Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00315-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00315-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00315-01 (5781-2023)
Demandante: Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Temas: Pensión de sobrevivientes. Dependencia económica
Sentencia de segunda instancia
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo
del Meta, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2 en orden a que se declarara la nulidad del Oficio S-2016-
076510/APRE-GRUPE-1.10 (sin fecha) recibido el 4 de mayo de 2016 y de la
Resolución 01160 del 9 de agosto de 2011, por medio del cual la demandada les
negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo,
el capitán Salomón García Martínez.
2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitaron (i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su
favor de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 4433 de 2004
y desde la fecha en que terminaron los 3 meses de alta por el fallecimiento de
Salomón García Martínez; (ii) el pago de todas la mesadas pensionales, primas
y demás emolumentos, de manera indexada y sin efectuar ningún descuento de
1 Índice 4, Samai tribunal.
2 En adelante CPACA.
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Demandante: Crispulo García García
lo pagado por virtud de la Resolución 01160 del 9 de agosto de 2011, desde
cuando se reconociera el derecho y hasta que se hiciera el pago; (iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195
del CPACA y la condena en costas a la demandada.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo señalaron como hechos
relevantes los siguientes:
3.1. Salomón García Martínez ingresó a la Policía Nacional el 1 de diciembre de
2004, alcanzó el grado de teniente y completó 9 años, 1 mes y 6 días de servicio.
El 23 de noviembre de 2023 falleció como consecuencia de un ataque guerrillero.
Para ese momento prestaba el servicio en el Escuadrón Móvil de Carabineros 35
del departamento de Policía del Meta.
3.2. Fue ascendido al grado de capitán por haber sido calificada su muerte como
en «actos especiales del servicio».
3.3. Cuando falleció, Salomón García Martínez era soltero y convivía con sus
padres [Crispulo García y Miriam Martínez Arévalo] en la ciudad de Bogotá «[…]
prestándoles apoyo y aportando mensualmente, para las obligaciones de la casa […]».
3.4. A través de la Resolución 01160 del 9 de agosto de 2011, la Policía Nacional
les reconoció la compensación por la muerte de su hijo y negó la pensión de
sobrevivientes al considerar que no dependían económicamente del uniformado
fallecido porque el padre, Crispulo García García, recibía una asignación de retiro
como agente de la Policía Nacional de parte de la Caja de Sueldos de Retiro de
tal entidad.
3.5. El 5 de febrero de 2016 solicitaron de nuevo el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes. La entidad ratificó la negativa contenida en la Resolución
01160 del 9 de agosto de 2011.
3.6. La asignación de retiro que recibía Crispulo García García para el año 2015
equivalía a $1.512.547, suma a la que se le restaba $456.947 destinados al pago
de un crédito adquirido para arreglos del inmueble en donde vivía. El salario del
causante ascendía a $2.192.391 y con él ayudaba mensualmente a sus padres
con el pago de servicios públicos, alimentación y recreación.
3.7. La muerte de Salomón García Martínez significó una afectación en el mínimo
vital de sus padres al no contar con el aporte económico que este les brindaba.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 42, 48 y 53 de la
Constitución Política y 27 del Decreto 4433 de 2004; la Ley 1437 de 2011 y la
sentencia C-111 de 2006.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
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5.1. Los actos acusados debían ser anulados por incurrir en la causal de falsa
motivación. Ello, porque a pesar de que los demandantes cumplían con los
requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes previstos en los artículos
11 y 27 del Decreto 4433 de 2004, la entidad negó el derecho con el único
argumento de que Crispulo García García recibía mensualmente una asignación
de retiro. Esta interpretación vulneró las normas mencionadas, toda vez que «[…]
considera[ba] que la dependencia económica de estos [demandantes] con relación al
causante deb[ía] ser total y absoluta […]» lo cual contradecía la sentencia C-111 de
2006, según la cual no constituía independencia económica recibir otro ingreso.
5.2. En caso de acceder a las pretensiones de la demanda no era procedente el
descuento de lo pagado por la indemnización por muerte reconocida en la
Resolución 01160 del 9 de agosto de 2011. Si bien antes se ordenaba, en virtud
de la sentencia del 30 de octubre de 20083 proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, tal postura fue rectificada por la
Subsección A en providencia del 17 de mayo de 20124 en la que afirmó que no
era viable porque fue reconocida mediante un acto administrativo cuya
presunción de legalidad no había sido desvirtuada.
1.2. Contestación de la demanda5
6. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
6.1. El Oficio S-2016-076510/APRE-GRUPE-1.10 fue expedido de acuerdo con
las normas legales y se fundamentó en la Resolución 1160 del 9 de agosto de
2011 que negó el reconocimiento pensional por no demostrarse la dependencia
económica de los solicitantes con el causante, la cual no fue demandada dentro
del término de ley. Además, la entidad les pagó los emolumentos que permitía el
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
6.2. Lo pagado por compensación por la muerte equivalente a $101.707.515,84
también se descontaba a quienes se les reconociera la pensión de
sobrevivientes, según lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado6.
6.3. No le constaba que Salomón García Martínez conviviera con sus padres y los
ayudaba económicamente. Por el contrario, en el estado civil de su hoja de
servicios se registró como «soltero» y en su historia laboral indicó que no tenía
personas a su cargo. Adicionalmente, Crispulo García García declaró ingresos
mensuales por $2.250.000.
6.4. En el presente caso era viable aplicar lo preceptuado en el artículo 11,
numeral 11.4 del Decreto 4433 de 2004 para reconocer la pensión de
sobrevivientes a los padres del uniformado fallecido. Sin embargo, aquellos no
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Radicado: 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-05).
4 Radicado:17001-23-31-000-2006-01111-01 (1578-09).
5 Índice 4, Samai tribunal.
6 Citó la sentencia del La Sección Segunda, Subsección A con radicado 81001-23-33-0000-2014-
00012-01 (1321-15) del 12 de abril de 2018.
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Demandante: Crispulo García García
dependían económicamente de él y además su padre recibía una asignación de
retiro que obtuvo por haberse desempeñado como agente de la Policía Nacional.
Esta situación también impedía que se le otorgara una nueva prestación social,
por cuanto el artículo 128 Constituían prohibió recibir más de una asignación
financiada con el erario. A ello se sumaba que Salomón García Martínez no
convivía con los demandantes, pues laboró en distintas unidades de la Policía
Nacional en el país.
