Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00114-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00114-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 50001-23-33-000-2019-00114-01 (2575-2025)
Demandante : Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Demandado : Ismael Franco Galvis
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Lesividad - Asignación de retiro
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual, el
Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones1
1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, por intermedio de apoderado
judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA3, solicitó declarar la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
i) Resolución No. 7980 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), por medio de la cual reconoció la asignación de retiro al demandado.
ii) Resolución No. 15276 de veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018),
en la que se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria del anterior acto y se ordena
la extinción de la asignación de retiro reconocida al demandado.
1
La demanda y los anexos reposan en el expediente digital.
2
El medio de control fue presentado como nulidad simple; sin embargo, mediante providencia del 8 de agosto de 2029, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, con ponencia Dr. Cesar Palomino Cortés, al pronunciarse sobre la competencia para estudiar su admisibilidad,
dispuso adecuar el presente trámite al previsto en el artículo 138 del CPACA (nulidad y restablecimiento del derecho) y declaró falta de
competencia de esta Corporación, ordenando la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Meta para lo de su competencia.
3
En adelante CPACA.
2
Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
iii) Resolución No. 18757 del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018),
que resuelve de manera desfavorable el recurso de reposición interpuesto
contra el anterior acto.
2. En providencia del ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Consejo de
Estado, al estudiar la competencia para pronunciarse respecto de la admisibilidad del
medio de control formulado como simple nulidad, advirtió que, de las pretensiones de la
demanda, se desprende un restablecimiento automático del derecho de carácter
económico, el cual, obedece a la devolución de los dineros pagados al señor Ismael
Franco Galvis, a título de asignación de retiro.
3. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
4. Aduce que, a través de oficio No. 20074129 del nueve (9) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), se radicó en la entidad demandante, la hoja de servicios del Sargento
Segundo (R) del Ejército Ismael Franco Galvis, identificada con el No. 3-86054182 del
veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016), aprobada por el comandante del
Ejército Nacional en Resolución No. 1985 del dieciséis (16) de septiembre de esa misma
anualidad y de la cual, se desprende que el demandado fue retirado por solicitud propia.
5. Que, en la referida hoja de servicios se indicó que, el señor Franco Galvis prestó sus
servicios a la entidad por un lapso de veintiún (21) años, diez (10) meses y veintidós (22)
días, por lo que, mediante Resolución No. 7980 del veintitrés de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), se le reconoció la asignación de retiro, de conformidad con lo previsto
en el artículo 1 del Decreto 0991 de 2015, en cuantía del 74% del sueldo que devengaba
en actividad, a partir del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
6. Que, en el acto administrativo de reconocimiento, se computaron las partidas: prima
de antigüedad y de actividad, subsidio familiar y, una doceava de la prima de navidad.
7. Señaló que, el Ejército Nacional a través del Oficio 20183661081701 MDN-CGFM-
COEJC-CEJEM-SECEJ-JEMGF-COPER-DISPO-CES del ocho (8) de junio de dos mil
dieciocho (2018), complementa la hoja de servicios del demandante, la cual es aprobada
en Resolución No. 1273 del primero (1°) de junio de dos mil dieciocho (2018), en el que
indica que el tiempo de servicio del militar es de diecinueve (19) años, seis (6) meses y
veintiún (21) días y no los veintiún (21) años, diez (10) meses y veintidós (22) días, que
señalaba la hoja de servicios inicial.
8. Que, en las consideraciones de la Resolución No. 1273 del primero (1°) de junio de
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
dos mil dieciocho (2018), que aprueba el complemento de la hoja de servicios, se plasma
que, se evidenciaron registro de inconsistencias sin soporte legal en el sistema de
información y administración de talento humano del Ejército Nacional, relacionados con
la información laboral del demandado, que generó su modificación.
9. Añadió que, en atención a lo anterior, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares estudió
de oficio, los presupuestos normativos que conllevaron al reconocimiento de la
asignación de retiro del Sargento Segundo (R) Ismael Franco Galvis, concluyendo que,
no cumplía con los requisitos previstos en el Decreto Ley 1211 de 1990, la Ley 923 de
2004, el Decreto 4433 de 2004 ni el Decreto 991 de 2015, para el reconocimiento de la
prestación, razón por la cual, expidió la Resolución No. 15276 del veintidós (22) de junio
de dos mil dieciocho (2018), que declaró la pérdida de ejecutoria de la Resolución No.
7980 de 2016 y, la extinción de la prestación.
