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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2018-00234-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2018-00234-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar parcialmente la del 26 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral N°. 1, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, disponer: “Primero: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, liquidar el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2013 a cargo de la sociedad Treinco Ltda. en Liquidación de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia, con un total de saldo a pagar de $ 460.215.000.” 2. Confirmar en lo demás. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 50001-23-33-000-2018-00234-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco Ltda en Liquidación
Demandado: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Tema: Impuestos de renta – Año gravable 2013. Valoración
probatoria. Costos. Diferencia por comparación patrimonial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 26 de junio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión Oral nro. 1, que resolvió:

“Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
precedencia.

Segundo: Condenar en costas a la parte actora. (…)”.

ANTECEDENTES

El 8 de abril de 2014, Treinco Ltda. en Liquidación presentó declaración del
impuesto sobre la renta del año gravable 20131, corregida el 6 de noviembre de
20142.

Previo requerimiento especial3, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión
900.001 del 28 de marzo de 20174, que modificó la declaración de corrección del
impuesto sobre la renta del año gravable 2013 para rechazar costos de venta y
prestación de servicios, gastos operacionales de administración y adicionar renta
gravable por comparación patrimonial. Adicionalmente, impuso sanción por
inexactitud.

El 26 de mayo 2017, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración, resuelto
en forma negativa mediante la Resolución 002481 del 23 de marzo de 20185, que
modificó la liquidación recurrida para reducir la sanción por inexactitud en aplicación
del principio de favorabilidad.

1
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 10. ANEXO 8
CONTESTACION DEMANDA, folio digital 55.
2
Ib., Archivo: 10. ANEXO 8 CONTESTACION DEMANDA, p. 56.
3
Ib., Archivo: 8. ANEXO 6 CONTESTACION DEMANDA, pp. 71-85.
4
Ib., Archivo: 10. ANEXO 8 CONTESTACION DEMANDA, pp. 71-132.
5
Ib., Archivo: 12. ANEXO 10 CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 149-175.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
sociedad demandante formuló las siguientes pretensiones6:

“A. Que se declare la nulidad de la actuación administrativa contenida en los siguientes
actos:

1. Liquidación Oficial No. 900.001 del 28 de marzo de 2017, proferida por la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- de Villavicencio, mediante la cual se propone modificar la
declaración de renta presentada por TREINCO por el año gravable 2013 (en
adelante, la “Liquidación Oficial”).

2. La Resolución No. 002481 del 23 de marzo de 2018 que resolvió el recurso de
reconsideración, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de
la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• DIAN-, mediante la cual se confirma parcialmente la Liquidación Oficial antes
mencionada.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de TREINCO
en el sentido de declarar la firmeza de la declaración de renta presentada por el año
gravable 2013.”

Invocó como disposiciones violadas los artículos 29, 268 y 363 de la Constitución
Política; 82, 236, 237, 437, 476, 511, 555-2, 615, 647, 742, 743, 745, 746 y 771-2
del Estatuto Tributario; 176 del Código General del Proceso; 2° del Decreto 1001 de
1994, 1.6.1.4.1. del Decreto Único Reglamentario y 3° del Decreto 3050 de 1997.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

1. La prestación del servicio de transporte de materiales se realizó entre sujetos no
obligados a facturar, razón por la cual los costos se acreditaron con documentos
soporte, según lo previsto inciso tercero del artículo 771-2 del ET. y el artículo 3° del
Decreto 3050 de 1997 -que no exige la numeración consecutiva-. Así lo ha reconocido
la DIAN y el Consejo de Estado7.

La numeración consecutiva de los documentos soporte es requisito establecido en
el artículo 3° del Decreto 522 de 2003 para los documentos equivalentes que
soportan los costos originados en transacciones realizadas entre un prestador
perteneciente al régimen simplificado y un adquirente responsable del régimen
común de IVA, supuestos fácticos que no concurren en este asunto.

En consecuencia, no resulta aplicable el artículo 3° del Decreto 522 de 2003, pues,
aunque la demandante perteneciera al régimen común, actuó como adquirente y no
ostentaba la condición de responsable del IVA con respecto al servicio de transporte
de mercancías adquirido, por tratarse de un servicio excluido, ya que la letra e) del
artículo 437 del ET impone la responsabilidad respecto de operaciones gravadas 8;
al paso que los prestadores del servicio son personas naturales no obligadas a
facturar por tratarse de servicios excluidos del IVA según la letra h) del artículo 2°

6
Samai, exp. Tribunal, índice 11 Samai. Archivos: Demanda 1.
7
Concepto DIAN 045671 de 2003 y Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 20661, MP.
Carmen Teresa Ortíz. Reiterada en sentencias del 23 de septiembre de 2010, Exp. 16739, MP. Carmen Teresa Ortíz
Rodríguez y del 10 de diciembre de 2015, Exp. 21336, MP. Martha Teresa Briceño.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 6 de julio de 2016, Exp. 19909, MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

del Decreto 1001 de 1997. Por tanto, no era exigible el requisito de numeración
consecutiva en los documentos soporte allegados.

2. La Administración concluyó que existía una diferencia entre los costos y
deducciones declarados y los registrados contablemente, a partir de la valoración
de balances de comprobación a 31 de diciembre de 2013 recopilados de manera
incompleta, que contenían ciertas cuentas, sin realizar una valoración conjunta e
integral de la contabilidad, los estados financieros certificados y la certificación
expedida por revisor fiscal, la cual desestimó con el argumento de que no ofrecía
elementos suficientes para demostrar las cifras declaradas; en contravía de lo
dispuesto en el artículo 176 del CGP.

En los libros Mayor, Balance de Gastos y auxiliares por terceros -cuentas 5 y 6-, con
corte a 31 de diciembre de 2013 allegados con la demanda, se registra una cifra
superior -$6.206.401.257- a la declarada por concepto de costos y gastos; que
corresponden a los saldos definitivos, como figura en la certificación del revisor
fiscal. Ante los vacíos probatorios advertidos por la propia administración, que
subyacen pese a la actividad probatoria desplegada por el contribuyente procedía
aplicar el principio in dubio pro contribuyente.

3. La Administración rechazó costos derivados de contratos de obra únicamente
porque los documentos equivalentes que los soportaban carecían de numeración
consecutiva, lo cual es una irregularidad meramente formal, que desconoce el
principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma.

La realidad de las operaciones se encuentra acreditada mediante los contratos
celebrados, las declaraciones juramentadas rendidas por los contratistas, las
cuentas de cobro, los comprobantes de egreso y los cheques correspondientes a
los pagos efectuados por la demandante. Además, la finalidad de las normas
sustanciales en este caso se encuentra satisfecha, toda vez que la demandante
declaró y tributó sobre los ingresos asociados a los costos discutidos.

Asimismo, la negativa a valorar las declaraciones juramentadas rendidas por los
contratistas vulneró el debido proceso, ya que el documento equivalente no
constituye tarifa legal probatoria y la inadmisibilidad de la prueba testimonial solo
opera cuando el documento exigido por la ley no existe, supuesto que no se
presenta en este caso, pues los documentos equivalentes sí fueron expedidos.

4. De manera subsidiaria, debe darse aplicación del artículo 82 del ET para estimar
los costos asociados a los contratos de obra, con el fin de evitar que se gravaran
ingresos brutos sin reconocer los costos necesarios para su obtención, de acuerdo
con los principios de capacidad contributiva, justicia y equidad tributaria. La DIAN
interpretó indebidamente dicha disposición al restringir su aplicación a operaciones
de enajenación de activos, pese a que contempla como supuesto de hecho la
existencia de indicios de que el costo informado no es real o cuando este no pueda
determinarse mediante pruebas directas.

5. El incremento patrimonial de $485.503.000 registrado entre los años 2012 y 2013
se encontraba plenamente justificado en la renta líquida declarada y en variaciones
contables reflejadas en las cuentas de revalorización del patrimonio -por
$58.905.000- y resultados del ejercicio -por $426.598.000-, como puede verificarse en

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los estados de cambios en la situación financiera y de cambios en el patrimonio del
año 2013.

6. La declaración se sustentó en información real y en una depuración de la base
gravable ajustada a las normas aplicables, por lo que no se configuraban los
presupuestos del artículo 647 del ET. En todo caso, la sanción deviene
improcedente al haberse desvirtuado las glosas de diferencia entre las cifras de
costos y gastos declarados frente a los registrados en la contabilidad, así como de
diferencia patrimonial injustificada. Subsidiariamente, sostuvo que existe diferencia
de criterios que excluye la imposición de la sanción.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

1. Los costos por servicios de transporte debían soportarse mediante el documento
equivalente previsto en el artículo 3 del Decreto 522 de 2003, toda vez que fueron
adquiridos por una sociedad perteneciente al régimen común a personas naturales,
no comerciantes, inscritas en el régimen simplificado. La aplicación de dicha norma
no dependía de que la operación estuviera gravada con IVA, bastaba con que el
adquirente del bien o servicio perteneciera al régimen común.

En ese sentido la norma aplicable es la prevista en la letra c), no en la letra h), del
Decreto 1001 de 1997 que excluye del deber de facturar a las personas inscritas en
el régimen simplificado.

2. Respecto de la diferencia entre los valores declarados y los registrados en la
contabilidad, indicó que los libros contables prevalecen sobre las cifras declaradas
cuando se encuentran llevados en debida forma, que la certificación del revisor fiscal
no acreditaba de manera contundente las sumas discutidas y la información
exógena no constituyen prueba idónea para justificar la diferencia encontradas.

