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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00329-01

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00329-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Sobeida Romero Penna en contra del municipio de Villavicencio por los motivos indicados en la parte considerativa. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha 41 Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025) Demandante: Sobeida Romero Penna JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 42

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2017-00329-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
Demandado: Municipio de Villavicencio

Temas: Concurso público de méritos de curadores urbanos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Meta mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Sobeida Romero Penna presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por el
municipio de Villavicencio y la Fundación Universitaria del Área Andina: i) la
Resolución 1400-56-02-306 del 21 de diciembre de 2016 en la que se publicaron
los resultados parciales del concurso de méritos para la selección del curador

1 Expediente digitalizado en el aplicativo Samai del Tribunal Administrativo del Meta. La demanda

fue presentada el 4 de julio de 2017, según acta de reparto en el documento 11.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

segundo urbano de Villavicencio; ii) el Oficio del 16 de enero de 2017, por medio del
cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra el
anterior acto; iii) la Resolución 1400-56-02-002 del 18 de enero de 2017 que fijó los
resultados definitivos del concurso de méritos; iv) el Oficio 1400-17.12/040 del 30
de enero de 2017 en el que se resolvió negativamente el recurso de reposición
propuesto contra los resultados del concurso; v) los numerales 1 y 2 de la
Resolución 1400-56.2/004 del 30 de enero de 2017 en la que se estableció la lista
de elegibles; y vii) el Decreto 1000-21/37 del 8 de febrero de 2017 por el cual se
designó a Andrés Perea Mejía en ese empleo.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) su inclusión en el primer puesto de la lista de elegibles; ii) el nombramiento
en el cargo de curador segundo urbano de Villavicencio; iii) la indemnización
correspondiente a los ingresos que durante 5 años dejó de percibir; iv) el pago de
50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales;
v) el reajuste del valor de la condena de acuerdo con el artículo 187 del CPACA;
vi) los intereses de que trata el artículo 192 del CPACA; y vii) la condena en costas
y gastos del proceso a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Sobeida Romero Penna se inscribió en el concurso de méritos 1 para la elección
de curador urbano segundo de Villavicencio por un periodo de 5 años, cuya
convocatoria fue publicada por ese municipio en el mes de noviembre de 2016.

3.2. En el mes de noviembre de 20163 el municipio publicó la adenda 1, en la que
modificó los factores y criterios de evaluación, actuación que desbordó las
competencias asignadas a través del Decreto 1077 de 2015.

3.3. Por medio del Decreto 1000-21/218 de 2016 se publicó la lista provisional de
admitidos al concurso, en la que se enlistó a Sobeida Romero Penna, Andrés Perea
Mejía y Andrea Yalena Atehortúa.

3.4. El 5 de diciembre de 2016 presentó recurso de reposición contra la lista de
admitidos por considerar que los otros 2 participantes ni sus grupos
interdisciplinarios cumplían con los requisitos establecidos en las bases del
concurso. La Fundación Universitaria del Área Andina, a través del oficio sin
radicado del 13 de diciembre de 2016, confirmó la lista recurrida por lo que el
municipio expidió la Resolución 1400-56.02/292 del 14 de diciembre de 2016 en la

3 Los actos no indican el día de su expedición.

2

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

que profirió la lista definitiva y citó a los concursantes a la prueba escrita y la
entrevista.

3.5. El 21 de diciembre de 2016, la autoridad demandada profirió la Resolución 1400-
56.02/306 en la que dio a conocer los resultados parciales de las propuestas
planteadas por cada aspirante y asignó los siguientes puntajes: Andrés Perea Mejía
815.35; Sobeida Romero Penna 735.41; y Andrea Yalena Atehortúa Orjuela
729.324.

3.6. Interpuso recurso de reposición contra esa decisión que fue resuelto
negativamente por parte de la Secretaría de Control Físico de Villavicencio a través
del Oficio 1400-17.12/040 del 30 de enero de 2017. Los resultados definitivos fueron
publicados por medio de la Resolución 1400-56.02/002 del 18 de enero de 2017
que correspondieron a los siguientes: Andrés Perea Mejía 837.541; Sobeida
Romero Penna 735.41; y Andrea Yalena Atehortúa Orjuela 729.32.

3.7. La anterior decisión también fue recurrida y resuelta de manera negativa por
medio de la Resolución 1400-56.2/004 en la que, además, se publicó la lista
definitiva de elegibles en la que solo se incluyó a Andrés Perea Mejía.

3.8. Por medio del Decreto 1000-21/37 del 8 de febrero de 2017 se designó a Andrés
Perea Mejía como curador urbano segundo de Villavicencio por un periodo de 5
años.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 6, 13, 29, 121, 125 y 209 de la Constitución
Política; 11, 12, 110, 111 y 112 de la Ley 489 de 1998; 3, 79, 80 y 275 del CPACA;
22 de la Ley 1796 de 2016; 11 y 12 del Decreto 785 de 2005; 81, 82, 85, 87, 88 y
89 del Decreto 1469 de 2010; 4 del Decreto 2484 de 2014; y 2.2.6.6.3.1, 2.2.6.6.3.2,
2.2.6.6.3.5, 2.2.6.6.3.7, 2.2.6.6.3.8 y 2.2.6.6.3.9. del Decreto 1077 de 2015.

4. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

4.1. Los actos demandados son nulos porque el municipio de Villavicencio modificó,
mediante la adenda 1, los factores y criterios de evaluación del concurso de méritos
sin tener competencia para ello, al establecer reglas de calificación y puntajes
distintos de los previstos en el Decreto 1077 de 2015. En particular, asignó puntaje
a los 10 años mínimos de experiencia exigidos como requisito de admisión, cuando

4 Estos puntajes citados por la demandante en el acápite de hechos no pudieron ser corroborados

debido a la ilegibilidad del acto.
5 Documento 3.

3

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

la norma únicamente permite calificar la experiencia que exceda ese tiempo.

4.2. La parte demandada otorgó a Andrés Perea Mejía una calificación superior a la
que realmente le correspondía al contabilizar indebidamente 13 años y 106 días de
experiencia, pese a que solo acreditaba 2 años y 55 días de experiencia adicional.
Además, admitió su propuesta, aunque fue presentada en un solo ejemplar, no
personalmente ni por apoderado y pese a que no reunía la experiencia exigida para
el cargo.

4.3. Las certificaciones de experiencia de los integrantes del equipo interdisciplinario
propuesto por Andrés Perea Mejía no cumplían con los requisitos previstos en las
bases del concurso, no describían las funciones desarrolladas y acreditaban
experiencia que no guardaba relación con las áreas exigidas. Ninguno de ellos
reunía las calidades para ser curador urbano, requisito exigido en caso de que fuera
necesario reemplazar al curador titular.

4.4. Particularmente se contabilizó indebidamente la experiencia profesional y
especializada de Leonardo Padilla Ávila, incluyendo periodos simultáneos y
anteriores a la obtención del título de especialista. Se valoró la experiencia de Luis
Javier Santiago Restrepo Moreno pese a que sus certificaciones eran incompletas
y fueron expedidas antes de obtener la especialización.

4.5. Se admitió la propuesta de Andrea Yalena Atehortúa Orjuela a pesar de que el
ingeniero estructural de su equipo no acreditaba los 5 años de experiencia
específica exigidos.

4.6. Los recursos de reposición fueron resueltos por la Fundación Universitaria del
Área Andina, entidad que carecía de competencia para ello y que sustentó sus
decisiones en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. La lista
definitiva de elegibles incluyó únicamente a Andrés Perea Mejía, pese a que las
demás concursantes habían obtenido el puntaje mínimo requerido, lo que le impidió
acceder al cargo en caso de vacancia.

1.2. Contestación de la demanda

5. Ni el municipio de Villavicencio ni Andrés Perea Mejía, vinculado a través de auto
admisorio del 17 de octubre de 20196, contestaron la demanda.

1.3. La sentencia apelada

6 Documento 32.

4

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

6. El Tribunal Administrativo del Meta en sentencia proferida el 2 de mayo de 20257,
declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada. Para tal efecto se pronunció
en los siguientes términos:

6.1. La demandante promovió un proceso anterior contra el nombramiento de
Andrés Perea Mejía como curador urbano segundo de Villavicencio, en el trámite
identificado con el radicado 50001-23-33-000-2017-00162-00, cuya demanda era
idéntica a la presentada en este proceso, pues contenía los mismos hechos,
fundamentos jurídicos, concepto de violación y perseguía el mismo propósito, esto
es obtener la nulidad del nombramiento de Andrés Perea Mejía para lograr su propia
designación en el cargo.

6.2. Aunque la primera demanda fue presentada como medio de control de nulidad
electoral, a través de auto del 17 de agosto de 2017 la Sección Quinta del Consejo
de Estado ordenó adecuarla al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, al considerar que la demandante pretendía un restablecimiento automático
de su derecho.

6.3. Ambos procesos poseen identidad de partes, objeto y causa pues en los dos la
demandante cuestionó la legalidad del nombramiento de Andrés Perea Mejía con
fundamento en las mismas irregularidades ocurridas durante el concurso de méritos
y buscó ser designada curadora urbana segunda de Villavicencio o, en su defecto,
obtener la correspondiente indemnización.

6.4. La actora desistió de las pretensiones de ese proceso, el cual fue aceptado
mediante auto del 30 de mayo de 2019. De acuerdo con el artículo 314 del CGP y
la jurisprudencia del Consejo de Estado8, el desistimiento de las pretensiones
produce los mismos efectos de una sentencia absolutoria, extingue el derecho
pretendido y hace tránsito a cosa juzgada, de modo que no hubo lugar a expedir
una decisión de fondo en esta oportunidad.

1.4. El recurso de apelación

7. Sobeida Romero Penna presentó recurso de apelación con base en los siguientes
argumentos9:

7.1. No se configuró la excepción de cosa juzgada porque el proceso anterior fue
promovido inicialmente como una demanda de nulidad electoral, en la que

7 Documento 47.
8 Sentencia dictada por la Sección Cuarta el 28 de noviembre de 2019 dentro del proceso con
radicado 08001-23-33-002-2015-00089-01 y por la Sección Segunda, Subsección A, del 30 de
septiembre de 2021 en el proceso 11001-03-25-000-2020-00487 00 (1200-20)
9 Documento 51.

5

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

únicamente se pretendió la nulidad del Decreto 1000-21/37 de 8 de febrero de 2017,
mientras que en el presente proceso, además de cuestionar ese decreto, se
demandaron los actos administrativos expedidos durante el concurso de méritos y
se formularon expresamente pretensiones de restablecimiento del derecho
consistentes en su inclusión en el primer lugar de la lista de elegibles, su eventual
nombramiento, el pago de una indemnización y perjuicios morales.

7.2. El tribunal interpretó erróneamente el alcance del auto del 17 de agosto de 2017
de la Sección Quinta del Consejo de Estado que adecuó la primera demanda al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues dicha orden
obedeció a que ese alto tribunal entendió que las pretensiones de nulidad
implicaban un restablecimiento automático de sus derechos, pero ello no fue más
que «una hipótesis» para efectos de determinar el medio de control procedente y no
significó que en ese proceso en realidad se hubieran formulado pretensiones de
restablecimiento.

7.3. De conformidad con el principio de congruencia, el juez no podía reconocer un
restablecimiento del derecho no solicitado, de modo que el desistimiento de las
pretensiones formuladas en el primer proceso no podía producir cosa juzgada
respecto de las pretensiones de restablecimiento propuestas por primera vez en
esta demanda. Si bien existía identidad de partes y de causa, no concurría la
identidad de objeto exigida para la configuración de la cosa juzgada, razón por la
cual el tribunal debió pronunciarse de fondo sobre la legalidad de los actos
demandados.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

8. De acuerdo con el ordinal 5 del artículo 247 del CPACA, como no hubo solicitud
de practica de pruebas no se corrió traslado a las partes para alegar10.

1.6. El Ministerio Público

9. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia11.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

10. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a establecer

10 Como se indicó en el auto admisorio del 3 de septiembre de 2025.
11 Constancia en el índice 10 de Samai
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

6

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

¿si el desistimiento de las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 50001-23-33-000-2017-00162-00 impone el deber de
declarar la cosa juzgada dentro del presente asunto? En caso negativo, ¿si los actos
administrativos expedidos durante el concurso de méritos número 1 para la
selección del curador urbano segundo del municipio de Villavicencio y el Decreto
1000-21/37 del 8 de febrero de 2017, mediante el cual fue designado Andrés Perea
Mejía en ese cargo, se encuentran viciados de nulidad por desconocer las reglas
previstas en el Decreto 1077 de 2015?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la cosa juzgada

11. La cosa juzgada es una institución jurídica «mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio13.»

12. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «[l]a
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»

el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
13 Sentencia C-774 de 2001.

