Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00277-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00277-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2019-00277-01 (1578-2025)
Demandante: Jaime Ernesto Velásquez Bermúdez
Demandado: Superintendencia Nacional de Salud y departamento del
Guainía
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios —
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de la relación laboral
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación
durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 20 de marzo de 2025, proferida por la Sala Sexta de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declarara la nulidad del
acto ficto derivado del silencio administrativo negativo configurado por la falta de
respuesta a la petición radicada el 28 de julio de 2016. Mediante esta solicitó el
reconocimiento de una relación laboral desde el 1.º de abril de 2011 hasta el 24
de abril de 2015, período durante el cual se desempeñó como médico cirujano
general y coordinador del servicio de quirófanos de la ESE Hospital
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) declarar la existencia
de una relación laboral con la referida ESE; (ii) pagar las prestaciones sociales
causadas y los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y caja de
compensación familiar, así como la sanción derivada de la falta de vinculación al
sistema de seguridad social; (iii) devolver los valores pagados por concepto de
pólizas de cumplimiento; (iv) indexar las sumas reconocidas; (v) dar cumplimiento
a la sentencia dentro del término legal; y (vi) condenar en costas a la parte
demandada.
3. Como concepto de violación, argumentó que el acto acusado vulneró las
normas superiores, pues, aunque formalmente estuvo vinculado mediante
contratos de prestación de servicios, en la práctica desarrolló sus actividades de
manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio de una
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remuneración. A su juicio, esas circunstancias permitían concluir que se
configuró una relación de naturaleza laboral.
Contestación de la demanda
4. La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a las pretensiones y
sostuvo que el demandante no tuvo vínculo jurídico ni contrato de naturaleza
laboral con esa entidad, pues los hechos se relacionaban con la ESE Hospital
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía, la cual contaba con
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio.
5. Formuló las excepciones que denominó: «el acto presunto o ficto no surte
efectos jurídicos respecto de la SNS»; «inexistencia de una relación laboral entre
el demandante y la SNS»; prescripción; falta de legitimación en la causa por
pasiva; «no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios —
necesidad de vincular al agente liquidador—»; «inexistencia de subrogación y
solidaridad respecto de las obligaciones causadas a favor del demandante»; «los
actos administrativos de los cuales deriva el medio de control son responsabilidad
exclusiva de un tercero»; «inexistencia de daño antijurídico causado al
demandante»; y la genérica.
6. El departamento del Guainía no contestó la demanda.
Decisión de las excepciones previas
7. Mediante auto del 23 de marzo de 2023, el Tribunal declaró no probada la
excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la
Superintendencia Nacional de Salud. Consideró que la entidad estaba legitimada
desde el punto de vista formal, porque el actor formuló pretensiones en su contra.
8. De igual manera, desestimó la excepción denominada «no comprender la
demanda a todos los litisconsortes necesarios —necesidad de vincular al agente
liquidador—», toda vez que no se aportaron los actos administrativos que
acreditaran la intervención y liquidación de la ESE Hospital Departamental
Manuel Elkin Patarroyo del Guainía. En consecuencia, no era posible establecer
si resultaba necesario vincular al liquidador al proceso.
Sentencia apelada
9. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
accionante, por haber resultado vencido en el proceso.
10. Para sustentar su decisión, determinó que el actor suscribió varios
contratos de prestación de servicios con la ESE Hospital Departamental Manuel
Elkin Patarroyo —entidad liquidada— entre el 19 de noviembre de 2010 y el 19
de enero de 2011, así como entre el 1.º de abril de 2011 y el 30 de junio de 2015.
Durante esos períodos, se desempeñó como médico especialista en cirugía
general, actividad que ejecutó de manera personal y por la cual recibió una
remuneración.
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11. Explicó que el actor no probó la continuada subordinación, pues la
definición de un esquema de turnos o programaciones respondía a la necesidad
de garantizar la prestación del servicio de salud en una zona de difícil acceso y
no a la imposición de una estructura jerárquica que limitara su autonomía
profesional. Añadió que tampoco se acreditó que hubiera recibido «instrucciones
jerárquicas permanentes» o sanciones propias de un régimen disciplinario.
12. Al respecto, precisó que, si bien se presentó una queja contra el
demandante y esta fue remitida al área de control interno, no se aportó prueba
de que se hubiera tramitado un proceso disciplinario o sancionatorio en su contra.
