Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2017-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2017-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 50001-23-33-000-2017-00124-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
26 de junio de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2017-00124-01 (28960)
Demandante: Caroil S.A. Sucursal Colombia en liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-00124-01 (28960)
Demandante: Caroil S.A. Sucursal Colombia, en liquidación
Demandado: Municipio de Cabuyaro
Temas: Impuesto de alumbrado público 2012. Silencio administrativo positivo.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandado contra la
sentencia, del 25 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que
resolvió2:
Primero. Declarar la nulidad de las Resoluciones 004, del 3 de agosto de 2015, y 056, del 13 de
octubre de 2016, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, se declara que la demandante … no le adeuda
[al demandado] la suma de … $240.334.414, por concepto de impuesto de alumbrado público de la
vigencia 2012.
Tercero. Condenar en costas a la entidad demandada y en favor de la actora, conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia. una vez ejecutoriada esta providencia, ingrésese el
expediente al despacho para la fijación de agencias en derecho.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Resolución 004, del 03 de agosto de 2015, el demandado liquidó oficialmente
el impuesto de alumbrado público correspondiente al año 2012, a cargo de la actora, por
$373.620.107, más intereses de mora3. Dicha resolución fue modificada parcialmente por
la Resolución 056, del 13 de octubre de 2016, que desató el recurso de reconsideración,
disminuyendo la suma liquidada a $240.334.4144.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:
1
Samai Tribunal, índice 42, certificado C13CEEBD8AEDC4B1 1D0CA5FDD0FDE539 C8C08B2AB867D61A 40797C54828A88B3 (pdf), pp. 1 a 7.
2
Samai Tribunal, índice 39, certificado FFC0BEF6E38B744D C6AA742FD53E4C9F 15D3F6F8A6F55708 BB6E15A68A6BF1CC (pdf), p. 21.
3
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 180 a 184.
4
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 216 a 223.
5
Samai Tribunal, índice 1, certificado 05A5AE5408A1A026 683127F35CD6FCDF 982B0754 (pdf), pp. 5 a 6.
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Demandante: Caroil S.A. Sucursal Colombia en liquidación
3.1. Pretensiones principales …
a. Declarar que, en estricto apego a los artículos 385 del Acuerdo 023 de 2012 del municipio de
Cabuyaro y 732 del [ET], operó la figura del silencio administrativo positivo respecto del recurso de
reconsideración presentado por mi representada el 23 de octubre de 2015 contra la Liquidación
Oficial 004, del 03 de agosto de 2015, notificada por correo el día 24 de agosto de 2015 y proferida
[por el demandado].
b. Declarar la nulidad de la Resolución 056, del 13 de octubre de 2016, notificada el 27 de octubre
de 2016, proferida por [el demandado], por medio de la cual resolvió los recursos de reconsideración
interpuestos en contra de la Liquidación Oficial 004, del 03 de agosto de 2015, relacionada
anteriormente.
c. Declarar, a título de restablecimiento del derecho, que las pretensiones formuladas en las
consideraciones y argumentos presentados en el recurso de reconsideración presentado por [ la
demandante]… el 23 de octubre de 2015 contra de la Liquidación Oficial 004, del 03 de agosto de
2015, prosperaron, esto es, que mi representada no está obligada por no ser sujeto pasivo al pago
del impuesto de alumbrado público en la vigencia 2012, determinado en los actos administrativos
demandados y en consecuencia considerar revocada la Liquidación Oficial 004, del 03 de agosto de
2015.
3.2. Pretensiones subsidiarias …
a. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial 004, del 03 de agosto de 2015, notificada por
correo el día 24 de agosto de 2015 proferida [por el demandado], por medio de la cual se liquidó
oficialmente el impuesto de alumbrado público de la vigencia 2012.
b. Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución número 056,
del 13 de octubre de 2016, proferida por [el demandado], por medio de la cual se resolvió el recurso
de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial número 004, del 03 de agosto de
2015 relacionada en el literal anterior.
c. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho que le asiste a la sucursal en el
sentido de declarar que [la demandante] no se encuentra obligada a pagar suma alguna por concepto
de impuesto de alumbrado público por la vigencia 2012.
3.3. Pretensiones generales.
a. Que se condene a la demandada a las costas y agencias en derecho, de conformidad con lo
establecido en el artículo 188 del [CPACA].
Invocó como vulnerados los artículos 29, 95 y 209 de la Constitución; 565, 683, 684, 703,
704, 705, 710, 711, 730.2, 730.4, 732 y 734 del ET; 1 de la Ley 97 de 1913, 69 de la Ley
1116 de 2006; 3 y 42 del CPACA; y 192 y 357 del Acuerdo 027 de 2009, bajo el siguiente
concepto de violación6:
-El recurso de reconsideración presentado en contra de la liquidación oficial … fue
resuelto por [la demandada] por fuera del término de un año, por lo cual se configuró el
silencio administrativo positivo y [la demandada] perdió su competencia para resolver el
citado recurso... A tales efectos, adujo que acorde con la normativa del Estatuto Tributario
atinente al silencio positivo, la norma local (Acuerdo 023 de 2012) que remite a las
referidas disposiciones nacionales, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado,
señalan que resolver el recurso de reconsideración comprende tanto su expedición como
su debida notificación, sin que resulte suficiente la expedición de la resolución dentro del
plazo del año, ni tampoco el envío de la citación para que acuda a la notificación personal
del correspondiente acto.
6
Samai Tribunal, índice 1, certificado 05A5AE5408A1A026 683127F35CD6FCDF 982B0754 (pdf), pp. 5 a 6.
