Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00551-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00551-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2016-00551-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Radicación: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Demandado: CARLOS ALIRIO GÓMEZ VILLARRAGA
Tema: Medio de control de repetición. Ley 1437 de 2011. Se declara de
oficio la excepción de cosa juzgada. Sin costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
que negó las pretensiones de la demanda.
I. SINTESIS DEL CASO
En fecha indeterminada Claudia Cecilia Rúgeles Flórez presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Villavicencio para que
se declarara la nulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por
Carlos Alirio Gómez Villarraga en su calidad de alcalde (e) de Villavicencio. El
conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto
Administrativo de Villavicencio, quien llamó en garantía con fines de repetición al
señor Gómez Villarraga. Mediante sentencia del 22 de junio de 2012, el referido
Juzgado declaró la nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006,
ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un cargo de igual o mayor
jerarquía al que desempeñaba, ordenó el pago de todos los salarios y emolumentos
dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde su desvinculación hasta su
efectivo reintegro y estableció que no se probó que el llamado en garantía, actuó
con dolo y/o culpa grave al expedir el referido acto administrativo. Dicha decisión
judicial fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Meta a través de sentencia
del 18 de febrero de 2015.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
El municipio de Villavicencio afirma que pagó la suma de $1.535.452.565,
correspondiente a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta.
Además, sostiene que el entonces alcalde (e) Carlos Alirio Gómez Villarraga actuó
con dolo al expedir el Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, cuya nulidad fue
declarada y dio lugar al daño que originó la condena.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 29 de julio de 20161, el municipio de Villavicencio, mediante apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de
Carlos Alirio Gómez Villarraga para que se le declarara patrimonialmente
responsable del pago de $1.535.452.5652 a Claudia Cecilia Rújeles Flórez, el cual
se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia del 18 de febrero de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en fecha
indeterminada el gobernador del Meta designó a Carlos Alirio Gómez Villarraga
como alcalde encargado del municipio de Villavicencio.
Refiere que mediante Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, Carlos Alirio Gómez
Villarraga en calidad de alcalde (e) de Villavicencio nombró a Lina Carolina Díaz
Jaramillo como Secretaria de Gobierno y con dicha actuación declaró “tácitamente
insubsistente” el nombramiento de Claudia Cecilia Rújeles Flórez, quien hasta esa
fecha ejercía el cargo de Secretaria de Gobierno del referido municipio.
1 Págs. 2 a 12 y 64 del archivo
“ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6
063fb9f4b.pdf.pdf” expediente digital, Samai.
2 Este valor surge de las sumatorias de las pretensiones, las cuales en la demanda se discriminaron
de la siguiente Manera: i) $1.079.084.964 por concepto de “sueldos y prestaciones sociales”; ii)
$81.664.800 “a favor del sistema de seguridad sociales y pensión deducidos previamente del
empleado Claudia Cecilia Rújeles Flórez por concepto de aportes del trabajador a salud y pensión”;
iii) $185.493.000 “por concepto de aportes patronales a salud y pensión”; iv) $87.884.300 por
concepto de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA, ESAP e Institutos Técnicos; v)
$81.995.001 por concepto de retención en la fuente en favor de la DIAN; y, vi) $19.330.500 por
concepto de perjuicios morales.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Señala que, en fecha indeterminada, Claudia Cecilia Rújeles Flórez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se declarara la
nulidad de la decisión administrativa que la declaró tácitamente insubsistente.
Manifiesta que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012, el Juzgado Quinto
Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del artículo tercero del
Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado
el nombramiento de Lina Carolina Díaz Jaramillo como Secretaria de Gobierno de
Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un
cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos
los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde
su desvinculación hasta su efectivo reintegro.
Destaca que contra la anterior decisión el municipio de Villavicencio y Claudia
Cecilia Rújeles Flórez presentaron recurso de apelación.
Sostiene que, a través de sentencia del 18 de febrero de 2015 el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la nulidad parcial del artículo tercero del Decreto
033 del 16 de febrero de 2006 y, en consecuencia, ordenó el reintegro de Claudia
Cecilia Rújeles Flórez “a un cargo igual o de superior categoría al que venía
desempeñando” y el pago de todos los salarios y emolumentos dejados de percibir
hasta la fecha de su reintegro.
El municipio de Villavicencio afirma que pagó a Claudia Cecilia Rújeles Flórez la
suma de $1.535.452.565 correspondiente a la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo del Meta. Además, sostiene que el entonces alcalde (e) Carlos Alirio
Gómez Villarraga actuó con dolo al expedir el Decreto 033 del 16 de febrero de
2006, pues para el momento de su expedición estaban vigentes las prohibiciones
de que tratan los artículos 32 y 38 inciso 4 de la Ley 996 de 2005, esto es, modificar
la planta de personal de la “rama ejecutiva” y modificar la nómina del ente territorial
dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de cargos de elección
popular, respectivamente.
Textualmente, el municipio de Villavicencio sostuvo: “Tal y como se ha venido
indicando, la actuación desplegada por el agente estatal hoy demandado al expedir
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Demandante: Municipio de Villavicencio
el acto administrativo que fue objeto de declaratoria de nulidad, se realizó con dolo,
pues es entendido que su actuación se realizó con voluntad y conocimientos y que
se comportamiento violó manifiestamente los fines del estado al haber actuado con
desviación de poder como claramente lo reconoce dicho fallo”.