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Demandante: Sobeida Romero Penna

13. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de 3 elementos, estos
son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes.
Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos14:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.»

14. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
establece como excepción a la cosa juzgada únicamente el recurso extraordinario
de revisión. En ese sentido señala que « [l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».

15. Ahora bien, el artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber
de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre
probada la cosa juzgada.

16. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.

2.2.2. Sobre el concurso de méritos para la designación de curadores urbanos
según el Decreto 1469 de 2010

17. Los curadores urbanos son particulares que ejercen funciones públicas de
estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas y de otras actuaciones
relacionadas con el ordenamiento territorial, razón por la cual su designación debe

14 Sentencia C-774 de 2001.

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Demandante: Sobeida Romero Penna

realizarse mediante un procedimiento objetivo que garantice los principios de mérito,
igualdad, transparencia y publicidad.

18. Debe precisarse que para el análisis del concurso objeto de controversia, resulta
aplicable la regulación contenida en la versión original del Decreto 1077 de 2015
que no es más que el Decreto 1469 de 2010, que fue compilado en aquel, por ser
la versión vigente para noviembre de 2016, fecha en la que se adelantó la
convocatoria. La anterior precisión es importante porque las disposiciones que
actualmente integran el Decreto 1077 de 2015 fueron objeto de modificaciones
posteriores, entre ellas las introducidas por el Decreto 1203 de 2017, por lo que su
contenido actual no coincide con el régimen que gobernaba el concurso de méritos
analizado.

19. El Decreto 1469 regulaba de manera específica el concurso de méritos para la
designación de curadores urbanos, la cual debía efectuarse mediante concurso de
méritos convocado por el alcalde municipal o distrital o por su delegado. El artículo
81 dispuso lo siguiente:

«Artículo 81. Concurso de méritos. El concurso de méritos para la designación o
redesignación del curador urbano se regirá por las siguientes reglas:

1. El alcalde municipal o distrital, o quien este delegue para el efecto, adelantará los
trámites para la realización del concurso, el cual se efectuará con entidades públicas o
privadas expertas en selección de personal y con capacidad para realizar el proceso de
selección, en todo de conformidad con las condiciones y términos que se establecen en
el presente decreto.

Estas entidades serán las encargadas de elaborar y calificar los cuestionarios sobre las
normas municipales, distritales o nacionales en materia de desarrollo y planificación
urbana y territorial que se realizarán a los aspirantes, y también deberán elaborar la lista
de elegibles de acuerdo a los mayores puntajes obtenidos durante el proceso de
selección.

2. El concurso será abierto mediante convocatoria pública y quienes aspiren a ser
designados como curadores urbanos deberán inscribirse en la oportunidad y lugar que
señale la misma.

3. El concurso de méritos contemplará el análisis y la evaluación de la experiencia
demostrada de los aspirantes en actividades relacionadas con el desarrollo o la
planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, la docencia y los
estudios de posgrado en temas relacionados con la arquitectura, la ingeniería civil y la
legislación urbanística.

4. Los concursos incluirán, además, entrevistas personales y exámenes escritos sobre
conocimientos de las normas municipales, distritales y nacionales en materia de
desarrollo y planificación urbana y territorial.

Parágrafo 1. Corresponde a los alcaldes o sus delegados, determinar la forma de
acreditar los requisitos, la fecha del concurso, el lugar de realización y el cronograma

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Demandante: Sobeida Romero Penna

respectivo, todo lo cual se indicará mediante la convocatoria pública, la cual se ajustará
en todo a las disposiciones del presente decreto.

Igualmente, los alcaldes o sus delegados determinarán en las bases del concurso, el
número de integrantes y las calidades académicas y de experiencia mínimas exigidas
del grupo interdisciplinario de profesionales que apoyarán el trabajo del curador, que en
todo caso deberá estar integrado, al menos, por profesionales en derecho, arquitectura
e ingeniería civil.

Parágrafo 2. Quien resultare designado curador deberá garantizar la vinculación del
grupo interdisciplinario especializado, de conformidad con las condiciones mínimas
exigidas por el municipio o distrito como requisito para ser designado o redesignado
como curador urbano. No obstante, si el curador requiriere realizar modificaciones al
grupo interdisciplinario propuesto, el nuevo profesional asignado deberá cumplir con las
mismas o superiores calidades ofrecidas por las cuales se le asignó el puntaje. En este
evento, quien fuere designado curador informará del reemplazo a las Comisiones de
Veeduría explicando las circunstancias que dieron lugar a ello.» [Negrilla del texto]

20. En tal sentido, les corresponde a las autoridades territoriales adelantar la
convocatoria y determinar aspectos como la forma de acreditar los requisitos, el
cronograma, la fecha y el lugar de realización del concurso, siempre con estricta
sujeción a las disposiciones previstas en el mismo decreto. Para garantizar la
objetividad del proceso, la administración puede contratar universidades o
instituciones de educación superior con experiencia en procesos de selección para
apoyar la planeación, aplicación y evaluación de las pruebas15.

21. El citado decreto estableció igualmente los requisitos mínimos para participar en
el concurso, entre ellos, presentar la debida inscripción, ser ciudadano colombiano
en ejercicio no mayor de 65 años16, acreditar el título profesional correspondiente,
la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades y una experiencia laboral
mínima de 10 años en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación
urbana. Además, el aspirante debía acreditar un grupo interdisciplinario
especializado conformado por profesionales en arquitectura, ingeniería civil y
derecho, la existencia de la planta física y tecnológica necesaria17 y al menos uno
de ellos deberá acreditar las mismas calidades del curador aspirante para que lo
reemplace en los eventos de falta temporal18.

22. En cuanto a los factores de evaluación el artículo 87 ibidem establecía los
puntajes máximos y aprobatorios y los criterios para la calificación de la experiencia
profesional, así:

15 Estas condiciones fueron reiteradas en el capítulo 6 del Decreto 1077 de 2015.
16 Este requisito fue modificado con el Decreto 1077 de 2015 a 70 años.
17 Como se indicó en el artículo 83 del Decreto 1469 de 2010 y reiteró en el parágrafo 4 del artículo

2.2.6.6.3.1. del Decreto 1077 de 2015.
18 Según el ordinal 3 del artículo 87 del Decreto 1469 de 2010.

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

«Artículo 87. Calificación de los participantes en el concurso de méritos. La calificación
de los aspirantes admitidos al concurso de méritos, se realizará de acuerdo con los
requisitos, factores de evaluación y criterios de calificación que se establecen en este
artículo sobre los siguientes aspectos y calidades:
1. Pruebas de conocimiento sobre las normas municipales, distritales y nacionales en
materia de desarrollo y planificación urbana y territorial. Hasta 500 puntos.
Los aspirantes admitidos al concurso serán citados a exámenes escritos de
conocimiento, los cuales se realizarán en la ciudad donde se haya efectuado la
inscripción, en las fechas, horas y sitios que se indicarán en la respectiva citación.
Para estas pruebas se construirán escalas estándar que oscilarán entre 0 y 500 puntos
y para aprobarlas se requerirá obtener como mínimo el setenta por ciento (70%) de los
puntos. La prueba de conocimientos se realizará sobre los temas que se enumeran a
continuación:
a) El 5% de las preguntas sobre historia y teoría del urbanismo;
b) El 20% de las preguntas sobre las normas nacionales en materia de desarrollo y
planificación urbana y territorial;
c) El 20% de las preguntas sobre las normas nacionales, municipales y distritales
relacionadas con la expedición de licencias urbanísticas;
d) El 50% de las preguntas sobre las normas urbanísticas del plan de ordenamiento
territorial o los instrumentos que lo desarrollen y complementen;
e) El 5% de las preguntas sobre la responsabilidad disciplinaria, fiscal, civil y penal en
que pueden incurrir en razón de la función pública que desempeñan.
2. Experiencia laboral. Hasta 300 puntos.
La experiencia laboral que exceda los diez (10) años de que trata el numeral 4 del artículo
83 de este decreto y que se acredite en cargos relacionados o en el ejercicio profesional
independiente en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas
con el desarrollo o la planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana,
dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción
de este.
La docencia en la cátedra en instituciones de educación superior debidamente
reconocidas en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con
el desarrollo o la planificación urbana otorgará diez (10) puntos por cada año de ejercicio
de tiempo completo o proporcional por fracción de este y cinco (5) puntos por cada año
de ejercicio de medio tiempo o proporcional por fracción de este.
3. La acreditación de las calidades académicas y experiencia del grupo interdisciplinario
especializado que apoyará el trabajo del curador. Hasta 75 puntos.
La calificación del grupo interdisciplinario especializado sólo tendrá en cuenta las
personas con título profesional que se requieran para cumplir con las actividades de
licenciamiento. Los 75 puntos para calificar el grupo interdisciplinario que apoyará la
labor del curador urbano se ponderarán en igual proporción entre las diferentes
categorías temáticas de profesionales exigidos por el municipio o distrito; como mínimo,
en materia jurídica, arquitectónica y de la ingeniería civil, preferiblemente, especializada
en estructuras o en temas relacionados.
Para la calificación se tendrá en cuenta la experiencia profesional, el nivel académico y
el número de profesionales ofrecidos en cada una de las categorías temáticas, con
respecto al número y las calidades mínimas exigidas por el municipio o distrito.
Al menos uno de los miembros del grupo interdisciplinario deberá reunir las mismas
calidades del curador para suplirlo en los casos de faltas temporales, en los términos de
que trata el Capítulo V del presente título.
4. Estudios de posgrado realizados en entidades de educación superior legalmente
reconocidas por el Estado colombiano o debidamente homologados, en las modalidades
de especialización, maestría y doctorado. Hasta 75 puntos.

11

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

Cada título de posgrado en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades
relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana, obtenido por el aspirante se
calificará, así: especialización, 10 puntos; maestría, 15 puntos, y doctorado, 20 puntos.
5. Entrevista. Hasta 50 puntos.
Los concursantes serán citados a una entrevista personal con la entidad encargada para
la realización del concurso de méritos, en el lugar determinado para el efecto.
La entrevista será presencial y la realizará un jurado compuesto por un mínimo de tres
miembros designados por la entidad encargada para la realización del concurso de
méritos.
Parágrafo 1°. Para ser designado como curador urbano, el concursante deberá aprobar
la prueba escrita y obtener un puntaje igual o superior a setecientos (700) puntos.

Parágrafo 2°. Si ninguno de los concursantes obtiene el puntaje mínimo de que trata el
parágrafo anterior o si el número de aspirantes que obtuviere un puntaje igual o superior
a setecientos (700) puntos fuere inferior al número de curadurías vacantes, en el acto
administrativo que contenga los resultados del concurso de méritos, se declarará total o
parcialmente desierto y corresponderá al alcalde convocar uno nuevo dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes.

En este evento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el alcalde municipal o
distrital designará provisionalmente hasta que tome posesión el nuevo curador a alguno
de los integrantes del grupo interdisciplinario especializado que haya apoyado la labor
del curador saliente que reúna las mismas calidades exigidas para ser curador urbano
o, en su defecto, a uno de los demás curadores del municipio o distrito.

Mientras se designa el reemplazo provisional del curador urbano, se entenderán
suspendidos los términos para resolver sobre las solicitudes de licencia y demás
actuaciones que se encontraran en trámite.

Parágrafo 3°. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se entiende por
actividades relacionadas con el desarrollo o planificación urbana todas aquellas relativas
a la proyección, formación o planificación de la ciudad, la concepción y diseño de
proyectos urbanísticos y la consultoría en urbanismo. No se entienden incluidas en este
concepto las actividades de diseño, construcción o interventoría de obras arquitectónicas
o civiles ni el desarrollo o planeación de actividades con alcances distintos a los aquí
señalados.» [negrilla del texto]

23. Por su parte, el procedimiento administrativo que culmina con la expedición de
los actos de admisión, calificación, conformación de la lista de elegibles y
designación del curador urbano se encuentra sometido a las reglas generales
previstas en el CPACA, especialmente en lo relacionado con los principios de
igualdad, imparcialidad, transparencia, debido proceso y publicidad, así como a los
recursos administrativos contra los actos definitivos que se expidan durante el
concurso. Tales principios exigen que las reglas de la convocatoria sean aplicadas
de manera uniforme a todos los participantes y que las decisiones adoptadas
durante el proceso se encuentren debidamente motivadas.