3. Tampoco es procedente el reconocimiento de costos presuntos, pues el artículo
82 del ET regula supuestos asociados a la enajenación de activos y no a la
prestación de servicios; además, en este asunto se encuentra probada la realidad
de los costos.

4. En relación con la comparación patrimonial, señaló que la demandante omitió
aplicar los ajustes previstos en el artículo 91 del Decreto 187 de 1975, producto de
esa operación se obtienen una renta ajustada de $249.608.000 y tras sustraer la
diferencia patrimonial ajustada de $485.503.000, subsiste una diferencia patrimonial
injustificada por valor de $235.895.000.

5. Finalmente, sostuvo que no existía diferencia de criterios, sino incumplimiento de
los requisitos legales exigidos para la procedencia de los costos discutidos, mientras
que cada glosa planteada a los costos estuvo fundamentada en la valoración de las
pruebas allegadas dentro del marco normativo vigente.

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SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora en primera instancia, por las razones que se sintetizan a continuación:

1. En lo atinente a los costos por servicios de transporte de materiales, señaló que,
en condición de responsable del régimen común de IVA, recaía en la demandante
el deber de expedir la factura o documento equivalente cuando adquiriera servicios
de personas naturales pertenecientes al régimen simplificado, hacerlo con el lleno
de los requisitos legales y probar la pertenencia de que cada uno de dichos
proveedores al régimen simplificado. Aunque el servicio de transporte esté excluido
de IVA, ello no desvirtúa que el costo deba estar soportado en documento
equivalente a efectos de detraerlo en la depuración del impuesto sobre la renta.
Luego, ante el incumplimiento del requisito de numeración consecutiva que prevé el
artículo 3 del Decreto 522 de 2003, procedía el rechazo de este rubro.

2. El rechazo de los costos por servicios de contratos de obra soportados en
documentos equivalentes sin numeración consecutiva, no vulnera el principio de
primacía de realidad sobre las formas, toda vez que los documentos equivalentes
que soportan la procedencia de costos y deducciones deben reunir unas
condiciones que no son opcionales ni constituyen meras formalidades, pues
responden a una exigencia establecida por el legislador como presupuesto de un
derecho sustancial, tal como se ha reconocido jurisprudencialmente9.

En lo atinente a la falta de correspondencia entre las cifras registradas en los libros
de contabilidad por concepto de costos y deducciones y las incluidas en los estados
financieros, manifestó que los libros mayor, balance de gastos y el auxiliar por
tercero valorados por la demandada se encuentran completos y no pueden
apreciarse los allegados con la demanda, en tanto que no puede corroborarse que
la información que allí reposa corresponda a la misma que se refleja en los estados
financieros aprobados, máxime cuando no se sometieron a aprobación nuevos
estados financieros elaborados con base en los libros aportados por la demanda, y
la certificación de contador allegada tampoco ofrece claridad al respecto, por lo que
se desestima.

Lo anterior, no ofrece duda originada un vacío probatorio, que deba resolverse a
favor del demandante, ya que acreditó la anotada diferencia de cifras, sin que el
contribuyente lograra justificarla.

3. Tampoco procede el reconocimiento de los costos presuntos, en consideración a
que los costos por servicios de mano de obra contratada, no se enmarcan en el
supuesto de hecho del artículo 82 del ET que se refiere a operaciones de
enajenación de activos y tampoco se adujo que los costos declarados fueran
irreales.

4. La diferencia patrimonial de $485.503.000 no se encuentra justificada por la
revalorización del patrimonio y los resultados del ejercicio, como aduce el
demandante, ya que ese valor es anterior a los ajustes previstos en el artículo 91

9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 14 de diciembre de 2022, Exp. 26076, MP. Stella Jeannette Carvajal
Basto.

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del Decreto 187 de 1975, razón por la cual la suma injustificada es de $235.895.000,
de lo que concluye que la demandante no realizó la depuración allí establecida.

5. Se configuró inexactitud en la declaración presentada que ameritó la sanción
impuesta, al no justificarse la diferencia del valor de los costos declarados y los
registrados en la contabilidad e incluir datos equivocados que generaron
comparación patrimonial; sin que pueda predicarse diferencia de criterios en la
aplicación del derecho.

Finalmente, al denegarse las pretensiones de la demanda, procede condenar en
costas a la demandante como parte vencida.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que pidió revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda, con el siguiente fundamento:

1. El soporte procedente para acreditar los costos derivados del servicio de
transporte era el documento previsto en el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997 -que
no exige numeración consecutiva-, por tratarse de una operación excluida del IVA
realizada con personas no obligadas a facturar -por disposición de la letra h) del artículo
2° del Decreto 1001 de 1997-, tal como lo reconoció la DIAN en Concepto 045671 de
2003; ni a elaborar documento equivalente conforme al apartado 3 del artículo 616-
1 del ET que no había sido reglamentado. De haberse tratado de una operación
gravada, el demandante habría estado obligado a practicar retención en la fuente y
expedir documento equivalente que serviría de mecanismo de control del IVA
respectivo. Correlativamente, el demandante tampoco era responsable de IVA
frente a esa operación, pese a estar inscrito en el régimen común, habida cuenta
que tenía la condición de adquirente y el servicio contratado estaba excluido de IVA.

Insistió en que los libros Mayor, Balance de Gastos y Auxiliar por terceros - cuentas
5 y 6- con corte a 31 de diciembre de 2013, y la certificación expedida por revisor
fiscal, aportados con la demanda, desvirtúan la diferencia establecida por la
Administración entre las cifras declaradas y las contabilizadas, pues reflejan los
mismos saldos que los estados financieros certificados y sus notas; el cual, a su
vez, es superior a la suma declarada por costos y gastos en razón del ejercicio de
conciliación. Tales pruebas debían ser valoradas en su conjunto por el Tribunal de
primera instancia, dado que en sede judicial se pueden mejorar las pruebas
aportadas en la actuación administrativa durante la cual se recopilaron balances de
comprobación incompletos.

Ante la duda que subyacía, pese a la actividad probatoria desplegada por la
sociedad demandante, procedía aplicar el principio de in dubio pro contribuyente,
en lugar de rechazar el valor de $382.866.308. Este vacío probatorio está siendo
aclarado en sede jurisdiccional con los libros completos del periodo, cuya valoración
desvirtúa la existencia de mayores valores declarados.

2. Frente a los costos de mano de obra asociados a contratos de construcción, el a
quo sostuvo los mismos argumentos que la entidad demandada y vulneró el derecho
al debido proceso al dejar de valorar el acervo probatorio allegado -contratos,

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declaraciones juramentadas de los contratistas, cheques y comprobantes de egreso- para
acreditar la realidad de las operaciones; por lo que, la ausencia de numeración
consecutiva no podía prevalecer sobre la demostración material de los costos, con
el argumento de que dicho requisito constituye un elemento esencial para la
configuración de un derecho sustancial y que la factura constituye tarifa legal para
la procedencia de costos, cuando en realidad la inobservancia de ese requisito no
impidió a la administración tributaria recaudar los impuestos que el contribuyente
debía pagar, que constituye la finalidad perseguida por el derecho sustancial

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la sentencia de 23 de septiembre de 2010
proferida por esta Sala10, que no fue aplicada por la demandada por considerar que
sus supuestos fácticos no son idénticos a los del presente caso.

3. De manera subsidiaria, es procedente estimar los costos derivados de los
contratos de obra, ante la existencia de indicios de que el costo informado no es
real, supuesto previsto en el artículo 82 del ET que aplica también a costos
asociados a la prestación de servicios; de manera que no se grave el ingreso bruto
en su totalidad, aunque no es cierto que los costos declarados sean irreales.

4. El Tribunal se equivocó al interpretar la regulación sobre el sistema de renta por
comparación patrimonial, cuando consideró la diferencia patrimonial se debe
justificar de la fórmula de cálculo establecida en los artículos 236 y 237 del ET, y 91
del Decreto 187 de 1975, pues esto, implica confundir la metodología legal de
cálculo del incremento patrimonial con su justificación material, que en este caso
obedece a variaciones contables debidamente registradas en los estados de
cambios en la situación financiera y cambios en el patrimonio por el año 2013. Lo
que esas disposiciones establecen es que en el evento en que el valor resultante
de la metodología allí prevista, no alcance a justificar el incremento patrimonial,
corresponde al contribuyente demostrar las razones por las que se generó.

5. Por último, la sanción por inexactitud impuesta es improcedente en razón a que
la declaración de renta del año gravable 2013 está soportada en datos reales y en
una interpretación razonable de las normas tributarias aplicables; aunado a que las
glosas de las que se derivaba se encuentran desvirtuadas con las pruebas
allegadas.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió por auto de 28 de octubre de 202411, sin
pronunciamiento frente a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia, no se dio traslado para alegar -artículo 247 Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. El Ministerio público no emitió
concepto.

Mediante auto de 3 de junio de 2026, se requirió a la entidad demanda para allegar
copia integral de los antecedentes administrativos.

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 23 de septiembre de 2010, Exp. 16739, MP. Carmen Teresa Ortiz.
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Samai, índice 5.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración
del impuesto de renta de Treinco Ltda. en Liquidación del año gravable 2013,
atendiendo a los cargos planteados por la parte demandante -apelante única-, contra
la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, la Sala debe establecer si:

(i) El tribunal valoró en debida forma la prueba contable aportada para acreditar el
valor global de costos y deducciones declarados;
(ii) Los costos de trasporte de materiales adquiridos de personas naturales no
obligadas a facturar debían soportarse con el documento equivalente previsto
en el artículo 3 del Decreto 522 de 2003, o mediante el documento regulado
por el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997;
(iii) Proceden los costos por mano obra para construcción soportados en
documentos equivalentes que carecían de numeración consecutiva;
(iv) Se encuentra justificado el incremento patrimonial que fue adicionado como
renta gravable por comparación patrimonial; y
(v) Se ajusta a derecho la sanción por inexactitud impuesta.

