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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00353-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00353-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso adelantado por Gentil Briceño Sánchez contra el departamento del Vaupés, y en su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 034 del 26 de febrero de 2018, expedida por el presidente de la Asamblea Departamental del Vaupés, en cuanto negó la reliquidación de las cesantías con inclusión de lo percibido por concepto de sesiones extra para los años 2012 a 2015. Tercero. Condenar al departamento del Vaupés, Asamblea Departamental, a reliquidar el auxilio de cesantías del demandante por los años 2012 a 2015 con inclusión de lo recibido por concepto de sesiones extra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Actualizar las sumas que resulten a favor del demandante tal y como lo ordena el artículo 187 del CPACA, y en aplicación de la siguiente fórmula: R= Rh x Índice final Índice inicial 21 Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025) Demandante: Gentil Briceño Sánchez En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, aplicar la fórmula en forma separada, esto es mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos. Cuarto. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Meta que impuso la condena en costas. Quinto. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida que negó el reconocimiento y pago de las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de servicio, la reliquidación de las cesantías con inclusión de estos factores y la sanción moratoria, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Sexto. No condenar en costas en esta instancia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2018-00353-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez
Demandado: Departamento del Vaupés

Tema: Reconocimiento de prestaciones sociales de los diputados

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Meta, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gentil Briceño Sánchez presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 034 del 26 de febrero de 2018, mediante la
cual la Asamblea Departamental del Vaupés le negó el reconocimiento y pago de
vacaciones, primas de servicios y vacaciones, la reliquidación de las cesantías con
base en estas y en la remuneración por sesiones extras, y el pago de la sanción
moratoria.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de vacaciones, primas de servicios y vacaciones
causadas en su condición de diputado de la Asamblea Departamental del Vaupés

1 La demanda fue presentada el 24 de octubre de 2018. Samai Tribunales y Juzgados, índices 1 y

4, expediente digital, folios 1 a 11.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

por el periodo comprendido entre los años 2012 y el 2015; ii) la reliquidación del
auxilio de cesantías con base en los anteriores emolumentos y en la remuneración
por sesiones extras; y iii) el reconocimiento de la sanción o indemnización moratoria
por consignación incompleta del auxilio de cesantías; iv) la indexación de las sumas
adeudas; y v) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Gentil Briceño Sánchez fue elegido como diputado del departamento del Vaupés
para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015. Se posesionó el 1 de julio
de 20123 y desempeñó el cargo de manera ininterrumpida hasta el 31 de diciembre
de 2015.

3.2. Estuvo afiliado a un fondo privado de cesantías, bajo el régimen anualizado de
liquidación.

3.3. En la liquidación del auxilio de cesantías correspondiente a los años referidos, la
Asamblea Departamental del Vaupés no incluyó vacaciones, primas de vacaciones
y de servicios ni la remuneración por sesiones extraordinarias.

3.4. El 14 de febrero 2018, solicitó a la Asamblea Departamental del Vaupés el pago
de dichas prestaciones sociales y la reliquidación de las cesantías en consideración
a estos emolumentos junto con el pago de la sanción moratoria.

3.5. Mediante Resolución 034 del 26 de febrero de 2018, el ente territorial negó la
petición al considerar que las prestaciones no estaban previstas en la Ley 6ª de
1945 y que la Ley 1871 de 2017 no era aplicable por su vigencia posterior al periodo
reclamado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 25, 53, 123 y 299 de la
Constitución Política; 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945; 4 y 5 de la Ley 64 de 1946; 1 y
9 de la Ley 65 de 1946; 7 de la Ley 48 de 1962; 3 de la Ley 77 de 1965; 11 y 12 de
la Ley 4ª de 1966; 2, 3 y 4 de la Ley 5ª de 1969; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990;
13 de la Ley 344 de 1996; 33 de la Ley 734 de 2002; 1 del Decreto 2567 de 1946;
1, 2 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 2 del Decreto 1723 de 1964; 45 del Decreto 1045

3 Según la certificación del 2 de agosto de 2017, laboró desde el 2 de enero de 2012 hasta el 31 de

diciembre de 2015. Folio 16.

2

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

de 1978; 56 del Decreto 1222 de 1986; y 1 del Decreto 1582 de 1998; y el Decreto
1919 de 2002.

5. En cuanto al concepto de violación expuso que, en virtud del artículo 299 superior
los diputados tenían derecho a una remuneración y a un régimen de prestaciones y
de seguridad social definido por la ley; por lo tanto, ante la ausencia de regulación
específica para la época (años 2012 a 2015), resultaba aplicable la Ley 6ª de 1945
y sus normas complementarias (decretos 2567 y 1160 de 1947), así como las
disposiciones que desarrollaban el régimen prestacional de los empleados públicos
(decretos 1045 de 1978 y 1919 de 2002). Estas disposiciones y la Ley 48 de 1962,
permitían reconocer y liquidar las cesantías con inclusión de factores salariales
como las sesiones extraordinarias, vacaciones y las primas de navidad y de
servicios. En consecuencia, el acto demandado resultaba ilegal; por lo que la
entidad debía reliquidar el auxilio de cesantías con inclusión de dichos factores, así
como reconocer la sanción moratoria4.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Asamblea sostuvo que el demandante no tenía derecho a las prestaciones
solicitadas porque el régimen aplicable a los diputados para el periodo reclamado
no preveía vacaciones ni primas. Estas fueron reconocidas solo a partir del año
2017, de tal manera que no era dable su aplicación según lo señalado por el Consejo
de Estado5 en un caso similar, debido a que su implementación legal fue posterior
a los años 2012 a 20156.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 31 de octubre de 20247,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas. Como
fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