2.3. Caso concreto

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

2.3.1. Hechos probados

24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

24.1. En el mes de noviembre de 201619 la Secretaría de Control Físico del municipio
de Villavicencio convocó a los profesionales interesados en participar en el concurso
de méritos 1 para la selección del curador urbano segundo por un periodo individual
de 5 años y la conformación de una lista de elegibles para proveer las vacantes
definitivas que se presentaran en la entidad en un lapso de 2 años y comunicó las
bases del concurso20. De acuerdo con los puntos discutidos por la demandante, las
condiciones del concurso relevantes para resolver el presente asunto fueron las
siguientes:

22.2.1.Marco normativo y entidad designada. El concurso se desarrolló en
cumplimiento de los términos señalados en los decretos 1469 de 2010 y 1077 de
2015. Por medio de la Resolución 10-56.12/242 del 19 de julio de 2016 se aceptó
la oferta realizada por la Fundación Universitaria del Área Andina para la
disposición, planeación, supervisión, realización, verificación y evaluación del
proceso de selección. Por su parte, la Secretaría de Control Físico municipal se
encargó de adelantar los trámites legales del concurso, fijar el aviso de la
convocatoria, publicar la convocatoria y las listas de admitidos y no admitidos,
proferir los actos administrativos con los resultados parciales y totales y de
designación del curador.

22.2.2.Requisitos. Presentar inscripción; ser ciudadano colombiano en ejercicio
no mayor de 65 años y estar en pleno goce de sus derechos; título profesional de
arquitecto, ingeniero civil o profesional en otra área del conocimiento con
posgrado en urbanismo o planificación regional o urbana; experiencia laboral
relacionada mínima de 10 años; no tener impedimentos, inhabilidades o
incompatibilidades; no haber ejercido como autoridad política, civil o
administrativa en el municipio, acreditar un grupo interdisciplinario en el que al
menos uno de sus integrantes reuniera la condiciones para ser designado
curador, entre otras.

22.2.3.Presentación de la propuesta. Debía presentarse en 2 ejemplares
idénticos (1 original y 1 copia), en medio físico, en castellano, en cualquier medio
que asegurara la integridad de las hojas y facilitara su consulta, foliada, sin
tachaduras o enmendaduras y con las iniciales del aspirante en cada página, en
sobre sellado. En caso de divergencia entre el original y la copia prevalecerían

19 Los documentos no contienen día de expedición o publicación.
20 Folios 1 al 41 del documento 4.

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

los datos de aquella. Primaría la información certificada, de mayor valor o más
reciente.

22.2.4.Grupo interdisciplinario. Conformado por 1 arquitecto especializado en
áreas del desarrollo o planificación regional, urbana o territorial con 5 años de
experiencia específica. 1 ingeniero civil especialista en estructuras, con 5 años
de experiencia en cálculo estructural o sismo resistencia. 1 abogado especialista
en derecho público, administrativo o urbano con 5 años de experiencia
profesional relacionada.

Prueba escrita. Evaluada en una escala estándar de 0 a 500, aprobada
22.2.5.
con un mínimo del 70% de los puntos equivalentes a 350.

Factores de evaluación. Los factores se evaluaron con los siguientes
22.2.6.
puntajes máximos y aprobatorios:

Factor Puntaje máximo Puntaje aprobatorio
Prueba escrita 500 350
Experiencia laboral21 300 210
Calidades académicas
y experiencia del 75 55
grupo interdisciplinario
Posgrados 75 50
Entrevista 50 35
Total 1000 700

24.2. Por medio de la adenda 1 de diciembre de 2016 22 se modificaron los factores
de evaluación y puntajes máximos y aprobatorios así23:

Factor Puntaje máximo Puntaje aprobatorio
Prueba escrita 500 350
Experiencia laboral24 300 260

21 «La experiencia laboral que exceda los diez (10) años de que trata él artículo 75 de este decreto

y que se acredite en cargos relacionados o en el ejercicio profesional independiente en áreas de
arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana,
incluido el ejercicio de la curaduría urbana, dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de
servicio o proporcional por fracción de este. “La docencia en la cátedra en instituciones de educación
superior debidamente reconocidas en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades
relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana otorgará diez (10) puntos por cada año de
ejercicio de tiempo completo o proporcional por fracción de este y cinco (5) puntos por cada año de
ejercicio de medio tiempo o proporcional por fracción de este».
22 El documento no contiene día de expedición.
23 Folios 42 al 44 del documento 4.
24 «Todos los participantes deberán contar con mínimo diez (10) años de experiencia como

profesional, en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarrollo
o la planificación urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana. Cada año de experiencia
equivaldrá a 20 puntos, para una totalidad de 200 puntos básicos para constituirse como aspirante.

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

Calidades académicas
y experiencia del 75 50
grupo interdisciplinario
Posgrados25 75 10
Entrevista 50 30
Total 1000 700

24.3. El 22 de noviembre de 2016, Sobeida Romero Penna solicitó a la Secretaría de
Control Físico aclarar algunas de las condiciones del concurso, particularmente las
relacionadas con los factores de evaluación y la entrevista, por considerar que no
se acompasaban con el Decreto 1077 de 201526. La Fundación Universitaria del
Área Andina atendió esta solicitud por medio de oficio sin radicado del 12 de
diciembre de 2016, en el que explicó que había existido una «equivocada
interpretación de lo incluido en el documento» y que los concursantes debían contar
con un mínimo de 10 años de experiencia que no otorgaba puntaje, de modo que
los 20 puntos por cada año de experiencia solo eran predicables de los años de
experiencia adicionales a los primeros 1027.

24.4. El 22 de noviembre de 2016 la Fundación Universitaria del Área Andina profirió
acta de cierre y apertura de urna para el concurso de méritos en la que Sobeida
Romero Penna y Andrea Yalena Atehortúa Orjuela solicitaron excluir a Andrés
Perea Mejía del concurso porque su propuesta no fue aportada en 2 ejemplares y
no fue radicada de manera personal por el concursante. A continuación, el testigo
Néstor Leonardo Padilla Ávila manifestó que la citada propuesta fue presentada en
cumplimiento de las normas del concurso, razón por la que fue recibida en su
oportunidad. En la parte final del acta se indicó que Andrés Perea Mejía presentó
«1 sobre (original)», mientras que las otras 2 participantes aportaron «2 sobres (original
y copia)»28.

24.5. Por medio del Decreto 1000-21/218 de 201629 el municipio adoptó la lista
provisional de admitidos al concurso en el que figuraron Andrés Perea Mejía,
Sobeida Romero Penna y Andrea Yalena Atehortúa Orjuela. En el acto se indicó

“La experiencia laboral que exceda los diez (10) años de que trata el decreto 1077 de 2015, art.
2.2.6.6.3.3 y que se acredite en cargos relacionados o en el ejercicio profesional independiente, en
áreas de arquitectura, ingeniería civil o en actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación
urbana, incluido el ejercicio de la curaduría urbana, dará derecho a veinte (20) puntos por cada año
de servicio o proporcional por fracción de este: “La docencia en la cátedra en instituciones de
educación superior debidamente reconocidas en áreas de arquitectura, ingeniería civil o en
actividades relacionadas con el desarrollo o la planificación urbana otorgará diez (10) puntos por
cada año de ejercicio de tiempo completo o proporcional por fracción de este y cinco (5) puntos por
cada año de ejercicio de medio tiempo o proporcional por fracción de este»
25 «especialización 10 puntos; maestría 15 puntos y doctorado 20 puntos»
26 Folio 45 del documento 4.
27 Folios 46 y 47 del documento 4.
28 Folios 48 y 49 del documento 4.
29 El acto administrativo no tiene día ni mes de expedición.

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

que los 3 participantes cumplieron, entre otros, con: formulario de inscripción,
presentación de propuesta, título profesional, grupo interdisciplinario con requisitos,
infraestructura física y tecnológica, hoja de vida, experiencia específica y eventual
reemplazo del curador30.

24.5.1. Andrés Perea Mejía acreditó la siguiente experiencia profesional31:

Computable
Cargo Funciones Desde Hasta
Años Meses Días
Profesional Elaborar conceptos técnicos sobre temas
universitario. arquitectónicos; realizar visitas de control
Secretaría de urbano; revisar y aprobar anteproyectos y
planeación de proyectos urbanísticos conforme al Código de
Villavicencio Urbanismo y normas vigentes; revisar y aprobar
1/1/1996 30/3/1996 0 3 0
planos arquitectónicos; revisar y aprobar
presupuestos de obra; emitir conceptos
técnicos para la aprobación de licencias de
construcción; desempeñar las demás funciones
asignadas por el jefe inmediato.
Director de Dirigir y planear investigaciones y emitir
desarrollo conceptos técnicos sobre uso del suelo,
urbano. espacio público, medio ambiente, plan vial,
Secretaría de infraestructura y ordenamiento físico; coordinar
planeación de la programación de inversiones municipales en
Villavicencio infraestructura y ordenamiento físico; dirigir el
seguimiento y evaluación de políticas y metas
en estas materias; coordinar y apoyar el banco
de proyectos e inversión municipal; conceptuar
sobre proyectos incluidos en créditos
municipales; revisar demarcaciones para
1/4/1996 30/12/1998 2 9 0
proyectos urbanísticos; coordinar y actualizar el
Código de Urbanismo; consultar con Juntas
Administradoras Locales, gremios y
organizaciones ciudadanas sobre necesidades
de infraestructura y ordenamiento; coordinar
con entidades públicas y privadas asuntos
relacionados con normas y reglamentos
urbanísticos; negociar predios requeridos para
prolongación y ampliación de vías; ejercer las
demás funciones asignadas por la autoridad
competente.
Subsecretario Dirigir y planear investigaciones y emitir
de despacho. conceptos técnicos sobre uso del suelo,
Secretaría de espacio público, medio ambiente, plan vial,
planeación de infraestructura y ordenamiento físico; coordinar
Villavicencio la elaboración de programas de inversión
municipal; dirigir el seguimiento y evaluación de
políticas y metas sobre infraestructura y 1/2/1999 3/1/2001 1 11 3
ordenamiento físico; coordinar y apoyar el
banco de proyectos e inversión municipal;
conceptuar sobre la conformación e inclusión
de proyectos en créditos municipales; revisar
demarcaciones para proyectos urbanísticos y
su trámite ante la Curaduría Urbana; coordinar

30 Folios 50 al 52 del documento 4.
31 Folios 267 y siguientes del documento 4. Se aportaron certificados del empleo de asesor de la

Secretaría de Infraestructura del Meta y de la compañía Grasot, pero no pudieron ser valorados
porque no contenían descripción de funciones o eran ilegibles.