Costos por servicio de transporte ($2.441.849.036)

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si los
costos derivados del servicio de transporte de materiales prestado por personas
naturales pertenecientes al régimen simplificado debían soportarse mediante
documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
3 del Decreto 522 de 2003 o a través del documento regulado en el artículo 3 del
Decreto 3050 de 1997.

La DIAN rechazó los costos cuestionados porque los documentos aportados no
cumplían los requisitos exigidos por el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, en
particular la numeración consecutiva prevista en el literal d del artículo 617 ibidem y
en el artículo 3° del Decreto 522 de 2003.

Para resolver la controversia, es necesario precisar el marco normativo aplicable.

El artículo 511 del ET dispone que los responsables del IVA deben entregar factura
o documento equivalente por todas las operaciones que realicen. A su turno, los
artículos 437 en su letra e y 437-2 en su ordinal 4° ejusdem, establecían que los
responsables del régimen común adquirían la condición de responsable de IVA por
el valor del impuesto retenido cuando adquirían bienes o servicios gravados de
personas pertenecientes al régimen simplificado, supuesto en el cual también
actuaban como agentes retenedores.

En armonía con lo anterior, el parágrafo del artículo 437 del ET prohibía a las
personas pertenecientes al régimen simplificado, adicionar al precio de venta de
bienes o servicios el valor del IVA y, correlativamente, se imponía a los adquirentes
pertenecientes al régimen común, el deber de asumir la retención del IVA, sin
afectar el precio acordado por las partes -artículo 4° del Decreto Reglamentario 380 de
1996-.

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De otra parte, los responsables del régimen simplificado no estaban obligados a
expedir factura o documento equivalente, según se desprende de los artículos 616-
2 del ET y 2, letra c, del Decreto 1001 de 199712. De igual forma, la letra h de esta
última disposición excluía de dicha obligación a las personas naturales que
exclusivamente vendiera bienes excluidos de IVA o prestaran servicios no
gravados.

El artículo 771-2 del ET condiciona la procedencia de costos y deducciones en el
impuesto sobre la renta a que se encuentren respaldados en facturas que cumplan
con los requisitos establecidos en los literales b, c, d, e, f y g de los artículos 617 y
618 del ET13; o en documentos equivalentes con el lleno de los requisitos previstos
en los literales b, d, e y g del artículo 617 ibidem, correspondientes a nombre y
apellidos o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, llevar
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, fecha de
expedición y valor total de la operación.

No obstante, en los casos en que no exista la obligación de expedir factura o
documento equivalente, el inciso 3° del artículo 771-2 en mención establece que la
procedencia de los costos estará sujeta a que se acredite con un documento que
cumpla con los requisitos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional.

Con ese propósito, el artículo 3 del Decreto 3050 de 199714 reguló el documento
soporte aplicable a la adquisición de bienes o servicios de personas no obligadas a
facturar, que debía expedir el vendedor o el adquirente, sin incluir la numeración
como requisito mínimo. Sin embargo, excluyó expresamente de su ámbito de
aplicación a las operaciones en que el adquirente asumiera el IVA correspondiente
a transacciones realizadas con responsables del régimen simplificado, como es el
caso de las compras de bienes y servicios gravados realizadas por personas
pertenecientes al régimen común -Arts. 437, letra e), y 437-2, Ord. 4°, del ET-.

Para este último evento, correspondía elaborar la respectiva nota de contabilidad
que serviría de soporte de la transacción y de la retención en la fuente, con el
cumplimiento de los requisitos del artículo 4° del Decreto 0380 de 199615 -disposición
vigente al momento de expedirse el Decreto 3050 de 1997-.

Posteriormente, con ocasión del nuevo supuesto de IVA asumido que introdujo la
Ley 788 de 2002 mediante la adición de la letra f16 al artículo 437 del ET, se expidió
el Decreto 522 de 200317, cuyo artículo 3 reglamentó el documento equivalente que
debía elaborar el adquirente perteneciente al régimen común cuando asumiera el
impuesto derivado de operaciones celebradas con personas naturales no
comerciantes o responsables del régimen simplificado. Entre los requisitos exigidos

12
«Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 616-2 del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.»
13
Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes
de bienes corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan
las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados
para el efecto así lo exijan.
14
«Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 y se dictan otras disposiciones.»
15
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995».
16
De acuerdo con esta disposición, son responsables de IVA los contribuyentes pertenecientes al régimen común por el
impuesto causado en la adquisición de bienes y servicios gravados a la tarifa especial prevista en el artículo 468-1 del ET, a
personas naturales no comerciantes que no pertenezcan a ese mismo régimen.
17
«Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 788 de 2002 y el Estatuto Tributario», derogó tácitamente el referido artículo
4°del Decreto 0380 de 1996, en lo referente a la nota de contabilidad como documento soporte de costos, deducciones e
impuestos descontables.

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para dicho documento se encontraba la numeración consecutiva y la discriminación
del valor del impuesto asumido.

En ese sentido, el documento soporte regulado por el artículo 3º del Decreto 3050
de 1997 aplicaría para operaciones realizadas entre personas no obligadas a
facturar entre sí, o cuando el vendedor sea una persona natural no comerciante o
un responsable del régimen simplificado y el adquirente de bienes y servicios tenga
el deber de facturar, pero no sea responsable de IVA18; mientras que, el artículo 3°
del Decreto 522 de 2003 constituye norma especial que opera para las operaciones
de adquisición de bienes y servicio de un responsable del régimen común a una
personas perteneciente al régimen simplificado de IVA.

De ese marco normativo se desprende que la determinación del documento exigible
depende de si el adquirente perteneciente al régimen común tenía o no la condición
de responsable del IVA respecto de la operación específica, en los términos del
artículo 437 del ET. Así, cuando la operación era gravada y generaba IVA asumido,
procedía el documento equivalente regulado por el Decreto 522 de 2003; por el
contrario, cuando adquirieran bienes y servicios excluidos de personas naturales no
comerciantes o inscritas en régimen simplificado, resultaba aplicable el documento
soporte previsto en el Decreto 3050 de 1997.

En el caso concreto, las partes no discuten la realidad del costo, su cuantía ni la
condición de los proveedores como personas pertenecientes al régimen
simplificado. Tampoco controvierten que los documentos aportados como soporte
carecen de numeración consecutiva. El debate se contrae, entonces, a establecer
cuál era el soporte documental exigible frente a los costos derivados de la prestación
del servicio de transporte de materiales adquiridos de personas naturales inscritas
en el régimen simplificado, esto es, el regulado por el artículo 3 del Decreto 3050 de
1997 o el documento equivalente a la factura reglamentado por el artículo 3 del
Decreto 522 de 2003.

Durante la actuación administrativa se practicó inspección tributaria19 en cuyo
marco se recopilaron documentos soporte de costos derivados del servicio de
transporte de materiales que dan cuenta de 102 -operaciones de transporte de
piedras de río-20 realizadas por personas naturales pertenecientes al régimen
simplificado, circunstancia aceptada por ambas partes; además, de cuentas de
cobro y comprobantes de egreso.

Aunque las partes coinciden en que dichos proveedores no se encontraban
obligados a facturar, las razones que sustentan dicha conclusión son distintas.
Mientras que la Administración considera que tal exclusión deviene de la
pertenencia de los proveedores al régimen simplificado -letra c-, la apelante sostiene
que obedece a que se trata de personas naturales que prestan un servicio excluido
de IVA como lo es, el transporte de mercancías prestado -letra h)-.

Si bien la Sala observa que el servicio de transporte de mercancía -piedras de río-
se encuentra excluido de IVA por disposición del ordinal 2 del artículo 476 del ET,

18
DIAN, concepto 42364 de 13 de junio de 2004.
19
Samai, Índice 11, Exp. Tribunal; carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 8. ANEXO 6
CONTESTACION DEMANDA, pp. 87-92.
20
Ib., pp. 93-95.

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la Sala advierte que la excepción al deber de expedir factura o documento
equivalente establecido en la letra h del artículo 2 del Decreto 1001 de 1997 con
respecto a las personas naturales que vendan bienes excluidos o presten servicios
no gravados, exige que: i) únicamente realicen operaciones excluidas de IVA; y ii)
no superen los topes de ingresos y patrimonio para pertenecer al régimen
simplificado; de manera que, si realizan también operaciones gravadas o exentas,
o superan tales topes, estarán obligados a expedir factura o documento
equivalente.

No se allegó prueba que permita concluir que los prestadores del servicio de
transporte de materiales se dedicaran de manera exclusiva a esa actividad. Por el
contrario, el hecho reconocido por las partes de la pertenencia de dichos
proveedores al régimen simplificado de IVA, permite afirmar que no se trata de
personas naturales dedicadas exclusivamente a la prestación del servicio excluido,
habida cuenta que el artículo 499 del ET establecía que a ese régimen pertenecían
las personas naturales comerciantes cuyas ventas estuvieran gravadas o que
prestaran servicios gravados -además de artesanos, agricultores y ganaderos, en las
mismas condiciones-, por los que obtuvieran ingresos brutos inferiores a los topes allí
señalados.