6.5. En caso de ser reconocida la pensión de sobrevivientes en sede judicial, se
debía aplicar la prescripción prevista en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.
De igual manera, sobre el monto reconocido debía hacerse el descuento del
monto pagado por la compensación por muerte.
1.3. Sentencia de primera instancia7
7. En sentencia del 8 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Meta negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.
8. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:
8.1. En el presente caso quedó probado que Salomón García Martínez estuvo
vinculado a la Policía Nacional y que su último grado fue el de teniente con un
total de 9 años, 1 mes y 6 días de servicio. Además, que falleció el 23 de
noviembre de 2010 en un atentado terrorista y su muerte fue calificada como
ocurrida en «actos especiales del servicio». La entidad le reconoció a sus padres
la compensación por muerte y las cesantías correspondientes al grado de
capitán, pues el fallecido fue ascendido a este grado de manera póstuma.
8.2. Para la fecha de la muerte del uniformado la norma aplicable era el Decreto
4433 de 2004, artículos 11 y 27. El primero de estos incluyó como beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes a los padres del uniformado, siempre que
demostraran que dependían económicamente de él. Esta dependencia se
entendía como la afectación de las condiciones mínimas de existencia ante la
falta de apoyo económico del hijo fallecido, como se sostuvo en las sentencias
T-725 de 2017 y T-484 de 2018 de la Corte Constitucional.
8.3. Al proceso se aportó el desprendible de pago de la asignación de retiro que
recibía Crispulo García García, su declaración extrajuicio en la que indicaba que
percibía ingresos por renta y ventas de calzado; igualmente las de Blanca Flor
Lozada Solano; el certificado de tradición y libertad que daba cuenta de que el
demandante era propietario de un inmueble; las declaraciones practicadas dentro
del proceso de María Vicenta Mestizo de Perdomo y Ana Ericinda de Jesús
Rodríguez Reyes [vecinas de los demandantes]. Las anteriores pruebas
permitían concluir que no existía una real dependencia económica de los
demandantes respecto de Salomón García Martínez.
7 índice 33, Samai tribunal.
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8.4. En efecto, «[…] confrontando las consideraciones expuestas sobre la dependencia
económica y la mera colaboración que pu[do] surgir de los hijos hacía los padres, con el
dicho de las testigos traídas por la parte demandante, para la Sala en este caso, e[ra]
claro que la ayuda económica que recibían los demandantes de su hijo se trataba de tan
solo de una colaboración que era utilizada por los padres para la compra de mercado y
pago de servicios públicos […]». Los testigos, aunque aseveraron que el fallecido
les ayudaba, también indicaron que «[…] los demandantes se “[sostenían]” con la
pensión que devenga[ba] el padre del policial fallecido, con la diferencia que ahora
[debían] racionar más los recursos que pose[ían] […]».
8.5. Por lo anterior, «[…] no [podía] afirmarse que los padres del causante [estaban]
desamparados o que su única fuente de ingresos era lo que devengaba SALOMON
GARCÍA […]». Ello, puesto que recibían la asignación de retiro, ingresos por
rentas que ascendían a $1.100.000, se dedicaban a la venta de calzado y
contaban con vivienda propia. En ese orden, no se probó que la muerte del
uniformado hubiese afectado sus condiciones mínimas de subsistencia o alterado
sus necesidades básicas. Por lo tanto, no acreditaron la dependencia económica
que exigía el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.
8.6. La condena en costas procedía porque las pretensiones fueron negadas, de
acuerdo con lo regulado en el numeral 1 del artículo 365 del CGP.
1.4. Recurso de apelación8
9. Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo interpusieron recurso de
apelación y expusieron las siguientes razones como argumentos para la
revocatoria de la sentencia:
9.1. Elaporte para la compra de mercado y pago de servicios públicos que
Salomón García Martínez hacía para el sostenimiento de sus padres no podía
ser considerado como una simple «colaboración», por cuanto no era esporádico y
lo hacía cada 15 días según el relato de los testigos dentro del proceso. Luego la
falta de tal contribución sí repercutió en su calidad de vida.
9.2. Los padres del uniformado carecían de independencia económica porque
para su congrua subsistencia se apoyaban de lo que proveía aquel. Ello, pues
Miriam Martínez Arévalo era ama de casa y solo contaban con el ingreso de
Crispulo García García que recibía por su asignación de retiro que ascendía a
$1.067.846. El recibir esta prestación no significaba independencia económica,
según lo afirmado por la Corte Constitucional en la C-111 de 2006, tampoco sus
ingresos ocasionales ni ser propietarios de un inmueble la otorgaban. En el caso
presente, los demandantes eran propietarios de un lote en el barrio Galán al sur
de Bogotá avaluado en $4.800.000 e hipotecado.
9.3. Los ingresos adicionales a los que se refirió la sentencia por rentas y venta
de calzado, los obtuvieron los demandantes en el año 2001, cuando Salomón
García Martínez iba a ingresar a la carrera de la Policía Nacional y era para su
8 Índice 36, Samai del tribunal.
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financiación. No obstante, para el año 2007 quebró el negocio que poseían y solo
contaban con la asignación de retiro para solventar sus gastos, razón por la que
el uniformado asumió parte de estos.
1.4. Pronunciamiento en segunda instancia
10. Las partes no se pronunciaron dentro del término otorgado por el numeral 4
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
11. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no
se pronunciaron.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Problema jurídico
12. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿los demandantes lograron probar la existencia de la dependencia
económica respecto de su hijo Salomón García Martínez que exige el
artículo 11, numeral 11.4 del Decreto 4433 de 2004 para que proceda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reglada en el artículo 27
ibidem?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de los
miembros de la Policía Nacional muertos en actos especiales del servicio
13. El artículo 48 de la Constitución Política reguló la seguridad social como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». La norma indicó que es un derecho «irrenunciable» por lo que
tiene la calidad de derecho fundamental, pues su finalidad es lograr la justicia
social al permitir que las personas tengan cubiertas las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez, la enfermedad o la muerte9. La norma dejó en manos del
legislador su regulación con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad.
14. En lo que tiene que ver con la pensión de sobrevivientes, esta se estableció
tanto el régimen general como en algunos especiales como el de las Fuerzas
Armadas para cubrir el riesgo por muerte del afiliado o pensionado y en beneficio
de su núcleo familiar. Su finalidad es «[…]la protección de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido […]»10. En ese sentido, pretende evitar
que los beneficiarios del causante con su muerte deban soportar un cambio
9 Sentencia T-019 de 2009, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil. Ver también las sentencias:
T-395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001.
