Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00414-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00414-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00414-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia del 28 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, Sala Transitoria, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Gabriel Mauricio Rey Amaya presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de i) la Resolución DESAJV15-2840 del 28 de agosto de
2015, emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio3, que le negó el reconocimiento del 30% del salario básico pagado a
1 En adelante DEAJ.
2 En adelante CPACA.
3 En adelante DESAJ de Villavicencio.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
título de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992 y la reliquidación de todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho
por haberse desempeñado como juez; y ii) el acto ficto o presunto originado por la
omisión de la decisión frente al recurso de apelación interpuesto contra la anterior
resolución.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la inaplicación por inconstitucionalidad del «artículo 6 del Decreto 658 de
2008, y e artículo 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010,1039 de 2011, 874 de 2012,
1024 de 2013, y 194 de 2014, en los que se establece que el 30% del salario constituye la
prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992» [sic]; ii) la inclusión de
la prima especial de servicios como «factor salarial y/o salario»; iii) la reliquidación
y pago de todas las prestaciones y bonificaciones a las que haya lugar «teniendo
como soporte el 100% de la remuneración básica mensual como juez» [sic]; iv) la
indexación de los valores adeudados mes a mes de conformidad con el artículo 187
del CPACA; y v) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes señaló los siguientes4:
3.1. Gabriel Mauricio Rey Amaya ha prestado sus servicios a la Rama Judicial desde
el año 1992 y ha ocupado los siguientes cargos:
Cargo Desde Hasta
Juez segundo civil municipal de Barbosa 13 de febrero de 1992 14 de mayo de 1995
Juez primero civil municipal de Barbosa 16 de marzo de 2004 6 de septiembre de 2004
Juez primero civil del circuito de 7 de septiembre de 2004 30 de julio de 2008
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de agosto de 2008 20 de agosto de 2008
Meta
Magistrado del Tribunal Superior del 21 de agosto de 2008 4 de diciembre de 2008
Meta
Juez primero civil del circuito de 5 de diciembre de 2008 29 de mayo de 2009
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 30 de mayo de 2009 30 de junio de 2009
Meta
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de julio de 2009 29 de septiembre de
Meta 2010
Juez primero civil del circuito de 30 de septiembre de 2010 28 de febrero de 2011
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de marzo de 2011 11 de enero de 2012
Meta
4 Los hechos se sintetizarán de conformidad con las pruebas allegadas al plenario.
2
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
Juez primero civil del circuito de 13 de enero de 2012 13 de marzo de 2012
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 14 de marzo de 2012 31 de agosto de 2012
Meta
Juez primero civil del circuito de 1° de septiembre de 2012 10 de octubre de 2012
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 11 de octubre de 2010 19 de diciembre de 2012
Meta
Juez primero civil del circuito de 20 de diciembre de 2012 16 de septiembre de
Villavicencio 2014
Magistrado del Tribunal Superior del 17 de septiembre de 2014 19 de diciembre de 2014
Meta
Juez primero civil del circuito de 20 de diciembre de 2014 «Fecha de expedición de
Villavicencio la certificación emitida
por la coordinadora del
Área de Talento
Humano»
3.2. El 11 de agosto de 2015, solicitó ante la DESAJ de Medellín el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la
reliquidación de sus prestaciones sociales de acuerdo con el porcentaje del salario
que le fue descontado.
3.3. La DESAJ de Villavicencio profirió la Resolución DESAJV15-2840 del 28 de
agosto de 2015 en la que negó la anterior solicitud.
3.4. El 4 de noviembre de ese año, el demandante presentó recurso de apelación; no
obstante, la entidad demandada no lo resolvió.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, señaló los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 125, 150, numeral
19, y 209 de la Constitución Política; 24, 32 y 35 del Decreto Ley 546 de 1971; 2 del
Decreto 1726 de 1973; 9 del Decreto 603 de1977; 32 del Decreto Ley 1045 de 1978;
8 del Decreto Ley 244 de 1981; 14, y 15 de la Ley 4ª de 1992; y 152 de la Ley 270.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:
5.1. Los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción de las
normas en que debían fundarse, toda vez que la Ley 4ª de 1992, en desarrollo de
5 Samai del tribunal, índice 2;
50001233300020170041400_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_203202181140am
_dfdaa7de72ab4ebb9de400e542a3bd16.pdf(.pdf) NroActua 2; folios 4 al 16. La demanda fue
presentada el 1° de agosto de 2017.