Por consiguiente, la exclusión de la obligación de expedir factura o documento
equivalente que recaería sobre las personas naturales prestadoras del servicio de
transporte de mercancía devendría de su condición de responsables del régimen
simplificado. Sin embargo, ello no conduce automáticamente a la aplicación del
Decreto 522 de 2003, pues, para que este resulte aplicable es indispensable que el
adquirente del régimen común tenga la condición de responsable del IVA respecto
de la operación realizada, circunstancia que únicamente se presenta cuando la
transacción se encuentra gravada.

Acorde con el anterior recuento normativo, para la procedencia de costos y
deducciones en el impuesto sobre la renta para el año gravable objeto de revisión,
el documento soporte exigido por inciso 3 el artículo 771-2 del ET para las
operaciones realizadas con no obligados a facturar era el indicado en el artículo 3
del Decreto 3050 de 1997; salvo cuando se tratara de operaciones gravadas con
IVA en que un responsable del régimen común de IVA adquiriera un bien o servicio
de un responsable del régimen simplificado que diera lugar a costos, deducciones
e impuestos descontables correspondientes al impuesto asumido, supuesto en que
debían expedir el documento equivalente regulado en el artículo 3 del Decreto 522
de 2003.

Visto que, las personas pertenecientes al régimen común tienen la condición de
responsable de IVA en la adquisición de bienes o servicios gravados de
responsables del régimen simplificado, por el valor del impuesto retenido o
generado -según se trate de la letra e) ó f) del artículo 437 del ET-; tal condición no puede
predicarse cuando la operación que realizan tiene carácter excluido.

Dado que, en el presente asunto, el servicio adquirido corresponde al transporte de
materiales, actividad excluida del impuesto sobre las ventas, las operaciones
cuestionadas no generaban IVA asumido ni la demandante tenía la condición de
responsable de IVA respecto de ellas.

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Así las cosas, el soporte documental aplicable era el previsto en el artículo 3 del
Decreto 3050 de 1997 con el lleno de los requisitos allí enumerados, y no el
documento equivalente regulado por el artículo 3 del Decreto 522 de 2003, norma
especial que aplica únicamente para operaciones gravadas respecto de las cuales
el adquirente asume el impuesto correspondiente.

Por lo mismo, no resulta exigible el requisito de numeración consecutiva invocado
por la Administración para rechazar los costos. Verificado que los documentos
aportados por la demandante como soporte de las operaciones reúnen los
requisitos previstos en el artículo 3º del Decreto 3050 de 1997, la Sala concluye
que los costos derivados del servicio de transporte son procedentes. En
consecuencia, el cargo prospera y, a título de restablecimiento del derecho, se
efectuará la modificación correspondiente de la liquidación.

Rechazo global de costos y deducciones ($382.866.308)

Acorde con el recurso de alzada, el debate yace en determinar si la demandante
acreditó que los costos y gastos declarados coinciden con los registrados en su
contabilidad, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre factores que
disminuyen la base gravable y, por consiguiente, la carga de la prueba corresponde
a quien los invoca.

El artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos se
debe fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, y son
admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y
por la legislación civil en lo que sea compatible con aquella; no obstante, el artículo
743 ibidem señala que la idoneidad de los mismos depende de las exigencias
legales para demostrar determinados hechos; al tiempo que el artículo 176 del CGP
prevé que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas
de la sana crítica.

Así pues, el artículo 772 del ET dispone que la contabilidad constituye un medio de
prueba admisible en materia fiscal a favor del contribuyente, y los artículos 773 y
774 del mismo estatuto regulan la forma y requisitos para llevarla y para que
constituya prueba suficiente. Este alcance probatorio «no se ve afectado por la
circunstancia de que la prueba contable sea aportada a través de certificaciones de
contador o revisor fiscal, en los términos contemplados por el artículo 777 del ET», sin
perjuicio de la facultad de la administración de hacer las comprobaciones
pertinentes. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha precisado que la fuerza
probatoria de este certificado depende de la capacidad que tiene para demostrar el
hecho investigado, que surge de que indique si la contabilidad se lleva conforme a
la ley, contenga «algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos
correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse»21, no siendo suficiente que
contenga «simples afirmaciones o enunciaciones, carentes de respaldo documental y/o

21
Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 30 de abril de 1998, exp. 8725 MP. Delio Gómez Leyva;
del 27 de noviembre de 1998, exp. 9099, MP: Julio Enrique Correa Restrepo; del 15 de octubre de 1999, exp. 9387, MP. Delio
Gómez Leyva; del 20 de marzo de 2003, Exp. 12951, MP. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 1 de abril de 2004, exp. 13681,
MP. María Inés Ortiz Barbosa y del 8 de julio de 2010, exp. 16508, MP: William Giraldo Giraldo. Reiteradas en la sentencia
del 4 de diciembre de 2025, Exp. 29566, MP: Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

contable»22 y estén acompañados de copia de los correspondientes soportes
contables23.

En ese marco, el artículo 744 del ET establece que las pruebas deben obrar en el
expediente administrativo por formar parte de la declaración, haber sido allegadas
en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del
deber de información, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al
requerimiento especial o su ampliación, haberse acompañado al recurso o pedido
en este, o haberse practicado de oficio, entre otros eventos.

La posibilidad de aportar pruebas no se agota en sede administrativa, en la medida
en que Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
contempla nuevas oportunidades24 para presentar pruebas que acrediten los
hechos objeto del litigio. En ese supuesto, la Sala ha considerado que el
contribuyente tiene la facultad para presentar con la demanda nuevas pruebas o
mejorar las recaudadas en la actuación administrativa con el propósito de desvirtuar
la legalidad de los actos acusados, «lo cual exige que el juez las valore y determine si
cumplen [con] la finalidad [de] llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden
demostrar»25.

Adicionalmente, el artículo 775 del ET señala la prevalencia de los libros de
contabilidad de un contribuyente frente a la declaración de renta, cuando existan
diferencias en las cifras; mientras que, el artículo 776 ibidem establece la
prevalencia de las cifras de costos y deducciones soportadas en los comprobantes
externos sobre las registradas en los asientos contables, cuando existan
discrepancias entre ellas.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que, en ejercicio de sus facultades de
fiscalización, la Administración requirió a la sociedad contribuyente para que
allegara sus libros de contabilidad y estados financieros con corte a 31 de diciembre
de 2013. La información fue aportada en diferentes oportunidades durante el
procedimiento tributario y presentó inconsistencias entre las cifras de costos y
deducciones registradas entre los distintos libros entre sí, en los estados financieros
y en la declaración del año gravable 2013, como se observa a continuación:

Concepto Declaración Estado de Libro Mayor y Libro Auxiliar Libro Balance
Renta A.G. Resultados Balances a 31 acumulado por general por
2013 comparativo de diciembre tercero mes a cuenta de ene-
2012-2013 de 2013 mes de las dic de 2013
–aportado el 5 de –aportado el 9 de cuentas 5 y 6 –aportado el 20 de
abril de 2016– noviembre de abril de 2016–28
2015–26

22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 25 de noviembre de 2004, exp. 14155, MP. María Inés Ortiz Barbosa;
6 de agosto de 2014, Exp. 19288, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiteradas en la sentencia del 4 de diciembre de
2025, exp. 29566, MP: Luis Antonio Rodríguez Montaño.
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 21 de junio de 2018, Exp, 22154, MP. Milton Chaves García; 30 de
mayo y 2 de octubre de 2019, Exp. 23140 y 21518, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; y 21 de febrero de 2019, exp. 21366,
MP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
24
Artículo 162, numeral 5, 166, numeral 2 y 175, numeral 4.
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 14 de junio y 4 de octubre de 2018, exps. 21061 y 19775, MP. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
26
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 3. ANEXO 1
CONTESTACION DEMANDA, pp. 180-182 y Archivo: 4. ANEXO 2 CONTESTACION DEMANDA, pp. 85-129.
28
Samai, índice 23, Archivo: 21_MemorialWeb_Respuesta-TOMO_03_TREINCO, pp. 200-206.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

–aportado el 5 de
abril de 2016–27
Total $5.879.556.000 $5.876.556.000 $4.544.847.771 $4.544.847.771 $4.544.847.771
costos
Total $188.568.000 $188.568.000 $1.137.409.921 $1.145.184.709 $1.145.184.709
gastos
Total $6.065.124.000 $6.065.124.000 $5.682.257.692 $5.690.032.480 $5.690.032.480
costos y
gastos
Diferencia con lo declarado: $382.866.308 $375.091.520 $375.091.520

La información consignada en el cuadro permite advertir que el estado de resultados
coincide con las cifras declaradas por la contribuyente. Sin embargo, los libros de
contabilidad no registran las mismas cifras de costos y deducciones y, en todo caso,
reflejan valores inferiores a los declarados.

A partir de esa verificación, en el acta de inspección tributaria de 16 de junio de
201629, se concluyó que la sumatoria de costos y gastos en el Libro Mayor y
Balances a 31 de diciembre de 2013 -aportado por la sociedad el 9 de noviembre de
2015- por el monto de $5.682.257.692, refleja una diferencia de $382.866.308 en
comparación con la suma de $6.065.124.000 declarada.

Con fundamento en lo anterior, el requerimiento especial propuso rechazar ese
mayor valor declarado, al considerar que las cifras registradas en los asientos
contables del Libro Mayor y Balance prevalecen sobre las indicadas en la
declaración de renta, de acuerdo con el artículo 775 del ET30. Esta glosa se mantuvo
en la Liquidación Oficial de Revisión31 y en la Resolución que resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto32, en los que se añadió que la certificación expedida por
revisor fiscal33 con la que la sociedad pretendió aclarar las inconsistencias
advertidas, se limitaba a afirmar que los ingresos, costos y deducciones se
encontraban debidamente reportados en la declaración, sin aportar elementos de
juicio que permitieran explicar las diferencias evidenciadas entre la contabilidad y
los estados financieros con base en los cuales se elaboró la declaración de renta.

