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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2017-00529-01

Acción de cumplimiento

Fecha
1 de febrero de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2017-00529-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta, para en su lugar negar las pretensiones de la acción de cumplimiento instaurada por la Corporación Universitaria del Meta, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 50001-23-33-000-2017-00529-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

1 de febrero de 2018

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META - Por incumplimiento de requisitos legales / RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO - No es obligación del Ministerio de Educación Nacional

[S]e tiene que contrario a lo afirmado por la parte actora, la entidad accionada ha proferido comunicaciones dentro de la actuación administrativa con el fin de obtener información complementaria para poder resolver la solicitud de renovación. Adicionalmente, no hay lugar a contar el plazo de seis meses, pues éste fue interrumpido porque la petición no fue allegada en debida forma. Estos hechos evidencian que el ente ministerial requirió en su momento información adicional respecto del trámite adelantado por la Corporación demandante, y la misma no fue atendida, a pesar de que el término que le fue inicialmente otorgado para el efecto fue prorrogado, lo que conllevó a que se dictara acto administrativo en el que se declaró el desistimiento tácito de la petición elevada. Por lo anterior, la Sala concluye que no se han cumplido las condiciones previstas en la normativa invocada para que la cartera ministerial pueda registrar la renovación del registro calificado para el programa de Ingeniería Ambiental, como lo pretende la corporación demandante, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo impugnado, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda (…) la Sala no se pronunciará sobre el cumplimiento del acto ficto derivado del silencio administrativo positivo protocolizado a través de la Escritura Pública No. 3667 del 19 de julio de 2017, en razón a que el Ministerio de Educación Nacional no tiene a su cargo la obligación de registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES la renovación del registro calificado, como se expuso previamente.

FUENTE FORMAL: LEY 393 DE 1997 / LEY 1188 DE 2008 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 1075 DE 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 50001-23-33-000-2017-00529-01(ACU)

Actor: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la apoderada judicial del Ministerio de Educación Nacional contra el fallo del 15 de noviembre de 2017, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Meta ordenó a la entidad accionada “…dé cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo ficto positivo por medio del cual se otorgó la renovación del registro calificado al programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta (protocolizado en la Escritura Pública No. 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Circuito de Villavicencio), y en consecuencia se proceda a realizar la renovación del registro calificado del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior”.

ANTECEDENTES

Solicitud de cumplimiento

Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2017, en el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Villavicencio, la Corporación Universitaria del Meta, por medio de apoderado judicial, ejerció acción de cumplimiento contra el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 3º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015 y el acto administrativo presunto protocolizado en la Escritura Pública No. 3667 del 18 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio.

Si bien el escrito no contiene el acápite de pretensiones, puede precisarse que la parte actora persigue que se le ordene al Ministerio de Educación Nacional que:

“…con el acto administrativo presunto protocolizado en la Escritura Pública No. 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio, el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008 y el artículo 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el siguiente programa de educación superior:

Institución: Corporación Universitaria del Meta
Programa: Ingeniería Ambiental
Área del Conocimiento: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
Núcleo Básico del Conocimiento: Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines
Lugar de desarrollo: Villavicencio
Metodología: Presencial
Número de Créditos: 159
Nivel de Formación: Profesional Universitario
Duración: 10 semestres
Periodicidad de la Admisión: Semestral
Título a otorgar: Ingeniero Ambiental

La renovación del registro calificado del programa de Ingeniería de Sistema debe realizarse para una vigencia del (sic) siete años, contados a partir del 19 de julio de 2017, fecha de protocolización del silencio administrativo positivo en la No. 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Circuito de Villavicencio, de conformidad con el artículo 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015”.

Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

El 5 de octubre de 2016, la parte actora, elevó petición en la Plataforma virtual SACES del Ministerio de Educación con el fin de que se le otorgara el registro calificado para el programa de Ingeniería Ambiental, creado y organizado por el Acuerdo 006 del 2 de marzo de 2002 del Consejo Superior de la Institución educativa, para ser ofrecido y desarrollado en la ciudad de Villavicencio.

Dentro del trámite de la petición de renovación la entidad accionada dispone de un término de 10 días siguientes a la fecha de radicación de la petición para solicitar complementación al solicitante, conforme lo prevé el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; no obstante, vencido ese plazo no hubo requerimiento alguno para la Corporación Universitaria.

Concluido el término de seis meses otorgado por el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008, la entidad accionada no notificó ni comunicó ninguna respuesta explicativa que la justificara.