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Así, para el caso, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, aunque fue
expedida el 13 de octubre de 2016 dentro del plazo del año -art. 732 ET- no se tuvo en
cuenta que al haberse interpuesto el recurso el 23 de octubre de 2015, la decisión del
mismo, debió ser notificada hasta el 24 de octubre de 2016 -en tanto, el 23 de octubre de
2016 fue domingo- Esto, por cuanto, el plazo con que contaba la actora para acudir a la
notificación personal vencía el día 03 de noviembre de 2016, fecha que no quedaba
cubierta por el término de un año para resolver el recurso [se extrae que este cómputo
corresponde al plazo que tenía la actora para presentarse ante la Administración para la
notificación personal, en función del momento de la citación].
A partir de lo anterior, indicó que era evidente el incumplimiento del plazo del año para
expedir y notificar el aludido acto, pues la notificación solo se surtió hasta el 27 de octubre
de 2016 [fecha en que se presentó para la práctica de notificación personal],lo que se
ubicaba por fuera del término del año, por lo que operó el silencio administrativo positivo
conforme con los artículos 732 y 734 del ET y la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo
que implicaba que las pretensiones formuladas en la impugnación se entendieran
resueltas a su favor.
-Nulidad de la Resolución 056 de 2016 por falta de competencia [del demandado]. Previo
recapitular los hechos antes descritos, y en específico la notificación intempestiva del
acto que resolvió el recurso de reconsideración, aseveró que ello implicaba para la
autoridad la pérdida de la competencia para proferir tal acto administrativo lo que,
comportaba su nulidad, acorde con los artículos 137 del CPACA y 730.3 del ET y 385 del
estatuto de rentas municipal, conforme lo ratificó esta corporación7. Con fundamento en
lo anterior, puntualizó que la aludida nulidad operaría frente al acto que desató el recurso
de reconsideración, y respecto de lo solicitado en este, operaría el silencio administrativo
positivo, lo que daría lugar al nacimiento de un nuevo acto ficto o presunto aceptando las
solicitudes formuladas por el administrado.
Seguidamente, sustentó así las pretensiones subsidiarias:
-Los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían
fundarse: No causación del impuesto de alumbrado público en el municipio de Cabuyaro
por la actividad de servicios desarrollada en el año 2012. Doble imposición. Luego de
exponer los antecedentes legales y reglamentarios del impuesto de alumbrado público y
de transcribir las normas expedidas por el concejo municipal, explicó que el municipio
demandado estableció para el impuesto de alumbrado público el mismo hecho generador
del impuesto de industria y comercio, dado que los hechos imponibles correspondían en
ambos casos a las actividades industriales, comerciales o de servicios ejercidas en el
municipio, bien fuera de manera permanente u ocasional.
Explicó que durante el año 2012 prestó servicios en Cabuyaro en desarrollo de contratos
para servicios de perforación y construcción de pozos, por las cuales sufragó el impuesto
de ICA, pese a lo cual, el demandado pretendía gravar nuevamente la actividad de
servicios, liquidando el impuesto de alumbrado público sobre el mismo hecho generador,
(Acuerdo 027 de 2009), lo que transgredía «la prohibición constitucional de la doble imposición
jurídica», y los principios de justicia y equidad del artículo 90.5 de la Constitución, así como
el mandato del 683 ídem, según el cual el Estado no aspira a exigir del contribuyente más
que, aquello con lo que la misma ley pretende que asuma de las cargas públicas. Agregó
que las actividades señaladas como hecho generador del impuesto, no correspondían a
lo que fue previsto en la ley creadora del impuesto de alumbrado público, por lo que se
excedieron los límites de configuración del impuesto.
7
Sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 21559, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Precisó que, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Sección Cuarta, el hecho
generador del impuesto de alumbrado público es ser usuario potencial receptor del
mencionado servicio público, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 97 de 1913. En
ese orden, transcribió la regulación del municipio de Cabuyaro del impuesto de
alumbrado público y sostuvo que, si bien las entidades territoriales, en virtud de la
autonomía, pueden establecer los elementos de un tributo siempre que una ley lo
autorice, lo cierto era que no podían crear nuevos impuestos, ni significaba que tuvieran
una potestad tributaria ilimitada o no estuvieran sujetos a la ley. En esa línea, acotó que
las disposiciones constitucionales prohibían a las entidades territoriales crear impuestos
no establecidos previamente en la ley, lo que se materializa cuando el hecho generador
fijado por la entidad no coincidía con la ley autorizante y el hecho generador aprobado
por ella.
Agregó que la jurisprudencia de esta corporación, al decidir sobre la legalidad de una
norma local de otro municipio en la que el impuesto de alumbrado público gravaba a
quienes fueran contribuyentes del ICA, indicó que el desarrollo de actividades
industriales, comerciales o de servicios era una situación aislada del hecho generador del
alumbrado público, ya que de ella no podía concluirse la obtención de un beneficio directo
del servicio de alumbrado público por parte de la persona natural o jurídica; a partir de lo
cual, concluyó que, los elementos del tributo que definan las entidades territoriales, tienen
que tener «una dimensión ínsita en el hecho imposible», que pare el caso, era el servicio de
alumbrado público, no pudiendo fijar los elementos de la obligación tributaria a su libre
arbitrio y consideración.
-Violación del artículo 1 de la Ley 97 de 1913: Caroil no realizó el hecho generador del
tributo y no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público. Al hilo de lo planteado
en el cargo anterior, e invocando jurisprudencia de la Sección, se refirió a los elementos
del impuesto de alumbrado público, destacando que el sujeto pasivo era la persona
natural o jurídica que forma parte de la colectividad y que residiera en un determinado
municipio, lo que no se cumplía, en tanto no tuvo en tal municipio inmueble, sede,
domicilio o establecimiento, ni para el año 2012 ni posteriormente, pues su actividad se
limitó a la prestación ocasional de servicios petroleros a favor de algunos operadores
para cumplir unas obligaciones contractuales. Además, siendo sucursal de compañía
extranjera, no tuvo residencia ni domicilio en el municipio -este se encontraba en Bogotá
• y por tanto no formó parte de la colectividad. Añadió que la norma que determinaba el
hecho generador en el Acuerdo 027 de 2009 (vigente para el año 2012) debía
interpretarse con el criterio de esta corporación, pues la imposición no se derivaba del
desarrollo de una actividad comercial, industrial o de servicios, sino del hecho imponible
definido en la ley, que era la prestación del servicio de alumbrado público. Por tanto, el
hecho generador sería ser usuario potencial receptor de ese servicio.
