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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00854-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2016-00854-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado. Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2016-00854-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)

Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES

Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE -
La demanda se radicó en vigencia del CPACA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE
SEGUNDA INSTANCIA - Se ciñe a los cargos formulados contra el fallo del a quo por la
apelante / RESPONSABILIDAD DEL DEMANDADO - Análisis a la luz de lo previsto el
Código Civil / CULPA GRAVE - No se probó en el sub lite.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En virtud de una condena judicial, la parte actora pagó los perjuicios derivados de
la lesión que sufrió el soldado conscripto Henry Quintero Mora, causada por el
también conscripto Leonardo Fabio Caro Grajales, cuando manipuló un arma de
fuego de dotación oficial; por lo que demandó en repetición a este, con base en
que su actuación gravemente culposa dio lugar a la obligación impuesta.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

En escrito del 3 de noviembre de 2016, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía
Nacional instauró demanda de repetición contra el señor Leonardo Fabio Cano

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

Grajales, a fin de que se le ordene reintegrar la suma de $777’507.129, la cual
tuvo que pagar en cumplimiento de la sentencia del 10 de julio de 2013, dictada
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado1.

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que el 30 de junio de 1997, el
señor Leonardo Fabio Caro Grajales, quien prestaba el servicio militar obligatorio
en la Base de Antinarcóticos de la Policía de Miraflores (Guaviare), manipuló un
arma de dotación oficial y lesionó a su compañero Henry Quintero Mora en el
brazo izquierdo.

Por tal hecho, el directo afectado y su núcleo familiar instauraron demanda de
reparación directa contra la Policía Nacional para obtener la indemnización de los
perjuicios causados.

En sentencia del 9 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo del Meta
accedió a las súplicas deprecadas, decisión que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado modificó solo respecto del monto de la condena,
en providencia del 10 de junio de 2013.

El 25 de noviembre de 2014, la Policía Nacional pagó el monto por el que ahora
exige un reembolso.

Luego de hacer énfasis en los artículos 6, 90, 128 y 209 de la Constitución Política;
77 y 78 del Decreto 01 de 1984; 29 y 30 del Código Nacional de Policía; y 63 del
Código Civil, aseguró que el demandado accionó, «de manera imprudente», un
arma de fuego contra otro de sus compañeros, evento que condujo al daño por el
que asumió un pago, de ahí que le asistía responsabilidad, a título de culpa grave,
puesto que no atendió las normas mínimas de seguridad sobre el uso de dicho
elemento y, además, no se hallaba en estricta necesidad de utilizar el fusil2.

2. Trámite en primera instancia

2.1. El 26 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda y ordenó su notificación3.

1
Fl. 80 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
2
Fl. 1 - 15 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
3
Fls. 69 - 70 del c.ppal.

2

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

2.2. El curador ad litem del señor Leonardo Fabio Caro Grajales señaló que se
configuraban las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
prescripción, ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley
678 de 2001, la Policía Nacional debía impetrar la demanda de repetición en un
plazo de 6 meses siguientes a la fecha de pago de la condena, lo que no cumplió.

De otra parte, manifestó que no se probó la culpa grave endilgada, comoquiera
que el demandado nunca tuvo la intención de causar el daño, dado que no tenía
problemas con su compañero, sino que su superior le encomendó ir a traer un fusil
del armerillo, orden que acató con la convicción de que estaba descargado y con
seguro, como lo establecen los protocolos, lo que no sucedió y, por accidente, se
disparó4.

2.3. El 6 de abril de 2023 se llevó a cabo la audiencia inicial, diligencia en la que
(i) se fijó el litigio5; (ii) se incorporaron como pruebas los documentos aportados
con el escrito inicial, así como se negó la práctica de los testimonios pedidos por
la actora; y (iii) se decretó como prueba traslada el expediente reparación directa
con radicado 29.7596.

2.4. El 7 de junio de 2022 se realizó la audiencia de pruebas, oportunidad en la
que se corrió traslado a las partes de los documentos aportados y se ordenó que
los alegatos de conclusión y el concepto del representante del Ministerio Público
se presentaran por escrito7.

2.5. La parte actora insistió en que se encontraban acreditados los requisitos
objetivos para la prosperidad de las pretensiones; asimismo, que era palmario que
el señor Caro Grajales incurrió en culpa grave, evento que motivó la condena
patrimonial en su contra, habida cuenta de que el juez de la reparación coligió que
el conscripto «operó con descuido el arma de fuego que ocasionó el daño a Henry
Quintero Mora, violentando las medidas de seguridad y el decálogo de armas de
fuego»8.

