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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2019-00082-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 50001-23-33-000-2019-00082-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los numerales segundo, tercero y quinto de la sentencia apelada. En su lugar: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los aportes al SPS de los periodos de 2014, de acuerdo con el IBC establecido en la parte inserta de la providencia de segunda instancia. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar la sanción por omisión, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia. Quinto. No condenar en costas en primera instancia. 2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 50001-23-33-000-2019-00082-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

19 de marzo de 2026

Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas
Demandado: UGPP

Temas: Aportes al SPS. Enero a diciembre de 2014. Sujeción pasiva rentistas
de capital. Base imponible. Reconocimiento de costos y gastos.
Indivisibilidad de la prueba documental. Valoración probatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación1 interpuestos por las partes contra la sentencia,
del 18 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que resolvió2:

Primero. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial No. RDO 2017-01930, del 30 de junio
de 2017, por omisión en la afiliación y/o vinculación y pagos de los aportes al [SPS], para la vigencia
del año 2014, así como la imposición de la sanción por omisión en declarar los aportes y la
Resolución 2018-00412 del 25 de julio de 2018 que resolvió el recurso de reconsideración, por las
razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Condenar a título de restablecimiento del derecho a la [demandada], a reliquidar los
aportes al [SPS] de la demandante para el año 2014, atendiendo al IBC establecido en la tabla
realizada por la Sala en las consideraciones de este proveído.

Tercero. De igual forma, deberá reliquidar la sanción por omisión impuesta en el recurso de
reconsideración, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia.

Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Quinto. Condenar en costas parciales [a la demandada], equivalente a un 50% de la liquidación de
costas que se practique.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

La demandada, mediante la Liquidación Oficial RDO-2017-01930, del 30 de junio de
2017, le determinó al actor por el año 2014 aportes al SPS (Sistema de Protección Social)
con un IBC equivalente a 25 salarios mínimos (año 2014) y se le impuso sanción por
omisión -correspondiente al 12% del aporte omitido por cada mes o fracción de mes de
retardo-3. Dicha decisión fue modificada mediante la Resolución RDC 412, del 25 de julio
1
Samai Tribunal, índices 25, certificado 2DE2350CB85DBB04 E3EA3B32AABBC641 14E0894539E38C87 2FFD50B233A50E2F
(pdf), pp. 1 a 14; y 26, certificado A7C27FDA430820E9 43F2C6E0282FD023 D00317DA04CAC3B9 F3B9E81EF489E309 (pdf), pp.
1 a 16.
2
Samai Tribunal, índice 22, certificado F1152F93530E4E0F 3A1675BBF37CDFEB 951B3C99C4978CFF 0BE9DC01976AC8A7 (pdf),
pp. 27 y 28.
3
Samai Tribunal, índice 02, certificado BD53B1861FE91498 3E5EDB6D8DF50747 C329FB3D (pdf), pp. 108 a 138.

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www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

de 2018, que resolvió el recurso de reconsideración, disminuyendo el valor del aporte del
mes de enero, ajustándolo al límite de 25 salarios mínimos del año 2013, y en forma
concomitante, la sanción por omisión – limitada al tope del 200% del valor del aporte no
declarado y pagado, en aplicación del principio de favorabilidad4.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:

Pretensiones principales:

Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución No. RDO-2017-01930 del 30 de junio del 2017: “Por medio de la cual se profiere a
JESÚS ALFONSO MARROQUÍN VARGAS identificado …, liquidación oficial por omisión en la
afiliación y/o vinculación y pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral en Salud y
Pensión y se sanciona por no declarar por conducta de omisión” por salud y pensión por un valor de
…. ($56.364.000) y sanción por no declarar por conducta de omisión , por un valor de …
($112.728.000).

2. Resolución No. RDC-2018-00412 del 25 de julio del 2018: “Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. RDO-2017-01930 del 30 de junio
del 2017” que modificó los valores por salud y pensión por un valor de … ($56.162.200) y sanción
por no declarar por conducta de omisión, por un valor de …($112.324.400).

Como consecuencia de la nulidad solicitada, solicitamos que se declare que mi representado no
puede cobrársele nada por los periodos fiscalizados y deberá archivarse los procesos de fiscalización
adelantados por la Unidad.

Pretensiones subsidiarias:

A. De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicitamos a su señoría que en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad del acto administrativo, se realice un análisis detallado
de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda y proceda a realizar una reliquidación
de la presunta deuda fijada por la UGPP en [los actos demandados].

B. De igual forma, señor juez, con el fin de evitar un perjuicio mayor a mi poderdante al haber
interpuesto esta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el dado caso se obligue a
realizar un pago a seguridad social[,] solicitamos cordialmente que se le exonere del pago de los
intereses moratorios del capital por deuda a la seguridad social, permitiéndole a mi representado por
medio de la sentencia, utilizar la correspondiente planilla tipo j, la cual se utiliza para condenas de
sentencia judicial.

Sobre el restablecimiento del derecho:

A. Sobre el daño emergente:

1. Que se reconozca por concepto de daño emergente el pago de los gastos incurridos en la defensa
jurídica ejercida por mi poderdante. Los valores de los gastos incurridos son por un valor de
…[$6.300.565], los cuales se prueban con los contratos de prestación de servicios suscritos con la
firma y que se allegan en el acápite de pruebas de la presente demanda.

2. En el caso de una eventual declaración de nulidad total o parcial de los actos atacados, solicitamos
cordialmente se ordene a la Unidad la devolución de los dineros pagados por concepto de pago de
seguridad social del año fiscalizado, respe[c]to al capital, intereses moratorios y/o sanciones por
omisión, inexactitud o mora.

4
Samai Tribunal, índice 02, certificado BD53B1861FE91498 3E5EDB6D8DF50747 C329FB3D (pdf), pp. 175 a 211.
5
Samai Tribunal, índice 02, certificado BD53B1861FE91498 3E5EDB6D8DF50747 C329FB3D (pdf), pp. 6 a 8.

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

Codena en costas:

Solicito que se condene en costas a la … UGPP, de conformidad con el artículo 188 del [CPACA].

Invocó como vulnerados los artículos 29, 48 y 338 de la Constitución; 107, 330, 617 y 618
del ET (Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario Nacional); 2, 3, 5 y 18 de la Ley 797 de
2003; 18 de la Ley 1122 de 2007; 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012 (en su versión
modificada, respectivamente, por los artículos 50 de la Ley 1739 de 2015 y 314 de la Ley
1819 de 2016); 135 de la Ley 1753 de 2015; 1 del Decreto 3085 de 2007, bajo los
siguientes conceptos de violación6:

-Cargo primero: Potestad exclusiva del congreso en crear tributos – los independientes
por cuenta propia carecían en el momento histórico de base gravable – inseguridad
jurídica – principio de reserva de la ley. Indicó que, para la época de los hechos, era un
independiente por cuenta propia. Luego, explicó que, según los artículos 150 y 338 de la
Constitución solo la ley puede imponer contribuciones y que los aportes al SPS se
consideran tributos -contribuciones parafiscales-, conforme lo definió la sentencia C-663
de 2009; y en tal condición debe reunir los elementos estructurales del tributo, como
sujetos activo y pasivo, hecho generador, causación, base gravable y tarifa.

Al hilo de lo anterior, afirmó que para el año gravable 2014 el Congreso de la República
no había definido la base para los independientes por cuenta propia, como si lo hizo para
los independientes contratistas. Así, la demandada no podía crear una base gravable
para estos sujetos pasivos, pues no tenía la competencia para ello dado que esto se
encontraba reservado al Congreso mediante una ley (principio de reserva de ley). Resaltó
que la obligación de cotizar para los independientes se reguló en el artículo 15 de la Ley
100 de 1993 normativa que destacó que los ingresos no podían ser inferiores al salario
mínimo y que debían corresponder a los percibidos; luego, para subsanar el vacío legal
respecto de la base gravable de los independientes, fue expedida la Ley 1122 de 2007
que, en su artículo 18, determinó que los independientes contratistas de prestación de
servicios, cotizarían sobre un IBC máximo del 40% del valor mensualizado del contrato,
dejando un 60% para los costos; y, que para los demás contratos, se reglamentaría un
sistema de presunción de ingresos con base en la información de las actividades
económicas, de modo que para los independientes por cuenta propia no se determinó
una base para los aportes.

En dicho contexto, alegó que los actos demandados adolecían de falta de motivación,
como causal de nulidad, pues la demandada no podía crear una base para los
trabajadores por cuenta propia porque eso era facultad del Congreso. Por ello, se generó
para el año 2014 una «inseguridad jurídica» que lo eximía de cotizar al SPS, ante la ausencia
de la base para los trabajadores por cuenta propia; vacío que solo fue regulado hasta el
año 2015, con el artículo 135 de la Ley 1753 de dicho año.

Anotó que, para complementar lo anterior, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33,
determinó que los declarantes del impuesto sobre la renta se presumían con capacidad
de pago, y solo por ello debían afiliarse al régimen del SPS; sin embargo, al mismo
tiempo, la citada norma dispuso que el Gobierno nacional debía reglamentar un sistema
de presunción de ingresos con base en la actividad económica, regulación que no fue
expedida en el año 2014. De modo que no podía fundamentarse el elemento del tributo -
base gravable- cuando la ley había estipulado que lo reglamentara el Gobierno; inclusive,
de haber sido así, no podía este asumir una función que es del Congreso, por ser una
contribución parafiscal. Así, los actos acusados incurrieron en la causal de nulidad
prevista en el literal 4 del artículo 730 del ET, al haberse omitido la base gravable, lo que,
6
Samai Tribunal, índice 02, certificado BD53B1861FE91498 3E5EDB6D8DF50747 C329FB3D (pdf), pp. 12 a 46.

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

por lo mismo, implicaba una falsa motivación.

En todo caso, de existir alguna obligación de aportar a la seguridad social por el año 2014
por existir sujeto pasivo, como lo reclamaba la UGPP, este debía cotizar sobre la base
de los ingresos que declarara el cotizante ante la administradora a la que se afiliara, esto
en consonancia con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 6 de la Ley 797 de 2003, que no sobre los valores determinados presuntivamente.

-Cargo segundo: Falsa motivación – rechazar costos y gastos necesitaba verificación
previa – buena fe de las entidades públicas – declaración de renta está revestida de
presunción de veracidad. Sostuvo que los costos y gastos declarados en su
autoliquidación del impuesto sobre la renta de 2014 se presumían veraces, conforme lo
ha precisado la jurisprudencia de esta Sección, por lo que la demandada no estaba
habilitada para desconocer los costos, gastos y deducciones allí consignados, mientras
no desvirtuara la presunción. Por ello, la UGPP al presumir ingresos y fiscalizar ingresos
brutos incurrió en una actuación contraria a derecho y omitió el principio de buena fe, que
debía regir las actuaciones administrativas, al no tener en cuenta la veracidad de los
costos y gastos de la declaración de renta. En la misma línea, reprochó que la
Administración no hubiese tomado los datos declarados de manera «integral», pues solo
tomó el dato de los ingresos que le beneficiaba, lo que evidenciaba la mala fe de la
entidad, pues omitió tener en cuenta los gastos.