Adicionó que, su actividad económica fue desarrollada en distintos municipios del Meta y
Casanare, sin exclusividad en el municipio de Cabuyaro, por lo que, solo podía ser
considerada como «receptora eventual y ocasional del servicio de alumbrado público». En todo
caso, no obtuvo beneficio del servicio público de alumbrado, porque no fue propietaria de
inmuebles, establecimiento de comercio, ni tenía allí su domicilio; como tampoco fue
suscriptora o usuaria del servicio de energía eléctrica. A tal efecto, describió los días en
que prestó servicios en el municipio en el año 2012, pese a lo cual, su contraparte afirmó,
en la resolución que resolvió el recurso, que la actora había sido parte de la colectividad
por ocho meses, desarrollando las actividades de perforación y construcción de pozos y
generación de energía y que, la sede había sido dicho municipio - sin mencionar la fuente
de definición del concepto sede -. Al respecto, aclaró que sus operaciones fueron de
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perforación, «completamiento», construcción, reacondicionamiento, terminación de pozos y
otros servicios para la industria petrolera, que no la generación de energía para venta o
comercialización. Solo se generó lo requerido para el funcionamiento de los taladros de
perforación con los que prestó sus servicios.
En la misma línea, cuestionó el señalamiento del municipio respecto de fue el «núcleo
principal» de sus actividades, pues solo estuvo ocasionalmente. Insistió en que, no tuvo
sede en tal jurisdicción, ni fue sujeto pasivo el impuesto de alumbrado público. Sobre esto
último, anotó que, por ser una empresa de la industria del petróleo, no estaba obligada al
pago de tal gravamen por no tener establecimiento o domicilio en esa jurisdicción, acorde
con lo señalado en la sentencia del 30 de marzo de 20168. Tras esto, adujo que el
demandado se fundamentó en simples afirmaciones sin ningún sustento, pues no aportó
documento alguno para acreditar que hacía parte de la colectividad residente en el
municipio, incumpliendo así la carga probatoria de acreditar la calidad de sujeto pasivo.
-Violación del derecho de defensa de Caroil: Determinación y cobro del impuesto sin acto
previo. Sostuvo que la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público fue proferida
sin un acto previo que propusiera el cobro del impuesto, lo que resultaba fundamental
para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Lo anterior porque, acorde con el
artículo 35 del CPACA, los procedimientos administrativos debían informarse al
interesado, de manera que la omisión del acto previo comportaba la nulidad del acto,
conforme al artículo 137 ibidem, aspecto sobre el cual se ha pronunciado esta Sección.
En esa línea, advirtió que la primera actuación del demandado fue la Resolución 004, del
03 de agosto de 2015, mediante la cual liquidó el impuesto, sin expedir previamente una
factura como acto de cobro y determinación de la obligación, como lo exigía el artículo
193 del Acuerdo 027. Seguidamente, subrayó que el municipio de Cabuyaro optó por el
sistema de facturación para la determinación, cobro y recaudo del impuesto de alumbrado
público, por lo que era improcedente la expedición de una liquidación oficial, dado que no
se previó una declaración tributaria por parte del contribuyente.
Bajo la misma ilación, afirmó que los actos demandados eran nulos al omitir expedir un
requerimiento especial, vulnerando su derecho al debido proceso, pues acorde con los
artículos 703 y 711 del ET, tal acto constituía un requisito previo a la liquidación oficial, el
cual debía contener la explicación de las glosas propuestas, y debía contraerse a la
declaración del contribuyente y a los hechos señalados en el requerimiento especial.
Luego, tras explicar las reglas aplicables para la determinación del impuesto de
alumbrado para los generadores de energía eléctrica en el municipio de Cabuyaro, señaló
que el demandado no explicó ni demostró las razones por las que la calificó como sujeto
pasivo del impuesto, ni los motivos por los que la consideró como una «empresa
autogeneradora ubicada en zona interconectada al STN», le aplicaba la tarifa del 15% sobre el
valor de la cantidad kwh generados, multiplicado por el valor G utilizado por la Emsa S.A.
ESP. Así, insistió en que la liquidación se expidió sin darle previamente la oportunidad de
discutir su supuesta calidad de sujeto pasivo del tributo y la clasificación como empresa
autogeneradora de energía, lo que vulneró sus derechos al debido proceso, defensa y
contradicción. Por esto, solicitó la nulidad de los actos demandados, (ord. 4 del artículo
730 del ET).
-Falsa motivación de los actos demandados. Previo referirse al alcance de la falsa
motivación, señaló que los actos demandados hicieron un análisis equivocado de las
pruebas aportadas y normas aplicables, a partir de lo cual concluyeron que la
demandante estaba sujeta al impuesto de alumbrado público, pese a no pertenecer a la
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Sentencia del 30 de marzo de 2016,. CP Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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colectividad del municipio, ni tener allí su domicilio ni establecimiento de comercio; como
tampoco cumplirse los lineamientos de la ley que autorizó la creación del tributo. Además,
arguyó que los actos se fundaron en jurisprudencia con supuestos fácticos y jurídicos que
diferían del sub lite, pues versaban sobre un acuerdo que establecía una base y tarifa
especial para auto generadores de energía, lo que no era asimilable a lo previsto en el
Acuerdo 027 de 2009.