El 19 de julio de 2017 la Corporación accionante, con fundamento en el artículo 85 del CPACA adelantó el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008, mediante la respectiva protocolización en la escritura pública No. 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del CPACA, solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva, por tanto con el acto administrativo presunto o ficto debidamente invocado, se otorgó la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental.

A la fecha de presentación de la acción el Ministerio de Educación se niega a registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental.

El 14 de septiembre de 2017, la corporación actora constituyó en renuencia al ente ministerial accionado, al solicitarle que en cumplimiento del acto administrativo ficto que surgió, acatara lo previsto en los artículos 3 de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, y procediera a registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental, frente a lo cual no ha habido respuesta, según se afirma en el escrito de demanda.

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Con auto del 12 de octubre de 2017, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Meta, por cuanto carecía de competencia para conocer del asunto.

En proveído del 19 de octubre de 2017, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Meta, admitió la demanda y ordenó la notificación al señor Ministro de Educación Nacional, al agente del Ministerio Público y al Defensor del Pueblo.

3.2. Contestación de la entidad accionada

3.2.1. El Ministerio de Educación Nacional, a pesar de que fue debidamente notificado, no se pronunció al respecto.

3.3 Concepto del Ministerio Público

El Procurador 48 Judicial II Delegado, mediante escrito del 8 de noviembre de 2017, conceptuó que se debe acceder a las pretensiones de la demanda de cumplimiento.

Sostuvo que como los seis meses que tenía el ente ministerial vencieron el 6 de abril de 2017, “…debe contarse un mes de gracia adicional, para la producción material del silencio positivo, por lo que efectivamente, el día 19 de julio de 2017 la Corporación Universitaria del Meta, realizó el procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo, establecido en el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008, protocolizando la respectiva escritura pública No. 3667 de dicha fecha ante la Notaría 2ª del Círculo de Villavicencio. Por lo cual estima esta agencia fiscal (sic), el ente privado universitario cumplió con lo previsto legalmente”.

3.4. Fallo impugnado

En sentencia del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta dispuso:

“PRIMERO: Ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional que dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, dé cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo ficto positivo por medio del cual se otorgó la renovación del registro calificado al programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta (protocolizado en la Escritura Pública No. 3667 de 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio), y en consecuencia proceda a realizar la renovación del registro calificado del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

SEGUNDO: Compulsar copias de esta actuación a la Oficina de Control Disciplinario del Ministerio de Educación Nacional a fin de que adelante los trámites pertinentes tendientes a determinar las responsabilidades disciplinarias en que se haya podido incurrir, por omisión en el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas señaladas.

(…)”.

El Tribunal consideró que en el sub lite el ente ministerial no dio respuesta a la petición de renovación del registro calificado dentro del plazo legal de seis meses que tenía para ello, “…por lo que en virtud a que la norma citada (art. 3 de la Ley 1188 de 2008) señala que en tal caso opera el silencio administrativo positivo, la Institución Educativa procedió a realizar la protocolización de que trata el artículo 85 del CPACA, de lo que surgió la Escritura Pública 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio, que para todos los efectos legales se constituyó en el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Educación Nacional concedió la renovación del registro calificado del programa educativo”.

Concluyó que en el acto ficto positivo protocolizado, no solo se concedió la renovación por siete años del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental, sino que también se ordenó la renovación del programa en el SNIES, pese a ello el Ministerio de Educación no ha realizado la renovación del registro en el Sistema, sustrayéndose de la obligación de cumplir tanto lo ordenado en el acto ficto, como el deber legal impuesto en la norma invocada.

3.4. Impugnación

En escrito del 22 de noviembre de 2017, la apoderada judicial del Ministerio de Educación Nacional impugnó la decisión del Tribunal y solicitó que se revocara la decisión para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Afirmó que en efecto el 10 de octubre de 2016, la corporación actora radicó en debida forma ante el ente ministerial solicitud de renovación de registro calificado para el programa de Ingeniería Ambiental para seguir ofreciéndolo bajo metodología presencial en Villavicencio, Meta, proceso al que se le asignó el código SACES 40107.

Sostuvo que la Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, en sesión 39 del 2 de marzo de 2017, en aplicación del inciso segundo del artículo 2.5.3.2.9.5 del Decreto 1075 de 2015, recomendó al Ministerio de Educación Nacional requerir a la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA “…para que complementara la información aportada al proceso, siendo ésta necesaria para adoptar una decisión de fondo respecto de la solicitud de renovación de registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental”.

