República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00343-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00343-01 (5326-2022)
Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares
Tema: asignación de retiro. Subtema 1: régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004
para el personal vinculado antes de la vigencia de dicha ley.
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 21 de julio de
2022, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Pedro Enrique Unda Fiaga pretende la nulidad de los actos administrativos por medio
de los cuales la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante Cremil)
le negó el reconocimiento de la asignación de retiro en condición de suboficial, al
considerar que no acreditó el requisito de tiempo de servicio, después de descontar el
periodo que permaneció privado de la libertad por motivo de la medida de
aseguramiento decretada en el proceso penal que concluyó con imposición de pena
de prisión.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Pedro Enrique Unda Fiaga, mediante apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cremil, con la pretensión
de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 4013 y 8543 del 18 de enero
y el 22 de marzo de 2018, mediante las cuales dicha entidad le negó el reconocimiento
de la asignación de retiro, al considerar que no acreditó el requisito de tiempo de
servicio, y se inaplique el artículo 1 del Decreto 991 de 2015 que fija el régimen de
asignación mensual de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares.
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de conformidad con el tiempo de
servicio laborado en el Ejército Nacional y de las demás asignaciones, primas y
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00343-01 (5326-2022)
Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Cremil
emolumentos que dejó de percibir desde la desvinculación. Asimismo, pidió dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) y condenar en costas a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
3.El señor Pedro Enrique Unda Fiaga se incorporó como alumno a la Escuela de
Suboficiales del Ejército Nacional el 1 de marzo de 1995 e inició servicio como
suboficial el 1 de marzo de 1996.
4. El demandante fue privado de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento
impuesta por la Fiscalía Cuarta Especializada delegada ante los Juzgados Penales del
Circuito de Ibagué, desde el 22 de septiembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de
2013, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de tortura
agravada.
5.El Comando de Personal del Ejército Nacional, mediante Resolución 874 del 11 de
mayo de 2017, separó en forma absoluta del servicio a Pedro Enrique Unda Fiaga por
motivo de la condena penal impuesta en su contra por el término de 8 años, como
autor del delito de tortura agravada.
6. La entidad demandada, mediante Resolución 4013 del 18 de enero de 2018, negó
el reconocimiento de la asignación de retiro al actor por no acreditar el requisito de
tiempo de servicio. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición que fue
resuelto de manera desfavorable mediante la Resolución 8543 del 22 de marzo de
2018.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. El actor consideró que los actos administrativos demandados desconocieron los
artículos 2, 6, 16, 25, 29, 125, 150, 188, 189 y 228 de la Constitución Política, el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990, los artículos 2, 3 y 5 de la Ley 923 de 2004 y el Decreto
4433 de 2003, así como la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
8. Afirmó que la hoja de servicios número 3-17389658 del 28 de julio de 2017 permite
establecer que ejerció labores durante 22 años, 5 meses y 13 días y que el periodo
que permaneció privado de la libertad por motivo de la medida de aseguramiento de
detención preventiva se considera válido para el cómputo del tiempo de servicio, por
ser una restricción provisional. Por tanto, afirmó que Cremil no podía reducir el tiempo
de servicio y concluir, a partir de esa reducción, que el actor no tiene derecho a la
asignación de retiro reclamada.
9. De la misma manera, expuso que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
corporación, la suspensión en el ejercicio del cargo «no implica la deducción del tiempo
para efectos prestacionales una vez sea retirado». En efecto, las certificaciones de
nómina emitidas por la Dirección de Personal del Ejército dan cuenta de que al actor
se le reconoció la asignación mensual y los aportes a Cremil durante el periodo en el
que estuvo privado de la libertad.
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Demandado: Cremil
10. Afirmó que los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley 923 de
2004, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, no deben acreditar
un tiempo de servicio mayor al que exigía la normativa aplicable al momento en que
ingresaron al servicio, esto es, el Decreto 1211 de 1990. Por tanto, Cremil no podía
exigir 20 años de servicios para el reconocimiento de la asignación de retiro cuando la
norma aplicable al caso establece un mínimo de 15 años.