Asimismo, cuestionó una indebida valoración probatoria, lo que se traducía en una falsa
motivación y en la vulneración al debido proceso. Sostuvo que, los argumentos y pruebas
señalados en el recurso de reconsideración, no fueron desarrolladas ni controvertidas por
la Administración, pues se limitó a citar jurisprudencia de manera parcial y a incluir
definiciones sin sustento legal. Indicó que la autoridad recaudó pruebas que no valoró ni
refutó, que simplemente liquidó el impuesto sin fundamentar la decisión. Afirmó que, de
haberse valorados dichos medios de prueba, se hubiera decidido en forma diferente. Así,
concluyó que los actos incurrieron en la causal de nulidad prevista en el ordinal 4 del
artículo 730 del ET, al omitir señalar el método de cuantificación del impuesto, la tarifa
aplicable y el hecho generador supuestamente realizado.
-Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa: Indebida notificación y falta de
motivación. Afirmó que el demandado no realizó una debida motivación y valoración
probatoria en los actos cuestionados, así como tampoco expuso los argumentos y
razones que los sustentan. Lo anterior, significó a la violación al debido proceso y vició
de nulidad los actos.
Contestación de la demanda
El demandado se opuso a las pretensiones de la actora. A esos efectos, planteó que no
se configuró el silencio administrativo positivo respecto del recurso de reconsideración
interpuesto por la actora. Asimismo, aseguró que la empresa era sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público en el municipio de Cabuyaro9.
-Frente a la pretendida declaratoria de la ocurrencia [del] silencio administrativo positivo
respecto del recurso de reconsideración interpuesto por [la] contribuyente. Argumentó
que, de acuerdo con múltiples pronunciamientos de esta corporación, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para obtener la
declaratoria del silencio administrativo positivo, ya que, de acuerdo con el artículo 734 del
ET, le corresponde a la Administración declararlo de oficio o a petición de parte. Por tanto,
dicha pretensión no está llamada a prosperar.
Precisó que la demandante interpuso el recurso de reconsideración el 23 de octubre de
2015 y que la resolución que lo desató fue expedida el 13 de octubre de 2016. En ese
contexto, sostuvo que cumplió con el deber establecido en los artículos 732 y 734 del ET,
al resolver el recurso dentro del plazo correspondiente. Alegó que dichas disposiciones
no exigen expresamente que la notificación de dicho acto deba realizarse dentro de ese
plazo. Añadió que la citación para la notificación personal del acto que desató el recurso
fue enviada el 19 de octubre de 2016, esto es, antes de la expiración del término, lo cual,
en su criterio, demuestra que la actora tuvo conocimiento del acto con anterioridad al
vencimiento del plazo. En consecuencia, afirmó que no se configuró el silencio
administrativo positivo ni se produjo la pérdida de su competencia temporal.
-En [cuanto] a que los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas
en que debían fundarse: No causación del impuesto de alumbrado público en el municipio
9
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 3 a 31.
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de Cabuyaro por la actividad desarrollada en el año 2012 – Doble imposición. Afirmó que
el cargo debía ser desestimado, toda vez que los actos demandados se profirieron con
fundamento en el Acuerdo 027 de 2009, que corresponde al estatuto tributario del
municipio de Cabuyaro, que no fue objeto de reproche judicial por parte de la
contribuyente. En ese sentido, indicó que, si existía algún exceso de la autonomía y
potestad tributaria, la actora debió demandar directamente el acuerdo municipal, el cual
gozaba de presunción de legalidad. Por tanto, sostuvo que no bastaba con cuestionar los
actos administrativos de liquidación del impuesto. En esa línea, concluyó que los actos
cuestionados mantenían su legalidad por haberse expedido conforme a las normas
superiores vigentes, las cuales no había sido objeto de nulidad judicial.
Indicó que, de acuerdo con los artículos 287 y 313 de la Constitución, las entidades
territoriales gozaban de autonomía para gestionar sus intereses, dentro de los límites de
la Constitución y la ley, lo que se materializa, entre otras formas, a través de las
decisiones adoptadas por sus concejos municipales sobre los tributos y gastos locales.
En ese sentido, precisó que, según los artículos 1, 287.3, 311, 313.4, 338 y 363 de la
Constitución, y las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, el Concejo municipal de Cabuyaro
expidió el Acuerdo 027, del 3 de diciembre de 2009, donde definió las normas aplicables
a los tributos aplicables en su jurisdicción, incluyendo el impuesto de alumbrado público
(arts. 187 a 192 ejusdem).
Sostuvo que gozaba de autonomía para adoptar el impuesto de alumbrado público y
definir los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas, conforme al artículo 278.3 de la
Constitución. Por ende, al expedir los actos demandados con sujeción al Acuerdo 023 de
2009, norma de carácter especial y amparada bajo la legalidad, afirmó que estos no
infringieron las normas en que debieron fundarse. Agregó que los criterios de «… unidades
residenciales (…) y actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en la
respectiva jurisdicción municipal» eran idóneas para establecer la ocurrencia del hecho
generador del impuesto, dado que son hechos indicadores de la potencialidad de ser
usuarios del servicio de alumbrado público en la jurisdicción del municipio de Cabuyaro.
Asimismo, precisó que al haberse definido el hecho gravando como «… las actividades
comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en la respectiva jurisdicción municipal,
directa o indirectamente, por instituciones, personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea
que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados», no implicaba que se
hubiese impuesto un tributo adicional al impuesto de industria y comercio a las
actividades desarrolladas en el municipio, pues, reiteró, que se trataba de un criterio para
identificar usuarios potenciales del servicio de alumbrado público a los efectos de su
calificación como sujetos pasivos.
En ese contexto, concluyó que no desbordó su potestad tributaria al definir el hecho
generador del impuesto de alumbrado público ni generó una doble tributación con
relación al impuesto de industria y comercio. Con todo, precisó que no gravaba todos los
contribuyentes del impuesto de industria y comercio, pues adelantaba las labores de
fiscalización, determinación y cobro que le permitían verificar la consolidación de los
elementos del tributo.