Señaló que con fundamento en lo anterior, la cartera ministerial en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, mediante auto de solicitud de información complementaria proferido con fecha 13 de marzo de 2017, requirió a la institución educativa para que en el término de un mes contado a partir de su comunicación, presentara a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – SACES, información relativa a contenidos curriculares; investigación; y, personal docente. Decisión que fue notificada a la parte actora el 17 de abril de 2017, a pesar de que fue comunicado desde el 13 de marzo de la misma anualidad por la plataforma SACES.

Indicó que la visita de verificación de condiciones de calidad fue realizada por el par designado los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016, conforme con lo previsto en el artículo 2.5.3.2.9.4 del Decreto 1075 de 2015.

Manifestó que el 31 de mayo de 2017, la institución educativa solicitó de forma extemporánea prórroga del término para dar respuesta a la solicitud de información complementaria, siendo aceptada por la plataforma SACES hasta por un plazo igual al inicialmente conferido, esto es hasta el 17 de junio de 2017.

Adujo que el 29 de junio de 2017 la Corporación Universitaria del Meta “…procedió a dar trámite para la radicación de la documentación que atendía el requerimiento de información complementaria del proceso de renovación de registro, (…) encontrándose por fuera de término para tal fin”.

Advirtió que según el inciso final del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, vencidos los términos señalados, si la Institución no ha cumplido el requerimiento se decretará el desistimiento y el archivo de la solicitud, “…motivo por el cual no es procedente admitir la documentación allegada por la Corporación Universitaria del Meta mediante los escritos de la referencia, ya que como se indicó, la misma se aportó de forma extemporánea”.

Precisó que mediante Resolución No. 21762 del 20 de octubre de 2017 se “…declara el desistimiento tácito a la solicitud de renovación de registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para continuar siendo ofrecido bajo metodología presencial en Villavicencio – Meta”, advirtiendo que ello no impide que pueda solicitarse de nuevo iniciando el procedimiento establecido y cumpliendo con los requisitos allí previstos, acto administrativo que fue notificado al apoderado de UNIMETA, Dr. Roger Andrés Moreno el 2 de noviembre de 2017.

Concluyó que las anteriores circunstancias acreditan que no hubo configuración de silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de renovación de registro calificado radicado por la parte actora; adicionalmente sostuvo que “…la mera protocolización por escritura pública del silencio administrativo positivo, no implica su reconocimiento y cumplimiento per se, por parte de la administración pública y menos aun cuando su función primordial es velar por los derechos de sus administrados, y en este caso, velar por la oferta y desarrollo de programas académicos que cumplan condiciones de calidad, y es que mal hubiese hecho el Ministerio de Educación si resuelve acceder favorablemente a las peticiones que la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA señaló en la Escritura Pública número 3667 del 19 de julio de 2017, cuando los hechos declarados dentro de ésta, no corresponden fielmente a los condicionamientos fácticos con los que se desarrolló la actuación administrativa, los cuales fueron sujetos de verificación por parte de esta administración, y que concluyeron en rechazar la configuración de un silencio administrativo positivo ante el desistimiento tácito con el que actuó antecedentemente la institución”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 15 de noviembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió a las pretensiones de la acción constitucional, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Hay lugar o no a imponer al ente ministerial demandado, el cumplimiento de los artículos 3º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015 y del acto ficto surgido del silencio administrativo positivo contenido en la escritura pública No. 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaría Segunda de Círculo de Villavicencio, en el sentido de ordenarle que realice el registro de la renovación del programa académico de educación superior en Ingeniería Ambiental en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, a pesar de que la entidad accionada no reconoce la configuración del silencio administrativo positivo?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º).

El artículo 8° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al Ministerio de Educación Nacional, antes de instaurar la demanda.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.

Para cumplir con el requisito de renuencia el 14 de septiembre de 2017, la parte accionante, solicitó al Ministerio de Educación Nacional que en cumplimiento del acto administrativo ficto que surgió, acatara lo previsto en los artículos 3 de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, y procediera a registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental, frente a lo cual no ha habido respuesta, según se afirma en el escrito de demanda.