10. Finalmente manifestó que, el señor Ismael Franco Galvis formuló recurso de
reposición en contra de la Resolución No. 15276 de 2018, siendo resuelto por medio de
la Resolución No. 18757 del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).4
1.2. Normas violadas y concepto de violación
11. Refiere que se desconocieron las siguientes disposiciones: los artículos 1, 20 y 150 de
la Constitución Política; el Decreto Ley 1211 de 1990; la Ley 923 de 2004; el Decreto 4433
de 2004, el Decreto 991 de 2015 y la Ley 797 de 2003.
12. Adujo que, los actos administrativos demandados vulneran los preceptos
constitucionales mencionados, pues, se genera un detrimento al patrimonio público, con la
expedición de la asignación de retiro del actor, sin tener fundamento legal que obligue a la
demandada. Además, con los actos demandados se incumple el deber que tienen las
entidades públicas de promover la prosperidad generar y velar por el cumplimiento de los
principios constitucionales.
13. Que la modificación a la hoja de servicios del demandado, afectó el derecho al
reconocimiento, por lo tanto, generó que, se adoptaran medidas administrativas para
preservar el orden legal de la situación militar, para evitar a la demandante asumir una
asignación que no le corresponde pagar.
2. Contestación de la demanda
4
La cual confirmó en su totalidad el acto administrativo recurrido.
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
14. El señor Ismael Franco Galvis, pese a que fue notificado de la admisión de la
demanda el tres (3) de noviembre de dos mil veinte (2020), no presentó escrito de
contestación5, pues, en el término que tenía para ello, solo allegó solicitud de terminación
por desistimiento tácito, que fue negada mediante auto del veintisiete (27) de enero de
dos mil veintiuno (2021)6.
3. Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del diecisiete (17) de julio de
dos mil veinticinco (2025)7, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y se
abstuvo de imponer condena en costas a la parte vencida. Específicamente, resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 7980 del 23 de noviembre de
2016, por medio de la cual se reconoció la asignación de retiro al demandado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, inclusive lo que el Consejo de
Estado denominó restablecimiento automático del derecho, por las razones expuestas.
TERCERO: Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia […].»
16. Para el efecto, la autoridad judicial expuso que, del contenido de las hojas de servicio
y del oficio de tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018) se extrae que, los tiempos de
servicio que generan la controversia, son los que el demandado prestó como soldado
voluntario, pues, el tiempo como suboficial no ofrece diferencia alguna, estando
acreditado en dicho grado, un total de catorce (14) años, once (11) meses y diecinueve
(19) días que reitera, no son discutidos.
17. Respecto al tiempo en el que el demandado fue soldado voluntario, indicó que, la hoja
de servicio que dio origen a la asignación de retiro, describe que tuvo esta calidad desde
el quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996) hasta el treinta y
uno de agosto de dos mil uno (2001), para un total de cuatro (4) años, once (11) meses
y dieciséis (16) días; sin embargo, en la del año 2018 se plasma que dicho periodo
transcurrió entre el nueve (9) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) y el
treinta y uno de agosto de dos mil uno (2001), para un total de dos (2) años, siete (7)
meses y veintidós (22) días.
18. Que, según la orden administrativa de personal No. 001006 que reposa en el plenario,
el demandado ingresó como soldado voluntario con novedad fiscal del nueve (9) de enero
de mil novecientos noventa y nueve (1999) y, como cabo tercero con novedad fiscal del
primero (1°) de septiembre de dos mil uno (2001), concluyendo que existió una
5
Samai, índice 00020. Actuaciones del tribunal de origen.
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Samai, índice 00010. Actuaciones del tribunal de origen.
7
Samai, índice 00038. Actuaciones el tribunal de origen.
5
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Demandado: Ismael Franco Galvis
inconsistencia en el tiempo, que conllevó al reconocimiento de la asignación de retiro sin
el cumplimiento de los 20 años de servicios requeridos.
19. El A quo indicó que, si bien es cierto que, el cómputo del tiempo efectuado por la Sala
es diferente al contenido en la Resolución No. 15276 del veintidós (22) de junio de dos
mil dieciocho (2018), pues, en esta restan siete (7) días de prestación de servicio militar,
tampoco es menos cierto que, en ninguno de los dos eventos, el periodo supera los veinte
(20) años de servicios que debe acreditar para el reconocimiento de la asignación.
20. En mérito de ello, determinó que, era procedente declarar la nulidad de la Resolución
No. 7980 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), por medio de la
cual, se reconoció la asignación de retiro.
21. No obstante lo anterior, en lo referente a las Resoluciones No. 15276 del veintidós
(22) de junio de dos mil dieciocho (2018), que declaró pérdida de ejecutoria del acto de
reconocimiento y ordenó la extinción de la asignación de retiro y, la Resolución No. 18757
del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que resolvió el recurso de
reposición presentado contra aquel acto administrativo, y consideró que, no se configuran
los presupuestos necesarios para disponer su anulación, pues, en la demanda no se
formularon reproches concretos, argumentos jurídicos ni causales de nulidad formuladas
respecto de estos actos administrativos.