2. Contestación
El 10 de octubre de 20163, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda
y ordenó su notificación al demandado y al ministerio público.
2.1. Carlos Alirio Gómez Villarraga4 a través de curador ad litem contestó la
demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que no existía prueba
de la conducta dolosa del señor Gómez Villarraga. Por ello, propuso las excepciones
que denominó “falta de dolo en la presunta actuación del demandado” y “presunción
de inocencia”.
3. Audiencia inicial
El 5 de julio de 20225 el Tribunal Administrativo del Meta realizó la audiencia inicial,
en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, señaló que se circunscribiría a determinar:
“1. Que se declare la responsabilidad patrimonial de Carlos Alirio Gómez Villarraga,
quien con su actuar gravemente culposo dio lugar a la condena que ordenó el
reconocimiento indemnizatorio a cargo del municipio de Villavicencio, proveniente
de la sentencia condenatoria del 22 de junio de 2012, proferida en primera instancia
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro del
expediente 50001233100020060067000, de Claudia Cecilia Rújeles Flórez contra
el municipio de Villavicencio, modificada por el Tribunal Administrativo del Meta
mediante sentencia del 18 de febrero de 2015.
2. Que se condene a Carlos Alirio Gómez Villarraga a reconocer y pagar al municipio
de Villavicencio, como reparación patrimonial, las siguientes sumas pagadas a
3 Págs. 66 del archivo
“ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6
063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai.
4 Págs. 158 a 161 del archivo
“ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6
063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai.
5 Archivo “6_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_50001233300020160.pdf”, expediente digital,
Samai.
5
Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Claudia Cecilia Rújeles Flórez por la condena impuesta en las sentencias
mencionadas:
a. $1.079’084.964, por sueldos y prestaciones dejados de pagar.
b. $81’664.800, por concepto de aportes de seguridad social en salud y pensión en
beneficio de Claudia Rújeles.
c. $185’493.000, a favor del sistema general de seguridad social.
d. $87’884.300, por concepto de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA, ESAP
e institutos técnicos.
e. $81’995.001, por concepto de retención en la fuente por salarios.
f. $19’330.500 por concepto de perjuicios morales.
3. Que se condene al demandado a pagar a favor del municipio de Villavicencio los
intereses comerciales o moratorios a que haya lugar.
4. Que se condene al demandado a pagar la indexación de las sumas que pagó el
municipio por las condenas que le fueron impuestas.
5. Se condene a Carlos Alirio Gómez Villarraga a pagar las costas del proceso.”
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 5 de julio de 20226 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. El municipio de Villavicencio7 y Carlos Alirio Gómez Villarraga8, reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de julio de 20249 el Tribunal Administrativo del meta negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que no se probó que Carlos Alirio
Gómez Villarraga actuó con dolo, pues la sentencia a través de la cual se declaró la
nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2016 -por medio de la cual el
señor Gómez Villarraga declaró insubsistente táctilmente a Claudia Cecilia Rújeles
Flórez-, no era per se prueba de la responsabilidad patrimonial del demandado.
6 Archivo “6_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_50001233300020160.pdf”, expediente digital,
Samai.
7 Archivo “8_AGREGARMEMORIAL_ALEGATOSMUNICIPIOVIL.pdf”, expediente digital, Samai.
8 Archivo “9_ALEGATOSDECONCLUSION_ILOVEPDF_MERGED1.pdf”, expediente digital, Samai.
9 Archivo “018Sentencia_Niega sent_F3500012333000201600.pdf”, expediente digital, Samai.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Al efecto, sostuvo que: “[…] Entonces, es claro que, si bien se determinó que el acto
administrativo proferido por el demandado en su condición de Alcalde Encargado
de Villavicencio estaba viciado de nulidad por infracción a las normas que debía
fundarse, dicha situación no encuadra en las «presunciones» de dolo previstas en
el artículo 5º de la Ley 678 de 2001. (…) En ese orden, para afirmar la
responsabilidad patrimonial del accionado por dolo, la anulación del acto que
profiere es apenas la introducción al juicio de responsabilidad subjetiva,
precisamente, porque lo que se cuestionó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho fue la lectura y alcance que el acto atacado tuvo en
relación con la orden judicial que pretendía acatar o cumplir, más no las
motivaciones subjetivas que pudo tener la determinación adoptada por el
demandado, que es el análisis que corresponde en la acción de repetición, las
cuales, a juicio de la sala, tienen en el presente caso falencias probatorias, pues no
obran en la actuación los elementos de convicción necesarios para aproximarnos a
la subjetividad del accionado, tampoco militan los medios de prueba que permitan
incluso derivar indicios de dolo o culpa grave.”
El Tribunal Administrativo del Meta no condenó en costas por cuanto la parte
demandada actuó a través de curador ad litem.
6. Recurso de apelación
El 28 de agosto de 202410 el municipio de Villavicencio interpuso recurso de
apelación, el cual fue concedido el 10 de septiembre de 202411 y admitido el 15 de
noviembre de 202412.