10 Sentencia C-1094 de 2003.
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sustancial en sus condiciones mínimas de vida ante la desmejora en sus recursos
económicos11.
15. En efecto, la jurisprudencia ha precisado que responde «[…] a la necesidad de
mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y
económica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al
desconocerse puede significar, no en pocos casos, reducirlos a una evidente
desprotección y posiblemente a la miseria»12.
16. Para el caso de los oficiales, suboficiales, o agentes de la Policía Nacional que
fallecen en actos especiales del servicio, la prestación aludida fue regulada por
el Decreto 4433 de 200413 en su artículo 27 de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 27. Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de un
Oficial, Suboficial, o Agente de la Policía Nacional en servicio activo, o del
personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o
en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en
el orden y proporción establecida en el artículo 11 del presente decreto tendrán
derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les
pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía
Nacional, la cual será liquidada así:
27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el causante
tuviere quince (15) años o menos de servicio.
27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%)
adicional, por cada año que exceda los quince (15), sin sobrepasar el ochenta
y cinco por ciento (85%) por los primeros veinticuatro (24) años.
27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral
anterior se incrementará en un dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin
que en ningún caso el total pueda exceder el noventa y cinco por ciento (95%)
de las partidas computables.
Parágrafo 1. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de
la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento
o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción
establecidos en el artículo 11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de
la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión
mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, liquidada
de acuerdo con el grado conferido póstumamente y equivalente al ciento por
ciento (100%) de las partidas establecidas en el artículo 23 del presente
decreto.
Parágrafo. A la muerte de un uniformado en el grado de Patrullero del Nivel
Ejecutivo en servicio activo calificada en actos especiales del servicio, a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 2179 de 2021, la pensión de sobreviviente se
liquidará con las partidas más favorables, es decir, sus beneficiarios optarán entre
11 Ver la siguiente sentencia del Consejo de Estado: Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 2 de octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-2012).
12 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2010.
13 «por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública»
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las que venía devengando como Patrullero del Nivel Ejecutivo reconociéndose para
dicho caso los porcentajes hasta la quinta distinción póstumamente, o las del grado
de Subintendente conferido póstumamente. […]».
17. A su turno, el artículo 11 ibidem, estableció el orden de beneficiarios así:
«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio
activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales,
Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales,
Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y
Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y
pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años
y hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento
de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de
estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la
pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si
dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales,
para los padres que dependían económicamente del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos,
ni padres, la pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante
era su único sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o
inválidos.
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la
del cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos
no habrá lugar a acrecimiento.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y
hermanos será el establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez
de los beneficiarios, será acreditada con fundamento en las normas del Sistema
de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente a la determinación de
dicho estado.» [se resalta]
18. Entonces, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
cuando los reclamantes sean los padres del uniformado fallecido, estos deben
acreditar la dependencia económica, tema que se analizará a continuación.
2.2.2. La dependencia económica
19. La dependencia económica fue definida por esta Sección como la «situación
de subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su
‘modus vivendi’. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte
del beneficiado una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
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desprendida de ostentación o suntuosidad alguna»14.
20. Este requisito ha sido objeto de análisis por la Corte Constitucional y esta
corporación. Por ejemplo, en la sentencia C-111 de 2006, al estudiar el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal d) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003, aquella señaló que no es necesario demostrar la carencia total y
absoluta de recursos, «propio de una persona que se encuentra en estado de
desprotección, abandono, miseria o indigencia», sino que basta con la comprobación
de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al
beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.
Es decir que la dependencia económica debía entenderse como « la falta de
condiciones materiales que les permitan [...] suministrarse para sí mismos su propia
subsistencia, entendida esta, en términos reales y no con asignaciones o recursos
meramente formales». A renglón seguido sostuvo:
«De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio
de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte
del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para
asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los
gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de
beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta
como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma
responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios
matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario.
Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la
subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre
y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir,
haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada
prestación.
20. En este orden de ideas, a juicio de la Corte, al exigir la disposición acusada
la demostración de una dependencia económica “total y absoluta”, establece
una hipótesis extrema que termina por hacer nugatoria la posibilidad que tienen
los padres del causante de acceder a la pensión de sobrevivientes, lo que
desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, pues
indudablemente sacrifica derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital
y el respeto a la dignidad humana y los principios constitucionales de
solidaridad y protección integral a la familia.»
21. A partir de lo anterior, estableció como reglas que (i) para tener independencia
económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios
materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna; (ii) el salario mínimo no
es determinante de la independencia económica; (iii) no constituye
independencia económica recibir otra prestación; por ello, entre otras cosas, la
incompatibilidad de pensiones no opera tratándose de la pensión de
sobrevivientes; (iv) esta no se configura por el simple hecho de que el beneficiario
esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional; (v) los ingresos
ocasionales no generan independencia económica, es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes; y (vi) poseer un predio no es prueba
14
Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, expediente 0448-2012.
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suficiente para acreditarla [la independencia].
22. Posteriormente, en la sentencia C-066 de 2016, al examinar los literales c) y
e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puntualizó que la dependencia
económica debía ser comprendida como la falta de condiciones materiales
mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión para auto
proporcionarse o mantener su subsistencia; adicionalmente debía entenderse
que la presencia de ciertos ingresos no constituía falta de esta, ya que tan solo
«se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su
mínimo existencial en condiciones dignas».
23. Agregó que la condición de acceso por dependencia económica con la
expresión «sin ingresos adicionales», iba en contravía de que una persona en
condiciones de discapacidad subordinada al causante pudiera procurarse algún
medio de sustento, acceder a un trabajo o ejercer determinada profesión u oficio.
24. Por ello, consideró que la demostración de la ausencia total de ingresos
constituía una barrera de acceso para la superación de las personas en condición
de discapacidad, «[…] siendo necesaria la adecuación de la norma en la medida que
si bien se mantenga la dependencia como requisito de ingreso, la misma no acentúe la
discriminación, sobre todo si se tiene que en el caso de los padres, la subordinación
pecuniaria es parcial, no se justifica porque en el caso de los hijos inválidos deba ser
total, entre otras, siendo titulares de mejor derecho, en tanto que están en el mismo orden
de prelación del cónyuge o la compañera permanente, y ante su existencia, desplazan a
los padres del causante […]».