Si bien, la corporación actora afirmó en su demanda que la entidad no respondió, se advierte que con el escrito de impugnación el ente ministerial allegó un cd que contiene el expediente administrativo de UNIMETA, dentro del cual se encontró el oficio con número de radicación 2017EE193685 del 3 de noviembre de 2017 en el que la Viceministra de Educación Superior le responde a la Representante Legal de la Corporación Universitaria del Meta que:

“…Efectuadas las anteriores precisiones, queda debidamente probado que no se configura un silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de renovación de registro calificado que radicó la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para el programa de Ingeniería Ambiental, en vista a que el Ministerio de Educación Nacional respetó los términos legales establecidos en el artículo 3 de la Ley 1188 de 2008 para el desarrollo de la actuación administrativa, al existir una manifestación de la administración comunicada a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SA C E S (debidamente autorizado por el Decreto 1075 de 2015 para tal fin) en donde requiere información complementaria a la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para resolver de fondo la solicitud y la cual no fue atendida oportunamente por ésta, llevando la consecuencia jurídica del desistimiento tácito”.

En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó en renuencia al Ministerio de Educación Nacional, respecto de los artículos 3º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015 y del supuesto acto ficto originado en la solicitud de renovación presentada por la institución educativa.

3.3. Análisis del caso concreto

3.3.1. Disposiciones que se pretenden cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento de los artículos 3º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, que disponen:

“Ley 1188 de 2008

Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones

(…)

ARTÍCULO 3o. La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de radicación, en debida forma, y con el cumplimiento de requisitos exigidos, de la correspondiente solicitud. En el curso de la actuación se designarán los respectivos pares académicos quienes deberán realizar visita de verificación con la coordinación de un funcionario del Viceministerio de Educación Superior, y quien coordinará la presentación del informe evaluativo ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la educación superior, Conaces, Comisión que emitirá concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado.

A partir de la radicación, en debida forma, de la solicitud de registro calificado, por parte de la Institución de Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional tiene un plazo de seis (6) meses para el otorgamiento o no de registro. Cumplido el término establecido sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro calificado, o sin que medie ninguna respuesta explicativa que justifique la demora, se entenderá que hay silencio administrativo positivo de conformidad con el Código Contencioso Administrativo. Dicho silencio dará lugar a investigación disciplinaria en contra del funcionario responsable.

PARÁGRAFO. A la institución de educación superior le asisten los derechos consagrados en el Código Contencioso Administrativo”.

“Decreto 1075 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

(…)

Registro calificado de programas académicos de educación superior

ARTÍCULO 2.5.3.2.1.1. Registro calificado. Para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo.

El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES, cuando proceda.

La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia”.

Así mismo, la corporación actora solicita el cumplimiento del supuesto acto ficto contenido en la Escritura Pública No. 3667 de 19 de julio de 2017, de la Notaría Segunda del Círculo de Villavicencio, mediante el cual se protocolizó el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008, previamente transcrita, con ocasión de la solicitud de renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental presentada ante el Ministerio de Educación Nacional por la demandante.

3.3.2 De la procedencia de la acción de cumplimiento

3.3.2.1. Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

En el sub judice la corporación actora pretende el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015 y del supuesto acto ficto derivado del silencio administrativo positivo surgido con ocasión de la solicitud de renovación del registro calificado para el programa de Ingeniería Ambiental que presentó la parte demandante ante el Ministerio de Educación Nacional, lo que hace la acción procedente, en razón a que la accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para solicitar a la entidad cuestionada el reconocimiento de los efectos del referido acto ficto y el consecuente registro de la renovación del registro calificado, según lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015.

3.3.2.2. El cumplimiento solicitado no implica la ejecución de un gasto, por tanto, también se supera este requisito de procedencia de la acción.

3.3.2.3. Por último lo perseguido por la parte actora no implica la protección de derechos fundamentales, lo que torna la acción procedente.

3.3.3. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.

Así, por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito bajo estudio.

En el presente caso, la parte actora solicita al Ministerio de Educación Nacional registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental, en cumplimiento de los artículos 3º de la Ley 1188 de 2008 y 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, con fundamento en que transcurrieron más de seis meses desde la fecha en la cual se radicó en la plataforma virtual de la entidad SACES, la solicitud de renovación del registro calificado, sin que haya existido un pronunciamiento por parte de la entidad, por lo que consideró que se configuró el silencio administrativo positivo, el cual fue materializado a través de su protocolización en la escritura pública No. 3667 del 19 de julio de 2017.