4
Fls. 112 - 119 del archivo del expediente digital del Tribunal.
5
Sobre el particular, se planteó: «Se decidirá si el Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional se
encuentra legitimado para demandar en repetición a Leonardo Caro Grajales, en los términos del artículo 8
de la Ley 678 de 2001. Seguidamente, y en caso de ser afirmativo lo anterior, se decidirá si hay lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial de Leonardo Caro Grajales; es decir, si se cumplen los requisitos
exigidos para la prosperidad de la acción de repetición».
6
Archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
7
Archivo 15 del expediente digital del Tribunal.
8
Archivo 17 del expediente digital del Tribunal.
3

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

2.6. El curador ad litem del señor Leonardo Fabio Caro Grajales expresó que no
se probó que el suboficial bajo cuyo mando se hallaba aquél le hubiera advertido
que el fusil que le encomendó recoger estuviera cargado ni que debía extremar
los cuidados al portarlo, para evitar accidentes, de ahí que la responsabilidad
recaía sobre su superior.

Precisó que el accionado nunca le apuntó con el arma a su compañero ni realizó
juegos con el fusil para provocar el disparo que lo lesionó, ni siquiera se reportaron
problemas entre aquellos9.

2.7. El Ministerio Público destacó que la parte actora no explicó «con suficiencia»
la omisión al deber de cuidado en el manejo de las armas que le imputa al
enjuiciado, bajo el entendido de que nada dijo sobre las circunstancias en las que
se suscitó el hecho dañoso, a lo que se agrega que tampoco probó si él tomó el
fusil con o sin consentimiento de su superior o quién y de qué forma se le impartió
la aparente orden de traslado de ese elemento.

A la par, mencionó que el señor Leonardo Fabio Caro Grajales no contaba con
una formación especializada en el manejo de armas, pues «llevaba poco tiempo
de estar prestando el servicio militar». Puntualmente, se lee:

(…) Tenemos que los dos involucrados no eran policiales de carrera (…), por
lo que ello implicaría, aún mayor carga probatoria para la Policía Nacional,
como demostrar que clase de capacitación recibió el hoy demandado, cuánto
número (sic) de horas, cuando la recibió, si tenía específicamente instrucción
para el arma empleada, si era teórica o teórico práctica etc.

Para finalizar, arguyó que la condena por la que se repite no devino por el mal
manejo de armas del demandado, sino porque «la víctima era un conscripto y
debe salir en las mismas condiciones en que ingresó a prestar servicio militar».

En suma, en su criterio, no se probó la culpa grave del exfuncionario público
cuando disparó contra la humanidad del señor Henry Quintero Mora, razón por la
que se debían despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda 10.

9
Archivo 18 del expediente digital del Tribunal.
10
Archivo 16 del expediente digital del Tribunal.
4

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

3. Sentencia de primera instancia

A través de la sentencia del 22 de agosto de 2024, la Sala Cuarta Oral de Decisión
del Tribunal Administrativo del Meta negó las súplicas alegadas.

Al respecto, adujo que se encontraban probados los requisitos objetivos del medio
de control de repetición porque (i) como consecuencia de una condena judicial,
se ordenó a la Policía Nacional indemnizar los perjuicios derivados de la lesión del
señor Leonardo Fabio Caro Grajales; (ii) la entidad pagó a los afectados la suma
de $777’507.129; y (iii) el señor Leonardo Fabio Cano Grajales se desempeñaba
como auxiliar regular de Policía adscrito al «Centro de Instrucción 3 MY García
Velandia», para la época de los hechos.

Referente al elemento subjetivo, aclaró que el régimen jurídico para determinar la
responsabilidad del ex agente público, a título de culpa grave, era el artículo 63
del Código Civil, norma vigente al momento de los hechos alegados.

Al descender al caso concreto, determinó que la conducta reprochada se edificó
a partir de los derroteros del fallo de reparación directa que declaró administrativa
y patrimonialmente responsable a la Policía Nacional por la lesión que soportó el
señor Quintero Mora, la cual, por sí sola, no acreditaba la responsabilidad del
demandado y, de todos modos, aunque en esa decisión se hizo referencia a
pruebas técnicas y testimoniales, «estas no obraban como prueba trasladada y
las declaraciones allí rendidas tampoco fueron ratificadas en el sub lite».

En ese sentido, «al no haberse aportado o practicado prueba adicional al fallo
condenatorio, no es posible establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en la que se suscitaron los hechos, para establecer si el señor Leonardo Fabio
Caro Grajales actuó con culpa grave».

Añadió que, si bien para dictar la condena se valoró la situación de especial
sujeción del conscripto lesionado frente al Estado, ese aspecto no implica el
reconocimiento automático de la responsabilidad del demandado, máxime cuando
no se hizo énfasis en el supuesto actuar negligente e imprudente11.

11
Archivo 19 del expediente digital del Tribunal.
5

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

4. Recurso de apelación

La parte actora presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, para lo
cual expresó que, contrario a lo sostenido por el a quo, las pruebas que reposan
en el plenario sí demostraban la culpa grave del señor Caro Grajales.

Adujo que no era cierto que solo aportó copia de la sentencia que le puso fin al
proceso de reparación directa, en la medida en que en este asunto pidió el
traslado de la totalidad de dicho proceso, a lo cual se accedió en la audiencia
inicial, pero el Tribunal Administrativo del Meta no realizó un juicio de valor sobre
esas pruebas.

