Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00500-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00500-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2017-00500-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Bogotá, D.C, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiseis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00500-01 (2516-2021)
Demandante: Ronald Floriano Escobar
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Juan Hernando Poveda Parra
Temas: Revocatoria del nombramiento en período de prueba.
Procurador Judicial. Falsa motivación. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Ronald Floriano Escobar instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inaplique el numeral 4.° del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000 y
se declare la nulidad del Decreto 5324 del 27 de octubre de 2016 «Por medio del
cual se revoca un nombramiento en período de prueba» y del oficio S.G. No. 5045
del 12 de septiembre de 2016. Que se declare este derecho desde el 5 de
septiembre de 2016 y, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la
demandada que lo posesione y le pague debidamente indexados los salarios,
prestaciones sociales, y demás emolumentos dejados de percibir desde el día
siguiente.
HECHOS
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Radicación: 50001-23-33-000-2017-00500-01 (2516-2021)
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que participó del concurso para procuradores judiciales II convocado por la
Procuraduría General de la Nación y, mediante el Decreto 3707 del 8 de agosto de
2016, fue nombrado en período de prueba como procurador judicial II, código 3PJ,
grado EC, en la Procuraduría 178 Judicial II Penal de Villavicencio.
4. Que el 25 de agosto de 2016 solicitó a la entidad que aplicara la excepción de
inconstitucionalidad respecto al numeral 4 del artículo 85 del Decreto 262 del 2000
y le permitiera posesionarse en el cargo. Pero el 5 de septiembre de 2016, el
procurador regional del Meta se abstuvo de darle posesión por considerar que se
encontraba inhabilitado.
5. Que a través del oficio S.G. No. 5045 del 12 de septiembre de 2016 la entidad
se pronunció sobre la petición y, finalmente, el Decreto 5324 del 27 de octubre de
2016 revocó su nombramiento.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
6. Argumentó que los actos demandados violan los artículos 25, 29, 40.7, 125 y
250 de la Constitución Política, por considerar que la causal de inhabilidad contenida
en el numeral 4.° del artículo 85 del Decreto 262 del 20001 correspondía al sistema
penal inquisitivo. Que en el sistema penal acusatorio, las etapas del proceso y las
competencias no son iguales. De allí que la resolución de acusación no es suficiente
para activar la inhabilidad descrita y proceder de este modo constituye una grave
violación a la presunción de inocencia porque limita los derechos del investigado sin
que sea vencido en juicio. Por lo tanto, la disposición era inconstitucional y debía
inaplicarse. Agregó que el acto fue falsamente motivado porque ejecutó una norma
en un caso que no estaba incluido en su ámbito de aplicación. Solicitó la medida
cautelar de suspensión provisional de urgencia en escrito separado.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
7. El 8 de mayo de 2018 se admitió la demanda y se impartió el trámite de
suspensión provisional ordinaria a la medida cautelar solicitada, que finalmente se
negó el 5 de junio de 2018.
8. La entidad expresó que la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades era
un requisito establecido en las reglas del concurso, por lo que no se creó una falsa
expectativa de acceso al empleo, sino que se previeron requisitos razonables para
tal fin. Que no vulneró la presunción de inocencia del demandante, porque no lo
señala de haber cometido ninguna conducta punible, solo aplica la ley.
1 «Artículo 85. Inhabilidades. No podrán desempeñar empleos en la Procuraduría General: […] 4. Quienes se
encuentren bajo medida de aseguramiento de detención preventiva o hayan sido afectados por resolución
de acusación o su equivalente, debidamente ejecutoriada, excepto por delitos políticos o culposos».
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9. Que la norma no vulnera este subprincipio del debido proceso y garantiza el
interés general, por lo que no es procedente la excepción por inconstitucionalidad.
Adujo que las razones de hecho y de derecho que sustentan los actos
administrativos corresponden a la realidad, por lo que no fueron falsamente
motivados. Propuso la excepción de «falta de competencia».
10. En auto del 30 de octubre de 2018 se vinculó al señor Juan Hernando Poveda
Parra como tercero con interés en el resultado del proceso. En audiencia del 25 de
septiembre de 2019 se resolvieron excepciones previas, se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas y se prescindió de realizar la audiencia de pruebas. El 14 de
enero de 2020 se corrió traslado para alegar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. Mediante sentencia del 11 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo del
Meta accedió parcialmente a las pretensiones. Se declaró inhibido para
pronunciarse sobre la legalidad del oficio S.G. No. 5045 del 12 de septiembre de
2016, pues estimó que no era un acto administrativo definitivo sino un antecedente
del Decreto 5324 del 27 de octubre que revocó el nombramiento y definió la
situación particular del señor Ronald Floriano.