11. A partir del argumento mencionado, solicitó la inaplicación del Decreto 991 de
2015, al considerar que el Gobierno nacional se extralimitó en las funciones
reglamentarias cuando fijó un tiempo de servicio de 20 años para acceder a la
asignación de retiro por separación absoluta, periodo que supera los 15 años
establecidos en el Decreto 1211 de 1990.
2.2. Contestación de la demanda
12. Cremil se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones1:
13. Afirmó que el reconocimiento de la asignación de retiro se rige por la normativa
vigente a la fecha de la separación absoluta del servicio, motivo por cual el caso debe
regirse por lo previsto en el Decreto 991 de 2015, según el cual la prestación se
reconoce con 20 años o más de servicio y el actor solo cuenta con 19 años, 4 meses
y 19 días.
14. Conforme con el criterio de interpretación gramatical, no es viable darle diferentes
interpretaciones a la norma que prevé los requisitos para el reconocimiento de la
asignación de retiro. De otra parte, explicó que los derechos adquiridos se refieren a
situaciones consolidadas y no a «situaciones contempladas en normas anteriores».
15. A su vez, manifestó que acceder a lo solicitado por el demandante conllevaría a
que la entidad asuma una carga prestacional que no le corresponde y vulneraría los
principios de igualdad e irretroactividad de la ley «respecto del personal que fue
retirado en el mismo periodo» al que se le aplicó el Decreto 991 de 2015.
2.3. Sentencia
16. El Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 21 de julio de 2022. Declaró la nulidad de los actos
acusados y ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro por encontrar
acreditado que el actor cumplió con los requisitos dispuestos en el Decreto 1211 de
1990, con lo que excluyó la inaplicación del Decreto 991 de 2015. Por último, condenó
en costas a Cremil2.
17. Al sustentar la decisión, el tribunal precisó que el demandante permaneció en
actividad durante 22 años, 2 meses y 10 días, comprendidos entre el 1 de marzo de
1995 y el 11 de mayo de 2017, periodo que consideró ininterrumpido porque no se
suspendieron los pagos de la remuneración mensual ni de los «aportes al sistema de
seguridad social especial de las Fuerzas Militares», aun cuando le fue impuesta
medida de aseguramiento privativa de la libertad en la etapa de investigación del delito
de tortura, la cual se prolongó desde el 22 de septiembre de 2010 hasta el 30 de
septiembre de 2013.
1 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 109 a 115.
2 Samai, índice 2, documento 14_500012333000201800343001SENTENCIADEPR20220722193718.pdf.
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Demandado: Cremil
18. En este orden, señaló que resulta improcedente excluir el tiempo durante el cual
el actor estuvo privado de la libertad por motivo de la medida de aseguramiento,
equivalente a 3 años y 24 días, tal y como consta en la hoja de servicios número 3-
17389658, pues en este lapso «no fue suspendido, separado y/o destituido del cargo
que venía desempeñando». Al respecto, puso de presente que el actor solo fue
separado del servicio en forma absoluta con ocasión de la condena penal que le fue
impuesta por el delito de tortura agravada en mayo de 2017, época en la que contaba
con más de 20 años de actividad3.
19. Por lo anterior, ordenó reconocer y pagar la asignación de retiro al señor Pedro
Enrique Unda Fiaga a partir del 11 de mayo de 2017. Para ello, dispuso que las
partidas computables para la liquidación serían las establecidas en el artículo 158 del
Decreto 1211 de 1990.
2.4. Recurso de apelación
20. Cremil, al sustentar el recurso de apelación, presentó inconformidad frente al
régimen aplicado para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues, a su juicio,
se debe atender la normativa que se encuentra vigente a la fecha en que se reconoce
el derecho.
