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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00568-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2017-00568-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: 21 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 50001-23-33-000-2017-00568-01 (1572-2025) 13 Primero. MODIFICAR PARCIALMENTE los numerales segundo y tercero de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, los cuales quedarán así: «SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, deberá reconocer y pagar al señor FERNANDO ALBERTO VINASCO IGLESIAS la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, desde el 28 de julio de 2015 hasta el 14 de julio de 2016». «TERCERO: La entidad demandada dará cumplimiento al inciso final del artículo 187 y a los artículos 192 y 195 del CPACA. El ajuste de las sumas reconocidas por sanción moratoria se realizará desde el 15 de julio de 2016 y hasta la ejecutoria de la sentencia». Segundo. REVOCAR el numeral cuarto respecto a la condena en costas en primera instancia. Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2017-00568-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2017-00568-01 (1572-2025)
Demandante: Fernando Alberto Vinasco Iglesias
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

Tema: Sanción Moratoria. Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de
2006. REVOCAR PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Meta, que accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Fernando Alberto Vinasco Iglesias instauró demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto configurado por el silencio
administrativo negativo frente a la petición del 27 de marzo de 2017, a través del cual
se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo contados desde los 65 días
hábiles siguientes a la solicitud de las cesantías y hasta cuando se hizo efectivo el
pago; que dicha suma sea indexada acorde con el IPC, que se cumpla el fallo en los

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términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, y finalmente, que se condene en
costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 10 de abril de 2015 solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional – FOMAG,
el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, las cuales se reconocieron por
medio de la Resolución 06 del 5 de enero de 2016, pero fueron pagadas el 26 de julio
de 2016 a través de entidad bancaria.

Que el 27 de marzo de 2017 reclamó el reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías y la administración guardó silencio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001, 1285 de
2009, 244 de 1995 y 1071 de 2006, y los Decretos 2511 de 1998 y 2771 de 2001.

Se expresó que el acto administrativo acusado infringió las normas en que debía
fundarse, pues, pese a producirse el retraso en el pago de las cesantías, se negó el
reconocimiento de la sanción moratoria. Añadió que el término para pagar las
cesantías era de 65 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que
superados esos días iniciaba el conteo de la sanción.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 4 de abril de 2018,1 y se notificó a la demandada, quien
se opuso a las pretensiones. Expresó que las secretarías de educación son las
competentes del trámite de las prestaciones económicas de los docentes. Que el
reconocimiento de las cesantías no implicaba su pago inmediato, en tanto estaba
condicionado a la disponibilidad presupuestal y se debía demostrar que no existía
docente con petición posterior al demandante. Citó los artículos 345 de la Constitución
y 14 de la Ley 344 de 1996.

Indicó que el régimen de los educadores es excepcional por lo que le eran aplicables
la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005 y no la Ley 244 de 1995, modificada por
la Ley 1071 de 2006. Que en consecuencia no se podía extender la sanción moratoria
al señor Vinasco Iglesias.

Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de integración del

1 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 2. actuación registrada:
22.50001233300020170056800_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202083703pm_cb25b01
87ab5412d91ba90fea6147c24.pdf(.pdf). Folio 26.

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litisconsorcio necesario respecto a la fiduciaria la Previsora S.A., prescripción, falta de
legitimación en la causa por pasiva y genérica.

Por auto del 24 de abril de 2024 se impartió el trámite de sentencia anticipada.2 El 4
de diciembre de 2024 se corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos
de conclusión.3 La demandante reiteró sus argumentos; la parte demandada agregó
que la indexación de la sanción moratoria no era procedente, toda vez que se trata de
una penalidad por un pago extemporáneo de cesantías y no de un derecho laboral. El
Ministerio Público guardó silencio.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El 20 de marzo de 2025 el Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia en la que
declaró la nulidad del acto ficto demandado, en consecuencia, ordenó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria desde el 28 de julio de 2015 hasta el
25 de julio de 2016.