12. Consideró que la entidad incurrió en falsa motivación del acto porque lo
sustentó en la falta de posesión del actor cuando, pese a su interés, fue la entidad
la que no le permitió hacerla efectiva. Que la ratio decidendi plasmada en la
sentencia C-176 de 2017 debió ser tenida en cuenta, pues dejó claro que la
resolución de acusación no es equiparable a la formulación de acusación del nuevo
sistema acusatorio. Elaboró un test intermedio de proporcionalidad y concluyó que
la aplicación de la inhabilidad en cuestión no supera el examen de necesidad, por
lo que debía inaplicarse para proteger el legítimo derecho de acceso a los cargos
públicos.
13. En cuanto al restablecimiento del derecho, estimó necesario prever dos
escenarios: i) que el demandante resulte condenado o ii) sea absuelto en la segunda
instancia del proceso penal. Ordenó que, en el primer caso, se paguen los salarios
y prestaciones dejados de percibir desde la fecha en que se presentó para tomar
posesión y la fecha de la captura efectiva. En el segundo, procede el mismo y,
además, la posesión en el empleo.
14. En síntesis, el Tribunal Administrativo del Meta se declaró inhibido para
pronunciarse sobre el oficio S.G. No. 5045 del 12 de septiembre de 2016; inaplicó
por inconstitucional la expresión «hayan sido afectados por resolución de acusación
o su equivalente» del numeral 4.° del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000;
declaró la nulidad del Decreto 5324 del 27 de octubre de 2016 que revocó el
nombramiento en período de prueba; ordenó el restablecimiento; negó las demás
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pretensiones y condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
15. La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar que el acto
no fue falsamente motivado, pues los motivos expresados eran ciertos: se dejó sin
efectos el nombramiento por no tomar posesión del cargo en el término previsto. En
otras palabras, la motivación sí da cuenta de la realidad fáctica y jurídica. Enfatizó
en que para la época se presumía la legalidad de la prohibición (inhabilidad), que
estima una garantía del interés general y los propósitos institucionales de la función
pública que prevalece sobre los derechos individuales, pero no desconoce garantías
fundamentales. Precisó que no existía directriz jurisprudencial que la excepcionara,
por lo que era imperativo aplicar la norma, so pena de incurrir en falta disciplinaria.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. El 15 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación. Las partes y
el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
17. De acuerdo con el recurso, el problema que debe resolver la Subsección
consiste en determinar si los actos administrativos demandados fueron falsamente
motivados.
Marco normativo y jurisprudencial
Falsa motivación
18. La falsa motivación tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica. El Consejo de Estado ha precisado que cuando se invoca esta causal, la
prosperidad de la pretensión de nulidad requiere la concurrencia de tres elementos:
«[…] (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»2.
2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
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19. El último elemento puede demostrarse acreditando que los hechos que la
autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa o que la autoridad no
tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados y que, de haberse considerado,
habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.
Resolución del caso concreto
20. El disenso de la demandada está relacionado con el vicio de falsa motivación
que el Tribunal Administrativo del Meta encontró probado en relación con el Decreto
5324 del 27 de octubre de 2016, que revocó el nombramiento en período de prueba.
Argumentó que, según lo previsto en el numeral 2.° del artículo 169 del Decreto Ley
262 del 2000, no tomar posesión del cargo en los plazos legales trae como
consecuencia la revocatoria del nombramiento. Señaló que la realidad fáctica
corresponde a este presupuesto.
21. El Tribunal Administrativo se declaró inhibido para efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre el oficio S.G. No. 5045 del 12 de septiembre de
2016. Argumentó que solo resolvió la solicitud de inaplicación de una presunta
inhabilidad, pero no definió la situación particular del demandante y «[…] tiene como
única finalidad demostrar los verdaderos argumentos por los cuales presume el
demandante que terminaron su vinculación y constituye un antecedente del acto
definitivo contenido en el decreto 5324 de 2016»3.
22. Para la Sala, del oficio S.G. No. 5045 no se concluye que la entidad le impidió
al demandante tomar posesión del cargo. Una vez nombrado en período de prueba,
el señor Floriano Escobar dirigió un escrito al procurador general el 25 de agosto de
2016, donde: i) manifestó su aceptación; ii) solicitó que se inaplique el numeral 4.°
del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000 y se le permita tomar posesión del
cargo y iii) que se prorrogue el término para esta formalidad por 30 días más «[…]
y así lograr resolver el asunto que pongo de presente a mi situación judicial, así
como administrativa con la Procuraduría»4.