En especial, refirió el informe de novedad suscrito por el comandante de la
Octava Compañía ANTIN, quien comunicó a su jefe inmediato lo ocurrido y
relacionó varias entrevistas de testigos recolectadas el día del suceso, de las
que se desprendía que los involucrados discutieron y el accionado amenazó a la
víctima directa del daño con dispararle y que previamente se había presentado
una confrontación física; igualmente, aludió que ante la autoridad disciplinaria el
investigado aceptó que accionó el arma de fuego contra su compañero,
«asegurando que aquel fusil no era el que tenía asignado para el servicio, sino
que correspondía a otro auxiliar y le pidieron llevarlo», lo que bastó para definir
que infringió el artículo 65 del Decreto 85 de 1989. Así lo resumió:

(…) No se acepta la conclusión del a quo respecto a la falta de material
probatorio, y por el contrario afirmar que, el juicio de reproche por parte de la
entidad, se hace con simples deducciones por una presunta responsabilidad,
edificadas a partir del contenido del fallo que condenó a la Policía en el
proceso de reparación directa, pues las pruebas estaban contenidas en el
proceso en mención, el cual se solicitó se decretara como prueba trasladada
a este medio de control, por lo que de manera obligatoria el estudio de
reproche frente a la conducta del agente debió hacerlo el despacho bajo la
perspectiva de la conducta consumada por el agente.

También aclaró que era evidente que resultó condenada bajo un régimen objetivo
de responsabilidad, pero ello no limitaba analizar la conducta del ex agente estatal,
a la luz de las pruebas que se arrimaron a esta causa, las cuales «demuestran
que de manera imprudente y negligente usó un fusil» y originó el daño por el que
fue condenada12.

12
Archivo 20 del expediente digital del Tribunal.
6

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 13 de diciembre de 202413, esta Corporación admitió la alzada elevada y,
como no se decretaron ni se pidieron pruebas en el término de ejecutoria de tal
proveído, dispuso el traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran
de conclusión por escrito, etapa en la que las partes guardaron silencio.

5.2. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en vista
de que la valoración conjunta de los medios de convicción permitía inferir que el
demandado no previó los efectos nocivos de su actuar, «habiendo podido
preverlos, o a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poder
evitarlos», porque manipuló un fusil sin verificar que estuviera descargado y
asegurado, y apuntó directamente a un compañero, situación que constituye una
violación al deber objetivo de cuidado, más aún cuando el suceso estuvo
precedido de una discusión entre ambos individuos y hubo una agresión leve 14.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera
expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el
criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró
el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación
con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado- e introdujo el factor
objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. Así, la
competencia de este proceso se analizará con base en la Ley 1437 de 2011, pues
se inició en su vigencia.

El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012,
establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
instancia, entre otros, «de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos».

13
Índice 3 del aplicativo Samai.
14
Índice 12 del aplicativo Samai.
7

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

A su vez, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los
tribunales administrativos conocerán, en primera instancia, de las demandas de
«repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y
personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes
judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no
estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia».

En este caso, la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía
señalada en la mencionada norma15, por manera que la Sala es competente para
examinar la alzada elevada contra el fallo de primera instancia.

2. Legitimación

2.1. Por activa

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional está legitimada en la causa
por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona
jurídica de derecho público16 directamente perjudicada con el pago de la condena
impuesta por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2.2. Por pasiva

En este punto, cabe señalar que, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 678
de 2001, la repetición se deberá ejercer contra el servidor o ex servidor público
que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiera
dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado.

Ahora bien, en el artículo 123 de la Constitución Política señala que ostentan la
condición de servidores públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la
comunidad y ejercen sus funciones en la forma indicada por la Constitución, la ley
y el reglamento.

15
La pretensión ascendió a la suma de $$777’507.129, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de
presentación de la demanda -2016-, esto es, $344’727.500.
16
La Policía Nacional es una entidad pública del sector central de la Administración Pública Nacional,
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público y está adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, de
conformidad con el artículo 218 de la Constitución Política. Fue creada mediante el Decreto Ley 1000 de 1891
y Ley 62 de 1993 y su estructura se encuentra definida en los Decretos 4222 de 2006 y 216 de 2010.
8

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

En lo tocante a la prestación del servicio militar obligatorio, el inciso 2° del artículo
216 ibidem consagra que todos los colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas.

La Corte Constitucional determinó que los soldados conscriptos no tienen una
vinculación laboral con el Estado, toda vez que su relación se deriva de un deber
constitucional, siendo así una obligación ciudadana, no una relación contractual o
laboral17.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia señaló que, aunque los conscriptos se
vinculan de manera obligatoria al servicio militar por un mandato constitucional,
no por ello están exentos de los deberes que corresponden a quienes, al usar su
uniforme, desempeñan una función pública18.