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
y actualizar el Código de Urbanismo y su
reglamentación conforme al Plan de
Ordenamiento Territorial; consultar con Juntas
Administradoras Locales, gremios y
organizaciones ciudadanas sobre
infraestructura y ordenamiento; coordinar con
entidades públicas, gremios, asociaciones y
ciudadanos asuntos relacionados con normas
urbanísticas; efectuar negociaciones de predios
para prolongación y ampliación de vías;
desempeñar las demás funciones asignadas
por la autoridad competente.
Director de Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el
Gestión de desarrollo de actividades tendientes al
Inversión desarrollo de los programas, los proyectos y las
Pública de la actividades de la unidad a su cargo. 2. Proponer
Gobernación los procedimientos e instrumentos requeridos
del Meta para mejorar la prestación de los servicios o
cargo de la dependencia. 3. Elaborar estudios e 2/11/2001 4/6/2002 0 7 3
investigaciones, que permitan mejorar la
prestación de los servicios a cargo de la
dependencia. 4. Absolver consultas sobre las
materias de competencia de la dependencia, de
acuerdo con las disposiciones y las políticas
institucionales.
Jefe de Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los
unidad. programas, proyectos y actividades de la
Secretaria de dependencia; proponer procedimientos e
Planeación y instrumentos para mejorar la prestación de los
Desarrollo servicios; elaborar estudios e investigaciones
Territorial del orientados a su mejoramiento; rendir informes
Meta sobre la gestión de la dependencia;
representarla en reuniones y actividades
oficiales cuando exista delegación o 5/6/2002 30/8/2004 2 2 26
asignación; participar en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control
de planes, programas y proyectos técnicos o
administrativos, garantizando el cumplimiento
de las normas y procedimientos vigentes; y
desempeñar las demás funciones asignadas
por autoridad competente, delegadas o
inherentes al cargo.
Contratista. Realizar las obras externas unidad deportiva
Fonade estadio Luis A Peña del municipio de Girardot,
para los xvii juegos deportivos nacionales, de
12/11/2004 12/12/2004 0 1 1
acuerdo con la propuesta, las reglas de
participación y documentos técnicos, que
forman parte integrante del presente contrato
Contratista. Apoyar a la Subgerencia Técnica en la
Fondo de programación, planeación, seguimiento,
Vigilancia y evaluación y control de los temas y contratos
Seguridad de relacionados con infraestructura; adelantar
Bogotá estudios previos y requerimientos técnicos y
económicos para los procesos de selección, así
como realizar su evaluación técnica y
económica; efectuar el control y seguimiento de
2/3/2007 1/2/2008 0 11 1
los contratos de infraestructura y coordinar las
acciones necesarias frente a las novedades
que se presenten; apoyar el seguimiento del
Plan de Compras; formular recomendaciones
técnicas y financieras para la toma de
decisiones; supervisar los contratos asignados;
coordinar mecanismos para la contratación de
obras de construcción y mantenimiento de

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
infraestructura; mantener actualizado el
inventario de bienes; verificar y garantizar el
mantenimiento de la infraestructura; cumplir las
obligaciones contractuales con eficiencia,
calidad, oportunidad y confidencialidad; y
mantener actualizados los archivos y
documentos a su cargo.
Gerente Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva y
General de la dirigir la administración general de la empresa;
Empresa de celebrar y comprometer negocios dentro del
Desarrollo giro ordinario de la sociedad; ejercer la
Urbano de representación judicial y extrajudicial de la
Villavicencio entidad; administrar y manejar sus recursos y
fondos; proponer la creación y organización de
dependencias y la estructura de personal;
presentar a la Junta Directiva el presupuesto,
planes, programas y proyectos de la entidad;
17/1/2008 21/4/2009 1 3 5
ejecutar los actos administrativos necesarios
para el cumplimiento del objeto social;
adelantar las gestiones necesarias para
garantizar el cumplimiento de planes,
programas y proyectos; velar por la aplicación
de los sistemas de gestión y por el cumplimiento
de los principios de la función administrativa;
delegar funciones y ejercer su supervisión; y
administrar el personal de la empresa conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias.
Subgerente Proponer políticas, planes, estrategias,
técnico del programas y proyectos en materia de
Instituto de infraestructura de transporte, mobiliario urbano,
Desarrollo del sector eléctrico, captación de aguas
Meta subterráneas, transporte y distribución de gas
natural y comunicaciones; dirigir y supervisar la
evaluación de las necesidades de
infraestructura y la formulación, preinversión,
prefactibilidad y factibilidad de proyectos para
su viabilización, priorización y ejecución;
coordinar y supervisar los procesos de
contratación y el seguimiento de los proyectos
y contratos de infraestructura; asesorar y
acompañar a las entidades departamentales y
municipales en la formulación y consolidación
de estrategias y proyectos de infraestructura;
coordinar la elaboración de estudios técnicos,
diagnósticos sectoriales, informes y conceptos
relacionados con la infraestructura; gestionar la 1/1/2010 1/3/2012 2 2 1
obtención de licencias ambientales, licencias de
construcción, permisos y demás autorizaciones
requeridas para los proyectos; coordinar la
entrega de las obras para su operación y
mantenimiento; emitir conceptos técnicos y
avalar precios oficiales; dirigir y supervisar la
calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las
obras mediante interventorías y demás
mecanismos de control; dirigir los estudios y
cálculos de obras ejecutadas mediante el
sistema de valorización; coordinar la
elaboración de especificaciones técnicas y
precios oficiales; apoyar la formulación de
instrumentos de planeación para convenios de
financiación de proyectos; controlar, hacer
seguimiento y evaluar los planes, programas y
proyectos de infraestructura; evaluar la gestión
de los interventores y coordinar la elaboración

18

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
de informes e indicadores de gestión
relacionados con los proyectos y la
infraestructura de la entidad.
Contratista. Construir e implementar la red de ciclo ruta y
Empresa Con senderos peatonales en la vereda del Mortiño
& Con del municipio de Cogua 28/8/2014 12/5/2015 0 8 15
Consultoría y
Construcción
Contratista.
Empresa Con
& Con 10/8/2015 5/1/2016 0 4 26
Consultoría y
Construcción
Total, tiempo computable 13 3 21

24.5.2. Por su parte, Néstor Leonardo Padilla Ávila, integrante del grupo
interdisciplinario de Andrés Perea Mejía acreditó ser abogado de la Universidad
Libre32 desde el 7 de octubre de 2004, con tarjeta profesional expedida el 26 de
octubre de 200433, especialista en derecho laboral y de la seguridad social34 y en
derecho administrativo35. Manifestó no estar incurso en ninguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad y demostró la siguiente experiencia profesional36:

Computable
Cargo Funciones Desde Hasta
Años Meses Días
Docente
Corporación
Impartir docencia en derecho
Universitaria del 21/1/2006 13/5/2006
constitucional y derecho laboral
Meta. Hora
cátedra
Docente
Corporación
Universitaria del Impartir docencia en derecho laboral 17/7/2006 4/11/2006
Meta Hora La experiencia docente es
cátedra objeto de una puntuación
Docente especial por no ser una
Corporación labor de tiempo completo.
Universitaria del Impartir docencia en derecho laboral 22/1/2007 12/5/2007
Meta. Hora
cátedra
Docente
Corporación
Universitaria del Impartir docencia en derecho laboral 16/7/2007 3/11/2007
Meta. Hora
cátedra
Contratista. Prestar asesoría jurídica y administrativa al 28/1/2008 27/6/2008 0 5 0
Municipio Municipio y sus dependencias, 24/7/2008 23/12/2008 0 5 0
Castilla la Nueva especialmente en asuntos laborales y 6/1/2009 5/7/2009 0 6 0
administrativos; elaborar los actos 6/7/2009 30/12/2009 0 5 25
administrativos requeridos por la Alcaldía y 4/1/2010 3/10/2010 0 9 0
proyectar los acuerdos municipales 4/10/2010 31/12/2010 0 2 26
conforme a las competencias legales y
constitucionales 4/1/2011 30/12/2011 0 11 27

32 Folio 38 del documento 7.
33 Folio 39 del documento 7
34 Folio 44 del documento 7.
35 Folios 45 y 46 del documento 7.
36 También acreditó experiencia docente de hora cátedra, objeto de puntuación especial.

19

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
Asesor jurídico. Asesorar jurídica y administrativamente a
Clínica del la clínica; elaborar contratos de prestación
Sistema de servicios, laborales y demás requeridos
Nervioso para su funcionamiento; atender asuntos
RENOVAR Ltda laborales y administrativos ante el
Ministerio de Trabajo; representar
jurídicamente a la clínica y sus socios en 1/6/2006 2/7/2013 7 1 2
procesos judiciales laborales,
administrativos y civiles; proyectar
respuestas a acciones de tutela y derechos
de petición; y brindar acompañamiento
jurídico en los procesos contractuales de la
entidad.
Total, tiempo computable 10 10 20

24.5.3.Como integrante del equipo interdisciplinario que cumpliera las mismas
calidades para ser curador se propuso a Luis Javier Santiago Restrepo Moreno,
colombiano, nacido el 27 de agosto de 1962, arquitecto graduado en junio de 1986,
especialista en planificación y administración del desarrollo regional desde
noviembre de 2003. Manifestó no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad y acreditó la siguiente experiencia profesional37:

Computable
Cargo Funciones Desde Hasta
Años Meses Días
Arquitecto Diseñar el proyecto de peatonalización e la
diseñador. calle 12 de la ciudad de Bogotá y determinar
1/2/1987 30/6/1987 0 5 0
Alcaldía de las afectaciones y guías urbanísticas del
Bogotá proyecto Parque Central Bavaria
Especialista
en diseño. Diseñar el urbanismo del proyecto Parque
1/9/1987 3/1/1990 2 4 3
Ospinas & Central Bavaria
Compañía
Diseño arquitectónico e interventoría de
proyectos de urbanismo y espacio público,
turismo y recreación, vivienda, salud,
Arquitecto
educación, comercio y oficinas, incluyendo el
director de
diseño de vías, parques, andenes, plazoletas
proyectos.
y demás espacios públicos y áreas comunes;
Obregón 1/8/1990 10/5/1999 8 9 10
elaboración de detalles constructivos de
Bueno y
urbanismo, arquitectura y diseño interior;
Compañía
coordinación técnica y normativa con
LTDA.
diseñadores, constructores, promotores y
entidades públicas; y supervisión
arquitectónica y urbanística de los proyectos.
Asesorar al Departamento Administrativo de
Contratista. la Defensoría del Espacio Público en la
Programa de vigilancia, control y restitución de bienes
las Naciones inmuebles y espacio público; brindar soporte 2/10/2000 31/12/2000 0 2 29
Unidad para el técnico en interpretación planimétrica y
Desarrollo cartográfica, lecturas espaciales urbanas,
levantamientos y mediciones de áreas y

37 De acuerdo con el resumen de la hoja de vida, contó con 26 años de experiencia profesional. Sin

embargo, algunos certificados no cuentan con descripción de funciones y otros se hicieron ilegibles
con la digitalización del expediente. A pesar de lo anterior, con las certificaciones que cumplen las
exigencias del concurso y que sí son legibles se estableció una experiencia de más de 13 años, lo
que le permitía cumplir con la exigencia mínima de 10 años para poder reemplazar al curador titular
en caso de falta temporal.

20

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna
espacio público, así como en la
interpretación arquitectónica y urbanística de
normas y reglamentaciones; apoyar a los
alcaldes locales en los procesos de
restitución y fortalecer la gestión institucional
en materia de espacio público; y supervisar y
asesorar el seguimiento de los contratos de
administración y mantenimiento del espacio
público.
Interventoría de espacio público para al
adecuación de la NQS al sistema
Interventor 1/2/2004 30/7/2005 1 6 0
Transmilenio – Tramo desde la calle 10 hasta
la escuela general Santander.
Arquitecto
coordinador
del grupo de
Coordinar las actividades de urbanismo y
Urbanismo y
espacio público relacionadas con los
Espacio 22/12/2006 22/5/2008 1 5 1
estudios y diseños de la Troncal Carrera 7 y
Público.
un tramo de la Calle 72 en Bogotá.
Consorcio
Troncal
Carrera 7
Total, tiempo computable 14 8 13

Carlos Antonio Mendoza Forero, demostró ser ingeniero civil desde el 23 de
24.5.4.
octubre de 199838, con matrícula profesional expedida el 17 de diciembre de 198839,
especialista en desarrollo y gerencia integral de proyectos40, magister en estructuras
desde el 14 de diciembre de 200141. Manifestó no estar incurso en ninguna causal
de inhabilidad o incompatibilidad y acreditó la siguiente experiencia profesional42:

Computable
Cargo Funciones Desde Hasta
Años Meses Días
Ingeniero
Calculista. «Cálculos estructurales y de sismo resistencia» 1/2/1998 31/7/2001 3 6 1
Tecmo S.A.
Ingeniero de
diseño y
producción de Diseño y producción de estructuras metálicas 30/9/2001 31/5/2008 6 8 2
estructuras
metálicas
Total, tiempo computable 10 2 3

24.5.5.Eduard Leonardo Rodríguez Rojas, integrante del equipo propuesto por
Andrea Yalena Atehortúa es ingeniero civil desde el 16 de febrero de 2007, con
matrícula profesional expedida el 17 de mayo de ese año43, especialista en
estructuras a partir del 14 de diciembre de 2011. Manifestó no estar incurso en

38 Folio 14 del documento 7

39 Folio 17 del documento 7.

40 Desde el 2 de diciembre de 2014.

41 Folio 18 del documento 7.

42 Se aportaron otros certificados laborales, pero no contenían las funciones desempeñadas de modo

que no fueron valorados en sede administrativa
43 Folio 23 del documento 10.