22. Así las cosas, indicó que, al no desarrollarse una carga argumentativa que permita
examinar la legalidad las resoluciones cuestionadas, esta omisión impide efectuar un
debate judicial respecto de su presunta ilegalidad.
23. Finalmente, a la devolución de los dineros pagados por la entidad al demandado, en
atención a la decisión del Consejo de Estado del ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve
(2019) en la que advirtió un restablecimiento automático de carácter económico, el
tribunal de primera instancia dijo que, no se desvirtuó la presunción de buena fe sobre
la conducta del demandado para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro;
por lo tanto, no era procedente el reintegro de las sumas devengadas como consecuencia
de la prestación reconocida y cuya nulidad se está declarando.
4. Recursos de apelación
24. La Caja de Retiro de las Fuerza Militares – CREMIL, a través de su apoderada
judicial, interpuso recurso de apelación, para que, además de la declaratoria de nulidad
de la Resolución No. 7980 del 2016, se anulen las Resoluciones No. 15276 de 2018 y
18757 de 2018 y, se ordene la devolución de los dineros pagados sin corresponder, al
señor Ismael Franco Galvis.
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Demandado: Ismael Franco Galvis
25. Frente al primer reproche de apelación, alegó que «si se declara la nulidad de la Resolución
No. 7980 del 23 de noviembre de 2016, y a través de las Resoluciones Nos. 15276 del 22 de junio de 2018
y 18757 del 13 de septiembre de 2018, se declara la perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
principal, pues debe en consecuencia ordenarse la nulidad de los actos accesorios, por cuanto son parte
integral y comparten su destino legal.»
26. En cuanto al segundo cargo, dirigido a la devolución de los dineros pagados al
demandado por concepto de asignación de retiro, sin tener derecho a ella, sostiene que,
el fallo de primera instancia desconoce la contribución social que hacen los asociados y
que ampara las asignaciones de retiro de la fuerza pública, la cual incluye los aportes de
oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y, el personal de
la policía nacional. Además, el reconocimiento de dineros sin fundamento normativo
configura un pago de lo no debido.
27. Que, no ordenar su reintegro, se genera un impacto presupuestal y un deterioro de
los recursos del erario y que, las personas no pueden apropiarse de dinero del Estado,
pues, se estaría configurando un enriquecimiento sin justa causa.
28. El señor Ismael Franco Galvis, por conducto de apoderado judicial, formuló recurso
de alzada al considerar que, no es procedente la declaratoria de nulidad de la Resolución
No. 7980 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), pues, el error en el
acto administrativo de reconocimiento de la asignación de retiro, es atribuible de manera
exclusiva a la entidad demandante, por lo tanto, al no ser una conducta reprochable
respecto del demandado, este no tiene que asumir la carga de ser perjudicado por la
anulación ordenada en primera instancia.
29. Agregó que, las pruebas aportadas al proceso permiten determinar que el
demandado no fue investigado por la expedición del certificado de tiempo laborado en el
que se mostraba que cumplía con los requisitos para la asignación de retiro; por lo tanto,
se podía solo disponer la suspensión del pago de la prestación hasta tanto el señor
Franco Galvis, cumpliera con el tiempo faltante. Que, si bien se adelantó ante el Juzgado
Ochenta y Cuatro (84) de Instrucción Penal Militar, una indagación preliminar para
determinar una posible participación del señor Franco Galvis en el error contenido en la
certificación de tiempo de servicio, la referida autoridad judicial se abstuvo de abrir
investigación penal formal en contra del demandado.
30. Por otra parte, consideró que, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe reparar
el daño que está causando con la suspensión de la asignación de retiro y la expedición
errada del certificado de tiempo laborado y, por lo que, si bien solo se acreditan 19 años,
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
6 meses y 21 días de servicio, se debe reintegrar al demandado al ejército, para
completar el tiempo faltante para acceder a la prestación.
31. Insiste de manera reiterada que, el reconocimiento prestacional no surgió de una
actuación unilateral del señor Ismael Franco Galvis, ni de documentos aportados por él,
sino de una certificación expedida por una autoridad militar competente, por lo tanto, se
desconoce la buena fe del demandado y, la presunción de legalidad del acto
administrativo.
32. Por lo anterior, solicita que se revoquen los numerales primero y segundo de la
sentencia apelada para que, en su lugar, se declare la nulidad de la Resolución No. 15276
de veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), en la que se declaró la pérdida de
fuerza ejecutoria del acto de reconocimiento y se ordena la extinción de la asignación de
retiro, así como la nulidad de la Resolución No. 18757 del trece (13) de septiembre de
dos mil dieciocho (2018) que resuelve de manera desfavorable la reposición contra éste
último acto administrativo.