Consideró que, conforme a la jurisprudencia, a los docentes le son aplicables las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006. Encontró que el demandante presentó la solicitud de
reconocimiento de cesantías definitivas el 10 de abril de 2015 y la entidad emitió
resolución el 5 de enero de 2016, por lo que el término para la sanción iniciaba 70 días
hábiles siguientes a la presentación de dicha petición. Que la demandada tenía hasta
el 27 de julio de 2015 para pagar, y lo hizo el 26 de julio de 2016. Por lo que debía
pagarse un día de salario por cada día de retardo, desde el día siguiente al vencimiento
del plazo para pagar hasta el día anterior al que se efectuó el pago.

Dispuso que el valor de la sanción debía ajustarse a partir del día siguiente a la
cesación de esa, es decir, desde el 26 de julio de 2016 hasta la ejecutoria de la
sentencia, conforme al artículo 187 del CPACA; y que, en adelante, se cancelaran los
intereses consagrados en los artículos 192 y 195 del CPACA.

Advirtió que no operó la prescripción, que el actor tenía 3 años contados desde que
se hizo exigible la sanción (28 de julio de 2015) para realizar la reclamación de esta,
la cual radicó el 27 de marzo de 2017, es decir, dentro de la oportunidad concedida,
quedando así interrumpida la prescripción por tres años más. Que el término para
presentar la demanda se extendió hasta el 27 de marzo de 2020 y esta se instauró el
8 de noviembre de 2017.

Condenó en costas.

2 El 5 de junio de 2019 se corrió el traslado de excepciones. Los apoderados de ambas partes presentaron renuncia

al poder otorgado, las que fueron aceptadas por auto del 16 de diciembre de 2020 (índice 4). El 17 de marzo de
2022 se resolvieron las excepciones y se dispuso que la prescripción sería resuelta en la sentencia (índice 8). A
través del auto del 24 de abril de 2024 además de impartirse el trámite para dictar sentencia anticipada, se requirió
a las partes para que constituyeran apoderados en representación de sus intereses (índice 15).
3 Además, se reconoció personería jurídica al nuevo apoderado del demandante (índice 24).

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó que, en caso de existir
la sanción, el demandante tenía derecho a 354 días, los cuales no correspondían
enteramente a la entidad, porque a su parecer el ente territorial era responsable de la
tardanza entre la fecha de solicitud de las cesantías y la expedición del acto
administrativo. Que, por otro lado, a la Fiduprevisora le correspondía pagar por la mora
que hubo desde que se reconocieron las cesantías hasta que se hizo efectiva su
consignación. Que, en todo caso, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de
2019, la sanción recaía sobre la secretaria de educación, al tratarse de una moratoria
causada en 2020.

Respecto a la indexación, dijo que el Consejo de Estado mediante sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018 señaló la incompatibilidad entre esta y la sanción
por mora. Que de aprobarse hacía más gravosa la situación para la administración,
porque no solo se cubría la actualización monetaria, sino que sería superior al valor
de la sanción.

De la condena en costas anotó que no existieron criterios objetivos valorativos que
demostraran su causación. Que en el curso del proceso no combatió el derecho al
pago de la sanción, sino que se limitó a verificar y solicitar que este se ajustara a la
realidad.

Insistió en la prescripción, sin detallar el por qué debía aplicarse al caso.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 10 de junio de 2025 se admitió el recurso.4 Las partes y el ministerio público
guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación, la sala debe determinar lo siguiente: i) si el
período de la sanción moratoria fue debidamente contabilizado por el tribunal, ii) si le
corresponde al FOMAG responder por el reconocimiento y pago de la sanción en su
totalidad, iii) si es procedente o no ordenar la indexación, iv) si hay lugar a declarar
extinguida la obligación por prescripción del derecho, y v) si debe revocarse la condena
en costas.