21

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad y demostró la siguiente experiencia
profesional:

Computable
Cargo Funciones Desde Hasta
Años Meses Días
Revisión y evaluación de diseños de
viviendas de uno y dos pisos para verificar el
Ingeniero civil.
cumplimiento del Reglamento Colombiano
Curaduría
de Construcción Sismo Resistente NSR-98,
Urbana 14/2/2008 9/4/2010 2 1 25
mediante la emisión de actas de
Segunda de
observaciones, revisión de las respuestas a
Villavicencio
estas y aprobación de los estudios que se
ajustaran al Título E del reglamento.
Revisión y evaluación de diseños y cálculos
estructurales para verificar su cumplimiento
Ingeniero de la Norma Sismo Resistente NSR-10, así
15/11/2012 10/11/2016 3 11 25
estructural como revisión de las respuestas a las
observaciones formuladas respecto de los
proyectos radicados en la Curaduría.
Total, tiempo computable 6 1 20

24.6. El 5 de diciembre de 2016, Sobeida Romero Penna presentó recurso de
reposición contra el acto de admitidos al concurso de acuerdo con lo siguiente44:
i) la adenda 1 fue expedida cuando ya había iniciado el plazo para la presentación
de propuestas que transcurrió entre el 18 y el 22 de noviembre de 2016, y modificó
ilegalmente las bases del concurso, al alterar los factores de evaluación previstos
en el Decreto 1077 de 2015; ii) los 10 años mínimos de experiencia constituyen un
requisito habilitante y no generan puntaje, por lo que la adenda no podía asignar
200 puntos básicos a ese requisito; iii) Andrés Perea Mejía y Andrea Yalena
Atehortua Orjuela debían ser excluidos porque no acreditaron adecuadamente la
experiencia exigida ni el cumplimiento de los requisitos del grupo interdisciplinario
especializado; iv) el ingeniero estructural de Andrea Yalena Atehortua Orjuela no
acreditó los 5 años mínimos de experiencia específica contados desde la obtención
del título de especialista y la hoja de vida de la abogada no estaba debidamente
aportada; y v) la propuesta de Andrés Perea Mejía fue presentada en un solo
ejemplar y no personalmente lo que constituía una causal de rechazo.

24.7. El 13 de diciembre de 2016, la Fundación Universitaria del Área Andina resolvió
negativamente el recurso de reposición y explicó lo siguiente45: i) la adenda 1 fue
expedida dentro de las facultades conferidas por las bases del concurso y antes de
la presentación de las propuestas; ii) los 10 años mínimos de experiencia
constituyen un requisito habilitante que no otorga puntaje por lo que únicamente la
experiencia adicional es objeto de calificación; iii) Andrés Perea Mejía acreditaba 12
años y 66 días de experiencia relacionada con la planificación y el desarrollo urbano,
suficientes para continuar en el concurso, y su equipo cumplía con la experiencia

44 Folios 53 al 63 del documento 4.
45 Folios 64 al 71 del documento 4.

22

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

específica exigida; iv) el ingeniero estructural de Andrea Yalena Atehortua Orjuela
acreditó la experiencia específica exigida, la abogada hacía parte del equipo
adicional y no del equipo mínimo requerido y las hojas de vida cumplían con los
requisitos formales.

24.8. El 14 de diciembre de 2016, el municipio profirió la Resolución 1400-56.02/0292
en la que estableció la lista definitiva de admitidos y citó a Andrés Perea Mejía,
Sobeida Romero Penna y Andrea Yalena Atehortúa Orjuela a la prueba escrita 46.

24.9. El 21 de diciembre de 2016, el municipio de Villavicencio expidió la Resolución
1400-56.02/0306 en la que publicó los «resultados parciales y totales obtenidos en las
pruebas y evaluación de [la] propuesta» y se asignaron los siguientes puntajes: Andrés
Perea Mejía 815,35; Sobeida Romero Penna 735,41; y Andrea Yalena Atehortúa
Orjuela 729,3247.

24.10. El 4 de enero de 2017 la demandante presentó recurso de reposición contra el
citado acto en el que insistió en los mismos argumentos expuestos en el recurso
citado en el hecho probado 22.648.

24.11. El recurso fue resuelto el 16 de enero de 2017 por medio de oficio sin radicado
emitido por la Fundación Universitaria del Área Andina en el que reiteró que solo se
calificaría el tiempo de experiencia adicional a los primeros 10 años; en cuanto a
Andrés Perea Mejía revisó nuevamente las certificaciones laborales y concluyó que
la expedida por Con & Con Consultoría y Construcción sí acreditaba experiencia
relacionada con la planificación urbana, razón por la cual fue incorporada a la
evaluación, mientras que la certificación de GRASOT Ltda. continuó sin valorarse
por ser ilegible. Lo anterior generó la rectificación e incremento del tiempo de
experiencia relacionada a 13 años y 106 días. La experiencia profesional de los
integrantes de los equipos interdisciplinarios debía contarse desde la obtención del
título profesional y no solo desde la especialización por lo que todos los integrantes
cumplían con las exigencias del concurso49.

24.12. El 18 de enero de 2017, el municipio expidió la Resolución 1400-56.02/002 en
la que publicó los resultados definitivos y asignó los siguientes puntajes50:

Puntajes obtenidos
Factor Puntaje máximo Sobeida Romero Andrea Yalena Andrés Perea
Penna Atehortúa Mejía

46 Folios 72 al 74 del documento 4.
47 Folios 75 al 81 del documento 4. La información sobre la asignación de puntos es ilegible.
48 Folios 83 al 90 del documento 4.
49 Folios 91 al 95 del documento 4.
50 Folio 96 al 100 del documento 4.

23

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

Prueba de
500 351,65 373,6 467
conocimiento
Experiencia laboral 300 30051 269,152 268,653
Acreditación del
grupo 75 19,48 43,82 53,44
interdisciplinario54
Posgrados 75 20 10 10
Entrevista 50 44,28 32,8 38,5
Puntaje total 1000 735,41 729,32 837,5441

24.13. El 23 de enero de 2017, la demandante presentó recurso de reposición de
acuerdo con lo siguiente: i) no se resolvieron sus solicitudes de descalificación de
Andrés Perea Mejía por incumplimiento en la presentación de la propuesta; ii) no
debió asignársele puntaje por los primeros 10 años de experiencia; iii) el certificado
laboral de Con & Con Consultoría y Construcción aportado por ese concursante no
contenía las funciones específicas y no debió ser valorado; iv) la adenda 1 excedió
la competencia legal por alterar los factores de evaluación; v) no debió asignársele
puntos adicionales a los grupos interdisciplinarios por experiencia profesional; vi) el
cómputo de la experiencia profesional del ingeniero estructural de Andrea Yalena
Atehortúa debió computarse desde la obtención del título de especialista y no desde
el título de pregrado; y vii) la experiencia profesional del equipo de Andrés Perea
Mejía no fue debidamente acreditada55.

24.14. Mediante Oficio 1400-17.12/040 del 30 de enero de 2017, el municipio decidió
no reponer el acto recurrido por lo siguiente: i) la propuesta de Andrés Perea Mejía
fue presentada por una persona debidamente autorizada por el aspirante, las bases
del concurso no exigían la presentación personal ni la exhibición del documento de
identidad en original y la copia adicional del documento solo tenía la finalidad de
facilitar la evaluación, por lo que su ausencia no implicó una modificación o
mejoramiento de la propuesta; ii) los alcaldes o sus delegados tienen competencia
para establecer la forma de acreditar los requisitos, la fecha, el lugar y el cronograma
del concurso, de acuerdo con los artículos 2.2.6.6.2.1 y 2.2.6.6.3.1 del Decreto 1077
de 2015, al paso que la experiencia mínima de 10 años constituía únicamente un
requisito habilitante, mientras que la experiencia adicional es la que generaba
puntaje; iii) la experiencia acreditada mediante la certificación de Con & Con
Consultoría y Construcción sí cumplió con los requisitos exigidos, por lo que el
aspirante acreditó 13 años y 106 días de experiencia, equivalentes a 265,8 puntos,
superando el mínimo requerido; iv) la calificación fue realizada conforme con el
artículo 2.2.6.6.3.7 del Decreto 1077 de 2015, el cual dispone que deben valorarse

51 Por 20 años y 7 días de experiencia.
52 Por 13 años y 166 días de experiencia.
53 Por 13 años y 106 días de experiencia.
54 Estos valores se obtuvieron restando la suma de los demás factores del valor final del puntaje

debido a que esta parte del acto es ilegible en algunos puntos.
55 Folios 102 al 109 del documento 4.

24

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

la experiencia profesional, el nivel académico y el número de profesionales
ofrecidos; v) la experiencia profesional debía contabilizarse desde la obtención del
título profesional de pregrado y no desde la especialización pues así lo disponían
las bases del concurso; vi) el arquitecto Luis Javier Santiago Restrepo Moreno y
Leonardo Padilla Ávila, del equipo interdisciplinario de Andrés Perea Mejía, sí
acreditaron 20 años y 161 días de experiencia relacionada con planeación y
desarrollo urbano y 10 años y 61 días de experiencia en cálculo estructural y
sismorresistencia, por lo que fueron válidamente calificados56.

24.15. Pormedio de la Resolución 1400-56.2/004 del 30 de enero de 2017, el
municipio publicó la lista de elegibles en la que solo incluyó a Andrés Perea Mejía57.

24.16. A través del Decreto 1000-21/37 del 8 de febrero de 2017 se designó a Andrés
Perea Mejía como curador urbano segundo de Villavicencio, por haber ocupado el
primer lugar del concurso de méritos 158, empleo del que tomó posesión el 10 de
febrero de ese año59.

24.17. El 27 de enero de 2017, la actora solicitó a la Alcaldía de Villavicencio
nombrarla en el cargo de curadora urbana segunda de ese municipio, reconocerle
la suma de $100.000.000 por no haberla designado en ese empleo una vez
finalizado el periodo del anterior curador y $30.000.000 mensuales desde el
momento de la radicación de esa petición hasta «el momento en que se [hiciera]
efectiva la posesión del titular seleccionado en el concurso de méritos». Además, solicitó
la expedición de documentos e información60.

24.18. El 15 de febrero de 2017 la demandada profirió el Oficio 1400-14-12/067 en el
que negó lo pedido por la actora al considerarlo improcedente debido a que Andrea
Yalena Atehortúa Orjuela desempeñaba el cargo pretendido en provisionalidad
hasta tanto tomara posesión el nuevo curador designado a través del concurso de
méritos adelantado61.

24.19. Sobeida Romero Penna promovió demanda de nulidad electoral en contra del
Decreto 1000-21/37 del 8 de febrero de 2017, por medio del cual se designó a
Andrés Perea Mejía como curador urbano segundo de Villavicencio62. El proceso se
identificó con el radicado 5001-23-33-000-2017-00162-00 y las pretensiones fueron
las siguientes63:

56 Folios 110 al 116 del documento 4.
57 Folios 121 al 125 del documento 4.
58 Folios 127 al 129 del documento 4.
59 Folio 132 del documento 4.
60 Folios 105 al 109 del documento 4.
61 Folios 4 y 5 del documento 28.
62 Auto admisorio de ese proceso en los folios 110 al 119 del documento 10.
63 Documento 16.

25

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

«PRIMERA: Que mediante sentencia que haga tránsito a cosa Juzgada se declare la
nulidad del Decreto No. 1000.21/ 37 del 8 de febrero de 2017 “POR LA CUAL (sic) SE
REALIZA DESIGNACION DEL CURADOR URBANO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO POR UN PERIODO DE CINCO (5) AÑOS y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”, mediante el cual se nombró al señor ANDRES PEREA MEJIA en el
cargo de Curador Urbano 2 de Villavicencio, el cual fue expedido por la Alcaldesa (E) del
municipio de Villavicencio, publicado el 9 de febrero de 2017 en el Boletín Oficial No. 015
de la entidad demandada.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene librar las
comunicaciones del caso dando cuenta de la correspondiente decisión al Alcalde
Municipal de Villavicencio, para todos los efectos a que haya lugar.» [sic]

24.20. El 17 de agosto de 2017 la Sección Quinta el Consejo de Estado, en el trámite
del recurso de apelación contra el auto que negó la excepción de ineptitud de la
demanda por indebida escogencia del medio de control, consideró que Sobeida
Romero Penna no procuraba solo la prevalencia del ordenamiento jurídico, sino que
guardaba un verdadero interés en que la declaratoria de nulidad del decreto
cuestionado conllevara a su designación como curadora segunda urbana de
Villavicencio, por lo que ordenó la adecuación del medio de control a nulidad y
restablecimiento del derecho64.