5. Trámite procesal de segunda instancia
33. Por auto del veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador admitió los recursos de apelación interpuesto por las partes, negó el decreto
de pruebas en segunda instancia y, de conformidad con lo previsto en el inciso primero
del artículo 213 del CPACA, decretó prueba de oficio. En el mismo proveído corrió
traslado a las partes y al ministerio público de las pruebas decretadas y, para la
presentación de alegatos.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, se resalta que, según el artículo 328
del Código General del Proceso10, en esta segunda instancia se emitirá pronunciamiento
solamente sobre los argumentos expuestos en los recursos de apelación.
8
Índice 0004 de Samai.
9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
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2.2. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala, determinar si:
35.1. ¿Se debe declarar la nulidad de las Resoluciones No. 15276 del veintidós (22) de
junio de dos mil dieciocho (2018), que declaró pérdida de ejecutoria del acto de
reconocimiento y ordenó la extinción de la asignación de retiro y, la Resolución
No. 18757 del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que resolvió
el recurso de reposición presentado contra aquel acto administrativo?
35.2. ¿Debe el demandado reintegrar a la entidad demandante las sumas recibidas por
concepto de asignación de retiro, por haber sido ésta reconocida sin el lleno de los
requisitos?
35.3. ¿Resulta procedente emitir orden de restablecimiento del derecho en favor del
señor Ismael Franco Galvis?
36. Con el fin de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3.
Marco normativo y jurisprudencia de la asignación de retiro de los miembros del Ejército
Nacional de Colombia; 2.4. Hechos probados; y 2.5. Análisis del caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencia
2.3.1. De la asignación de retiro de los miembros del Ejército Nacional de Colombia.
37. La asignación de retiro es una prestación económica que se deriva de la relación
laboral entre el Estado y los miembros de la Fuerza Pública, que incluye a las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional. Esta prestación se concede a aquellos que, al cesar
definitivamente en sus funciones, cumplen con los requisitos legales establecidos,
permitiéndoles acceder al pago mensual y vitalicio de una suma de dinero. Su objetivo
principal es garantizar la cobertura de las necesidades básicas tanto del trabajador
retirado como de su familia.
38. En este contexto, la asignación de retiro se configura como un sistema pensional
especial diseñado para la Fuerza Pública, constituyendo una manifestación concreta del
derecho a la seguridad social dentro de este sector. Esto implica que la asignación de
retiro es un derecho fundamental e inalienable, tal como lo establecen los artículos 48 y
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante
la audiencia.
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53 de la Constitución Política.
39. La regulación de la asignación de retiro para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares se encuentra en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, el cual determina:
«Artículo 163. Asignación de Retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo después de quince
(15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Gobierno o de los de
Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al
grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por conducta
deficiente, y los que se retiren a solicitud propia después de veinte (20) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 158
de este Estatuto, por los quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más
por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por
ciento (85%) del mismo monto […]».
40. Dicho artículo establece que los miembros retirados del servicio activo después de
cumplir con ciertos requisitos, como el tiempo de servicio mínimo y las causales de retiro,
tienen derecho a recibir una asignación mensual de retiro. Este derecho se calcula con
base en un porcentaje de las partidas establecidas por la normativa y varía según los
años de servicio cumplidos, sin exceder un porcentaje máximo del monto.
41. Posteriormente, la Ley Marco 923 del 30 de diciembre de 2004 estableció los
parámetros que el Gobierno Nacional debe seguir para determinar el régimen pensional
y de asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 150, ordinal 19, literal e) de la Constitución Política. Esta ley
subraya la importancia de respetar los derechos adquiridos y garantizar que no se
desconozca el pago de la asignación de retiro a quienes hayan adquirido este derecho.
42. La citada ley señaló para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública, lo siguiente:
«Artículo 2°. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además
de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera,
intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores
a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.
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[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de
retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por
llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del
servicio por cualquier causal. […]».
«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez
y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a
los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta
como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará
exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El
tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años
de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo
de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de
esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública
por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a
esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los
hombres. […]».
43. Bajo esas condiciones, para el reconocimiento de la asignación de retiro se exige un
mínimo de 18 años y un máximo de 25 años de servicio; sin embargo, a los miembros
activos a la entrada en vigor de la Ley 923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de labor
superior al regido por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser mayor a 20 años de
servicios cuando el retiro sea por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
sea por cualquier otra causal.