7.1. El demandante se desempeñó como diputado del departamento del Vaupés
entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, periodo durante el cual
percibió remuneración mensual, prima de navidad, pagos por sesiones extras,
auxilio de cesantías y «otras prestaciones».

4 De conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 1 del

Decreto 1582 de 1998, y 13 de la Ley 344 de 1996.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de febrero de 2021,

radicación: 50001- 23-33-000-2014-00263-01(4118-19).
6 Samai Tribunales y Juzgados, índice 24.
7 Samai Tribunales y Juzgados, índice 51.

3

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

7.2. No resultaba procedente el reconocimiento de vacaciones, primas de vacaciones
y de servicios, ni la reliquidación de las cesantías con fundamento en tales
conceptos porque dichas prestaciones no estaban previstas en la Ley 6ª de 1945,
régimen aplicable a los diputados para la época ni las normas que la desarrollaron
y complementaron (leyes 48 de 1962 y 4ª de 1966, y los decretos 1723 de 1964 y
1222 de 1986); ni las disposiciones posteriores en materia de seguridad social y
cesantías (leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997). Además, dichas
prestaciones solo fueron reconocidas con la expedición de la Ley 1871 de 2017,
cuya vigencia era posterior al periodo reclamado.

7.3. Tampoco resultaba procedente la reliquidación de las cesantías con la inclusión
de las sesiones extras porque estas hacían parte de la remuneración global del
diputado, las cuales habían sido incluidas en la liquidación de dicha prestación.

7.4. Procedía la condena en costas, de conformidad con lo previsto en los artículos
188 del CPACA; y 365 y 366 del Código General del Proceso8, debido a que la
entidad demandada intervino en el proceso mediante apoderado judicial y ante la
negativa de las súplicas de la demanda.

1.4. El recurso de apelación

8. Gentil Briceño Sánchez interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes argumentos9:

8.1. De conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945, los
diputados tenían derecho a vacaciones y prima de vacaciones, las cuales
constituían factor salarial para la liquidación de las cesantías10. Las normas
posteriores como los decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 (artículo 5) debían
aplicarse por ser complementarias y modificatorias del régimen prestacional
previsto en la ley ejusdem, pues en virtud del artículo 299 superior, los diputados se
encontraban amparados por un régimen prestacional y de seguridad social en los
términos que fijara la ley.

8.2. En todo caso, las cesantías debían liquidarse con todos los factores salariales
devengados, es decir, con la inclusión de todo ingreso retributivo del servicio sin
limitación al salario básico. Por lo tanto, era procedente i) dicha reliquidación con la
inclusión de las sesiones extraordinarias como un factor salarial autónomo e
independiente de la remuneración básica (no se encontraba incluido en la

8 En lo sucesivo CGP.
9 Samai Tribunales y Juzgados, índice 54.
10 Se advierte que el demandante no hizo referencia a la prima de servicios en esta oportunidad

procesal.

4

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

asignación ordinaria), pues ante la presunción continua del servicio, debía integrar
la base de liquidación de esa prestación social; y ii) el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, en concordancia con la Ley 344 de 1996.

8.3. No procedía la condena en costas al no haberse acreditado su causación.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Losproblemas jurídicos se contraen a determinar ¿si era procedente el
reconocimiento de las vacaciones y la prima de vacaciones a favor de Gentil Briceño
Sánchez por los años 2012 a 2015 en su calidad de diputado de la Asamblea
Departamental de Vaupés y por lo tanto debían reliquidarse las cesantías que
devengó con inclusión de dichos emolumentos, así como con la remuneración por
sesiones extras, y a su vez efectuarse el pago de la sanción moratoria?; y ¿si era
procedente la condena en costas?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen prestacional de los diputados

12. El artículo 7 de la Ley 48 de 196211, dispuso que los miembros de las asambleas
departamentales gozarían de iguales prestaciones e indemnizaciones sociales a las
previstas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones
que la adicionen o reformen, por ello es necesario remitirse al artículo 17 de la citada
norma para efectos de determinar cuáles son aquellos emolumentos de los que son
beneficiarios, a saber:

11 «Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959 y se dictan otras
disposiciones».

5

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

«Artículo 17º.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán
de las siguientes prestaciones:

a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio.
Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios
prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.

b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a
cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o
discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales
devengados, sin bajar de treinta pesos ($30) ni exceder de doscientos pesos ($200) en
cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a
los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al
trabajador, cuya cuantía se ira deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no
excedan del 20% de cada pensión.

c) Pensión de invalidez al empleado u obrero que haya perdido su capacidad de trabajo
para toda ocupación u oficio, mientras dure la incapacidad, equivalente a la totalidad del
último sueldo o salario devengado, sin bajar de cincuenta pesos ($50) ni exceder de
doscientos pesos ($200).