25. Ahora, aunque las anteriores consideraciones fueron expuestas para las
pensiones de sobrevivientes del régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la
jurisprudencia también ha establecido esas reglas cuando se trata de miembros
de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en la sentencia T-281 de 2002, al resolver
sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor del hijo de un
exsargento de la Policía Nacional, sostuvo que «[…] la independencia económica
se refiere a tener la autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia vida, sea
a través del ejercicio de la capacidad laboral o de un patrimonio propio».
26. Del mismo modo, esta Sección ha prohijado el criterio dirigido a que «[…] la
dependencia económica no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos
económicos, sino en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia»;
ello, aunado a que «[…] dicho concepto debe ser analizado en armonía con los
postulados constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta […]»15.
27. Este criterio también fue expuesto en la sentencia del 11 de noviembre de
2021, en la cual se agregó que esta noción «[…] comprende la falta de condiciones
materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de
sobrevivientes para auto – proporcionarse o mantener su subsistencia, por lo tanto, la
presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es
independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo
15
Subsección A, sentencia del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-25-000-2009-00193-01
(2211-12).
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existencial en condiciones dignas […]»16.
2.3. Análisis del caso concreto
2.3.1. Lo probado en el proceso
28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :
28.1. Se allegó el Registro Civil de Matrimonio 1859956 del 20 de agosto de
199917, de acuerdo con el cual Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo
contrajeron matrimonio.
28.2. Según el Registro Civil de nacimiento 6060764 18, Salomón García Martínez
nació el 6 de mayo de 1981 y sus padres son Crispulo García García y Miriam
Martínez Arévalo.
28.3. De acuerdo con la Hoja de Servicios 7992304119, Salomón García Martínez
ingresó a la Policía Nacional el 28 de enero de 1999 como auxiliar de Policía,
ocupó los cargos de cadete y alférez y de teniente, ultimo desempeñado hasta el
23 de noviembre de 2010, fecha en que falleció con un total de servicio de 9 años,
1 mes y 6 días. La última unidad en la que laboró fue el «Escuadrón Móvil de
Carabineros N° 36 DEMET- DICAR» ubicado en el departamento del Meta, según
certificado suscrito por el jefe de grupo de información y consulta. La causa de
su retiro fue «muerte en servicio activo».
28.4. El mencionado falleció el 23 de noviembre de 2010, según Registro Civil de
Defunción 537342620.
28.5. Según el Informativo Administrativo por Muerte 239/2010 del 20 de diciembre
de 201021, suscrito por el director de Carabineros y Seguridad Rural, el deceso
de Salomón García Martínez ocurrió en un atentado terrorista por lo que se
catalogó como «muerte en actos especiales del servicio», de conformidad con lo
establecido en el artículo 165 del Decreto 1212 de 1990.
28.6. A través de la Resolución 01160 del 9 de agosto de 2011 notificada el 18 de
agosto de 201122, la entidad demandada reconoció en favor de Crispulo García
García y Miriam Martínez Arévalo, padres del uniformado, la «compensación por
muerte» por un valor de $101.707.515,84. Asimismo, les negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes. Esta última decisión la fundamentó en que
Crispulo García García recibía una asignación de retiro por valor de
$1.067.846,00 y que mantenía el vínculo matrimonial con Miriam Martínez
Arévalo. Dicho esto, el acto manifestó:
16 Subsección B, expediente 5467-18.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Índice 3, Samai tribunal.
20 Ibidem.
21Índice 4, Samai tribunal.
22 Índice 3, Samai tribunal.
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«[…] En consecuencia, se observa la posesión de ingresos que los perfila en la
actitud de bastarse a si mimos para subvenir a sus necesidades, situación que
hace desparecer la subordinación que predica la norma legal de los padres
respecto del causante, razón por la cual no tienen la calidad de beneficiarios de
la Pensión de Sobrevivientes, de conformidad con el artículo 11 del Decreto
4433/2004, por lo anterior la petición les serpa negada y se les reconocerá el
derecho a la Compensación por Muerte […]» (sic)
28.7. Laresolución aludida también indicó que Salomón García Martínez
ascendió de manera póstuma al grado de capitán, a través del Decreto 1557
del 13 de mayo de 2011.
28.8. Mediante petición presentada el 5 de febrero de 201623 los demandantes
pidieron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de padres
de Salomón García Martínez.
28.9. Con el Oficio S-2016.076510/ARPRE-GRUPE-1.1024 la entidad enjuiciada
negó el reconocimiento pensional. Sustentó la decisión en que a través de la
Resolución 1160 de 2011 ya se había negado ante la falta de prueba de la
dependencia económica y que tal acto se encontraba en firme y ejecutoriado.
28.10. Para el año 2016 Crispulo García García recibía una asignación de retiro de
$1.512.547. Luego de las deducciones de ley y del pago de un préstamo por
$456.947, recibía en total la suma de $976.973, según el desprendible de nómina
aportado al proceso25.
28.11. De acuerdo con el Certificado de Tradición impreso el 5 de septiembre de
2001 Crispulo García García es propietario de un bien inmueble ubicado en «[…]
1) CALLE 58 SUR (l 18 B 06(08. 2) CARRERA 19 P 56 A - 04 S […]» de Bogotá con
matrícula inmobiliaria 50S-40211148. La ultima anotación data del 15 de marzo
de 2001, fecha en la que continuaba la propiedad en cabeza del mencionado y
se hacía la anotación de «cancelación de hipoteca»26 [sic].
28.12. El Certificado de Tradición impreso el 5 de septiembre de 2001 indica que
el predio identificado como «[…] LOTE DE TERRENO ¹21 DE LA MANZANA T-O CON
UNA EXTENSION SUPERFICIARIA DE 77,87 MTS 2 DE LA URBANIZACION JOSE
ANTONIO GALAN […]» con número de matrícula 50S-40074408 es propiedad de
Crispulo García García y registra como última anotación «[c]ancelación de
hipoteca» del 21 de abril de 199927.
28.13. Dentrodel expediente se encuentran las declaraciones extraproceso 28
rendidas ante el notario 74 del Círculo de Bogotá por Blanca Flor Losada Solano,
María Vicenta Mestizo de Perdomo y Ana Ericinda de Jesús Rodríguez Reyes.