44. El Decreto 4433 de 2004, emitido por el presidente de la República, desarrolló lo
dispuesto en la Ley 923 de 2004, estableciendo los requisitos específicos para obtener
el reconocimiento de la asignación de retiro. No obstante, algunas disposiciones de este
decreto, como el artículo 14, fueron anuladas por el Consejo de Estado, al considerarse
que excedían la potestad reglamentaria del Gobierno al aumentar los requisitos de tiempo
de servicio, contraviniendo así los límites establecidos por la ley marco.
45. Específicamente, esta Sección Segunda mediante la sentencia del 23 de octubre de
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Demandado: Ismael Franco Galvis
201411, declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, conforme se cita:
«[…] Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la vigencia de
la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que: ‘no se les exigirá como requisito para
el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones
vigentes al momento de expedición de esta ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal’.
Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al contenido de
los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó así expresamente delimitado
por el legislador. Ello significa, entonces, que si no obra el Ejecutivo dentro de tales linderos
competenciales, el decreto que se dicte fuera de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco,
sino también del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.
En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que el personal de
la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de ese Decreto sea retirado
“después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por
disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General
de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean
separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al
pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que se está
exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo de dieciocho
(18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de servicio en otros, lo cual resulta
superior a lo establecido para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional,
por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar
servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma
manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años de
servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del mismo Decreto mencionado.
[…]
Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas acusadas y que ahora
son objeto de análisis quebrantaron entonces lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, dentro de
cuyo marco deberían haber sido expedidas, lo cual acarrea como consecuencia que también
se quebrantó el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política y, por consiguiente
se encuentran viciadas de nulidad […]».
46. Por lo tanto, las condiciones para acceder a la asignación de retiro para aquellos que
se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigor del Decreto 4433 de
2004 deben ser examinadas conforme a los términos establecidos por la Ley 923 de
2004, que no permitió que se exigiera un tiempo de servicio superior al contemplado en
las disposiciones anteriores.
47. En ese sentido, se expidió el Decreto 991 de 2015, en el que se precisó que, de
conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en la sentencia referida previamente,
al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que se encontraban en
11
Radicación: 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), demandante: José Luis Tenorio Rosas.
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
servicio activo a momento de la vigencia de la Ley 923 de 2004, no se les puede exigir
como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro, un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes para ese entonces, esto es el Decreto
Ley 1211 de 1990.
2.3.2. Devolución de sumas de dineros pagadas a particulares
48. Respecto a la devolución de las sumas de dinero pagadas con ocasión del acto
administrativo censurado y declarado nulo en la sentencia de Primera Instancia, se
señala que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 prevé que «(…) no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Ello, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 83 de la Constitución Política, que dispone: «las actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
49. En este orden de ideas, se considera que la buena fe es uno de los principios
generales del derecho y gobierna las relaciones entre la administración pública y los
ciudadanos, tal y como así lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-131 de
2004, quien agregó:
«En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de
honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben
someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante
éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del
principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma.
En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree
y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir,
los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena
fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico».
50. Entonces, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las
autoridades, supuesto al que se ajusta el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
2.4. Hechos probados relevantes para resolver el problema jurídico planteado:
(i) Según hoja de servicios No. 3-86054182 del veintitrés (23) de junio de dos mil
dieciséis (2016), la relación de servicios prestados por el señor Ismael Franco Galvis,
arrojaba un periodo de servicios equivalente a veintiún (21) años, diez (10) meses y
veintidós (22) días, así:
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
(ii) En hoja de servicio No. 3-86054182 del quince (15) de mayo de dos mil dieciocho
(2018), correspondiente al señor Franco Galvis, se relaciona como tiempo de servicios
prestados para pensión y/o asignación de retiro, un total de diecinueve (19) años, seis
(6) meses y veintiún (21) días, en la siguiente distribución:
iii) En oficio con radicado No. 28183082432333 del tres (3) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), la dirección de personal del Ejército Nacional informa a la oficina de
personal de esa institución, de una irregularidad en la hoja de servicios del señor Franco
Galvis, en los parámetros de “TIEMPOS PARA PENSIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE
RETIRO” y en la “RELACIÓN DETALLADA DE TIEMPOS”. En razón a ello, requiere que
se genere nuevamente la “Hoja de Servicios”, a efectos de enviarla a la dirección de
prestaciones sociales del Ejército Nacional para que se pronuncien ante la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares y sea suspendido el pago de la asignación de retiro del
demandado.
iv) A través de la Resolución No. 7980 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó el reconocimiento y
pago de la asignación de retiro al señor Sargento Segundo (RA) del Ejército Ismael
Franco Galvis, a partir del veinte (20) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), teniendo
en cuenta la solicitud por él presentada y, en atención a la hoja de servicios radicada en
dicha entidad bajo el número 20074129 del nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), distinguida con el No. 3-86054182 del dieciséis (16) de septiembre de esa misma
anualidad. Para el reconocimiento, se tuvo como tiempo de servicios: 21 años, 10 meses
y 22 días.