La pensión de invalidez excluye la cesantía y la pensión de jubilación.

d) Seguro por muerte del empleado u obrero, equivalente a la cesantía que le hubiere
correspondido y que se pagará a sus beneficiarios o herederos.

e) Auxilio por enfermedad no profesional contraída por el empleado u obrero en
desempeño de sus funciones, hasta por ciento ochenta (180) días de incapacidad
comprobada para trabajar, así: las dos terceras partes del sueldo o jornal durante los
primeros (90) días, y la mitad por el tiempo restante.

f) Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria en los casos a que haya
lugar, sin pasar de seis (6) meses.

g) Los gastos indispensables del entierro del empleado u obrero.

Parágrafo.- Los empleados que hayan prestado sus servicios al Congreso durante veinte
legislaturas continúas o discontinuas, tendrán derecho a todas las prestaciones sociales
contenidas en este artículo».

12
13. Esta disposición fue reiterada a través del artículo 6 del Decreto 1723 de 1964
,
en el sentido de equiparar el régimen prestacional de los diputados al de los
congresistas y se remitió a la legislación general de los servidores públicos.

12 «Artículo 6. Los Diputados a las Asambleas Departamentales, tendrán derecho a las mismas

prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6a. de
1945, y demás disposiciones que la adicionen o reformen en las mismas condiciones señaladas para
los miembros del Congreso en el presente Decreto. El seguro por muerte de los Diputados se
reconocerá y liquidará como el de los trabajadores oficiales».

6

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

14. Ahora, la Ley 4ª de 196613, en su artículo 11, incluyó el derecho a devengar la
prima de navidad en los siguientes términos:

«Artículo 11.- Todos los empleados y obreros de la Nación tendrán derecho a una Prima
de Navidad o bonificación equivalente a un mes de sueldo que corresponde al cargo en
30 de noviembre de cada año, y será pagada en la primera quincena del mes de
diciembre».

15. A su vez, el artículo 56 del Decreto Ley 1222 de 198614 señaló que los miembros
de las asambleas departamentales gozarían de iguales prestaciones e
indemnizaciones sociales a las previstas para los servidores públicos en la Ley 6ª
de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen.

16. Por su parte, la Constitución Política de 1991, en el texto original del artículo
29915 previó que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las
correspondientes sesiones, en los siguientes términos:

«Artículo 299. En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección
popular que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no
menos de once miembros ni más de treinta y uno.

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada departamento,
con base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para
los congresistas en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de
funcionarios públicos El período de los diputados será de tres años, con las limitaciones
que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios con su asistencia a las sesiones
correspondientes.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de veintiún
años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción
de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección». (Se resalta).

17. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 1996 reformó el artículo 299 ejusdem.
En esta oportunidad se eliminó el pago de honorarios y, en su lugar, se reconoció
una remuneración por la asistencia a las sesiones correspondientes, así como un
régimen de prestaciones y de seguridad social en los términos que fijara la ley, por
lo que trasladó al legislador la fijación de la remuneración salarial y prestacional de
los diputados:

13 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las

pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones».
14 «Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental».
15 Toda vez que fue objeto de algunas reformas.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

«Artículo 299. En cada Departamento habrá una Corporación Administrativa de elección
popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no
menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha corporación gozará de
autonomía administrativa y presupuesto propio.

El régimen dé inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la Ley.
No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años y tendrán la calidad de
servidores públicos (…).

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la Ley». (Se resalta).

18. En desarrollo del artículo 299 de la Constitución Política, el Congreso expidió la
Ley 617 de 200016, mediante la cual previó la remuneración con base en un sistema
diferenciado según la categoría de los departamentos. No obstante, no desarrolló el
régimen prestacional de los diputados, pues en el artículo 29 estableció:

«Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1º de la Ley 56 de 1993, quedará
así:

Artículo 1º Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6)
meses en forma ordinaria, así:

El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su
elección al último del mes de febrero de respectivo año.

El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre
el 1o. de marzo y el 30 de abril.

El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del
1o. de octubre al 30 de noviembre.

Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se
remunerará proporcionalmente al salario fijado.

Parágrafo 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones
o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4ª de 1992.

Parágrafo 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social
previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo caso se
les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia».

16 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional».

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

19. El citado artículo 299 constitucional fue objeto de una última modificación por
medio del Acto Legislativo 01 de 2007. La norma en la actualidad es la siguiente:

«Artículo 299. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 01 de 2007. En cada
departamento habrá una corporación político-administrativa de elección popular que se
denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por no menos de 11
miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y
presupuesto propio, y podrá ejercer control político sobre la administración
departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley.
No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad de
servidores públicos.

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o
culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración
durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un régimen de
prestaciones y seguridad social, en los términos que fijen (sic) la ley». (Se resalta).