4 SAMAI. Índice 4. Actuación registrada: Auto que admite recurso de apelación.

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Reconocimiento de las cesantías en el sector docente

El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:

«(…) 3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio
del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés
anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año,
liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de
aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».

La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9° dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.

A su turno, la Ley 962 de 2005, que en su artículo 56 estableció algunas directrices
generales para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:

«ARTÍCULO 56. Racionalización de trámites en materia del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el
citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de
quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el secretario de
Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se
encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará
mediante resolución que llevará la firma del secretario de Educación de la entidad
territorial».

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La disposición en cita fue reglamentada por el Decreto 2831 de 20055, que estableció
el procedimiento para reconocer las prestaciones económicas a cargo del FOMAG y
señaló que una vez presentada la solicitud ante la Secretaría de Educación, esta debía
elaborar el proyecto de acto administrativo para remitirlo a la entidad fiduciaria, que a
su turno se ocuparía de impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones
en que se sustentara su decisión de no hacerlo e informar de ello a la secretaría de
educación.

Luego, una vez aprobado el proyecto de resolución por parte de la sociedad fiduciaria
encargada del manejo de los recursos del Fondo, debía ser suscrito por el secretario
de educación del ente territorial certificado, quien se encargaría de su notificación. Por
último, el acto administrativo de reconocimiento debía remitirse a la sociedad fiduciaria
junto con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos del pago.

Hasta este punto, no quedaban dudas que aun cuando la gestión de las solicitudes
relacionadas con las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se efectúa a través de las secretarías de
educación de las entidades territoriales, lo cierto es que éstas actúan en
representación de la Nación, entidad a la que corresponde la cuenta especial.

Posteriormente, se expidió6 la Ley 1955 de 20197, que en su artículo 57 se ocupó de
regular de manera específica la responsabilidad de los entes territoriales en materia
de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, así:

«ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989
serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad
territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

(…)

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo
podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas,
sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No
podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o
administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por

5 Cuyas normas fueron recopiladas por el Decreto 1075 de 2015, especialmente en los artículos 2.4.4.2.3.2.1,

2.4.4.2.3.2.2, 2.4.4.2.3.2.3 y 2.4.4.2.3.2.
6 Norma que empezó a regir el 25 de mayo de 2019, como en efecto se dispuso en su Artículo 336 “VIGENCIAS

Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias”
7 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

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parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.
(…)»

La norma trascrita consagra la responsabilidad de las entidades territoriales frente a la
sanción moratoria en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de las
cesantías se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por lo que debe concluirse que antes de la Ley 1955 de 2019 la sanción moratoria
causada por el retardo en el pago de las cesantías parciales o definitivas estaba
radicado en cabeza del FOMAG. De esta manera, no era un imperativo legal
establecer o determinar dilaciones respecto de la entidad territorial interviniente en el
trámite administrativo, para decidir sobre quien recaía el pago de esta sanción.

Con la entrada en vigencia de la norma citada se torna necesario verificar si la entidad
territorial incumplió los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de
pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; evento
en el cual el ente territorial se erige, entonces, como responsable del pago de la
sanción.

Razonamiento bajo el cual forzoso es concluir que, a partir del 25 de mayo de 2019
fecha en que entró en vigor la Ley 1955 de 2019, se trasladó a las entidades
territoriales la carga de pagar la sanción moratoria cuando la demora en el pago del
auxilio de cesantías sea atribuible a ellas.

Aplicación de la Ley 244 de 1995 a los maestros del sector oficial

Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20188 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la cancelación
extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella se especificó la
naturaleza del empleo docente, concluyendo que integran la categoría de servidores
públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues, aunque el estatuto
de profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos
concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto de
empleado público. En ese sentido a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018- Exp. 73001-

23-33-000-2014-00580-01.