24.21. El 26 de noviembre de 2018, Sobeida Romero Penna presentó solicitud de
desistimiento de las pretensiones de ese proceso, petición coadyuvada por Andrés
Perea Mejía quien fungió como demandado65.

24.22. El 30 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión
5, profirió auto en el que aceptó el desistimiento de las pretensiones del medio de
control promovido para cuestionar la legalidad del Decreto 1000-21/37 del 8 de
febrero de 201766.

24.23. El 15 de mayo de 2017, la demandante presentó solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría 48 Judicial II para asuntos administrativos de
Villavicencio, la audiencia de conciliación fue celebrada el 30 de junio de ese año,
se declaró fallida y se expidió la respectiva constancia el 4 de julio de 201767.

2.4. Análisis sustancial

64 Así se indicó en el auto que aceptó el desistimiento de las pretensiones del medio de control 5001-

23-33-000-2017-00162-00. Folio 17 del documento 29.
65 Según se extrae del auto del 30 de mayo de 2019.
66 Folios 17 al 27 del documento 29.
67 Folios 120 al 122 del documento 10.

26

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

25. El Tribunal Administrativo del Meta declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada debido a que Sobeida Romero Penna promovió un proceso de nulidad
electoral en el que cuestionó la legalidad del Decreto 1000-21/37 del 8 de febrero de
2017 por medio del cual el municipio de Villavicencio designó a Andrés Perea Mejía
como curador urbano segundo. Ese proceso fue adecuado al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, en cumplimiento de lo ordenado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en auto del 17 de agosto de 2017.

26. Sobedia Romero Penna apeló la anterior decisión y manifestó que aquel proceso
no guarda identidad de objeto y causa en relación con el asunto de la referencia, de
modo que no era cierto que se configurara la cosa juzgada, razón por la que debía
emitirse una decisión de fondo.

27. Pues bien, de acuerdo con las razones por las cuales se declaró la cosa juzgada
en la sentencia de primera instancia, la Sala estima primordial recordar que la figura
del desistimiento de las pretensiones se encuentra establecida en los artículos 314
a 317 del CGP que prevén que la parte demandante puede renunciar al litigio
propuesto siempre y cuando no se haya proferido sentencia dentro del asunto, figura
que también puede aplicarse sobre el recurso de apelación propuesto contra la
decisión de primera instancia.

28. Sobre los efectos del desistimiento, la norma citada señala que implica la
renuncia a las pretensiones, circunstancia asimilable a una sentencia absolutoria
sobre la cual se producen los efectos de la cosa juzgada, tal como lo señaló el a
quo. Sin embargo, esta Subsección considera que dicha postura contraviene los
intereses superiores de la demandante que acudió a la administración de justicia en
aras de que se definiera de fondo la controversia propuesta.

29. En tal sentido, en el proceso 5001-23-33-000-2017-00162-00 que fue objeto de
desistimiento no se adoptó una decisión de fondo sobre este asunto y ni siquiera se
conocieron los argumentos de defensa de la parte demandada o los terceros
interesados, lo cual podría conllevar a una negación de justicia en detrimento de los
intereses de la actora.

30. De acuerdo con lo explicado, la situación fáctica de Sobeida Romero Penna no
ha sido estudiada, los medios probatorios no fueron objeto de análisis por parte del
juez de instancia y no se llegó a una conclusión que permitiera definir si los actos
administrativos cuestionados se encontraban viciados o no de ilegalidad y si le
asistía el derecho a ser designada en el empleo reclamado o a recibir la
indemnización pretendida, de modo que pudiera otorgársele una solución definitiva
a sus pretensiones.

31. En tal sentido, a pesar de los efectos puntuales de la figura del desistimiento de

27

Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

las pretensiones señalados en el artículo 314 del CGP y aplicados por el a quo, la
Sala ha considerado que en virtud de los derechos de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva debe revocarse la sentencia de primera instancia
que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada68. En consecuencia, se
analizará el fondo del asunto.

32. Superado el análisis relativo a la inexistencia de la cosa juzgada y establecido
que corresponde a la Sala pronunciarse sobre el fondo de la controversia, es preciso
delimitar, en primer lugar, el objeto del presente proceso.

33. La demandante dirigió sus pretensiones de nulidad contra los actos
administrativos mediante los cuales se publicaron los resultados parciales y
definitivos del concurso de méritos para la selección del curador urbano segundo de
Villavicencio, se conformó la lista de elegibles, se designó a Andrés Perea Mejía en
dicho cargo y se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra esas
decisiones.

34. Los argumentos fueron los siguientes: i) la modificación de las bases del
concurso por parte del municipio de Villavicencio, pese a carecer de competencia
para ello, y la consecuente asignación de puntaje a los 10 años de experiencia
profesional exigidos como requisito mínimo; ii) la admisión de la propuesta de
Andrés Perea Mejía, pese a que no fue presentada personalmente y fue radicada
en una sola copia; iii) el incumplimiento de los requisitos exigidos para el equipo
interdisciplinario de Andrés Perea Mejía, debido a que las certificaciones laborales
aportadas no describían las funciones desempeñadas ni acreditaban la experiencia
profesional específica requerida o las calidades exigidas para ejercer como curador
urbano, además de las irregularidades en la valoración de la experiencia de
Leonardo Padilla Ávila, a quien se le computaron periodos simultáneos y anteriores
a la obtención del título de especialista, las certificaciones de Luis Javier Santiago
Restrepo Moreno estaban incompletas y el ingeniero estructural tampoco acreditó
los 5 años de experiencia; iv) Eduard Leonardo Rodríguez Rojas, ingeniero
estructural de la propuesta de Andrea Yalena Atehortúa no acreditó los 5 años de
experiencia profesional exigidos; y v) la falta de competencia de la Fundación
Universitaria del Área Andina para resolver los recursos de reposición y la utilización
de jurisprudencia extranjera como fundamento de dichas decisiones.

35. Pues bien, en cuanto al primer reparo, Sobeida Romero Penna cuestionó que el
municipio de Villavicencio hubiera modificado las reglas de calificación del concurso
después de iniciado el período para la presentación de propuestas por medio de la
adenda 1 que tuvo lugar en el mes de diciembre de 2016, particularmente porque

68 En ese sentido se ha pronunciado esta Subsección en, por ejemplo, la providencia del 3 de julio

de 2026, radicado 11001-03-25-000-2021-00623-00 (3050-2021).

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

se asignó puntaje a los 10 años de experiencia profesional exigidos como requisito
mínimo de participación, pese a que el artículo 87 del Decreto 1469 de 2010,
compilado a través del Decreto 1077 de 2015 y cuya versión original se encontraba
vigente para el momento de la convocatoria, contenía la forma de calificación de la
experiencia profesional adicional a los primeros 10 años.

36. Para resolver este reparo, la Sala debe partir de las reglas que fueron fijadas
inicialmente en la convocatoria. En ella se estableció que la experiencia laboral
constituía uno de los factores de evaluación, al que correspondía un puntaje máximo
de 300 puntos y un puntaje aprobatorio de 210 y se reprodujeron las reglas
contenidas en el artículo 87 del Decreto 1469 de 2010, según el cual la experiencia
laboral que excediera los 10 años exigidos como requisito para acceder al concurso
otorgaba 20 puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción, mientras
que la experiencia docente recibiría una valoración de 10 puntos por año acreditado.

37. Posteriormente, mediante la adenda 1 se modificó la metodología de valoración
de este factor, pues, aunque se mantuvo el puntaje máximo de 300 puntos, se
estableció que los 10 años mínimos de experiencia equivaldrían a 200 puntos
básicos y que, a partir de ese mínimo, cada año adicional otorgaría 20 puntos
adicionales, hasta completar el máximo previsto. Al mismo tiempo, el puntaje
aprobatorio del factor de experiencia se incrementó de 210 a 260 puntos.

38. De esta comparación se desprende que la adenda sí modificó la metodología
inicialmente prevista para la valoración de la experiencia profesional, en cuanto
incorporó una puntuación básica correspondiente a los 10 años mínimos de
experiencia. No obstante, esta modificación no desconoce el contenido del artículo
87 del Decreto 1469 de 2010 porque dicha disposición establece que la experiencia
laboral que exceda los 10 años exigidos como requisito dará derecho a 20 puntos
por cada año de servicio o proporcional por fracción, pero no dispone que los
primeros 10 años deban recibir necesariamente una calificación de 0 puntos, ni
establece una prohibición expresa sobre la asignación de un puntaje de base.

39. En otras palabras, la norma reglamentaria reguló de manera expresa la forma en
que debía valorarse la experiencia profesional que superara los 10 años mínimos
exigidos para participar en el concurso, pero no estableció una regla específica
respecto del puntaje que debía asignarse a esos primeros 10 años. Por tanto, de su
contenido no puede desprenderse una prohibición para que la convocatoria
estableciera una puntuación básica por el cumplimiento de la experiencia mínima,
siempre que se conservara la regla según la cual cada año adicional a los 10
primeros otorgaría 20 puntos.

40. De ese modo, el contenido de la adenda no modificó la valoración de la
experiencia adicional prevista en el artículo 87 del Decreto 1469 de 2010 en el

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

sentido de desconocer lo previsto en la norma, sino que por el contrario
complementó la metodología de calificación respecto de un aspecto que no había
sido expresamente regulado. En tal sentido, no puede entenderse que exista una
prohibición respecto de la valoración de la experiencia mínima requerida para
participar, pues ello tendría que derivarse de manera expresa del régimen aplicable
o, al menos, de una incompatibilidad evidente entre la metodología adoptada y las
reglas superiores del concurso, circunstancia que no se advierte en este caso.

41. Esta forma de calificación tampoco desnaturalizó el factor de la experiencia, toda
vez que este tenía un peso significativo dentro del proceso de selección, pues se le
asignaron 300 de los 1000 puntos posibles, equivalentes al 30% del puntaje total,
mientras que con la adenda no se disminuyó esa relevancia; por el contrario, al
elevarse el puntaje aprobatorio de 210 a 260, se hizo más exigente la acreditación
de experiencia para superar satisfactoriamente este componente.

42. En ese sentido, la modificación no introdujo un factor de evaluación extraño al
concurso ni alteró los ámbitos de experiencia susceptibles de valoración. Los 10
años mínimos continuaron siendo una condición necesaria para participar y la
experiencia adicional continuó siendo reconocida en los términos previstos por el
artículo 87 del Decreto 1469 de 2010.

43. En relación con la fecha en la que ocurrió la citada modificación, debe decirse
que, de acuerdo con el material probatorio aportado el acta de diligencia de cierre y
apertura de las urnas tuvo lugar el 22 de noviembre de 2016, fecha en la cual
quedaron formalmente radicadas las propuestas de los aspirantes. Además, aunque
el documento que contiene la Adenda no registra una fecha exacta de expedición,
de su contenido se desprende que fue proferida en diciembre de 2016. Por
consiguiente, le asiste razón a la demandante cuando afirmó que la modificación de
las reglas de calificación se produjo después de que los participantes habían
presentado sus propuestas.

44. El citado hecho es relevante, pues las reglas fijadas en la convocatoria
constituyen el marco al que deben sujetarse tanto la administración como los
concursantes y, por razones de transparencia, igualdad y seguridad jurídica, no
deberían modificarse las condiciones sustanciales bajo las cuales estas serían
evaluadas.

45. Aunque la Sala reconoce que, como regla general, las condiciones sustanciales
de evaluación deben ser conocidas por los participantes antes de la presentación
de sus propuestas, en el caso concreto la modificación no alteró el requisito material
de experiencia ni introdujo un nuevo factor de selección, sino que ajustó la forma de
asignación del puntaje correspondiente a una condición que ya estaba prevista en
la convocatoria. Así, los 210 puntos exigidos para superar el factor de experiencia

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Demandante: Sobeida Romero Penna

profesional ya habían sido establecidos por el propio municipio. Sin embargo, bajo
la fórmula inicialmente prevista [que asignaba 20 puntos por cada año de
experiencia posterior a los primeros 10], ni siquiera la demandante, quien acreditaba
el mayor tiempo de experiencia profesional, habría alcanzado dicho umbral, pues
los primeros 10 años no recibían puntuación y los 10 años adicionales apenas
representaban 200 puntos.