-Cargo tercero: Falta de competencia de la UGPP para analizar los costos y gastos de la
declaración de renta – potestad exclusiva de la Dian. Adujo que no existía en el
ordenamiento una ley que le hubiera conferido a la UGPP la facultad de analizar los
costos y gastos de los contribuyentes y mucho menos de rechazarlos, pues esto era
potestad exclusiva de la Dian y, por ello no podía la entidad sustentarse en las facultades
del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007; configurándose así la causal de nulidad del
artículo 137 del CPACA. En todo caso, de no proceder la nulidad, debían tenerse en
cuenta los costos y gastos declarados de manera que se calcularan los aportes al SPS
sobre la renta líquida declarada.

-Cargo cuarto: Falsa motivación – sobre ingresos de arriendos no se paga seguridad
social – concepto uniforme de la Dian y ministerio del trabajo – no existe servicio prestado
– falsa motivación del acto – confianza legítima. Planteó que debía tenerse en cuenta que
pueden existir varias cédulas al momento de presentar la declaración sobre la renta,
conforme a lo previsto en el artículo 330 del ET (modificado por el artículo 1 de la Ley
1819 de 2016). En ese sentido, describió que, para el año 2014, realizó una diferenciación
entre los ingresos que percibió por concepto de arriendo ($144.000.000) respecto de los
obtenidos por la prestación de servicios; es decir, entre los derivados de su actividad
como trabajador por cuenta propia y como rentista de capital -calidades diferentes acorde
con los pronunciamientos de la Dian-; no habiendo lugar a pagar seguridad social sobre
los contratos de arrendamiento de inmuebles, por no tratarse de un servicio personal, que
es lo que se contempla para esos efectos, conforme con la correspondiente regulación,
como las Leyes 797 de 2002 (art 3); 100 de 1993 (art. 15), así como los Decretos 1070
de 2002 (art.23) y 3032 de 2013 (art. 1), entre otros.

En ese sentido, se sustrajo de la obligación de efectuar los aportes al SPS en el 2014
toda vez que tanto el Ministerio del Trabajo como la DIAN profirieron varios
pronunciamientos doctrinales en los que indicaron que los ingresos derivados de
contratos de arrendamiento no estaban sujetos a dichos tributos, al no ser contratos de
prestación de servicios. Al efecto, citó los conceptos 20042, del 07 de febrero de 2014,
del Ministerio del Trabajo, y 20367, del 02 de agosto de 2016, de la DIAN. De esa forma,
la autoridad debió retirar el ingreso obtenido por concepto de arrendamiento de la renta

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
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líquida para calcular los aportes al SPS.

En suma, alegó que no le era dable a la demandada desconocer los conceptos emitidos
por las demás entidades públicas alegando que es la competente para determinar el pago
correcto de las contribuciones, pues la orientación estatal acerca de cómo se paga la
seguridad social creó una confianza legítima que generó unas expectativas legítimas que
lo liberaban de pagar seguridad social en el año 2014 sobre arrendamientos, de manera
que debía declararse la nulidad sobre los ingresos por arrendamiento.

-Cargo quinto: Falsa motivación – una carga probatoria excesiva durante el curso de la
actuación administrativa – si se necesitaban verificar costos y gastos, debían hacer
inspección tributaria por parte de la UGPP – régimen común de mi poderdante –
rompimiento de las cargas administrativas. Tras referirse a la carga de la prueba regulada
en el artículo 167 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), afirmó que
se le impuso una carga desmesurada por parte de la Administración al haber solicitado
«… información en físico de una persona natural con régimen común»; cuando la demandada estaba
en mejor condición de probar ya que en procesos en los que se manejaba un volumen
alto de documentación, como en su caso, la herramienta idónea era una inspección
tributaria (art. 779 del ET), ya que la contabilidad podía tener «… juego de inventarios,
descuentos que se reportaban en ingresos brutos, IVA monofásico, impuestos con vigencia del año
anterior, limites en los costos, límites de deducibles de gastos, etc .», lo que hacía necesario explicar
cómo se manejaba la contabilidad y la utilidad mensual real; lo que no se podía explicar
con la sola entrega de los soportes probatorios.

Así, al no haber realizado la inspección tributaria para verificar su actividad comercial
directamente en el sistema contable generó «la ruptura de la inmediación de la prueba», pues
imposibilitó poder controvertir el IBC determinado por la Administración, mediante la
entrega de solo soportes contables en físico. Por ello, sostuvo que la demandada «raya»
con el debido proceso, en tanto pretendía que todas las personas naturales manejaran la
misma documentación física y contable; máxime cuando se dificultaba el recaudo de la
documentación de los costos y gastos por el elevado monto. Igualmente, su remisión
imposibilitó explicar su realidad contable y fiscal.

-Cargo sexto: Falsa motivación del acto de trámite – juego de inventario – costo de venta
– violación de las normas contables. Advirtió que, con base en los artículos 35 y 63 del
Decreto 2649 de 1993, llevó un sistema de inventario contable, en virtud del cual
registraba las compras como activos, y al momento de la venta - cuando transfería al
comprador los riesgos de la compra- causaba tanto el ingreso como el costo,
obteniéndose así la utilidad mensual. Seguidamente, señaló que entregó en el acápite de
pruebas, los costos que debían tenerse en cuenta «… los cuales son avalados y obligatorios
dentro del sistema contable en Colombia».

-Cargo séptimo: Falsa motivación – violación al principio de igualdad – información
diferente. Afirmó que se violó el principio de igualdad al constatar que los procesos de
fiscalización en contra de independientes fueron adelantados de diferente manera por la
demandada para los años 2014 y 2016. En concreto, adujo que la demandada lo había
fiscalizado para el año 2014 como un independiente no obligado a llevar contabilidad,
pues no le tuvo en cuenta ninguna certificación del contador, pues solo exigía la
documentación probatoria para soportar los costos y gastos; no obstante, ser el actor un
comerciante obligado a llevar contabilidad, lo cual cumplía acorde con las previsiones del
Decreto 2649 de 1993, de esa forma, sostuvo que los registros contables («… juego de
inventarios, descuentos que se reportaban en ingresos brutos, IVA monofásico, impuestos con vigencia del
año anterior, limites en los costos, límites de deducibles de gastos, etc .») no podían evidenciarse con
la sola remisión de los soportes; por tanto, la solicitud de tales documentos violó las

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normas contables vigentes y el principio de igualdad, dado que a los independientes que
fueron fiscalizados por el año 2016, únicamente se les solicitó reportes del programa
contable junto con certificaciones del contador, mientras que en su caso se solicitó la
totalidad de los soportes de los costos y gastos.

-Cargo octavo: Presunta base de cotización desmesurada – condición más favorable –
principio de favorabilidad tributaria. Argumentó que la autoridad realizó fiscalizaciones
«desproporcionadas» con base en un vacío legal, respecto del cual debió aplicar
favorabilidad para «crear» el IBC de los independientes por cuenta propia, pues para el
2016, fecha de inicio de la actuación administrativa, ya que existía una base del 40% de
los ingresos definida para los independientes por cuenta propia, consagrada por el
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015. Aclaró que, si bien en materia tributaria las normas
no pueden ser retroactivas (art. 383 de la Constitución), la sentencia C-[878] de 2011
avaló esto respecto de las disposiciones fiscales que beneficiaran al contribuyente.

Finalmente, con base en los artículos 212 y 213 del CPACA, solicitó practicar un dictamen
pericial contable para los efectos de establecer «… la utilidad real de cada mes y en qué meses
se dieron estas utilidades de mi poderdante, además para que evalúe los costos y gastos de mi
poderdante». En subsidio, en caso de no proceder al decreto del dictamen pericial
solicitado, pidió la práctica de una inspección judicial, conforme a lo estipulado en los
artículos 211 del CPACA y 244 del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de
«esclarecer y verificar cual es la utilidad de mi poderdante y en qué meses se dieron estas utilidades que
son objeto de discusión de la presente demanda»7.

Contestación de la demanda

La demandada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda y condenar en costas
al actor. En primer lugar, afirmó, en oposición a las pretensiones principales y
subsidiarias, que los actos demandados fueron expedidos conforme a la normativa que
regula sus facultades y que estos gozaban de presunción de legalidad, lo que no fue
desvirtuado por el demandante, ni con los planteamientos de la demanda ni con las
pruebas aportadas al expediente8. En segundo lugar, adujo, en relación con el
restablecimiento del derecho pretendido, que no se incurrió en un daño antijurídico por el
que debiera compensarse al actor los gastos incurridos por concepto de defensa jurídica
durante el proceso judicial; tampoco resultaba procedente la devolución de suma alguna,
sino que, de ser el caso, debía ordenarse a las entidades que hacían parte del sistema
su reintegro al aportante (art. 311 de la Ley 1819 de 2016).

Posteriormente, tras contextualizar la normativa que sustenta los aportes al SPS,
sustentó su contradicción con los siguientes argumentos:

-[Frente al primer cargo- potestad exclusiva del Congreso de crear tributos]. Inicialmente,
señaló que para el año 2014 los trabajadores independientes con capacidad de pago
estaban obligados a afiliarse y a realizar las cotizaciones a los subsistemas en salud y
pensión -tesis que sustentó con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, 15 del
Decreto 3063 de 198 y 16 del Decreto 1406 de 1999 (compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3.
del Decreto 780 de 2016), así como en la sentencia C-1089 de 2003-.

7
El a quo mediante auto, del 05 de noviembre de 2020, rechazo la práctica de la prueba pericial contable y de la inspección judicial,
solicitadas por el actor. En primer lugar, negó la admisibilidad de la pericia contable dado que la pretensión principal de la contienda
versa sobre la nulidad de los actos por haber sido expedidos con falsa motivación, falta de competencia y la violación del debido
proceso -buscándose eliminar en su totalidad los aportes al SPS a cargo del actor-; mientras que al desatar la pretensión subsidiaria,
liquidará los aportes con ayuda del profesional contable que integra la planta del tribunal. En segundo lugar, precisó que no resultaba
procedente practicar una inspección judicial pues no resulta necesaria toda vez que existen pruebas documentales que obran en el
plenario y que versan sobre los hechos que se pretenden conocer por medio de la inspección judicial denegada (Índice 9 de Samai
del tribunal). Tales decisiones no fueron cuestionadas por el demandante, por lo que quedaron en firme.
8
Samai Tribunal, índice 02, certificado BD53B1861FE91498 3E5EDB6D8DF50747 C329FB3D (pdf), pp. 267 a 308.