-Frente a la alegada violación del artículo 1 de la Ley 97 de 1913: [el demandado] no
realizó el hecho generador del tributo y no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado
público. Luego de exponer los antecedentes constitucionales, legales y jurisprudenciales
del impuesto de alumbrado público, resaltó de la demandante que: (i) su objeto social,
conforme al certificado de existencia y representación legal, consistía en «… prestar los
servicios de perforación, reacondicionamiento, terminación de pozos y servicios relacionados para la
industria petrolera…»; (ii) realizó actividades de perforación petrolera en la jurisdicción de
Cabuyaro durante el 2012, en virtud de los contratos firmados con Petrominerales
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Colombia Limited Sucursal Colombia, Grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia
y Centurión Drilling Limited Sucursal Colombia; y (iii) prestó servicios de generación de
energía, perforación y construcción de posos entre enero y junio, así como en noviembre
y diciembre de 2012, lo que evidenciaba, en su criterio, su pertenencia a la colectividad
de Cabuyaro durante 8 meses.
Con base en lo expuesto, concluyó que acreditó la calidad de sujeto pasivo de la
demandante del impuesto de alumbrado público para el año 2012, al haber comprobado
que ejecutó contratos de perforación y construcción de pozos de petróleo en el territorio
del municipio durante dicha anualidad. En ese sentido, señaló que ello implicaba, como
«presupuesto lógico y consustancial», que dicha actividad fue ejecutada haciendo uso de
predios ubicados en la jurisdicción del municipio, en los que dispuso sus locaciones
operativas, de logística y alojamiento de parte de su personal, por lo que consideraba
incontrovertible que la demandante residió en su territorio municipal, lo que la convirtió
en una usuaria potencial del servicio de alumbrado público, sin que fuera necesario
acreditar la residencia permanente, pues, reiteró que bastaba con el hecho de haber sido
parte de la colectividad de Cabuyaro.
Asimismo, recalcó que el artículo 189 del Acuerdo 027 de 2009 contemplaba como «hecho
generador indirecto» la ejecución de actividades por fuera de las áreas de prestación del
servicio de alumbrado público pero que «reciben un beneficio reflejo por el uso potencial del servicio
colectivo cuando acceden a las zonas urbanas y por las externalidades positivas que genera el servicio ».
Finalmente, precisó que el artículo 192 ejusdem determinaba que las empresas
autogeneradoras de energía eran contribuyentes del impuesto de alumbrado público.
-Frente a la alegada violación del derecho de defensa [del demandado]: determinación y
cobro del impuesto sin acto previo y el desconocimiento del derecho de audiencia y de
defensa. Advirtió que en el presente caso no se vulneró el debido proceso, ya que el
impuesto de alumbrado público no resulta exigible expedir un emplazamiento -ni un acto
previo para la determinación de la obligación tributaria-, pues este solo aplicaba para los
tributos «declarativos», según el artículo 574 del ET. En respaldo de su postura citó el
Concepto 2-2018-004188, del 13 de febrero de 2018, en el que el Ministerio de Hacienda
y Crédito público afirmó que podía pretermitirse la expedición del emplazamiento para
declarar y de la sanción por no declarar en el caso de los tributos cuyo cumplimiento se
efectuaba sin una declaración tributaria. En estos casos, el concepto afirmó que resultaba
procedente expedir directamente la liquidación oficial dentro de los cinco años contados
a partir del vencimiento del plazo para el pago.
Por otra parte, aclaró que estaba facultada para disminuir y simplificar el procedimiento
tributario, conforme al artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Añadió que el artículo 35 del
CPACA no era aplicable, en tanto el procedimiento tributario nacional y de cobro coactivo
era una norma de naturaleza especial, de acuerdo con los artículos 59 ibidem y 5 de la
Ley 1066 de 2006. Sobre esa base, afirmó que aplicó el procedimiento previsto para el
efecto «… en relación con la naturaleza del tributo», el cual no dispuso la obligación de expedir
un acto previo a la liquidación oficial, en razón a que para el impuesto de alumbrado
público su cumplimiento no correspondía ni se asemejaba a una declaración privada que
requiriese un emplazamiento previo. Recalcó que el artículo 193 de la normatividad
tributaria municipal no preveía adelantar una etapa previa a la liquidación oficial del
impuesto de alumbrado público.
Sostuvo, además, que no vulneró los derechos de defensa y contradicción de la actora,
ya que en la liquidación oficial se indicó la procedencia del recurso de reconsideración y
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el término para hacerlo el cual fue interpuesto oportunamente, lo que le permitió a la
actora controvertir los actos demandados.
Finalmente solicitó reconocer oficiosamente cualquier excepción de mérito que se
encontrara probada de conformidad con las pruebas aportadas al expediente. También,
solicitó decretar de oficio la práctica de las pruebas que fueran pertinentes.
Sentencia apelada
El tribunal declaró la nulidad de los actos demandados al encontrar probada la
configuración del silencio administrativo positivo por la notificación extemporánea de la
resolución que decidió el recurso de reconsideración10.
Consideró que la norma vigente para la época de los actos demandados fue el Acuerdo
023, del 04 de diciembre de 2012 -Estatuto Tributario municipal-, que, en materia de la
regulación del recurso de reconsideración, en su artículo 385, se atuvo a la regulación
del Estatuto Tributario nacional, conforme al artículo 59 de la Ley 788 de 2002. Por ello,
indicó que el demandado tenía un año para resolver el recurso de reconsideración,
contado a partir de su interposición de debida forma, so pena de la configuración del
silencio administrativo positivo a favor del recurrente y de perder la competencia para
manifestar su voluntad, en aplicación de los artículos 385, 732 y 734 del ET y la
jurisprudencia de la Sección Cuarta. Adicionalmente, advirtió que dicho término
preclusivo también incluye la notificación efectiva del acto que resuelve el recurso de
reconsideración. Por ende, concluyó que el silencio administrativo positivo se consolida
a favor del recurrente cuando la autoridad no expide ni notifica en debida forma el acto
que desata el recurso, dentro del término anteriormente descrito.