46. La adenda introdujo entonces una asignación de 200 puntos por los primeros 10
años y mantuvo los 20 puntos por cada año adicional, haciendo posible que el
sistema de evaluación fuera compatible con el umbral de 210 puntos previamente
establecido. Así, aun cuando la oportunidad de la modificación merece reparo, no
se evidencia que esta haya creado un requisito nuevo, reducido el estándar de
experiencia o favorecido individualmente a alguno de los participantes; por el
contrario, su aplicación fue general y permitió hacer operativa una regla de
evaluación que, bajo la fórmula inicialmente prevista, habría resultado
materialmente imposible de satisfacer.

47. Entonces, si bien las bases del concurso comportan la norma que debe regir toda
la actuación y, en principio, deben ser respetadas por la administración y los
participantes, esta Corporación ha reconocido que ello no implica una prohibición
absoluta para introducir modificaciones durante el desarrollo del concurso, siempre
que estas obedezcan a razones objetivas, sean aplicables en igualdad de
condiciones a todos los participantes y observen los principios de transparencia y
publicidad.

48. En ese sentido, lo jurídicamente relevante no es únicamente que la modificación
se produzca antes de la etapa de inscripción, sino que, si ocurre con posterioridad,
no comporte una alteración arbitraria de las condiciones de competencia, la creación
de nuevos requisitos o factores de selección, ni un favorecimiento particular de
alguno de los concursantes y que sea oportunamente puesta en conocimiento de
todos los interesados. Las consideraciones han sido las siguientes69:

«Conforme con lo expuesto, la convocatoria es la ley del proceso de selección, con base
en sus reglas debe adelantarse todo el trámite y a sus disposiciones deben someterse
tanto la administración como los aspirantes.
Sin embargo, ello no quiere decir que dichas normas sean completamente
inmodificables, toda vez que muchas veces debido a la dinámica propia del proceso de
selección se torna necesario hacer ajustes que permitan su correcto desarrollo. Lo
importante en esos eventos es que se garanticen los principios propios que deben regir
este tipo de convocatorias, principalmente la transparencia y publicidad con el fin de
preservar así la igualdad entre los participantes.»

69 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 13 de junio de 2019, radicado 11001-03-28-

000-2018-00602-00.

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Demandante: Sobeida Romero Penna

49. De lo anterior se desprende que la posibilidad de introducir modificaciones a las
reglas de la convocatoria no constituye una facultad discrecional e irrestricta de la
administración, sino una medida de carácter excepcionalísima, justificada
únicamente cuando resulte necesaria para garantizar el adecuado desarrollo del
proceso de selección. Así lo ha reiterado la Sección Quinta de esta Corporación70:

«Así las cosas, es evidente que los términos y condiciones en los que se expida una
convocatoria pública se erigen como un marco jurídico de obligatorio acatamiento para
las partes que en ella intervienen, razón por la cual los lapsos, requisitos, formas de
calificación, entre otros aspectos, que en ella se consagren son de estricta observancia,
y en consecuencia, su modificación o variación solo se permite en casos
excepcionalísimos, pues de lo contrario los principios de buena fe y confianza legítima
se verían resquebrajados.»

50. En el presente caso, se advierte que la modificación obedeció precisamente a la
necesidad de hacer operativa la regla de evaluación de la experiencia profesional,
pues, bajo la fórmula inicialmente prevista, ninguno de los concursantes habría
podido alcanzar el puntaje mínimo aprobatorio, ni siquiera quien acreditó el mayor
tiempo de experiencia, esto es, la demandante, con 20 años de experiencia
profesional. Por tanto, lejos de introducir un nuevo factor de selección o favorecer
individualmente a alguno de los participantes, la Adenda permitió que el factor de
experiencia pudiera ser efectivamente evaluado conforme con el puntaje mínimo
previamente establecido en la convocatoria.

51. En consecuencia, no se encuentra demostrado que el municipio hubiera
desbordado las competencias que le correspondían para desarrollar y concretar las
reglas del concurso, ni que la modificación hubiera desconocido los límites
materiales establecidos por el régimen especial aplicable.

52. Ahora bien, en relación con la forma puntual en que fue calificada la experiencia
laboral de los concursantes, la Sala debe realizar las siguientes precisiones. En los
actos mediante los cuales se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por
la demandante se sostuvo que los 10 años mínimos de experiencia profesional
constituían únicamente un requisito habilitante y que el puntaje correspondiente a
este factor se asignaría exclusivamente por los años adicionales de experiencia, en
razón de 20 puntos adicionales por cada año71.

53. Sin embargo, la evaluación efectivamente realizada no corresponde a esa
explicación. Basta con observar los puntajes definitivos asignados a los 3
concursantes en el factor de experiencia laboral para advertir que la calificación
partió de una base de 200 puntos correspondientes a los primeros 10 años de

70 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 3 de agosto de 2015. Expediente
11001032800020140012800.
71 Como se indicó en el pie de página 18.

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experiencia y que los años adicionales fueron valorados en razón de veinte 20
puntos por cada año, hasta completar el máximo de 300.

54. Por ejemplo, la demandante, quien acreditó 20 años de experiencia profesional 72,
obtuvo la calificación máxima de 300 puntos, lo cual solo se lograría si los primeros
10 fueron objeto de calificación con 200 puntos de base y los 10 años adicionales
con 100 puntos más (ajustados al máximo posible), conforme con el sistema
previsto en la modificación de las bases del concurso. En ese sentido, si los primeros
10 años no hubieran sido objeto de puntuación, a la demandante solo le habrían
correspondido 200 puntos en total por experiencia profesional, es decir que no
habría superado ni siquiera el umbral de aprobación de las bases originales del
concurso, de modo que dicha metodología también le favoreció.

55. A pesar de la citada discordancia, ello conduce a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda porque la forma en que fue valorada la experiencia
laboral se aplicó de manera uniforme a todos los participantes del concurso, sin que
se advierta un tratamiento diferenciado o discriminatorio en favor de alguno de ellos.

56. En consecuencia, aunque existe una evidente discrepancia entre la motivación
expuesta en los actos que resolvieron los recursos administrativos y la forma en que
efectivamente se efectuó la asignación del puntaje, dicha inconsistencia carece de
la entidad suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos demandados, toda vez
que la metodología de evaluación fue aplicada en condiciones de igualdad a todos
los concursantes y en este factor la demandante obtuvo el mayor puntaje en
comparación con sus compañeros, pues se le asignó la calificación máxima de 300
puntos, como puede corroborarse con la lectura de la Resolución 1400-56.02/002
del 18 de enero de 2017.

57. Ahora bien, en el segundo argumento la demandante reprochó el puntaje
asignado a Andrés Perea Mejía por el factor de experiencia profesional y consideró
que solo debió computársele 2 años y 55 días adicionales a los primeros 10 años.
También cuestionó la admisión de su propuesta que no fue presentada
personalmente y fue radicada en un solo ejemplar.

58. En relación con la puntuación concedida al citado concursante debe recordarse
que con ocasión de los recursos formulados durante el trámite del concurso, se
encontró acreditado que en sede administrativa se revisaron nuevamente las
certificaciones laborales aportadas por Andrés Perea Mejía y se concluyó que la
expedida por Con & Con Consultoría y Construcción acreditaba experiencia
relacionada con actividades de planificación urbana, razón por la cual fue
incorporada a la evaluación, mientras que mantuvo excluida la certificación

72 Como se aclaró en el pie de página 32

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expedida por GRASOT Ltda., debido a que resultaba ilegible en cuanto a las fechas
de vinculación y retiro.

59. Como consecuencia de dicha revisión, se estableció que el concursante
acreditaba en realidad 13 años y 106 días de experiencia relacionada, equivalentes
a 265,8 puntos, superando el puntaje mínimo exigido para continuar en el proceso
de selección, postura que fue reiterada en cada uno de los oficios que resolvieron
los recursos de reposición propuestos.

60. La demandante insistió en que a Andrés Perea Mejía no se le debió conceder la
puntuación que le fue asignada, por cuanto solo acreditaba 12 años y 55 días. Al
respecto, la Sala advierte que, de acuerdo con las certificaciones laborales y demás
documentos relacionados en el acápite de hechos probados, Andrés Perea Mejía
acreditó el requisito mínimo de experiencia profesional exigido para el cargo,
correspondiente a 10 años.

61. Aunque es cierto que el cálculo matemático efectuado en esta instancia a partir
de los períodos que pudieron ser verificados documentalmente no arroja
exactamente la cifra de 13 años y 106 días, también lo es que se acreditó una
experiencia profesional total superior a 13 años, por lo que la diferencia advertida
en el cómputo no tiene incidencia alguna en cuanto al cumplimiento del requisito
mínimo exigido para el cargo.

62. Ahora bien, en cuanto a la incidencia de esta diferencia sobre el puntaje obtenido
debe tenerse en cuenta que las reglas del concurso preveían el reconocimiento de
20 puntos por cada año de experiencia profesional adicional a los primeros 10 años,
con la correspondiente aplicación proporcional respecto de las fracciones. Bajo este
criterio, si se toma como referencia el cómputo de 13 años y 106 días efectuado por
la administración, la experiencia adicional a los primeros 10 años corresponde a
aproximadamente 3,29 años, lo que representa 65,89 puntos por este factor.

63. Por su parte, el cómputo establecido en esta instancia fue de 13 años y 3 meses
y 21 días, de modo que la experiencia adicional a los primeros 10 años sería de 3
años y 111 días, lo que representa aproximadamente 66,17 puntos. En
consecuencia, aun cuando la Sala considera que habría lugar a efectuar un ajuste
en la puntuación reconocida por concepto de experiencia adicional, la diferencia
resultante sería de aproximadamente 0,28 puntos. Tal disminución no tiene la
entidad suficiente para modificar el resultado del concurso, pues Andrés Perea
Mejía obtuvo 837,54 puntos, mientras que Sobeida Romero Penna obtuvo 735,41 y
Andrea Yalena Atehortúa Orjuela recibió 729,32.

64. Portanto, la eventual disminución del puntaje por experiencia adicional no
modificaría la posición de Andrés Perea Mejía en la lista de elegibles ni afectaría su

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designación como curador urbano 2 de Villavicencio. Así, la demandante no aportó,
en sede administrativa ni judicial, elementos de juicio que permitieran desvirtuar la
valoración efectuada por la administración ni demostrar que las certificaciones
incumplieran las exigencias previstas en las bases del concurso.

65. Tampoco prosperan los reproches según los cuales la propuesta de Andrés
Perea Mejía debió rechazarse por haber sido presentada en un solo ejemplar y
radicada por un tercero. Dentro del proceso está acreditado que durante el acto de
cierre y apertura de la urna las demás concursantes dejaron constancia de que el
citado aspirante presentó únicamente el original de la propuesta y que esta fue
entregada por otra persona.

66. No obstante, también se demostró que la entidad examinó expresamente esa
circunstancia al resolver los recursos administrativos y concluyó que las bases del
concurso no imponían la obligación de presentación personal del aspirante ni
exigían poder autenticado para la radicación de la propuesta, al tiempo que
consideró que la copia adicional tenía únicamente la finalidad de facilitar la
evaluación y que su ausencia no implicaba modificación o mejoramiento de la
propuesta ni afectaba la igualdad entre los participantes.

67. En el acto que publicó la lista provisional de admitidos se verificó expresamente
que los tres concursantes cumplían, entre otros aspectos, con los requisitos
relativos a la presentación de la propuesta, la experiencia profesional y la
conformación del grupo interdisciplinario. En esas condiciones, la sola discrepancia
de la demandante frente a la interpretación acogida por la administración resulta
insuficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los actos
demandados.

68. Además, las bases del concurso solo previeron una causal de exclusión relativa
a la no acreditación de los requisitos para ejercer como curador urbano,
circunstancia que no se encontró demostrada dentro del presente proceso, por el
contrario, se acreditó que el concursante cumplía con los requisitos habilitantes y
que su propuesta fue admitida luego de verificarse el cumplimiento de las exigencias
previstas para participar en el concurso.

69. En otras palabras, si bien las bases del concurso disponían que las propuestas
debían presentarse en dos ejemplares, lo cierto es que dentro del capítulo relativo
a las causales de rechazo no se estableció de manera expresa que la falta de la
copia constituyera una causal autónoma de exclusión. Además, no se trató de un
supuesto en el que el aspirante hubiera omitido presentar su propuesta o la hubiera
radicado de manera extemporánea o incompleta, circunstancias que sí habrían
comprometido el cumplimiento de las condiciones esenciales de inscripción en el
concurso.