3
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
la Constitución Política, prohibió que se desmejorara la remuneración y las
prestaciones sociales de los servidores públicos. No obstante, la interpretación
adoptada respecto de las disposiciones que regulan la prima especial desnaturalizó
tal emolumento al descontarlo de la remuneración básica, cuando su valor debía
constituir un valor adicional de esta. Con ello se desconocieron los principios de
progresividad, favorabilidad y no regresividad.
5.2. En efecto, la prima de servicios se creó como una retribución adicional; sin
embargo, la interpretación aplicada ha implicado un alcance regresivo, al reducir la
base de la liquidación de las prestaciones sociales y de los aportes a seguridad
social. Lo anterior, comoquiera que se despojó el carácter salarial del 30% de la
asignación básica para denominarlo prima, lo que conllevó a que tales prestaciones
fueran liquidadas sobre el 70% de salario.
5.3. El Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 20146 declaró la nulidad
de los decretos salariales desde el año 1993 hasta el 2007.El gobierno nacional hizo
una interpretación errónea y aplicó indebidamente la Ley 4ª de 1992, lo que causó
una disminución de las prestaciones sociales y en consecuencia no se dio
cumplimiento al artículo 14 de la mencionada norma.
5.4. La DEAJ liquidó las prestaciones sociales con la exclusión de la prima especial
como factor salarial, situación que vulneró sus derechos laborales y prestacionales
y en consecuencia debió reliquidarlas y pagarlas de forma retroactiva, indexada y
con los intereses moratorios, con base en el 100% del salario y la inclusión de la
prima especial como factor salarial, así como también debía pagar la sanción por
mora en el pago de las cesantías del parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995.
1.2. Contestación de la demanda
6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación7:
6.1. En su calidad de juez de la República, al actor se le han pagado las prestaciones
y demás emolumentos de acuerdo con lo previsto en el « ordenamiento legal y
reglamentario».
6.2. La prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que en sentencia C-279
de 1996 declaró exequible la expresión «sin carácter salarial», razón por la que el
6 Exp. 2007-00087
7 Ibidem; folios 93 al 101.
4
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
porcentaje equivalente a dicho emolumento no puede hacer parte de la base de
liquidación de las prestaciones sociales reclamadas.
6.3. Laadministración actuó en derecho, pues dio cabal cumplimiento a las
disposiciones fijadas por el gobierno nacional y desacatarlas implicaría modificar el
régimen salarial.
6.4. La DEAJ no tenía la potestad de adoptar decisiones sobre el régimen salarial de
los servidores judiciales y se limitó a aplicar en debida forma los decretos salariales
anuales expedidos por el gobierno nacional.
6.5. Propuso las excepciones de: i) «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho
reclamado y cobro de lo no debido» [sic]; ii) prescripción; y iii) innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria en sentencia
proferida el 28 de agosto de 20258, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional para el caso en concreto los artículos 8 del
Decreto 1024 de 2013, 8 del Decreto 194 de 2014 y todos aquellos que le reproduzcan
o modifiquen y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución Política, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sumarse a lo resuelto en la sentencia del 10 de septiembre de 2024, de la
sección segunda del Consejo de Estado. Sala de Conjueces. Conjuez Ponente Dr. José
Asunción Fernández Osorio. Exp 11001-03-25-000-2012000328-00 frente al decreto de
nulidad parcial de los de los Decretos 57 de 1993, artículo 7º, 106 de 1994, artículo 7º, y
los artículos demandados de las siguientes disposiciones: Decreto 46 de 1995, 36 de
1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 2720 de 2001, 673 de 2002,
3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 657 de 2008, 658
de 2008, 661 de 2008, 741 de 2009, 726 de 2009, 723 de 2009, 1387 de 2010, 1391 de
2010, 1388 de 2010, 1038 de 2011, 1043 de 2011, 1039 de 2011, 849 de 2012, 841 de
2012 y 874 de 2012, en el contenido normativo “el treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 4a de 1992”.