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En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:

«(…) 95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo
haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará
a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán
15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art.
4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley
1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código
Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a
partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento
de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción
moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»

Resolución al caso concreto

En el asunto, el tribunal encontró probada la tardanza en el reconocimiento y pago de
las cesantías definitivas, por lo que ordenó a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio cancelar la penalidad solicitada, desde
el 28 de julio de 2015 hasta el 25 de julio de 2016, por un total de 364 días calendario.
Por su parte, la entidad considera que los días de mora fueron 354. Por lo que
corresponde a esta Sala verificar si el periodo de la sanción fue contado debidamente
por la primera instancia.

En el expediente se encuentra probado que el señor Vinasco Iglesias radicó solicitud
el 10 de abril de 2015,9 tendiente a obtener el pago de las cesantías definitivas, y que
mediante Resolución 06 del 5 de enero de 2016,10 la Secretaría de Educación del
Meta reconoció la prestación en un total de $22.397.437. Valor que fue puesto a
disposición del interesado el 15 de julio de 2016.11

De lo anterior se observa que, pese a que la entidad contaba con 15 días hábiles para
emitir el acto administrativo después de presentada la solicitud de reconocimiento,
esto se incumplió; por lo que no existen dudas que la resolución que concedió las
cesantías fue expedida de forma extemporánea.

Así las cosas, se debe aplicar la segunda regla de la sentencia SUJ-012-S2 del 18 de
julio de 201812 que contempla:

9 SAMAI. Gestión en otros despachos. Rad. 50001233300020170056800. Índice 2. Archivo denominado:
50001233300020170056800_act_incorporaexpedientedigitalizado_1512202045339pm_e9f3e82b9a2d4b4da4cc7
0d7aa55ba97.pdf. Link: folios 1 y 12.
10 SAMAI. Gestión en otros despachos. Rad. 50001233300020170056800. Índice 2. Archivo denominado:
50001233300020170056800_act_incorporaexpedientedigitalizado_1312202083703pm_cb25b0187ab5412d91ba
90fea6147c24.pdf. Folios 15 – 17.
11 Comprobante bancario folio 18. OBSERVACIÓN 1. 20260715. NÓMINA DE CESANTÍAS DEFINITIVAS.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018- Exp. 73001-

23-33-000-2014-00580-01.

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HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN CORRE TÉRMINO CORRE
EJECUTO PAGO MORATORIA
RIA CESANTÍA
ACTO 10 días, 45 días, 70 días
Aplica, pero no
ESCRITO después de posteriores a la posteriores a
se tiene en
EXTEMPO cumplidos ejecutoria la petición
cuenta para el
RANEO 15 para
cómputo del
(después expedir el
término de pago
de 15 días) acto
13

Aplicando la regla citada al caso en estudio, se observa:

Fecha solicitud de Cumplimiento de los 70 Fecha en que se puso en
cesantías días hábiles posteriores disposición el dinero
a la petición
10 de abril de 2015 27 de julio de 2015 15 de julio de 2016

Es decir, se superó el término previsto en la ley y, en consecuencia, empezó a
causarse la sanción moratoria, desde el día siguiente a la fecha de cumplimiento de
los 70 días hábiles posteriores a la solicitud de cesantías y hasta el día anterior a la
fecha en que el dinero fue puesto a disposición del demandante para su cobro,
generándose la sanción moratoria, como se detalla:

Período de mora
Desde el 28 de julio de 2015 al 14 de julio de 2016 = 353 días.

Del primer punto se anota que no fue acertado el conteo realizado por el tribunal,
porque, como se observa en el comprobante de pago,14 el dinero se puso a disposición
el 15 de julio de 2016. Por lo anterior, se modificará el período de mora dispuesto en
la primera instancia.

Como segundo planteamiento, el FOMAG sostuvo que el reconocimiento de la
sanción debía ser asumido por la Secretaría de Educación, por lo que era la
responsable conforme al artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, y que además se trataba
de una moratoria generada en 2020.