6.1. La demandante13 reiteró los argumentos de la demanda, en el sentido de señalar
que las pruebas daban cuenta del actuar doloso de Carlos Alirio Gómez Villarraga
cuando declaró insubsistente a Claudia Cecilia Rújeles Flórez, razón por la que debía
darse aplicación a la presunción prevista en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley
678 de 2001.
10 Archivo “019_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”, expediente digital, Samai.
11 Archivo “021Autoconcedeap_concedeap_F300020160055100Auto.pdf”, expediente digital,
Samai.
12 Índice 3, expediente digital, Samai.
13 Archivo “019_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdf”, expediente digital, Samai.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Textualmente, el municipio de Villavicencio sostuvo: “Así las cosas a prima facie ha
de indicarse, que contrario a las elucubraciones de la primera instancia, en cuanto
a que no encontró en la foliatura certeza de la responsabilidad subjetiva del
accionado, para este extremo procesal la prueba está dada. Como se indicó desde
la demanda de acción de repetición, la conducta por la cual se repite contra el señor
Carlos Alirio Gómez Villarraga consiste en haber desvinculado a la señora Claudia
Cecilia Rújeles Flórez, servidora de libre nombramiento y remoción, estando en
periodo de restricciones derivadas de la Ley de garantía electorales (996 de 2005).
Conducta sin duda alguna eminentemente dolosa, por cuanto el burgomaestre era
consciente de su actuar, esto es, quiso firmar el acto administrativo, sabía lo que
estaba haciendo, de las consecuencias jurídicas del mismos, que no era otro que
separar de su cargo, no a cualquier funcionario, sino a la Secretaría de Gobierno
municipal. En punto de este requisito, queda claro que hasta aquí no hay duda de
la actividad cognitiva del accionado, pues dentro del plenario no se demostró que
haya actuado de manera errática, por fuerza, enajenado o bajo insuperable
coacción ajena. Superado el grado de responsabilidad, es menester determinar bajo
que numeral del artículo 5 de la ley 678 de 2001 actúo, para el caso de la especie,
emerge diáfano que lo hizo bajo la efigie del numeral 2, es decir, ‘Haber expedido
el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de
hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento’.”
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202114 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
14 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
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Demandante: Municipio de Villavicencio
El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdicción y competencia
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación
dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares
que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 15 y el
inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200116.
En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es
competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV,
para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición
tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
15 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio
con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de
repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.”
16 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá
de la acción de repetición.”
17 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de
$1.535.452.565 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en
el año 2016 el SMLMV ascendía a la suma de $689.455, de ahí que 500 SMLMV correspondían a
$344.727.500.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se encuentra configurada la cosa juzgada frente
a la conducta del demandado.
3. De la cosa juzgada
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona se presume
inocente hasta que se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a la asistencia
de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de
defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem.
A su turno, el artículo 303 del CGP consagra que la sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Por su parte, el artículo 189 del CPCA prevé, entre otras cosas, que la sentencia
dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento,
producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto
y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes.
Lo anterior supone que una de las tantas manifestaciones del derecho al debido
proceso se configura precisamente en el cumplimiento del principio de cosa juzgada
y del non bis in ídem, pues ambos tienen en común prohibir al juez resolver dos
veces el mismo asunto18.
Sobre la definición y efectos de la cosa juzgada, la Corte Constitucional, en
sentencia C-100 de 2019, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes
términos:
“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
18 Corte Constitucional, Sentencia T-652, del 27 de noviembre de 1996. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben
por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica (…). Los
efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en
segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo
e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se
prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio.”
Así las cosas, el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o
asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios
mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis
y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso
judicial anterior19.
Precisamente el Consejo de Estado en reciente sentencia sostuvo que el principio
de cosa juzgada busca que los hechos y conductas que han sido dirimidas por un
juez no vuelvan a ser debatidos en un juicio posterior, porque lo decidido es
obligatorio para las partes. Textualmente indicó:
“El fenómeno de la cosa juzgada se ha asimilado al principio del "non bis in idem" y
tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de
cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro
juicio posterior; por tanto, lo resuelto obliga a las partes, dado que lo antes decidido
tiene carácter vinculante y obligatorio y, por ende, es inmutable al tener plena
eficacia jurídica20.”
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA,
para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes
requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso
deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada21; (ii) identidad de objeto,
esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada22; y (iii) identidad de causa, que
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.:
51066.
20 “Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente N°50001-23-31-000-2003-20430-01(36350).”
21 Corte Constitucional, sentencia C-100-19.
22 Ibídem.
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Demandante: Municipio de Villavicencio
conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben
tener los mismos fundamentos o hechos como sustento23.
En el presente caso se observa que en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 5001-23-31-000-2006-00670-00, promovida en fecha indeterminada
por Claudia Cecilia Rúgeles Flórez contra el municipio de Villavicencio, para que se
declarara la nulidad del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 expedido por el
alcalde (e) Carlos Alirio Gómez Villarraga, se llamó en garantía al señor Gómez
Villarraga, quien se vinculó en debida forma al proceso, ejerció el derecho de
defensa y presentó oposición al llamamiento, según consta en la copia de la
sentencia proferida el 22 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Administrativo de
Villavicencio24, la cual posteriormente fue confirmada mediante sentencia del 18 de
febrero de 2015, expedida por el Tribunal Administrativo del Meta25.
