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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2019-00211-02

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2019-00211-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral no. 2 mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, cuya parte resolutiva queda así: Primero: Declárase no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID), de conformidad con los motivos expuestos. Segundo: Declárase la responsabilidad patrimonial extracontractual, de manera solidaria, de la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID) y de la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño. Tercero: Condénase de manera solidaria a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID) y a la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño a pagar los perjuicios por lucro cesante en favor de Ecopetrol SA, cuyo monto preciso se definirá en trámite incidental posterior en los términos del artículo 193 del CPACA, de conformidad con los criterios fijados en la parte motiva de esta providencia. 2º) Condénase en costas en ambas instancias a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de Chichimene (CJAID) y a la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño en favor de Ecopetrol SA, las cuales deben ser liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo del Meta, con inclusión de las agencias en derecho. 47 Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455) Actor: Ecopetrol SA Reparación directa Apelación sentencia 3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2019-00211-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

15 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Demandante: ECOPETROL SA
Demandados: CORPORACIÓN COMUNITARIA JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE SAN
ISIDRO CHICHIMENE Y OTRA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS
PROVOCADOS POR BLOQUEOS COMUNITARIOS Y
MANIFESTACIONES

Síntesis del caso: durante el periodo comprendido entre el 31 de julio y 15 de agosto de 2017,
en el sector rural de Acacías (Meta) se desarrollaron una serie de protestas sociales lideradas
por la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San
Isidro de Chichimene (CJAID) con la dirección de su representante legal la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño; esta manifestaciones consistieron, entre otras actuaciones, en el bloqueo
de los accesos a la Estación Chichimene operada por Ecopetrol SA, la restricción del ingreso
de personal, insumos y equipos, así como también la ejecución de medidas de hecho que
afectaron el normal desarrollo de las actividades industriales; según la parte actora, estas
actuaciones generaron la interrupción parcial de la operación del campo y dieron lugar a una
disminución transitoria en los niveles de producción de hidrocarburos, fenómeno identificado
como producción diferida, a partir del cual la empresa demandante reclama el reconocimiento
de perjuicios en la modalidad de lucro cesante.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia de primera instancia proferida el 19 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral no. 22 mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación
por pasiva propuesta por la Corporación Comunitaria Juntas de Acción
Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene – CJAID, de
conformidad con los motivos expuestos.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con
los expuesto en esta providencia.

1Índice 49 Samai de la primera instancia.
2 Índice 46 Samai de la primera instancia.

2
Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora para lo cual una vez
ejecutoriada esta providencia, ingrésese el expediente al Despacho para la
fijación de agencia en derecho, y posteriormente realícese la liquidación de
las costas por Secretaría (…)”3 (negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 5 de julio de 20194, la Empresa Colombiana de Petróleos (en adelante Ecopetrol
SA) presentó demanda de reparación directa en contra de la Corporación Comunitaria
Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (en
adelante CJAID) y la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño5 con las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA: Que, se declare civil, administrativa y extracontractualmente
responsable a la CORPORACIÓN COMUNITARIA JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SAN ISIDRO DE
CHICHIMENE Y A SANDRA PATRICIA RUIZ RIAÑO por los actos, hechos
y omisiones que desembocaron en los perjuicios de orden material causados
a Ecopetrol S.A., de acuerdo con las circunstancias modales, temporales y
espaciales narradas en los antecedentes fácticos de este libelo.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior y a título de medida de
reparación patrimonial objetivado del daño causado, se CONDENE el
extremo demandado en forma solidaria, a pagar a Ecopetrol S.A., la suma
de CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS (COP $4.056.033.905) por concepto de
lucro cesante, referido a las pérdidas sufridas de producción diferida de
crudo, o lo que resulte debidamente probado dentro del proceso.

TERCERA: La condena respectiva será actualizada, de conformidad con lo
previsto en los artículos 187 inciso 4º, 192 inciso 3º, y 195 numeral 4º inciso
1º del CPACA, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del
índice de precios al consumidor (…).”6 (negrillas y mayúsculas sostenidas
del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las súplicas la parte actora invocó, en síntesis, lo
siguiente:

3 Página 39, archivo: 40Sentencia_00020190021100_CEAO_(.pdf), índice 46 Samai de la primera instancia.
4 Índice 1 Samai de la primera instancia.
5 Páginas 3 a 18, archivo: 50001233300020190021100_DEMANDA, gestión documental Samai de la primera
instancia.
6 Páginas 4 y 5, archivo: 50001233300020190021100_DEMANDA, gestión documental Samai de la primera

instancia.

3
Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

1) Ecopetrol SA es propietaria de una instalación industrial situada en la vereda San
Isidro de Chichimené, área rural de Acacías (Meta), destinada a la recolección y
tratamiento del crudo que se extrae de los pozos ubicados en el campo Chichimene
operado por dicha empresa desde el año 2000, la cual se encuentra construida sobre
un predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 232-34843.

2) Entre el 31 de julio y 15 de agosto de 2017 un grupo conformado por 25 personas
pertenecientes a las comunidades de las veredas La Esmeralda y San Isidro de
Chichimene, liderado por la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño -para entonces
presidenta de la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de
Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID)- quienes dijeron reclamar la
asignación de cupos laborales, ejecutaron una serie de actos que afectaron el normal
desarrollo de las operaciones de Ecopetrol SA en la referida instalación industrial que
consistieron en lo siguiente: (i) bloqueo de las puertas de acceso que imposibilitó el
ingreso y la libre movilidad de los trabajadores y de aproximadamente 347 contratistas;
(ii) el 3 de agosto de 2017 la señora Ruiz Riaño se encadenó a la puerta de acceso
peatonal junto con dos personas más; (iii) el 4 de agosto de 2017 la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño y otras personas soltaron sus cadenas, saltaron la valla
perimétrica, ingresaron violentamente, irrumpieron en las oficinas e instalaciones
industriales y ocasionaron daños tales como averías a equipos de laboratorio,
computadores y oficinas, lo cual obligó a los trabajadores y contratistas a retirarse del
lugar, en esos hechos un trabajador resultó herido; (iv) desde esa incursión la señora
Sandra Patricia Ruiz Riaño y sus seguidores decidieron bloquear las operaciones de
Ecopetrol SA, igualmente determinaron que ningún contratista de Ecopetrol SA podía
realizar sus actividades y de manera arbitraria e inconsulta determinaron qué bienes y
personas podían ingresar o salir.

3) Producto de lo anterior se produjeron las siguientes consecuencias adversas para
la empresa: (i) se impidió el tratamiento de fluidos de forma segura y confiable, (ii) se
frenaron los mantenimientos de obra programados y las contingencias que pudieran
presentarse, (iii) se suspendió la ejecución de aproximadamente 7 contratos
comerciales para el abastecimiento de bienes y servicios y, (iv) se ocasionó la
producción diferida de 20 pozos petroleros que disminuyeron ganancias y
posibilidades de extracción de crudo en cerca de 32.000 barriles con pérdidas
aproximadas por $4.056.033.905.

4
Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

4) Las anteriores circunstancias fueron puestas en conocimiento del municipio de
Acacías, el departamento del Meta y la Policía Metropolitana de Villavicencio con miras
al restablecimiento del orden público y de la posesión; igualmente se dio inicio a una
acción penal ante la Fiscalía General de la Nación.

5) Los daños aducidos son imputables a CJAID y a la señora Sandra Patricia Ruiz
Riaño por cuanto rebasaron los límites del derecho a la protesta, sus manifestaciones
lejos de llevarse a cabo de manera pacífica se desarrollaron en un ambiente de
violencia que desbordó el marco del ejercicio de esa garantía constitucional y que trajo
consigo la vulneración del derecho a la propiedad privada con consecuencias
patrimoniales traducidas en las utilidades que Ecopetrol SA esperaba percibir de no
haberse presentado el bloqueo a dichas instalaciones.

3. Contestación de la demanda

En auto del 19 de agosto de 20197, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda y dispuso la notificación personal de la Corporación Comunitaria Juntas de
Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro de Chichimene y de la señora
Sandra Patricia Ruiz Riaño.

3.1 Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia
Directa de San Isidro de Chichimene (CJAID)

Presentó respuesta a la demanda el 27 de noviembre de 2019 con oposición a las
súplicas del escrito inicial8 con sustento en la siguiente argumentación:

1) Aunque es cierto que Ecopetrol SA es propietaria de la estación industrial referida,
no está demostrado si en realidad hubo o no bloqueo pues con la manifestación de
Ecopetrol SA atinente a que “impidieron el tratamiento de fluidos de forma segura y
confiable” se demuestra que sí hubo operación, en caso de existir pérdidas este hecho
debe demostrarse.

2) Debe tenerse en cuenta que si el bloqueo permaneció por quince (15) días, el deber
de restablecimiento del orden público debe atribuirse al municipio de Acacías y al

7 Páginas 3 y 4, archivo: 50001233300020190021100_ACT_AUTOADMITE, índice 6 Samai de la primera instancia.
8 Archivo: 50001233300020190021100_ACT_cONTESTACIONDEMANDA, índice 10 Samai de la primera
instancia.

5
Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

departamento del Meta por haber permitido la prolongación del bloqueo de la estación
de Ecopetrol SA, de manera que la responsabilidad les asiste a dichas autoridades.

3) Se configuran las excepciones que a continuación se describen: (i) “falta de
legitimación en la causa por pasiva” porque la corporación CJAID no es la titular de la
obligación que se reclama, según los hechos de la demanda quien provocó el daño
fue la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño y veinticinco (25) personas más que no fueron
identificadas y, (ii) “ineptitud sustancial de la demanda” por cuanto en el escrito inicial
no se precisan qué hechos puntuales se atribuyen a la corporación CJAID y no está
demostrado cómo pudo ser la causante del daño y los perjuicios reclamados.

3.2 Sandra Patricia Ruiz Riaño

No contestó la demanda9.

4. Audiencia inicial

Tuvo lugar el 11 de agosto de 202110, en esa oportunidad el tribunal expresó que las
excepciones propuestas por CJAID en realidad aludían a aspectos de fondo que
debían ser resueltos en la sentencia, fijó el litigio y procedió al decreto de la pruebas
documentales y testimoniales; no obstante, denegó el dictamen pericial que había sido
solicitado por la parte actora en el término de traslado de las excepciones tendiente a
la demostración del daño, específicamente a determinar el comportamiento de la
extracción de crudo en los pozos de Chichimene antes, durante y después de la fecha
de los bloqueos, por estimar que dicha solicitud tenía un objeto diferente a lo
contemplado en el artículo 175 del CPACA, dado que estaba dirigida a demostrar
hechos diferentes a los relacionados con las excepciones promovidas por la
corporación demandada, de manera que se trataba de una prueba que debió
solicitarse con el escrito inicial.

Contra esta última decisión la parte demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación, la reposición fue negada en esa misma audiencia y la apelación
fue resuelta el 29 de octubre de 2021 por la Subsección B, Sección Tercera del

9 De este hecho se dejó constancia en la audiencia inicial realizada el 11 de agosto de 2021. Archivo: Audiencia

Inicial(.pdf), índice 20 Samai de la primera instancia.
10 Archivo: Audiencia Inicial(.pdf), índice 20 Samai de la primera instancia.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

Consejo de Estado a través de auto de ponente11 en el cual se corroboró que no había
lugar a decretar el dictamen pericial solicitado por Ecopetrol SA en el escrito de
respuesta a las excepciones propuestas por CJAID debido a que no guardaban
relación alguna con estas sino con la demostración de las afectaciones patrimoniales,
de manera que debió pedirse en el escrito de la demanda de conformidad con lo
exigido en el artículo 227 del CGP.

5. Sentencia de primera instancia

El 19 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral
no. 2 negó las pretensiones de la demanda12 por estimar lo siguiente:

1) La excepción de “falta de legitimación ene la causa por pasiva” propuesta por CJAID
no está llamada a prosperar por cuanto para la época de los hechos existía un vínculo
laboral entre la corporación comunitaria y la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño dado
que esta última era representante legal de dicha persona jurídica; adicionalmente, el
objeto social de CJAID dirigido a la búsqueda de una óptima distribución de los
empleos directos e indirectos generados por Ecopetrol SA para los habitantes del área
de influencia del sector de San Isidro de Chichimene son coincidentes con los motivos
que llevaron consigo a las manifestaciones.

2) En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable a los demandados, integrados
por una persona natural y una jurídica de derecho privado, deben observarse las
normas propias de la responsabilidad civil extracontractual reguladas en los artículos
2341 y 2356 referentes a la demostración del daño, una conducta culposa o dolosa del
obligado a responder y un nexo causal entre ellos.

3) En el caso analizado se constató lo siguiente: (i) se presentó un bloqueo entre el 31
de julio y el 15 de agosto de 2017 en el sector de influencia de la estación industrial de
Chichimene perteneciente a Ecopetrol SA; (ii) en esos hechos hizo presencia la señora
Sandra Patricia Ruiz Riaño en condición de representante legal de CJAID, al igual que
algunos presidentes de juntas de acción comunal que hacían parte de esta corporación
comunitaria e integrantes de la comunidad de la zona de influencia y, (iii) las protestas
impidieron el normal ingreso de trabajadores y contratistas de Ecopetrol SA en la

11 Índice 36 Samai de la primera instancia.
12 Índice 46 SAMAI de la primera instancia.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

estación de Chichimene, lo cual alteró el normal desarrollo de las actividades
operativas en dichas instalaciones.

4) No obstante, el daño13, consistente en la denominada producción diferida de crudo,
no fue acreditado por las siguientes razones:

a) Se presentaron inconsistencias relevantes en la información aportada por la propia
demandante, pues, mientras en el memorando interno del 18 de agosto de 2017
emitido por el gerente de Desarrollo y Producción de Chichimene (Edward Alfonso
Rivero Rangel) se informó que con ocasión de las protestas ocurrieron catorce (14)
eventos que afectaron la producción de veinte (20) pozos que reportó una producción
diferida de 35.523 barriles de crudo, en la prueba testimonial el coordinador de
producción (Carlos Ayala) señaló una afectación distinta equivalente a 19.913 barriles
en 13 pozos para el mismo periodo, sin que se hubiera emitido una explicación que
armonizara dichas diferencias.

b) No es claro el impacto real de la supuesta afectación, debido a que los testimonios
indicaron que la producción no se detuvo completamente y que parte del crudo no
extraído podía ser producido con posterioridad, hecho que genera incertidumbre sobre
si existía una pérdida efectiva o simplemente un aplazamiento en la explotación.

c) No se acreditaron con precisión los elementos técnicos necesarios para establecer
el daño, tales como el número real de pozos afectados, el volumen exacto de
producción diferida y los costos asociados a la reactivación de los pozos, lo que impide
determinar con certeza la magnitud del perjuicio económico alegado.

d) La prueba pericial con la cual la parte demandante pretendía probar y cuantificar el
daño fue negada como extemporánea, de este modo, no obra un medio técnico idóneo
para acreditar la afectación patrimonial alegada.