23. Aunque no se había extendido una respuesta a sus peticiones por parte de la
entidad, y consciente del deber de presentarse a tomar posesión en los plazos
establecidos, el demandante acudió ante el procurador regional del Meta con el
ánimo allegar la documentación y adelantar la formalidad en cuestión. El Procurador
se abstuvo de darle posesión cuando advirtió el contenido de la solicitud pendiente
y remitió comunicación al secretario general en los siguientes términos: «Ante tal
situación el suscrito se abstiene de dar posesión hasta tanto no haya
pronunciamiento al respecto; por lo que solicito respetuosamente se nos ilustre la
actuación a seguir»5.
3 Folio 11 de la Sentencia.
4 Cuaderno 2.1. Fls. 56-61.
5 Cuaderno 1.1. Fl. 18.
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24. La petición del 25 de agosto de 2016 y la comunicación de la frustrada
posesión del 5 de septiembre por parte del procurador regional, provocaron dos
actuaciones de la secretaria general de la Procuraduría: por una parte, la Resolución
594 del 7 de septiembre de 2016, que amplió el plazo que disponía el señor Floriano
para posesionarse hasta el 10 de octubre de 2016, como fue solicitado, y por la otra,
el oficio S.G. No. 5045 del 12 de septiembre de 2016.
25. Este último, consideró los argumentos expuestos en la petición relacionados
con la presunta pertinencia de aplicar la excepción de inconstitucionalidad y
concluyó que «[…] en criterio de la administración no existe asidero para acceder a
la inaplicación al caso concreto, por una presunta inconstitucionalidad, de la norma
en mención»6. Pero esto no puede entenderse como una negativa absoluta del
derecho a tomar posesión del cargo, pues esta interpretación desconoce la
expedición del primer acto, que amplió el término para tal fin.
26. Aunque la secretaria general expuso su criterio jurídico respecto de la eventual
excepción de inconstitucionalidad del numeral 4.° del artículo 85 del Decreto Ley
262 del 2000, no fue a través de este acto que se negó a aplicarla. Por el contrario,
y antes de resolver esta consulta, amplió el plazo para tomar posesión del empleo,
por lo que el demandante estaba obligado a presentarse antes del 10 de octubre de
2016 y, solo en esta oportunidad, podría haberse negado a posesionarlo,
reafirmando el criterio expuesto en el oficio S.G. No. 5045.
27. Solo podía concretarse una negación definitiva a inaplicar por inconstitucional
la inhabilidad antes citada, y en consecuencia a dar posesión al demandante, si este
acude oportunamente en el plazo que solicitó se le ampliara. La expedición del oficio
S.G. No. 5045 que develó el criterio sustancial de la entidad sobre la
constitucionalidad de la inhabilidad no lo exoneraba del deber de acudir a
posesionarse, única oportunidad donde, finalmente, se le podría negar su posesión.
28. El demandante era consciente del deber de presentarse en los plazos
establecidos, tanto es así, que el 5 de septiembre de 2016, cuando desconocía el
criterio de la Administración respecto a su petición de inaplicación, acudió ante el
procurador regional; conducta que debió replicar cuando se le amplió el plazo.
29. Por lo anterior, la Sala no comparte la idea de que el Decreto 5324 de 2016
fue falsamente motivado, pues en la práctica, es cierto que el demandante no se
posesionó oportunamente, en los términos del numeral 2.° del artículo 169 del
Decreto 262 del 2000, que consagra: «El Procurador General podrá revocar un
nombramiento cuando se presente alguna de las siguientes causales: […] 2.
Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado
dentro de los plazos señalados».
6 Cuaderno 2.1. Fls. 62-67.
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30. Esta argumentación no encubre una circunstancia fáctica o jurídica distinta,
pues no es cierto que la entidad le negó la oportunidad de posesionarse con
sustento en la presencia de una inhabilidad; lo cierto fue que le expuso su criterio
jurídico sobre una eventual excepción de inconstitucionalidad, a la que solo podía
haberse negado si el demandante se hubiera presentado a tomar posesión del
cargo en el plazo concedido en la Resolución 594 de 2016, como era su deber, pero
no lo hizo.
31. Por todo lo dicho, la Sala estima que la presunción de legalidad de los actos
demandados permanece incólume y revocará la sentencia.
Condena en costas
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
34. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
35. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el once (11) de febrero de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.
Segundo. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal,
identificado con la cédula de ciudadanía 1.000.803.188 y tarjeta profesional 404.395
del CSJ, para que actúe en representación de la parte demandante, según memorial
visible a índice 28 del aplicativo SAMAI.
Cuarto. Reconocer personería jurídica a la abogada Linda Jairiny Peñaranda
Mantilla, identificada con la cédula de ciudadanía 1.091.653.591 y tarjeta profesional
185.850 del CSJ, para que actúe en representación de la parte demandada, según
memorial visible a índice 29 del aplicativo SAMAI.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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