Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00166-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00166-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
Demandado: Nación - Unidad Nacional de Protección1
Tema: Sanción moratoria por pago inoportuno de cesantías
derivadas del reconocimiento de una relación laboral
declarada en sentencia.
Decisión: Confirma sentencia. La sanción moratoria no procede
respecto del pago de unas cesantías reconocidas en una
decisión judicial
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
de primera instancia del 21 de octubre de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo
del Meta.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
OFI18-00009892 del 9 de marzo de 2018 por medio del cual se le negó la sanción
moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías, en aplicación de lo dispuesto en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la
penalidad reclamada, se dé cumplimento a la sentencia en los términos del artículo 192
CPACA2 y se imponga condena en costas a la accionada.
3. Argumentó que prestó sus servicios al Departamento Administrativo de
Seguridad3 desde el 8 de junio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2008 y que el anterior
vínculo fue reconocido como una relación laboral encubierta mediante sentencia del «10»
(sic) de marzo de 2015, emitida por el Tribunal Administrativo del Meta dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001 23 31 000 2011 00127 00,
en el cual se concedieron a su favor, entre otros derechos, el auxilio de cesantías. En ese
1 En adelante, UNP.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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DAS.
Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
sentido, indicó que una vez ejecutoriada la mencionada providencia radicó la petición de
sanción moratoria ante la autoridad administrativa la cual fue negada a través de la
decisión impugnada.
Contestación de la demanda.
4. La UNP4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Al respecto, indicó a
través de sentencia judicial se reconoció la existencia de un «contrato realidad» entre el
demandante y el DAS desde el 8 de junio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2008 y
consecuencialmente el pago de las prestaciones sociales derivadas de ese vínculo, pero
ello «no quiere decir» que «adquirió la investidura de servidor público». Bajo ese contexto,
consideró que el pago de la sanción moratoria que se pretende no está llamado a
prosperar y propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
cobro de lo no debido y cosa juzgada material.
Sentencia apelada.
5. El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas al demandante. Para el efecto, señaló que la Ley 244 de 1995
establece una sanción por el pago tardío de las cesantías, fundada en la obligación del
empleador de pagar oportunamente el referido auxilio. Sin embargo, en el caso concreto
la reclamación deriva del «cumplimiento de una orden judicial que reconoció a título de
indemnización el pago de los valores que correspondían a las prestaciones sociales en
favor del accionante». En esa medida, argumentó que los supuestos fácticos son distintos
y no es posible extender la aplicación de la Ley 244 a situaciones no previstas
expresamente en ella, como las prestaciones reconocidas por decisión judicial.
Recurso de apelación.
6. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación
alegando que el a quo realizó una «interpretación restrictiva de la Ley 244 de 1995», pues
centró su análisis en que el auxilio de cesantías le fue reconocido mediante sentencia
judicial que declaró la existencia de una relación laboral con el Departamento
Administrativo de Seguridad; sin embargo, dicha circunstancia no puede constituir una
limitante para la procedencia de la penalidad pretendida, toda vez que las prestaciones
declaradas judicialmente tienen su origen en la relación laboral.
7. Por otro lado, indicó que «no existe norma alguna que contemple distinción para
el derecho de un trabajador a recibir la indemnización [moratoria] en el pago del auxilio
de cesantías por parte del empleador» por lo cual advirtió que la interpretación adoptada
resulta discriminatoria y vulnera derechos fundamentales del trabajador.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
4 Folios 78 a 80 del expediente digital.
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Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
8. Mediante auto del 29 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación.5
Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio durante esta etapa
procesal.
III. CONSIDERACIONES.
Competencia.
9. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico.
10. En concordancia con lo expuesto en el recurso de apelación, esta Sala debe
determinar si procede el reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, respecto de las cesantías reconocidas mediante sentencia
que declaró la existencia de una relación laboral encubierta a favor del demandante.
Análisis del problema jurídico.