En sede administrativa34 y judicial, la demandante ha sostenido que la
Administración valoró únicamente un balance de prueba que contenía ciertas
cuentas contables, y omitió considerar los estados financieros certificados que
registran valores de costos y gastos que coinciden con los declarados por el año
gravable 2013.

No obstante, la Sala observa que los documentos aportados en sede judicial
tampoco logran disipar las inconsistencias advertidas por la Administración. Por el
contrario, introducen nuevas divergencias respecto de las cifras inicialmente
reportadas.

27
Ib., Archivo: 5. ANEXO 3 CONTESTACION DEMANDA, pp. 18-19, 79-80, 147 y 153-197; y Archivo: 8. ANEXO 6 CONTESTACION
DEMANDA, p. 88.
29
Ib., Archivo: 8. ANEXO 6 CONTESTACION DEMANDA, p. 91-92.
30
Ib. folios digitales 71-84.
31
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 10. ANEXO 8
CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 71-194.
32
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 12. ANEXO 10
CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 149-175.
33
Ib. folio digital 59.
34
Ib. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 9. ANEXO 7 CONTESTACION DEMANDA, folios
digitales 8-37, y Archivo: 10. ANEXO 8 CONTESTACION DEMANDA, pp. 209-235.

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Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

En efecto, con la presentación de la demandada, la sociedad aportó los libros Mayor
y Balance, Balance de Gastos y Auxiliar por terceros de las cuentas de costos y
gastos con corte a 31 de diciembre de 201335, en los que se registran las cuentas
cerradas de costos con saldo de $5.061.216.548 y de gastos por $1.145.184.709,
para un total de costos y gastos de $6.206.401.257, cifra que supera los valores
declarados y que, según la certificación expedida el 5 de julio de 2018 por el revisor
fiscal de la sociedad demandante36 -que difiere en nivel de detalle de la allegada en sede
administrativa-, obedecen a partidas registradas contablemente que no son
fiscalmente deducibles en su totalidad. A esto, añadió que en los libros de Balance
General, Balance de Gastos, y Mayor y Balances con corte a 31 de diciembre de
2013 se registraron costos por $6.017.833.000 y gastos por $188.568.000, para un
total de $6.206.401.000.

Pues bien, la Sala advierte la existencia de diferencias significativas entre el libro
Mayor y Balance aportado el 9 de noviembre de 2015 -con base en la cual se determina
la diferencia de cifras en los actos acusados- y el allegado con la demandada,
particularmente respecto de las cuentas 5135 de «servicios», 6130 «construcción» y
6145 de «transporte y almacenamiento», así como con el estado de resultados
comparativo 2012-2013 de la demandante; como se observa a continuación:
Estados Financieros
Libro Mayor y Balances
(B-D=E)
(D) Diferencia
Estado de con los
(A) (B) (A-B=C) resultados - aportados
Allegado el Aportado con la Diferencia Comparativo con la
Cta Concepto 15-11-2015 Demanda entre libros demanda
5105 Gastos de personal 216.606.973 216.606.973 0 -
5110 Honorarios 6.864.000 6.864.000 0 -
5115 Impuestos 1.470.000 1.470.000 0 -
5120 Arrendamientos 1.460.000 1.460.000 0 -
5130 Seguros 25.429.622 25.429.622 0 -
5135 Servicios 3.892.592 11.667.380 7.774.788 -
5155 Gastos de viaje 1.332.300 1.332.300 0 -
5195 Diversos 103.565.678 103.565.678 0 -
5215 Impuestos 774.982.800 774.982.800 0 -
5315 Gastos extraordinarios 1.530.456 1.530.456 0 -
5395 Gastos diversos 275.500 275.500 0 -
Total de gastos 1.137.409.921 1.145.184.709 7.774.788 188.568.000 -956.616.709
6130 Construcción 763.489.372 561.478.072 -202.011.300 -
6135 Comercio al por mayor y al por 63.920.382 63.920.382 0 -
6145 Transporte y almacenamiento 2.961.609.622 3.679.502.499 717.892.877 -
6155 Actividades inmobiliarias Emp 22.000 22.000 0 -
6165 Servicios sociales y de salud 220.400 220.400 0 -
6205 Mercancías 755.585.995 756.073.195 487.200 -
Total de costos 4.544.847.771 5.061.216.548 516.368.777 5.876.556.000 815.339.452
Total costos y gastos 5.682.257.692 6.206.401.257 524.143.565 6.065.124.000 141.277.254

Si bien los saldos de costos y gastos registrados en los libros Mayor y Balance,
Balance de Gastos y auxiliar de las cuentas 5 y 6, allegados con la demanda
coinciden entre sí y corresponden al cierre de las respectivas cuentas, cierto es que
las diferencias advertidas en las cuentas de servicios, construcción y transporte no
fueron explicadas por la demandante ni por la certificación expedida por el revisor
fiscal.

35
Samai, exp. Tribunal, índice 11 Archivos: Demanda 2, folios digitales 394-397 y Acta de reparto, folios digitales 1-6.
36
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Archivo: Acta de reparto, folios digitales 7-9.

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15

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

Además, los libros allegados en sede judicial tampoco logran respaldar los valores
declarados, pues registran un total de costos y gastos superior al reflejado en los
estados financieros certificados con corte a 31 de diciembre de 2013 -en particular,
al estado de resultados comparativo 2012-2013-.

En estas condiciones, la certificación expedida por el revisor fiscal carece de la
fuerza demostrativa necesaria para desvirtuar la glosa propuesta por la
Administración. Si bien dicha certificación informa los saldos registrados en los libros
de contabilidad al cierre del ejercicio, no explica las razones de las discrepancias
existentes entre los distintos documentos contables aportados ni expone los
movimientos, reclasificaciones, ajustes de cierre o consolidaciones posteriores que
permitan reconstruir la trazabilidad de las cifras declaradas, especialmente, las
diferencias advertidas entre los libros aportados en sede administrativa y judicial y
los estados financieros certificados.

La Sala ha precisado que las certificaciones expedidas por contador público o
revisor fiscal constituyen un medio de prueba idóneo en materia tributaria
únicamente cuando contienen un grado suficiente de detalle respecto de los libros,
cuentas y asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse y se
encuentran respaldadas por los soportes contables pertinentes. Tales exigencias no
se satisfacen en el presente caso.

Pues bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 50 del Código de
Comercio, 4 y 11 del Decreto 2649 de 1993, la contabilidad debe suministrar
información clara, completa, verificable y que presente fielmente la realidad del ente
económico, de forma que la información financiera sea comprensible, útil y
confiable. En esa medida, los libros de contabilidad y los estados financieros, al
provenir de los mismos registros contables, deben guardar correspondencia entre
sí, de modo que no resulta admisible la existencia de diferencias sustanciales e
injustificadas respecto de una misma partida, pues tales inconsistencias
comprometen la confiabilidad y la eficacia probatoria de la contabilidad.

Por consiguiente, la valoración conjunta del acervo probatorio conduce a concluir
que la demandante no acreditó que los costos y deducciones declarados y
reflejados en los estados financieros certificados coincidan con los registrados en
su contabilidad, de manera que no logró desvirtuar la diferencia de $382.866.308
que dio lugar al rechazo propuesto en los actos acusados.

Tampoco resulta procedente la aplicación del artículo 745 del ET, puesto que la
controversia recae sobre aspectos de la base gravable modificados por la
Administración, por tanto, correspondía a la demandante la carga de demostrar la
procedencia de los costos y gastos rechazados en los actos acusados, conforme al
artículo 167 del CGP, sin que las pruebas aportadas otorguen certeza sobre la
correspondencia de las cifras declaradas con las registradas en la contabilidad. Por
consiguiente, el cargo no prospera.

Costos de mano de obra de construcción ($275.972.259)

Frente al rechazo de costos operativos de prestación de servicios de mano de obra
de construcción, la discusión gira en torno a la procedencia de los documentos
equivalentes que carecen de la numeración consecutiva exigida por los artículos

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771-2 de ET y 3 del Decreto 522 de 2003, como soporte de estas expensas, ya que
la realidad de los costos está acreditada a través de otras pruebas.

Conforme al artículo 743 del ET, la idoneidad de los medios de prueba depende de
las exigencias que, para establecer determinados hechos establezcan la legislación
tributaria y otros ordenamientos que regulan el hecho por demostrar. A su vez, el
artículo 771-2 ibidem supedita la procedencia de costos y deducciones a su soporte
en factura o documento equivalente que reúna los requisitos legalmente previstos.
Tratándose de documentos equivalentes, deben acreditarse, entre otros, los
requisitos relativos a la identificación de las partes, la fecha de expedición, el valor
de la operación y la numeración correspondiente.

No obstante que, la factura o documento equivalente constituye tarifa legal
probatoria para la procedencia de costos y deducciones, ha sido criterio reiterado
de esta Sección que el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo
771-2 del Estatuto Tributario no impide que la administración, en ejercicio de sus
facultades de fiscalización, verifique la realidad material de las operaciones
económicas que soportan los costos declarados.37 Sin que ello se traduzca en que
la acreditación de la realidad económica de la operación mediante otros medios de
prueba no releva al contribuyente del cumplimiento de las exigencias documentales
previstas por el legislador.