Se transcribe a continuación lo manifestado:
23
Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Índice 4, Samai tribunal.
27
Ibidem.
28Índice 3, Samai tribunal.
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Declarante Declaración
Manifestó que conoció a Salomón García
Martínez desde 1984 y que le consta que
hasta la fecha de su fallecimiento era de
estado civil soltero y sin hijos. Asimismo,
que sus padres «[…] vivían y dependían de
Blanca Flor Losada Solano la ayuda económica que su hijo fallecido les
aportaba para ayuda de sus gastos y
necesidades […]» y que «[…] siempre vivió
con sus padres en predio ubicado en la CLL
59 N° 79C-66 sur, barrio Bosa José Antonio
Galán […]».
María Vicenta Mestizo de Perdomo El relato es idéntico al anterior.
Ana Ericinda de Jesús Rodríguez Reyes El relato es idéntico al anterior.
28.14. En el proceso se recibieron los siguientes testimonios en la audiencia
iniciada el 22 de febrero de 2021 y terminada el 24 de igual mes y año:
• María Vicenta Mestizo de Perdomo.
28.15. Sobre el tiempo desde el cual conoció a los demandantes narró lo
siguiente29: «[...] [l]os conozco hace más o menos 25 años, son vecinos, quedan al lado
de mi casa, entonces por lo tanto, somos vecinos” Calle 59 sur 3 79c 72 barrio Antonio
Galán en Bosa […]» (sic). En su declaración indicó que los conoció desde que
compraron el lote y que «[...] compramos el lote y empezamos a construir la casa, así
nos distinguimos […]» (sic). Al interrogarse sobre cuál casa aclaró que «[…] la casa,
la mía y pues la de ellos también porque compramos al mismo tiempo el lote […]»30(sic).
Afirmó que vivía en dicha casa desde 1985 y que los demandantes eran sus
vecinos desde esa época.
28.16. Al preguntársele con quién vivían los demandantes relató que «[…] con sus
hijos […]» (sic) a los que identificó como «[…] Yaneth, Angélica y Salomón
[…]»31(sic). Al ser interrogada sobre a qué se dedicaban los mencionados
manifestó que Salomón García Martínez ya había fallecido y que Yaneth y
Angélica ya no vivían con ellos y formaron su hogar32.
28.17. A la pregunta dónde vivía Salomón García Martínez contestó que «[…] él
vivía allí con ellos, eh mientras él estuvo ahí vivo pues él les colaboraba con el mercado
y les ayudaba a pagar los servicios. Preguntado por el despacho: ¿Usted cómo sabe
eso? Contestó: porque yo varias veces acompañé a la señora Miriam y a Salomón al
supermercado y pues él era el que pagaba el dinero al supermercado. Preguntado por
el despacho ¿quién pagaba? Contestó: Salomón […]»33 (sic).
28.18. Al ser cuestionada sobre si Salomón García Martínez tuvo hijos o pareja
respondió «[…] no señora, él siempre vivió ahí solo con sus padres. Preguntado:
cuando usted dice que él siempre vivió ahí quiere decir que él nunca salió a residir en
otra vivienda diferente o siempre vivió ahí. Contestó: siempre vivió ahí. Preguntado:
29 18´:45´´ a 19´:10´´. Audiencia de pruebas. Índice 24 y 25, Samai tribunal
30 20´:13´´. Ibidem.
31 21´:19´´ a 21¨:44´´. Ibidem.
32 22¨:27´´. Ibidem.
33 22´:47´´ a 23:12´´ Ibidem.
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¿Dónde prestaba él sus servicios como Policía? Contestó: bueno ahí sí él a veces pues
salía, él por ejemplo salía precisamente la muerte fue en el José de Guaviare muy claro
lo tengo muy bien entendido entonces pues lo demás él siempre pues él llegaba normal
yo nunca le pregunté púes en qué sitio estaba actualmente pues en el momento
trabajando […]»34(sic).
28.19. Al ser interrogada sobre cómo era que el fallecido vivía con los padres
manifestó: «[…] por ejemplo él salía por la mañana y llegaba en la tarde, pero a veces
él trabaja fuera de Bogotá. Preguntado. ¿Y cuando trabajaba fuera de Bogotá, dónde
vivía? Contestó: No eso si la verdad no sé […]»35(sic).
28.20. Se le interrogó cómo era la ayuda en cuanto al pago de los servicios y
porqué le constaba. Al respecto, respondió que «[…] eh… servicios públicos, me
refiero porque por ejemplo el gas, la luz y el agua, eh… porqué me di cuenta pues porque
íbamos, él le daba el dinero a la señora Miriam y nosotras íbamos a pagar, pues a hacer
fila y a pagar los servicios […]»36(sic).
28.21. Al preguntársele sobre a qué se dedicaban los demandantes para la época
en que falleció Salomón García Martínez contestó lo siguiente: «[…] pues yo los
veía ahí en la casa […]»37 (sic). No agregó nada más a su respuesta.
28.22. Se le interrogó para que informara qué sabía del estado económico de los
demandantes y su familia desde que los conocía. Afirmó que «[…] bueno pues él,
don Salomón (sic) trabajó también en la Policía y pues vivían del sueldo de él, eh… y
después cuando Salomón ya empezó a trabajar pues él les ayudaba económicamente
[...]»38 (sic). Se le preguntó si además de la actividad en la Policía de Crispulo
García García él había desarrollado otra actividad. Sobre ello contestó que «[…]
no señora. Preguntado. ¿No le ha conocido usted más actividades a él? Contestó: no
señora […]»39 (sic).
28.23. La audiencia continuó el 24 de febrero de 2021. En esta oportunidad se
interrogó a la testigo sobre lo siguiente:
28.24. Al ser peguntada sobre qué sabía de la vida de las hermanas del fallecido
indicó que ambas estaban casadas y cada una con dos hijos. Además, que
desconocía a qué se dedicaban y sus estudios40.
28.25. Se indagó sobre el tiempo que el fallecido se ausentaba de la casa de sus
padres cuando se iba a prestar el servicio a otros lugares. En este punto
manifestó que «[…] más o menos 15, 20 días. Preguntado: o esa ¿él solamente se iba
de la casa de los padres durante 15 o 20 días, más eso, o sea ya regresaba a vivir ahí
de nuevo? Contestó: sí señora […]»41 (sic).