6. El recurso de apelación

En escrito radicado el 16 de marzo de 2026 la parte actora solicitó que se revoque la
sentencia apelada y se acceda a las súplicas de la demanda14, para el efecto planteó

13 Sobre el punto se explicó que, aunque en la demanda se refirió a que hubo una incursión de los manifestantes

en las instalaciones de la planta Chichimene de Ecopetrol SA el 4 de agosto que provocó algunas afectaciones
materiales, estas no fueron objeto de reclamación en la demanda, razón por la cual no se hizo pronunciamiento
alguno al respecto.
14 Índice 49 SAMAI de la primera instancia.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

ocho (8) cargos orientados a demostrar que el a quo incurrió en un yerro de apreciación
probatoria y en una indebida aplicación normativa debido a que confundió la existencia
del daño con la exactitud de su cuantificación; los cuestionamientos frente al fallo son
los siguientes:

1) Cargo primero, falsa apreciación de la prueba y desconocimiento del principio de
valoración integral, debido que el tribunal fragmentó el acervo probatorio y valoró de
manera aislada una aparente discrepancia numérica entre una certificación técnica y
una declaración testimonial para decretar la inexistencia del daño; no obstante, el
expediente demuestra de forma convergente y unánime —mediante bitácoras de
seguridad, oficios a autoridades de policía, declaraciones técnicas de funcionarios, el
interrogatorio de parte de Sandra Patricia Ruiz Riaño, el traslado del proceso penal y
la certificación técnica sobre pérdidas de producción— una alteración real y continuada
de la operación de trece (13) pozos durante el periodo crítico; en ese sentido, aunque
existieran dos referentes cuantitativos, uno más amplio y otro más conservador, lo
procedente era reconocer que ambos demostraban el daño, sin perjuicio de que la
condena por perjuicios se realizara en abstracto.

2) Cargo segundo, error jurídico en la comprensión del lucro cesante por confusión
entre la persistencia física del recurso y la recuperabilidad de la utilidad económica,
toda vez que, el a quo partió de una premisa errada por considerar que como el
hidrocarburo permanece en el subsuelo no se configura un perjuicio resarcible cierto;
sin embargo, el objeto del litigio no es la destrucción del yacimiento sino la frustración
del provecho económico y la afectación al flujo de caja derivada de la imposibilidad
técnica de extraer, despachar y comercializar el crudo en el periodo planificado cuya
utilidad no se recupera automáticamente en el futuro.

3) Cargo tercero, desconocimiento del alcance probatorio de los documentos técnicos
y de la prueba trasladada, habida cuenta que el tribunal le restó mérito a la certificación
técnica de valoración de pérdidas aportada por Ecopetrol SA, la cual goza de
consistencia por cuanto fue el mismo soporte técnico remitido a la Dirección de
Investigación Criminal de la Fiscalía en el marco de la denuncia penal; además, la
parte demandada no allegó pericia especializada ni objeción técnica alguna orientada
a desvirtuar la metodología contable de la producción diferida.

4) Cargo cuarto, se subvaloró la gravedad de la conducta y desbordamiento
manifiesto del derecho a la protesta, por el hecho de que el fallo impugnado se

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

asimilaron las vías de hecho a una manifestación pacífica generadora de meras
incomodidades transitorias; empero, quedó plenamente acreditada una conducta
antijurídica constitutiva de culpa grave o dolo civil consistente en un bloqueo coactivo
y prolongado contra una infraestructura industrial estratégica declarada por ley como
de utilidad pública, en la que se recurrió al encadenamiento en las puertas de acceso,
se invadieron las barreras perimetrales y se obligó a la salida de los operadores de la
planta.

5) Cargo quinto, demostración de la imputación personal de la ciudadana Sandra
Patricia Ruiz Riaño y de la imputación orgánica y solidaria de la CJAID, en vista de
que se configuró la concurrencia de dos hechos susceptibles imputación causal: (i) el
primero derivado de la actuación material e individual de la señora Ruiz Riaño como
líder visible y ejecutora del encadenamiento y, (ii) el segundo, concerniente a la
responsabilidad orgánica y solidaria de la corporación CJAID, toda vez que la decisión
de acudir a las vías de hecho fue adoptada por unanimidad por los presidentes de las
juntas que la integraban con el fin de presionar fines corporativos de intermediación
laboral.

6) Cargo sexto, la sentencia omitió extraer las consecuencias jurídicas de hechos que
tuvo por acreditados, por cuanto la estructura de la decisión es contradictoria, el
tribunal aludió a los elementos del nexo causal y de la conducta lesiva, pero, se
abstuvo de proferir el consecuente fallo estimatorio so pretexto la incertidumbre
cuantitativa sobre el perjuicio.

7) Cargo séptimo, procedencia normativa de la condena en abstracto ante escenarios
restrictivos de tasación, porque, aunque persistiera una duda razonable sobre la
dimensión exacta del lucro cesante, la consecuencia procesal correcta no debió ser la
absolución a los causantes del daño; la reparación integral obligaba al juzgador a dictar
una condena en abstracto y ordenar la correspondiente liquidación mediante incidente.

8) Cargo octavo, distinción entre la existencia material del daño y la exactitud
del quantum indemnizatorio, la providencia confundió la certidumbre sobre el
menoscabo al patrimonio (existencia del daño) y el ejercicio de su tasación monetaria
(quantum); el debate sobre cuál parámetro numérico era el más adecuado no
facultaba al operador judicial para trasladar a la víctima la carga de soportar un daño
antijurídico que la demandada no logró desvirtuar y desatendió el deber de proferir una
medida resarcitoria acorde con el grado de certeza alcanzado en el proceso.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 20 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación (índice 3 Samai),
en el término establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA, modificado por
el artículo 66 de la Ley 2080 de 2021 las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis del recurso de apelación, 3) liquidación de perjuicios, 4) conclusión y 5)
condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) Presentada la demanda de manera oportuna15, el centro de la controversia consiste
en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad
patrimonial extracontractual a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal
Área de Influencia Directa de San Isidro de Chichimene (CJAID) y la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño por causa de los bloqueos comunitarios y manifestaciones que
habrían tenido lugar entre el 31 de julio y 15 de agosto de 2017 en la instalación
industrial de Chichimene ubicada en zona rural del municipio de Acacías (Meta)
perteneciente a Ecopetrol SA, hecho que según la demandante provocó una afectación
patrimonial consistente en la producción diferida de barriles de crudo.

2) La primera instancia negó las pretensiones por considerar que el daño consistente
en la producción diferida no fue debidamente acreditado por cuanto algunas de las
pruebas aportadas por Ecopetrol SA presentaban inconsistencias respecto del grado
de afectación, en particular señaló que existían evidencias de que la producción no se
detuvo por completo y que el crudo no extraído en su momento podía ser recuperado
con posterioridad; en el recurso de apelación Ecopetrol SA cuestionó dicha conclusión,

15 Según se afirma en los hechos de la demanda, las protestas y bloqueos que produjeron la afectación de la

estación industrial de Ecopetrol SA situada Chichimene finalizaron el 15 de agosto de 2017, por lo tanto el plazo
máximo para la presentación de la demanda expiraba el 16 de agosto de 2019 y como fue radicada el 5 de julio de
2019 (índice 1 Samai de la primera instancia), lo fue en el término previsto en el artículo 164 del CPACA.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

sostuvo que el tribunal confundió la existencia del daño con el quantum del perjuicio,
afirmó que obran en el expediente pruebas suficientes para acreditar su ocurrencia,
por lo cual debe proferirse sentencia condenatoria dado que los demás elementos de
la responsabilidad patrimonial extracontractual —el nexo causal y la conducta
reprochable de las demandadas— se encuentran debidamente demostrados.

3) El fallo impugnado será revocado, en su lugar se declarará la responsabilidad
patrimonial extracontractual de las demandadas, pues, contrario a lo sostenido por el
a quo, se encuentra acreditada la existencia de un daño consistente en la producción
diferida de hidrocarburos, así como también su imputación a las conductas
desplegadas en el marco de las protestas las cuales excedieron los límites del ejercicio
legítimo del derecho a la manifestación, de lo cual resultó igualmente demostrado el
nexo causal y el factor subjetivo de atribución en los términos exigidos por el régimen
de responsabilidad aplicable.

2. Análisis del recurso de apelación

2.1 El daño

1) En el marco del recurso de apelación, el punto nodal de discusión en relación con
el daño consiste en determinar si se encuentra acreditada la existencia de una
afectación patrimonial derivada de la denominada producción diferida de crudo, esto
es, la imposibilidad temporal de extraer, tratar y despachar hidrocarburos durante el
periodo en el cual se presentaron los bloqueos y manifestaciones en la Estación
Chichimene de propiedad de Ecopetrol SA.

2) De este modo, en este caso resulta relevante recordar la distinción entre daño y
perjuicio para poder determinar si le asiste razón o no al recurrente frente a las críticas
realizadas frente al fallo de primera instancia, al respecto la Sala en pasadas
oportunidades ha manifestado:

“En ese orden de ideas, más allá de la discusión doctrinaria acerca de si hay
lugar a la distinción entre daño y perjuicio, se estima que para efectos de
abordar el presente caso tal diferenciación es de utilidad por tener un efecto
práctico para poder resolver las pretensiones de la demanda donde se alude
a diferentes tipos de afectaciones patrimoniales como consecuencia de un
hecho generador del daño.

El daño consiste en la lesión o afectación negativa de un bien jurídicamente
tutelado, huelga decir, que goza de la protección del ordenamiento jurídico

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del Estado, como por ejemplo la vida, la integridad personal, la propiedad,
las libertades, etc., en tanto que el perjuicio es la consecuencia negativa que
ese daño genera en el patrimonio de la víctima, ya sea este material o
inmaterial, por lo tanto, la distinción conceptual entre daño y perjuicio no es
una cuestión simplemente académica o apenas teórica, sino, una asunto
con dos importantes aplicaciones prácticas, una primera, de carácter
probatorio y, una segunda, de legitimación; en efecto, una cosa es probar el
daño y, otra, muy distinta, demostrar el perjuicio; de igual manera, una es la
víctima que padece el daño y, otra, a veces distinta, quien experimenta el
perjuicio, lo cual determina, en cada caso, la legitimación para demandar la
indemnización”16.

3) En ese sentido, igualmente es importante aclarar que no se discute en esta etapa
—ni corresponde aún hacerlo— la exactitud del monto del perjuicio reclamado a título
de lucro cesante sino la verificación del primer presupuesto de la responsabilidad
patrimonial extracontractual; es decir, la existencia del daño consistente en la
producción diferida de barriles crudo y que consiste en la alteración anormal del
proceso productivo que, en principio, tiene la potencialidad de generar consecuencias
económicas adversas para la parte actora.

4) En esos términos, conforme se desprende de las pruebas documentales y
testimoniales allegadas al proceso por Ecopetrol SA – que serán citadas con detalles
más adelante- la producción diferida en este caso hace referencia a la cantidad de
barriles de petróleo que dejaron de producirse en un período determinado como
consecuencia de factores que impidieron la operación normal de los pozos y de la
infraestructura asociada, sin que ello implique necesariamente la pérdida física del
recurso sino su extracción en un momento posterior.

Desde esa perspectiva, se trata de una figura que se vincula directamente con la
continuidad operativa de los campos petroleros y con la posibilidad de convertir el
recurso natural en ingresos efectivos mediante su extracción, procesamiento y
comercialización en condiciones normales de operación.

5) Ahora bien, sobre la legitimación en la causa por activa que le asiste a Ecopetrol SA
para reclamar el daño alegado, está suficientemente probado que esa empresa pública
es propietaria del inmueble en el cual opera la Estación Chichimene ubicada en la
vereda San Isidro Chichimene zona rural del municipio de Acacías (Meta),
circunstancia que se corrobora con la escritura pública no. 949 del 10 de diciembre de

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, radicación no. 05001-

23-31-000-2011-00904-01(49.776), CP Fredy Ibarra Martínez, con aclaración de voto del Dr. Alberto Montaña Plata.

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2004 de la Notaría Única del Círculo de la Calera (Cundinamarca) y el certificado de
tradición y libertad correspondiente al folio de matrícula inmobiliaria no. 232-3484317.

La anterior circunstancia permite establecer entonces que la demandante ostenta un
interés jurídico directo en la operación de dicha instalación y, por tanto, en los
eventuales efectos adversos derivados de su interrupción.

6) También es relevante destacar la actividad que se desarrolla en el referido centro
industrial, para lo cual es preciso acudir a los testimonios de los señores Édward
Alfonso Rivero Rangel (gerente de Operación y Desarrollo de la Estación
Chichimene)18 y del ingeniero de petróleos Carlos Andrés Ayala Marín (coordinador de
Producción del campo Chichimene)19, quienes en la audiencia de pruebas del 15 de
septiembre de 2021 refirieron que la Estación Chichimene constituye un centro
esencial de operaciones en el cual se realiza el tratamiento de los fluidos provenientes
de los pozos del campo, proceso que implica la separación del crudo, el agua y el gas,
así como también su posterior despacho para su comercialización.

7) Igualmente se acreditó en el proceso que durante el periodo comprendido entre el
31 de julio y el 15 de agosto de 2017, como consecuencia de los bloqueos adelantados
por integrantes de la comunidad, se presentaron restricciones significativas al ingreso
de personal, insumos y equipos que afectaron el normal desarrollo de las actividades
operativas en la estación.