21. En atención a lo anterior, consideró que la norma aplicable al caso concreto es el
Decreto 991 de 2015 que entró a regir el 15 de mayo de ese año, porque era la
normativa vigente al momento del retiro del demandante en 2017, ocurrido por
separación absoluta. Por tanto, el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
requería la demostración de 20 años de servicio, pero solo acreditó «19 años, 04
meses y 19 días; conforme a lo anterior, es claro que el precitado suboficial no cumple
el tiempo requerido en la ley vigente».
22. Además, afirmó que la causal de separación absoluta del servicio prevista en el
artículo 144 del Decreto 1211 de 1990, que opera cuando el oficial o suboficial de las
Fuerzas Militares resulta condenado a la pena principal de prisión por la Justicia Penal
Militar o por la justicia ordinaria, salvo en casos de delitos culposos, no está incluida
en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 que establece los requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de labores. En el caso bajo
estudio, en el que el retiro tuvo como causa la condena penal impuesta al actor, no
resulta procedente el reconocimiento de la prestación con menos de 20 años.
23. Por último, solicitó revocar la condena en costas porque la actuación de la entidad
se circunscribió a ejercer actividades de defensa judicial y en ningún momento se
demostró la realización de actos dilatorios, temerarios o encaminados a perturbar el
procedimiento.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
24. El despacho, mediante auto del 26 de enero de 2023, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no existir
peticiones probatorias para decretar4.
3 Decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
4 Samai, índice 4.
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2.6. Ministerio Público
25. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
26. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
27. A la Sala le corresponde resolver el siguiente problema jurídico de acuerdo con los
argumentos expuestos por la entidad demandada en el recurso de apelación:
28. ¿El reconocimiento de la asignación de retiro del actor se rige por lo dispuesto en
la normativa vigente al momento del retiro y no por el régimen de transición previsto
en la Ley 923 de 2004, a favor de los uniformados que se encontraban en servicio
activo al momento del cambio legislativo, que pasó de 15 a 18 años el tiempo mínimo
para acceder a la prestación?
29. Después de resolver el reparo sobre el marco jurídico aplicable al caso, la Sala
procederá a determinar si resulta procedente revocar la condena en costas impuesta
a la entidad demandada.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
30. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1211 de 1990 por medio del
cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro, como una prestación
económica, asimilable a la pensión de vejez5, para los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares que fueran retirados del servicio activo después de quince (15) años,
por las siguientes causales (art. 163):
i) llamamiento a calificar servicios;
ii) voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad sicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;
vii) conducta deficiente.
31. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el tiempo
exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro sería de 20 años de servicio.
32. En lo atinente a la efectividad y el monto de la prestación, el Decreto 1211 de 1990
establece que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta y en cuantía
equivalente al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 158, por los primeros 15
5 Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.
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años de servicio, y un 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.
33. Con posterioridad, la Ley 923 de 20046, por medio de la cual se fijó el régimen
pensional y de asignación de retiro del personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, estableció que el tiempo válido para acceder a la prestación es el
laborado durante la «formación, el de servicio y/o el aportado», por lo menos durante
18 años, sin que en ningún caso se exija «como requisito para reconocer el derecho
un tiempo superior a 25 años» (art. 3.1.).
34. Ante la transición normativa, el inciso 2 del artículo 3 de dicha ley previó que los
miembros de la fuerza pública que se encontraban activos a la fecha de entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 accederían a la asignación de retiro en los términos
descritos en el régimen anterior, esto es, con un mínimo de 15 años de servicio en los
casos dispuestos en el Decreto 1211 de 1990 o 20 años en el evento de solicitud
propia7.
35. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de
2004, en el que previó el derecho a la asignación de retiro para los oficiales y
suboficiales cuando contaran con 18 años o más de servicio por las causales
determinadas en dicha normativa o con 20 años en los casos de solicitud propia o
separación absoluta.