Sobre el ejercicio de función pública debe decirse que, aunque no son servidores
públicos en sentido estricto19, sí ejercen función pública por cuanto su actividad
está relacionada con la defensa y seguridad del Estado, por ello están sometidos
a la disciplina militar y al régimen disciplinario especial siendo responsables por
sus actuaciones, sin que el hecho de la inexistencia de un vínculo laboral enerve
esa calidad.

De este modo, teniendo en cuenta que los conscriptos desempeñan una función
pública con características especiales, como se ha observado, y conforme a los

17
Sentencia SU-200 de 1997, Expedientes acumulados T-108998, T-109000, T-109923, T-112635, T-
113456, T-113714, T-101782, T-103446, T-110434, T-110868, T-114062, T-115612 y T-116360, MP Carlos
Gaviria Díaz & José Gregorio Hernández Galindo.
18
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 19 de abril de 2023, M.P. Luis Antonio
Hernández Barbosa, expediente 62701.
19
Sobre el concepto de función pública, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-593 de 1998, coligió:
“En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a
través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113)
y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.
En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican
a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo,
empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que
desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento (C.P. art. 123).
(...) Es función pública, como dice Maggiore, toda actividad que realice fines propios del Estado, aunque la
ejerzan personas extrañas a la administración pública. En esta perspectiva la función pública se valora
objetivamente, haciendo abstracción de quienes la ejercen o son investidos de ella, y considerando que por
esta vía el sujeto que la ejerce participa o colabora en la realización de las funciones y cometidos del Estado.
Para efectos de dicha valoración, poco interesa que dichas funciones se ejerzan en forma temporal o
permanente, porque las normas de la Constitución regulan ambos tipos de situaciones, como se deduce de
la preceptiva de los artículos 123, 131, 210, 246 y 365 de la Constitución Según el pronunciamiento, la
Función Pública en su sentido amplio, tiene que ver con las actividades que realiza el Estado, actividades
mediante las cuales desarrollan los fines propios del Estado, a través de los órganos de las ramas del poder
público, de los órganos autónomos e independientes”.
9

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

mandatos constitucionales establecidos en los artículos 6 y 90, se advierte que
están sujetos a las normas y principios que regulan la actuación y responsabilidad
de los servidores públicos. Esto incluye su posible responsabilidad en procesos
de repetición, así lo ha definido esta Sala20, siempre y cuando se cumplan los
requisitos legales correspondientes y se acrediten los elementos necesarios para
tal fin.

Con fundamento en lo anterior, el señor Leonardo Fabio Caro Grajales se
encuentra legitimado en la causa por pasiva, además, se le imputó el daño objeto
de la controversia, pues se dijo que con su actuar gravemente culposo dio lugar
al pago por el que se exige un reembolso; no obstante, como está por
determinarse el sentido de la presente sentencia, el referido aspecto no se
estudiará ab initio.

3. Oportunidad

La condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto
01 de 1984, de ahí que la Policía Nacional debía cumplirla en los términos de los
artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, con apego a lo ordenado en la parte
resolutiva del fallo del 10 de julio de 2013, dictado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado21.

De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente,
contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada,
lo cual ocurrió el 9 de agosto de 201322, por ende, el plazo para cumplir la
obligación se extendió hasta el 10 de febrero de 2015.

Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia
le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, en tanto el
plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de
julio de 2012, norma que prevé:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:
(…)

20
Por ejemplo, se pueden consultar, entre otros, sentencia del 8 de noviembre de 2021 y del 4 de febrero de
2022, expedientes 66.876 y 66.625, M.P. María Adriana Marín, y sentencia del 22 de octubre de 2021,
expediente 55.893, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
21
Fls. 47 - 67 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
22
Fl. 68 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
10

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

2. En los siguientes, so pena de que opere la caducidad:
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia
de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el
término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en
este Código.

De lo expuesto, se colige que lo que resulta determinante para contar el término
de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del
plazo dispuesto para tal fin -18 meses, como ya se vio-, lo que ocurra primero23.

En el caso particular, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 25
de noviembre de 201424, es decir, antes de que se completaran los 18 meses
previstos en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, por consiguiente, el término
de caducidad de 2 años se extendió hasta el 26 de noviembre de 2016 y, como la
demanda se presentó el 3 de noviembre de 201625, se advierte oportuna.

4. Objeto de la apelación

En el recurso de apelación, la Policía Nacional señaló (i) que la decisión del a quo
era errada, toda vez que para examinar la culpa grave imputada al accionado solo
tuvo en cuenta el fallo de reparación directa y pasó por alto la valoración la de las
demás pruebas obrantes al plenario que demostraban su responsabilidad, y (ii)
que el demandado «amenazó a la víctima directa del daño con dispararle y que
previamente se había presentado una confrontación física».