Lo anterior se sustenta en varias actas de suspensión —parcial y total— de contratos
celebrados por Ecopetrol SA con distintos contratistas en las cuales se dejó expresa y
puntual constancia de la imposibilidad de ejecutar las actividades contractuales debido
a la obstrucción del acceso a las instalaciones y a las áreas de trabajo; al proceso se
aportaron las siguientes:

17 Páginas 2 a 5 y 44 a 46, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la

primera instancia.
18 Dicho testigo expresó: “PREGUNTADO: qué actividades realiza Ecopetrol en Chichimene. CONTESTÓ: lo que

se hace es recolectar los crudos del área de influencia del yacimiento de ese campo y se lleva a un sitio que es
donde se procesan, se tratan esos fluidos el sitio es la Estación Chichimene, ahí en esa estación es donde llegan
los fluidos, ahí se hace un proceso de tratamiento, se separa el crudo, el agua del gas, luego de que el crudo está
en condiciones, es despachado luego el agua es tratada y reinyectada para el caso de los tiempos presentes (…)
eso es básicmente es lo que se hace en la estación (…) nosotros tenemos alrededor de unos 250 pozos pero todos
tienen una clasificación diferentes, unos son inyectores, otros productores, otros estan inactivos, otros
abandonados (…). Índice 29 Samail de la primera instancia.
19 Específicamente manifestó que la Estación de Chichimene era el mayor centro de operación de Ecopetrol SA,

en la cual se realiza todo el tratamiento de los fluidos de campo provenientes de los pozos que se encuentran
conectados con esa estación. Índice 29 Samail de la primera instancia

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a) Acta de suspensión parcial no. 1 del 3 de agosto de 2017 referente al contrato no.
3000511 suscrito entre Ecopetrol SA y la sociedad Tanques y Construcciones SA cuyo
objeto consistía en la realización de trabajos de soldadura y metalurgia en diferentes
áreas operativas, pozos y estaciones de recolección de la Gerencia de Operaciones
de Desarrollo y Producción de Chichimene; se dispuso la suspensión entre el 3 y el 11
de agosto de 2017 por causa de las protestas promovidas por la corporación CJAID20.

b) Acta de suspensión parcial no. 3 del 3 de agosto de 2017 respecto del contrato no.
3001234 firmado entre Ecopetrol SA y el Consorcio FH que tenía por objeto la
prestación del servicio de mantenimiento del equipo estático en los campos de las
Gerencias de Operaciones de Desarrollo y Producción de Castilla y de Chichimene; el
contrato fue suspendido por el término de ocho (8) días calendario a partir de esa fecha
por causa de las protestas de la comunidad21.

c) Acta de suspensión parcial no. 3 del 14 de agosto de 2017 en relación con el
contrato no. 3004810 firmado entre Ecopetrol SA y la sociedad Meneses Ramírez SAS
que tenía por objeto el servicio de cargue, descargue y transporte terrestre de carga
seca y líquida para los campos de la Vicepresidencia Regional Orinoquía de Ecopetrol
SA ubicada en el departamento del Meta; se pactó la suspensión a partir de la referida
fecha y por el término de ocho (8) días calendario, por causa de las manifestaciones
realizadas en la zona de operación de la Estación Chichimene22.

d) Acta de suspensión total no. 1 del 2 de agosto de 2017 en relación con el contrato
no. 3006513 celebrado entre Ecopetrol SA y la sociedad OTACC SA consistente en la
ejecución de obras complementarias en el campo Chichimene; la suspensión se pactó

20 Específicamente se expresó: “desde el día 1º de agosto de 2017 en horas de la mañana se presenta cese parcial

de actividades donde un grupo de personas promovidas por la Corporación de Juntas Acción Comunal de San
Isidro Chichimene -CJAID-, en las puertas de acceso a la estación de recolección y tratamiento de crudo de
Chichimene, que impiden el ingreso argumentando desacuerdos con la normatividad nacional que regula el tema
de contratación de personal, afectando los frentes de trabajo que impiden la realización de los servicios y
actividades objeto del contrato suscrito con Ecopetrol SA”. Pagina 25, archivo:
50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera instancia.
21 Sobre el punto, en dicha acta se expresó: “que en la zona en donde se desarrolla el contrato se presentan hechos

injustificados no atribuibles a ninguna de las partes, que impiden la ejecución de reparación de anomalías en líneas
de flujo desde el día 1º de agosto de 2017, como los siguientes: bloqueo para el ingreso a las instalaciones de la
Gerencia de Operaciones de Desarrollo Chichimene por parte de la comunidad (estación y pozos), impidiendo la
ejecución de las siguientes actividades: (…) apiques para la inspección de líneas troncales (…) mantenimiento de
calentadores (….) actividades de reposición de líneas de flujo clúster 11 de la GCH”. Páginas 27 a 30, archivo:
50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera instancia.
22 Acerca de los motivos de suspensión del contrato se expresó: “que en el área de la Gerencia de Operaciones de

Desarrollo y Producción Chichimene (GHC) se presentan actos de terceros que dificultan la normal ejecución del
mismo conllevando a que desde el 9 de agosto de 2017 no fuese posible llevar a cabo algunas de las actividades
objeto del contrato, debido a que un grupo de personas promovidas por la Corporación de Juntas de Acción
Comunal de San Isidro de Chichimene – CJAID-, impide el ingreso a la Estación Chichimene y el libre tránsito por
las áreas operativas del campo Chichimene, argumentando desacuerdos con la normatividad nacional que regula
el tema de la contratación de personal”. Página 32 archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión
documental, Samai de la primera instancia.

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por el término de quince (15) días calendario a partir de la referida fecha por causa de
las manifestaciones adelantadas por la corporación CJAID23.

e) Acta de suspensión total no. 5 respecto del contrato no. 5224983 firmado por
Ecopetrol SA y Morelco SAS para las obras de construcción de líneas de producción
o transferencia de fluidos, la suspensión de acordó por el término de quince (15) días
calendario debido a que en la zona de ejecución de los trabajos se presentaron hechos
de terceros consistentes en “intimidación y obstrucción del ingreso a las áreas de
trabajo del personal (…) grupo de personas promovidas por la Corporación de Juntas
de Acción Comunal de San Isidro Chichimene -CJAID- en la puertas de acceso de
recolección y tratamiento de crudo de Chichimene”24.

8) En relación con la existencia de la producción diferida se destaca la certificación
técnica emitida el 16 de agosto de 2017 por el gerente de Desarrollo y Producción de
Chichimene - Edward Alfonso Rivero Rangel- en la cual se estimaron pérdidas de
producción derivadas de los bloqueos25.

En ese documento se consignó una cuantificación de barriles de petróleo que dejaron
de producirse en distintos pozos desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto de 2017,
asociada a causas como la imposibilidad de realizar mantenimientos, la restricción en
la movilidad del personal técnico y la interrupción de actividades operativas esenciales;
aludió en total a catorce (14) eventos que afectaron la producción de 20 pozos
petroleros del siguiente modo:

No. Pozos Causa de la afectacion Diferida26 Valor
afectados
1 Chichimene 118 Arranque pendiente del pozo 3.370 $430.460.485
posterior a su conversion de BES
a PCP con variados de mayor
capacidad.

23 Sobre ese hecho se expresó: “que en la zona de ejecución de los trabajos objeto del contrato se presentan actos

de terceros que dificultan la normal ejecución del mismo, conllevando a que desde el dos (2) de agosto de 2017 no
fuese posible llevarse a cabo las actividades objeto del contrato. Que dichos actos de terceros consistieron en la
intimidación y obstrucción del ingreso a las áreas de trabajo del personal de la firma OTACC S.A., en donde se
encuentra un grupo de personas promovida por la Corporación de Juntas de Acción Comunal de San Isidro de
Chichimene -CJAID-, en las puertas de acceso a la estación de recolección y tratamiento de crudo Chichimene que
impiden el ingreso argumentando desacuerdos con la normatividad nacional que regula el tema de contratación de
personal”. Página 35, archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la
primera instancia.
24 Páginas 70 a 76, archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
25 Páginas 62 a 66, archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
26 Se refiere a la producción diferida de barriles o la cantidad de barriles de crudo que se dejaron de producir en el

periodo referido.

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• 13 días de diferida: del 13 al 15
de agosto de 2017.
2 Chichimene 79 Pendiente el arranque del pozo 3.301 $376.909.831
posterior a well service por
restricción de la movilidad de
personal de Confipetrol.
• 12 días de diferida: del 4 al 15
de agosto de 2017.
3 Chichimene 163 Por restricción de la movilidad 644 $73.532.242
Chichimene 87 hacia la locación para verificar y
Chichimene 89 reactivar. La producción adicional
Chichimene 171 está definida por pozo de acuerdo
con las pruebas de produccion
tomadas antes y después de la
dilución en fondo.
• 3 días de diferida: del 4 al 6 de
agosto de 2017.
4 Chichimene 136 Apagado de los pozos con alta 5.971 $681.771.766
Chichimene 147 produccion de agua, debido a que
se redujo la capacidad de
inyección de agua.
• 9 días de diferida: del 7 al 15 de
agosto de 2017
5 Chichimene Retraso en el arranque del pozo 1.269 $144.895.055
SW33 posterior a well service por
restricción a la movilidad de
personas de Confipetrol.
• 6 días de diferida: del 7 al 12 de
agosto de 2017.
6 Chichimene 29 Apagado de la inyección de agua 5.350 $610.865.675
Chichimene 51 en Chichimene 29, la ausecia de
Chichimene 53 biocida ya que no fue posible
Chichimene 54 ingresar el producto a la estación.
Chichimene 55 Los pozos asociados a este patrón
Chichimene 56 se ven afectados por la ausencia
de soporte de presión.
• 8 días de diferida, del 8 al 15 de
agosto de 2017.
7 Chichimene 52 Apagado del inyector Chichimene 3.352 $382.733.036
Chichimene 30 52 por bloqueo de unidad de
Chichimene 50 polímeros por parte de la
Chichimene 51 comunidad. Al apagar la inyección
Chichimene 56 de polímeros la producción de los
Chichimene 110 pozos asociados a este patrón se
ve afectado por la ausencia de
soporte de presión,
adicionalmente se tiene
repercusión a futuro en tiempo de
respuesta en el avance del frente
de inyección.
• 8 días de diferencia: del 8 al 15
de agosto de 2017.
8 Chichimene 48 Posterior a la falla de suministro 2.886 $329.524.923
de energía del 10 de agosto de
2017 no fue posible iniciar el pozo
de forma remota, requiere
atención en sitio pero el área se
encuentra bloqueada por la
comunidad.

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• 6 días de diferida: del 10 la 15
de agosto de 2017.
9 Chichimene 210 Las torres no han podido ingresar 5.610 $640.552.605
Chichimene 212 a los pozos fallados para realizar
Chichimene 93 el trabajo de well service y
recuperar su producción por
encontrarse el área bloqueada.
• 5 días de diferida: del 11 al 15
de agosto de 2017.
10 Chichimene 131 Pendiente de atención por parte 1.546 $176.523.053
de redes de Confipetrol para
energizar el variador del pozo y
poder iniciarlo.
• 5 días de diferida: del 11 la 15
de agosto de 2017.
11 Chichimene 25 Retraso de arranque por parte del 183 $20.895.032
pozo por encontrarse en el área
bloqueada.
• 2 días de diferida: del 11 al 12
de agosto de 2017.
12 Chichimene 74 Bomba del pozo bloqueada por 933 $106.530.407
gas, requiere circulación con
tanque bomba y conexión anular
bajante; no se pudieron ejecutar
las actividades por encontrarse en
el área bloqueada y por
suspensión del contrato.
• 3 días de diferida: del 13 al 15
de agosto de 2017.
13 Chichimene Retraso en inicio del pozo debido 249 $28.430.945
SW13 a la ausencia de personal de
redes para solucionar el daño en
componente del variador.
• 1 día de diferida: el 14 de
agosto de 2017
14 Chichimene Retraso en inicio del pozo debido 459 $52.405.850
SW05 a ausencia de personal de redes
para solucionar el daño en
componente variador.
• 1 día de diferida: el 15 de
agosto de 2017.
TOTAL PÉRDIDAS 35.123 $4.056.033.905

En ese informe también se aclara que se realizó teniendo en cuenta el precio del barril
de petróleo para esa fecha de 38,38 dólares americanos a una tasa de cambio de
COP $2.975/dólar.

9) El referido gerente de Desarrollo y Producción de Chichimene, Edward Alfonso
Rivero Rangel rindió declaración en este proceso en la audiencia del 15 de septiembre
de 2021, cuando se le preguntó por los daños reclamados por Ecopetrol SA expresó:

“PREGUNTADO: sabe qué daños y perjuicios se le causaron a Ecopetrol
SA. CONTESTÓ: No los recuerdo con detalle, pues hubo una incursión en

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las instalaciones, se ingresó sin autorización, se rompieron vidrios, se
dañaron algunos objetos (…) golpearon personas, una de esas personas fue
lesionada de gravedad (…) nosotros no teníamos movilidad en los
sectores del campo y cuando se paraba un pozo no lo podíamos
atender producto de no atender el pozo empieza a haber producción
que en esos momentos no se recibe, luego no se puede despachar,
luego no se puede vender y eso es algo que materialmente la empresa
no puede contabilizar (…). PREGUNTADO: paró toda la producción de
Ecopetrol SA. CONTESTÓ: No me refiero a que se paró toda la
producción (…) cada uno de los pozos produce y se va agregando esa
producción a una tubería y las tuberías van recolectando de diferentes
pozos, a través de unas troncales se reciben y se despachan hacia otro
sitio y llegan hasta la planta principal que es donde tenemos el
procesamiento de los crudos, entonces no necesariamente tenemos
que parar toda la producción para que haya una producción diferida,
como cada pozo produce independientemente, entonces pues ahí no hay
inconveniente de que muchos que están produciendo pueden seguir
produciendo pero los que paran queda parados. PREGUNTADO: Es decir
que Ecopetrol suspendió su capacidad de producción y lo que no
produjo quedó aplazado por causa del paro. CONTESTÓ: Eso depende
de la consecuencia que tenga en los pozos porque, por ejemplo, un
pozo que se para, ese pozo podría pasado mañana o días después
volver a operar y producir la producción esperada, sin embargo, no
siempre sucede así, ese pozo cuando se va arrancar después de una
parada sufre daños, después de una arrancada no se puede volver a
arrancar, entonces hay que llevar un equipo Work Cover, con unas
cuadrillas de trabajadores y empezar hacerle los mantenimientos que
corresponden, entonces, esos costos de una cuadrilla adicional de tener
cuadrillas y equipos para la reactivación de un pozo son costes que no están
contemplados en el plan de trabajo de Ecopetrol SA, son temas que van más
allá de su plan. PREGUNTADO: Entonces el verdadero perjuicio para
Ecopetrol SA no fue tanto dejar de producir porque el pozo con
posterioridad iba a volver a producir, sino lo que cuesta volver a
encender el pozo darle inicio al pozo porque no estaban previstos
dentro del plan normal de funcionamiento, ¿estoy en lo correcto?
CONTESTÓ: Sí, doctor está en lo correcto, pero yo hago referencia a
un capítulo especial de todo proceso de producción pero puede haber
otras instancias que pudieran haber producido alguna producción
diferida o algunas otras pérdidas, pero yo en este momento relato esa,
muy posiblemente hubo más (…).”27 (negrillas adicionales).