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
Además, para el cómputo de la prestación, se aplicaron las disposiciones contenidas en
el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 1 del Decreto 0991 de 2015, en
cuantía del 74% del sueldo de actividad correspondiente a su grado.
v) La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la Resolución No. 15276
del veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018), declaró la pérdida de fuerza
ejecutoria de la Resolución No. 7980 de 2016 y la extinción de la asignación de retiro que
había sido reconocida por virtud de ésta al demandado. En este acto administrativo se
ordenó que, los valores existentes a nombre del señor Sargento Segundo (RA) del
Ejército Ismael Franco Galvis, en la cuenta de acreedores varios, se pasaran al rubro de
recursos propios de la entidad y, también indicó que CREMIL se reserva la facultad para
efectuar la liquidación de valores que deban reintegrase, en el evento de establecer que
se efectuaron pagos sin corresponder. Las consideraciones para la revocatoria del acto
fueron las siguientes:
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
vi) Según constancia de ejecutoria de la Resolución No. 15276 de 2018 12, contra éste
acto administrativo se interpuso recurso de reposición el nueve (9) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), el cual fue resuelto mediante Resolución No. 18757 del trece (13) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), notificada por aviso el doce (12) de octubre de
dos mil dieciocho (2018), desfijado el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho
(2018), quedando ejecutoriado el veintidós (22) siguiente.
vii) Con la Resolución No. 18757 del trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018), la entidad demandante resuelve recurso de reposición formulado contra la
Resolución No. 15276 del 2018 que declaró pérdida de ejecutoria del acto administrativo
que reconoció asignación de retiro al señor Franco Galvis, en el sentido de confirmar la
decisión recurrida, al considerar:
viii) Conforme a las órdenes administrativas de personal que a continuación se
relacionan, se evidencia la trayectoria del señor Ismael Franco Galvis, así:
• Orden Administrativa de Personal No. 001006 del ocho (8) de febrero de mil
novecientos noventa y nueve (1999): Es dado de alta como soldado voluntario.
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Suscrita por la profesional de defensa, responsable del grupo de notificaciones de la subdirección de prestaciones sociales de la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares.
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
• Orden Administrativa de Personal No. 001087 del veinticinco (25) de julio de dos mil
uno (2001): se asciende al demandado al grado de Cabo tercero.
• Orden Administrativa de Personal No. 001183 del veinticinco (25) de agosto de dos
mil cuatro (2004): Es ingresado al escalafón en el grado de Cabo segundo.
• Orden Administrativa de Personal No. 1296 del treinta y uno (31) de agosto de dos
mil siete (2007): el demandado es ingresado al escalafón en el grado de Cabo
Primero.
• Orden Administrativa de Personal No. 1663 del primero (1°) de septiembre de dos mil
once (2011): El demandado asciende al grado de Sargento Segundo.
ix) El comandante del Ejército Nacional, mediante Resolución No. 01777 del
diecinueve (19) de agosto de dos mil dieciséis (2016), retira del servicio activo de las
Fuerzas Militares en forma temporal, con pase a la reserva al señor Franco Galvis, por
solicitud propia.
x) Con Resolución No. 001273 del primero (1°) de junio de dos mil dieciocho (2018),
el comando de personal del Ejército Nacional, aprueba el complemento de la hoja de
servicios del señor Franco Galvis, como suboficial retirado de las fuerzas militares. En
este documento se plasma:
xi) En el expediente militar del demandado, aportado por CREMIL, reposa documento
denominado «INCONSISTENCIAS TIEMPOS DE SERVICIO EN EL “SIATH” SISTEMA
DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL TALENTO HUMANO», en el cual se
reporta la siguiente información, respecto del demandado:
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Demandado: Ismael Franco Galvis
En virtud de este documento, la entidad demandante concluye que el tiempo real que debe tener
el señor Ismael Franco Galvis es de diecinueve (19) años seis (6) meses y veintiún (21) días y
no, veintiún (21) años, diez (10) meses y veintidós (22), como erradamente se reportó en el
referido sistema.
2.5. Análisis del caso concreto
51. En el sub examine, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) solicita la
nulidad de la Resolución No. 7980 del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), con la que se reconoció la asignación de retiro al señor Ismael Franco Galvis, al
considerar que este no cumplió con los requisitos legales exigidos, específicamente la
acreditación de los veinte (20) años de servicio, conforme lo dispone el Decreto 1211 de
1990.