En relación con el segundo postulado, la Subsección advierte que la parte actora
cuestiona un actuar intencional, es decir, de índole doloso, cargo que no puede
examinar, en la medida ello implicaría variar la causa petendi de la demanda, pues
es claro que no se pidió una declaratoria de responsabilidad por este concepto,
sino que la imputación se justificó por una conducta culposa del demandado,
ligada a la manipulación imprudente de un arma de fuego contra uno de sus
compañero, asunto totalmente diferente.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar que esta
jurisdicción, en las actuaciones que conoce, carece por completo de facultades

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de
abril de 2017, expediente 58.762, M.P. Hernán Andrade Rincón.
24
Fl. 75 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
25
Fl. 80 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
11

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

para variar la causa petendi que se narra en la demanda, es decir, que en
procesos de esta naturaleza la sentencia está irremediablemente abocada a
resolver sobre si hay o no lugar a declarar la responsabilidad de la administración
con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda o su modificación
y a los medios de convicción regular y oportunamente agregados al plenario.

Por tanto, cualquier variación del marco fáctico implicaría un desconocimiento
flagrante del principio relativo al debido proceso, ya que sorprendería a la parte
demandada cuya defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los
hechos presentados en la demanda y jamás tendría opción de ejercer en ese caso
el legítimo derecho de controvertir y de aportar pruebas tendientes a rebatir los
elementos de juicio eventual base de la declaración de responsabilidad y
consecuencial condena en su contra, por lo que el juez debe resolver sobre las
pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos con sustento
en la prueba regular y oportunamente aportada al proceso26.

En línea con lo anterior, la Sala no tiene competencia para estudiar una conducta
dolosa del demandado, porque la alzada no tiene por objeto que se adicionen o
incluyan cargos no esgrimidos en la demanda27.

Así que, atendiendo al principio de congruencia y, de acuerdo con el reparo
concreto de la apelación, la Sala determinará si encuentra o no acreditado el
elemento subjetivo del medio de control de repetición. Los demás requisitos se
encontraron superados por el juez de primera instancia y no fueron objeto de
discrepancia.

5. Valoración de los medios de prueba

5.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, según el artículo
246 de la Ley 1564 de 201228 y el precedente unificado de esta Sección29 y en

26
Consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 24 de octubre de 2016, expediente 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón,
reiterada en decisión del 19 de febrero de 2021, M.P. María Adriana Marín, expediente 54.320.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia
del 20 de febrero de 2020, expediente 54.407.
28
«Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original,
salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin
perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá
solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella (…)».
29
Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente 25.022,
M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias
simples en sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
12

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

aplicación del principio constitucional de buena fe, por cuanto no fueron tachadas
de falsas y se garantizó el principio de contradicción.
5.2. En virtud de lo previsto en el artículo 174 de la Ley 1564 de 2012 30, la parte
actora solicitó que se allegara a este proceso el expediente de reparación directa
con radicado 29.759, el cual, a su vez, contiene copia de algunas piezas del
proceso disciplinario adelantado contra el demandado, prueba que el Tribunal
Administrativo del Meta decretó y corrió el respectivo traslado.

La Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en
dichas actuaciones, dado que su traslado fue solicitado por la actora, la partes
pudieron conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que,
si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió.

No tendrá en cuenta los testimonios que se recibieron en el proceso de reparación
directa31, puesto que no fueron practicadas por petición de la parte contra la que
se aducen ni con su audiencia, de ahí que no cumplan con los requisitos exigidos
para tal fin y tampoco la actora pidió su ratificación en este asunto.

5.3. La indagatoria rendida por el demandado, sin el apremio del juramento, se
valorará, a luz del precedente de esta Subsección32 y en conjunto con las demás
pruebas que reposan en el expediente33. La necesidad de la valoración se justifica
para el análisis del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite.

5.4. En el plenario obran un informe rendido sobre los hechos debatidos, el cual
en los términos de lo dispuesto en los artículos 243 y 244 del CGP34, corresponde

30
«Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el
proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de
ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla
se aplicará a las pruebas extraprocesales (…)».
31
Los contenidos en los archivos 10, 11 y 12 del expediente digital del Tribunal.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
10 de noviembre de 2017, expediente 48.553. Sentencia del 25 de octubre de 2019, expediente 53.865.
Sentencia del 22 de noviembre de 2021, expediente 66.590.
33
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia del 14 de febrero de 2018, expediente 41.664, decisión reiterada por la Sala en sentencia del 23
de octubre de 2020, expediente 61.225.
34
«Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos,
cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto
mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios
o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario
público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por
un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención (…)”.
Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que
lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
13

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

a un documento público y, por ende, se presume auténtico, pues fue expedido por
un funcionario público en ejercicio de sus deberes y goza de la presunción de
veracidad.

6. Conducta en cabeza del demandado

La Sala advierte que los supuestos fácticos debatidos en este proceso ocurrieron
el 30 de junio de 1997, fecha en la que ocurrió el daño que dio origen a la condena
patrimonial a cargo de la accionante, esto es, antes de la expedición de la Ley 678
de 200135, razón por la cual la Sala ha sostenido que esa norma no es aplicable
para calificar la conducta del demandado36, sino el artículo 63 del Código Civil que
dispone:

Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o
de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en
materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.
Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un
hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes.
Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o
propiedad de otro.