20. Nótese que el Acto Legislativo 01 de 2007, en relación con el régimen salarial y
prestacional no produjo modificación alguna en tanto que mantuvo la descripción
contenida en el Acto Legislativo 01 de 1996 y, por ello, hasta que el legislador se
pronunciara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución
Nacional y la ley que lo desarrollara, el régimen prestacional de los diputados
continuaría siendo el establecido en la Ley 6ª de 1945 y demás normas que la
adicionen o la reformen17, por remisión del artículo 56 del Decreto 1222 de 1986.

21. Así las cosas, por disposición del artículo 29 de la Ley 617 de 2000 el régimen
pensional y asistencial está comprendido en la Ley 100 de 1993 que regula la
seguridad social; no obstante, se debe tener en cuenta que en materia pensional se
deben mantener las disposiciones anteriores, en virtud del régimen de transición si
a ello hubiere lugar. Lo anterior, toda vez que las normas citadas no resultan
contrarias a la Constitución y no han sido derogadas ni declaradas inexequibles.

17 La ley 344 de 1996 modificó el régimen de cesantías a partir de la fecha de su publicación.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

22. Ahora bien, a través de la Ley 1871 de 201718, se fijó el régimen de remuneración,
prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales,
así:

«Artículo 3°. Régimen prestacional de los diputados. El servidor público que ejerza
como diputado tendrá derecho a seguro de vida con cargo a la sección presupuestal del
sector central del Departamento y a percibir las siguientes prestaciones:

1. Auxilio de cesantía e intereses sobre las cesantías, cuya liquidación se orientará
por los artículos 3º y 4º de la Ley 5a de 1969 y el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 o por
las normas que lo adicionen o modifiquen.

2. Prima de Navidad, se reconocerá de conformidad con lo establecido en el artículo 11
de la Ley 4a de 1966.

Parágrafo 1°. A partir de la presente ley, cada Departamento deberá homologar las
prestaciones que hubiere reconocido hasta el momento y reemplazarla con las
establecidas en el presente régimen.

(…)

Artículo 5°. Derechos de los diputados. Los diputados tendrán derecho a:

1. Vacaciones y prima de vacaciones. La cuantía y término se reconocerá de
conformidad con lo establecido en la Decreto número 1045 de 1978 y se hará en forma
colectiva. Para el reconocimiento se tendrá en cuenta como si se hubiese sesionado
todo el año.

2. Capacitación. Se extenderá a los diputados y directivos de federaciones y
confederaciones de diputados lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1551
de 2012.

3. Gasto de Viaje. Las asambleas departamentales podrán pagar del rubro de gasto de
funcionamiento, los gastos de viajes de sus Diputados con ocasión del cumplimiento de
comisiones oficiales dentro y fuera del departamento».

23. Con posterioridad, el legislador expidió la Ley 2200 de 2022, cuyos artículos 82
y 85 regulan el régimen prestacional y los derechos de los diputados, que incluye el
reconocimiento de prestaciones como las cesantías, la prima de navidad, así como
las vacaciones y la prima de vacaciones. Estas disposiciones deben interpretarse
en armonía con la Ley 1871 de 2017, en tanto desarrollan y sistematizan el régimen
allí previsto. No obstante, dichas disposiciones no tienen efectos retroactivos, por lo
que su aplicación se circunscribe a las situaciones jurídicas consolidadas con
posterioridad a su entrada en vigencia.

18 «Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de

los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Gentil Briceño Sánchez

24. Es necesario precisar que el gobierno nacional ha formulado varias consultas a
esta corporación en relación con el reconocimiento de prestaciones para los
diputados, es por ello que, a través del concepto 1700 del 14 de diciembre de
200519, la Sala de Consulta señaló:

«La doctrina transcrita permite afirmar que las normas a las cuales se refiere la
providencia reseñada, han tenido por objeto reorganizar la estructura de la
administración pública del orden nacional y establecer el régimen salarial y prestacional
de los empleados y trabajadores oficiales de dicho orden, razón por la cual, se reitera,
se redujo el campo de aplicación de la ley 6a. de 1945 a los empleados del orden
territorial, y por expresa remisión de los artículos 7o. de la ley 48 de 1962 y 56 del decreto
1222 de 1986, los miembros de las asambleas departamentales disfrutan de las
prestaciones sociales consagradas en el artículo 17 de la mencionada ley 6a.

En conclusión, hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 299 de la Constitución Nacional el régimen prestacional de los diputados
es el establecido en la ley 6a. de 1945, con las modificaciones introducidas en materia
de seguridad social por la ley 100 de 1993, que es ley derogatoria de los regímenes
generales y especiales de pensiones, razón por la cual en esta materia la ley 6a. sólo es
aplicable a los diputados en los términos del régimen de transición o sea del artículo 36
de la ley. Asimismo, no puede olvidarse que con respecto a las cesantías del orden
territorial la mencionada ley 6a fue modificada por las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997».