10) En la misma audiencia, el testigo Carlos Andrés Ayala Marín, en condición de
coordinador de Producción del Campo, indicó que conforme a los registros internos de
la compañía se presentó una afectación equivalente a aproximadamente 19.913
barriles de petróleo que dejaron de producirse durante el periodo de los bloqueos, lo
cual atribuyó a la imposibilidad de ejecutar las labores necesarias para mantener la
operación de los pozos; específicamente relató lo siguiente:

“PREGUNTADO: podría indicarnos si este bloqueo tuvo algún efecto directo
en la producción de Ecipetrol SA. CONTESTÓ: sí señor, yo por aquí tengo
un reporte (…) en este reporte que lo pedí el día de ayer tenemos en
nuestra base volumétrica de Ecopetrol, base oficial de Ecopetrol, un

27 Índice 29 Samai de la primera instancia.

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impacto de 19.913 barriles de petróleo con afectación a trece (13) pozos
que comprenden desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto que fue
donde tuvimos todos los inconvenientes. PREGUNTADO: Cuando
usted me dice 19.913 barriles significa que se dejaron de producir.
CONTESTÓ: Se dejaron de producir, sí. PREGUNTADO: por qué se
dejaron de producir. CONTESTÓ: pues como todas las actividades se
ven perturbadas por todo el tema de entorno, generalmente lo que pasa
en esos bloqueos es que los contratistas no pueden ingresar a laborar
y, por consiguiente, Ecopetrol toma la decisión de suspender los
contratos porque no se pueden ejecutar las actividades y en estos
pozos cuando tenemos alguna falla o alguna interrupción en su
operación, tenemos que mandar gente para poder reactivar los pozos
para poder visitar el sitio de los pozos y eso no lo pudimos hacer
porque las vías estaban bloqueadas, los sistemas de acceso estaban
bloqueados (…).

PREGUNTADO: En declaración anterior rendida por el señor Eduard
Riveros (…) el planteaba que la afectación básica de Ecopetrol no era tanto
los barriles dejados de producir porque esto se compensaba con la
producción que se hace con posterioridad la levantar el paro (…) sino que el
daño mas bien se centraba en la logistica que se necesitaba para reactivar
los pozos y que esa logisitica para reactivar los pozos (…) qué tiene que
decir usted al respecto. CONTESTÓ: Yo creo que lo que quiere decir el
ingeniero Edward es los sobrecostos que asume Ecopetrol cuando tiene ese
tipo de bloqueos y ahí claramente hay unos sobrecostos que obviamente
salen de esto porque algunos contratos no se pueden ejecutar o esas
actividades tenemos que postergarlas y terminan saliendo más caros que
hacerlo en la debida oportunidad, esos sobrecostos a veces se traducen en
fallas en equipos, toca hacer inversiones en equipos porque los equipos
tienen una vida util y si no los atiende terminan afectando la gerencia de
Ecopetrol (…) PREGUNTADO: (…) eso que se dejó de producir se
compensa con una sobreproducción que hay después, ¿es eso cierto?
(…). CONTESTÓ: No, eso no es cierto porque técnicamente no es
posible, porque si el pozo produce 500 barriles usted despúes no
puede ponerlo a producir 1000 barriles para compensar los 19.000, lo
que pasa es que eso es como un lucro cesante usted pierde los 19.000
hoy, es como el ejemplo del taxista, el no sale hoy en el taxi pero perdió
esa plata hoy pero puede obtener días despúes, aquí es lo mismo no
se puede sacar la producción hoy pero esa producción saldrá en otro
momento pero no quiere decir que yo la saque o yo la reemplace con
más producción en los mismo pozos.PREGUNTADO: pero hay una
diferencia con el ejemplo del taxi ingeniero Carlos, con el taxi no puedo
recuperar el día, el día que se pasó el día que se fue, en el tema de los pozos
el petróleo sigue en el fondo, agún día va a salir ese petróleo que no salió
en esos 15 días. CONTESTÓ: Sí, puede salir, no salió ese día, perdimos la
venta de ese día, pero saldrá más adelante, pero no es que yo la saque en
alguna optimización (…)28.” (resalta la Sala).

11) En este punto es preciso destacar que, aunque es cierto que los referidos
declarantes ostentaban la condición de empleados de Ecopetrol SA para la época de
los hechos y al momento de rendir sus testimonios, tal circunstancia no desvirtúa per
se la credibilidad de sus afirmaciones, en la medida en que los aspectos sobre los
cuales versan sus declaraciones no se encuentran sujetos a controversia sustancial

28
Índice 29 Samai de la primera instancia.

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en el proceso; por el contrario, sus dichos resultan consistentes, convergentes y
armonizan con los demás elementos probatorios obrantes en el expediente, en
particular con la documentación técnica, las actas de suspensión contractual y los
registros operativos allegados, todo lo cual permite otorgarles valor demostrativo en
cuanto dan cuenta de manera verosímil del contexto fáctico en el que ocurrieron los
hechos y de las afectaciones sufridas en la operación de la Estación Chichimene.

12) En relación con el contenido de los testimonios debe decirse que, si bien es cierto
que existe una diferencia entre las cifras contenidas en la certificación técnica emitida
el 16 de agosto de 2017, que hace referencia a una pérdida de producción de
aproximadamente 35.123 barriles de petróleo, con lo dicho por el testigo Carlos
Andrés Ayala Marín que aludió a 19.913 barriles de crudo, no lo es menos que tal
divergencia no desvirtúa la existencia del fenómeno de producción diferida ya que solo
sería relevante para la correspondiente cuantificación del perjuicio, además, es
coincidente en un aspecto esencial: la alteración de la producción normal del campo y
la consecuente generación de producción diferida.

13) Ahora bien, como lo refiere el apelante, no es de recibo el argumento del tribunal
quien desde la audiencia de pruebas pareció entender que no hay daño por el hecho
de que el petróleo no extraído permanezca en el yacimiento y pueda ser producido con
posterioridad; tal conclusión parte de un supuesto de hecho no aducido en la demanda
porque Ecopetrol SA no ha planteado como daño la pérdida material del recurso, pues,
lo que se entiende del escrito inicial es que la operación industrial que se lleva a cabo
en la Estación de Chichimene obedece a una actividad económica compleja
consistente en la explotación de hidrocarburos que sí puede verse afectada en el
proceso productivo por la imposibilidad de desarrollarlo de la forma en la cual la
empresa lo tiene previsto.

14) En efecto, es preciso tener claro que la denominada producción diferida no
comporta la desaparición física del recurso sino la interrupción de la secuencia técnica
y económica que permite convertir, en tiempo real, el petróleo en ingresos efectivos,
esto es, su extracción, tratamiento, transporte y comercialización; desde esa
perspectiva, el daño no se predica del yacimiento en sí mismo sino de la alteración
funcional de la actividad productiva que impide materializar, en el momento oportuno,
el valor económico del recurso.

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15) En esa línea, no es necesario contar con un dictamen pericial para conocer por
reglas de la experiencia que la extracción de hidrocarburos se encuentra
estrechamente vinculada a variables económicas dinámicas —tales como el precio
internacional del crudo, las condiciones del mercado, la programación operativa y el
flujo de caja empresarial—; de modo que, no hay duda de que no resultaría
económicamente equivalente producir en el momento previsto que hacerlo en una
oportunidad posterior.

16) Así, el aplazamiento en la producción implica, al menos en principio, una
afectación en la oportunidad de generación de ingresos que no se neutraliza por el
solo hecho de que el recurso permanezca en el subsuelo, pues su explotación tardía
podría generar diferencias económicas adversas asociadas al valor del dinero en el
tiempo, a las condiciones del mercado o a la pérdida de oportunidades de
comercialización.

17) En ese contexto, la afirmación según la cual el petróleo puede extraerse
posteriormente no desvirtúa la existencia del daño sino que incide, en todo caso, en la
determinación de sus consecuencias económicas y en la cuantificación del perjuicio,
aspectos que no corresponden al presente nivel de análisis; en otras palabras, la
posibilidad de recuperación física del recurso no elimina la afectación derivada de su
no explotación oportuna sino que plantea un problema distinto, relativo a la extensión
y alcance del perjuicio indemnizable.

18) De otra parte, aunque las manifestaciones rendidas por los testigos de Ecopetrol
SA pueden causar confusión porque en algunos de sus apartes refieren a los
sobrecostos operativos asociados a la reactivación de los pozos o a las dificultades
logísticas derivadas del bloqueo, lo cierto es que no resultan incompatibles con la
existencia de una producción diferida sino que la complementan; en efecto, el hecho
de que la interrupción de las operaciones genere costos adicionales no excluye que,
simultáneamente, se haya producido una disminución temporal en los niveles de
producción y en consecuencia un menor nivel de ingresos, ambas circunstancias
pueden concurrir y reflejar distintas dimensiones de la afectación sufrida.

19) En ese contexto y valoradas en conjunto las pruebas previamente referidas, —
en particular, la certificación técnica del 16 de agosto de 2017, las actas de suspensión
de contratos, los registros operativos y las declaraciones de los funcionarios
responsables de la producción—, la Sala concluye que se encuentra acreditada

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la existencia de una producción diferida de hidrocarburos, entendida como la reducción
transitoria en los niveles de producción atribuible a la imposibilidad de ejecutar las
actividades necesarias para mantener la operación normal del campo durante el
periodo de los bloqueos.

20) Dicha circunstancia constituye, en términos jurídicos, una afectación real al
interés patrimonial de la demandante por cuanto comporta una restricción temporal en
la explotación económica del recurso sin que para su reconocimiento resulte exigible,
en esta etapa del análisis, una determinación técnica precisa de sus consecuencias
económicas en la modalidad de perjuicio.

21) No obstante, la determinación concreta de dichas consecuencias —esto es, si la
producción diferida se traduce o no en un lucro cesante en los términos reclamados,
y, en caso afirmativo, cuál sería su cuantía— constituye un asunto distinto que deberá
ser examinado en el análisis del perjuicio indemnizable, en el cual se valorará la
suficiencia y pertinencia de los medios de prueba aportados para ese específico
propósito.

2.2 Imputación

2.2.1 El hecho generador del daño y nexo causal

1) Con el propósito de evidenciar si los bloqueos realizados en la Estación de
Chichimene perteneciente a Ecopetrol SA fueron la causa del daño alegado en la
demanda, es preciso aludir a los siguientes medios de prueba relevantes:

a) Según información de la bitácora de eventos suministrada por la Gerencia de
Seguridad Física de Ecopetrol SA se anotaron los siguientes hechos ocurridos en la
entrada de la referida estación industrial, de los cuales se destacan los más
relevantes29:

Fecha Hechos descritos
31/07/2017 • 21:1530: entrada de la Estación de Chichimene, 20 personas manifiestan
pertenecer a la Corporación CJAID, idican que no permitirán el ingreso de
personal de la empresa Confipetrol, el evento es liderado por Edilson Acosta

29 Es preciso aclarar que en dichas bitácoras aparecen más anotaciones de las que se transcriben, no obstante, se

hace referencia a las más relevantes para efectos de dar una idea generalizada de lo ocurrido durante esos días
en el ingreso de la Estación Chichimene.
30 Los reportes son presentados en un formato de 24 horas.

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y José Gerardo Londoño Parra, aducen inconformismo por incumplimiento de
porcentaje laboral.
• 22:03: hace presencia la señora Ángélica Liévano de Confipetrol a realizar
el respectivo relevo como operadora del Centro de Control de la Estación
Chichimene, pero el grupo de personas de la comunidad no le permite el
ingreso31.
1/08/2017 • 00:30: continúa situación de bloqueo y perturbación de todas las
actividades de la industria petrolera en la entrada de la Estación Chichineme.
• 4:45: recorredores de pozos y cuadrilla de redes de Confipetrol no
trabajaron en la noche, el grupo de manifestantes de la comunidad no les
permite el ingreso a realizar labores.
• 5:47: continúa grupo de personas de la comunidad de Chichimene
haciendo presencia impidiento el ingreso al personal que va a ingresar a
laborar32.
• 6:15: se observa que el ciudadano José Gerardo Londoño Parra impide
ingreso a 5 funcionarios directos de Ecopetrol a la Estación Chichimene.
Igualmente hace presencia en la estación el profesional de relaciones
laborales de Ecopetrol Mauricio González, hace presencia la ciudadana
Sandra Patricia Ruiz quien lidera este bloqueo33.
• 16:52: hizo presencia el ingeniero Jorge Alquichire de Ecopetrol, habló con
comunidad que está bloqueando para que les permitiera el relevo de los
trabajadores de las empresas TPY y PULPETROL a lo cual la comunidad no
accedió, en sitio aproximadamente unas 30 personas continían en bloqueo al
ingreso de la estación.
2/08/2017 • 2:44: hacen presencia 2 trabajadores de la empresa T&P y un trabajador
de la empresa NALCO, comunidad no le permite el ingreso.
• 4:20: hace presencia en la estación de Chichimene trabajadora de la
empresa OMC Ingeniería, comunidad no le permite el ingreso.
• 5:31: se observa la llegada al punto de bloqueo de la señora Sandra
Patricia Ruiz de CJAID34.
• Entre las 10:15 y 10:37 hace presencia en el lugar el capitán de la Estación
de Policía de Acacias acompañado de la personera muncipal, se retira a las
10:53.
• Entre las 11:10 y 11:47 ingresan 5 funcionarios de Ecopetrol SA y
alimentos de la operación.
• 17:30: hace presencia frente a la portería de Chichimene la señora Sandra
Patricia Ruiz presidenta de CJAID.
• 23:23: se recibe llamado del operador Carlos de Cluster & Polímeros quien
informa que la comunidad no permitirá el ingreso del relevo de mañana.
3/08/2017 • 4:30: informa el supervisor de seguridad que continúa personal de
comunidad a las afueras de la estación Chichimene, un aproximado de 20
personas de la comunidad bloqueando el ingreso.
• 5:53: supervisor de seguridad informa que hace presencia un aproximado
de 15 personas de la cuminidad en el cluster 7 y no dejan ingresar personal
de la empresa Morelco.
• 6:29: la comunidad no permitió el paso por la vía principal de la estación
de Chichimene de los buses de la operación que se dirigen hacia el campo
castilla.