Con el propósito de acreditar los costos discutidos por valor de $275.972.259, la
demandante aportó el Contrato de obra 205 de 2012, suscrito el 31 de diciembre
de 2012 entre el Instituto de Desarrollo del Meta y Treinco Ltda., con el objeto de
adelantar «Horas de maquinaria tipo Bulldozer y/o retroexcavadora de oruga para el
encauzamiento del río Guacavia y la terminación del dique existente en la inspección de
Guacavia, municipio Cumaral - Meta»38, con sus respectivas actas de prórroga,
aclaratoria y terminación39.

Asimismo, allegó contratos de prestación de servicios de mano obra celebrados
con los señores Luis Felipe Montaño, Miguel Arcángel Hernández Hernández e Iván
Alejandro Mejía González40 para la ejecución de dichas obras, así como
declaraciones extrajuicio de los contratistas41, cuentas de cobro emitidas por
estos42, cheques girados a su favor43 y comprobantes de egreso que reflejan
pagos relacionados con dichas actividades.

De la valoración conjunta de ese material probatorio se advierte la efectiva
prestación de servicios de mano de obra de construcción por personas naturales y
la realización de pagos asociados a la ejecución de las obras de protección y
encauzamiento del río Guacavia. Sin embargo, los costos cuya aceptación se
pretende están soportados en documentos equivalentes que carecen de número
consecutivo, circunstancia expresamente reconocida por la demandante y que

37
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de marzo de 2018, Exp. 21041, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
38
Samai, exp. Tribunal, índice 11. Carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 4. ANEXO 2
CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 137-151, 191-196, 198-200 y 132-134.
39
Estos documentos fueron allegados por dicho Instituto con ocasión de la visita de verificación que le fue realizada por la
DIAN el 23 de noviembre de 2015.
40
Ib. folios digitales 77-80, 81-84 y 85-88.
41
Ib. folios digitales 89-91, 92-94 y 95-96.
42
Ib. folio digital 119.
43
Ib. folios digitales 97-106.

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pretende suplir con dichas pruebas, con fundamento en el principio constitucional
de prevalencia de la sustancia.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del
artículo 771-2 del ET44, precisó que la exigencia de factura o documento equivalente
con determinados requisitos mínimos no constituye una restricción irrazonable de la
libertad probatoria, sino un mecanismo legítimo para garantizar la certeza de las
operaciones económicas, fortalecer el control tributario y combatir la evasión fiscal;
que materializa un deber constitucional y corresponde a un mínimo de diligencia en
las actividades propias del tráfico mercantil, que no implica «que el adquirente de
bienes y servicios deba responder por la conducta negligente de un tercero -el obligado a
expedir la factura-, sino más bien que asuma su propia responsabilidad como persona que
al participar en la operación económica tiene la obligación de exigir la factura o documento
equivalente, coadyuvando de esta forma con el ejercicio de las tareas asignadas a las
autoridades competentes en el control a la evasión».

Asimismo, destacó que los requisitos exigidos para la factura y los documentos
equivalentes no corresponden a meras formalidades carentes de contenido
sustancial, sino a elementos indispensables para verificar la existencia,
características y alcance de las operaciones que sirven de fundamento a los
beneficios tributarios reclamados por los contribuyentes, así:

«Y, por último, la Corte considera que el cargo por desconocimiento del artículo 228 de
la Carta tampoco está llamado a prosperar, pues como ya fue explicado, siendo la
factura una exigencia importante en el modelo de hacienda pública diseñado por el
legislador y compatible con el ordenamiento constitucional, su trascendencia va más
allá del ámbito meramente formal para constituirse en presupuesto mismo para la
configuración de un derecho sustancial. No es la simple transacción la que configura el
derecho a registrar los costos, deducciones e impuestos descontables, sino el hecho de
haberla realizado dentro del marco de la ley y bajo las formalidades por ella exigidas,
las cuales, como se ha visto, resultan plenamente legítimas a la luz de la Carta Política.»

En esa medida, el principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma no permite
desconocer exigencias legales expresamente establecidas para la procedencia de
costos y deducciones, pues la observancia de tales requisitos integra el presupuesto
mismo del derecho sustancial que se pretende hacer valer, esto es, la procedencia
de costos y deducciones en el impuesto de renta, así como de los impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, conforme lo ha reconocido la Sala en
oportunidades anteriores45.

Así las cosas, aun cuando los contratos, declaraciones, cheques y comprobantes
de egreso constituyen elementos que respaldan la realidad material de las
operaciones, tales medios de prueba no sustituyen el cumplimiento del artículo 771-
2 del ET.

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que es la misma sociedad que pretende
detraer los costos, quien, en condición de adquirente de servicios gravados con IVA,
responsable del régimen común, tenía el deber formal de expedir el documento
equivalente con el lleno de los requisitos legales; por lo que ahora no puede
reclamar el derecho a detraer los costos invocando la procedencia de pruebas
supletorias con base en el principio de primacía de la sustancia sobre formal para
44
Corte Constitucional, sentencia C-733 de 26 de agosto de 2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
45
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de marzo de 2018, Exp. 21041, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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sustraerse de las consecuencias de su propia torpeza, por tanto, no se exigió
comprobación especial al respecto.

En consecuencia, la Sala concluye que los documentos equivalentes aportados
como soporte de los costos derivados de la prestación de servicios gravados
realizados por personas naturales pertenecientes al régimen simplificado, no
satisfacen la tarifa legal al carecer del requisito mínimo de numeración exigido por
los artículos 771-2 del ET y 3° del Decreto 522 de 2003.

En suma, reconocido por las partes que los documentos equivalentes expedidos
por la demandante no contienen numeración y establecido que dicho soporte no
constituye una mera formalidad, no resultan procedente el reconocimiento de los
costos cuestionados con base en las pruebas supletorias antes descritas, por existir
tarifa legal en materia probatoria, cuya observancia es obligatoria.

Tampoco prospera la solicitud subsidiaria de reconocimiento de costos presuntos
derivados de los contratos de mano de obra, habida cuenta que ninguno de los
supuestos de hecho establecidos en el artículo 82 permite estimar supletoriamente
los costos derivados de la prestación de servicios o de actividades distintas a la
venta de activos, como lo ha precisado la Sala al pronunciarse sobre el alcance de
la disposición cuya aplicación se reclama46. Además, los métodos de estimación de
costo allí previstos tampoco constituyen una herramienta destinada a suplir las
exigencias legales que deben reunir los documentos soporte de costos para su
detracción en la depuración de la renta y, en todo caso, contrario a lo alegado por
el apelante como sustento de su petición, la realidad de los costos fue reconocida
por la entidad demanda en los actos acusados y se demostró con las pruebas
allegadas por la demandante.

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.

Adición de renta gravable por comparación patrimonial

La demandante cuestiona la adición de renta gravable por comparación patrimonial
en cuantía de $235.895.000, porque el incremento patrimonial registrado entre los
años gravables 2012 y 2013 se encuentra justificado por las variaciones de las
cuentas de revalorización del patrimonio y utilidad del ejercicio, reflejadas en los
estados financieros de los estados de cambios en la situación financiera y cambios
en el patrimonio del año 2013.

El Tribunal desestimó ese planteamiento y validó la posición de la DIAN, al
considerar que las variaciones contables invocadas explican únicamente la
diferencia patrimonial inicial de $485.503.000, mas no la diferencia patrimonial
gravable de $235.895.000, determinada una vez aplicados los ajustes previstos en
los artículos 236 y 237 del Estatuto Tributario y en el artículo 91 del Decreto 187 de
1975. Por tanto, concluyó que las razones aducidas no pueden constituir la
justificación de la diferencia patrimonial definitivamente establecida.

46
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 9 de febrero de 2023 y 23 de mayo de 2024, exps. 26235, 27056 y
27647, MP. Wilson Ramos Girón; 25 de noviembre de 2021, exp. 24120, MP. Myriam Stella Gutiérrez Arguello; 25 de julio de
2019, exp. 21030, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez y 8 de agosto de 2019, exp. 22211, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
25 de abril de 2016, Exp. 20384, MP. Martha Teresa Briceño de Valencia; 4 de agosto de 2022, 28 de abril de 2022, y 25 de
julio de 2019, exps. 24927, 23989 y 21030, MP. Julio Roberto Piza Rodríguez; y 5 de febrero de 2019, exp. 20851, MP.: Stella
Jeannette Carvajal Basto; y 5 de junio de 2025, exp. 29037, MP. Wilson Ramos Girón.

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En los actos demandados, la DIAN añadió que, de la dinámica de la cuenta 34
«revalorización del patrimonio», se desprende que su origen es heterogéneo y que,
por tanto, los valores allí registrados deben encontrarse respaldados por los
respectivos comprobantes contables y por las disposiciones tributarias que les
sirven de fundamento, circunstancia que no fue acreditada por la contribuyente. Lo
anterior, por cuanto los estados financieros aportados únicamente reflejan un valor
global por dicho concepto, sin explicar los hechos económicos que dieron lugar a su
registro.

La controversia se circunscribe, entonces, a establecer si las variaciones registradas
en las cuentas de revalorización del patrimonio y utilidad del ejercicio constituyen
causa suficiente para justificar el incremento patrimonial gravable determinado por
la administración. Para resolver esta cuestión, es necesario establecer previamente
cuál es el rubro que debe ser objeto de justificación por parte de la sociedad: si la
diferencia patrimonial inicial -según aduce la demandante-, o la diferencia patrimonial
gravable resultante de los ajustes legales -como sostiene el a quo y la demandada-.