25. La Corte Constitucional avaló este pronunciamiento y otros20 en la sentencia C-
700 de 2010, en sentido de señalar que, si bien a partir de la reforma constitucional
de 1996, la competencia para establecer el régimen prestacional de los miembros
de las asambleas departamentales era exclusiva del legislador, se debía tener en
cuenta que mientras el Congreso de la República profiriera una nueva ley en la
materia, debía entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el
recogido en la Ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100
de 1993, 344 de 1996 y 362 de 1997.

26. En virtud de lo anterior, se concluye que solo hasta cuando entró en vigencia la
Ley 1871 de 2017, posteriormente reiterado por la Ley 2200 de 2022, desde el punto
de vista prestacional, los diputados tienen derecho al reconocimiento y pago de las
vacaciones y de la prima de vacaciones.

2.2.2. Las cesantías a favor de los diputados

27. Como se expuso en líneas anteriores, dentro de las prestaciones reconocidas a
favor de los diputados se encuentran las cesantías, de conformidad con lo dispuesto

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de diciembre de 2005,

radicado 1700, C. P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
20 Consejo de Estado, conceptos 695 del 14 de junio de 1995, 1166 de 1998 y 1234 del 3 de febrero

de 2000.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

en los artículos 7 de la Ley 48 de 1962, 6 del Decreto 1723 de 1964 y 56 del Decreto
Ley 1222 de 1986, que remiten a la Ley 6ª de 1945, la cual en su artículo 17, literal
a), previó el derecho a ese auxilio.

28. Si bien es cierto en la Ley 6ª de 1945 la liquidación de esa prestación se
estableció bajo el régimen de retroactividad, también lo es que ella ha sufrido
modificaciones, entre ellas, la ordenada en la Ley 5ª de 1969.

29. Posteriormente y con el propósito de desmontar ese régimen para los servidores
públicos del nivel territorial, el legislador expidió el Decreto 3118 de 1968 y la Ley
344 de 1996, en cuyo artículo 13 estableció:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los
Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo.

Parágrafo. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».

30. La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y en su artículo
1 dispuso:

«Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104
y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del
mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo
5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán
por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998.».

31. Ahora, los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, a los cuales remite la
disposición anterior, establecieron:

«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

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Demandante: Gentil Briceño Sánchez

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del
año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada día de retardo.

Artículo 102.- El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas
abonadas en su cuenta en los siguientes casos:

Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora
entregará al trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la
presentación de la solicitud.

En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía
durante la vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se
descontará del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva.

Artículo 104.- De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de
cada año el empleador deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía. La
Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá presentar al trabajador en las
acciones que se adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación
o pago del auxilio de cesantía».

32. En cuanto a los factores para liquidar las cesantías, el artículo 45 del Decreto
1045 de 197821 ordenó lo siguiente:

«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones. Para
efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se
tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación y la prima técnica;

c) Los dominicales y feriados;

d) Las horas extras;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

21 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones

sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

f) La prima de navidad;

g) La bonificación por servicios prestados;

(Ver Sentencia de la Corte Suprema de Justicia No. 91 de 1986)

h) La prima de servicios;

i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;

j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;

k) La prima de vacaciones;

l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;

ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de
1968».

2.3. Caso concreto

2.3.1. hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente22:

33.1. Gentil Briceño Sánchez se desempeñó como diputado del departamento del
Vaupés entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 según
certificaciones expedidas por la Asamblea Departamental del Vaupés del 2 de
agosto de 201723 y el 13 de septiembre de 202424:

«EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DE VAUPES

C E R T I F I C A:

Que el señor GENTIL BRICENO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
número 5.874.759 de Cunday (Tolima), laboro en la Asamblea Departamental del
Vaupés, como Diputado durante el siguiente período constitucional:

22 Samai Tribunales y Juzgados, índice 5, expediente digital.
23 Folio 12.
24 En virtud de la prueba de oficio decretada por el tribunal mediante auto del 29 de agosto de 2024.

Samai tribunales y Juzgados, índice 46, documento 41.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

02 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2015

Funcion o cargo en la cual ha devengado o devengó las siguientes remuneraciones
mensuales y prestaciones sociales así:

Año Remuneración Prima de Otras Sesiones Auxilio de
mensual navidad prestaciones extras cesantías
2012 $ 10.200.60025 $ 10.200.600 $ 1.326.078 $ 10.200.60026 $ 11.050.650
2013 $ 10.611.00027 $ 10.611.000 $ 1.379.430 $ 10.611.00028 $ 11.495.250
2014 $ 11.088.00029 $ 11.088.000 $ 1.441.440 $ 10.718.40030 $ 12.012.000
2015 $ 11.598.30031 $ 11.598.300 $ 1.507.779 $ 10.825.08032 $ 12.564.825

33.2. El 14 de febrero de 2018, solicitó a la Asamblea Departamental del Vaupés el
reconocimiento y pago de vacaciones, primas de vacaciones y de servicios
correspondientes a los años 2012 a 2015, la reliquidación de sus cesantías con
inclusión de dichos factores y de las sesiones extras; y el pago de la sanción
moratoria33.