En ese contexto, resaltó que, para el caso concreto, se encuentra acreditado, a partir de
los medios de conocimiento que obran en el plenario, que: (i) el municipio de Cabuyaro,
por medio de la Resolución 004, del 03 de agosto de 2015, liquidó el impuesto de
alumbrado público a cargo de la actora; (ii) que el 23 de octubre de 2015, la demandante
interpuso el recurso de reconsideración donde expuso sus cuestionamientos frente al
acto definitivo; (iv) el municipio desató el recurso a través de la Resolución 056, del 13
de octubre de 2013; y (v) dicho acto fue notificado el 27 de octubre de 2016, conforme a
la certificación emitida por el secretario de hacienda y finanzas públicas de la
Administración. Por lo que concluyó que se consolidó el silencio administrativo positivo
en favor de la demandante.
Adicionalmente, precisó que, contrario a lo afirmado por la autoridad, no basta que se
expida el acto que decida el recurso dentro del plazo establecido, pues los términos
«resolver» y «resuelto», consagrados en los artículos 732 y 734 del ET, incluyen que la
decisión quede debidamente notificada dentro del término legal correspondiente, de
acuerdo con el criterio jurisprudencial adoptado por esta corporación. Asimismo, aclaró
que el hecho de que el envío del aviso de la citación para la diligencia de notificación
personal se hubiese efectuado dentro del plazo del año no implica que se hubiese
notificado en dicha fecha, máxime cuando el administrado, conforme al inciso segundo
del artículo 565 ibidem, dispone el término de diez días para comparecer en la sede de
la Administraciónpara efectos de surtir la notificación personal.
Frente al reproche del demandado, respecto de que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no es la oportunidad procesal para obtener la declaratoria
del silencio administrativo positivo, afirmó que, una vez se acredita el supuesto de hecho
10
Samai Tribunal, índice 39, certificado FFC0BEF6E38B744D C6AA742FD53E4C9F 15D3F6F8A6F55708 BB6E15A68A6BF1CC (pdf), pp. 1 a 21.
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previsto en el artículo 734 del ET, el juez puede reconocer los efectos jurídicos del silencio
administrativo positivo, según algunos pronunciamientos de esta Sección. En
consecuencia, reconoció la configuración y los efectos del silencio administrativo positivo,
por lo que declaró la nulidad de los actos demandados.
Finalmente, condenó en costas al municipio, en aplicación de las reglas dispuestas en
los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012), dado que la parte demandada resultó vencida en primera instancia.
Recurso de apelación
El demandado solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar
la legalidad de los actos demandados11. Afirmó que el a quo no realizó un estudio
detallado del caso concreto pues «… no tuvo en cuenta el sentido material y sustantivo de los actos
demandados». Señaló que el tribunal desatendió que la demandante tuvo conocimiento de
la expedición de la respuesta al recurso de reconsideración dentro del término
establecido para el efecto, pero que deliberadamente acudió a la notificación personal
hasta el 27 de octubre de 2016. Por ello, advirtió que omitió aplicar el principio de
instrumentalidad de las formas.
Expresó que resolvió de fondo el recurso de reconsideración a través de la Resolución
065, del 13 de octubre de 2016; esto es, dentro del término de un año previsto en los
artículos 732 y 734 del ET. Asimismo, afirmó que envió por correo certificado la citación
para surtir la notificación personal dentro de dicho plazo, la cual fue recibida por la actora
el 19 de octubre de 2016 momento desde el cual la sociedad tuvo efectivo conocimiento
acerca de la emisión del acto administrativo que resolvió de fondo el recurso de
reconsideración, todo ello dentro del límite temporal de la norma. Con base en ello,
sostuvo que no se configuró el silencio administrativo positivo, dado que la administrada
tuvo conocimiento efectivo de la expedición del acto que decidió el recurso dentro del
término correspondiente.
Agregó que los términos «resolver» y «resuelto», contenidos en las disposiciones citadas,
deben interpretarse en atención a las circunstancias fácticas particulares. Señaló que
cumplió oportunamente «el propósito de comunicar» la expedición del acto que desató el
recurso y que la actora pudo notificarse personalmente los días 21, 22 y 24 de octubre
de 2016, pero optó por hacerlo hasta el 27 del mismo mes, lo cual denotaba que la
autoridad cumplió su deber legal en oportunidad y mediante buena fe, contrario al actuar
de la contribuyente (art. 6 CPACA), por lo que la notificación hasta el día 27 se debió a
una causa atribuible a la actora, pues tuvo un comportamiento desleal para con el
municipio y con la persecución de la finalidad del presente litigio decidió voluntariamente
notificarse en la anotada fecha, así que consideró que el tribunal debió considerar el
objetivo de los artículos 732 y 734 del ET que es que el recurrente tenga conocimiento
de la respuesta dada a su recurso lo cual se cumplió.
Advirtió que en la sentencia de primer grado no abordó el estudio de fondo sobre la
legalidad de los actos cuestionados, particularmente en lo relativo a la sujeción pasiva de
la actora al impuesto de alumbrado público, la calidad de sujeto activo de la entidad
demandada y el cumplimiento de las garantías a los derechos y principios durante la
actuación administrativa, previa expedición de los actos definitivos.
No controvirtió la condena en costas impuesta.
11
Samai Tribunal, índice 42, certificado C13CEEBD8AEDC4B1 1D0CA5FDD0FDE539 C8C08B2AB867D61A 40797C54828A88B3 (pdf), pp. 1 a 7.