Esta Corporación ha señalado37 que los conceptos de culpa grave y dolo previstos
en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la
Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, así como
también con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o
manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros postulados

copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso (…)».
35
El artículo 31 de la Ley 678 de 2001 señala la vigencia de dicha ley a partir del momento de su publicación
en el Diario Oficial, la cual se surtió el 4 de agosto de 2001.
36
Al respecto, ha sostenido que únicamente «frente a los requisitos de carácter objetivo resultan aplicables
las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda». (sentencias del 27 de
noviembre de 2006, expediente 18.440, del 6 de diciembre de 2006, expediente 22.189, de 3 de diciembre
de 2008, expediente 24.241, del 26 de febrero de 2009, expediente 30.329, del 13 de mayo de 2009,
expediente 25.694, del 23 de octubre de 2020, expediente 62.358 y del 7 de diciembre de 2021, expediente
58.163, ente otras).
37
Ver, entre otras, la sentencia del 31 de julio de 1997, expediente 9894, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
14

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Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

constitucionales como el de la buena fe (artículo 83), al cual deben ceñirse las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas.

Es clara, entonces, la determinación de que, en materia de responsabilidad
subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega un papel decisivo. De ahí
que, como lo ha dicho esta Sección, no cualquier equivocación, error de juicio o
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite deducir su
responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su
conducta38. Más ampliamente, la Sección39 ha explicado que:

(…) No puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90)
haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de
repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, solo surge en la medida en
que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda
imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual,
por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías
a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que
puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad
patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un
ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

Así las cosas, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678
de 2001, la calificación de si una conducta es “dolosa o gravemente culposa” le
impone a la parte demandante una carga probatoria, de suerte que es a esta a
quien le corresponde demostrar, con suficiencia, tal circunstancia y, solo en ese
caso, habrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al repetido.

Precisado lo anterior, la Sala relacionará los hechos que se encuentran probados,
de conformidad con las únicas pruebas susceptibles de valoración y que se
relacionan con el hecho dañoso, a fin de examinar la conducta del señor Leonardo
Fabio Caro Grajales:

• Transcurrido un mes desde que el señor Leonardo Fabio Caro Grajales ingresó
a prestar el servicio militar obligatorio en el alojamiento 2 de la Octava Compañía
de Antinarcóticos de la Policía Nacional, sede San José del Guaviare 40, esto es,
el 30 de junio de 1997, a las 6:40 p.m., le propinó un disparo de fusil al auxiliar
regular Henry Quintero Mora, quien resultó lesionado en su brazo izquierdo. En el
informe de novedad, el comandante a cargo dejó constancia de lo siguiente41:

38
Sentencia del 9 de septiembre de 2016, expediente 49764, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
39
Ibidem.
40
Fl. 225 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
41
Fls. 226 - 227 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
15

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
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Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

(…) Al regresar a las instalaciones me entrevisté con el señor auxiliar Ibarra
Quintero Ever, quien me manifestó que anterior a los hechos él se encontraba
en la puerta que da acceso al comedor de auxiliares (contiguo al alojamiento
de los hechos), y desde allí escuchó y observó cuando el señor auxiliar Caro
Grajales Leonardo Fabio agredió con el culatín del fusil al auxiliar Quintero
Mora Henry, quien se protegió del golpe con la mano y éste reaccionó
lanzándole un punta pie.

Seguido a esto se irrespetaron verbalmente donde Caro Grajales le manifiesta
a Quintero Mora Henry -Pilas, Pilas, que yo sí le meto un tiro-, ante esta
situación el auxiliar Ibarra Quintero Ever recurre al señor Subintendente Prato
Barco Eduardo Humberto para enterarlo de la situación, pero al llegar al lugar
donde se encontraba el señor Subintendente se escuchó la detonación.

Otra versión dada al comando es la del auxiliar Castañeda Ramírez Dirian,
donde (…) dice la misma versión dada por Ibarra Quintero Ever.

Al entrevistarme con Caro Grajales Leonardo Fabio manifiesta que momentos
antes del hecho él se encontraba cerca de la sala de radio, donde el señor
Vargas Cardozo le pide hacer llegar el Fusil. Es cuando él entra al alojamiento.
El señor auxiliar manifiesta que en ningún momento hubo un cruce de
palabras, pero reconoce haber accionado el disparador.

• La Policía Nacional certificó que el señor Caro Grajales recibió instrucciones
frente al manejo, arme y desarme del fusil asignado, así como del decálogo de
armas y de las reglas de seguridad dentro y fuera de la base42.

• El 18 de julio de 1997 se inició una investigación disciplinaria contra el señor
Caro Grajales43, dentro de la cual rindió declaración y reconoció que disparó; sin
embargo, precisó que no era cierto que tuviera alguna enemistad con el señor
Henry Quintero Mora, sino que aseguró «me mandaron a traer un fusil de otro
auxiliar y ese estaba montado y desasegurado y sin intención le halé el disparador
y el desconocimiento de las normas de seguridad era del compañero que lo dejó
en esas condiciones, porque él era responsable»44.