33.3. Mediante Resolución 034 del 26 de febrero de 2018, el ente territorial negó
dicha reclamación con fundamento en que i) las prestaciones reclamadas no
estaban previstas en la Ley 6ª de 1945, régimen prestacional aplicable a los
diputados, y comoquiera que solo fueron reconocidas a partir de la Ley 1871 de
2017, no era dable su aplicación ante la vigencia posterior de la referida norma
respecto del periodo reclamado; y ii) para las vigencias 2012 a 2015, liquidó el
auxilio de las cesantías con base en la asignación básica establecida para cada
anualidad, y la doceava parte de la prima de navidad, sin incluir las primas de
vacaciones y de servicios34.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, y en atención al marco
normativo antes expuesto, se precisa que las prestaciones sociales de los miembros
de las Asambleas Departamentales se rigen por la Ley 6ª de 1945 y sus normas
complementarias, así como las modificaciones introducidas en materia de seguridad
social en la Ley 100 de 1993; y en lo que respecta a la liquidación de cesantías,

25 Enero y febrero, y de junio a noviembre.
26 Mayo: $ 6.800.400 y diciembre: $ 3.400.200.
27 De marzo a julio; y octubre y noviembre.
28 Enero: $ 3.537.000 y septiembre: $ 7.074.000.
29 De marzo a noviembre
30 Enero $ 3.696.000 y diciembre: $ 7.022.400.
31 Marzo y abril; y de junio a noviembre.
32 Febrero: $ 3.479.490 y mayo: $ 7.345.590.
33 Folios 13 y 14.
34 Folios 15 a 16.

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Demandante: Gentil Briceño Sánchez

conforme con las leyes 344 de 1996 y 362 de 1997.

35. El citado régimen reconoce las siguientes prestaciones: auxilio de cesantías,
pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes, seguro por muerte, auxilio por
enfermedad no profesional, asistencia médica, gastos de entierro, prima de navidad
y seguro de vida. Es decir, la Ley 6ª de 1945 y las normas complementarias no
hicieron relación alguna a las vacaciones y la prima de vacaciones, lo cual impide
efectuar su reconocimiento, tal y como lo estableció el a quo.

36. Solo con la entrada en vigencia la Ley 1871 de 2017 se reconoció a los diputados,
en materia prestacional, no solo las cesantías y sus intereses, sino también las
vacaciones y la prima de vacaciones. No obstante, dicha normativa resulta
inaplicable al sub judice, toda vez que las prestaciones reclamadas corresponden
al período comprendido entre los años 2012 y 2015, es decir, con anterioridad a su
expedición. En consecuencia, para el período en discusión, el régimen aplicable es
el previsto en la Ley 6ª de 1945, y demás normas que la adicionaron o la reformaron
y no el introducido por la Ley 1871 de 2017.

37. Así las cosas, en consideración a que lo solicitado por el demandante es el
reconocimiento de las vacaciones y la prima de vacaciones, se debe concluir que
como estas no se encuentran previstas en la Ley 6ª de 1945, no es posible acceder
a esa pretensión. Esta tesis es consecuente con los diversos pronunciamientos que
al respecto ha realizado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
en la que además se precisó que tampoco tienen derecho a la prima de servicios35,
pues «no puede ser aplicada a los diputados por no existir norma jurídica que autorice su
pago a estos servidores»36.

38. Frente a lo aquí analizado, el Consejo de Estado en sentencia del 7 de
septiembre de 201837 se pronunció en un caso similar al sub judice y concluyó que
no era viable el reconocimiento pretendido al tratarse de emolumentos no previstos
en la Ley 6ª de 1945. Así lo consideró:

«Sea la oportunidad para precisar que la Corte Constitucional avaló estos
pronunciamientos, en sentido de señalar que si bien a partir de la reforma constitucional
de 1996, la competencia para establecer el régimen prestacional de los miembros de las
asambleas departamentales era exclusiva del legislador, se debía tener en cuenta que

35 La cual en todo caso no fue objeto del recurso de apelación.
36 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1166 del 25 de noviembre de 1998.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018,

radicación: 81001-23-33-000-2014-00090-01, número interno: 0039-16. En igual sentido, pueden
consultarse las siguientes providencias: sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación: 19001-
23-33-000-2014-00327-01, número interno: 0839-17, sentencia del 2 de diciembre de 2019,
radicación: 19001-23-33-000-2014-00331-01, número interno: 4828-16 y sentencia del 24 de mayo
de 2024, radicación 50001-23-33-000-2018-00345-01, número interno 1845-2021.

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Demandante: Gentil Briceño Sánchez

mientras el Congreso de la República no profiriera una nueva ley en la materia, debía
entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el recogido en la Ley 6ª de
1945, con las modificaciones introducidas por las leyes 100 de 1993, 344 de 1996 y 362
de 1997.

(…)

Al revisar el citado régimen se evidencia que se reconocen los siguientes emolumentos:
auxilio de cesantía, pensión vitalicia de jubilación, pensión de invalidez, seguro por
muerte, auxilio por enfermedad no profesional, asistencia médica, farmacéutica,
quirúrgica y hospitalaria y, gastos de entierro, por tal motivo se puede concluir que ni la
Ley 6ª de 1945 ni las expedidas con posterioridad hicieron relación alguna a los
emolumentos que pretende el señor (…) tales como, vacaciones, prima de vacaciones y
prima de servicios, lo cual impide efectuar su reconocimiento».