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Pronunciamientos finales
La demandante guardó silencio en esta etapa procesal. Por su parte, el ministerio público
presentó concepto solicitando confirmar la sentencia de primera instancia12, por
considerar que se configuró el silencio administrativo positivo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por el demandado, en calidad de apelante único, contra la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
Problema jurídico
2- En concreto, corresponde a la Sala determinar si, como lo plantea el municipio, no se
configuró el silencio administrativo positivo, dado que expidió el acto que decidió el
recurso de reconsideración dentro del dies ad quem y envió la citación para su
notificación, de tal manera que al haber recibido dentro del plazo legal la citación para la
notificación alcanzó a tener conocimiento de la existencia de la decisión que daba
respuesta al recurso de reconsideración, lo que a su juicio, era la finalidad de los artículos
732 y 734 del ET. De ser procedente, la Sala estudiará el debate de fondo sobre la
procedencia del impuesto de alumbrado público.
2.2- Si bien en la contestación, el demandado no aludió a la violación del principio de la
instrumentalidad de las formas ni adujo que la actora se comportó sin atender el principio
de la buena fe, en contraposición del artículo 6 del CPACA, la Sala atenderá tales
reparos, puesto que fueron formulados a instancias de la interpretación del tribunal sobre
los artículo 732 y 734 del ET acerca de que el alcance de la expresión “resolver” el
recurso de reconsideración, comprende la expedición y notificación del acto
administrativo.
Análisis del caso concreto
3. Aduce el apelante que, el tribunal no valoró adecuadamente «el sentido material y
sustantivo» de los actos demandados al no tener en cuenta que la resolución que decidió
el recurso fue expedida oportunamente y que, la actora tuvo conocimiento de su
existencia dentro del término establecido en el artículo 732 del ET, en tanto, el 19 de
octubre de 2016 recibió la citación para la notificación, de modo que por causa atribuible
a la contribuyente decidió notificarse el 27 de octubre de 2016, pese a que pudo hacerlo
entre el 21, 22 y 24 de octubre de 2016, así que, aunque como autoridad actuó con buena
fe, su contraparte fue desleal y adecuó su comportamiento a perseguir la finalidad del
presente juicio. Por esa razón, estimó que el tribunal debió atender las circunstancias
fácticas particulares del caso y que la finalidad de los artículos 732 y 734 del ET era que
se conociera de la existencia del acto que resolvía el recurso interpuesto, lo que ocurrió
desde el 19 de octubre de 2016, cuando se recibió el aviso de citación. En consecuencia,
sostuvo que no se configuró el silencio administrativo positivo, por cuanto expidió el acto
definitivo y dio a conocer su existencia dentro del plazo dispuesto para el efecto.
En el otro extremo del debate, de forma puntual, la actora sostuvo que se configuró el
silencio administrativo positivo sobre la liquidación oficial, creándose un acto ficto a su
12
Samai CE, índice 20, certificado D8B509CD06687C83 647393BCE6AAE921 5CC34C2C8ABE88F0 961B8060769C18AF (pdf), pp. 1 a 10.
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favor, adoleciendo de nulidad el acto que decidió el recurso de reconsideración por falta
de competencia, ya que este último acto fue notificado extemporáneamente. Lo anterior
ocurrió porque, acorde con los artículos 732 y 734 del ET, 385 del Acuerdo 023 de 2012
y el criterio jurisprudencial adoptado por esta Sección, el demandado debía expedir y
notificar la decisión del recurso con anterioridad al 24 de octubre de 2016; es decir, dentro
del año siguiente a su interposición; no obstante, la notificación ocurrió el 27 de octubre
de 2016. En ese contexto, destacó que no era suficiente, para efectos del cumplimiento
de las disposiciones citadas, la expedición del acto que desató el recurso de
reconsideración ni la citación para su notificación personal, sino que era necesaria su
notificación en debida forma.
Al resolver la controversia, el a quo concluyó que se configuró el silencio administrativo
positivo en favor de la demandante. Precisó que no bastaba con que el acto que resuelve
el recurso se expidiera en el término previsto en los artículos 732 y 734 del ET, sino que
igualmente debía ser efectivamente notificado dentro del mismo plazo. Aclaró que el
envío del aviso de citación para la notificación personal dentro del año no equivalía a la
notificación del acto. Finalmente, puntualizó que el juez administrativo, en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tenía la competencia para
reconocer los efectos del silencio administrativo positivo. Tras esto, señaló reconocer la
configuración y los efectos del silencio administrativo positivo, y declaró la nulidad de los
actos demandados.
3.1- Para desatar la controversia, partirá la Sala de destacar que el artículo 385 del
Acuerdo 023 de 2012 (Estatuto Tributario del municipio de Cabuyaro) establece que «…
contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la
Secretaría de Hacienda Municipal, procede el recurso de reconsideración el cual se someterá a lo regulado
por los artículos 720, 722 a 725,729 a 734 del Estatuto Tributario Nacional», lo que es concordante
con la norma de reenvío del artículo 59 de la Ley 788 de 2002.
De acuerdo con el artículo 732 del ET, desde la debida interposición del recurso de
reconsideración, la Administración tiene un año para resolverlo. Sobre el alcance de lo
anterior se ha pronunciado la Sección13, precisando que tal previsión comprende tanto
su expedición como su correcta notificación dentro del señalado plazo, so pena de las
consecuencias del artículo 734 ídem atinentes al silencio administrativo positivo, que
conllevaría a entender fallado el recurso de manera favorable para el recurrente, criterio
de decisión que reiterará la sala en esta oportunidad.