El artículo 3º de la Ley 1188 de 2008 regula el registro calificado de programas de educación superior y dispone que: (i) la actuación de la administración no podrá exceder de seis meses, contados desde la fecha de radicación “en debida forma” con el acatamiento de los requisitos exigidos; (ii) se designarán los respectivos pares académicos quienes deberán realizar visita de verificación; (iii) la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la educación superior debe emitir un concepto recomendando o no a la entidad el otorgamiento del registro calificado; (iv) vencido el plazo sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del registro calificado y sin que medie explicación que justifique la mora, se entenderá que hay silencio administrativo positivo.

Por su parte el artículo 2.5.3.2.1.1 del Decreto 1075 de 2015, prevé que el registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación mediante acto administrativo motivado en el que se ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES, cuando proceda, con vigencia de siete años desde la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.

Así, se evidencia que las normas si bien contienen un mandato imperativo e inobjetable, éste se encuentra sujeto a unas condiciones que no se han cumplido, razón por la cual negará las pretensiones de la demanda.

Por tanto, se observa que para registrar la renovación del registro calificado se requiere que exista acto administrativo motivado que así lo ordene; pero si en el plazo de seis meses la entidad accionada guarda silencio respecto de la solicitud se entenderá que hay silencio administrativo positivo, siempre y cuando la petición se presente “en debida forma”.

No obstante lo anterior, la apoderada del ente ministerial demandado en su escrito de impugnación aportó un “cd” contentivo del expediente administrativo de UNIMETA, dentro del cual se encontró:

Oficio con número de radicación 2017-ER-136634 (2017-EE-116585) del 13 de julio de 2017 dirigido a la representante legal de la Corporación Universitaria del Meta en la que se le contesta las comunicaciones en las que informa:

Una vez revisado el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior – SACES, se pudo observar que en sesión 39 del 02 de marzo de 2017, la Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, indicó al Ministerio de Educación Nacional que para poder emitir concepto académico integral sobre la solicitud de Renovación de Registro Calificado del programa Ingeniería Ambiental, es necesario requerir a la Corporación Universitaria del Meta para que complementara la información aportada.

Para tal fin y según lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, mediante auto de fecha 13 de marzo de 2017, se procedió a requerir a la institución para que en el término máximo de un mes, allegara la documentación que se consideraba necesaria para poder estudiar de fondo la solicitud de renovación de registro calificado. Dicho auto fue notificado a la Corporación Universitaria del Meta, el día 17 de abril de 2017.

El día 31 de mayo de 2017, la Corporación Universitaria del Meta solicitó prórroga del término para dar respuesta a la solicitud de información complementaria requerida por el Ministerio de Educación Nacional, y a pesar de encontrarse la solicitud de forma extemporánea, la plataforma SACES permitió la ampliación del mismo hasta por un término igual al inicialmente conferido, teniendo en cuenta que éste iniciaría a contarse desde el día siguiente al fenecimiento del primer mes otorgado para tal fin, en este caso, cobijaría hasta el día 17 de junio de 2017.

A pesar de lo anterior, la Corporación Universitaria del Meta señala que sólo hasta el día 29 de junio de 2017, procedió a dar trámite para la radicación de la documentación que atendía el requerimiento de información complementaria dentro del proceso de renovación de registro calificado del programa de ingeniería ambiental, encontrándose fuera del término legal para tal fin.

Tal como se advierte en el inciso final del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, si vencidos los términos antes señalados, la institución no ha cumplido el requerimiento, se decretará el desistimiento y el archivo de la solicitud, motivo por el cual no es procedente admitir la documentación allegada por la Corporación Universitaria del Meta mediante los escritos de la referencia, ya que como se indicó, la misma se aportó de forma extemporánea.

Señalado lo anterior, se procederá de conformidad con lo señalado la norma vigente para el caso que rige el particular”.

Oficio con número de radicación 2017-ER-154613 (2017-EE-148044) del 18 de agosto de 2017 dirigido a la representante legal de la Corporación Universitaria del Meta en la que se le da respuesta a la solicitud de silencio administrativo positivo, disponiendo que:

“…Efectuadas las anteriores precisiones, queda debidamente probado que no se configura un silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de renovación de registro calificado que radicó la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para el programa de Ingeniería Ambiental, en vista de que el Ministerio de Educación Nacional respetó los términos legales establecidos en el artículo 3 de la Ley 1188 de 2008 para el desarrollo de la actuación administrativa, al existir una manifestación de la administración comunicada a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior SACES (debidamente autorizado por el Decreto 1075 de 2015 para tal fin) en donde requiere información complementaria a la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para resolver de fondo la solicitud, la cual no fue atendida oportunamente por ésta, llevando la consecuencia jurídica del desistimiento tácito.