36. Frente al régimen de transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 23 de octubre de 2014 8, declaró la nulidad del artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004 por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de
ley, bajo la consideración de que el Gobierno nacional no podía exigir al personal que
se encontraba en servicio activo al entrar en vigor la Ley 923 de 2004 un tiempo
superior al previsto en el régimen anterior.
37. En este orden, concluyó que la exigencia de 18 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación de retiro, que el régimen anterior
preveía con 15 años para los uniformados en ejercicio, quebrantó la Ley 923 de 2004
y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
38. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el requisito de
tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, pero la Ley 923 de 2004
dispuso, de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba exigible a quienes
se encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha norma. Por tanto, el
artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que extendió el cambio normativo al personal
activo, incurrió en exceso de la facultad reglamentaria al inobservar el régimen de
transición con desconocimiento de las expectativas legítimas de los servidores en
actividad. En aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia de nulidad,
la Subsección ha considerado lo siguiente9:
[…] el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en
6 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
7
Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01
(3743-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
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vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º
ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación
de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose
razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional.
39. Así, con ocasión de la declaración de nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de
2004, esta corporación ha señalado que se debe acudir al principio de reviviscencia
para llenar el vacío normativo generado con motivo del pronunciamiento judicial y dar
aplicación al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, que prevé el derecho a la
asignación de retiro con 15 años, en cuantía mínima equivalente al 50 % del monto de
las partidas descritas en el artículo 153 de dicha normativa10.
40. Igualmente, cabe anotar que el presidente de la República, mediante el Decreto
991 de 2015, reglamentó la asignación de retiro para el personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre
de 2004, en el sentido de establecer que tendrán derecho a la mencionada prestación
cuando sean retirados después de 15 años, por llamamiento a calificar servicios o por
retiro discrecional, en cuantía equivalente al 50 % del monto de las partidas de que
trata el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 por los primeros 15 años y 4 % más por
cada año que exceda, sin que sobrepase el 85 %. Procede un incremento del 2 % por
cada año adicional después de los 24 años de servicio, sin que el total sobrepase el
95 % de las partidas computables.
41. En lo atinente al campo de aplicación del Decreto 991 de 2015, esta corporación,
en sentencia del 28 de abril de 2022, consideró que dicha normativa no cobija a los
beneficiarios de la transición normativa vinculados con anterioridad a la expedición de
la norma, por las siguientes razones11:
Ahora, en cuanto a los argumentos de defensa esgrimidos en la alzada por la entidad
demandada en los que sostuvo que a la parte activa le debe ser aplicado el Decreto
991 de 2015, al ser esta la norma que se encontraba vigente al momento de su retiro
del servicio oficial, es pertinente indicar que aceptar dicha tesis como verdadera sería
tanto como desconocer el derecho adquirido por el demandante bajo las prerrogativas
destinadas a su situación particular, toda vez que i) la separación absoluta del cargo
que ocupaba como mayor en el Ejército Nacional, ocurrió a partir del 3 de septiembre
de 2014, momento para el cual aún no había sido expedido el decreto en mención (15
de mayo de 2015), y; ii) aquel se encontraba en servicio activo a la fecha de
promulgación de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004), por lo que se hizo
beneficiario de la transición allí contenida, en el sentido de que, para el reconocimiento
de su asignación de retiro, debían aplicarse las disposiciones trazadas en el Decreto
1211 de 1990, para su caso.
42. En conclusión, el personal en actividad de las Fuerzas Militares vinculado antes
de la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le
confiere el beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en
el artículo 163 del Decreto 1211 de 199012.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, proceso con radicado
25000-23-42-000-2013-05972-01 (0094-17), M.P. César Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 25000-23-
42-000-2017-00034-01 (4044-2021), M.P. William Hernández Gómez.