De acuerdo con el artículo 236 del ET, cuando la renta ajustada resulte inferior a la
diferencia patrimonial ajustada, la diferencia constituye renta gravable; a menos que
el contribuyente demuestre las causas que justifican el incremento patrimonial.

En concordancia con los artículos 237 del ET y 91 del Decreto 187 de 197547, la
renta ajustada está integrada por la suma de la renta gravable, las rentas exentas y
la ganancia ocasional neta; menos los impuestos de la renta y complementarios
pagados durante el año gravable. Por su parte, la diferencia patrimonial ajustada se
obtiene al sustraer del patrimonio líquido del último periodo gravable, el valor del
patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, efectuando posteriormente
los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales.

De esta manera, los ajustes fiscales permiten establecer la comparación patrimonial
ajustada que refleje de forma más precisa la realidad económica del contribuyente.
No obstante, el artículo 236 ibidem impone a este la carga de acreditar otras causas
que demuestren el incremento del patrimonio cuando las diferencias evidenciadas
no se explican plenamente mediante los ajustes previstos.

En ese contexto, el incremento patrimonial que debe ser objeto de justificación no
corresponde a la diferencia patrimonial inicial entre un período y otro, sino a la
diferencia patrimonial gravable que subsiste luego de aplicar los ajustes legales.
Esto obedece a que el sistema de comparación patrimonial constituye un «método
de fiscalización para gravar el excedente no justificado de la diferencia de los patrimonios
líquidos de los dos últimos años en relación con las rentas obtenidas en el último período

47
«Por medio del cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios.
[…]
Artículo 91. Renta por comparación de patrimonios. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de
patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta […] y las rentas exentas. De esta suma
se sustrae el valor de […] los impuestos de renta y complementarios, […] recargos y sanciones pagados durante el año
gravable incluyendo retención y anticipo efectivamente pagado.
Si este resultado es inferior a la diferencia entre los patrimonios líquidos declarados en el año gravable y en el ejercicio
inmediatamente anterior, previos los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales, incluyendo los reavalúos
autorizados en los artículos 51 y 52 del decreto 2247 de 1974 dicha diferencia se tomará como renta gravable, a menos que
el contribuyente demuestre las causas justificativas del incremento patrimonial».

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gravable»48. En el caso concreto, ese valor asciende a $235.895.000, como se
observa a continuación:

Diferencia de Patrimonios
Concepto Valor
Patrimonio líquido A.G. investigado - 2013 $ 2.450.508.000
(-) Patrimonio líquido A.G. anterior 2012 $ 1.965.005.000
(=) Diferencia patrimonial inicial $ 485.503.000
(+) Desvalorizaciones $ 0
(-) Valorizaciones $ 0
(=) Diferencia patrimonial ajustada $ 485.503.000

Ajuste a la renta
Concepto Valor
Renta líquida gravable año investigado $ 485.503.000
(+) Renta exenta $ 0
(+) INCRNGO $ 0
(+) Ganancia ocasional neta $ 0
(-) Retenciones en la fuente $ 93.948.000
(-) Impuesto a cargo $ 121.376.000
(-) Anticipo efectivamente pagado $ 20.571.000
(=) Renta ajustada $ 249.608.000

Cálculo renta por comparación patrimonial Valor
Diferencia patrimonial ajustada $ 485.503.000
(-) Renta ajustada $ 249.608.000
(=) Diferencia patrimonial gravable $ 235.895.000

Es así que, tal como lo señaló el a quo, la diferencia patrimonial ajustada -
$485.503.000-, tan sólo constituye uno de los parámetros de comparación necesarios
para determinar la existencia de un verdadero incremento patrimonial gravable.

Para justificar la diferencia patrimonial gravable por valor de $235.895.000, la
demandante alegó que en el año 2013 se registraron variaciones en las cuentas de
revalorización del patrimonio y resultados del ejercicio. En sede administrativa y
judicial, aportó el balance general y estado de resultados con corte a 31 de
diciembre de 201349 que reflejan saldos de $1.862.660.000 en la cuenta 3405 de
«Ajustes por inflación»50 y de $485.503.000 en la cuenta 3805 de «utilidad del ejercicio».

Asimismo, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, allegó el balance
general comparativo 2012-2013, el estado de resultados comparativo 2012-2013
con sus respectivas notas, así como los estados de cambios en la situación
financiera, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, con corte a 31 de
diciembre de 201351.

De acuerdo con el balance general comparativo 2012-2013 y el estado de cambios
en el patrimonio a 31 de diciembre de 2013, en el año gravable revisado se
registraron las siguientes variaciones en el patrimonio:
48
Consejo de Estados, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de octubre de 2006, MP. Juan Ángel Palacio Hincapié.
49
Samai, Índice 11, Exp. Tribunal; carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 10.
ANEXO 8 CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 270-271.
50
La cuenta 3405 corresponde a «Ajustes por inflación» dentro del grupo de cuentas 34 de «Revalorización del Patrimonio».
51
Samai, Índice 11, Exp. Tribunal; carpeta: 17Incorpora exped_OneDrive_1_952024zip - ANEXOS(.zip); Archivo: 5. ANEXO
3 CONTESTACION DEMANDA, folios digitales 141-152.

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21

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

Patrimonio 2013 2012 Variación absoluta
Capital social autorizado $ 303.000.000 $ 303.000.000 $0
Reserva legal $ 6.329.000 $ 6.329.000 $0
Revalorización del patrimonio $ 1.655.676.000 $ 1.596.771.000 $ 58.905.000
Utilidad del ejercicio actual $ 485.503.000 $ 58.905.000 $ 426.598.000
Total Patrimonio $ 2.450.508.000 $ 1.965.005.000 $ 485.503.000

De lo anterior se desprende que las cuentas de revalorización del patrimonio y
utilidad del ejercicio registraron incrementos de $58.905.000 y $426.598.000,
respectivamente.

Por su parte, el estado de cambios en la situación financiera a 31 de diciembre de
2013 se indica que la revalorización del patrimonio corresponde el saldo de la
cuenta 3405 -por valor de $1.655.676.000-, rubro que, conforme al Plan Único de
Cuentas establecido en el Decreto 2649 de 1993, corresponde a los ajustes
integrales por inflación.

Sobre este aspecto, la Sección ha precisado que los ajustes por inflación no forman
parte de los ajustes al patrimonio que se realizan previamente a la determinación
de la renta por comparación patrimonial, por cuanto no corresponden a
valorizaciones de carácter nominal52, ya que implican un aumento real del valor de
los activos no monetarios53, pero no de tipo nominal porque implican un mayor valor
real de los activos por efecto de la inflación y generan, a su vez, un ingreso por el
mismo concepto, que debe reflejarse en la declaración de renta.

Aunque la Sala ha reconocido que los ajustes por inflación pueden constituir una
causa justificativa del incremento patrimonial frente al periodo anterior, en la medida
en que el valor de los activos puede aumentar por efectos de la inflación , «sin que
necesariamente se refleje en la renta declarada del contribuyente»; dicha circunstancia
debe demostrarse mediante la contabilidad.

Con base en esa premisa, se advierte que en el sub examine el demandante no
justificó claramente el origen de la diferencia patrimonial, pues se limitó a indicar
que obedecían a variaciones contables en el patrimonio por revalorización y utilidad
del ejercicio, que se reflejan en los estados financieros de balance general y de
resultados, cuya valoración reclamó sin siquiera precisar que correspondían al
efecto de los ajustes por inflación y menos, aportar soportes que permitieran tener
certeza sobre el origen de esas partidas.

La falencia probatoria y argumentativa resulta aún más evidente si se tiene en
cuenta que el sistema general de ajustes integrales por inflación fue derogado por
el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006, por lo que perdieron reconocimiento contable
y fiscal a partir del año gravable 2007. En ese sentido, la demandante no podía
justificar el incremento patrimonial acudiendo a ajustes por inflación, pues para el
año 2013 era improcedente actualizar sus activos por efecto de la inflación.

52 Las valorizaciones nominales se presentan cuando los bienes adquieren un mayor precio únicamente por efecto del uso
de métodos técnicos o legales de actualización, sin que implique desembolso o ingreso alguno.
53
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 10 de febrero de 2003, Exp. 13217, MP. Ligia López Díaz; y del 5 de
diciembre de 2011, Exp. 16332, MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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22

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00234-01 (29279)
Demandante: Treinco LTDA en Liquidación

Así, al no acreditar la incidencia de eventuales efectos inflacionarios, carga que le
correspondía tras la aplicación de la presunción prevista en el artículo 236 del ET,
ni explicar el origen de tal variación patrimonial, la diferencia patrimonial gravable
$58.905.000 se mantiene injustificada.

Tampoco resulta procedente la justificación basada en la variación de la cuenta
3805 de «utilidad del ejercicio» por valor de $426.598.000, que se evidencia en el
balance comparativo 2012-2013 y el estado de cambios en el patrimonio a 31 de
diciembre de 2013. Al respecto, debe tenerse en cuenta que al cierre del período
contable las cuentas de resultado -esto es, las de ingresos, costos y gastos- deben
cerrarse para determinar el resultado del ejercicio y, una vez, realizado lo anterior,
el saldo neto resultante se transfiere a la cuenta de patrimonio como utilidad o
pérdida del ejercicio, por disposición del artículo 60 del Decreto 2649 de 1993. En
tal virtud, las cuentas de resultado quedan saldadas y únicamente permanecen
abiertas las cuentas del balance que ya incorporan el efecto patrimonial derivado
del resultado económico del ejercicio.