31 Página 83, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera
instancia.
32 Página 84, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
33 Página 86, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
34 Página 90, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.

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• 17:42: informa analista de seguridad que hace presencia la señora
Sandra Patricia Ruiz, decide encadenarse a la puerta de ingreso de la
Estación Chichimene en señal de protesta.
• 18:50: se encadena a portería vehícular el señor Elvis Ladino Rey
integrante de la comunidad.
• 19:33 horas comunidad permite el ingreso de comidas para contratistas y
operadores de Ecopetrol SA que se encuentran en contingencia.
4/08/2017 • 1:30: la señora Sandra Patricia Ruiz se desencadenó de la puerta de
ingreso peatonal y se dispuso a descansar en el vehículo en el cual se
transporta.
• 4:28: nuevamente se encadena en la puerta peatonal la presidente de
CJAID la señora Sandra Patricua Ruiz y en la puerta de acceso vehícular
únicamente el señor Elvis Ladino Rey.
• 7:12: ingresan 14 desayunos a la Estación Chichimene para personal de
contingencia.
• 10:41: hace presencia una ambulancia del Hospital de Acacías para
valorar a las personas que se encuentran encadenadas.
• 11:50: llega helicóptero a helipuerto Estación de Chichimene con 5
personas sin novedad.
• 12:05: comunidad salta barrera perimétrica e ingresa a la estación
(…) la señora Sandra Patricia Ruiz presidenta de CJAID salta malla
perimetral e ingresa a la estación.
• 12:17: comunidad se encuentra en caseta de operadores Estación
Chichimene y solicita la salida de los operadores de la estación, en el lugar
un operador y un supervisor de producción.
• 12:19: comunidad en cabeza de la presidenta CJAID se reitran de la sala
de operadores, total salen 7 funcioarios de Ecopetrol SA.
• 12:30: operador de la Estación de Chichimene Aldemar Andrade
solicita apoyo de ambulancia para atender un empleado de Confipetrol
que fue alcanzado por una piedra de los manifestantes dentro de la
Estación Chichimene y requiere valoración.
• 22:18: hacen presencia dos camionetas de la gobernacion, procede a
dialogar la gobernadora Marcela Amaya García y los manifestantes
encadenados en la portería de la estación.
5/08/2017 • 00:15: la gobernadora del Meta se reúne nuevamente con la comunidad
en la portería de la Estación Chichimene para escuchar la decisión de los
manifestantes.
• 00:31: se retira la gobernadora del Meta, la comunidad no ha dado una
respuesta a la propuesta.
• 1:52: la señora Sandra Patricia Ruiz permitirá el ingreso de 10 funcionarios
como medida de muestra de buena voluntad.
• 2:47: inicia el ingreso de 10 funcionarios de la Estación de Chichimene
con acompañamiento de la Policía Nacional35.
• 5:00: continúa una persona en portería que se ha encadenado
nuevamente.
• 7:26: se observa por cámara una persona de la comunidad lanzando
piedras con cauchera.
• 7:29: hace presencia la señora Sandra Patricua Ruiz, se encadena a la
portería de ingreso peatonal.
6/08/2017 • 00:40: la señora Sandra Patricia Ruiz se retira los candados y cadenas y
se levanta de la parte externa de la Estación de Chichimene.
• 4:21: nuevamente se ubica en la parte externa la señora Sandra Patricia
Ruiz atándose con cadenas.
• 7:00: continúan 2 personas encadenadas a la puerta de acceso peatonal,
entre ellas Sandra Patricia Ruiz.

35 Pagina 106, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera
instancia.

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• 7:03: hace presencia vehículo con alimentación para el presonal de
funcionarios, ingresan 14 desayunos36.
7/08/2017 • 7:00: contiúan de 15 a 20 personas de la comunidad frente al ingreso de
la Estación Chichimene y además continúan dos (2) personas encadenadas
a la puerta de acceso peatonal, entre ellas, la presidente de CJAID Sandra
Patricua Ruiz37.
• 11:00: Sandra Patricia Ruiz solicitó atención médica de urgencia debido a
descompensción, la acostaron en la camilla de la ambulancia para
suministrarle suero y verificación de los signos vitales38.
• 15:00: se solicitó aprobación para el ingreso de productos químicos, la
respuesta de la comunicad fue negativa y se comunicó vía Avantel con
Sandra Patricia Ruiz de la decisón tomada hacia la solicitud de ingresar los
siguientes materiales, biocida, clarificador, rompedor inverso, floculante,
grasa, aceite espartan, etc39.
• 19:30: informan que debido a sobrevuelo de helicóptero del Ejército sobre
la Estación Chichimene y si llegasen a ver presencia en el sitio del ESMAD
comunidad ingresará por la fuerza.

b) Lo anterior se complementa con un oficio del 2 de agosto de 2017 en el cual
Ecopetrol SA le informó al Comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio
que tomara acciones preventivas frente a las acciones de perturbación a la posesión
por causa de vías de hecho protagonizadas por manifestantes que imposibilitaban el
ingreso a la Estación Chichimene que impedía el normal desarrollo de la actividad de
hidrocarburos40.

c) En la misma fecha Ecopetrol SA emitió un comunicado de rechazo frente al bloqueo
realizado desde el 31 de julio de ese año por la corporación CJAID en las puertas de
acceso de la estación de recolección y tratamiento de crudo de Chichimene, lo cual
impedía el tratamiento de fluidos de forma segura y confiable, los mantenimientos
programados y la adecuada atención de contingencias que pudieran presentarse41.

d) El 5 de agosto de 2017, la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño en condición de
directora ejecutiva de la corporación CJAID dirigió un oficio a Ecopetrol SA en el cual
manifestó que la huelga realizada en las instalaciones de la Estación de Chichimene
se desarrollaba de manera pacífica, presentó un pliego de peticiones en el que solicitó
mayor información sobre los contratos celebrados por Ecopetrol SA, lo mismo que

36 Página 111, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera
instancia.
37 Página 127, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
38 Página 141, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
39 Página 141, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
40 Página 52, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
41 Página 47, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

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sobre la contaminación existente, reclamó el incumplimiento en la contratación del 30%
de mano de obra local calificada y cuestionó las exigencias estrictas en los exámenes
médicos para la vinculación de personal; de igual forma, exigió mayores oportunidades
laborales para técnicos, tecnólogos y profesionales de la región, para personas sin
formación académica pero con experiencia en actividades relacionadas con la
explotación de hidrocarburos, también solicitó una mayor inversión social empresarial
y que la mano de obra de soldadores fuera 100% proveniente del municipio de
Acacías, entre otras peticiones42.

e) En respuesta a ese comunicado, el 14 de agosto de 2017, el jefe del Departamento
Regional del Entorno Orinoquía se pronunció sobre el referido pliego de peticiones,
resaltando lo siguiente:

“En línea con lo anterior menciona que se lleva a cabo en total pasividad en
una huelga de hambre en la entrada de las instalaciones de la subestación
Chichimene, ante lo cual me permito recordarle que el pasado 4 de
agosto del año en curso, usted y otras personas ingresaron a la
Estación Chichimene saltando la malla perimétrica e irrumpiendo por
la fuerza en la Estación obligando a salir a los trabajadores de
Ecopetrol y contratistas que se encontraban atendiendo el plan de
contingencia. En esta toma de la Estación, acto totalmente
reprochable, peligroso e ilegal, utilizaron palos, piedras y otros objetos
resultando golpeado un trabajador contratista que tuvo que ser
remitido a un centro asistencial para recibir atención médica. Lo anterior
se encuentra registrado en videos y contradice la total pasividad que usted
menciona y va en contravía del postulado a la resistencia y en desobediencia
civil que usted invoca.

De la misma manera, otros hechos violentos se han presentado en la
Estación de Acacías, en torres que presentan actividades de
Workkover, además del bloqueo de vías y apedreamiento de vehículos,
situaciones relacionadas y no aisladas al bloque que usted libera en la
Estación Chichimene.
Vale la pena recordarle que las actividades que Ecopetrol ejecuta son del
interés nacional y de utilidad pública. Sus acciones, al no permitir la
operación normal y el ingreso de personal, alimentos, insumos, equipos,
vehículos, entre otros a la Estación, han puesto en riesgo no solo los
resultados que espera la Nación de la operación que allí se desarrolla sino
que pone en riesgo la integridad de los trabajadores que han tenido que
extender sus jornadas de trabajo y que además están sujetos a ingresos
intempestivos y violentos de los manifestantes. Así mismo, los sabotajes
realizados han generado afectaciones el medio ambiente. Al 15 de agosto
del año en curso, las pérdidas para Ecopetrol y el paìs ascienden a $2.405
millones de pesos.”43 (negrillas adicionales).

42 Páginas 129 a 132, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la
primera instancia.
43 Páginas 133 y 140, archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la

primera instancia.

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f) Con ocasión de dichas manifestaciones, el 2 de agosto de 2017 Ecopetrol SA
presentó denuncia penal ante la Fiscalia Especializada Contra las Organizaciones
Criminales por los delitos de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público
en contra de la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño, Edilson Acosta y Gerardo
Londoño44.

Esa denuncia dio lugar al correspondiente proceso penal con radicación no. 50001-
60-00-567-2017-01143 por el delito de obstrucción a vías públicas que afecta el orden
público, cuya copia fue trasladada al presente proceso y de cuyo contenido se
destacan las siguientes actuaciones:

(i) Según informe ejecutivo realizado el 3 de agosto de 2017 por la Policía Judical ante
el Fiscal 88 Especializado EDA Villavicencio y la denuncia presentada por Carlos
Andrés Ayala, ingeniero de Ecopetrol SA, el día anterior los señores Jorge Barracaldo
y Jaider Campos empleados de la empresa Confipetrol SAS, en momentos en que se
desplazaban en un vehìculo por las vías del caserío de Chichineme fueron retenidos
por algunos manifestantes con amenazas, solo se les permitió la locomocíón hasta el
día siguiente45.

(ii) En otra denuncia presentada el 4 de agosto de 2017 por el señor César Fabían
Corredor Dávila, trabajador de la empresa Nalco de Colombia, se expresó que ese día
a las 11:30 am ingresó a la Estación Chichimene personal ajeno a la compañía, razón
por la cual los trabajadores tuvieron que refugiarse en la oficina principal con llave
para no ser alcanzados por los agresores y que, una vez se fueron advirtió vidrios y
equipos de medición rotos.46

(iii) En denuncia presentada el 8 de agosto de 2017 por Confipetrol SAS ante la
Fiscalía 88 Especializada expresó que la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño en
condición de líder de la corporación CJAID hizo presencia en la Estación Chichimene
de Ecopetrol SA el 3 de agosto de 2017 y dio “instrucciones directas a los presidentes
de juntas y demás líderes del bloqueo, en cuanto se debe impedir cualquier movilidad
de personas o vehículos que estén relacionadas con las operaciones de Ecopetrol y
sus empresas contratistas”47.

44 Páginas 6, archivo: Agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia
45 Páginas 54 a 67, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.
46 Páginas 122, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.
47 Página 158, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.

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(iv) Denuncia presentada el 11 de agosto de 2017 por el Consorcio FH, contratista
de Ecopetrol SA quien señaló que desde el 1º de agosto de 2017 y hasta esa fecha
respresentantes de la corporación CJAID bloquearon el acceso de su personal a las
estaciones, pozos y clústeres, hecho que impedía la ejecucion del contrato firmado
con la empresa estatal con el objeto de realizar el mantenimiento de equipo estático
en los campos de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción de
Chichimene48.

(v) El 5 de mayo de 2018 la Dirección Especializada Contra Organizaciones
Criminales de la Fiscalía General de la Nación formuló acusación en contra de la
señora Sandra Patricia Ruiz Riaño por el delito de violación de la libertad del trabajo49;
la audiencia de formulación de acusación tuvo lugar el 6 de diciembre de 2019 ante el
Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Acacías (Meta) en la cual
se corrio traslado a la Fiscalía para que presentara los elementos materiales
probatorios y evidencia que deseaba hacer valer en el juicio50; el descubrimiento de
los elementos materiales probatorios al defensor de la acusada tuvo lugar mediante
acta del 13 de marta de 202051.

Acrode con las pruebas trasladadas a este proceso, el trámite del proceso penal se
adelantó hasta antes de la correspondiente audiencia preparatoria sin que se tenga
noticia de qué ocurrió posteriormente.

g) Sobre los hechos relacionados con el bloqueo por razón de la protesta social
también se refirieron los declarantes en la audiencia de pruebas del 15 de septiembre
de 2021, del siguiente modo:

(i) El señor Édward Alfonso Rivero Rangel, gerente de Operación y Desarrollo de la
Estación de Chichimene de Ecopetrol SA desde el mes de enero de 2017, expresó
que si bien no presenció el inicio de los bloqueos sí asistió el día en que estos fueron
finalmente levantados, oportunidad en la cual puso de presente lo siguiente:

“(…) no puedo precisar el número porque había bastantes personas en la
vía y en las áreas de acceso a las instalaciones y particularmente en el
acceso peatonal, en uno de los accesos estaba la señora Sandra se
encontraba justamente en ese sitio estaba amarrada a la puerta, estaba
amarrada la señora Sandra Patricia Ruiz. PREGUNTADO: por qué la conoce

48 Páginas 164 a 166, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.
49 Páginas 312 a 324, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.
50 Páginas 421 y 422, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.
51 Páginas 463 a 465, archivo: agregar memorial.pdf, índice 25 Samai de la primera instancia.

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a ella. CONTESTÓ: porque hay comunicaciones que recibimos de ella, en
las redes sociales y en los reportes yo tuve fotografías de ella pues ahí logré
identificarla y además cuandó yo llegué a la estación ella se dirgió a las
personas que estabamos ahí y mencionó su nombre (…)

Como le comenté, el día en el que finalizó el bloqueo hubo una reunión en
las afueras del ingreso que fueron bastantes personas, entre ellas, la Dra
Marcela Amaya y el Dr. Victor Orlando, hubo unos diálogos (…) y de las
cosas que mencionaron se refería que debeía haber como una especie de
reunión con instancias del orden nacional para que pudieran hacer una
conversación para dar una solución a los problemas planteados, la
administración municipal y la goberanción del Meta participaron (…).