12 En este mismo sentido, ver los fallos de la Sección Segunda del 12 de agosto de 2021, expediente 15001-23-33-
000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de octubre de 2021, expediente 52001-23-
33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández Gómez; 25 de agosto de 2022, expediente 19001-23-
33-000-2018-00222-01 (0353-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Cremil
3.4. Caso concreto
43. La sentencia apelada consideró que el actor es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, por tanto, no le era exigible «un tiempo de
servicio superior al regido por las disposiciones vigentes» al momento de expedición
de dicha ley —30 de diciembre de 2004—. En ese sentido, el tribunal aplicó el Decreto
1211 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de servicio,
cuando el retiro ocurre por «conducta deficiente», evento que equiparó al de
separación absoluta por condena penal.
44. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior
con el argumento de que el régimen aplicable para el reconocimiento de la asignación
de retiro es el vigente al momento en que ocurre la desvinculación. Adujo, además,
que el retiro del servicio activo por separación absoluta derivada de la imposición de
una condena penal no se encuentra en la lista de las causales previstas para la
procedencia de la asignación con 15 años de servicio, motivo por el cual considera
que el actor debía acreditar por lo menos 20 años, tal y como se exige en los eventos
de retiro por voluntad propia.
45. En el caso bajo estudio, se encuentran acreditados los siguientes hechos atinentes
al tiempo de servicio activo:
(i) El actor ingresó como alumno a la escuela de suboficiales el 1 de marzo de
1995 y mantuvo dicha condición hasta el 29 de febrero de 199613.
(ii) Prestó servicios como suboficial desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 11 de
mayo de 201714.
(iii) Estuvo privado de la libertad por motivo de la medida de aseguramiento
impuesta por la Fiscalía Cuarta Especializada delegada ante los Juzgados Penales
del Circuito de Ibagué, desde el 22 de septiembre de 2010 hasta el 30 de
septiembre de 201315.
(iv) Fue condenado por el delito de tortura agravada mediante sentencia del 19 de
agosto de 201116, proferida por el Juzgado Segundo Penal Especializado del
Circuito de Ibagué, con pena de prisión de ocho años y multa de 800 smlmv. Esta
decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué
mediante providencia del 31 de enero de 201317. La Corte Suprema de Justicia,
en providencia del 13 de junio de 201618, decidió no casar la sentencia
condenatoria.
(v) Fue separado en forma absoluta del servicio mediante Resolución 874 del 11
de mayo de 2017, en la que se consideró que cuando un oficial o suboficial es
condenado a pena principal de prisión por la Justicia Penal Militar u ordinaria, salvo
por delitos culposos, será separado en forma absoluta de las Fuerzas Militares y
no podrá pertenecer nuevamente a las mismas19.
13 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, pág. 117.
14 Ibidem.
15
Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, pág. 14.
16 Samai, índice 2, documento 06IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 90 a 120.
17 Samai, índice 2, documento 06IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 149 a 192.
18 Samai, índice 2, documento 06IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 197 a 221.
19 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, pág. 120.
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Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Cremil
(vi) La entidad demandada le negó20 el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro mediante las Resoluciones 4013 del 18 de enero de 2018 y 8543 del 22 de
marzo de dicho año, al considerar que el tiempo de servicio para acceder a dicha
prestación es 20 años cuando la causa del retiro es la separación absoluta por
condena penal, de acuerdo con el régimen aplicable contenido en el Decreto 991
de 2015.
(vii) La hoja de servicios 3-17389658 del 28 de julio de 201721 da cuenta de la
prestación de labores durante 19 años, 4 meses y 19 días, con exclusión del
periodo durante el cual permaneció privado de la libertad, esto es, desde el 22 de
septiembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013.
46. Lo anterior, acredita que el señor Unda Fiaga ingresó al servicio activo como
alumno de la escuela de suboficiales el 1 de marzo de 1995 y ejerció labores como
suboficial desde el 1 de marzo de 1996 hasta el 11 de mayo de 2017, por lo que se
encontraba activo a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004. Esta circunstancia lo
hace beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 3.1., según el cual a
los uniformados en servicio activo «no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley» (30 de diciembre de
2004)22.