A los efectos anteriores, se precisa recordar que, la notificación del acto que desata el
recurso de reconsideración se surte de forma personal, previa remisión de un aviso
citatorio para que el obligado tributario comparezca a la diligencia de notificación dentro
de los 10 días siguientes a la fecha de introducción del correo del indicado aviso y, tras
cumplirse dicho término sin poder surtirse dicho trámite, procedería la notificación
subsidiaria de la notificación por edicto. De acuerdo con ello, la notificación personal se
surte al momento de la comparecencia del contribuyente a la diligencia y no con la
entrega de la citación para que acuda a la notificación personal. Ahora bien, dado que el
contribuyente cuenta por ley con un término de 10 días para que concurra, este puede
hacerlo en cualquiera de tales días, sin que la Administración pueda pretermitirlos. Por
ello, no le asiste razón a la apelante al presumir la mala fe por no haber acudido el
obligado, a la diligencia de notificación personal, en unos determinados días, pues se
insiste que este podía acudir cualquier día dentro del término que la ley le confirió, como
13
Sentencias del 21 de octubre de 2010 (exp.17142, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); 6 de diciembre de 2017 (exp.21308, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto); del 9 de agosto de 2018 y 29 de abril de 2020 (exps. 23724 y 22965, CP: Milton Chaves García); del 1 de julio de 2021 (exp. 22868,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); y del 11 de febrero y 11 de noviembre de 2021, 22 de junio de 2023 y 29 de febrero de 2024 (exps. 23932, 24352,
26888 y 27923, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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efectivamente lo hizo el 27 de octubre de 2016. Era a la Administración a quien competía
controlar los términos en orden a asegurarse de notificar la decisión dentro del año,
considerando los tiempos que demandaba la citación a la notificación personal.
Tampoco le asiste razón a la impugnante cuando considera como suficiente el envío de
la citación dentro del año, pues el ejercicio de defensa y contradicción pende en gran
parte de la publicidad de las decisiones adoptadas en las actuaciones adelantadas, lo
que solo se materializa a partir de que el administrado conozca la decisión y su sustento.
Al efecto, la Corte Constitucional ha indicado que «-a modo de ejemplo- el principio de publicidad
constituye una condición para el ejercicio del derecho de defensa, y contribuye a dotar de legitimidad las
actuaciones judiciales y administrativas, al exigir la presentación de una motivación jurídica que demuestre
el sustento legal de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, concretando a la vez el principio
de legalidad» (sentencia C-035 de 2014, MP: Luis Ernesto Vargas Silva). La acepción
«conocer», debe tener la entidad suficiente para que el contribuyente pueda ejercitar
debidamente la defensa y contradicción, lo que no ocurre cuando al administrado tan solo
se le anuncia de que se ha expedido una decisión dentro de una actuación adelantada
en su contra, como sería el caso del aviso citatorio a la diligencia de notificación personal.
3.3- Al tenor de esos planteamientos, la Sala constata que el 23 de octubre de 201514, la
contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 00415, del 03 de
agosto de 2015, que le liquidó el impuesto de alumbrado público por el año 2012, con el
fin de que la autoridad ordenara «… revocar la Liquidación Oficial 004, del 03 de agosto de 2015…
[y que] se archive el expediente».
Si bien la Resolución 05616 que decidió el recurso de reconsideración fue expedida el 13
de octubre de 2016, esta solo fue efectivamente notificada el 27 de octubre de 2016,
fecha que excedía el plazo del año que establece el artículo 732 del ET, en tanto que
este fenecía el 24 de octubre de 2016 -día hábil siguiente-.
Igualmente, se advierte que, el aviso de citación para la notificación 130-12.04-34017 del
13 de octubre de 2016, fue remitido el 19 de octubre de 2016 (consta en la guía de envío
de correo certificado18, parcialmente ilegible, expedida por la empresa de correos Inter
Rapidísimo S.A. sin identificación de la fecha de recepción) y tal documento señaló: «…
dentro de los diez (10) días siguientes contados a la recepción de la presente citación con el fin de notificarle
personalmente la Resolución No. 056 de 2016, por medio de la cual se resuelve el recurso de
reconsideración … En caso de desatender esta citación, la notificación de la resolución que resuelve el
recurso de reconsideración se surtirá por edicto…». Sin embargo, como se indicó en las
consideraciones precedentes, la entrega de la citación no correspondía a la notificación,
solo era la invitación a que acudiera a surtir la notificación personal.
Por lo señalado, la Sala desestimará la argumentación de la apelante en torno a que, el
a quo omitió la aplicación del principio de instrumentalidad de las formas -cuyo trasfondo
es la observancia de su finalidad- por haber concluido que el acto que decidió el recurso
debió notificarse en el término del año. Esto porque tal como fue señalado, el alcance y
finalidad del artículo 732 del ET es que el administrado conozca la decisión del recurso
de reconsideración en el plazo máximo establecido por el legislador (un año contado a
partir de la interposición en debida forma del recurso), pues solo a partir de tal momento
estaría en posibilidad de ejercer su derecho de defensa, de ahí que no puede entenderse
resuelto el recurso con la sola emisión de la decisión y el envío de la citación para que se
acuda a la notificación. No prosperan los cargos de apelación.
14
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 247 a 265.
15
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 180 a 184.
16
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 216 a 223.
17
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 180 a 184.
18
Samai Tribunal, índice 16, certificado C20F6E57B8030D3D 058D8C9B4C5D9312 63BE7B98B0D54337 4B37BCC7E1FEFE48 (pdf), pp. 267.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Considerando que el plazo con que contaba la Administración para proferir el acto que
resolviera el recurso de reconsideración venció el 24 de octubre de 2016, la
Administración había perdido competencia para proferirlo el 27 de octubre del citado año,
fecha en que fue efectuada la notificación, lo que derivó en la configuración del silencio
administrativo positivo.
Dado que lo anterior resulta suficiente para confirmar la decisión del tribunal de anular
los actos demandados, la Sala se relevará del estudio de los cargos referidos a la
procedencia de la determinación del impuesto de alumbrado público por la vigencia 2012.
Conclusión
5- Con base en lo razonado en precedencia, la Sala establece como criterio interpretativo
de esta providencia, que el dies ad quem aplicable a los actos que resuelven el recurso
de reconsideración comprende la expedición y debida notificación del acto al obligado
tributario dentro del plazo [un año], previsto en los artículos 732 y 734 del ET. En
consecuencia, no resulta suficiente que se expida y se envíe la citación para surtir la
notificación personal, dado que el principio de publicidad, lo que solo se materializa a
partir de que el administrado conozca la decisión y su fundamentación.
Costas
6- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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