En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del 22 de junio de 2012,
el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio declaró la nulidad parcial del
Decreto 033 del 16 de febrero de 2006, esto es, mediante el cual se había efectuado
el nombramiento de Lina Carolina Díaz Jaramillo como Secretaria de Gobierno de
Villavicencio, asimismo, ordenó el reintegro de Claudia Cecilia Rújeles Flórez a un
cargo de igual o mayor jerarquía al que desempeñaba y ordenó el pago de todos
los salarios y emolumentos dejados de percibir por la señora Rújeles Flórez, desde
su desvinculación hasta su efectivo reintegro. Asimismo, frente al llamado en
garantía, Carlos Alirio Gómez Villarraga, indicó que no se había demostrado su
actuación dolosa o gravemente culposa, según da cuenta copia de la mencionada
providencia26. El contenido de la misma es el siguiente:
23 Ibídem.
24 Págs. 24 a 43 del archivo
“ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6
063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai: “Debido al concepto que en su oportunidad hiciere el
Ministerio Público de solicitar la nulidad de lo actuado desde la etapa probatoria, motivado por la no
vinculación del llamado en garantía solicitado por la entidad demandada, el Despacho mediante auto
del 09 de diciembre de 2011, se pronunció negando dicha solicitud de declarar la nulidad de lo
actuado y ordenó vincular al señor Carlos Alirio Gómez Villarraga en calidad de llamado en garantía.
(fl. 252-253)”.
25 Págs. 44 a 52 del archivo
“ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202084101pm_c09e5ec481fd499abf34fb6
063fb9f4b.pdf.pdf”, expediente digital, Samai.
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Demandante: Municipio de Villavicencio
“[…] 5. Caso concreto
De manera que en el sub lite, se celebraron elecciones al CONGRESO, el día 12 de
marzo de 2006, conforme al calendario electoral fijado para esas elecciones, período
constitucional 2006-2010, con Resolución N° 0497, del 24 de febrero de 2005, de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, y contando los cuatro meses anteriores a
las elecciones para el CONGRESO, las restricciones comenzaron a aplicarse del 12
de noviembre de 2005 al 12 de marzo de 2006, periodo en que quedaba prohibido
reformar la nómina de los entes territoriales que dirijan entre otros los alcaldes
municipales.
Así las cosas, el acto administrativo que la declaró Insubsistente y el cual demanda
es el 033 del 6 (sic) de febrero de 2006, fecha en la cual no podía modificar la nómina
del municipio, porque como quedó dicho en las campañas presidenciales, la
prohibición de hacer vinculaciones en la nómina, bajo cualquier forma, rige para la
Rama Ejecutiva, la cual aplica a las autoridades nominadoras de los sectores central
y descentralizado del nivel nacional y de las entidades territoriales y sus entidades
descentralizadas.
Se debe hacer claridad en que si bien a través del Decreto 353 de 16 de diciembre
de 2005 se declaró Insubsistente el nombramiento de veinte funcionarios del
gabinete del municipio, entre los que se encontraba la demandante, CLAUDIA
CECILIA RUJELES FLOREZ, el Despacho considera que tal como se propuso en la
demanda el acto administrativo que efectivamente la retiró del servicio fue la
Resolución 033 de 16 de febrero de 2006, por cuanto el entonces alcalde interino al
darle cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura tácitamente dejó por fuera a la demandante al nombrar en
su reemplazo como Secretaría de Gobierno a Lina Carolina Díaz Jaramillo,
modificando de esta manera la nómina del municipio de Villavicencio pese a la
prohibición establecida en la denominada ley de garantías electorales.
En virtud de los anterior prospera el cargo y por esta razón queda relevado el
Despacho del estudio de los demás cargos.
6. Del llamamiento en garantía
La entidad demandada llamó en garantía al señor CARLOS ALIRIO GÓMEZ
VILLARRAGA, teniendo en cuenta que en su calidad de alcalde encargado fue la
persona que intervino en la formación del acto que se demanda, al considerar que
él era el responsable de la expedición de los actos demandados, y al tenor de lo
dispuesto en el artículo 90 de la C.P., debe responder en el evento que resulte
afectado el patrimonio del Municipio.
Mediante auto de fecha 9 de diciembre de 2011, el Despacho resolvió citar al señor
GOMEZ VILLARRAGA, para que interviniese en el proceso para lo cual dispuso la
notificación de esa providencia con la entrega de una copia de la demanda y sus
anexos, fijó el negocio en lista y suspendió el proceso por un término no inferir a 90
días. (fls.252)
El llamado en garantía dio contestación a la demanda mediante escrito presentado
el 15 de febrero de 2011.
Bajo estas circunstancias, resulta oportuno transcribir al artículo 90 de la
Constitución Nacional, que señala: "El Estado responderá patrimonialmente por los
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Demandante: Municipio de Villavicencio
daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de talos daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".