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Respecto de la capacidad de pago, señaló que, acorde con el artículo 33 de la Ley 1438
de 2011, esta se presumía cuando el trabajador independiente fuera declarante de renta.
A continuación, resaltó que la sentencia C-578 de 2009, aclaró que dentro de la expresión
«trabajadores independientes» estaba comprendida la de «rentistas de capital»; en consecuencia,
cuando el artículo 13 de la Ley 1200 de 1993 se refería a trabajadores independientes,
debía entenderse que incluía los independientes por cuenta propia y los rentistas de
capital, como personas económicamente activas, esto es, con capacidad de pago para
contribuir al financiamiento del SPS.

Agregó que si bien algunos trabajadores independientes contaban con una regulación
específica y minuciosa que definía la base de cotización, como los contratistas por
prestación de servicios, aquellos que no la tenían, se encontraban bajo el amparo de un
marco legal que de forma general permitía establecer, sin lugar a dudas, la base de
aportes. Así, desde el art. 30 del Decreto 1406 de 1999 se había previsto la forma de
establecería pues tal disposición permitía a los trabajadores independientes informarla a
las entidades administradoras; es decir, ni siquiera era necesaria una norma que
dispusiera la forma de hacerlo, bastaba con que el trabajador informara a la
administradora cuál era su base de cotización, lo único que tenía que hacer era
autodeclararla.

Acorde con lo anterior, los planteamientos del actor carecían de sustento pues al contar
con capacidad de pago debió afiliarse y efectuar los respectivos aportes al SPS, con
independencia de que no existiera una norma particular y específica que estableciera la
base de cotización para los trabajadores independientes.

Añadió que la anterior disposición no era la única que contemplaba la forma de determinar
la base, pues con antelación se había regulado que los contribuyentes podían
autodeclararla, a lo cual le habían agregado que esta debe corresponder a los ingresos
efectivamente percibidos; esto es, aquellos recibidos por el trabajador independiente para
su beneficio personal, disminuidos con las erogaciones incurridas para desarrollar su
actividad que cumplan las condiciones previstas en el artículo 107 del ET. Sustentó lo
señalado en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 510 de 2003, en
concordancia con el Decreto 1406 de 1999-. Tras ello, concluyó que el demandante debió
efectuar los aportes al SPS, informándole a las administradoras cuál era su base de
cotización; lo que no satisfizo y en su lugar, pretendía realizar aportes por un valor «muy
inferior al que realmente presentó como ingreso».

Adujo que inclusive el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que estableció el IBC de los
independientes, incorporó la regla general para determinar la base que se venía
utilizando desde años anteriores, referida a restar las expensas incurridas en la actividad
para definir el ingreso mínimo, pero le agregó un elemento adicional, consistente en
aplicar el 40% a ese ingreso mínimo, lo que demostraba que la regla general para
determinar la base de cotización se encontraba definida con anterioridad; por ende, todos
los trabajadores independientes, incluyendo a los rentistas de capital, debían acudir a tal
marco general para presentar su autodeclaración de los aportes, sin que pudieran alegar
que no había forma de calcularla.

-[Frente al segundo cargo- Falsa motivación-Rechazar los costos y gastos necesitaba
verificación previa]. Dado que la base de cotización para los trabajadores independientes
con capacidad de pago se integraba con los ingresos efectivamente percibidos,
disminuidos con las expensas generadas en ejecución de su actividad económica, que
cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET -causalidad con la actividad productora
de renta, necesidad y proporcionalidad respecto de los ingresos- (art. 1 del Decreto 510
de 2003), de modo que no era procedente tomar los costos y gastos por el simple hecho

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

de haberse declarado, pues ello no permitía establecer el cumplimiento de los requisitos
descritos -postura que sustentó con la sentencia del 02 de agosto de 2017 (exp. 20701,
CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez)-.

Señaló que además se requería acreditar el cumplimiento además de los requisitos
previstos en el artículo 771-2 del ET para los documentos que soportaban dichas
erogaciones, con su contenido mínimo (art. 617 ejusdem). Agregó que en materia
tributaria la libertad probatoria no era absoluta dado que, en ciertos eventos, el legislador
puede exigir la presentación de documentos específicos como es el caso de las facturas
de venta para la acreditación de los costos y deducciones, a los efectos de establecer su
existencia y transparencia (sentencia del 28 de junio de 2010, exp. 16791, CP: Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez).

Argumentó que el demandante se encontraba en una «condición privilegiada para demostrar
los hechos económicos» consignados en la declaración de renta, por lo que era su deber
aportar tales pruebas durante el proceso de fiscalización; obligación que incumplió, no
siendo procedente endilgarle a la UGPP errores en la valoración probatoria y la violación
del principio de buena fe, cuando se negó a aportar las respectivas pruebas. En ese
contexto, afirmó que no podía aceptarse que los actos demandados estuvieran viciados
de nulidad por haber tenido en cuenta los ingresos declarados, pues esto justificaría la
propia culpa del aportante «… al socavar el proceso de fiscalización por no haber aportado éste la
prueba de los costos y deducciones». También, expuso que mucho de los trabajadores
independientes defraudaban al SPS en tanto omitían realizar los aportes a los que
estaban obligados, guardando silencio cuando eran fiscalizados, entorpeciendo con ello
la investigación administrativa. Añadió que el resultado desfavorable para los
contribuyentes era el resultado de tener en cuenta las pruebas y normativa aplicable.

Aseguró que no vulneró el principio de buena fe, por el contrario, garantizó al actor la
posibilidad de ejercer el derecho de defensa durante la actuación administrativa, con el
objetivo de que demostrara los gastos en los que incurrió; defensa que no ejerció.

-[Frente al tercer cargo- Falta de competencia de la UGPP para analizar los costos y
gastos]. Inició señalando que este cargo resultaba contradictorio con el anterior, pues allí
cuestionó que la entidad no tuviera en cuenta los costos y gastos de la declaración de
renta y que no se hubiera efectuado una valoración de su veracidad, mientras que en
este cargo aducía que la Administración no era competente para valorar la procedencia
de estos; lógica bajo la cual, habría actuado correctamente al tomar solo los ingresos de
la declaración a los efectos de liquidar los aportes al SPS y no los costos, pues, según lo
indicó el actor, no tenía la autoridad para tenerlos en cuenta; en consecuencia, tales
reproches carecían de sentido, pues «… para qué se pide que se reconozcan los costos si sobre
estos la UGPP no puede hacer ninguna valoración según el demandante ».

Seguidamente, precisó que, acorde con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, estaba
facultada para adelantar las tareas de seguimiento, y determinación de la adecuada,
completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección
social, lo cual se repitió en las disposiciones que regularon sus actuaciones (Decreto 169
de 2008; Ley 1607 de 2012; Decretos 3033 de 2013 y 575 de 2013), con fundamento en
lo cual, no cabía duda de que la entidad debía verificar que las expensas y deducciones
de la declaración de renta cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET. Al respecto,
aclaró que la valoración la efectuaba en el marco de sus competencias a efectos del tema
de los aportes al SPS, que se restringía a la correcta determinación de los aportes al
SPS, mientras que la Dian por el tema de impuestos. En consecuencia, no era necesario
que el legislador expidiera una norma que expresamente señalara que la UGPP podía

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establecer la validez de los señalados conceptos, pues esto estaba implícito en sus
facultades para determinar la exactitud de las autoliquidaciones.

-[Frente al cuarto cargo- Falsa motivación-Sobre ingresos de arrendamiento no se paga
seguridad social]. Reiteró que la Corte Constitucional había precisado que los rentistas
de capital estaban comprendidos en el concepto de trabajadores independientes, quienes
estaban obligados a afiliarse y aportar al SPS. Así, como se encontró que el actor tenía
capacidad de pago, pues fue rentista de capital al haber percibido ingresos por contratos
de arrendamientos, le aplicaba lo anterior.

Posteriormente, reprodujo apartes de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, donde se analizaron los conceptos emitidos por la DIAN y el Ministerio
del Trabajo, con lo que no se creó una confianza legítima en cabeza del actor toda vez
que, como quedó demostrado, le correspondía vincularse al SPS, como liquidar y pagar
los respectivos aportes en calidad de trabajador independiente en tanto percibió ingresos
no solo por concepto de arriendos sino también «… “ingresos brutos operacionales, ingresos
brutos no operacionales e intereses y rendimientos financieros”, según lo reportado en su declaración de
renta del año 2014». Tras lo anterior, manifestó que en atención a los conceptos de la DIAN
que hicieron referencia a contratos de prestación de servicios, debía entenderse que la
verificación únicamente sería aplicable a aquellos contratos de prestación de servicios,
no siendo procedente en los demás casos que no impliquen la prestación de un servicio
personal [no resulta claro el planteamiento efectuado].

-[Frente al quinto cargo- Falsa motivación- Una carga probatoria excesiva durante el
curso de la actuación administrativa]. Adujo que la inspección tributaria (art. 779 del ET),
procedía en aquellos casos en que se requería verificar la información del contribuyente
reportada en la declaración de renta, presentada ante la DIAN, mientras que la
fiscalización que realizaba la UGPP se limitaba a verificar el debido pago de los aportes
al SPS, con base en la información suministrada por la autoridad tributaria.

Destacó que en las diversas etapas de la actuación administrativa, se le dio al actor la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y de que aportara la información que
considerara necesaria, pertinente y útil a los efectos de controvertir lo detectado. Así, no
resultaba procedente practicar una inspección tributaria, [tesis que sustentó con la
sentencia T-1395 de 2000], pues la finalidad de este medio de conocimiento era la
constatación directa de los hechos alegados; ejercicio probatorio que debió adelantar el
demandante, acorde con la carga dinámica de la prueba - artículo 167 del CGP-.Indicó
que adelantó el proceso de fiscalización junto con un equipo de profesionales jurídicos y
contables, que tras recopilar la información y revisar las pruebas aportadas, establecieron
si el demandante había realizado o no los aportes al SPS.

-[Frente al sexto cargo- Falsa motivación- Juego de inventario. Costo de venta- violación
de las normas contables]. Señaló que respecto de la solicitud del demandante de aplicar
el artículo 82 del ET [costos presuntos], explicó que dicha norma era para las deducciones
en el impuesto sobre la renta, que no para efectos de establecer los aportes al SPS,
respecto de lo cual, no previó el legislador presunción alguna de costos; lo que era
concordante con lo previsto en el artículo 107 ídem, pues la deducción de las expensas
necesarias debía cumplir los requisitos allí señalados, los cuales requerían ser
acreditadas. Ahora, como el demandante aportó los soportes de costos y gastos, durante
el proceso de fiscalización, la entidad disminuyó los ingresos declarados, con los
efectivamente probados, lo que condujo a modificar los ajustes determinados en la
liquidación oficial.

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-[Frente al séptimo cargo -Falsa motivación- Violación al principio de igualdad-solicitud
de información diferente]. Señaló que para la aplicación del principio de igualdad se
requiere que se indague si efectivamente existió un trato diferenciado injustificado;
seguidamente señaló que con dicho argumento el demandante pretendía que se le
aplicara el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, a los efectos de determinar el IBC en el
40% de los ingresos percibidos, respecto de lo cual manifestó que tal pretensión
desconocía que, aunque dicha norma previó un régimen común para todos los
independientes (trabajadores por cuenta propia, independientes con contrato diferente al de prestación
de servicios y aquellos que se encuentran vinculados a través de un contrato de prestación de servicios ),
preservó la diferencia entre los sujetos pasivos comprendidos en el concepto de
independiente. Sin embargo, advirtió que la anterior explicación la efectuaba sin perjuicio
de que la prenotada disposición no había sido promulgada para la vigencia fiscalizada.