Al respeto, se debe señalar que no le asiste razón a la demandada, porque la
mencionada ley empezó a regir15 a partir del 25 de mayo de 2019 y, en el caso bajo
estudio la reclamación de las cesantías (10 de abril de 2015) y la reclamación de la

13 Días hábiles.

14 Comprobante bancario folio 18. OBSERVACIÓN 1. 20260715. NÓMINA DE CESANTÍAS DEFINITIVAS.
15 En virtud del principio de irretroactividad, la ley nueva rige todas las situaciones que se generen a partir de su

vigencia; la aplicación de la misma frente a los hechos presentados con anterioridad a su promulgación es viable,
únicamente, si el legislador lo contempla, supuesto que no se advierte en la disposición cuestionada. Razón por la
cual resulta improcedente el estudio de la responsabilidad con base en la referida normativa.

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sanción moratoria (27 de mayo de 2017) se presentaron con anterioridad a su
expedición, es claro que en el asunto no es aplicable la norma en comento, de manera
que recae en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la
responsabilidad del reconocimiento y pago de la sanción moratoria.

A tal conclusión se arriba en la medida que no es posible otorgarle a la norma citada
-Ley 1955 de 2019- efectos hacia el pasado, pues lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del trascrito Art. 57, en relación con las sanciones moratorias causadas con
anterioridad, hace referencia únicamente a los aspectos financieros para asumir los
pagos correspondientes con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Sobre el asunto, esta Corporación16 consideró:

«[…] encuentra la Sala que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 hace referencia
a las vigencias y derogatorias indicando que dicha normatividad rige a partir de su
publicación, esto es, con posterioridad al 25 de mayo de 2019. En ese orden de
ideas, si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336
de la Ley 1955 de 2019 y ésta última reguló lo relacionado en el artículo 57, dicha
disposición no rige el asunto objeto de estudio, toda vez que, la petición de
reconocimiento de cesantías se radicó el 20 de febrero de 2012 y la petición
tendiente a obtener el reconocimiento de la sanción moratoria por parte de la
accionante se instauró en fecha 9 de febrero de 2017, es decir, con anterioridad a
la expedición de la Ley 1955 de 2019.

[…]

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 962 de 2005 previó que las
prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y
canceladas por el Fondo del Magisterio, cuyo trámite está comprendido por la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien lo administre, el cual
deberá ser elaborado por la Secretaría de Educación de la entidad territorial
certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, es claro
que la legitimación en la causa por pasiva en asuntos como el debatido recae
únicamente en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio17. […]»
(Negrilla para resaltar)

Acogiendo lo anterior y como en el expediente se encuentra acreditado que la petición
para el reconocimiento de las cesantías se adelantó el 10 de abril de 2015; que los 70
días de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 se
cumplieron así: 15 días para expedir la resolución (4 de mayo de 2015); 10 días de
ejecutoria del acto (19 de mayo de 2015), por cuanto la petición se presentó en
vigencia del CPACA; y 45 días para efectuar el pago (27 de julio de 2015) y, que dicha
prestación fue cancelada el 15 de julio de 2016 se generó una sanción que debe ser
asumida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no por el

16 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28

de enero de 2021. Radicado: 76001-23-33-000-2017-01297-01 (2688-2020) Demandante: Gladys Méndez
Vinasco.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. C.P.: William Hernández Gómez. Fecha: 26 de agosto de

2019. Rad.: 68001-23-33-000-2016-00406-01(1728-18).

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ente territorial.

Ello es así, pues si bien es cierto que la administración departamental incumplió el
término (15 días) para expedir el acto administrativo de reconocimiento (5 de enero
de 2016), también es cierto -se repite- que la Ley 1955 de 2019 no estaba vigente
para la fecha en que se presentó la solicitud de cesantías, por lo que las dilaciones
y/o incumplimientos en el trámite impartido por la entidad territorial no son
determinantes para decidir sobre quien recaía el pago de esta sanción; obligación
que, como viene dicho, se predica del Fondo, aún cuando las entidades territoriales,
colaboran en la gestión para el reconocimiento de tal auxilio, toda vez que dicha labor
es adelantada por virtud de la delegación conforme lo prevé el artículo 9 de la referida
normativa.