13. Adicionalmente, resaltó que el demandante gozó de un amplio margen de
autonomía, toda vez que: (i) no estuvo sujeto a órdenes constantes sobre la forma
en que debía cumplir sus tareas ni a controles directos que restringieran su
capacidad de decisión profesional; (ii) desarrolló sus actividades bajo un sistema
de alternancia que comprendía 15 días de trabajo continuo y 15 de descanso,
período durante el cual prestaba sus servicios en clínicas privadas de
Barranquilla, circunstancia que, a juicio del Tribunal, reafirmaba su
independencia; y (iii) no solo se desempeñó como médico cirujano, sino que
también cumplió tareas de coordinación del servicio de cirugía del hospital.
14. Asimismo, destacó que el actor no solo prestó servicios como médico
cirujano, sino que asumió la coordinación operativa del servicio de cirugía, en
cuyo marco organizaba los turnos de los especialistas, verificaba el desarrollo de
las actividades médicas y gestionaba los recursos quirúrgicos. Para el Tribunal,
el ejercicio de esas funciones revelaba un margen amplio de autonomía técnica
y organizativa, incompatible con la alegada sujeción permanente a órdenes sobre
la forma de prestar el servicio.
15. Indicó que a la ESE Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo no le
resultaba exigible contar con médicos especialistas de planta, puesto que era una
institución de primero y segundo nivel de complejidad.
Recurso de apelación
16. El demandante interpuso recurso de apelación y sostuvo que se configuró
el silencio administrativo negativo, porque las entidades accionadas no
respondieron la petición mediante la cual solicitó el reconocimiento de la relación
laboral y el pago de los emolumentos causados.
17. Señaló que recibía órdenes de sus superiores y laboraba durante 24 horas
seguidas por 15 días continuos. Agregó que, mientras permanecía en
Barranquilla, debía atender situaciones relacionadas con sus obligaciones en el
hospital, por lo que, a su juicio, estuvo subordinado durante todos los días de
cada mes.
18. Afirmó que la sentencia apelada incurrió en errores de valoración e
interpretación de las pruebas, pues su designación como coordinador del área
quirúrgica implicó que la subordinación se extendiera durante todo el mes,
incluidos los 15 días de descanso. Explicó que debía hacer seguimiento a la
evolución de los pacientes, verificar el cumplimiento de las actividades de los
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especialistas, definir sus turnos y resolver problemas, incluso cuando se
encontraba en Barranquilla.
19. Destacó que los objetos contractuales no comprendían las funciones de
coordinación médica del área quirúrgica. En consecuencia, sostuvo que la
entidad abusó de la modalidad contractual y lo sometió a una continuada
subordinación.
20. También solicitó revocar la condena en costas, pues, en su criterio,
vulneraba sus derechos fundamentales, en particular el de acceso a la
administración de justicia. Para sustentar ese reproche, afirmó que era la parte
más débil de la relación contractual con la entidad pública.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Mediante auto del 12 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
22. El departamento del Guainía se pronunció al respecto y solicitó confirmar
la sentencia apelada. Sostuvo que: (i) el demandante estuvo vinculado mediante
contratos de prestación de servicios, los cuales no generan una relación laboral
ni el derecho al pago de prestaciones sociales; (ii) no se demostró la continuada
subordinación; y (iii) en todo caso, se habría configurado la prescripción extintiva.
23. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar la decisión
de primera instancia porque el actor no acreditó la continuada subordinación.
Asimismo, indicó que en el evento en el que se acceda a las pretensiones se
declare que se configuró la prescripción extintiva respecto del período
comprendido entre el 5 y el 19 de enero de 2011.
24. La Superintendencia Nacional de Salud guardó silencio durante esta fase
procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados en el recurso de apelación. Para tal efecto, se
analizará si el actor acreditó la continuada subordinación durante los tiempos en
que se desempeñó como médico cirujano general y coordinador del área
quirúrgica en la ESE Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía.
En caso afirmativo, se establecerá el alcance del restablecimiento del derecho.
Análisis del problema jurídico
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27. La Sala confirmará la sentencia, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el accionante no demostró
la continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de prestación
de servicios.