Finalizó señalando que además el actor no explicó ningún elemento del cual pudiera
inferirse que la aplicación de las normas, que consagraban como debía conformarse el
IBC para el 2014, implicara un trato diferenciado respecto de aquellas personas que
percibían ingresos derivados de un contrato de prestación de servicios.

-[Frente al octavo cargo -Presunta base de cotización desmesurada-Condición más
favorable]. Respecto a la retroactividad en materia tributaria, adujo que las sentencias C-
952 de 2007 y C-[878] de 2011 autorizaron la aplicación inmediata de las modificaciones
en materia tributaria que beneficiaran a los contribuyentes, únicamente para el caso de
los impuestos de periodo, siempre y cuando los hechos económicos sujetos a imposición
no se hubieren consolidado. Al respecto, señaló que al no ser los aportes a salud y
pensiones tributos de periodo, sino de causación inmediata, conforme al análisis de la
sentencia C-430 de 2009, no resultaba procedente aplicar retroactivamente el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015 para el año 2014. Así, podía concluirse que la base de
cotización y el monto de los aportes fueron correctamente calculados, dado que se tuvo
en cuenta la normativa vigente para la época de los hechos.

Por último, se opuso al decreto y práctica de la prueba pericial contable y de la inspección
judicial. En específico, indicó que el debate versaba sobre puntos de derecho, lo que
hacía inconducente, impertinente e inútil la experticia contable, dado que la ley establecía
el procedimiento para la determinación del IBC.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados y condenó en costas a la
demandada9. A tales efectos, partió de describir el marco normativo y jurisprudencial
aplicable a los aportes al SPS, así como los hechos probados en el expediente.

A partir de tal contexto jurídico y fáctico, desestimó los cargos relacionados con la
inexistencia de normas que regularan el IBC de los trabajadores independientes distintos
a los que tienen contratos de prestación de servicios, pues para la época se tenía un
marco normativo aplicable en materia de aportes a pensiones y a salud 10. Asimismo,
determinó como improcedente aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, pues,
conforme al artículo 338 de la Constitución y la sentencia C-430 de 2009, no era posible
aplicar una modificación favorable al contribuyente con efectos retroactivos cuando el
gravamen era de «aplicación inmediata».

9
Samai Tribunal, índice 22, certificado F1152F93530E4E0F 3A1675BBF37CDFEB 951B3C99C4978CFF 0BE9DC01976AC8A7 (pdf),
pp. 1 a 28.
10
Para pensiones: parágrafo 1 del artículo 15 y artículo 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797
de 2003 y para salud: parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, artículo 4 del Decreto 1070 de 1995, Resolución 9 de
1996, artículo 66 del Decreto 806 de 1998, artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 y el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011.

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Seguidamente, advirtió que la demandada acudió a la declaración de renta 2014
presentada por el actor, pero solo lo hizo para determinar los ingresos y excluyó los
costos y deducciones; solo al desatar el recurso de reconsideración, reconoció algunos
de estos por encontrarlos acreditados. Al respecto, señaló que era inaceptable que la
demandada solo hubiera tenido en cuenta la declaración para establecer los ingresos,
puesto que la presunción de veracidad, consagrada en el artículo 746 del ET comprendía
toda la declaración, no siendo procedente dividir la prueba. En consecuencia, determinó
que la demandada debió establecer el IBC con base en los ingresos efectivamente
percibidos, disminuidos con las erogaciones reportadas en la declaración.

A los efectos anteriores, advirtió que, como el demandante no discutió la determinación
de los ingresos en los doce meses del año 2014 que efectuó la entidad, estos se
mantendrían conforme fueron fijados en el recurso de reconsideración y les asoció
proporcionalmente los costos y gastos en los doce meses. Con base en ese
procedimiento, el tribunal determinó el IBC de la siguiente manera:

Periodo IBC liquidado por
el tribunal
Enero $14.737.500
Febrero $15.400.000
Marzo $15.400.000
Abril $13.292.607
Mayo $11.030.060
Junio $13.093.419
Julio $15.400.000
Agosto $15.400.000
Septiembre $15.400.000
Octubre $15.400.000
Noviembre $15.400.000
Diciembre $15.400.000

Adicionalmente, negó la solicitud de perjuicios por daño emergente por los gastos
incurridos en la defensa jurídica [lo que advierte la Sala corresponde en realidad a
costas], por cuanto solo se aportaron los contratos. Finalmente, condenó parcialmente
en costas a la demandada en el equivalente al 50% de la liquidación que se practique,
en tanto se encuentran causadas en el expediente y la representación judicial del
demandante a través de un abogado.

Recursos de apelación

La apelante actora solicitó revocar la decisión y, en su lugar, declarar la nulidad de los
actos demandados11. A tales fines, presentó la argumentación que se resume a
continuación:

-Frente al cargo primero. Indicó que si bien el a quo concluyó que el demandante estaba
obligado a cotizar al sistema de seguridad social, ya que si existía base gravable para el
año 2014 para los trabajadores independientes no vinculados mediante contrato de
trabajo o contrato de prestación de servicios (art. 19 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003), acorde con tal precepto la base correspondía a
los ingresos que declaraba el trabajador ante la entidad a la cual se afiliaba, lo que no
ocurría en este caso puesto que el actor no se había afiliado a ninguna entidad y por tanto
no había hecho ninguna declaración de ingresos, de modo que era imposible aplicar la
citada base para la cotización. A partir de ello, solicitó a la Sección verificar si en este

11
Samai Tribunal, índice 25, certificado 2DE2350CB85DBB04 E3EA3B32AABBC641 14E0894539E38C87 2FFD50B233A50E2F
(pdf), pp. 1 a 14.

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

caso existió o no base gravable -pues insistió en que para el año 2014 no declaró sus
ingresos ante ninguna entidad- y, en consecuencia, declarar la nulidad de los actos o, en
su defecto, aplicar «el principio de favorabilidad tributaria», pues al no existir una base
declarada por el actor debía cotizarse sobre 1 smlmv «…aplicando una disposición favorable
para este proceso».

-Frente al cargo segundo. Sostuvo que debió declararse la nulidad total de los actos
acusados ya que la Administración pudo solicitar una comprobación especial o haber
decretado una inspección judicial, pues la información solicitada por la demandada fue
cada uno de los soportes de las transacciones del respectivo año, cuando en la
declaración de renta se encontraba la información consignada, la cual debió tener en
cuenta la Administración, y al menos efectuar la liquidación con la renta líquida pero no
realizar una presunción sobre ingresos. Cuestionó que no se hubiera valorado la
declaración de renta de manera integral, al desconocer los costos y gastos allí reportados.
Por ello, señaló que la demandada incurrió en falsa motivación por no respetar la
presunción de veracidad. Además fue ilegal aplicar la presunción de ingresos, pues, para
la fecha de la notificación, existían normas que requerían ser reglamentadas para poder
ser aplicadas en el proceso, como lo señalaban expresamente las normas, artículos 204
parágrafo 2 de la Ley 100 de 1993, 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de
2011.

El Gobierno nacional debió reglamentar con base en las actividades económicas, lo que
no ocurrió. Así, la Administración no podía fundamentarse en la presunción de ingresos
y al hacerlo, incurrió en falsa motivación y desconoció el principio de legalidad al realizar
actuaciones arbitrarias sin existir regulación para el efecto (art. 189 de la Constitución).
Señaló que con la finalidad de remediar la omisión reglamentaria, la UGPP expidió la
Resolución 209 de 2020 referida a la presunción de costos, cuando es aplicada la
presunción de ingresos; sin embargo, esta no tuvo efectos retroactivos, de manera que
los procesos iniciados antes de tal reglamentación carecían del principio de legalidad, lo
que comportaba la falta de motivación del acto. Adujo que el razonamiento anterior había
sido avalado por el Juzgado 41 Administrativo de Bogotá que, al anular unos actos de la
UGPP, señaló que «a pesar de que el legislador aludió a la presunción de ingresos por el hecho de ser
declarante del impuesto a la renta o a las ventas, no precisó si se refería a los ingresos brutos o la renta
líquida gravable, es decir, no estableció los presupuestos, ni el procedimiento específico para aplicar esta
presunción y optó por dejar en manos del gobierno nacional , que no en la UGPP, la reglamentación
correspondiente»

Finalmente, reprochó que la demandada hubiese aplicado una presunción de ingresos
pese a que con el recurso de reconsideración explicó sus ingresos con una certificación
del contador; no obstante la demandada decidió desconocerla y aplicar la presunción; de
modo que resultaba claro que la demandada carecía de competencia para aplicar la
referida presunción de ingresos, por lo que debía declararse la nulidad de los actos por
falsa motivación.

-Frente al cargo tercero. Manifestó que la decisión del tribunal de no declarar la nulidad
total «no se ajusta a derecho», pues la demandada no era competente para asumir funciones
de la DIAN, toda vez que ninguna ley la facultaba para analizar los costos y gastos de los
contribuyentes. La UGPP no podía fundamentarse en el artículo 156 de la Ley 1151 de
2007 para analizar ni mucho menos, rechazar los costos y gastos de la declaración de
renta. En apoyo de esto, citó nuevamente la sentencia proferida por el juez 41
administrativo, en la que señaló que era evidente la falta de competencia de la UGPP
para aplicar la presunción de ingresos. A partir de ello, solicitó determinar si hubo falta de
competencia de la demandada para tal efecto y, proceder a anular los actos.

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-Frente al cargo cuarto. Indicó que, para la época de los hechos, el demandante gozaba
de la calidad de rentista de capital, en tanto sus ingresos provinieron de arriendos; no
habiendo para el 2014 una base regulada para los rentistas de capital, por tanto, la
obligación de cotizar por tal calidad «no se ajusta a derecho». Sostuvo que se encontraba
exento de efectuar aportes como rentista de capital para ese año y, además, no se
encontraba afiliado a ninguna entidad, por lo que no había declarado ingresos «para poder
cotizar». Arguyó que la Administración fundó su decisión en el artículo 26 del Decreto 806
de 1998, el cual incluyó a los rentistas de capital como «… sujetos pasivos en el subsistema de
salud»; no obstante, se trataba de una norma reglamentaria y la ley nunca había incluido
a los rentistas de capital como sujetos pasivos de los aportes y en ese sentido se había
pronunciado esta corporación en sentencia del 11 de septiembre de 1995, exp 3324. De
modo que la demandada no podía violar el principio de reserva de ley de las « contribuciones
parafiscales» (art. 338 de la Constitución). A partir de esto, solicitó determinar si se
configuró una falsa motivación de los actos al habérsele determinado aportes por
ingresos que no derivaban de la prestación de servicios, sino de arrendamientos.