39. En todo caso, tampoco es procedente dar aplicación al Decreto 1919 de 2002 a
través del cual se previó que los empleados públicos del nivel territorial gozarían del
régimen de prestaciones de los del orden nacional, toda vez que dicha norma no se
refirió a los diputados. Así lo ha considerado el Consejo de Estado al indicar38:

«El decreto 1919 del 27 de agosto del 2002 fue expedido por el Presidente de la
República en desarrollo de las facultades otorgadas por los artículos 150, numeral 19
letras e) y f) de la Constitución y 12 de la ley 4ª de 1992. Si bien en su artículo 1º se
refiere a las Asambleas Departamentales como objeto de su aplicación, cabe señalar
que las prestaciones en él dispuestas rigen únicamente para los empleados públicos y
trabajadores oficiales de tales corporaciones. Es decir, se exceptúan los Diputados, cuya
remuneración y régimen prestacional y de seguridad social, por expresa
disposición del artículo 299 de la Carta Política, corresponde fijarlo al legislador

Sin embargo, el decreto 1919, al precisar que el régimen prestacional de los empleados
territoriales es el mismo de los nacionales, restringió mucho más el campo de aplicación
de la ley 6ª de 1945.

Al determinar la Constitución Política –art. 299- que el régimen de prestaciones de los
diputados será fijado por la ley, es evidente que le dio una regulación distinta al de
los demás servidores públicos, pues, en tanto el régimen prestacional de éstos es
fijado de manera concurrente por el congreso y el ejecutivo –art. 150. 19 e)- el régimen
de aquéllos es solamente definido por el legislador.

De esta manera, el régimen de prestaciones de los diputados sigue rigiéndose por la ley
6ª de 1945, pues no se ha proferido otra ley en este sentido». (Se resalta).

40. De lo expuesto en el concepto transcrito, se concluye que aun cuando el Decreto
1919 de 2002, en su artículo 139, hizo extensivo el régimen prestacional que ampara

38 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1501 del 3 de diciembre de 2003, M.P. Flavio Augusto

Rodríguez Arce.
39 «Artículo 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos

vinculados o que se vinculen a las entidades del nivel central y descentralizado de la Rama Ejecutiva
de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

a los empleados públicos del orden nacional, para algunos servidores del orden
territorial, esta situación no aplica a los miembros de las asambleas
departamentales, máxime cuando el texto de la norma es claro al referir que tal
extensión cobija a los empleados públicos, condición que no tienen los diputados,
pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Política,
estos tienen la calidad de servidores públicos40, y dentro de esta noción, son
miembros de corporaciones públicas, razón por la cual la norma referida tampoco
permite dar viabilidad a las pretensiones de la demanda.

41. Ahora bien, debido a que el actor no tiene derecho al reconocimiento de las
vacaciones y la prima de vacaciones referidas, no puede disponerse la reliquidación
de las cesantías con inclusión de tales emolumentos porque no es dable incluir
conceptos que el legislador no ha previsto como integrantes de su régimen salarial
y prestacional.

42. No obstante lo anterior, se observa que entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2015 el demandante recibió por sus servicios: i) remuneración
mensual; ii) prima de navidad; iii) sesiones extra; y iv) auxilio de cesantías; sin
embargo, para liquidar este último emolumento únicamente se tuvo en cuenta la
asignación básica y la prima de navidad, tal como se manifestó en el acto acusado,
es decir que no se incluyó lo que aquel percibió durante ese tiempo por concepto
de sesiones extra.

43. Pues bien, luego de analizar lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 617
de 2000, en concordancia con lo expuesto en el concepto 1501 del 3 de diciembre
de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado41, se advierte

Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y
Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las
Juntas Administradoras Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de
Educación Primaria, Secundaria y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales
señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional».
40 La figura de servidor público es genérica y, dentro de ella, están comprendidos tanto los miembros

de las Corporaciones Púbicas, como los empleados públicos, sin que aquellos se puedan confundir
con estos, pues, si bien hacen parte de esa generalidad, constituyen una clasificación específica y
están regidos, en materia prestacional, por disposiciones también específicas. La Corte
Constitucional, en Sentencia C-056 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, al respecto señaló.
13. La figura genérica del servidor público en el universo de la función pública, comprende a
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (CP art. 123). Los servidores públicos
ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (CP art. 123).
La ley determina la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva (CP
art. 124).
41 C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. En este concepto la Sala señaló que «[l]a remuneración de

los diputados “durante las sesiones correspondientes”, como lo señala el artículo 299 superior, la fijó
el legislador “por mes de sesión”, en una suma única y global liquidada en salarios mínimos legales
mensuales, entre 18 y un máximo de 30 salarios, según la categoría del departamento. Como se

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

que los diputados perciben una remuneración única y global que corresponde a las
sumas devengadas por las sesiones ordinarias y extraordinarias, estas últimas que
de conformidad con la norma en cita se realizan durante un mes al año, son
convocadas por el gobernador para que se ocupen exclusivamente de los asuntos
que se sometan a su consideración, los cuales pueden ser de urgencia o
coyunturales, y se remuneran proporcionalmente al salario fijado.