De igual forma, y teniendo en cuenta que el señor CARLOS ALIRIO GÓMEZ
VILLARRAGA, fue llamado para intervenir en las presentes diligencias, debido a que
en su calidad alcalde encargado de la entidad demandada fue el que expidió el acto
administrativo que declaró insubsistente a la demandante, lo cual constituye una
conducta relevante en la causación del daño irrogado a la demandante y a la
administración se hace necesario aplicar el artículo 19 de la Ley 678 del 03 de
agosto de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición (…).
Precisado lo anterior, y demostrado en el plenario en el plenario la calidad del
llamado en garantía de ex alcalde encargado del municipio de Villavicencio, esta
juzgadora debe dejar claro que el hecho que exista una sentencia condenatoria al
Estado, no puede deducirse una responsabilidad patrimonial sin previo juicio del
servidor público, sino que el servidor puede demostrar que su conducta no lo fue a
título de dolo o culpa grave y, por ende, es posible viable acreditar la falta de
responsabilidad de carácter patrimonial.
(…) En el presente caso, el acervo probatorio allegado al proceso no permite deducir
que el llamado actuó con culpa grave o dolo en los términos en que se consagran
en los arts 5 y 6 de la Ley 678 de 2001. A esa conclusión se llega con fundamento
en las pruebas documentales allegadas por las partes en las oportunidades legales
correspondientes, pues para el Despacho es claro que el señor Gómez Villarraga
expidió el acto demandado en cumplimiento a un fallo de tutela, entendiendo como
burgomaestre que para garantizar el normal funcionamiento de la administración
municipal podía conformar su equipo de trabajo con funcionarios diferentes a los
designados por el destituido alcalde Franklin Chaparra Carrillo (…).
En consecuencia, el llamado en garantía sin dubitación alguna, transgredió la Ley
de garantías, pero subjetivamente nunca actuó con dolo o culpa grave, puesto que
de la lectura del acto demandado se concluye que la violación a la ley fue de un
error de interpretación de buena fe exenta de culpa y excusable al interpretar lo
decidido en el fallo de tutela proferido el 8 de febrero de 2006 por el Consejo Superior
de la
Judicatura.
Adicional a lo anterior, el Despacho no encuentra probadas las presunciones a que
hacen referencia los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, puesto que en ninguna
de las presunciones allí señaladas se puede encuadrar la conducta del llamado en
garantía.
En virtud de lo anterior el Despacho no declarará la responsabilidad personal del
llamado en garantía.”
(…) III. Decisión
PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad parcial del artículo tercero del Decreto 033 del
16 de febrero de 2006, en cuanto al nombrar a LINA CAROLINA DÍAZ JARAMILLO
como Secretaria de Gobierno Municipal, declaró tácitamente Insubsistente el
nombramiento de CLAUDIA CECILIA RUJELES FLOREZ.
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SEGUNDO. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del
derecho, se CONDENA al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO a reintegrar a CLAUDIA
CECILIA RUJELES FLOREZ a un cargo de igual o superior categoría al que venía
desempeñando, al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro.
TERCERO. Las sumas que resulten a favor de la actora, se ajustarán en su valor
de acuerdo con la forma y términos señalados en la parte considerativa.
CUARTO. Declárase para todos los efectos que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte de CLAUDIA CECILIA
RUJELES FLOREZ.
QUINTO. El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, dará cumplimiento a esta sentencia
en el término previsto en el artículo 176 del C.C.A. y se reconocerá los intereses en
las condiciones previstas en el artículo 177 ídem, adicionado por el artículo 60 de la
Ley 446 de 1998.
SEXTO. ORDENASE que sobre el valor de la condena que resulte no se descuenten
las sumas percibidas por la actora por concepto del desempeño de otros cargos
oficiales, durante el lapso a que se refiere el numeral 2" de la parte resolutiva de
esta providencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SÉPTIMO. Deniéguense las demás súplicas de la demanda.
OCTAVO. No declarar la responsabilidad personal del llamado en garantía.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, procédase a su archivo,
previa devolución del remanente a que haya lugar por concepto de gastos ordinarios
del proceso, y expídase al interesado copia auténtica del presente fallo con su
respectiva constancia de ejecutoria, según los términos del inciso 2 del numeral 2
del artículo 115 del C.P.C. y cúmplase con las comunicaciones del caso (artículos
173 y 177 del C.C.A.)” (Negrilla fuera del texto)
Sumado a lo anterior, consta que, mediante sentencia del 18 de febrero de 2015, el
Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión del 22 de junio de 2012,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio que declaró la
nulidad parcial del Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 y que no halló demostrado
el dolo y/o culpa grave del llamado en garantía Carlos Alirio Gómez Villarraga, según
da cuenta copia de la referida providencia27. De hecho, el contenido de esta
providencia es el siguiente:
“[…] De otro lado, si bien es cierto, que los Alcaldes cuentan con la facultad
discrecional para nombrar a los empleados de su confianza para efecto de llevar a
cabo su gobierno, también es cierto que dicha facultad no permite transgredir el
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ordenamiento jurídico, ni se puede ejercer de forma arbitraria, pues las decisiones
que se tomen regirse (sic) de acuerdo con la normatividad vigente, en el presente
caso se encontraba vigente la Ley de garantías 996 de 2005, la cual debió ser
acatada a cabalidad por el Alcalde Municipal.