-Frente al cargo quinto. Adujo que el a quo no se pronunció sobre este cargo, ya que la
Administración no hizo una correcta liquidación de los aportes al SPS, al punto de no
implementar todos los medios probatorios o recursos a su disposición. La UGPP pudo
determinar la «realidad contable» con los medios probatorios existentes; sin embargo, lo
que implementó no fue lo más idóneo para ese efecto, ya que su actuación fue dividir en
12 los ingresos brutos de la declaración de renta del año gravable 2014, con lo cual
generó una falsa motivación, ya que no se realizó un análisis detallado de la verdadera
utilidad para el año 2014; diferente hubiera sido de haberse teniendo en cuenta la
certificación del contador, necesaria para atender su realidad contable y no hacer
«prorrateo de los ingresos brutos» como lo hizo la demandada.

Agregó que resultaba indispensable haber efectuado una inspección tributaria para poder
desestimar lo certificado por el contador. La entidad no estaba habilitada para desatender
tal prueba, sin haber realizado las actuaciones que permitieran establecer la realidad
económica; seguido de lo cual, se refirió a la suficiencia de las certificaciones contables
(art. 777 del ET), conforme con lo señalado por esta corporación. Asimismo, indicó que
la demandada también tenía la carga de comprobar la certeza, veracidad y realidad de
los hechos, por lo que no podía arbitrariamente desconocer los ingresos, costos y gastos
reportados por el contador en la certificación entregada, sin antes corroborar que estos
no correspondían a la realidad económica del actor. En tal contexto, solicitó determinar
si la UGPP incurrió en falsa motivación por no realizar las pruebas necesarias como la
inspección para la correcta determinación de los aportes.

-Frente al cargo sexto. Esgrimió que el tribunal omitió analizar lo señalado respecto a que
existían «diversas formas contables de registrar los costos», específicamente el costo de venta,
el cual fue rechazado por la Administración. Seguidamente, tras reproducir los artículos
35 y 63 del Decreto 2649 de 1993, manifestó que contablemente llevaba un sistema de
inventario y que causaba el ingreso cuando transfería al comprador los riesgos de la
venta. Así, al momento de la venta de la mercancía causaba tanto el ingreso como el
costo, de lo que derivaba la utilidad del mes. Por eso solicitaba que se determinara si
hubo falsa motivación por no tener en cuenta el sistema de inventario legalmente
procedente.

-Frente al cargo séptimo. Señaló que debió declararse la nulidad total de los actos
demandados pues adolecían de falsa motivación, ya que la demandada fiscalizó de
manera diferente a los independientes en los años 2014 y 2016, violando el principio de
igualdad, pues les solicitó información diferente. Así, para el año 2016 les aceptaba los
costos y gastos a quienes estaban obligados a llevar contabilidad o la llevaban en debida

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forma -como era la condición del actor-, con la sola certificación del contador; mientras
que, solo para quienes no estaban obligados a llevar contabilidad o no la llevaban
debidamente les solicitaba los soportes en físico con ciertos requerimientos. Entonces,
dado que el actor llevaba su contabilidad en debida forma y tenía en su Rut la obligación
de régimen común, la UGPP no podía fiscalizarlo en el año 2014 sin tener en cuenta la
certificación contable, y además exigirle la totalidad de los soportes de los costos y
gastos.

-Frente al cargo octavo. Reclamó la nulidad total de los actos, por ser aplicable el «principio
de favorabilidad», toda vez que si bien los aportes debieron efectuarse en el año 2014, estos
fueron determinados oficialmente en los años 2017 y 2018 (por la liquidación oficial y la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración) cuando ya se encontraba vigente
la Ley 1753 de 2015.Por ello, la demandada debió aplicar la favorabilidad del 40% de los
ingresos. Adujo que en otro proceso de fiscalización, con similitud fáctica, se calculó el
IBC con base en el 40% de los ingresos para liquidar los aportes al SPS del año 2014;
es decir que hasta la expedición de los actos fue que se consolidaron los aportes por
parte de la demandada.

Por su parte, la apelante demandada, solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
y en su lugar, negar la totalidad de las pretensiones de la demanda12. Explicó que si bien
en el requerimiento para declarar y corregir se tomaron los ingresos de la declaración de
renta 2014 debido a que el aportante no envió respuesta al requerimiento de información
para el cálculo del IBC, en la etapa de liquidación oficial se tomaron los valores de los
estados financieros mensualizados por valor de $6.602.143.000, que correspondía al
ingreso bruto reflejado en el renglón 45 de la declaración de renta 2014 del actor-, y
advirtió que en la liquidación oficial se le informó que había una diferencia de
$93.838.241, la cual le fue prorrateaba en los 12 meses; diferencia que con los estados
financieros y el renglón 46 de la declaración pudo establecerse que correspondía a
devoluciones, rebajas y descuentos, la que señala como no justificada. A continuación
detalló los ingresos mensualizados de manera uniforme por el citado valor bruto y los
reportados en la información allegada por el aportante discriminados por mes en cuantía
de $6.508.305.783, con lo que precisó que con ocasión de la respuesta al requerimiento
para declarar o corregir, el demandante remitió los estados financieros mensualizados,
firmados y certificados por contador público.

En relación con los costos y deducciones, insertó el estado de ganancias y pérdidas
allegado, resaltando los costos y gastos allí reflejados (costos: $5.771.962.293 y gastos
$563.887.492 para un total de $6.335.849.786). Además, anotó que tuvo en cuenta los
soportes aportados con el recurso de reconsideración, lo que dio lugar a reconocer solo
una suma de $155.968.514 y a rechazar $368.388.899. Adujo que no eran aplicables los
costos y gastos reportados en la declaración de renta 2014, debido a que el aportante
allegó soportes durante el proceso de fiscalización que fueron valorados para proferir el
acto oficial, no siendo procedente desconocer la documentación probatoria, conforme se
le indicó en la resolución que resolvió el recurso.

Posteriormente, describió que el tribunal estableció la proporción de los ingresos respecto
del total de los mismos y aplicó tal porcentaje al valor total de los costos y gastos
declarados, lo que no era correcto puesto que el aportante no allegó al proceso las
pruebas de la totalidad de estos. Además el prorrateo debía hacerse en los 12 meses
únicamente sobre la diferencia entre los costos soportados ($155.968.514) y la
mensualización -cálculo que mostró en cuadro reflejando un valor total de costos de
$563.887.000- [se advierte que acorde con la declaración de renta este valor no
12
Samai Tribunal, índice 26, certificado A7C27FDA430820E9 43F2C6E0282FD023 D00317DA04CAC3B9 F3B9E81EF489E309
(pdf), pp. 1 a 16.

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corresponde a costos, sino a gastos]. Adujo que el cálculo efectuado por el a quo dio
lugar a una diferencia en el IBC de $8.784.414 que favorecía al actor, en desconocimiento
de los documentos allegados por el aportante.

Seguidamente, planteó los siguientes argumentos:

-Primer error de la sentencia… Defecto fáctico por falta de valoración del material
probatorio aportado – tomar los ingresos efectivamente percibidos por el demandante y
descontarle las erogaciones descritas en la declaración de renta del año 2014 – la UGPP
si tuvo en cuenta tanto la declaración de bienes y rentas como las pruebas aportadas por
el demandante, lo que incluye sus estados financieros. A tales efectos, señaló que el
proceso de determinación de las contribuciones a la seguridad social era un proceso
ajeno y diferente al de fiscalización del impuesto de renta, que adelanta la DIAN. Tanto
la declaración de renta como la de aportes a la seguridad social iban por caminos distintos
y tenían diferentes entidades fiscalizadoras, pero encontraban dos puntos en común: (i)
el ingreso declarado en la renta; que era el insumo inicial para el desarrollo de sus
facultades de fiscalización, cuando constataba que pese a su percepción no se aportaba
al sistema de seguridad social; y (ii) la aplicación común de algunas normas relativas a
la procedencia de costos y gastos para determinar la base gravable de renta y el IBC, lo
que no significaba que los procesos se surtieran conjuntamente o tuvieran los mismos
resultados. Ahora bien, la UGPP no fiscalizaba costos y gastos pues ello era facultad
exclusiva de la DIAN, lo que sí hacía era requerir del aportante la información de ingresos,
costos y gastos para liquidar la base de aportes, ejercicio en el cual aplicaba el artículo
107 del E.T.

Agregó, que así como había aspectos en común también había diferencias, como la
aplicación del esquema de presunción de costos, contenido en la Resolución 209 de
2020, lo cual no estaba previsto para el impuesto de renta. Así, el uso de los ingresos
declarados en la renta, al igual que el proceso de depuración de los costos y gastos para
determinar el IBC, aparte de tener sustento legal, ha sido avalado por la jurisprudencia,
a cuyos efectos referenció un pronunciamiento del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Adujo que no era cierto que hubiera fiscalizado los costos y gastos de la declaración de
renta, ni que debiera tenerlos en cuenta en el proceso de fiscalización de los aportes,
pues esa depuración se efectuaba de manera autónoma e independiente en el proceso
de fiscalización, siendo de cargo del aportante acreditar sus ingresos, costos y gastos,
así como el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del ET, lo que en este caso,
sí fue asumido por el demandante en la vía administrativa.

Posteriormente, aludió a un pronunciamiento de esta corporación que conminó a la UGPP
a aplicar la presunción de costos de la Resolución 209 de 2020, afirmando que ello
conllevaba a que en los casos en que los administrados fueran renuentes a suministrar
información para comprobar sus ingresos reales para la determinación del IBC, el cálculo
se redujera a una «simple operación aritmética». Ahora, aunque la jurisdicción reconocía sus
facultades de fiscalización, también mermaba sus efectos puesto que el administrado que
sí cumplía con la carga de la prueba podía verse más afectado que el que se abstenía
de hacerlo. Por tanto, se requería hacer un estudio más «efectivo y claro», pues, de lo
contrario, se estaría creando un «marco de incertidumbre» que limitaría el efecto fiscalizador
de la entidad.

-Segundo error de la sentencia – Procedimental absoluto – Condenar en costas parciales
a la … UGPP. Sostuvo que la condena en costas no era procedente en los casos donde
se debatía el interés general, como en este caso. En particular, afirmó que se trataba de

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

una autoridad pública que defendía la prevalencia del interés general y garantizaba la
efectividad de los principios, derechos y deberes asociados a los aportes al SPS; recursos
que permitía el cumplimiento de los fines del estado en materia de seguridad social.

Tampoco procedía la condena en costas, conforme a los artículos 188 y 165 del CPACA,
puesto que al revisar el escrito de la demanda no se encontraba ninguna prueba que
acreditara los gastos incurridos por el actor para el desarrollo del proceso.

Pronunciamientos finales

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación,
planteados por las partes, contra la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada.