PREGUNTADO: Hubo algun tipo de concesión por parte de Ecopetrol SA.
CONTESTÓ: No señor, porque en esa ocasión el día de cierre, una persona
levantó una especie de acta y ahí se consignaron unos puntos y firmaron
varias personas, entre ellas la gobernadora del Meta y el alcalde de Acacías
y yo ese documento no lo firmé, no estuve de acuerdo en firmarlo (…)”.52

(ii) Carlos Andrés Ayala Marín quien, dijo laborar para Ecopetrol SA en el empleo de
coordinador de Produccion de Campo de Chichimene, relató que tenía un puesto de
trabajo en la estación industrial afectada y que conocía de los hechos de la incursión
violenta ocurrida el 4 de agosto de 2017 porque era el responsable del personal que
laboraba en ese lugar, específicamente manifestó:

“(…) como no se logró su objetivo, finalmente terminaron entrando de
manera violenta a la estación, yo soy la persona que responde por los que
están en la estación porque soy jefe directo de ellos, de los técnicos que
operan, de las personas que están dentro de la estación, en su momento
ellos me llamaron un poco angustiados53, con miedo, porque las personas
entraron a la estación, saltaron la reja de seguridad o de cerramiento y
empezaron a amedrentar a los trabjadores, a tal punto que casi nos toca
salir corriendo a los técnicos de la estación y dejar la operación abandonada
con todos los riesgos que traen esas decisiones (…)”54.

En relación con la señora Sandra Patricia Ruíaz Riaño expresó:

“la conocí, por las actividades propias en el campo (…) sabemos quien es la
persona de CJAID, los líderes de las veredas de los municipios de influencia
(…) estaba encadenada a la puerta de acceso principal y decía comentarios
como que Ecopetrol SA tenía que escucharla y que de ahí no se iba a mover
(…) alentaba a sus compañeros a que la apoyaran”55.

52 Índice 29 Samai de la primera instancia.
53 Sobre el punto más adelante el testigo precisó que no presenció los actos de violencia, pero que fue informado

por su equipo, así: “el relato que mi equipo me dijo es que entraron algunas personas con palos y cuando hablo de
violencia es que ingresaron a las instalaciones golpeando muy duro las puertas (…) eso asusta y perturba porque
entraron con bastante fuerza, tiran las puertas, entiendo que entraron gritando que hicieron salir a la gente y pues
algunas personas tenían unos palos en la mano, eso es lo que me dicen mis trabajadores que estaban ese día
operando”. Índice 29 Samai de la primera instancia.
54 Índice 29, Samai de la primera instancia.
55 Índice 29, Samai de la primera instancia.

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(iii) En sentido similar declaró el señor Javier Enrique Chacón Hernández, empleado
de Ecopetrol SA, quien manifestó lo siguiente:

“Bueno, me consta, porque pues soy el responsable de garantizar la
integridad de los funcionarios, de los contratistas y de las instalaciones de
Ecopetrol en la regional Orinoquia en el Meta el 31 de julio de 2017, pues
cerca de las 9:00 de la noche llegaron cerca de 20 personas a la estación
Chichimene del municipio de Acacías y empezaron a bloquear la entrada al
personal de trabajadores de la empresa Confipetrol. Inicialmente fue contra
estas personas. Ahí llegó y estaban encabezando estas situaciones el señor
Edison Acosta, que era el presidente o es el presidente de la Junta acción
comunal de San Isidro Chichimene, y el señor Gerardo Londoño, quien era,
fue o era el presidente de esa Junta de acción comunal de la vereda la
Esmeralda. Ellos ya a partir del primero de agosto, ahí ya empezaron el
empezó el bloqueo el primero de agosto, pues ya no empezaron a dejar
entrar absolutamente nada a la estación y ya de 20, pues pasaron a cerca
de 40 personas ese día, pues ya hizo presencia Sandra Patricia, quien era
para esa época la presidente de CJAID ahí donde puedes agrupar cerca de
12 veredas de dicha zona de influencia, ya para el día 3 para el 3 de agosto
a las 5:42. Sandra Patricia, pues, toma la decisión de encadenarse para
presionar a la empresa en que fuera escuchada y lograr pues unos, unos,
unos requerimientos que ella estaba exigiendo. Esto fue a las 5:42 y ya a las
6:50, pues también se encadenan Elvis Ladino Rey, quien se encadenó a la
puerta vehicular, y la señora Cuchimba Itsmo Iris se encadenó también allá
a la instalación y bueno, ahí empiezan a desarrollarse, a desarrollarse una
situación”56.

(iv) Adicionalmente, Sandra Patricia Ruiz Riaño rindió interrogatorio de parte que fue
solicitado por la demandada Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área
de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID), en el siguiente sentido:

“PREGUNTA 1: (…) para la época de los hechos, del 31 de julio y 15 de
agosto de 2017, era representante de CJAID recibía algún tipo de
remuneración, a usted le pagan por ser representante (…). CONTESTÓ: sí
señora, había una remuneración, ya no soy directora de la corporación, en
el 2018 debido a la presión de las comunidades porque no sabían hacer más
paros porque según ellos la solución era hacer paros me cerraron la puerta
de CJAID (…) porque yo no seguía haciendo más paros teniendo yo un
contrato de cuatro (4) años (…) PREGUNTA 3: (…) usted cuando realizó
ese bloqueo (…) lo hizo usted solita (..) o alguíen la mandó (…).
CONTESTÓ: dos días antes de la fecha que la doctora menciona, que
Sandra Patricia hizo el cese de actividades, dos días antes lo habían hecho
la comunidad, entre ellos estaba el presidente de San Isidro de Chichimene,
Edilson Acosta y el señor Gerardo Londoño, quién estaban liderando la
primera. Osea, dos días antes y luego tomamos nosotros como huelga de
hambre (…). PREGUNTADO: ¿La pregunta que le hice concretamente
era si usted ese bloqueo lo hizo a mutuo propio o fue enviada por las
comunidades, o hubo alguna reunión previa donde acordaron que
usted fuera o usted solita lo decidió irse con un grupo de personas?
Es la pregunta concreta. CONTESTO: siempre que se hacía un cese de
actividades, los 12 presidentes tomábamos la decisión.
PREGUNTADO: ¿Y en este caso, los 12 presidentes tomaron la

56 Índice 29 Samai de la primera instancia.

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decisión? CONTESTÓ: Todo, cese actividades, se tomaba la decisión
con la máxima autoridad, que eran los 12 presidentes. Así faltará se
tomaba la decisión con la mayoría su excelencia. PREGUNTADO:
¿Pero la pregunta es si en este caso en esta, en este paro tomaron la
decisión los 12 miembros de la junta? CONTESTÓ: Sí, señor (…) se
dejaba por escrito, se dejaban actas. PREGUNTA 5: En qué consistió el
bloqueo (…). CONTESTÓ: lo que se hizo, durante dos dias los presidentes
habían tomado con la comunidad la estación y no se sabía respuesta
ninguna de por qué a Ecopetrol le entraba a trabajar tanto personal de afuera
(…) lo que se determinó fue llegar a la Estación Chichimene, dejar
entrar bomberos y vigilancia y dejar entrar solamente los grupos para
no apagar la estación, para no apagarla para no entorpecer el trabajo
que se venía haciendo y así se hizo, hasta que llegar alguién de
Ecopetrol Bogotá (…). PREGUNTA 6: (…) cuáles fueron los daños que
ustedes produjeron. CONTESTÓ: Negativo, gracias a Dios están las
cámaras en la estación (…) se puede evidenciar que no se rompieron
vidrios ni que se hizo ningún daño, ahora, ahí en ese momento no
recuerdo cuál era el Coronel o el representante del Coronel pero le
conseguimos porque ahí están las denuncias que hicimos y él estaba ahí
pendiente frente a la estación, el porqué había tocado ingresar pero no
de forma violenta a la estación ya que Ecopetrol entraba, como
nosotros estábamos en la puerta, entonces Ecopetrol fácil de ellos
traer el helicóptero, entrarlo a la estación y bajar toda la gente por no
sentarse hablar con las comunidades teniendo que estábamos
cumpliendo una función como directores (…).

(…) PREGUNTA 8 (…) ¿señora Sandra manifieste acá al despacho los
nombres de las personas que la acompañaban, lo cual se ha dicho dentro
de estos testimonios anteriores y dentro de la demanda que usted estuvo
con otras, fue un grupo de personas, pero no se ha logrado establecer,
Ecopetrol no dijo qué personas, por eso le pregunto qué personas la
acompañaban a usted esos bloqueos. CONTESTÓ: en esos bloqueos en
casi todos, si de pronto faltaba unos presidentes, se los nombro doctora57:
Edilson Acosta, Flora María Quitian, Luisa Cuchimba, presidenta de Santa
Rosa en ese tiempo y también el que es presidente el día de hoy, Luis Roso,
Claudia Téllez, Gerardo Londoño, que era presidente en ese tiempo, hoy
líder social o comunal, Lady Layton Manjarres, Francy Herlinda Naranjo,
Lola Cifuentes, Germán Ramírez, Jaime Casallas (…) Luis Acosta, Lucila,
Carlos Moreno muchísima gente”58.

PREGUNTA DEL DESPACHO: (…) el ingreso que se hizo a Ecopetrol
fue de manera violenta saltándose la cerca, la malla que había, sabe
usted cómo fue el ingreso. CONTESTÓ: (…) no señor, no señor,
simplemente el vigilante no dio permiso, él no se quitó de la puerta y
se tiraron digamos, en el idioma llanero, se tiraron por encima.
PREGUNTADO: usted ingresó. CONTESTÓ: sí señor. PREGUNTADO:
es cierto que algunos iban encapuchados. CONTESTÓ: No señor.
PREGUNTADO: es cierto que se causaron algunos daños materiales al
interior. CONTESTÓ: no los vi, no los vi ni hacerlos ni los vi después.
PREGUNTADO: indíquele al despacho si usted en algún momento,
como se ha manifestado en este proceso, se encadenó a la puerta del
ingreso de las instalaciones de Chichimene. CONTESTÓ: por eso estoy

57 La declarante se refiere a estas personas, por cuanto CJAID se encontraba integrada por 12 presidentes de

Juntas de Acción Comunal de 12 veredas del área de influencia de Ecopetrol SA; esta circunstancia se presenta
más clara con el contenido del respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara
de Comercio de Villavicencio en el cual se expresa que: “el patrimonio inicial está constituido por los aportes
realizados por las doce (12) Juntas de Acción Comunal del área de influencia de los pozos petroleros de San Isidro
de Chichimene, los cuales se encuentran debidamente certificados, conforme a la ley”, Página 107, archivo
50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera instancia.
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diciendo que ingresé a la Estación Chichimene porque ingresé y me
encadené 16 días de huelga de hambre (…) yo fui quien propuse la
huelga de hambre (…) pero los presidentes de las juntas conocían que
hacíamos huelga de hambre” (negrillas adicionales)59.

2) A partir de los elementos de convicción previamente relacionados, se encuentra
plenamente acreditado que entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017 se presentó
un bloqueo en los accesos a la Estación Chichimene que impidió de manera
significativa el ingreso de personal, insumos y equipos necesarios para el desarrollo
normal de las operaciones de Ecopetrol SA, como se desprende de las bitácoras de
seguridad, las denuncias penales formuladas por la empresa y las actas de suspensión
de diversos contratos celebrados con terceros.

3) Estos elementos probatorios, valorados en conjunto, permiten establecer que la
interrupción de las actividades operativas no fue hipotética ni marginal, sino, real,
continua y eficaz, circunstancia que guarda relación directa con la producción diferida
previamente analizada, en tanto impidió la ejecución de labores indispensables para
el funcionamiento pleno de los pozos y de la infraestructura asociada.

4) De este modo, del análisis detallado de la certificación técnica del 16 de agosto de
2017 emitida por el gerente de Desarrollo y Producción de Chichimene (Edward
Alfonso Rivero Rangel a la cual se hizo referencia en el acápite correspondiente al
daño, en conjunto con el testimonio rendido por dicha persona, la Sala advierte que la
afectación a la producción no recayó de manera indiscriminada sobre la totalidad de
los pozos del campo —que superan los doscientos (200)— sino sobre un conjunto
específico de pozos individualizados respecto de los cuales se documentaron eventos
concretos de producción diferida.

En efecto, la referida certificación técnica identifica expresamente los pozos afectados,
entre los cuales se encuentran, entre otros, los denominados Chichimene 118, 79, 163,
87, 89, 171, 136, 147, SW33, 29, 51, 53, 54, 55, 56, 52, 30, 50, 110, 48, 210, 212, 93,
131, 25, 74, SW13 y SW05, agrupados en catorce (14) eventos operacionales,
respecto de los cuales se precisan las causas técnicas de la afectación, el tiempo de
interrupción y el volumen de producción diferida.

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5) Ahora bien, en cuanto a la aparente discrepancia entre el número de pozos
afectados —aludida en la certificación técnica (20 pozos) y en el testimonio del
coordinador de Producción de Campo (Carlos Andrés Ayala Marín) que aludió a la
afectación de solamente 13 pozos, debe señalarse que dicha divergencia no desvirtúa
la existencia de un nexo casual, por cuanto ambas fuentes coinciden en un aspecto
esencial: la existencia de afectaciones reales y operativamente relevantes en varios
pozos del campo durante el periodo de bloqueo.

6) Adicionalmente, si bien en la certificación técnica del 17 de agosto de 2017 se
mencionan factores diversos —tales como “reducción de capacidad de inyección de
agua”, “falta de inyección de polímeros”, “arranque pendiente”, “fallas en equipos” o
“necesidad de intervención técnica en sitio”—, lo cierto es que, analizadas en su
contexto, dichas causas no constituyen eventos autónomos desvinculados del bloqueo
sino a circunstancia operativas de una misma restricción estructural: la imposibilidad
de ejecutar de manera oportuna las actividades de mantenimiento, operación y
reactivación de los pozos.

A partir de lo explicado por el testigo Edward Alfonso Rivero Rangel es posible
comprender que la operación de los pozos petroleros requiere de un monitoreo y un
mantenimiento constante y que, a pesar de que sobre estos se hubieren presentado
fallas por causa distintas al bloqueo, muchas de estas no pudieron ser atendidas
oportunamente por la restricción de personal, insumos y equipos.