TERCERO: DECLARAR LA EXISTENCIA del acto ficto o presunto negativo derivado
de la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Recurso
de apelación contra la Resolución No. DESAV15-2840 del 28 de agosto de 2015.
CUARTO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución No. DESAV15-2840 del 28 de
agosto de 2015, que negó la reclamación y el Acto ficto o presunto negativo derivado de
8 Samai del tribunal; índice 43; 57Sentencia_500020170041400Gabri(.pdf) NroActua 43.
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Recurso de
apelación contra la Resolución nro. DESAV15-2840 del 28 de agosto de 2015.
QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reliquidar y pagar a
GABRIEL MAURICIO REY AMAYA […] la prima especial de servicios entendiéndose
que el 30% de la prima especial es un agregado al salario, así como a reliquidar y pagar
todas las prestaciones sociales a que tenga derecho sobre el 100% de la remuneración
básica mientras permanezca la vinculación laboral con la demandada, sin que supere
los topes determinados en los decretos que reglamentan.
Es de señalar que las diferencias a cancelar deben atender a los periodos
estrictamente laborados, sin que en ningún caso al sumar los ingresos se supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional durante los periodos que
ejerció como Juez de la República.
Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras
acciones judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las
pretensiones y haya recibido el actor.
SEXTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal, por lo
expuesto en la parte motiva de este proveído. Se reconocen los derechos frente a la
prima especial del 30% a partir del 11 de agosto de 2012 hasta la fecha en que se haya
normalizado el pago al tenor del decreto 272 de 2021.
Atendiendo a que la cotización que se debe hacer para los efectos pensionales no está
sujeta al fenómeno jurídico de la prescripción, se ordena la reliquidación y el pago de las
diferencias que se deban hacer por este concepto a partir del momento en que inició a
desempeñarse como Juez de la República. Estos aportes deberán pagarse en el
porcentaje que corresponda tanto por parte de demandante como por el demandado.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible y hasta el retiro del cargo, en atención a lo previsto en
el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en
el Sistema General de Pensiones
SÉPTIMO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a pagar a favor de la parte
demandante y con destino al fondo de pensiones al que esté afiliada, los aportes a
pensión dejados de consignar, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la
administración judicial, teniéndose como base de liquidación el 100% de la remuneración
mensual legal, incluyendo el 30% por concepto de prima especial de servicios en lo que
corresponda a pensión.
OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su
cargo aplicando para el efecto la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
providencia.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva de la presente sentencia» [sic].
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
8.1. En el año 2014 el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de todos los
decretos expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el 2007 que
incluían el 30% de la prima especial dentro del salario básico en lugar de
incrementar ese porcentaje, el reconocimiento de la prima especial de esa manera
contrarió la prohibición de desmejorar los salarios y prestaciones sociales adoptada
como criterio en la Ley 4ª de 1992.
8.2. La forma adecuada para la liquidación de la prima especial y que se ajustó a los
principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad, era
aplicar el 30% como un adicional a la remuneración mensual del 100%, pero los
decretos expedidos disminuyeron los salarios en un 30%.
8.3. La prima especial constituye un incremento de los ingresos derivados de la
relación laboral, la asignación básica debió ser pagada en un 100% y con base en
ese porcentaje también se debieron pagar las prestaciones sociales.
8.4. Los
aportes a seguridad social en pensiones eran imprescriptibles y su
reclamación podía hacerse en cualquier tiempo.