Problema jurídico

2- Corresponde a la Sala definir los siguientes problemas jurídicos:

-De la apelante actora:

(i) Si la base de aportes al SPS, regulada en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, no le
aplicaba por estar conformada por los ingresos que se declaraban ante la entidad a la
cual se afiliaban, puesto que el actor no se afilió y por ende tampoco reportó ingresos;
debiendo cotizar solo sobre 1 smlmv; (ii) si para el año 2014 no se regulaba una base
imponible para los rentistas de capital -calidad del actor-, estando en consecuencia
exento de hacer aportes; además, los rentistas no estaban determinados por la ley como
sujetos pasivos, sino por un decreto reglamentario, lo que viola el principio de reserva de
la ley y configura una falsa motivación; (iii) si la demandada hizo una incorrecta liquidación
al no valorar el material probatorio, pues desatendió el certificado de contador con el cual
pudo establecer la realidad contable, pese a su suficiencia (art. 777 E.T) y no valoró la
declaración de renta (2014) de forma integral, pues desconoció los costos y gastos allí
consignados, vulnerando la presunción de veracidad; (iv) si se aplicó ilegalmente la
presunción de ingresos porque las normas que la contemplaban requerían ser
reglamentadas, entre ellas, la Ley 1438 de 2011 y porque los ingresos fueron explicados
con el certificado de contador, careciendo la demandada de competencia para aplicar la
presunción; (v) si el tribunal omitió analizar que existían diversas formas de registrar los
costos, específicamente el costo de venta que fue rechazado por la Administración, pues
al vender la mercancía causaba tanto el ingreso como el costo; y (vi) si debía aplicarse
el «principio de favorabilidad» pues aunque los aportes debieron efectuarse en el año 2014,
estos fueron determinados en los años 2017 y 2018 por los actos demandados, cuando
ya se encontraba vigente la Ley 1753 de 2015, de modo que la demandada debió aplicar
la favorabilidad del 40% de los ingresos.

-De la apelante demandada:

(vii) Si el a quo incurrió en defecto fáctico al prorratear la totalidad de los costos
reportados en la declaración de renta 2014 con base en los porcentajes que estableció y
aplicó a los ingresos, desconociendo el acervo probatorio obrante en el expediente,

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
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mediante el cual se acreditó una suma inferior de tales rubros y (viii) si no procedía la
condena parcial en costas que le fue impuesta a la demandada.

2.1- Previo a resolver, se advierte que el apelante actor incluyó en su escrito de
apelación argumentos atinentes a que la Administración pudo solicitar una comprobación
especial u ordenado una inspección judicial, o que debió decretar una inspección
tributaria para poder desestimar lo certificado por el contador. Igualmente, plantea la
supuesta violación del principio de igualdad por la diferencia de la información solicitada
a los independientes fiscalizados por el periodo 2016 respecto de los del periodo 2014,
así como la improcedencia de aplicar retroactivamente la Resolución 209 de 2019 [que
reglamenta la presunción de costos]. Dado que esto último ni siquiera fue abordado por
la autoridad y que lo expuesto corresponde a apreciaciones del actor que no rebaten los
fundamentos de los actos demandados ni las razones en las que se sustentó el tribunal,
no se efectuará un específico pronunciamiento sobre el particular.

Análisis del caso concreto

3- Respecto del (i) y (ii) problema jurídico, el apelante actor sostuvo que la base de
aportes al SPS regulada en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 no le aplicaba por estar
conformada por los ingresos que fueran declarados ante la entidad a la cual se afiliaban,
y como no se afilió, por ende tampoco reportó ingresos; debiendo entonces cotizar solo
sobre 1 smlmv. Adicionalmente, adujo que para el año 2014 no estaba regulada la base
gravable de los aportes al SPS para los rentistas de capital y, a partir de ello, se
encontraba exonerado de realizar los aportes determinados por la autoridad. Por último,
señaló que la decisión de la Administración se fundamentó en el artículo 26 del Decreto
806 de 1998, que incluyó a los rentistas de capital como «… sujetos pasivos en el subsistema
de salud»; no obstante, se trataba de una norma reglamentaria y, la ley nunca había
incluido a los rentistas de capital como sujetos pasivos de los aportes, lo que violaba el
principio de reserva de ley.

Por su parte, la Administración señaló que los trabajadores independientes (categoría
que comprendió a los rentistas de capital) sí estaban obligados a realizar la respectiva
afiliación y el pago de los aportes a los subsistemas en salud y pensión -arts. 15 y 157
de la Ley 100 de 1993, 15 del Decreto 3063 de 198 y 16 del Decreto 1406 de 1999
(compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3. del Decreto 780 de 2016) y sentencia C-1089 de
2003-. Así, como el actor contó con capacidad de pago debió haberse afiliado al SPS y
pagado los aportes correspondientes.

3.1- Se advierte que el actor no controvirtió el hecho de que no hubiese estado afiliado a
los subsistemas de salud y pensión para la época de los hechos. Así, los reproches del
actor se dirigen a enervar tanto la existencia de base imponible, como su sujeción pasiva
a los aportes al SPS por la vigencia 2014. Para dilucidar el debate planteado, la Sala
reiterará, en lo pertinente, el criterio de decisión de múltiples precedentes13, en los cuales
precisó que para el año en discusión la ley sí definía todos los elementos de la obligación
tributaria de los aportes al SPS en relación con los trabajadores independientes, dentro
de ellos los rentistas de capital.

3.2- Conforme al criterio de la Sección, en las sentencias que se reiteran, quienes
perciben ingresos por arriendos se incorporan dentro de la categoría de rentistas de

13
Sentencias del 11 de octubre de 2023,( exp. 26193, CP: Wilson Ramos Girón); del 14 de septiembre, 5 y 11 de octubre de 2023 y
15 de febrero y 26 de junio de 2024 (exps. 26001, 26673, 16709, 26606 y 28302, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello): 28 de
septiembre de 2023 y 15 de febrero de 2024 (exps. 26706 y 27583, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); 16 y 23 de noviembre y 7
de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2025 (exps. 25409, 26822, 26318, 26692 y 27024, CP: Wilson Ramos Girón).

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

capital (sentencia citada ut supra del 11 de octubre de 2023, exp. 26193, CP: Wilson
Ramos Girón).

En particular, para el subsistema de pensión el IBC corresponde al definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797
de 2003, bajo los cuales constituyen la base de esas contribuciones «los ingresos que
declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos» que, en todo caso, «no podrá ser inferior al salario mínimo» ni superior a «25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes» (artículo 18 ibidem, recogido por el artículo 3 del Decreto
510 de 2003); a cuyos efectos, especificó el artículo 1 de este mismo decreto que « se
entienden por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su
beneficio personal» y que «para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe
erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del »
ET.

3.3- En cuanto al IBC para las cotizaciones al subsistema de salud, la Sección advirtió
que corresponde a la misma prevista para pensión, que «se compone de los ingresos percibidos
por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre uno y 25 SMLMV) »
(sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, CP: Myriam Gutiérrez Argüello).
Esto obedece a que el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 14, estableció
que el Gobierno debía reglamentar un sistema de presunción de ingresos « con base en
información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de
operación y el patrimonio de los individuos »; en cumplimiento de ese mandato el artículo 4 del
Decreto 1070 de 1995 le ordenó a la Superintendencia de Salud fijar « el sistema de
presunción de ingresos para los trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades
Promotoras de Salud para determinar la base de cotización», lo cual se materializó en la Resolución
9 de 1996. Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 1996 dispuso que la base
de los aportes de los trabajadores independientes sería la « determinada sobre los ingresos
que calcule la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud»; y el artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 precisó que « cuando los ingresos
reales del trabajador independiente sean superiores a los que resulten de la aplicación de las presunciones
sobre bases mínimas, los aportes de dicho trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales ».

De las anteriores disposiciones concluyó la Sección que, sin perjuicio de que los ingresos
gravados con los aportes a salud se determinaran según el sistema de presunción
adoptado por la Superintendencia de Salud, el IBC debía atender los ingresos reales
recibidos por el aportante, lo que supone la conformación de la base con los ingresos
obtenidos menos las expresas incurridas para percibirlos; criterio que concuerda con el
mandato del artículo 33 de la Ley 1393 de 2010, según el cual «las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones …
realizadas al Sistema General de Pensiones», sin que se pueda desconocer el artículo 3 del
Decreto 510 de 2003, que previó que la base gravable mínima y máxima « le es aplicable al
Sistema de Seguridad Social en Salud». En línea con lo anterior, el artículo 33 de la ley 1438
de 2011 previó que de existir diferencias entre con los montos declarados en las
autoliquidaciones de impuestos presentadas ante la DIAN y los aportes al sistema, estos
últimos debían ser ajustados.

3.4- De acuerdo con lo anotado, queda claro que, contrario a lo planteado por el
demandante, para el año 2014 estaban definidos los elementos de la relación jurídico-
tributaria de los aportes al SPS para los trabajadores independientes (concepto que
incluye los rentistas de capital, calidad detentada por el actor en virtud de la percepción
de ingresos por arriendos); esto es, por cuanto la sujeción pasiva estaba determinada por
detentarse capacidad de pago, de acuerdo con los ingresos percibidos y observando los

14
Disposición que ulteriormente fue concordante con el el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

topes fijados en la ley (mínimo 1 smlmv y hasta 25) y, en función de ello, la autoridad
podía consultar las declaraciones tributarias -incluida la de renta- en virtud del artículo 33
de la Ley 1438 de 2011 sin que esta disposición necesitara reglamentación. Así, la
regulación para establecer la base imponible de los rentistas de capital facultaba a la
demandada a considerar los ingresos declarados en la autoliquidación de renta, los
cuales coincidían con los reportados en el estado de resultados entregado por el actor
(índice 02 de Samai del tribunal), incluido el monto de devoluciones, cuyo valor fue el
único monto que la demandada prorrateó para atribuirlos cada mes, aspecto que no fue
controvertido por el actor. Todo lo anterior, a efectos de identificar los ingresos realmente
percibidos, los que, resulta claro, estuvieron por encima de un salario mínimo mensual,
lo que descarta su pretensión de tener como base de los aportes un salario mínimo.

Atendido lo anterior, la Sala advierte que la actuación de la Administración no se fundó
en ninguna presunción de ingresos del demandante, pues los que tomó para determinar
el IBC son los que declaró el propio demandante y de los que da cuenta el estado de
resultados aportado por el mismo; es decir, que se plegó a la verdadera capacidad
económica del aportante, la cual lo hacía sujeto a la obligación tributaria.