52. Asimismo, solicitó la anulación de las Resoluciones Nos. 15276 de veintidós (22) de
junio de dos mil dieciocho (2018) y 18757 del trece (13) de septiembre de dos mil
dieciocho (2018), por medio de las cuales, se declaró la pérdida de fuerza ejecutoria del
anterior acto administrativo y consecuente extinción de la asignación de retiro reconocida
al demandado y, que resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior acto, respectivamente.
53. El Tribunal Administrativo del Meta, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad la Resolución No. 7980 de 2016, al evidenciar que, el
demandado no satisface el requisito de veinte (20) años de servicios, para ser beneficiario
de la prestación reconocida. No obstante, negó las demás pretensiones de la demanda,
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encaminadas a la anulación de las resoluciones No. 15276 de 2018 y 18757 de 2018, al
estimar que, la entidad demandante no expuso reproches específicos, ni desarrolló
argumentos jurídicos o causales que posibilitaran el examen de legalidad de estas.
Asimismo, negó la devolución de las sumas pagadas al demandado a título de asignación
de retiro, al no desvirtuarse la presunción de buena fe en su conducta.
54. Inconforme con la decisión anterior, CREMIL interpuso recurso de apelación, al
considerar que la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 7980 de 2016 debía
extenderse necesariamente a las Resoluciones No. 15276 de 2018 y 18757 de 2018, en
tanto actos accesorios. Ello, por cuanto al perder ejecutoria el acto administrativo
principal, los actos derivados o complementarios, al ser parte integral de aquel y compartir
su mismo destino jurídico, también carecen de validez.
55. No obstante, tal como lo expuso el A-quo, la entidad demandante no formuló cargos
de nulidad específicos en contra de la resolución No. 15276 de 2018 que declaró la
pérdida de ejecutoria de la asignación de retiro, ni contra la Resolución No. 18575 de
2018, por medio de la cual, se confirmó esta determinación. Aunado a ello, la Sala
considera que, CREMIL en uso de las instituciones contenidas en el artículo 91 del
CPACA, motivó los citados actos administrativos, con fundamento en la falta de
cumplimiento de los requisitos legales previstos en el Decreto Ley 1211 de 1990, la Ley
923 de 2004, el Decreto 4433 de 2004 o en el Decreto 991 de 2015, para el
reconocimiento de la prestación en cabeza del señor Ismael Franco Galvis. Por lo tanto,
este cargo de apelación no tiene vocación de prosperidad.
56. Como segundo argumento del recurso de apelación, la entidad demandante solicita
la devolución de los dineros pagados al demandado por concepto de asignación de retiro,
sin tener derecho a ella. Sobre este asunto, es preciso señalar que, la consecuencia de
la nulidad de los actos particulares, por regla general, es retrotraer las cosas al estado
inicial, de manera que se entienda que la decisión extinguida del ordenamiento positivo
por ilegal o inconstitucional, nunca existió.
57. Empero, en los casos en los que se discuten prestaciones periódicas, y
principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es la devolución de sumas de
dinero pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello
es posible.
58. Es tanto así que, el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determinó que «no habrá
lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Por su parte, el artículo 83
de la Constitución Política indicó que «las actuaciones de los particulares y de las autoridades
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Número interno: 2575-2025
Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas»; de suerte que la buena fe se presume en todos los actos de
los particulares y de las autoridades, ello es base de las relaciones entre la administración
y los ciudadanos.
59. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada, en el
entendido que, el principio de la buena fe, es contrapeso de la posición de
superioridad, la cual gozan las autoridades públicas, con ocasión de las prerrogativas
propias de sus funciones.
60. Por ejemplo, en el caso de la presunción de legalidad de los actos administrativos
que estas profieren, de ahí que, el texto constitucional delimite el ámbito de aplicación de
este principio y no incluya las relaciones jurídicas entre particulares. Así entonces, este
principio se equipará a una medida de protección de las personas frente a las autoridades
que implica la prohibición de exigir en los trámites y procedimientos administrativos,
declaraciones juramentadas o documentos autenticados, ya que, de esto le adjudicaría
la carga de demostrar el buen proceder en su gestión13.
61. De acuerdo a lo anterior, tal y como lo ha señalado esta Corporación14, el principio de
la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario, por lo que, le
corresponde a quien alega una conducta nociva, probar el actuar de mala fe. En ese
sentido, cuando se trata del error de la administración al conceder una pretensión, la
entidad no puede alegar a su favor su propia culpa, para tratar de recuperar un dinero
que fue recibido por una persona de buena fe, le corresponde a esta demostrar
fehacientemente una actitud del beneficiario por fuera de estos postulados.
