación
sobre el IBL.

La entidad demandante formuló recurso de apelación, al estimar que el tribunal
incurre en error al denegar la prosperidad de las pretensiones, porque con esta
decisión ocasiona un grave detrimento patrimonial al sistema pensional, con
los actos administrativos demandados, los cuales son abiertamente contrarios
a derecho, tal como quedó probado al interior del proceso de primera instancia.

Así las cosas y de acuerdo con el recuento normativo y jurisprudencial descrito
en precedencia, esta subsección encuentra acertada la decisión del Tribunal
de Primera Instancia, por las razones que pasan a exponerse:

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Las resoluciones enjuiciadas: (i) N° 13274 del 29 de junio de 2004; N° 2586
del 3 de abril de 2006; 28839 del 19 de junio de 2007; y la N° 5989 del 18 de
febrero de 2008, por medio de las cuales, Cajanal reliquidó la pensión de
jubilación de Celiano Duque Martínez no pueden ser anuladas como quiera
que, estos se expidieron, con fundamento en la jurisprudencia de la Sección
Segunda vigente para ese momento.

Es importante precisar que, el proceder que ahora cuestiona Colpensiones,
surgió de una decisión propia, que entendía que esa liquidación se
acompasaba con el criterio normativo y jurisprudencial vigente en ese
momento.

Por tal razón, la postura que pretende hacer valer la entidad demandante en
este proceso significaría desconocer el convencimiento que le generó al señor
Celiano Duque Martínez que su pensión de jubilación le fue liquidada conforme
a derecho, cuando no existe prueba que se adquirió con abuso de del derecho
o mala fe,

No puede obviarse que, el reconocimiento pensional censurado no se originó
en una discusión en curso de aquellas a las que se le aplicarían las reglas de
unificación, sino en una decisión de la misma administración que aplicó la tesis
vigente al momento de la emisión del acto censurado.

En este sentido, lo pretendido por la entidad accionante vulnera el principio de
confianza legitima14, toda vez que, de aceptarse, conllevaría a modificar de

14
La Corte Constitucional en la sentencia T-442-13, expediente N° T-3826.828, magistrado ponente: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, sobre el principio de confianza legitima sostuvo lo siguiente: La confianza legítima se deriva del
ejercicio interpretativo hecho por la Corte Constitucional sobre los preceptos de seguridad jurídica (art. 1y 2 C.P.),
respeto del acto propio y buena fe(artículo 83 C.P.), partiendo de las relaciones complejas que surgen entre la
administración y los administrados. Esta Corporación en sentencia C-478 de 1998, al hacer referencia a dicho
principio, reseñó sus orígenes y principales características en las siguientes palabras:

“"Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en
la sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado
y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de
situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es
modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de
la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la
confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una

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forma intempestiva y sin justificación alguna, una decisión administrativa que
estructura el derecho prestacional del ciudadano demandado, que fue
obtenido de acuerdo con la interpretación vigente al momento de la expedición
de los actos cuestionados.

Por ello, la Subsección no puede convalidar lo perseguido por la entidad
demandante, como quiera que el cuestionamiento formulado reivindica una
postura jurisprudencial que solo fue adoptada por esta Corporación a partir del
año 2018.

Además, en este caso no estamos frente a un caso de abuso del derecho en
el que se logre acreditar que el ciudadano demandado obtuvo un incremento
excesivo e injustificado de la mesada pensional producto de un nombramiento
precario.

Por las anteriores razones se confirmará el fallo cuestionado.

3.4. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.

autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es
deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política.” (Subrayas propias).

En razón a lo anterior, la Corte ha considerado que deben cumplirse varios elementos para identificar que se está
ante un escenario donde resulta aplicable el principio de confianza legítima:

“El principio de confianza legítima, particularmente, se basa en tres presupuestos: (i) la necesidad de preservar de
manera perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la
administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la
actual situación a la nueva realidad. De esta forma, el principio de buena fe, en su dimensión de confianza legítima,
compele a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los
compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar
el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico”

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En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, por lo que no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: INAPLICAR, por inconstitucionalidad, el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2023, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las súplicas de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Atenerse a lo aquí decido y ordenarle a la secretaría de la Sección
Segunda que finalice el radicado interno 3906-2023, conforme con lo indicado
en precedencia.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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