7) En ese orden de ideas, si es posible determinar que la mayoría de tales eventos se
encuentran asociados a circunstancias directamente relacionadas con los bloqueos,
tales como: (i) la restricción en la movilidad del personal técnico hacia las locaciones
de los pozos, (ii) la imposibilidad de ingreso de insumos críticos (como biocidas o
químicos para inyección), (iii) la suspensión de contratos necesarios para la operación
(como servicios de well service o mantenimiento), y (iv) la imposibilidad de atender
fallas operativas en sitio.

8) Así, por ejemplo, situaciones como la “falta de inyección de polímeros” o la
“reducción de capacidad de inyección de agua” no pueden entenderse como causas
independientes sino como consecuencias de la imposibilidad de operar y mantener
adecuadamente la infraestructura de inyección debido a las restricciones de acceso y
operación impuestas por el bloqueo; del mismo modo, los eventos de “arranque

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pendiente” o de fallas que requerían intervención técnica se explican por la
imposibilidad de desplazar las cuadrillas y equipos necesarios para su atención.

9) En ese orden de ideas, la Sala advierte que existe un nexo causal claro y
verificable entre los bloqueos y las distintas categorías de afectación identificadas, en
la medida en que todos los eventos descritos confluyen en una misma causa
adecuada: la interrupción del flujo normal de recursos humanos, técnicos y logísticos
indispensables para la operación continua del campo.

10) Ahora, en cuanto al hecho consistente en que en el interior de la planta permanecía
personal que evitó la paralización total de la operación, debe precisarse que dicha
circunstancia no desvirtúa el nexo causal sino que lo delimita a los pozos cuyo
funcionamiento fue afectado, en efecto, como lo explicaron los testigos de Ecopetrol
SA, la producción petrolera no depende exclusivamente de la operación de la estación
principal sino igualmente de la interacción continua entre la planta y los pozos
distribuidos en el campo, los cuales requieren atención permanente en sitio para su
adecuado funcionamiento.

11) De este modo, aunque la presencia de cierto personal de contingencia hubiera
permitido evitar una suspensión total de la producción, es claro que este no resultaba
suficiente para garantizar la continuidad operativa de los pozos que requerían
intervención técnica, mantenimiento o reactivación, de manera que es viable concluir
que la restricción de acceso sí incidió de forma directa en la generación de producción
diferida en aquellos casos en los que era necesaria la intervención externa.

En consecuencia, se encuentra acreditado el nexo causal entre la conducta
desplegada en el marco de las protestas y la afectación material de la operación
productiva de la demandante.

2.2.2. Imputación material del daño

1) Según certificado de la Cámara de Comercio de Villavicencio, la Corporación
Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro de
Chichimene (CJAID) es una persona jurídica sin ánimo de lucro que tiene por objeto
social principal prestar servicios y realizar actividades de gestión y colocación de

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empleo60; igualmente en dicho certificado aparece que la señora Sandra Patricia Ruiz
Riaño fue nombrada como representante legal de esa corporación el 16 de mayo de
2016.

2) En relación con la autoría de los hechos, el acervo probatorio permite establecer
que la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño participó activamente en el desarrollo de las
acciones de bloqueo y protesta, no solo como integrante del grupo manifestante sino
principalmente en condición de líder visible de dichas actuaciones, circunstancia
corroborada por múltiples registros de seguridad, los testimonios previamente
señalados y las denuncias allegadas al proceso, en los cuales se da cuenta de su
intervención directa en la organización y ejecución de las medidas de presión.

Las actuaciones tendientes a la promoción de los actos de protestas no fueron
negados por dicha persona en el interrogatorio de parte rendido en este proceso,
circunstancia que adicionalmente se corrobora documentalmente con el oficio remitido
el 5 de agosto de 201761 a Ecopetrol SA y firmado por la señora Sandra Patricia Ortíz
Riaño en el cual se identificó como directora ejecutiva de CJAID y, adicionalmente,
presentó un pliego de peticiones en el cual puso de presente las exigencias que habían
llevado a las acciones de protesta social.

3) De igual forma, se acreditó que dichas actuaciones no fueron aisladas ni
espontáneas, sino que, correspondieron a una serie de actos que la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño ejerció en condición de representante legal - directora ejecutiva de
CJAID-, decisión que según los manifestado por la señora Ruiz Riaño fue adoptada
colectivamente por los representantes de las juntas de acción comunal que integraban
dicha corporación.

4) Ahora bien, aunque en las referidas jornadas de protesta intervinieron otros
miembros de la comunidad ello no desvirtúa la responsabilidad de la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño en tanto su actuación, en calidad de líder y vocera del movimiento
resultó determinante en la configuración del bloqueo y en la ejecución de las medidas
que impidieron el normal desarrollo de las operaciones de Ecopetrol SA; en efecto, su
participación trascendió la de un simple concurrente pues tuvo un papel protagónico

60 Páginas 6 a 8, archivo: 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la primera

instancia.
61 Páginas 129 a 132, archivo 50001233300020190021100_PRUEBAS.pdf, gestión documental, Samai de la

primera instancia.

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en la dirección, organización y mantenimiento de las acciones de hecho, lo cual
permite atribuirle una incidencia causal relevante en la producción del daño analizado.

5) A su turno, esa misma circunstancia permite extender dicha imputación material a
la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de
San Isidro de Chichimene (CJAID), en la medida en que las actuaciones desplegadas
por la señora Ruiz Riaño no se realizaron a título estrictamente personal sino en
ejercicio de su condición de representante legal y en desarrollo de decisiones
adoptadas en el seno de la organización con miras a la satisfacción de intereses
colectivos relacionados con su objeto social; en ese contexto, no se trata de conductas
aisladas o desvinculadas de la persona jurídica sino de actuaciones que reflejan
una voluntad colectiva institucionalizada, ejecutada a través de su representante, lo
que igualmente permite imputar a la CJAID la participación en los hechos que dieron
lugar al daño, sin perjuicio de la responsabilidad individual que también recae sobre la
señora Ruiz Riaño.

2.2.3 Imputación jurídica del daño

1) Tal como lo señaló la sentencia de primera instancia, en vista de que el presente
caso hace referencia a la responsabilidad de una persona natural y una persona
jurídica de derecho privado, el análisis de imputación debe abordarse conforme a las
reglas de la responsabilidad civil extracontractual en los términos del artículo 2341 del
Código Civil, según el cual “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño
a otro, es obligado a la indemnización”, lo cual impone, aparte de la verificación de un
daño y un nexo causal, de un factor subjetivo de atribución.

2) Tampoco debe desconocerse que los bloqueos realizados se realizaron en el
contexto del ejercicio del derecho a la protesta constitucionalmente amparado por el
artículo 37 de la Constitución Política62, este se complementa con el artículo 56 de ese
mismo compendio normativo, aunque este último no es del todo aplicable al caso
concreto porque es claro que las manifestaciones aludidas no fueron ejercidas de
manera directa por trabajadores o de algún sindicado de Ecopetrol SA.

62 El artículo 37 de la Constitución Política dispone: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública

y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio
de este derecho”.

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3) En ese sentido, debe decirse que, aunque es cierto que el mismo artículo 37
superior es claro en expresar que el ejercicio del derecho a la protesta solamente
puede ser limitado de manera expresa por la ley, no lo es menos que este debe
expresarse de manera pacífica ya que de lo contrario pierde su protección
constitucional, sobre el punto de los componentes estático y dinámico de ese derecho
la Corte Constitucional ha expresado:

“En resumen, la reunión y la manifestación públicas y pacíficas son derechos
fundamentales que incluyen la protesta y están cobijados por las
prerrogativas del derecho a la libertad de expresión. Así mismo excluyen
de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos
ilícitos. Entonces, estos derechos tienen una naturaleza disruptiva y un
componente estático (Reunión/publica) y otro dinámico (manifestación
pública). En este sentido, el ejercicio de estos derechos es determinante
para la sociedad en la preservación de la democracia participativa y el
pluralismo. Adicionalmente, sus limitaciones deben ser establecidas por la
ley y, para que sean admisibles, deben cumplir con el principio de legalidad
y, por lo tanto, ser previsibles.”63 (negrillas adicionales).

4) En sentido similar, dicha corte en otra sentencia precisó lo siguiente:

“Sin embargo, si se revisa el límite intrínseco del derecho a la reunión, la
manifestación y la protesta, podría decirse que el Legislador tendría una
facultad de intervención, pero de carácter restringidísimo. De acuerdo al
artículo 37 oración primera de la Constitución Política de Colombia, estos
derechos pueden ejercerse de forma pública y pacífica. Como se sostuvo
anteriormente, por pacífico se entiende no sólo la realización de
reuniones, manifestaciones o protestas sin porte de armas, sino
también sin tener la finalidad de promover la alteración violenta o el
desconocimiento del Estado de derecho. Bajo estos supuestos
generales, podría decirse que el ejercicio de estos derechos implica,
necesariamente, el respeto de los principios esenciales de la Constitución
Política de Colombia. Por tanto, no podría existir una reunión, manifestación
o protesta, cuyo objeto sea la promoción del discurso de odio racismo,
xenofobia, homofobia, antisemitismo, entre otros o de apologías intolerables
apología al delito, apología al genocidio, apología al terrorismo, entre otros,
los cuales son considerados en el Derecho como tipos penales. Asimismo,
podría decirse que no podrían realizarse reuniones, manifestaciones o
protestas, cuyo objeto sea la incitación a la violencia o a la afectación
de derechos, tales como la propiedad, la integridad, entre otros.”64
(negrillas fuera de texto).

5) Debe señalarse igualmente que el derecho a la protesta, como muchos otros
derechos de raigambre constitucional no es absoluto, no de otra forma la Corte
Suprema de Justicia también ha referido al abuso del derecho como límite para su
ejercicio:

63 Corte Constitucional, sentencia C-000 de del 7 de marzo de 2019, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
64 Corte Constitucional, sentencia C-223 del 20 de abril 2017, CP Alberto Rojas Ríos.

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“Se ha admitido en el orden jurídico contemporáneo que los derechos
subjetivos, por regla general, no ostentan la naturaleza de absolutos, de ahí
que su ejercicio deba realizarse por el titular supeditándose de manera
estricta al marco normativo dentro del cual han sido consagrados, es decir,
ciñéndose a la finalidad para la cual se instituyeron, atendiendo los principios
y valores que inspiraron su reconocimiento. El disfrute de la prerrogativa,
sea de origen convencional, constitucional o legal, con exceso de los
linderos de ese encuadre, engendra lo que se conoce como abuso del
derecho (…).

Aunque para los romanos el acto abusivo correspondía a aquel que se
cumplía con intención de hacer daño, el derecho moderno tiene una idea
más amplia del abuso, siendo aquel el que por sus móviles y fines va contra
la función del que se ejerce. Quien ejerza una facultad o potestad legal
aislándola de su misión o cometido social, incurre en “un abuso del
derecho susceptible de comprometer, dado el caso, su
responsabilidad (…).

La ilicitud desencadenada por el abuso, se manifiesta bien de forma
subjetiva como cuando el agente actúa con el propósito de inferir daño
o “no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder”, pero también de
manera objetiva, lo que ocurre cuando la antijuridicidad se origina en el
“exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad, vista la
finalidad para la cual fue esta última incorporada y reconocida en el
ordenamiento positivo” (CSJ SC 1 sep. 2010, rad. 2005-00590-01, reiterada
en CSJ SC 15 nov. 2013, rad. 2003-00919-01).”65 (destaca la Sala).

Lo anteriormente dicho por la Corte Suprema de Justicia claramente se complementa
con el numeral 1º del artículo 95 de la Constitución Política según el cual es un deber
supralegal “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

6) A la luz de los criterios jurisprudenciales previamente referidos la Sala encuentra
que las conductas desplegadas en el caso concreto desbordaron los límites
constitucionalmente admisibles del derecho a la protesta, en la medida en que las
acciones adelantadas no se circunscribieron a la expresión pacífica de
inconformidades sino que incluyeron: (i) el bloqueo efectivo de instalaciones
industriales, (ii) la restricción del ingreso de trabajadores, contratistas e insumos, y (iii)
la paralización forzada de actividades productivas.

7) En ese contexto, la utilización de medidas de hecho que afectaron directamente la
operación de dicha empresa revela un desplazamiento indebido de la presión social
hacia un sujeto que no era el único ni principal responsable de satisfacer las exigencias
planteadas, lo cual refuerza el carácter antijurídico de la conducta.

65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de marzo de 2023, radicación no. 08001-

31-03-001-2016-00025-01 (SC040-2023), MP Hilda González Neira.

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8) Ahora bien, es claro que el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como
un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto
generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la
actividad económica de la empresa demandante.

9) Dicha afirmación se soporta en que existen elementos de prueba que desvirtúan
que la protesta se hubiera desarrollado de manera completamente pacífica; en
particular, el evento ocurrido el 4 de agosto de 2017 resulta relevante, pues, según las
bitácoras de seguridad y las denuncias allegadas al proceso, un grupo de
manifestantes ingresó por la fuerza a la Estación de Chichimene superando la barrera
perimetral, lo cual dio lugar a la agresión del operador Aldemar Andrade quien resultó
lesionado por el impacto de un objeto contundente.

Este ingreso, además, fue reconocido por la propia señora Ruiz Riaño como una
reacción frente al ingreso de personal por vía helitransportada, lo cual evidencia un
componente de acción directa y de retaliación incompatible con el carácter pacífico
que constitucionalmente debe caracterizar el ejercicio del derecho a la protesta.

10) En igual sentido, si bien la huelga de hambre, considerada en abstracto, constituye
una forma legítima de protesta pacífica, en el presente caso estuvo acompañada del
encadenamiento de la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño al acceso peatonal de la
instalación industrial, lo cual, aunque no impidiera de manera absoluta el suministro de
alimentos del personal que se encontraba en la planta industrial, sí comportó
una restricción significativa al derecho de libre locomoción de trabajadores y
contratistas que desembocó en la afectación del acceso normal a las instalaciones.

11) Así, desde una perspectiva subjetiva, la conducta desplegada por los demandados
se trató de una actuación consciente, voluntaria, organizada y orientada a impedir el
normal funcionamiento de la actividad económica; los demandantes tenían
conocimiento y voluntad de ejecutar acciones tendientes a obstaculizar la actividad
industrial de Ecopetrol SA en la planta de Chichimene, tal como ocurrió con el bloqueo
deliberado de una infraestructura productiva.