62. De lo expuesto se concluye que, para ordenar el reembolso de los montos percibidos
por Ismael Franco Galvis, a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia
de la anulación del acto demandado, CREMIL debió acreditar la conducta fraudulenta o
dolosa dirigida a defraudar a la administración, lo cual no ocurrió, por cuanto lo que se
advierte es que el reconocimiento y pago de la prestación se realizó por disposición de la
entidad demandada.
63. Además, conforme las actuaciones surtidas ante el Juzgado Ochenta y Cuatro (84)
de Instrucción Penal Militar, si bien se llevó a cabo una indagación preliminar para
determinar una posible participación del señor Franco Galvis en el error contenido en la
certificación de tiempo de servicio, la referida autoridad judicial se abstuvo de abrir
investigación penal formal en contra del demandado.
13
Sentencia C-255 de 2017, C-527 de 2013 y C- 1194 de 2008.
14
Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Expediente 31301203 MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
64. Así las cosas, como en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del
demandado, resulta improcedente ordenar la devolución de las sumas pagadas a su
favor, tal como lo concluyó el A quo.
65. Por otra parte, el extremo demandado formuló recurso de apelación, en el cual solicita
que se revoque la decisión de primera instancia que anuló el acto administrativo que
reconoció la asignación de retiro al señor Ismael Franco Galvis y, en su lugar, se declare
la nulidad de la Resolución No. 15276 de 22 de junio de 2018, en la que se declaró la
pérdida de fuerza ejecutoria del anterior acto y se ordena la extinción de la asignación de
retiro reconocida al demandado y, de la Resolución No. 18757 del 13 de septiembre de
2018, por medio de la cual, se resuelve de manera desfavorable el recurso de reposición
interpuesto contra el anterior acto, aspecto que ya fue resuelto en precedencia, conforme
al cargo presentado por la entidad demandante.
66. Con todo, debe precisarse que, la parte demandada no controvierte en su recurso de
alzada, que el señor Franco Galvis no acreditara los 20 años de servicio, sino que, el
documento -hoja de servicios- que certificó tal periodo fue expedido por el Ejército Nacional,
presumiéndose su veracidad y legalidad; por lo tanto, considera que, no resulta imputable
al demandado, las consecuencias del yerro, como lo es, la pérdida de la asignación de
retiro. En ese orden de ideas, pretende que, de mantenerse la anulación de la Resolución
No. 7980 del 2016, se disponga el reintegro del demandado a la entidad demandada, a
efectos de completar el tiempo que le hace falta para ser beneficiario de su asignación
de retiro.
67. Al respecto, la Sala considera que, el demandado no puede pretender vía del recurso
de alzada, una orden de restablecimiento de esa índole, pues, no puede perderse de
vista que, para tal efecto, debió ejercer su derecho de defensa en la contestación de la
demanda, presentar demanda de reconvención o, iniciar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual, surtido el debate probatorio correspondiente, se
determinara los medios idóneos para la protección de los derechos del demandado.
68. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, a pesar de mecanismo implementado
por la entidad demandante, el aquí demandado no allegó elementos que permitan
flexibilizar de manera alguna, los requisitos para el reconocimiento de la asignación de
retiro, esto es, no alegó ni demostró ser un sujeto de especial protección, en estado de
debilidad manifiesta o similares, que permita considerar un especial tratamiento, para el
cómputo de su tiempo de servicios.
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Demandante: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
Demandado: Ismael Franco Galvis
69. Por tanto, aún con el yerro en el reconocimiento inicial en la asignación de retiro,
atribuible a CREMIL, ello no implica que se deba imponer una carga al erario, consistente
en otorgar una prestación que afectaría la estabilidad financiera del sistema. Ello por
cuanto, si bien se pudo configurar una vulneración al principio de confianza legítima y el
demandado percibió su asignación de retiro de buena fe, esto solo lo exonera de la
devolución de las sumas percibidas, como se indicó en precedencia.
70. Por lo hasta aquí expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, que declaró la nulidad de la Resolución No. 7980
de 2016.
2.6 Conclusión
71. La Sala confirmará la sentencia apelada, en cuanto a la declaratoria de nulidad de la
Resolución No. Resolución No. 7980 de 2016, que ordenó el reconocimiento de la
asignación de retiro y, en igual sentido, confirmará, la negativa a ordenar la devolución
de las sumas pagadas, por no haberse acreditado mala fe del beneficiario. Respecto de
los argumentos de alzada del demandado, en cuanto a su pretensión de reintegro o de
orden de vinculación para completar tiempo de servicio, se estima improcedente, por
cuanto solo fue alegada o pretendida en sede de segunda instancia.
2.7. Condena en costas
72. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente sentencia del diecisiete (17) de julio de dos mil
veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con salvamento parcial de voto
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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