8.5. Según los elementos probatorios se encontró que Gabriel Mauricio Rey Amaya
ha ejercido como juez y magistrado de la república desde el 13 de febrero de 1992
y que «presentó la respectiva reclamación administrativa ante la entidad demandada, con
el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos laborales, afectados al haber sido
pagada la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como
parte del salario básico y/o asignación básica y no como emolumento adicional» [sic], razón
por la cual resulta procedente la «aplicación de excepción de inconstitucionalidad de los
artículos 6 del Decreto 658 de 2008, 8 del Decreto 723 de 2009, 8 del Decreto 1388 de
2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013
y 8 del Decreto 194 de 2014 expedidos por el Gobierno Nacional, en cuanto previeron la
prima especial, sin carácter salarial, sobre el 30% el salario básico mensual devengado».
8.6. Con fundamento en la sentencia SUJ-016 CE-S2-2019 del 2 de septiembre de
2019, en la que se estableció que el derecho surgió «desde el momento de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993», declaró la prescripción de
los derechos causados con anterioridad al 11 de agosto de 2012.
8.7. El demandante desempeñó el cargo de juez en la Rama Judicial, por su parte,
la DESAJ calculó y pagó incorrectamente su remuneración al incluir como parte del
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salario básico la prima especial mencionada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
1.4. El recurso de apelación
9. LaDESAJ de Villavicencio presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia en los siguientes términos9:
9.1. La entidad no tenía competencia para interpretar las leyes o inaplicarlas, por lo
tanto, no era procedente efectuar la reliquidación y pago de los emolumentos
reclamados porque implicaría desacatar el ordenamiento legal vigente, debido a que
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los
decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional correspondía al 30%
del salario básico mensual sin efectos salariales. No existió sustento normativo para
concluir que «el 30% de la suma percibida mensualmente, sea con carácter salarial».
9.2. Además, la situación ya fue definida por la Corte Constitucional en la sentencia
C-279 de 1996 por medio de la cual declaró con efectos erga omnes exequible la
expresión «sin carácter salarial» prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
reiterada en sentencia C-681 de 2003.
9.3. No es cierto que el Consejo de Estado hubiese ordenado reliquidar las
prestaciones de los servidores teniendo como base el 100% de su salario básico,
con la inclusión del 30% «que a él se le ha reducido para tenerlo como prima […] puesto
que lo que resolvió la alta corporación [en sentencia del 29 de abril de 2014] fue declar[ar]
como no probada la excepción de cosa juzgada frente a la solicitud de nulidad de los
Decretos 057 de 1993, Decreto 106 de 1994, Decreto Nro. 043 de 1995, Decreto 036 de
1996, Decreto 076 de 1997, Decreto 064 de 1998, Decreto 044 de 1999, Decreto 2740 de
2000, Decreto 2720 de 2001, Decreto 0673 de 2002, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído» [sic].
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia.
9 Samai del tribunal; índice 46; 58_MemorialWeb_Recurso-GABRIELAMAYA002017(.pdf) NroActua
46.
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2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
11.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer ¿si la prima especial de servicios reconocida a Grabriel Mauricio Rey
Amaya por el tiempo laborado como juez y magistrado del Tribunal Superior del
Distrito es adicional al salario básico mensual y constituye factor salarial? ii) y ¿si
procede la reliquidación de su salario y demás prestaciones sociales a pesar de que
el pago se realizó de conformidad con los decretos expedidos por el gobierno
nacional que la reglamentaron?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
12. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la fuerza pública.
13. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
salario básico, sin carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
14. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
15. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
16. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
10
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
17. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200712, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar13».
18. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
19. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
20. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, fijó, entre otras, las siguientes
12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
13 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
11
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
21. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201915.
22. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201416 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
16 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
12
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
23. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 17 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
24.1. Gabriel Mauricio Rey Amaya presta sus servicios a la Rama Judicial desde el
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
17 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
13
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
año 1992 y ha ocupado los siguientes cargos18:
Cargo Desde Hasta
Juez segundo civil municipal de Barbosa 13 de febrero de 1992 14 de mayo de 1995
Juez primero civil municipal de Barbosa 16 de marzo de 2004 6 de septiembre de 2004
Juez primero civil del circuito de 7 de septiembre de 2004 30 de julio de 2008
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de agosto de 2008 20 de agosto de 2008
Meta
Magistrado del Tribunal Superior del 21 de agosto de 2008 4 de diciembre de 2008
Meta
Juez primero civil del circuito de 5 de diciembre de 2008 29 de mayo de 2009
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 30 de mayo de 2009 30 de junio de 2009
Meta
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de julio de 2009 29 de septiembre de
Meta 2010
Juez primero civil del circuito de 30 de septiembre de 2010 28 de febrero de 2011
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 1° de marzo de 2011 11 de enero de 2012
Meta
Juez primero civil del circuito de 13 de enero de 2012 13 de marzo de 2012
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 14 de marzo de 2012 31 de agosto de 2012
Meta
Juez primero civil del circuito de 1° de septiembre de 2012 10 de octubre de 2012
Villavicencio
Magistrado del Tribunal Superior del 11 de octubre de 2010 19 de diciembre de 2012
Meta
Juez primero civil del circuito de 20 de diciembre de 2012 16 de septiembre de
Villavicencio 2014
Magistrado del Tribunal Superior del 17 de septiembre de 2014 19 de diciembre de 2014
Meta
Juez primero civil del circuito de 20 de diciembre de 2014 «5 de agosto de 2015»19
Villavicencio
24.2. El 11 de agosto de 2015, solicitó a la DESAJ de Villavicencio el reconocimiento
y pago de la diferencia de la reliquidación de todas las prestaciones sociales con la
inclusión de la prima especial de servicios como factor salarial, durante el periodo
que se desempeñó como juez y magistrado, el reajuste de los aportes a las
entidades de seguridad social y la indexación del monto20.
18
Samai del tribunal, índice 2;
50001233300020170041400_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_203202181140am
_dfdaa7de72ab4ebb9de400e542a3bd16.pdf(.pdf) NroActua 2; folios 41 al 42.
19
Fecha de expedición de la certificación emitida por la coordinadora del Área de Talento Humano.
20 Ibidem; folios 20 al 28.
14
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
24.3. La
DESAJ Villavicencio emitió la Resolución DDESAJV15-2840 del 28 de
agosto de 201521, mediante el cual negó lo pretendido por el demandante con
fundamento en que la entidad no era competente para «establecer o modificar el
régimen salarial o prestacional de los servidores judiciales, ni para interpretar decisiones
judiciales que por su naturaleza tienen efectos inter partes […] sino que es una competencia
exclusiva del Gobierno Nacional» [sic]. Además, dicho concepto no se puede reconocer
de manera retroactiva «en razón a que no puede generar ni disponer reconocimientos, ni
pago de nivelaciones salariales, ni prestaciones sociales sin que cuente previamente con
la respectiva disponibilidad presupuestal, que de cuenta de la existencia de los recursos
necesarios para asumir el gasto y cumplir así con los derechos y obligaciones que de la
misma se deriven» [sic]. Dicho acto se notificó personalmente el 28 de octubre de esa
anualidad22.
24.4. El demandante presentó recurso de apelación contra esa decisión el 4 de
noviembre de 201523.
2.4. Análisis sustantivo
38. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de los actos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, condenó a la DEAJ a reconocer y pagar al
demandante la prima especial de servicios del 30%, como emolumento adicional de
la asignación básica mensual y la diferencia surgida por la reliquidación de todas
las prestaciones sociales percibidas de acuerdo con el 100% de la asignación
básica.
39. El cumplimiento de la condena se condicionó a que no se superara el tope
establecido por el gobierno nacional y a que se tuviera en cuenta que la entidad
demandada pagó la prima especial de servicios en los términos indicados por el
Consejo de Estado desde la vigencia del Decreto 272 de 2021. Finalmente declaró
la prescripción de las sumas causadas antes del 11 de agosto de 2012 y no condenó
en costas en esa instancia.