• El 26 de junio de 1998, la Policía Nacional concluyó que el ahora accionado
infringió el artículo 65 del Decreto 85 de 1989. Esto fue lo único que se mencionó:45

Vistas y analizadas las probanzas que conforman el plenario, esta instrucción
concluye que el señor Auxiliar de Policía Caro Grajales Leonardo Fabio
infringió el reglamento de régimen disciplinario para las FF.MM Decreto 85/89
en su artículo 65 de las faltas contra la obediencia literal a) Incumplir las
órdenes relativas al servicio, de las faltas contra el compañerismo literal a) El
tratamiento indebido a los compañeros y literal b) El desafío, maltratos de obra

42
Fls. 234 - 235 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
43
Fl. 8 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
44
Fl. 256 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
45
Fl. 258 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
16

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Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

o de palabra entre compañeros. Por lo anterior y sin entrar en consideraciones
el suscrito funcionario Investigador conceptúa que el aquí investigado es
responsable de los cargos que fueron formulados.

• El 29 de julio de 1998, la víctima directa del daño y sus familiares formularon
demanda de reparación directa contra la Policía Nacional, a fin de que les
indemnizara los perjuicios soportados por el hecho «protagonizado por un agente
de la Policía al accionar en forma imprudente su fusil de dotación, disparando un
proyectil que impactó en el miembro superior izquierdo del señor Henry Quintero,
que le causó una merma permanente en su capacidad laboral del 100% e igual
porcentaje de pérdida de goce fisiológico»46.

• Mediante fallo del 9 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo del Meta
accedió parcialmente a las súplicas reclamadas. En cuanto a la responsabilidad,
aplicó el régimen objetivo de daño especial, debido a que el auxiliar bachiller de
la Policía Henry Quintero Mora resultó lesionado mientras prestaba el servicio
militar obligatorio a manos de otro agente de la institución y el Estado era garante
de que el conscripto dejara el servicio en condiciones similares de sanidad a las
que ingresó. La única mención que efectuó sobre el señor Leonardo Fabio Caro
Grajales se observa al descartar la causal eximente de responsabilidad de hecho
de un tercero, en estos términos47:

(…) Es cierto existían instrucciones así lo señala en Acta de las instrucciones
impartidas por el señor teniente García Sepúlveda Edwan Henry comandante
de la Octava Compañía Antinarcóticos y ésta aparece firmada por el auxiliar
Caro, donde se pretende probar la “amplia” instrucción sobre el manejo, arme
y desarme de la M-60, M-79, Fusil Galil, MGL y el visor. Señala el informe que
se recalcó sobre el decálogo de las armas y anota que al personal de la
escuadra se le imparte consignas al inicio y término de cada turno sobre el
cuidado que deben tener con el material de guerra.

(…) Para la Sala el escaso tiempo de servicio más que comprometer la
responsabilidad del tercero, determina la del Estado pues si bien el tercero
era consciente de la amenaza, no estaba suficientemente entrenado para el
manejo de las armas porque no guardó el debido cuidado, vigilancia que debió
ejercer el Estado sobre su personal recién ingresado y las armas dadas en
dotación, pues a pesar de que el agresor acepta el entrenamiento dado, la
Sala se pregunta qué tan amplia puede ser la instrucción dada a un muchacho
en tan solo un mes de aprendizaje y si bien fue encontrado responsable de
faltas disciplinarias, esta no alcanza a desvirtuar la Estatal.

No encontrándose plenamente demostrada la culpa de un tercero, pues no se
ve evidencia de que el daño tenga causa intencional, como tampoco culpa
exclusiva de la víctima aun cuando si bien puede existir alguna, es claro que
el Estado debe responder por las condiciones de salud del conscripto, pues
si una persona ingresa al servicio militar en buen estado de sanidad debe

46
Fl. 28 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
47
Fls. 28 - 46 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
17

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Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

dejar el servicio en condiciones similares, y en el presente caso como quedó
demostrado por aceptación de la Administración el daño.

• Mediante sentencia del 10 de julio de 2013, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado solo modificó el monto de los perjuicios, dado que
fue el único punto que se apeló48.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que en la demanda se tildó la conducta
del señor Caro Grajales como gravemente culposa, por cuanto, según se relató,
inobservó el deber objetivo de cuidado al no atender las medidas de seguridad en
el manejo del armamento militar, lo que conllevó a que imprudentemente
accionara un fusil y lesionara a uno de sus compañeros.

Se recuerda que el Tribunal Administrativo del Meta estableció que dicho aspecto
no se podía tener por superado, puesto que a partir del fallo de reparación directa
no resultaba procedente derivar el actuar reprochado; empero, la Policía Nacional
insistió en que la valoración completa y razonada de las pruebas aportadas daban
cuenta de que el demandado actuó con culpa grave.