Ese tratamiento contable es concordante con el sistema de comparación patrimonial
previsto en los referidos artículos 236 y 237 del ET y 91 del Decreto 187 de 198,
comoquiera que este parte de la premisa según la cual el incremento del patrimonio
ajustado de un contribuyente debe guardar correspondencia con los ingresos
obtenidos durante el período, una vez descontadas las erogaciones efectivamente
realizadas54 -esto es, la renta ajustada-. De ese modo, los ajustes tanto a la renta
como al patrimonio permiten identificar únicamente aquél incremento patrimonial
que permanece sin explicación.

De ahí que, en este caso, el excedente no justificado de $235.895.000 se estableció
a partir de la diferencia entre los patrimonios líquidos de los últimos dos años por
valor de $485.503.000, en relación con las rentas obtenidas en el último periodo por
$249.608.000, siendo esta última cifra el resultado de detraer de la renta líquida
gravable del periodo revisado, el valor de las retenciones practicadas, el impuesto
a cargo y el anticipo efectivamente pagado, habida cuenta que no se declararon
sumas correspondientes a rentas exentas, ganancia ocasional neta e ingresos no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que tuvieran que adicionarse.

De ello se sigue que, la utilidad del ejercicio –como expresión contable de la renta
obtenida durante el periodo– ya se encuentra incorporada en el cálculo de la renta
ajustada que sirve de parámetro para establecer la existencia de un aumento
patrimonial injustificado, conforme al método legalmente previsto. En otras palabras,
los resultados del periodo ya fueron utilizados para disminuir la diferencia inicial
entre los patrimonios, por cuyo efecto pasó de $485.503.000 a $249.608.000.

Aceptar que esa misma utilidad pueda invocarse nuevamente como causa
autónoma de justificación equivaldría a reconocer dos veces un mismo concepto
económico: primero, como componente de la renta ajustada que reduce la diferencia
patrimonial inicial y, posteriormente, como explicación independiente del aumento
patrimonial remanente. Tal entendimiento desnaturalizaría el mecanismo de
comparación patrimonial, pues permitiría desvirtuar ese incremento que se

54
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 17 de junio de 2010, Exp. 16731, MP. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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mantiene injustificado con un concepto que el legislador ya tuvo en cuenta al diseñar
el procedimiento de depuración.

Por consiguiente, la variación de la cuenta «utilidad del ejercicio» no constituye una
causa justificativa adicional del incremento patrimonial gravable, pues representa el
mismo resultado económico que ya fue, de una parte, incorporado al patrimonio
mediante el cierre contable y, de otra, considerado fiscalmente en la determinación
de la renta ajustada empleada como parámetro para establecer la diferencia
patrimonial susceptible de ser adicionada como renta líquida gravable.

En consecuencia, al no haberse acreditado las causas que expliquen el incremento
patrimonial gravable determinado por la Administración, el cargo de apelación no
prospera.

En cuanto a la sanción por inexactitud, sería del caso reliquidarla dada la
procedencia de los costos de transporte de mercancía por $2.441.849.036, de no
ser porque este valor y el monto rechazado por concepto de costos de mano de
obra no fueron incluidos en la base para liquidar dicha sanción en los actos
demandados.

Sin embargo, frente a las demás glosas propuestas, la Sala advierte que la
demandante incurrió en conductas constitutiva de inexactitud sancionable, en los
términos de los artículos 647 y 647-1 del Estatuto Tributario, al incluir costos y
gastos improcedentes que redujeron el saldo a pagar en la declaración del impuesto
sobre la renta; y omitir ingresos a través de rentas que ha sido capitalizadas
evidencia por la falta de justificación probatoria idónea del incremento patrimonial
gravable55. Asimismo, no se encuentra que exista diversidad de criterios en la
interpretación del derecho aplicable, sino la ausencia de demostración de que las
cifras denunciadas por costos y gastos fueran veraces en su totalidad, así como un
desconocimiento de las disposiciones que regulan el mecanismo para calcular la
renta por comparación patrimonial, así como los conceptos que la desvirtúan. En
consecuencia, se configura los supuestos de inexactitud sancionable previstos en
el artículo 647 del ET, lo que conlleva a mantener incólume la sanción impuesta en
los actos demandados.

En definitiva, la declaración del impuesto sobre la renta a cargo de la demandante
por el año gravable 2013 corresponde a la practicada por la Sala56, así:

Liquidación Liquidación
Concepto Privada Oficial Sentencia
Total costos y gastos de nómina $ 120.822.000 $ 120.822.000 $ 120.822.000
Aportes al sistema de seguridad social $ 56.872.000 $ 56.872.000 $ 56.872.000
Aportes al SENA. ICBF, cajas de compensación $ 10.874.000 $ 10.874.000 $ 10.874.000
Efectivo, Bancos, otras inversiones $ 688.853.000 $ 688.853.000 $ 688.853.000
Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y
asimiladas) $0 $0 $0
Cuentas por cobrar clientes $ 350.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000
Inventarios $0 $0 $0
Activos fijos $ 1.415.240.000 $ 1.415.240.000 $ 1.415.240.000
Otros activos $0 $0 $0
Total patrimonio bruto $ 2.454.093.000 $ 2.454.093.000 $ 2.454.093.000

55
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 8 de noviembre de 2007, exp. 15293, MP. Héctor Romero Díaz y del
30 de agosto de 2024, exp. 28643, MP. Milton Chaves García. Reiteradas en sentencia del 12 de junio de 2025, exp. 29406,
MP. Wilson Ramos Girón (E).
56
Elaborada con el apoyo de la contadora de la Sección Cuarta Martha Liliana Castro García.

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Liquidación Liquidación
Concepto Privada Oficial Sentencia
Pasivos $ 3.585.000 $ 3.585.001 $ 3.585.002
Total patrimonio líquido $ 2.450.508.000 $ 2.450.507.999 $ 2.450.507.998
Ingresos brutos operacionales $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000
Ingresos brutos no operacionales $0 $0 $0
Intereses y rendimientos financieros $0 $0 $0
Total Ingresos Brutos $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas $0 $0 $0
INCRNGO $0 $0 $0
Total de ingresos netos $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000 $ 6.550.627.000
Costos de venta $ 5.876.556.000 $ 2.775.868.000 $ 5.217.717.036
Otros costos $0 $0 $0
Total de costos $ 5.876.556.000 $ 2.775.868.000 $ 5.217.717.036
Gastos operacionales de Administración $ 188.568.000 $ 188.568.000 $ 188.568.000
Gastos operacionales de venta $0 $0 $0
Deducción inversiones en activos fijos $0 $0 $0
Otras deducciones $0 $0 $0
Total de deducciones $ 188.568.000 $ 188.568.000 $ 188.568.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio $ 485.503.000 $ 3.586.191.000 $ 1.144.341.964
Pérdida líquida del ejercicio $0 $0 $0
Compensaciones $0 $0 $0
Renta líquida $ 485.503.000 $ 3.586.191.000 $ 1.144.341.964
Renta presuntiva $ 58.950.000 $ 58.950.000 $ 58.950.000
Renta exenta $0 $0 $0
Rentas gravables $0 $ 235.895.000 $ 235.895.000
Renta líquida gravable $ 485.503.000 $ 3.822.086.000 $ 1.380.236.964
Ingresos por ganancias ocasionales $0 $0 $0
Costos y deducciones por ganancias ocasionales $0 $0 $0
Ganancias ocasionales por gravadas y exentas $0 $0 $0
Ganancias ocasionales gravables $0 $0 $0
Impuesto sobre la renta líquida gravable $ 121.376.000 $ 955.522.000 $ 345.059.000
Descuentos tributarios $0 $0 $0
Impuesto neto de renta $ 121.376.000 $ 955.522.000 $ 345.059.000
Impuesto de ganancias ocasionales $0 $0 $0
Descuento por impuestos pagados en el exterior $0 $0 $0
Total impuesto a cargo $ 121.376.000 $ 955.522.000 $ 345.059.000
Anticipo por el año gravable 2013 $ 14.579.000 $ 14.579.000 $ 14.579.000
Saldo a favor 2012 sin solicitud de devolución o
compensación $0 $0 $0
Autorretenciones $0 $0 $0
Otros conceptos $ 93.948.000 $ 93.948.000 $ 93.948.000
Total retenciones año gravable 2013 $ 93.948.000 $ 93.948.000 $ 93.948.000
Anticipo por el año gravable 2014 $ 20.571.000 $ 20.571.000 $ 20.571.000
Saldo a pagar por impuesto $ 33.420.000 $ 867.566.000 $ 257.103.000
Sanciones $ 850.000 $ 154.690.000 $ 154.690.000
Total saldo a pagar $ 34.270.000 $ 1.022.256.000 $ 411.793.000
Total saldo a favor $0 $0 $0

Conforme a lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia apelada y se
establecerá como liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de la parte
demandante por el periodo 2013 la practicada por la Sala.

Costas segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP57, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA58, y acorde con lo contemplado en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, no se condenará en
costas en segunda instancia, al prosperar parcialmente el recurso de apelación de
la parte demandante y haberse resuelto de manera parcialmente favorable el

57
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. (…)».
58
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar parcialmente la del 26 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral N°. 1, que negó las pretensiones de
la demanda. En su lugar, disponer:

“Primero: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, liquidar el impuesto
sobre la renta y complementarios del año gravable 2013 a cargo de la
sociedad Treinco Ltda. en Liquidación de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la sentencia de segunda instancia, con un total de saldo
a pagar de $ 460.215.000.”

2. Confirmar en lo demás.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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