40. La DEAJ cuestionó la anterior decisión porque el reconocimiento de la prima
especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales era
improcedente, en la medida en que i) no constituía factor salarial, tal y como lo
determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996 al declarar la
exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial» prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992; ii) no era posible aplicar los efectos de la nulidad de los decretos
21 Ibidem; folios 31 al 36.
22 Ibidem; folio 36.
23 Ibidem; folios 37 al 40.
15
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
salariales anuales que preveían la prima especial de servicios sin carácter salarial
de forma retroactiva; y iii) la entidad le liquidó al demandante los emolumentos de
conformidad con el régimen legal vigente el cual no podía ser inaplicado en virtud
de sus competencias.
41. Así las cosas, corresponde establecer si, la prima especial de servicios
reconocida a Gabriel Mauricio Rey Amaya hacía parte del salario básico mensual y,
en consecuencia, si tenía derecho a la reliquidación del salario básico en un 100%
y las correspondientes prestaciones sociales sobre ese porcentaje; asimismo, si
esta prestación constituye factor salarial o no.
42. Ahora bien, tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión la Ley
4ª de 1992 creó una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial» para unos servidores de Rama Judicial, con efectos a partir del 1°
de enero de 1993.
43. El artículo 6 del Decreto 57 de 1993 estableció que «se considerar[ía] como Prima,
sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de [entre otros] los Tribunales Superiores de Distrito Judicial»
lo cual conllevó a que la Sección Segunda del Consejo de Estado fijara las reglas
de interpretación de dicho cuerpo normativo a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 200924 en la que señaló que se trataba de un incremento.
44. Así, de acuerdo con el marco legal y jurisprudencial citado y los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, la Sala procede a verificar si el demandante
tenía derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 como un adicional al salario, y a la reliquidación del salario básico en un
100% y las correspondientes prestaciones sociales sobre ese porcentaje.
45. En este proceso se demostró que Gabriel Mauricio Rey Amaya ejerció el empleo
como juez de la República y magistrado del Tribunal Superior del Distrito judicial de
Villavicencio desde el 13 de febrero de 1992 con una interrupción entre el 15 de
mayo de 1995 y el 16 de marzo de 2004, tal y como quedó descrito en la certificación
expedida el 5 de agosto de 2015 por la coordinadora del Área de Talento Humano
de la DESAJ Villavicencio, en consecuencia, tenía derecho al reconocimiento y pago
de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por
la Ley 332 de 1996 por ser una prima prevista a favor de esos servidores de la rama
judicial.
46. En la demanda se afirmó que desde la época de la vinculación del demandante,
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
16
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
la rama judicial le fraccionó el salario debido a que la prima especial le fue
reconocida como parte de este y no como un aumento y que, por lo tanto, las
prestaciones sociales fueron liquidadas y pagadas sobre el 70% del salario y no
sobre el 100%; por su parte, la DEAJ en el recurso de apelación sostuvo que era
improcedente el reconocimiento de la prima especial de servicios de conformidad
con el régimen legal vigente y los efectos vinculantes de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que determinan que corresponde al 30% del salario básico
mensual, la cual no constituye factor salarial.
47. Precisamente, mediante la Resolución DESAJV15-2840 del 28 de agosto de
2015, la DESAJ Villavicencio negó la petición del demandante, encaminada a
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales por cuanto la entidad
le liquidó la prima especial de servicios sobre el 30% del salario [sin tener en cuenta
este porcentaje como factor salarial]; entonces, la negativa de la entidad se
fundamentó en la aplicación de las normas vigentes que preveían la prima especial
de servicios como un 30% del salario sin carácter salarial.
48. Así las cosas, el salario básico de Gabriel Mauricio Rey Amaya fue fraccionado,
debido a que la entidad le descontó el 30% y lo tuvo por concepto de prima especial
de servicios y, por contera, se disminuyó la base salarial que dispuso para liquidar
las prestaciones sociales. En ese orden, tenía derecho al pago del 30% del salario
dejado de percibir por el periodo en el cual laboró como juez y como magistrado de
Tribunal Superior con la reliquidación de las respectivas prestaciones sociales sobre
dicho porcentaje de salario básico.