34 24´:05´´ a 24´:57´´. Ibidem.
35 25´:25´´ a 25´:46´´ . Ibidem.
36 26´:00´´ a 26´:31´´. Ibidem.
37 28´:34´´a 28´:43´´. Ibidem.
38 33´:34´´ a 34´:23´´. Ibidem.
39 36´:34´´ a 34´:45´´. Ibidem.
40 10´:23´´. Ibidem.
41 11´:45´´ a 11´;51´´. Ibidem.
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28.26. También se le preguntó con qué periodicidad el uniformado fallecido
ayudaba con la compra del mercado para sus padres. Afirmó que «[…] más o
menos así en el mes […]»42 (sic). La testigo indicó que Miriam Martínez Arévalo se
ha dedicado siempre al hogar43.
28.27. Finalmente, se le preguntó si después de la muerte de Salomón García
Martínez la calidad de vida de los demandantes disminuyó. Respondió lo
siguiente: «[…] primero que todo la tristeza y ya pues en lo económico pues lógico
porque ellos ya no recibían la ayuda de él y ya pues tenía que comprar por ejemplo ya
del mercado pues por decir para la semana o más poquito en la tienda del barrio
[…]»44(sic).
• Ana Ericinda de Jesús Rodríguez Reyes.
28.28. Se le preguntó desde cuándo conoce a los demandantes. Contestó: «[…]
pues a ellos los conozco más o menos como 34 años como desde el 87, más o menos
porque con ellos prácticamente llegamos a ese barrio igual. Preguntado. ¿Cuál barrio?
Contestó: José Antonio Galán de Bosa […]»45 (sic).
28.29. A la pregunta sobre quiénes vivían con los demandantes cuando falleció
Salomón García Martínez respondió que «[…] las niñas, eh… Yaneth que era la
mayor, Angélica la segunda y don Salomón (sic) y doña Miriam era su núcleo familiar.
Preguntado. ¿Don Salomón quién es? Contestó: Don Salomón García, el papá de
Salomón, esposo de la señora Miriam […]»46 (sic).
28.30. Al ser interrogada sobre su conocimiento acerca del sostenimiento del hogar
de los demandantes manifestó que «[…] como don Salomón, el mayor, el papá de
Salomón, era policía ya después lo pensionaron y ya pues la pensión de don Salomón
(ininteligible) él ya pensionado se mantenían de eso, sí señora porque a la señora Miriam
yo nunca la vi que salió a trabajar siempre era ama de casa. Preguntado. ¿Y las hijas
qué hacían? Contestó. Las hijas estudiaban […]»47(sic). La testigo indicó desconocer
a qué se dedicaban las hijas de los demandantes, se limitó a señalar que ya
tenían su propio hogar y que «Yaneth» trabajaba en salones de belleza y que no
sabía lo que hacía «Angélica»48.
28.31. Se le preguntó si cuando falleció Salomón García Martínez el hogar se
sostenía económicamente con lo que devengaba su padre. Al respecto narró que
«[…] sí, don Salomón siempre trabajó, o sea, el papá de Salomón, pero como tal la
señora Miriam, eh…, este Salomón, el hijo de don Salomón, estoy hablando del que
falleció, él les traía a ellos el sustento mensualmente que a mí me conste él les traía su
mercado, eh… las salidas de él por ahí cada mes cada 20 días así, él venía y les traía
el mercado, a veces me traía a mi también. Preguntado. ¿Y cómo le consta a usted que
él les traía el mercado? Contestó. Porque a veces pasaba por el lado mío y me saludaba
y también hablaba con mis hijos, es muy amigo con mis hijos y a veces iba con ellos
también, bueno se comentaban entre ellos y yo veía también que él traía el mercado, él
42 12´:53´´ a 13´: 05´´. Ibidem.
43 13´:39´´. Ibidem.
44 18´:40´´ a 16´:57´´. Ibidem.
45 26´:50´´ a 27´:15´´. Ibidem.
46 29´:02´´ a 29´:29´´. Ibidem.
47 29´:50´´ a 30´:39´´. Ibidem.
48 31´:07´´. Ibidem.
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traía los paquetes del éxito y decía es el sustento de mis padres porque él los mantenía
que a mí me conste él los mantenía sí señora […]»49(sic).
28.32. Se indagó si sabía si además de la contribución del mercado el policía
fallecido ayudaba con otros gastos del hogar de sus padres y respondió: «[…] sí,
él me decía cuando no puedo traer el mercado, yo le decía tan responsable Salomón
que bueno es una bendición porque honra a sus padres, entonces él decía sí yo les
ayudo con los servicios porque de todas formas como él era solo, entonces, él fue un
niño de hogar […]»50. Relató que al uniformado fallecido lo trasladaron al
departamento del Meta y al ser cuestionada sobre cada cuánto visitaba a sus
padres afirmó que «[…] cada mes, así como tal seguido cada mes, pero de vez en
cuando venía cada 20 días […]»51(sic).
28.33. Se le interrogó si conocía acerca de la calidad de vida de los demandantes
en la actualidad. La testigo narró que «[…] pues lo normal, ellos se sostienen ahí,
ahora en este tiempo que yo vea pues… ya ellos, ya en el mercado de ellos ya es muy
poco porque ellos, él ya devenga de su pensión y como ahora pues ya todo tan caro, ya
de todas formas ellos ya devengan es de solo la pensión de don Salomón en este tiempo,
en ese tiempo pues también prácticamente, pero el hijo sí les servía mucho a ellos, para
ellos no estamos hablando aparte del dolor de ellos, estamos hablando de la economía
claro que sí, pues ya totalmente ellos ya del mercado ya no les llega nada de servicios
ni nada yo lo veo a ellos pues en la humildad común y corriente llevando lo que ellos
puedan llevar para ellos[…]»52(sic).
2.5.1. Análisis de la Sala
29. Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo manifestaron en el recurso
de apelación que les asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes porque dentro del proceso se probó su dependencia económica
de su hijo Salomón García Martínez, puesto que (i) el aporte que este hacía para
la compra de mercado y pago de servicios públicos no era una simple
«colaboración» ni era esporádico; (ii) el ingreso actual de la familia solo provenía
de la asignación de retiro que recibe el primero mencionado y, aunque son
propietarios de un lote, este se encuentra hipotecado y ello no significa
independencia económica en los términos de la sentencia C-111 de 2006 y; (iii)
los ingresos adicionales a los que se refiere la sentencia por rentas y venta de
calzado, los obtuvieron en el año 2001 hasta el 2007, razón por la que el
uniformado asumió parte de los gastos familiares.