Asimismo, para la Sala no le asiste razón al demandante al señalar que para los periodos
de la litis no podía determinarse el IBC de las contribuciones a su cargo, porque no se
afilió ni denunció ingresos ante las administradoras de esos aportes, pues si bien los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797
de 2003, dispusieron que la base de esas contribuciones serían « los ingresos que declaren
[los obligados] ante la entidad a la cual se afilien», las disposiciones legales y reglamentarias
dictadas con posterioridad precisaron que, en todo caso, el IBC debía conformarse por
los ingresos efectivamente percibidos, atendiendo a los topes de mínimo un SMLMV y
máximo 25 SMLMV. En tal sentido, la Sección precisa que cuando el aportante omite la
obligación de afiliarse y reportar a las administradoras los ingresos que efectivamente
percibió, la demandada, en ejercicio de su potestad de gestión de esos aportes, podía
adelantar actuaciones administrativas para exigir el cumplimiento de la obligación
tributaria. Esto es así porque la omisión del aportante no podría conllevar a su
exoneración, como lo pretende el apelante al querer derivar de su incumplimiento de
afiliación el beneplácito de no estar gravado con los aportes, pues su desacato en
realidad condujo a la determinación oficial del respectivo tributo en los actos demandados
(sentencia del 08 de febrero de 2024, exp. 27094, CP: Wilson Ramos Girón).

Por ende, la Administración no actuó arbitrariamente ni vulneró el principio de legalidad,
ni incurrió en falsa motivación. No prosperan los cargos de apelación del demandante.

4- Por otra parte, al guardar unidad temática, la Sala analizará conjuntamente los
problemas jurídicos (iii), (iv), (v) y (vi), los cuales abarcan los reproches efectuados por
las partes respecto de la determinación del IBC que efectuó la Administración,
cuestionada por el demandante, y la realizada por el a quo, como lo plantea la
demandada.

Sobre el particular, el apelante actor reprochó una falsa motivación respecto de la
cuantificación de la base de imposición de los aportes al SPS, por la falta de valoración
de la autoliquidación de renta de 2014 y el desconocimiento de su presunción de
veracidad, en tanto, en la declaración de renta se encontraba consignada tal información,
tanto ingresos como costos y gastos. Asimismo, alegó que la autoridad no tenía
competencia para fiscalizar los costos y gastos consignados en el denuncio rentístico
referido, porque ello era facultad exclusiva de la DIAN. Igualmente, censuró que no fue
tenido en cuenta la certificación contable aportada para la acreditación de los costos y
gastos pese a su suficiencia -art. 777 del ET-. Agregó, que se desconoció la dinámica de

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los registros contables de los costos de ventas -de acuerdo con lo cual, adquiría bienes
que registraba en su inventario, y al momento de la venta, registraba el ingreso una vez
transfería los riesgos del activo al comprador -arts. 35 y 63 del Decreto 2946 de 1993-, y
reconocía el correspondiente costo para reflejar su efectiva utilidad mensual.

Por su parte, la demandada apelante, cuestionó la determinación de la base de
cotización efectuada por el tribunal, por haber tenido en cuenta los costos y gastos de la
declaración de renta y no solo los que fueron suficientemente acreditados por el
demandante. Al efecto, insistió en que podía tomar los ingresos declarados en renta y,
paralelamente, exigir la comprobación de los costos y gastos allí consignados por medio
de soportes documentales, a los efectos de verificar el cumplimiento del artículo 107 del
ET -ejercicio probatorio que efectivamente desplegó el actor durante el procedimiento
administrativo-.

El tribunal consideró que los hechos consignados en las declaraciones tributarias se
entendían como veraces -arts. 746 del ET y 250 del CGP- y que su valoración probatoria
era indivisible (sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, CP: Milton Chaves
García), por lo que debieron tenerse en cuenta también los costos y gastos declarados.
Así, reconoció el monto de tales conceptos declarados, los cuales proporcionó en función
del monto de los ingresos y los distribuyó mensualmente15.

4.1- Para dilucidar el debate planteado por el demandante apelante, la Sala reitera el
fundamento jurídico 3.3, según el cual, la autoridad puede, a efectos de establecer la
capacidad de pago y con ello de sujeción al tributo y la base imponible, consultar los
ingresos declarados en renta. En función de ello, ha sido criterio de la Sección que
también se deben consultar los costos y gastos allí denunciados, contrario a lo planteado
por la apelante demandada, dada la indivisibilidad de la prueba y la integralidad de la
declaración de renta. Inclusive ha precisado esta corporación que cuando el obligado
tributario no acredita la periodicidad de su percepción, la autoridad puede a distribuir
proporcionalmente tanto los ingresos como los costos y gastos declarados ante la DIAN
( (sentencias del 16 de marzo y 15 de junio de 2023, exps. 26927 y 26698, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, y del 16 de noviembre de 2023 y 30 de enero de 2025, exps.
26680 y 27024, CP: Wilson Ramos Girón).

La Sala destaca que la distribución lineal en los doce meses del año, tanto de los ingresos
como de los costos y gastos, procede ante la ausencia de acreditación de su periodicidad,
pues, como reiteradamente se ha precisado, la Administración y el obligado pueden
aportar pruebas directas para la estimación de la base imponible y su periodicidad,
conforme al artículo 1 del Decreto 510 de 2003; caso en el cual, deberán atenderse los
hechos que aparezcan probados en la actuación administrativa mediante los medios de
convicción que oportunamente sea recabados o aportados, y que sean pertinentes,
conducentes y útiles respecto de lo que pretendan demostrar (art. 742 del ET).

En ese sentido, tratándose de un aportante obligado a llevar contabilidad, resulta
prevalente la mensualización que pueda extraerse de su información contable. Ahora,
sobre este último aspecto, es de advertir que si bien la autoridad está habilitada para
requerir la información contable que considere pertinente a efectos de una correcta
determinación de la base de aportes, la solicitud debe ser específica y no alusiva a la
contabilidad en general, para que el administrado tenga la certeza de lo requerido, bien
sea para que lo allegue, o lo ponga a disposición de la Administración en el evento que
esta considere pertinente efectuar una visita o una inspección.

15
Dividió el ingreso mensual -determinado por la demandada en los actos- sobre el total de los ingresos anuales multiplicado por 100.

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Así, resulta pertinente atender del cuestionamiento de la apelación del actor, atinente a
que la autoridad y el tribunal no valoraron la certificación contable que aportó desde la
actuación administrativa, junto con los otros medios de prueba.

4.2- En función de lo anotado, resultan pertinentes los siguientes hechos y pruebas
relevantes:

(i) En la declaración de renta del año gravable 2014, presentada por el actor, se consignó
lo siguiente: (i) total ingresos brutos: $6.602.143.000; (ii) total costos: $5.771.962.000; (iii)
total deducciones: 563.887.000; y (iv) renta líquida ordinaria del ejercicio: $172.456.000
(Índice 03 de Samai del tribunal).

(ii) Con ocasión de la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, el actor aportó
una certificación suscrita por una contadora pública, quien dio fe que «[l] a información
relacionada en formato PDF, sobre los ingresos brutos, gastos, y costos mensualizados; balance, estado
de pérdidas y ganancias y declaración de renta, corresponde a lo efectivamente percibido durante el año
gravable 2014 por el [actor] … Por último, avalo que la información entregada corresponde a los libros
contables…». Junto con esa certificación se allegó, entre otros documentos, el « Estado de
pérdidas y ganancias de enero 01 a diciembre 31 del 2014» y el detalle de las cuentas y subcuentas
contables correspondientes a los ingresos, costos y gastos, denominado como « Estado de
pérdidas y ganancias mensual de enero a … diciembre año gravable 2014 » (Índice 03 de Samai del
tribunal); documentos que se sintetizan de la siguiente forma:

Periodo mensual Ingresos Gastos Costos
Utilidad mensual
2014 (cuenta contable 4) (cuenta contable 5) (cuenta contable 6)
Enero $572.874.685 $46.631.907 $511.208.521 $15.034.256
Febrero $466.106.275 $46.420.197 $393.002.138 $26.683.939
Marzo $486.646.202 $51.459.628 $405.829.127 $29.357.446
Abril $366.616.472 $57.387.278 $303.316.332 $5.912.860
Mayo $383.360.824 $52.232.599 $325.611.231 $5.516.993
Junio $442.446.796 $36.868.784 $365.859.918 $39.718.092
Julio $512.768.445 $45.836.349 $426.149.164 $40.782.930
Agosto $451.909.207 $42.313.460 $365.322.618 $44.273.128
Septiembre $505.011.797 $44.237.109 $422.751.505 $38.023.182
Octubre $531.861.547 $46.629.063 $441.120.270 $44.112.212
Noviembre $447.398.734 $47.012.116 $428.930.658 $28.544.040
Diciembre $1.341.604.799 $46.858.996 $1.382.860.807 $88.415.003
Total anual $6.508.305.786 $563.887.492 $5.771.962.293 $172.456.000

(iii) En la liquidación oficial, la autoridad liquidó el IBC teniendo en cuenta la periodicidad
de los ingresos detallada en la certificación contable -$6.508.305.786-. Empero, al haber
encontrado una diferencia entre los ingresos de los estados de resultados con los
ingresos brutos declarados en la renta por un valor de $93.837.217 -que correspondía a
las devoluciones-, la Administración adicionó dicha suma de manera proporcional a cada
uno de los periodos -$7.819.768 mensual-. Adicionalmente, rechazó la totalidad de los
costos y gastos, aduciendo que no se entregaron los documentos o pruebas que
permitieran comprobar su existencia y cuantía. En consecuencia, fijó el IBC para todos
los periodos del 2014 en $15.400.000; a partir de lo cual, liquidó los aportes al SPS, los
intereses de mora y la sanción por inexactitud.

Tal decisión fue modificada parcialmente en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, al tener por acreditados costos y gastos en cuantía de $155.968.514 -
como resultado de la revisión de los soportes documentales allegados con ocasión del
recurso de reconsideración- y ajustó la base de cotización para enero al límite aplicable
a 2013 -$14.738.000-. Los demás periodos los fijó en el monto del salario mínimo vigente
para 2014 -$15.400.000- (índice 03 de Samai del tribunal).

4.3- Conforme al derecho aplicable, al acervo probatorio y, especialmente, al criterio
jurisprudencial descrito anteriormente, la Sala encuentra que aunque la autoridad podía

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

consultar la información declarada en renta también debió valorar los medios de prueba
que obraran en el proceso, entre ellos los costos y gastos reportados en la declaración
de renta, cuya periodicidad se encontraba discriminada en el estado de resultados
aportado que no fue cuestionado.

Al efecto, nótese que la autoridad cuantificó y estableció la periodicidad de los ingresos
con fundamento en el estado de resultados que se acompañaron a la certificación
contable aportada por el contribuyente (puntos probatorios ii y iii), pero obvió considerar
dichos documentos a los efectos de establecer los costos y gastos. Así, resulta acertado
el reproche del demandante apelante respecto a la indebida valoración de las pruebas
entregadas. Adicionalmente, la Sala advierte que el tribunal no valoró esos documentos
ni la Administración desvirtuó dicha prueba documental, simplemente la desatendió
argumentando que no fueron aportados los documentos que soportaran la existencia y
cuantía de los costos y gastos; tesis que contradice el mandato legal que le exige a la
autoridad plegarse a los hechos que se encuentren probados en la actuación
administrativa. En concreto, no resulta admisible que la demandada hubiese tenido en
cuenta dicho certificado a los efectos de establecer la cuantía y periodicidad de los
ingresos sujetos a imposición (hecho probatorio iii), y lo hubiera omitido respecto de los
costos y gastos, valorando con ello defectuosamente dicha prueba, descartándola sin
una justificación razonable y violando la indivisibilidad de las pruebas documentales (art.
250 del CGP).