Alega el apoderado de la Entidad demandada, que la providencia apelada hace
referencia a normas que la parte demandante no enunció como vulneradas, en el
concepto de violación; esta Colegiatura no comparte tal afirmación, pues en el
concepto de violación se hace referencia a la Ley 996 de 2005, entre otras; la cual
fue analizada por la Jueza A-Quo en las consideraciones de la providencia de 1°
instancia.
La parte actora, en el escrito de apelación, solicita que se le reconozca la
indemnización por daños morales, en valor equivalente a doscientos salarios
mínimos mensuales vigentes, por concepto de los perjuicios que le fueron
ocasionados, tales como, las consecuencias funestas en la economía familiar, la
condición de hundimiento emocional que le produjo incluso consecuencias en su
estado de salud.
(…) en el caso sub judice sin entrar a estudiar el juicio de valoración de la 1ª instancia
en relación con los motivos de legalidad del acto administrativo demandado, porque
no es el motivo de la alzada, debe la sala ocuparse del impacto moral que generó
en la demandante su desvinculación.
(…) En estas condiciones la sentencia apelada se CONFIRMARÁ los numerales
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno de la sentencia
de fecha 22 de junio de 2012, expedida por la Juez Quinta Administrativa del Circuito
de Villavicencio, en el sentido de acceder al pago de perjuicios morales en cuantía
equivalente de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El numeral segundo quedará así: Reintegrar a la demandante a un cargo de igual o
superior categoría al que venía desempeñando, al pago al salario con todos los
factores salariales (asignación mensual y gastos de representación) y las
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de retiro hasta que se haga
efectivo el reintegro. Se le cancelarán los salarios y prestaciones que percibían (sic)
durante todo el período que duró desvinculada.
(…) Resuelve
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, octavo y noveno de la sentencia proferida por la Jueza Quinta Administrativa
del Circuito de Villavicencio de fecha 22 de junio de 2012, dentro del proceso
promovido por Claudia Cecilia Rúgeles Flórez contra el municipio de Villavicencio,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. El numeral
segundo es el siguiente (…)”.
En síntesis, se observa que el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia
del 18 de febrero de 2015, resolvió confirmar el fallo de primera instancia allí
apelado, esto es, el proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio
el 22 de junio de 2012, en el cual se anuló parcialmente el Decreto 033 del 16 de
febrero de 2006 y no se halló responsable al llamado en garantía con fines de
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repetición Carlos Alirio Gómez Villarraga, dado que no se demostró su conducta
dolosa y/o gravemente culposa en la expedición del acto administrativo anulado.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-484/02, sostuvo, que no
obstante que la acción de responsabilidad del Estado y la acción de repetición
versan sobre pretensiones distintas, lo cierto es que en la primera el Estado tiene la
facultad constitucional para que, a través de la figura del llamamiento en garantía,
se vincule al servidor público frente al que considere que su actuación dolosa o
gravemente culposa originó el daño por el cual se demanda al Estado. Textualmente
consideró:
“En ese orden de ideas, realizado el pago si la condena le fue impuesta al Estado
como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus
servidores, el artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una acción de
repetición para obtener el reembolso de lo pagado.
En la hipótesis acabada de mencionar, existirían pues dos procesos: el primero,
instaurado por la víctima del daño antijurídico contra el Estado; el segundo, luego
de la sentencia condenatoria contra éste, incoado por el Estado contra el servidor
público que actuó con dolo o culpa grave. En tales procesos son distintos los sujetos
y diferente la posición del Estado, que en el primero actúa como demandado y en
el segundo como demandante. Son también distintas las pretensiones, pues en el
primero el actor persigue que se deduzca judicialmente una declaración de
responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, al paso que en el segundo lo
pretendido es el reembolso de lo que hubiere sido pagado como consecuencia de
la sentencia condenatoria del primer proceso, cuando el servidor público con su
conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a ello.
4.4. En los procesos independientes a que se ha hecho mención, no habría
entonces intervención de terceros. Con todo, habrá de averiguarse si conforme a la
Constitución y en aplicación del principio de economía procesal puede el legislador
establecer unas reglas de procedimiento para que en el mismo proceso en que se
pretenda deducir la responsabilidad patrimonial del Estado, pueda,
simultáneamente decidirse sobre la pretensión de éste para que el servidor público
respecto de quien hubiere fundamento para considerar que procedió con dolo o
culpa grave en la actuación que dio origen a la responsabilidad patrimonial que del
Estado se reclama, reembolse lo que hubiere sido pagado a la víctima, con ocasión
del daño sufrido.