30. Pues bien, en el proceso se probó lo siguiente:
(i) de acuerdo con la Hoja de Servicios 79923041, Salomón García Martínez
falleció cuando se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional el 23 de
noviembre de 2023 y se desempeñaba en el Escuadrón Móvil de Carabineros N°
36 DEMET- DICAR en el departamento del Meta y completó un tiempo total de
servicio de 9 años, 1 mes y 6 días.
49 33´:08´´ a 33´:21´´. Ibidem.
50 34´:00´´ a 34´:48´´. Ibidem.
51 35´:33´´ a 35´:47´´. Ibidem.
52 42´:00´´ a 43´:29´´. Ibidem.
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(ii) su muerte fue calificada como en «actos especiales del servicio»;
(iii) según el Registro Civil de Nacimiento 6060764 es hijo de los demandantes; y
(iv) al momento de su muerte se encontraba soltero y sin hijos.
31. Por lo anterior, la norma aplicable para efectos del reconocimiento pensional
que se reclama es el artículo 27, numeral 27.1., del Decreto 4433 de 2004 que
otorga el derecho en un monto del «[…] 50% de las partidas computables para la
asignación de retiro, en el grado conferido póstumamente, cuando el causante tuviere
quince (15) años o menos de servicio […]», puesto que la muerte fue calificada como
en actos especiales del servicio.
32. Comoquiera que el causante no tuvo cónyuge ni hijos en vida, los llamados a
ser sus beneficiarios eran sus padres «[…] siempre y cuando dependieran
económicamente del causante […]», por así disponerlo el artículo 11, numeral 11.4,
del Decreto 4433 de 2004.
33. Frente a este requisito las pruebas recopiladas dentro del proceso permitieron
concluir que Salomón García Martínez sí ayudaba con el sostenimiento de la
familia, puesto que asumió de manera mensual los gastos de la compra del
mercado y el pago de los servicios públicos en beneficio de sus padres y de sus
hermanas cuando vivían con ellos.
34. Ciertamente, en sus testimonios Ana Ericinda de Jesús Rodríguez Reyes y
María Vicenta Mestizo de Perdomo coincidieron al señalar que Salomón García
Martínez mientras prestaba el servicio en la ciudad de Bogotá vivía con sus
padres y que cuando le correspondió hacerlo en otros sitios los visitaba cada mes
o cada 20 días y compraba el mercado y daba dinero para el pago de los servicios
públicos.
35. Ahora, si bien se probó la ayuda otorgada por el policial fallecido a sus padres
y que esta se dirigía de forma recurrente a cubrir necesidades básicas del hogar
y les permitía alivianar la carga de gastos, lo cierto es que dentro del proceso no
se acreditó que la ausencia de tal aporte económico representara una afectación
significativa en las condiciones materiales de existencia que dé lugar al
reconocimiento de la pensión que se reclama.
36. En efecto, según se expuso, la dependencia económica supone la existencia
de un criterio de «necesidad» que se traduce en que el auxilio o ayuda que se
recibe de parte de quien falle sea imprescindible para asegurar la subsistencia
digna de sus beneficiarios. En ese sentido, si está demostrado que los ingresos
que reciben los beneficiarios son suficientes para su autosostenimiento en
condiciones de dignidad es improcedente otorgar la prestación, puesto que esta
se estableció para que los dependientes económicos del causante continúen su
subsistencia sin alterar sus condiciones mínimas de vida ante la desmejora en
sus recursos económicos.
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Demandante: Crispulo García García
37. En el presente caso, se probó que Crispulo García García recibe una
asignación de retiro por haber sido miembro de la Policía Nacional. El monto que
recibía para el año 2016, único del cual se tiene referencia dentro del expediente,
era de $1.512.547 que equivale a 2.2 salarios mínimos mensuales legal vigentes
para ese año ($689.455) menos las deducciones de ley53. Si se hace este cálculo
en la actualidad la pensión equivaldría a $3.131.700 en consideración al valor del
salario mínimo para el 2025 ($1.423.500) sin los descuentos por ley54. Ello
significa que recibe recursos para sufragar los gastos de su sostenimiento.
38. Lo anterior, con mayor razón si se considera que se acreditó que Crispulo
García García y Miriam Martínez Arévalo no tienen personas a su cargo, pues
sus hijas «Yaneth» y «Angélica» son adultas y formaron sus propios hogares,
según lo dicho por las testigos. También si se tiene en cuenta que son
propietarios de la vivienda en la que habitan en el barrio José Antonio Galán de
Bosa, lo cual significa que no deben costear gastos de arrendamiento.
39. Esto último se da por probado porque en el recurso de apelación se aseveró
que eran propietarios de una «casa lote» y, además, porque Ana Ericinda de
Jesús Rodríguez Reyes y María Vicenta Mestizo de Perdomo así lo indicaron en
sus relatos y señalaron que los demandantes construyeron allí su casa.
40. A pesar de que la prueba documental idónea para determinar la propiedad de
un bien inmueble es el certificado de tradición, dentro del expediente solo se
aportó uno que data del 5 de septiembre de 2001 en el que se identificó el predio
con número de matrícula 50S-40074408 al que se hizo alusión en el recurso y
mencionaron las testigos. Tal certificado por tanto está desactualizado; sin
embargo, la Sala infiere que la propiedad del inmueble no ha cambiado por lo
afirmado en el recurso.
41. Ahora, la parte actora manifestó que el lote se encuentra con hipoteca de
primer grado; no obstante, en el expediente no existe prueba de esa realidad ni
de los pagos que se efectúan mes a mes para su pago. Por el contrario, en el
certificado de tradición aludido se señaló como última anotación «cancelación
hipoteca» y no se allegó otro más reciente que indique lo contrario.
42. Todo lo anterior significa que Crispulo García García y Miriam Martínez
Arévalo, aunque dejaron de recibir la ayuda de Salomón García Martínez, sí
cuentan con los recursos dinerarios y materiales suficientes para garantizar su
propia subsistencia en condiciones dignas. La Sala no desconoce que la
dependencia económica a acreditar no debe ser total; sin embargo, sí precisa
que la parcial que existió debe ser determinante para mantener las condiciones
de vida de los potenciales beneficiarios de quien fallece. Esto último es lo que
no se evidencia en el presente caso.