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70. Por el contrario, está demostrado que Andrés Perea Mejía presentó
oportunamente su propuesta original, la cual fue recibida por la entidad
organizadora, fue evaluada y considerada en forma completa, de manera que la
omisión únicamente recayó sobre el ejemplar adicional previsto para facilitar su
consulta. En esas condiciones, al encontrarse acreditado que el concursante
cumplía los requisitos habilitantes para participar y ejercer el cargo de curador
urbano, no resulta jurídicamente admisible extender las causales de rechazo a un
supuesto que no fue previsto expresamente en las bases del concurso.

71. Aunado a lo anterior, la demandante tampoco acreditó que la presentación de un
único ejemplar de la propuesta hubiera puesto a los demás concursantes en una
situación de desventaja o hubiera otorgado una ventaja indebida a Andrés Perea
Mejía. Por el contrario, del expediente no se desprende que dicha circunstancia
hubiera afectado la evaluación objetiva de las propuestas, comprometido la
transparencia del proceso de selección o permitido al concursante modificar o
complementar la información inicialmente presentada. En consecuencia, la
irregularidad endilgada carece de la entidad suficiente para desvirtuar la legalidad
de los actos demandados.

72. Enel mismo sentido, la Sala no encuentra acreditadas las irregularidades
alegadas respecto del grupo interdisciplinario propuesto por Andrés Perea Mejía.

73. Del acervo probatorio se desprende que la entidad verificó en 3 oportunidades
(la admisión y los dos recursos de reposición propuestos) las certificaciones
aportadas por los profesionales que integraban dicho equipo y concluyó que el
arquitecto Luis Javier Santiago Restrepo Moreno acreditó 20 años y 161 días de
experiencia relacionada con planeación y desarrollo urbano; que el abogado
Leonardo Padilla Ávila cumplía la experiencia específica exigida en derecho
administrativo; y que el ingeniero Carlos Antonio Mendoza Forero acreditaba 10
años y 61 días de experiencia relacionada con cálculo estructural y
sismorresistencia, para lo cual incluso excluyó una de las certificaciones aportadas.

74. Revisado el material probatorio la Sala advirtió que es cierto que algunas de las
certificaciones aportadas por los integrantes del equipo interdisciplinario de Andrés
Perea no satisfacen las exigencias establecidas en las bases del concurso,
particularmente en cuanto a la indicación de los periodos de vinculación y la
descripción de las funciones desempeñadas. Por esta razón, tales documentos no
pueden ser considerados para acreditar experiencia cuando no permiten establecer,
de manera suficiente, el tiempo laborado o la relación entre las actividades
desarrolladas y el área de experiencia exigida.

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75. Sin embargo, no se encontró que los profesionales propuestos no cumplían los
requisitos mínimos para integrar el equipo interdisciplinario. Así, una vez efectuada
la depuración de la documentación y excluidas del cómputo las certificaciones que
no reúnen las condiciones exigidas, relacionadas en el capítulo de hechos
probados, y se determinó que sí permiten acreditar que cada uno de los
profesionales contaba con los 5 años de experiencia profesional mínima exigidos
para el respectivo perfil.

76. En relación con Leonardo Padilla Ávila, se probó que obtuvo el título de abogado
en el año 2004 y que acreditó un total de 10 años, 10 meses y 17 días de experiencia
profesional. Las bases del concurso exigían para este integrante del equipo
interdisciplinario 5 años de experiencia profesional en asuntos relacionados con el
derecho administrativo, requisito que se encuentra satisfecho, toda vez que las
actividades acreditadas corresponden precisamente a dicho ámbito de ejercicio
profesional.

77. Tampoco se advierte que para establecer el cumplimiento de este requisito se
hayan computado periodos simultáneos. Por el contrario, una vez excluidas las
certificaciones que no reúnen las condiciones necesarias para su valoración y
efectuado el cómputo de los periodos que sí se encuentran debidamente
acreditados, el tiempo de experiencia de Leonardo Padilla Ávila continúa superando
ampliamente el mínimo de 5 años exigido.

78. En cuanto a Luis Javier Santiago Restrepo Moreno, la demandante formuló
reparos relacionados, de una parte, con la aptitud del profesional para integrar el
equipo en calidad de eventual reemplazo del curador urbano y, de otra, con las
deficiencias que presentaban algunas de las certificaciones laborales aportadas
para acreditar su experiencia.

79. Sobre este particular, la Sala advirtió que aun luego de excluir las certificaciones
no aptas, el citado arquitecto demostró contar con más de 10 años de experiencia
profesional susceptible de valoración. Por consiguiente, superó ampliamente la
exigencia mínima de 10 años de experiencia profesional relacionada con el
urbanismo requerida para el ejercicio de las funciones correspondientes al curador
urbano y, en consecuencia, la deficiencia de algunos de los documentos aportados
no determina el incumplimiento de este requisito.

80. En lo que concierne a las demás condiciones exigidas para su participación como
eventual reemplazo del curador urbano, la Sala observa que no fueron objeto de un
cuestionamiento concreto por parte de la demandante o, en todo caso, se
encuentran satisfechas de acuerdo con el material probatorio. Así, no se acreditó
que el profesional superara la edad máxima prevista para el ejercicio del cargo, ni
se controvirtió de manera específica la manifestación relativa a la inexistencia de

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inhabilidades o incompatibilidades. Asimismo, su formación y experiencia se
encuentran relacionadas con el área de urbanismo, ámbito en el que se desempeñó
profesionalmente y respecto del cual cuenta con especialización.

81. La Sala reconoce que el grupo interdisciplinario constituye un factor de valoración
y asignación de puntaje dentro del concurso de méritos, pues por este concepto
Andrés Perea Mejía obtuvo 53,44 puntos, mientras que Sobeida Romero Penna
obtuvo 19,48. Asimismo, llama la atención que, mientras que en sede administrativa
a Luis Javier Santiago Restrepo Moreno se le reconocieron más de 20 años de
experiencia relacionada, en esta instancia, luego de depurar las certificaciones
aportadas, únicamente fue posible tener por acreditados alrededor de 13 años. Esta
diferencia podría, en principio, tener alguna incidencia en la puntuación asignada
por el factor correspondiente a la acreditación del grupo interdisciplinario.

82. No obstante, aun en el escenario más desfavorable para el designado, esto es,
si se prescindiera por completo de la puntuación obtenida por Andrés Perea Mejía
por este factor, tal circunstancia seguiría sin modificar la lista de elegibles, pues la
diferencia entre los puntajes obtenidos por ambos concursantes supera los 100
puntos. Por consiguiente, incluso bajo la hipótesis extrema de asignar 0 puntos a
Andrés Perea Mejía por la acreditación del grupo interdisciplinario, la diferencia
existente frente a la siguiente concursante mantendría inalterado el resultado del
proceso de selección.

83. Ahora bien, respecto de Carlos Antonio Mendoza Forero se demostró que es
ingeniero civil desde el año 1998 y que obtuvo el título de magíster en estructuras
el 14 de diciembre de 2001. A partir de las certificaciones laborales se estableció
que para el momento de inscripción al concurso acreditó 9 años y 1 mes de
experiencia profesional específica relacionada con el cálculo estructural y la
sismorresistencia. En consecuencia, tampoco se configuró el incumplimiento
alegado por la demandante.

84. Así las cosas, los reparos formulados en la demandante sobre las certificaciones
laborales de los integrantes del equipo interdisciplinario no permiten concluir que
Andrés Perea Mejía debiera ser excluido del concurso de méritos. Si bien algunas
certificaciones no podían ser valoradas por no satisfacer las exigencias
documentales previstas en las bases, las restantes pruebas permiten establecer que
cada uno de los profesionales propuestos reunía las condiciones mínimas de
experiencia exigidas para el respectivo perfil, razón por la cual no se encuentra
acreditada una irregularidad que afectara la validez de su admisión al proceso de
selección.

85. Frente a Eduard Leonardo Rodríguez Rojas, ingeniero estructural integrante del
equipo interdisciplinario propuesto por Andrea Yalena Atehortúa Orjuela, se

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estableció que obtuvo el título de ingeniero civil en febrero de 2007 y que su
matrícula profesional le fue expedida el 17 de mayo de ese mismo año, mientras
que adquirió el título de especialista en estructuras el 14 de diciembre de 2011.

86. De acuerdo con las funciones descritas en las certificaciones laborales acreditó
6 años y 20 días de experiencia profesional en actividades relacionadas con el
cálculo estructural o la sismorresistencia. Así, se encontraron satisfechas las
condiciones exigidas para integrar el grupo interdisciplinario, pues, de una parte,
acreditó la calidad de ingeniero civil con especialización en estructuras y, de otra,
superó el mínimo de 5 años de experiencia profesional específica.

87. En este punto, no resulta procedente sostener que la experiencia profesional
específica únicamente podía contabilizarse a partir de la obtención del título de
especialista, pues las bases del concurso establecieron como requisito la
acreditación de 5 años de experiencia profesional en cálculo estructural o
sismorresistencia, sin condicionar el ejercicio de dichas actividades a la previa
obtención del título de especialización. Por tanto, acreditada tanto la formación
exigida como la experiencia específica mínima requerida, no se advierte
fundamento para concluir que Eduard Leonardo Rodríguez Rojas incumpliera las
condiciones previstas para integrar el equipo interdisciplinario en el que participó.

88. Finalmente, respecto del cuestionamiento relacionado con la falta de
competencia de la Fundación Universitaria del Área Andina para resolver las
reclamaciones formuladas dentro del concurso, la Sala no encuentra que el reparo
tenga vocación de prosperidad. En efecto, mediante la Resolución 10-56.12/242 del
19 de julio de 2016, el municipio de Villavicencio aceptó la oferta presentada por
dicha institución de educación superior para apoyar la disposición, planeación,
supervisión, realización, verificación y evaluación del proceso de selección.

89. Así, su intervención no obedeció a una actuación unilateral o carente de
habilitación, sino al encargo efectuado por la propia administración municipal en el
marco del proceso meritocrático y con fundamento en el ordinal 1 del artículo 81 del
Decreto 1469 de 2010, según el cual las autoridades municipales o distritales
«adelantarán los trámites para la realización del concurso, el cual se efectuará con
entidades públicas o privadas expertas en selección de personal y con capacidad para
realizar el proceso de selección».

90. En ese contexto, la Fundación intervino como entidad encargada de apoyar
técnicamente el proceso en los términos definidos por la administración, por lo que
no resulta suficiente afirmar que, por tratarse de una institución privada, carecía de
competencia para participar en la resolución de las reclamaciones.

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91. Ahora bien, es cierto que en el oficio del 13 de diciembre de 2016 la Fundación
Universitaria del Área Andina hizo referencia a una decisión de la Corte Suprema
del Ecuador. Sin embargo, dicha providencia fue citada como elemento de
referencia para apoyar la interpretación de un concepto general relacionado con la
aplicación de las reglas del concurso, y no como fuente normativa vinculante ni
como fundamento exclusivo de la decisión. Por tanto, aunque la utilización de
jurisprudencia extranjera para sustentar la interpretación de normas colombianas
resulta desacertada, tal circunstancia constituye una deficiencia argumentativa que,
por sí sola, no determina la ilegalidad de la actuación, menos aún cuando la decisión
allí contenida se basó en el análisis de las certificaciones laborales y demás
documentos aportados por los concursantes y no en normas o en aplicación de
jurisprudencia extranjera.

92. En consecuencia, no se encuentra acreditado que la Fundación Universitaria del
Área Andina hubiera intervenido sin habilitación dentro del proceso de selección ni
que la referencia a jurisprudencia de otro país hubiera sido determinante para
adoptar la decisión contenida en el mencionado oficio.

2.5. Costas

93. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

94. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

95. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma73.

73 En el mismo sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1

de diciembre de 2016, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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96. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

97. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

98. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encontró que no se configuró la cosa
juzgada porque en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 5001-23-
33-000-2017-00162-00 no se emitió una decisión que decidiera de fondo o pusiera
fin a la controversia propuesta por la demandante. Por tal razón, se revocará a
sentencia de primera instancia que así lo dispuso. Sin embargo, se negarán las
pretensiones de la demanda por no encontrar desvirtuada la presunción de legalidad
de los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Meta mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa
juzgada, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Sobeida Romero Penna en contra del municipio de
Villavicencio por los motivos indicados en la parte considerativa.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

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Radicado: 50001-23-33-000-2017-00329-01 (1888-2025)
Demandante: Sobeida Romero Penna

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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