4.5. Nada se opone en la Constitución Política a que ello sea así. En efecto, si bien
se trata de dos pretensiones diferentes, la primera frente al Estado y la segunda, de
éste frente al servidor público que se encuentre en las circunstancias especiales ya
anotadas (dolo o culpa grave), para que reembolse a aquel lo que fuere condenado
a pagar, es claro que luego de trabada la relación jurídico-procesal entre la víctima
demandante y el Estado demandado que tienen la calidad de partes originarias del
proceso, puede el Estado impetrar que se vincule al servidor público que hasta ese
momento es un tercero ajeno al proceso, para que en adelante tenga la calidad de
tercero interviniente y, en consecuencia, se haga parte forzosa desde entonces,
llamándolo en garantía, para que en una misma sentencia se decida si el Estado es
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responsable patrimonialmente y si el servidor público obró o no con culpa grave o
dolo para imponerle entonces la obligación de reembolsar lo pagado por el Estado
al demandante inicial. Nótese que al Estado le asiste un derecho de carácter
constitucional a ejercer en ese caso la acción de repetición y, por ello, nada de
extraño tiene que la ley ponga a su disposición un instrumento de carácter procesal
para el efecto.
Desde luego, que ese llamamiento en garantía es un medio para cumplir el deber
del Estado de dirigir la acción de repetición contra el servidor público que al parecer
obró con dolo o culpa grave y con su conducta dio origen a que aquel fuera
demandado con una pretensión de responsabilidad patrimonial.
Que en la misma sentencia en que se decida si el Estado ha de ser condenado o
no al pago por haber incurrido en una responsabilidad de orden patrimonial respecto
a la víctima y que, en ella, también se decida sobre la existencia de dolo o culpa
grave del servidor público para imponerle o no la obligación de reembolsar lo
pagado por el primero, no son excluyentes entre sí; y si los hechos que se debaten
tienen o pueden tener conexidad y han de servirse de algunas pruebas comunes,
que en lugar de tramitar dos procesos se puedan deducir ambas pretensiones en
uno sólo para el evento de que el Estado fuere condenado y si existiere dolo o culpa
grave, no vulnera en nada la Constitución Política.”
En conclusión, la finalidad de la figura del llamamiento en garantía con fines de
repetición es que en el mismo litigio en el que se busca declarar patrimonialmente
responsable al Estado, se pueda traer como parte al servidor o ex servidor público
que con su actuar doloso o gravemente culposo dio origen a que aquel fuera
demandado con una pretensión de responsabilidad, de tal forma que en un mismo
proceso se defina la situación de la entidad pública y del agente estatal. Por su
parte, el medio de control de repetición, procede luego de proferirse la sentencia
condenatoria contra el Estado, incoada por este contra el servidor público que actuó
con dolo o culpa grave.
En otras palabras, el llamamiento en garantía y el medio de control de repetición
tienen la misma finalidad, aunque en procesos distintos, esto es, que se defina la
responsabilidad patrimonial del servidor o ex servidor público que con su conducta
dolosa o gravemente culposa originó la demanda contra el Estado.
Así las cosas, se observa que en el presente asunto los requisitos para declarar la
cosa juzgada se encuentran reunidos a cabalidad, pues en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue llamado en garantía Carlos Alirio Gómez
Villarraga, en su calidad de alcalde (e) de Villavicencio al momento de expedirse el
Decreto 033 del 16 de febrero de 2006 que dio lugar a su nulidad parcial y el
restablecimiento de derechos de carácter patrimonial a Claudia Cecilia Rúgeles
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Flórez, ya fueron objeto de un pronunciamiento judicial de fondo, específicamente
la conducta del referido agente estatal.
Justamente, en este proceso de repetición el municipio de Villavicencio pretende
que Carlos Alirio Gómez Villarraga le rembolse el dinero que pagó a Claudia Cecilia
Rúgeles Flórez, pues había sido el servidor público que con su actuar doloso había
incidido en los hechos por los cuales resultó condenada.
Lo anterior devela a la Sala que entre el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fue llamado en garantía Carlos Alirio Gómez Villarraga y la
presente demanda de repetición, existe identidad de causa, identidad de partes e
identidad de objeto. De hecho: i) hay identidad de causa: porque los hechos por
los que se llamó en garantía a Carlos Alirio Gómez Villarraga y que culminaron, por
una parte, con sentencia favorable a sus intereses, y por otra, desfavorable a los
intereses del municipio de Villavicencio y los hechos con fundamento en los cuales
se presentó el medio de control de repetición contra el señor Carlos Alirio Gómez
Villarraga son homogéneos, esto es, haber actuado con dolo en la expedición del
Decreto 033 del 16 de febrero de 2006; ii) hay identidad de partes: en
consideración a que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
fungieron como intervinientes el municipio de Villavicencio y Carlos Alirio Gómez
Villarraga; y iii) hay identidad de objeto: toda vez que la finalidad del llamamiento
en garantía de Carlos Alirio Gómez Villarraga dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y las pretensiones del medio de control de repetición,
persiguen que se declare que su actuación fue dolosa al expedir el Decreto 033 del
16 de febrero de 2006 y, en consecuencia, se ordene a aquel a reembolsar al
municipio de Villavicencio lo que pagó en virtud de la condena impuesta mediante
sentencia proferida el 18 de febrero de 2015, por el Tribunal Administrativo del Meta
que a su turno confirmó la decisión del 22 de junio de 2012, proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo de Villavicencio.
A propósito de lo expuesto, resulta pertinente indicar que esta misma Subsección,
en sentencia proferida el 18 de mayo de 201728, conoció de una demanda de
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 18 de mayo de 2017, Rad.: 55776.