44. Lascaracterísticas expuestas en torno a las denominadas sesiones extras
permiten concluir que cuando los diputados reciben un pago por estas lo perciben
como contraprestación directa por el trabajo realizado, es decir, en suma, su
reconocimiento y pago remunera los servicios prestados y constituye salario,
cualquiera sea la forma o denominación que se haya adoptado para identificarlas.

45. Así las cosas, al no incluirse las sesiones extras para la liquidación de las
cesantías causadas por el demandante para los años alegados, se puede colegir
que este factor fue liquidado con base en un salario que no correspondía al
realmente percibido por aquel por sus labores como diputado.

46. En efecto, la prestación social de las cesantías se reconoce en un mes de salario
por año trabajado o en forma proporcional al tiempo laborado, y a efectos de
determinar los factores que deben incluirse en su liquidación, como se expuso en
líneas anteriores debe acudirse al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978. Como es
natural, en esta lista taxativa de factores no se encuentra uno denominado sesiones
extra, pero ello no puede ser óbice para omitir su inclusión, pues lo cierto es que,
como se expuso, estos pagos remuneran el servicio prestado y, en consecuencia,
conforman el salario de los diputados. En igual sentido lo reconoció recientemente
esta corporación al señalar que «el valor por sesiones extra se recibe como
contraprestación directa del servicio y que hacen parte de la denominada remuneración
global»42.

47. En consecuencia, en atención a que se desconoció que el pago por las sesiones
extra se recibe como retribución del servicio y que estas hacen parte de la
remuneración única y global que reciben los diputados de conformidad con la ley,
habrá de tenerse en cuenta al momento de liquidar las cesantías causadas por el
actor para los años 2012 a 2015, en la medida que no fueron incluidas para ello.

trata de una remuneración por mensualidades, hay lugar al pago durante los meses en que las
asambleas sesionen, esto es, durante los seis meses de sesiones ordinarias, y proporcionalmente
durante las sesiones extraordinarias, si son convocadas por menos de un mes».
42 En este sentido se pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la sentencia

proferida el 24 de febrero de 2024 con radicado 47001-23-33-000-2019-00301-01 (1750-2022), M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; y la sentencia del 24 de mayo de 2024 con radicado 50001-23-33-000-
2018-00345-01 (1845-2021) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

48. Finalmente, es improcedente reconocimiento de la sanción moratoria como
consecuencia de la reliquidación del auxilio de cesantías con base en las sesiones
extra, toda vez que i) el valor del auxilio fue reconocido en tiempo por la entidad y
ii) la obligación de pago de este emolumento surge con este proveído, el cual tiene
el carácter de sentencia constitutiva, pues lo cierto es que la procedencia de su
inclusión era objeto de debate en sede judicial.

49. Por lo analizado, se revocará parcialmente la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

50. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

51. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

52. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

53. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

54. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso

43 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

20

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas y revocará la
condena impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí
expuesto.

3. Conclusión

55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que es improcedente el
reconocimiento de las vacaciones y la prima de vacaciones a favor del actor y, por
lo tanto, no puede disponerse la reliquidación de las cesantías con inclusión de
estos emolumentos porque no es dable incluir conceptos que el legislador no ha
previsto como integrantes de su régimen salarial y prestacional.

56. No obstante, las cesantías debieron liquidarse con inclusión del factor sesiones
extra, pues se reciben como contraprestación directa del trabajo realizado y hacen
parte de la denominada remuneración única y global según la ley y la jurisprudencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del proceso adelantado por Gentil
Briceño Sánchez contra el departamento del Vaupés, y en su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 034 del 26 de febrero de
2018, expedida por el presidente de la Asamblea Departamental del Vaupés, en
cuanto negó la reliquidación de las cesantías con inclusión de lo percibido por
concepto de sesiones extra para los años 2012 a 2015.

Tercero. Condenar al departamento del Vaupés, Asamblea Departamental, a
reliquidar el auxilio de cesantías del demandante por los años 2012 a 2015 con
inclusión de lo recibido por concepto de sesiones extra, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Actualizar las sumas que resulten a favor del demandante tal y como lo ordena el
artículo 187 del CPACA, y en aplicación de la siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, aplicar la fórmula en forma separada, esto
es mes por mes, respecto de cada obligación teniendo en cuenta que el índice inicial
es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

Cuarto. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2024
por el Tribunal Administrativo del Meta que impuso la condena en costas.

Quinto. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida que negó el reconocimiento
y pago de las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de servicio, la
reliquidación de las cesantías con inclusión de estos factores y la sanción moratoria,
de conformidad con lo expuesto en esta decisión.

Sexto. No condenar en costas en esta instancia.

Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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Radicado: 50001-23-33-000-2018-00353-01 (0096-2025)
Demandante: Gentil Briceño Sánchez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del cpaca.
FNM

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