Por el contrario, la Sala observa que los documentos acompañados con la certificación
contable -estado de resultados anual y mensualizado del año 2014- (punto probatorio ii),
aportados por el actor, resultan consistentes con los valores consignados en la
declaración del impuesto sobre la renta del mismo año gravable (punto probatorio i).

Ahora, si bien el tribunal, si bien tuvo en cuenta el monto total de los costos y gastos de
la declaración de renta, calculó indebidamente el IBC al no considerar la periodicidad
indicada en el certificado contable y los documentos adjuntos, con los cuales, el apelante
actor satisfizo la carga probatoria que le asistía frente a la demostración de la periodicidad
de los ingresos y de los costos y gastos.

Por cuenta de lo precedente, no resulta necesario pronunciarse sobre el reproche del
apelante demandante sobre el desconocimiento de las distintas dinámicas contables del
inventario y el registro de los ingresos y costos, a los efectos del reconocimiento de la
utilidad real mensual, pues, en el caso concreto, el actor logró acreditar a través de la
documentación contable aportada, la cuantía y periodicidad de los ingresos, costos y
gastos; solo que esto no se proyectará respecto de la procedencia o no de tomar el
ingreso bruto -antes de devoluciones- porque el actor no discutió nada en relación con
este último aspecto.

En suma, no prosperan los cargos de apelación del demandado apelante, respecto de
los costos y gastos. En cambio, sí prospera el cargo de apelación del actor en cuanto a
la indebida liquidación de sus aportes por no haberse valorado los documentos aportados
-certificación contable y adjuntos-, a partir de los cuales era factible demostrar la cuantía
y periodicidad de los costos y gastos.

Con fundamento en lo anterior, la Sala procederá a modificar la decisión del tribunal, para
reconocer los costos y gastos con la periodicidad señalada en la certificación contable y
documentos contables.

5- Previo a efectuar la cuantificación del IBC en la forma antes señalada, la Sala estudiará
el cargo planteado por el apelante demandante respecto de la aplicación del principio

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Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

de favorabilidad en materia tributaria -problema jurídico (vi)-. En concreto, solicitó la
aplicación del principio mencionado a los efectos de que se aplique a la controversia lo
previsto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, con el propósito de que el IBC a su
cargo sea fijado en el 40% de los ingresos; tratamiento que consideró viable con base en
la aplicación de la sentencia C-878 de 2011 y bajo el entendido que los actos
demandados fueron expedidos en los años 2017 y 2018, fechas en las que, a su juicio,
se consolidó la obligación tributaria.

Sobre el particular, la autoridad indicó que si bien en las sentencias C-952 de 2007 y C-
[878] de 2011 se autorizó la aplicación inmediata de las modificaciones en materia
tributaria que beneficien a los contribuyentes, tal efecto únicamente resulta aplicable para
los impuestos de periodo y respecto de las situaciones no consolidadas a tal momento.
Sin embargo, para el sub lite, afirmó que, conforme la sentencia C-430 de 2009, los
aportes al SPS son tributos de causación instantánea; razón por la cual, la aplicación del
artículo 135 ídem no era admisible para el año 2014.

A su turno, el tribunal concluyó que no resultaba procedente la aplicación del artículo 135
ibidem dado que, conforme al artículo 338 de la Constitución y lo expuesto en la sentencia
C-430 de 2009, el principio de favorabilidad en materia tributaria únicamente aplica para
el caso de los impuestos de periodo, que no respecto de los de aplicación inmediata;
clasificación a la que pertenecen los aportes al SPS.

5.1- Frente a ello, la Sala resalta que esta corporación, en pronunciamientos previos 16,
precisó que no es admisible la aplicación retroactiva in bonus de las modificaciones
legislativas a las normas tributarias, pues tal efecto únicamente procede a los efectos del
ejercicio del ius puniendi (art. 29 de la Constitución); es decir, a la imposición de
sanciones y penas, que no respecto de los gravámenes tributarios, pues no son
instituciones equivalentes. En concreto, se puntualizó que los artículos 338 y 363 ídem
establecen reglas estrictas para la aplicación en el tiempo de las normas tributarias, las
cuales proscriben proyectar sus efectos hacía el pasado tanto para evitar la retroactividad
propia como la impropia, sin haberse dispuesto una excepción cuando sean favorables.

De esa forma, pese a que la Corte constitucional, en diversos pronunciamientos, como
los citados por las partes (i.e. C-952 de 2007, C-430 de 2009 y C-878 de 2011, entre
otras), sostuvo, en la obiter dicta, la admisibilidad de la aplicación del «principio de
favorabilidad» en materia tributaria, debe aclararse que, conforme al criterio jurisprudencial
reiterado, ni de la Constitución, ni de la ley, ni de la jurisprudencia constitucional vigente
se establece que se deba o sea procedente que se apliquen retroactivamente -propia o
impropia- las normas de naturaleza tributaria, cuando estas sean favorables para los
contribuyentes17.

No prospera el cargo de apelación del demandante.

6- De acuerdo con lo razonado en precedencia, se ordenará a la Administración que
reliquide los aportes al SPS a cargo del actor, con base en el siguiente IBC:

16
Sentencia del 27 de junio de 2019 (exp. 22421, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez). Reiterada, entre otras, en las sentencias del 15
de febrero de 2024 (exp. 27583, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 29 de mayo de 2025 (exp. 27493, CP: Luis Antonio
Rodríguez Montaño); y del 23 de noviembre de 2023 (exp. 26822, CP: Wilson Ramos Girón).
17
Sentencia del 27 de junio de 2019, exp. 22421, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez

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Radicado: 50001-23-33-000-2019-00082-01 (28939)
Demandante: Jesús Alfonso Marroquín Vargas

IBC definitivo
Costos y gastos Costos y gastos
Periodo Ingresos UGPP Ingresos netos18 (límites: 1 y 25
aceptados UGPP aceptados CE
smlmv)19
Enero 2014 $580.694.000 $14.634.555 $557.840.429 $22.853.571 $14.738.000
Febrero 2014 $473.926.000 $13.484.827 $439.422.335 $34.503.665 $15.400.000
Marzo 2014 $494.466.000 $13.797.572 $457.288.756 $37.177.244 $15.400.000
Abril 2014 $374.436.000 $27.731.858 $360.703.611 $13.732.389 $13.732.000
Mayo 2014 $391.181.000 $15.142.409 $377.843.831 $13.337.169 $13.337.000
Junio 2014 $450.267.000 $12.278.583 $402.728.703 $47.538.297 $15.400.000
Julio 2014 $520.588.000 $12.958.680 $471.985.514 $48.602.486 $15.400.000
Agosto 2014 $459.729.000 $10.956.758 $407.636.079 $52.092.921 $15.400.000
Septiembre 2014 $512.832.000 $9.665.274 $466.988.615 $45.843.385 $15.400.000
Octubre 2014 $539.681.000 $11.892.319 $487.749.335 $51.931.665 $15.400.000
Noviembre 2014 $455.219.000 $13.425.679 $475.942.775 ($20.723.775) 0
Diciembre 2014 $1.349.125.000 0 $1.429.719.803 ($80.594.803) 0
TOTAL $6.602.144.000 $155.968.514 $6.335.849.786 N/A N/A

6.1- En consecuencia, la Sala procederá modificará la sentencia de primera instancia
para determinar como restablecimiento del derecho la reliquidación de los aportes al SPS
y de la sanción por omisión, por parte de la Administración, con fundamento en el IBC
establecido en el cuadro inserto en el fundamento jurídico 6 de la presente providencia.

Conclusión

7- Con base en lo expuesto, la Sala establece como contenido interpretativo de esta
sentencia que: (i) los trabajadores independientes rentistas de capital con capacidad
contributiva, para el año 2014, se encontraban obligados a contribuir al financiamiento
del SPS; (ii) los elementos de la obligación tributaria de las contribuciones parafiscales
de financiamiento al SPS para el año 2014, se encontraban definidas en la ley para los
trabajadores independientes rentistas de capital; (iii) que el ingreso base de cotización
para los trabajadores independientes rentistas de capital, para el año 2014, se
encontraba compuesto por el total de sus ingresos efectivamente percibidos pudiéndose
detraer las expensas que cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET; (iv) la
Administración debe plegarse a los hechos que se encuentran probados en el expediente,
lo que le imprime la obligación de determinar el IBC, los aportes al SPS y la sanciones
respectivas con base en las pruebas que oportunamente fueron recabadas o aportadas,
incluyendo las pruebas documentales -contabilidad- que no fueron desvirtuadas; y (v) no
resulta admisible la aplicación retroactiva -propia e impropia- de la ley en materia
tributaria, sin que dicha proscripción constitucional se altere cuando los operadores
jurídicos califiquen la modificación legislativa como favorable.

Costas

8- Frente al problema jurídico (viii), la apelante demandada recurrió la condena en costas
de primera instancia, aduciendo que no resultaba procedente cuando se debatía un
asunto de interés general; por tratarse de la defensa, por parte de una autoridad pública,
de un asunto que garantiza la correcta determinación de los aportes al SPS, lo que
configuraba recursos para el cumplimiento de los fines del Estado en materia de
seguridad social. Adicionalmente, porque no se acreditó la causación de los gastos
incurridos en el proceso.

8.1- Al respecto, la Sala advierte que, conforme al criterio jurisprudencial mayoritario
adoptado por esta Sección20 y al Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025,
proferido por el CSJ, la potestad de exonerar de la condena en costas en los « procesos en

18
Valores aproximados conforme lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1406 de 1999 (hoy compilado en el artículo 3.2.1.5. del
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016).
19
Valores aproximados conforme lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1406 de 1999 (hoy compilado en el artículo 3.2.1.5. del
Decreto Único Reglamentario 780 de 2016).
20
Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

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los que se ventile un interés público» (art. 188 del CPACA), solo cubre a las « acciones
constitucionales» y sin perjuicio del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, prerrogativa que no
es extensible a los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, como el del sub
lite.

Así, aunque no le asiste razón a la demandada cuando afirma que no resultan
procedentes las costas, la Sala levantará la condena en costas impuesta por el tribunal,
en la medida en que no hubo en la primera instancia una parte totalmente vencida en el
proceso, por haberse declarado una nulidad parcial. Por la misma razón, no se condenará
en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar los numerales segundo, tercero y quinto de la sentencia apelada. En su
lugar:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar los aportes
al SPS de los periodos de 2014, de acuerdo con el IBC establecido en la parte inserta de la
providencia de segunda instancia.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar la sanción por
omisión, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia.

Quinto. No condenar en costas en primera instancia.

2. En lo demás, confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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