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repetición en la que se declaró la cosa juzgada porque la situación jurídica del
demandado se resolvió en una acción de reparación directa en la que fue vinculado
como llamado en garantía. En esa oportunidad los fundamentos de la decisión
fueron los siguientes:
“En ese orden de ideas, se desprende que la responsabilidad patrimonial del señor
Rodrigo Artunduaga, en su calidad de agente estatal al momento de desarrollarse
los supuestos fácticos que dieron lugar a la muerte del señor Divier Fernando Bravo
Baquiro ya fue objeto de un pronunciamiento judicial de fondo.
En el proceso de la referencia, la entidad actora pretendió la declaratoria de
responsabilidad del agente demandado por haber ocasionado:
a) El pago del acuerdo conciliatorio llevado a cabo con los familiares del señor Divier
Fernando Bravo Baquiro del 25 de julio de 2003, aprobado mediante auto proferido
el 15 de agosto de 2003, por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de
Decisión, de forma parcial; b) El pago de la sentencia condenatoria del 5 de abril de
2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, en
la que se condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a
favor de Jaider Leonardo Bravo Baquiro.
De conformidad con los puntos previamente referidos, colige esta Sala que en la
presente controversia se configuró el instituto jurídico de la cosa juzgada, habida
cuenta que el señor Rodrigo Artunduaga fue exonerado de responsabilidad
patrimonial por la muerte del señor Diver Fernando Bravo Baquiro en el proceso de
reparación directa en donde había sido llamado en garantía lo cual es lo que se
pretende en el caso sub examine, por consiguiente, no puede en este proceso
conocerse sobre la conducta del demandado, la cual ya fue resuelta judicialmente
mediante una decisión de fondo debidamente ejecutoriada.
En efecto, se encuentra que entre el proceso de reparación directa en el que fue
llamado en garantía con fines de repetición el señor Rodrigo Artunduaga y en el
asunto de autos lo siguiente:
i) Hay identidad de causa petendi: Toda vez que los hechos por los cuales se efectuó
el llamamiento y que culminaron con la sentencia condenatoria en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, y los supuestos fácticos por los
cuales se pretende repetir contra el funcionario que materialmente ocasionó el óbito
de la víctima son homogéneos; ii) Hay identidad de partes: En consideración a que
en la acción de reparación directa la entidad accionada llamó en garantía al
funcionario que en esta controversia es objeto de la acción de repetición por parte
del ente actor; iii) Hay identidad de objeto: En virtud de que en el litigio que culminó
con la condena a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dicha entidad
llamó en garantía con fin de repetición al señor Rodrigo Artunduaga para que le
reembolsara lo pagado por la eventual condena en su contra por los supuestos
fácticos objeto de la litis, lo que coincide plenamente con la pretensión planteada en
el libelo introductorio que dio génesis a este proceso.
Por consiguiente, se colige que la conducta del agente demandado ya fue analizada
y decidida en su favor en otro proceso judicial, y en aras de preservar la seguridad
jurídica, no se puede concebir la posibilidad de entrar a juzgar en el caso sub
examine, la actuación del señor Rodrigo Artunduaga, cuando la misma fue objeto
de un pronunciamiento judicial debidamente ejecutoriado en otro proceso,
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resaltándose, además, que esa decisión adquirió el carácter de vinculante,
inmutable y obligatoria.
(…) Ergo, al operar el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, la Sala confirmará la
sentencia del 28 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Séptima de Decisión Escritural, pero por las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.”
Por lo anterior, como frente al demandado Carlos Alirio Gómez Villarraga se
cumplen los presupuestos para la configuración de la institución jurídico-procesal
de la cosa juzgada, la Sala así lo declarará, pues está probado que en la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Claudia Cecilia Rúgeles Flórez
contra el municipio de Villavicencio se juzgó la conducta del agente estatal que fue
llamado en garantía con fines de repetición, y se concluyó que no se demostró su
actuación dolosa y/o gravemente culposa al expedir el Decreto 033 del 16 de febrero
de 2006.
4. Costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”. (Se subraya)
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Demandante: Municipio de Villavicencio
Bajo este entendido, no se fijarán costas y agencias en derecho de segunda
instancia, toda vez que el demandado, Antonio María Batista Barrios, estuvo
representado por curador ad litem29, quien desempeñó el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio30 de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48
del CGP31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de cosa juzgada frente a
Carlos Alirio Gómez Villarraga.
TERCERO: CON COSTAS.
29 Fl. 122 a 126, C. 1.
30 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 8 de octubre de 2021, Rad. 61022: “[…] La Sala no fijará agencias en derecho de
segunda instancia, porque los demandados estuvieron representados por curador ad litem (f. 169,
187 y 188 c. 1), quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio (art. 48.7 CGP)”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 4 de mayo de 2022, Rad. 58501: “14. La Sala se abstiene de condenar en costas a la
parte demandante porque no se encuentran causadas, debido a que el demandado no compareció
al proceso”.
31 “La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión,
quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de
forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos
como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir
el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán
copias a la autoridad competente.”
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Radicado: 50001233300020160055101 (72068)
Demandante: Municipio de Villavicencio
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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