47. En este orden, el reconocimiento de la asignación de retiro del señor Unda Fiaga
se rige por al artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, que prevé los siguientes
requisitos:
Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por
llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los Comandos de
Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o
por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por
conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte (20) años
de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación
mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas
de que trata el artículo 158 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de
servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15),
sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto.
48.Lo anterior, porque para la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 el
demandante se encontraba en servicio activo como suboficial desde el 1 de marzo de
1996, tal y como consta en la hoja de servicios expedida el 28 de julio de 2017, que
también da cuenta del tiempo de labores durante 19 años, 4 meses y 19 días.
20 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 33 a 38.
21 Samai, índice 2, documento 04IncorporaExpedienteDigitalizado, págs. 117 y 118.
22 Ley 923 de 2004, artículo 3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se
fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio
para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá
como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de
la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se
produzca por cualquier otra causal.
9
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00343-01 (5326-2022)
Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Cremil
49. El periodo referido refleja la deducción del tiempo durante el cual el actor
permaneció privado de la libertad por motivo de la medida de aseguramiento
acumulado a la pena de prisión impuesta en su contra, aplicada en la hoja de servicios
de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 del Decreto 1211 de 199023. Asimismo,
se encuentra demostrado que la causal de retiro señalada en la hoja de servicios como
«separación absoluta», por condena penal, encaja en el evento de «conducta
deficiente» citada en el artículo 163 de dicha norma, tal y como lo ha considerado la
jurisprudencia de esta Subsección al señalar que dicha circunstancia «debe
equipararse a la causal de retiro del servicio por comportamiento deficiente o mala
conducta»24.
50. En este orden, la respuesta al problema jurídico es negativa, dado que, al ser el
actor beneficiario del régimen de transición de la Ley 923 de 2004, establecido a favor
de los uniformados que se encontraban en servicio activo al momento del cambio
legislativo, el régimen aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro es el
previsto en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 que establece el requisito de 15
años de servicio para acceder a la prestación por las causales allí descritas, entre las
que se encuentra la «conducta deficiente».
3.6. Conclusión
51. El señor Pedro Enrique Unda Fiaga es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y, en ese sentido, la asignación de retiro está regida
por el Decreto 1211 de 1990. Por tal razón, al acreditar un tiempo de servicio de 19
años, 4 meses y 19 días, tiene derecho al reconocimiento de la mencionada prestación
por superar el tiempo mínimo de 15 años de servicio.
3.7. Costas
52. Frente al reparo presentado por la entidad demandada sobre la condena en
costas, la presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 25 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar la
23 Deducción tiempo por condena. El tiempo de condena privativa de la libertad personal, decretada por la Justicia
Penal Militar o por la Ordinaria, no se considerará como de actividad para efectos del cómputo de tiempo de servicio
a que se refiere el artículo 170 de este Decreto.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2025, radicado 50001-23-33-
000-2016-00347-01 (1300-2024), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, que reitera lo dicho por la Subsección B en
la sentencia del 25 de agosto de 2022, radicado 19001-23-33-000-2018-00222-01 (0353-2021); Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2022, radicado 76001-23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021).
25 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Radicación: 50001-23-33-000-2018-00343-01 (5326-2022)
Demandante: Pedro Enrique Unda Fiaga
Demandado: Cremil
condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
53.Así, se confirmará parcialmente la sentencia recurrida y se revocará la condena
en costas, porque no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
conductas mencionadas. Por los mismos motivos, no se condenará en costas en
segunda instancia.
54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativa
del Meta el 21 de julio de 2022, que accedió de manera parcial a las pretensiones de
la demanda.
Segundo. Revocar el numeral sexto de la sentencia apelada que condenó en costas
a la parte demandada.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrada
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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