A LA PETICIÓN

Primero: RECHAZAR por improcedente la solicitud de configuración de Silencio Administrativo Positivo invocada por la Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA, a protocolizada mediante la Escritura Pública número 3667 del 19 de julio de 2017 de la Notaria Segunda del Circulo de Villavicencio.

Segundo: En consecuencia, no renovar el registro calificado al programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA, en atención a la aplicación del desistimiento tácito del proceso identificado con código SACES 40107, contemplado en el inciso tercero del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Resolución No. 21762 del 20 de octubre de 2017, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual se declara el desistimiento tácito a la solicitud de renovación de registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA para continuar siendo ofrecido bajo metodología presencial en Villavicencio, Meta, debidamente notificada al apoderado judicial de la Corporación Universitaria.

Con fundamento en lo anterior, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional no ha guardado silencio respecto de la solicitud de renovación de registro calificado, pues el 13 de marzo requirió a la institución educativa para que en el plazo de un mes allegara la documentación necesaria para estudiar de fondo la renovación de registro, que fue notificado el 17 de abril de 2017; el 31 de mayo de 2017, la parte actora solicitó prórroga que fue concedida, es decir que se amplió el plazo al 17 de junio de 2017, pero solo hasta el 29 de junio de 2017, se radicó la documentación pedida.

En este orden de ideas, se tiene que contrario a lo afirmado por la parte actora, la entidad accionada ha proferido comunicaciones dentro de la actuación administrativa con el fin de obtener información complementaria para poder resolver la solicitud de renovación. Adicionalmente, no hay lugar a contar el plazo de seis meses, pues éste fue interrumpido porque la petición no fue allegada en debida forma.

Estos hechos evidencian que el ente ministerial requirió en su momento información adicional respecto del trámite adelantado por la Corporación demandante, y la misma no fue atendida, a pesar de que el término que le fue inicialmente otorgado para el efecto fue prorrogado, lo que conllevó a que se dictara acto administrativo en el que se declaró el desistimiento tácito de la petición elevada.

Por lo anterior, la Sala concluye que no se han cumplido las condiciones previstas en la normativa invocada para que la cartera ministerial pueda registrar la renovación del registro calificado para el programa de Ingeniería Ambiental, como lo pretende la corporación demandante, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se revocará el fallo impugnado, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

Por otra parte, la Sala no se pronunciará sobre el cumplimiento del acto ficto derivado del silencio administrativo positivo protocolizado a través de la Escritura Pública No. 3667 del 19 de julio de 2017, en razón a que el Ministerio de Educación Nacional no tiene a su cargo la obligación de registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES la renovación del registro calificado, como se expuso previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta, para en su lugar negar las pretensiones de la acción de cumplimiento instaurada por la Corporación Universitaria del Meta, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 1 del expediente. La Representante Legal de la Corporación Universitaria del Meta – UNIMETA, confirió poder especial, amplio y suficiente al abogado Pedro Montes Rodríguez, para que la representara en la acción de cumplimiento de la referencia, folio 9 del expediente. Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Por la cual se protocoliza el silencio administrativo positivo, consistente en solicitar la renovación del registro calificado del programa de Ingeniería Ambiental creado y organizado por el Acuerdo 006 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la Corporación Universitaria. (folios 17 a 20 de expediente). Folios 1 y 2 del expediente. Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior
Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la petición. Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. NOTA: Declarado INEXEQUIBLE (diferido hasta el 31 de diciembre de 2014) por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45401" \l "2" Sentencia C-818 de 2011. La norma especial que establece el silencio administrativo positivo en este tipo de trámite es el artículo 3º de la Ley 1188 de 2008. Folios 14 a 16 del expediente. Folio 29 del expediente. Folios 33 a 35 del expediente. Folios 36, 38 y 38 vuelto del expediente. Folios 44 a 48 del expediente. Folios 49 a 52 del expediente. Folios 55 a 61 del expediente. Se advierte que el fallo del 15 de noviembre de 2017 fue notificado por correo electrónico del 17 de noviembre de 2017, y la impugnación se presentó el 22 del mismo mes y año, es decir dentro de la oportunidad legal, conforme se acredita a folios 53 vuelto, y 54 a 61 del expediente. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo. Folios 14 a 16 del expediente. Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Deber:

Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española). Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior

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