11. Examinado el caso concreto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
12. Con el fin de resolver el problema jurídico, se observa que obra dentro del
expediente sentencia del 3 de marzo de 2015 expedida por el Tribunal Administrativo del
Meta6 a través de la cual se condenó al extinto Departamento Administrativo de
Seguridad al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del actor, producto de
los periodos en que se demostró la existencia de una relación laboral y se designó como
sucesor procesal a la UNP.
13. En ese contexto, el demandante pretende que se le reconozca la sanción
moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, bajo el argumento de que
el pago de las cesantías derivadas de la relación laboral declarada a través de la
mencionada providencia fue extemporáneo.
14. Ahora bien, el artículo primero de la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se
fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones», estableció el término de quince
(15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas de los servidores públicos. Asimismo, el artículo 2 ibidem determinó que una
vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías definitivas, la
5 Índice 17 de Samai.
6 Folios 17 a 44 del expediente digital.
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Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
administración cuenta con el término de cuarenta y cinco días hábiles para pagar la
prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el
parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, hasta cuando se
haga efectivo el pago «para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo».
15. A partir de la disposición anterior, la Sala advierte que la sanción moratoria por
el pago extemporáneo de las cesantías se configura como una penalidad económica
impuesta al empleador por el retardo en el pago de dicha prestación social y su finalidad
se orienta a garantizar la cancelación oportuna de aquella prestación, en el supuesto
fáctico establecido en la ley.
16. Por lo tanto, la Sala no comparte el argumento del recurrente según el cual el
hecho de que sus prestaciones sociales hayan sido reconocidas mediante sentencia
judicial no debe constituir una limitante para la procedencia de la sanción moratoria, en
razón a que aquellas acreencias tendrían su origen en la relación laboral acreditada. Al
respecto, es preciso indicar que si bien en la providencia del 3 de marzo de 2015 se
demostraron los elementos propios de una relación de tal naturaleza entre el actor y el
extinto Departamento Administrativo de Seguridad y se ordenaron unos pagos con el fin
de compensar la situación ocurrida como consecuencia de la mala práctica de la entidad,
al contratar unos servicios bajo una modalidad que desbordó la finalidad del mecanismo
utilizado, ello no implica que el pago de los haberes reconocidos en la sentencia deba
efectuarse en el término perentorio otorgado en materia de cesantías definitivas.
17. Así lo ha entendido la Sala7, al considerar que «normativamente la sanción
moratoria consagrada en la Ley 244 de 1995 no resulta aplicable a la demora en que
incurra la administración con ocasión del pago de cesantías ordenadas por
sentencia judicial, no sólo porque la literalidad de la norma no permite hacer
extensiva la sanción a esas situaciones, sino porque el cumplimiento de las
sentencias judiciales tiene en la ley términos y sanciones que en forma especial lo
rigen. Además, por tratarse de una penalidad que hace parte del derecho sancionatorio,
en donde deben ser expresamente previstas en la ley, no se puede extender o aplicar la
analogía, a supuestos de hecho o de derecho diferentes a las que la norma prevé
expresamente».
18. Por consiguiente, le asistió razón al a quo al negar las pretensiones, en la
medida en que la sanción consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 es
aplicable cuando el empleador incumple con el pago de las cesantías o lo hace de manera
tardía, en los eventos en que incumpla los términos perentorios posteriores a la radicación
de la petición de dicha prestación, en el marco de una reclamación administrativa de
cesantías, no del cumplimiento de una sentencia, por lo que no es pertinente aplicarla
por analogía ni por vía de interpretación a situaciones no establecidas en la norma. Por
lo tanto, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 14 de octubre de 2021. Radicado: 13001 33 33 000 2016 00246-01(3379-20).
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Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
Condena en costas.
19. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
20. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
21. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
22. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
las peticiones de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia expedida el 21 de octubre de 2021, por el Tribunal
Administrativo del Meta, según lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO. Se condena en costas al demandante en segunda instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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Radicación: 50001 23 33 000 2019 00166 01 (2235-2023)
Demandante: Carlos Alberto Tejeiro
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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