12) De este modo, en el presente caso resulta evidente que la señora Sandra Patricia
Ruiz Riaño y los miembros de la corporación CJAID conocían las consecuencias de
impedir el acceso a la estación y, pese a ello, persistieron en dichas actuaciones

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durante varios días, circunstancia que permite predicar la existencia de un reproche
subjetivo cualificado.

2.2.4 Imputación a las persona natural y jurídica y responsabilidad solidaria

1) Establecida la antijuridicidad de la conducta, el nexo causal y el factor subjetivo de
imputación, corresponde precisar el alcance de la responsabilidad de la señora Sandra
Patricia Ruiz Riaño y de la corporación CJAID.

2) En cuanto a la responsabilidad de la señora Ruiz Riaño se configura de manera
directa, en tanto participó activamente en la dirección, organización y ejecución de las
acciones materiales que dieron lugar al daño, esta conducta encuadra claramente en
la cláusula general de responsabilidad extracontractual prevista en el artículo 2341 del
Código Civil, toda vez que su condición de mandataria institucional no la despoja de
su individualidad como sujeto de derecho ni la exonera de responder por sus propios
actos culposos o dolosos frente a terceros.

3) Por su parte, la responsabilidad de la corporación CJAID se deriva de lo dispuesto
en el artículo 640 del Código Civil66, conforme al cual los actos de los representantes
legales realizados en ejercicio de sus funciones, obligan directamente a la persona
jurídica.

En el sub lite, las actuaciones descritas no se ejecutaron a título personal o aislado,
sino en ejercicio de la representación legal y en desarrollo de decisiones colectivas
adoptadas en el seno de la organización orientadas a la consecución de intereses
propios de su objeto social encaminadas a fomentar la práctica de actividades
generadoras de empleo, especialmente de los empleos directos o indirectos
generados por Ecopetrol SA y de sus empresas contratistas67; adicionalmente, la

66 El artículo 640 del Código Civil dispone: “Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan

los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto exceden esos límites solo
obligan personalmente la representante”.
67 Así se desprende del contenido del artículo 7 de los estatutos de CJAID: “OBJETO SOCIAL: CJAID, tendrá como

objeto social apoyar el desarrollo de programas permanentes que contribuirán a fomentar la práctica de actividades:
Sociales, Culturales, Recreativas, Generadoras de Empleo. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
del Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene, a través de una adecuada y optima Distribución de los
Empleos Directos o Indirectos Generados por ECOPETROLS.A. o las Empresas Contratistas de está o del
Municipio de Acacias y del Departamento del Meta. En la citada Área de Influencia Directa. Buscando la superación
integral de todos y cada uno de los habitantes de las Doce Veredas que hacen parte del Área de Influencia Directa,
mancomunadamente contribuyendo a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas. Llegando de lleno a los
diferentes estamentos de la comunidad Acacireña y Metense. Para alcanzar este propósito, "CJAID", se apoyará
en organizaciones de derecho público o derecho privado, así como en agremiaciones e instituciones con fines
sociales altruistas similares a nivel regional, nacional e internacional”. Página 597, archivo: agregar memorial.pdf.
índice 25 Samai de la primera instancia.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
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Reparación directa
Apelación sentencia

señora Ruiz Riaño refirió que las decisiones de la protesta social no fueron tomadas
solamente por ella sino igualmente de manera conjunta por los doce (12) miembros de
las Juntas de Acción Comunal del área de influencia del sector de San Isidro de
Chichimene que integraban la corporación CJAID.

De este modo, la conducta desplegada por su representante compromete
directamente a la corporación, por cuanto constituye una manifestación inequívoca de
su voluntad institucional y también configura una responsabilidad civil de la persona
jurídica por el hecho propio.

4) Adicionalmente, por razón de que confluye la actuación material de la representante
legal y la voluntad corporativa de la entidad, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo
2344 del Código Civil, norma que preceptúa que cuando un delito o culpa ha sido
cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable
de todo perjuicio procedente del mismo hecho.

En ese orden de ideas la concurrencia de conductas genera una responsabilidad
solidaria y concurrente que faculta al perjudicado a exigir la totalidad de la reparación
a cualquiera de los coautores, impidiendo la atomización del daño.

5) En esos términos, la Sala concluye que tanto la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño
como la corporación CJAID son patrimonial y extracontractualmente responsables por
el daño causado y deben responder de manera solidaria, en tanto concurrieron en la
producción del mismo mediante conductas imputables desplegadas en ejecución de
una actuación colectiva organizada.

3. Liquidación de perjuicios

1) Como ya se anticipó en el análisis del daño, la parte demandante reclama como
consecuencia de la producción diferida de hidrocarburos el reconocimiento de
perjuicios en la modalidad de lucro cesante, esto es, los ingresos dejados de percibir
con ocasión de la disminución transitoria en los niveles de producción durante el
periodo en que se presentaron los bloqueos.

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2) Ahora bien, aunque se encuentra suficientemente acreditada la interrupción de las
actividades operativas en la Estación de Chichimene, la Sala considera necesario
precisar el alcance económico de dicha afectación.

En efecto, el punto central no radica en afirmar que la sola existencia del bloqueo
genere per se una pérdida económica, sino en determinar si dicha interrupción incidió
en un proceso productivo que, de haber operado normalmente, habría permitido la
obtención de ingresos ciertos o razonablemente esperables

3) Desde esta perspectiva, el acervo probatorio permite identificar que la actividad
desarrollada por Ecopetrol SA en la Estación de Chichimene no corresponde a una
operación eventual o incierta sino a un proceso industrial continuo, organizado y
económicamente estructurado cuya finalidad es la extracción, tratamiento y
comercialización de hidrocarburos en condiciones regulares de operación; en ese
contexto, el flujo productivo no depende de la celebración de negocios individuales o
transacciones aisladas sino de la explotación continua de un recurso destinada a su
incorporación al mercado en condiciones ordinarias.

Aunque las pruebas no revelan un contrato específico frustrado, sí acreditan la
afectación de una actividad económica en curso con vocación permanente de
generación de ingresos, lo cual resulta suficiente para establecer la pérdida de
ingresos.

4) En ese orden de ideas, debe precisarse que la afectación económica no se deriva
de una presunción automática sino de la concurrencia de los siguientes elementos que
se encuentran acreditados en el proceso: (i) la existencia de una infraestructura
productiva en operación, (ii) la ejecución continua de actividades de extracción y
tratamiento de crudo, (iii) la dependencia de dicha operación de la intervención
permanente de personal, insumos y servicios técnicos, y (iv) la interrupción efectiva de
dichos factores por causa del bloqueo.

De la conjunción de tales factores se desprende que la imposibilidad de continuar con
la operación en condiciones normales comporta, de manera razonable, una restricción
en la capacidad de generación de producto (barriles de crudo) y, por ende, en la
posibilidad de su comercialización durante el periodo afectado, lo cual constituye la
base económica del perjuicio alegado, sin que para el efecto sea relevante que el crudo
se pudiera extraer o comercializar en fecha posterior.

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5) Dicha conclusión se soporta en el informe técnico realizado el 16 de agosto de 2017
por el gerente de Desarrollo y Producción de Chichimene - Edward Alfonso Rivero
Rangel que da cuenta de volúmenes de crudo que dejaron de producirse en veinte
(20) pozos durante el periodo de las manifestaciones como consecuencia de la
interrupción operativa y, aunque esa prueba no concuerda con el testimonio Carlos
Andrés Ayala Marín, Coordinador de Producción de Campo quien dijo que eran trece
(13), no es posible desconocer que ambas pruebas coinciden en que sí hubo una
afectación de la producción en el número barriles de petróleo.

De manera que, es fácil advertir que la circunstancia antes anotada implicó la
imposibilidad de disponer del producto en el momento en que, conforme al ciclo normal
de la operación, habría estado disponible para su comercialización, afectando así la
oportunidad de generar ingresos en las condiciones habituales y esperables.

4) En ese contexto, la Sala estima que, si bien se encuentra demostrada la existencia
de la afectación económica derivada de la imposibilidad temporal de extraer y
comercializar el crudo en las condiciones normales de operación, no ocurre lo mismo
con la determinación cierta y precisa de su cuantía.

5) En efecto, las pruebas recaudadas dan cuenta de la ocurrencia de producción
diferida y la consecuencia adversa relacionada con la imposibilidad de recibir ingresos
por los barriles de petróleo dejados de producir entre el 31 de julio y 15 de agosto de
2017; sin embargo, presenta discrepancias relevantes en cuanto a su extensión,
particularmente entre: la certificación técnica emitida por el gerente de desarrollo y
producción de Ecopetrol SA y lo señalado por el coordinador de producción de campo
en su declaración testimonial.

6) Ahora, aunque esas divergencias no desvirtúan la existencia de un lucro cesante,
sí inciden de manera directa en la imposibilidad de establecer con certeza el monto del
perjuicio, por cuanto no permiten fijar con precisión el volumen real de producción
diferida, su equivalencia económica ni el impacto concreto en los ingresos de Ecopetrol
SA.

7) En estas condiciones, si bien la Sala no cuenta con elementos suficientes para
efectuar en esta etapa una liquidación exacta del lucro cesante, este hecho no impide
el reconocimiento del perjuicio en abstracto en la medida en que se ha acreditado la
existencia del daño (producción diferida), su imputación a los demandados y la

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imposibilidad de generar los ingresos por la producción y comercialización de los
barriles que se dejaron de producir durante el periodo de las manifestaciones.

8) En consecuencia, resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 193
de la Ley 1437 de 2001, conforme al cual, cuando se encuentre demostrada la
existencia del perjuicio pero no sea posible determinar su cuantía en la sentencia, el
juez podrá condenar en abstracto y disponer que su liquidación se realice mediante el
trámite incidental correspondiente dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, para lo cual deben tenerse en cuenta los siguientes criterios
de referencia:

a) Se deberá establecer, con base en la totalidad del acervo probatorio disponible y
mediante prueba pericial, el número real de barriles cuya producción fue diferida
durante el periodo de los bloqueos, contrastando las distintas fuentes técnicas
allegadas al proceso y la información que se encuentre disponible en las
correspondientes dependencias de Ecopetrol SA, tales como asientos contables,
registros de ventas, reportes de producción, etc., que hagan referencia al periodo
comprendido entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017.

b) El número de los pozos afectados no pueden ser diferentes o en un número superior
de aquellos relacionados en el informe realizado el 16 de agosto de 2017 por el gerente
de Desarrollo y Producción de Chichimene, Edward Alfonso Rivero.

c) Deberá hacerse un ejercicio comparativo de lo que producían en promedio los pozos
de extracción asociados a la Estación de Chichimene durante los seis (6) meses
anteriores y posteriores al periodo de los bloqueos producto de la protesta social.

d) El cálculo deberá realizarse considerando el precio del barril de petróleo vigente
para el periodo en cuestión, el precio del dólar y teniendo en cuenta las condiciones
del mercado aplicables al tipo de crudo producido en el campo Chichimene.

e) Deberá evaluarse el impacto económico derivado del diferimiento en la producción,
atendiendo el valor del dinero en el tiempo, esto es, la diferencia entre percibir los
ingresos en el momento previsto y hacerlo en una oportunidad posterior.

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d) En la determinación del lucro cesante se deberán descontar aquellos costos
normales de producción, con el fin de establecer el beneficio neto dejado de percibir.

f) La liquidación deberá circunscribirse exclusivamente a la afectación atribuible a los
hechos objeto del proceso, excluyendo otros factores externos que pudieran haber
incidido en la variación de la producción o en los ingresos de la demandante; las sumas
correspondientes deberán ser actualizadas para el momento de la elaboración del
dictamen y del auto que apruebe la liquidación del perjuicio por lucro cesante.

4. Conclusión

Prospera el recurso de apelación, no solamente se evidenció la ocurrencia del daño
consistente en la configuración de una producción diferida sino igualmente que las
acciones desplegadas por la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño y la corporación
CJAID constituyeron un ejercicio del derecho a la protesta por fuera de los límites
constitucionales que afectó la operación industrial de un tercero mediante bloqueos y
restricciones indebidas; se probó igualmente la existencia del nexo causal entre la
conducta de los demandados y el daño y la configuración del factor subjetivo de
imputación; en consecuencia, los demandados serán declarados solidariamente
responsables por los perjuicios causados, cuya cuantía deberá ser precisada en el
trámite incidental correspondiente.

5. Condena en costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas
a la parte vencida, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación”, de igual modo el numeral 5 de la citada norma prevé que “en caso de que
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial (...)”.

Ahora bien, conforme a lo previsto en el numeral 4 del artículo 365 del Código General
del Proceso, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la decisión

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del juez de primera instancia, la parte vencida deberá ser condenada al pago de las
costas procesales correspondientes en ambas instancias; en ese orden de ideas, dado
que en el presente caso se revocará íntegramente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta que en primera instancia fue desfavorable a las pretensiones
de Ecopetrol SA y en esta instancia se declarará la responsabilidad patrimonial
extracontractual de las demandadas, se impone la condena en costas a la parte
vencida, es decir a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal de
Chichimene (CJAID) y la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral no. 2 mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, cuya parte resolutiva queda así:

Primero: Declárase no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Corporación Comunitaria Juntas de
Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene
(CJAID), de conformidad con los motivos expuestos.

Segundo: Declárase la responsabilidad patrimonial extracontractual, de
manera solidaria, de la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal
Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID) y de la señora
Sandra Patricia Ruiz Riaño.

Tercero: Condénase de manera solidaria a la Corporación Comunitaria
Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro
Chichimene (CJAID) y a la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño a pagar los
perjuicios por lucro cesante en favor de Ecopetrol SA, cuyo monto preciso
se definirá en trámite incidental posterior en los términos del artículo 193 del
CPACA, de conformidad con los criterios fijados en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Condénase en costas en ambas instancias a la Corporación Comunitaria Juntas
de Acción Comunal de Chichimene (CJAID) y a la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño
en favor de Ecopetrol SA, las cuales deben ser liquidadas de manera concentrada por
el Tribunal Administrativo del Meta, con inclusión de las agencias en derecho.

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Expediente 50001-23-33-000-2019-00211-02 (74.455)
Actor: Ecopetrol SA
Reparación directa
Apelación sentencia

3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento de voto
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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