La Sala parte por señalar, como bien lo dijo el a quo, que, aunque se aportó copia
de los fallos de reparación directa que motivaron la demanda de repetición, esas
decisiones no constituyen plena prueba de la conducta gravemente culposa del
repetido, según el precedente decantado por esta Corporación49; a lo sumo, podría
servir de punto de partida para determinar cuál es el hecho que se predica
constitutivo de culpa grave, esto es, que el señor Leonardo Fabio Caro Grajales
le disparó con un fusil al señor Henry Quintero Mora; sin embargo, ello no está en
discusión.

Aunque en la alzada la Policía Nacional no reiteró lo que afirmó en sus alegatos
de conclusión de primera instancia, la Sala se permite aclarar que no es cierto que
el juez de la reparación hubiera sostenido que el daño fue provocado porque el
demandado incurrió en un descuido «del arma de fuego (…), violentando las
medidas de seguridad y el decálogo de armas de fuego», ya que, según se vio,
no realizó ninguna reflexión en tal sentido.

48
Fls. 47 – 67 del archivo 1 del expediente digital del Tribunal.
49
Sobre el particular, ver, entre otras, las sentencias del 11 de febrero de 2009, expediente 33.450, y del 22
de julio de 2009, expediente 22.779, ambas con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.
18

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
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Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

Igual ocurre con la decisión disciplinaria, porque, de un lado, no existe constancia
de que hubiera quedado ejecutoriada o que el sancionado la hubiera apelado y,
de otra parte, no tiene la suficiencia, per se, para edificar el actuar gravemente
culposo, pues, según la jurisprudencia de esta Sección50, en esta sede judicial
pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas51. Sumado al hecho de que
en ésta no se realizó ninguna evaluación fáctica o probatoria que apoyara la
sanción; es más, no tiene ninguna relación con el incumplimiento de deberes
frente al manejo de armas, sino que emana del trato indebido con el personal de
la institución y ni siquiera se hizo mención a la relación que tenía con el lesionado.

En lo tocante a los demás medios de convicción adjuntos a la controversia, la
Subsección debe mencionar que no brindan certeza de lo sucedido y menos del
actuar cuestionado.

Nótese que, en el informe de novedad, el comandante a cargo explicó que se
entrevistó con el auxiliar Ever Quintero Ibarra, quien le comunicó que se percató
de una agresión verbal y física del señor Caro Grajales a Quintero Mora; no
obstante, aseguró que no presenció el momento en el que se produjo el disparo y
la versión del auxiliar Dirian Ramírez Castañeda no está inserta en ese escrito.

Esa afirmación se opone a la versión que entregó el accionado en esa oportunidad
y en su indagatoria, esto es, que no existió cruce de palabras con su compañero
y lo que sucedió fue que le encomendaron ir por el fusil de dotación de otro auxiliar,
pero no le comunicaron que estaba montado y desasegurado y, por accidente,
tocó el disparador.

El panorama anterior impide conocer a ciencia cierta cómo se desarrolló el hecho,
puesto que no hay lugar a determinar si el repetido, de manera unilateral, montó
y desaseguró el fusil de otro auxiliar y, en un acto desprevenido, tocó el disparador
o, en su defecto, si apuntó y disparó, o, si, en realidad, estaba cumpliendo una
orden para ir al armerillo y recoger el arma de dotación de otro auxiliar y estuvo
motivado por un error al no darse por enterado que ese elemento estaba listo para
disparar o en qué términos se le encomendó esa supuesta tarea.

50
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, expediente 29.222, M.P. Ruth
Stella Correa Palacio.
51
Las decisiones fueron dictadas el 18 de febrero, 4 y 22 de noviembre de 2022, expedientes 68.336 y 67.486
y 66.590, M.P. María Adriana Marín.
19

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
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Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

Contrario a lo concluido por el juez de la reparación, para esta Sala no cabe duda
de que, pese al escaso tiempo de prestación del servicio militar, el accionado
había recibido entrenamiento en armas y, además, admitió que accionó el arma,
pero ello no es suficiente para edificar la culpa grave, máxime cuando la situación
de tiempo y modo en la que se produjo el hecho que dio como resultado la lesión
a Quintero Mora es ambigua.

No está de más señalar que la Policía Nacional discutió la violación del decálogo
de las armas de fuego; empero, no develó cuál fue el precepto trasgredido ni
sustentó la forma en la que aparentemente se omitió, de ahí que, en el caso
hipotético de que se hubiera superado la falencia antes citada, tampoco se podría
verificar el comportamiento del agente frente a dicha regulación normativa, pues
no puede pretender la parte accionante que el juez supla esa falencia
argumentativa, en la medida en que vulneraría los principios de igualdad y lealtad
procesal.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.

7. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el
proceso se ventila un asunto de interés público.

Pues bien, según la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar
encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización
efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos
que ventila un interés público, por tal motivo, no hay lugar a condenar en costas a
la parte vencida en este proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

20

Radicación número: 50001-23-33-000-2016-00854-01 (72074)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: LEONARDO FABIO CARO GRAJALES
Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011)

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se
negaron las súplicas de la demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto

VF

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