49. Así, corresponde establecer, si la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye factor salarial y, en consecuencia, si
afecta la liquidación de las prestaciones sociales.
50. Tal y como se indicó, en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y en la sentencia C-
279 de 1996 de la Corte Constitucional la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial y en consecuencia no debe ser parte del cálculo de liquidación de
las prestaciones sociales, con excepción de los aportes a seguridad social en
pensiones.
51. Así, es importante señalar que la reliquidación de las prestaciones sociales
ordenada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no obedeció a que se
le otorgara carácter salarial a la prima especial de servicios, sino a la inclusión en la
base de liquidación del 30% del salario que había sido deducido de la asignación
básica por la incorrecta interpretación de la norma.
52. En ese sentido, las órdenes de reajuste dictadas por el juez de primera instancia
17
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
recaen sobre el 30% correspondiente a la diferencia salarial [en otras palabras, la
diferencia en la asignación básica] dejada de pagar y que generó que el salario se
fraccionara y no por la prima especial de servicios propiamente dicha. Es decir, el
restablecimiento del derecho relacionado con la reliquidación de las prestaciones
sociales no obedece al supuesto carácter salarial de la prima especial, sino del
porcentaje del salario al que se le restó dicho carácter.
53. De tal manera que, como lo señaló la sala de conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia del 15 de diciembre de 2020 24, «[l]a prima
especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la
pensión de jubilación».
54. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional25 al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 situación a la que quedó sujeta la prima especial de servicios
contenida en dicha norma. Al respecto precisó que «[e]l considerar que los pagos por
primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los
trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de
protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta
de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
55. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que ordenó el
pago de la prima especial de servicios como un emolumento adicional al salario
básico y la reliquidación de las prestaciones sociales de acuerdo con el 100% de la
asignación mensual establecida por el gobierno nacional.
56. Sin embargo, para mayor claridad, en el cumplimiento del fallo de primera
instancia se adicionará el ordinal séptimo de la parte resolutiva para precisar que
los aportes a pensión concedidos por el a quo deben realizarse de acuerdo con el
100% del salario básico decretado por el gobierno nacional más el 30% de la prima
especial de servicios que solo es factor de salario para efectos pensionales desde
la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996 que así lo dispuso.
2.5. Costas
57. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
25
Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.
18
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.26
60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
61. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra la prima especial de servicios
no tiene carácter salarial y que la orden de reliquidación de las prestaciones sociales
no obedece al pago de la prima especial de servicios, sino al porcentaje del salario
dejado de pagar. Además, se adicionará el fallo de primera instancia para aclarar
que la prima especial de servicios solo es factor de salario para efectos pensionales
desde la entrada en vigencia de la Ley 332 de 1996.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
26En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
19
Radicado: 50001-23-33-000-2017-00414-02 (2941-2025)
Demandante: Gabriel Mauricio Rey Amaya
F A L L A:
Primero. Adicionar el ordinal séptimo de la sentencia de primera instancia del 28
de agosto de 2025, que quedará del siguiente modo:
«Séptimo: Condenar a la Nación – Rama Judicial - DEAJ, a pagar a favor de Gabriel
Mauricio Rey Amaya y con destino al fondo de pensiones al que esté afiliado, los aportes
a pensión dejados de consignar, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la
administración judicial, teniéndose como base de liquidación el 100% de la remuneración
mensual legal, incluyendo el 30% por concepto de prima especial de servicios que solo
es factor de salario para efectos pensionales desde la vigencia de la Ley 332 de
1996, esto es el 28 de diciembre de esa anualidad».
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada del 28 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Transitoria,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Gabriel
Mauricio Rey Amaya contra la DEAJ, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de este proveído.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
DMGT
20
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