Todo lo cual conlleva a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto
condenó al FOMAG al reconocimiento y pago de la sanción moratoria a que tiene
derecho el demandante.

Por otro lado, el escrito de apelación insistió en el fenómeno de la prescripción. Como
se dijo, los 70 días corrieron entre el 10 de abril de 2015 y el 27 de julio de 2015; es
decir, que a partir del 28 de julio de 2015 empezó a causarse la sanción moratoria
hasta el 14 de julio de 2016, día hábil anterior a la fecha en que el dinero de las
cesantías fue puesto a su disposición para el cobro.

Lo anterior implica que a partir del 28 de julio de 2015 hasta el 28 de julio de 2018
podía reclamar la sanción moratoria; y la petición de esta se elevó el 27 de marzo de
2017,18 esto es, en tiempo. En consecuencia, sobre este punto también se confirmará
la sentencia.

La parte apelante también alegó la improcedencia de la indexación, conforme lo
expuso esta Corporación en Sentencia de Unificación de fecha 18 de julio de 2018.

Al respecto, la sentencia citada,19 dispuso: «Sentar jurisprudencia, reiterando que es
improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 187 del CPACA». Ante la discusión que produjo esta regla de
unificación sobre la procedencia de la indexación del valor a pagar por concepto de
sanción moratoria, esta Subsección20 explicó:

«[…] la interpretación que más se ajusta a la sentencia de unificación es la
siguiente: Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no
podrá indexarse. b) cuando termina su causación se consolida una suma total,

18SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 2. Archivo denominado:
50001233300020170056800_ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_1312202083703pm_cb25b0187a
b5412d91ba90fea6147c24.pdf(.pdf). Folio 22.
19 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, expediente radicado:

73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-2015), demandante Jorge Luis Ospina Cardona.
20 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente: 68001-

23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.

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ese valor total sí es objeto de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora
hasta la ejecutoria de la sentencia – art. 187 – y c) una vez queda ejecutoriada
la condena no procede indexación, sino que se generan los intereses según lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA […].». (Negrita fuera de texto).
(sobre este resaltado, ver comentario en la resolución de los dos últimos casos)

De acuerdo con lo expuesto, no es procedente la indexación de la sanción moratoria
en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada sí debe ajustarse
una vez cesa la tardanza y por ello, frente a este aspecto también se confirmará la
decisión de primera instancia que ordenó el ajuste, pero desde el 15 de julio de 2016,
fecha en que se dispuso el dinero de las cesantías para su cobro y hasta su ejecutoria
de la sentencia, aspecto que se modificará.

Por último, en el recurso de apelación se manifestó que era improcedente la condena
en costas, dado que el artículo 365 del Código General del Proceso establecía que
debían ser demostradas.

En efecto, la Sala advierte que, en el presente caso, no es procedente la condena en
costas de primera instancia, debido a que no se presentó carencia de fundamentación
legal en las razones esbozadas en sus distintas intervenciones, por el contrario,
manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, por lo que se
revocará la condena en costas en su contra.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 21 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

21 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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Primero. MODIFICAR PARCIALMENTE los numerales segundo y tercero de la
sentencia proferida el 20 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, los
cuales quedarán así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, deberá reconocer y pagar al señor
FERNANDO ALBERTO VINASCO IGLESIAS la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, desde el 28 de julio de 2015 hasta el
14 de julio de 2016».

«TERCERO: La entidad demandada dará cumplimiento al inciso final del artículo 187 y
a los artículos 192 y 195 del CPACA. El ajuste de las sumas reconocidas por sanción
moratoria se realizará desde el 15 de julio de 2016 y hasta la ejecutoria de la sentencia».

Segundo. REVOCAR el numeral cuarto respecto a la condena en costas en primera
instancia.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

Cuarto. Sin condena en costas de segunda instancia.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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