43. Enefecto, María Vicenta Mestizo de Perdomo y Ana Ericinda de Jesús
Rodríguez Reyes en sus testimonios manifestaron que la principal afectación
económica padecida por los padres del policía fallecido se exteriorizó en que
53
$689.455 X 2.2 = $1.516.801.
54
$1.423.500 X 2.2 = $3.131.700.
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disminuyeron la cantidad de mercado que compraban. Al respecto, la primera
relató que «[…] ya pues tenía que comprar por ejemplo ya del mercado pues por decir
para la semana o más poquito en la tienda del barrio […]». La segunda narró que
cuando Salomón García Martínez estaba vivo hacían las compras en cadenas de
supermercados, pues afirmó que «[…] yo veía también que él traía el mercado, él
traía los paquetes del éxito y decía es el sustento de mis padres […]».
44. La afectación antedicha, si bien tuvo una consecuencia económica importante
en la vida de los demandantes, no representó una desmejora tal que repercutiera
de forma decisiva en las condiciones materiales mínimas de su existencia, pues
es evidente que cuentan con los ingresos necesarios para solventar los gastos
que costeaba su hijo. Tan es así, que las propias testigos expresaron que antes
de que Salomón García Martínez ingresara a la Policía Nacional y aportara a los
gastos de la casa de sus padres la manutención de todo el hogar (incluidas las
otras 2 hijas que vivían en esa época en igual vivienda) se costeaba con la
asignación de retiro que recibe el demandante.
45. Sobre este punto María Vicenta Mestizo de Perdomo al ser interrogada sobre
su conocimiento del estado económico de los demandantes y su familia desde
que los conocía respondió que «[…] bueno pues él, don Salomón (sic) trabajó
también en la Policía y pues vivían del sueldo de él, eh… y después cuando Salomón ya
empezó a trabajar pues él les ayudaba económicamente [...]»55 A ello agregó que
Crispulo García García no había desarrollado otra actividad diferente para recibir
ingresos.
46. Por su parte, Ana Ericinda de Jesús Rodríguez Reyes al ser cuestionada sobre
su saber acerca del sostenimiento del hogar de los demandantes manifestó que
«[…] como don Salomón, el mayor, el papá de Salomón, era policía ya después lo
pensionaron y ya pues la pensión de don Salomón (ininteligible) él ya pensionado se
mantenían de eso, sí señora porque a la señora Miriam yo nunca la vi que salió a trabajar
siempre era ama de casa. Preguntado. ¿Y las hijas qué hacían? Contestó. Las hijas
estudiaban […]»56.
47. De lo narrado se concluye que los demandantes han cubierto sus necesidades
mínimas vitales con el ingreso que reciben por la asignación de retiro, y lo hicieron
aun antes de que Salomón García Martínez contribuyera. Ahora, sin duda el
apoyo que este brindó pudo mejorar la situación económica familiar; sin embargo,
se reitera, la ausencia de esta no implicó la insuficiencia de los ingresos actuales
de sus padres para garantizar su propia subsistencia en condiciones dignas, o al
menos ello no se probó.
48. En este punto debe considerarse que en el proceso no se demostró que
Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo tuviesen gastos adicionales
que implicara un esfuerzo económico mayor del cual pudiera derivarse que los
ingresos que reciben superiores a 2 salarios mínimos mensuales vigentes les
fueran escasos.
55
33´:34´´ a 34´:23´´.
56 29´:50´´ a 30´:39´´.
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48.1. Ahora, del desprendible de nómina en el que se registró el pago hecho a
Crispulo García García por su asignación de retiro para el mes de agosto de 2016
se puede observar que de su monto total ($1.512.547) se hicieron las
deducciones de ley y otro descuento por el pago de un préstamo por valor de
$456.947 y que en total recibió la suma de $976.973. No obstante, en el
documento se indicó que el número de cuotas restantes del crédito era de 66, de
lo que se infiere que a la fecha actual debió ser pagado en su totalidad, pues
desde septiembre de 2016 y hasta diciembre de 2024 han trascurrido 100
meses57.
48.2. A ello se suma que no hay claridad sobre las razones por las que se solicitó
el crédito y si fue antes o después de que falleciera Salomón García Martínez.
Esto último es relevante, en la medida en que de haber sido después no puede
ser considerado como un gasto que se podía costear sin dificultad gracias al
aporte que el mencionado hacía en vida, de suerte que se concluyera que al faltar
este la asignación de retiro de Crispulo García García se hizo insuficiente para
su pago.
49. Además, debe indicarse que, a pesar de que el criterio jurisprudencial vigente
proclama que el recibir ingresos o ser propietario de bienes inmuebles no significa
que se cuente con la solvencia económica para garantizar las condiciones de
existencia digna; tal postura también predica que se puede considerar
independiente del causante al beneficiario que con tales ingresos o bienes puede
dárselas. En ese sentido, en cada caso debe analizarse si ello es lo que ocurre
como se verificó en el que aquí se decide cuya respuesta resultó ser afirmativa.
50. Envirtud de lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto no se acreditó la existencia de la
dependencia económica que exige el artículo 11, numeral 11.4 del Decreto 4433
de 2004 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
2.7.2. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que Crispulo García García y
Miriam Martínez Arévalo no probaron la existencia de la dependencia
económica respecto de su hijo Salomón García Martínez que exige el artículo
11, numeral 11.4 del Decreto 4433 de 2004 para que proceda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reglada en el artículo 27
ibidem.
52. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el
8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta que denegó las
pretensiones de la demanda.
57
Desde enero de 2017 a diciembre de 2024.
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2. Costas
53. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para
dar paso a una aplicación razonable de la norma58.
56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado
si se causaron dichas costas.
57. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandante. De igual manera, revocará la decisión de primera instancia en
tanto la condenó, pues no se observa que hubiese realizado análisis y
actuaciones con temeridad o mala fe.
58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 8 de junio de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la
58 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014).
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Demandante: Crispulo García García
demanda presentada por Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo
contra el Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
En su lugar se dispone:
«Segundo. No condenar en costas.»
Segundo. Confirmar la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta que denegó las pretensiones de la demanda presentada
por Crispulo García García y Miriam Martínez Arévalo contra el Ministerio de
Defensa, Policía Nacional.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
YHSB
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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