1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos
28. De acuerdo con la prueba documental recaudada1, el demandante celebró
los siguientes contratos de prestación de servicios con la ESE Hospital
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía:
Contrato u orden de prestación
Duración Honorarios Objeto
de servicios
128 del 19 de noviembre de 2010, Prestación de servicios
19/11/2010 al
más adición del 22 de noviembre de $ 23.000.000 profesionales de cirugía
18/12/2010
2010 general
Prestación de servicios
5/1/2011 al profesionales
010 del 5 de enero de 20112 $ 11.500.000
19/1/2011 especializados en
cirugía general
Prestación de servicios
038 del 1.° de abril de 2011, más 1/4/2011 al profesionales
$ 129.800.000
otrosí 01 sin fecha 29/2/2012 especializados en
cirugía general
Prestación de servicios
para la ejecución de
031 del 4 de enero de 2012, más 6/1/2012 al
$ 190.000.000 actividades
otrosí del 26 de noviembre de 2012 31/12/2012
asistenciales de cirugía
general
Ejecución de
2/1/2013 al actividades
002 del 2 de enero de 2013 $ 26.000.000
3/2/2013 asistenciales de cirugía
general
Prestación de servicios
1/2/2013 al asistenciales
059 del 1.° de febrero de 2013 $ 120.000.000
30/6/2013 especializados en
cirugía general
Prestación de servicios
1/7/2013 al
250 del 1.° de julio de 2013 $ 120.000.000 especializados en
23/12/2013
cirugía general
Prestación de servicios
046 del 2 de enero de 2014, más 2/1/2014 al
$ 240.000.000 especializados en
otrosí del 25 de junio de 2014 31/12/2014
cirugía general
Prestación de servicios
2/1/2015 al
034 del 2 de enero de 2015 $ 65.000.000 especializados en
30/6/2015
cirugía general
29. En primera instancia se practicaron la declaración de parte del
demandante y el testimonio del señor Hugo Alberto Meza Ariza, de los cuales se
destaca lo siguiente:
• El actor indicó que tenía un «contrato base» con la ESE Hospital
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía, conforme al cual debía
practicar cirugías electivas y de urgencia, atender consulta externa y
realizar ecografías abdominales. Agregó que lo «nombraron» coordinador
1
Contratos; adiciones y otrosíes; actas de inicio, terminación y liquidación; y certificaciones. Índice
2 de SAMAI del tribunal, anexos de la demanda.
2
La orden de prestación de servicios no fue aportada; sin embargo, aparece relacionada en las
certificaciones del 23 de diciembre de 2011, 14 de enero de 2012 y 10 de julio de 2013 expedidas
por la Oficina Jurídica de la ESE Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo. Índice 2 de
SAMAI del tribunal, anexos de la demanda.
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o jefe del servicio de cirugía general, pero que, por ética médica y ante la
falta de otros especialistas, también atendía pacientes de ortopedia.
Señaló que su jefe directo era el coordinador médico-científico, quien le
definía los horarios que debía cumplir; que permanecía disponible las 24
horas durante 15 días consecutivos en Puerto Inírida; y que, durante los
15 días restantes de cada mes, era relevado por otro médico cirujano
general y trabajaba en clínicas privadas de Barranquilla, ciudad en la que
fue jefe de cirugía de la Clínica Reina Catalina durante 8 o 9 años.
Asimismo, manifestó que sus honorarios correspondían a los 15 días
efectivamente laborados y que dormía en unas casas fiscales ubicadas al
lado del hospital, desde donde debía acudir si se presentaba alguna
urgencia durante la noche.
• El señor Hugo Alberto Meza Ariza relató que compartió con el actor el
ejercicio de actividades como médico cirujano general en Barranquilla y
Guainía. Explicó que sus tareas en la ESE Hospital Departamental Manuel
Elkin Patarroyo del Guainía consistían en atender a los pacientes y operar
a quienes requerían una intervención quirúrgica; que las jornadas
comprendían 24 horas continuas durante 15 días —con actividad durante
el día y disponibilidad en la noche—; y que ambos se relevaban cada 15
días. Añadió que debían asistir a las rondas diarias, atender consulta
externa, programar cirugías, atender a los pacientes durante las etapas
preoperatoria y posoperatoria, realizar curaciones y dar instrucciones
sobre sus cuidados. También afirmó que el demandante fue coordinador
de los cirujanos en la ESE, función que comprendía la supervisión de
algunos quirófanos, la asistencia y el cumplimiento de los turnos de los
cirujanos, así como ciertos asuntos relacionados con el personal de
enfermería. Finalmente, manifestó que no le constaba si el actor recibió
órdenes, quejas, sanciones o llamados de atención, y que los honorarios
pactados correspondían a los 15 días trabajados.
30. Bajo ese panorama, la Sala considera que las pruebas documentales —
contratos, adiciones, otrosíes, informes, certificaciones y actas de inicio,
terminación y liquidación—, la declaración de parte y el testimonio practicado dan
cuenta de que el demandante prestó personalmente sus servicios en beneficio
de la ESE Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía. Sus
funciones consistían en atender a los pacientes que requerían servicios de
cirugía general, tanto en consulta externa como en urgencias. Además, asumió
la coordinación del servicio de cirugía, en cuyo marco verificaba el cumplimiento
de los turnos y las actividades de los cirujanos, así como el funcionamiento
general de esa área.
31. Asimismo, los contratos, las certificaciones, las cuentas de cobro, las actas
de terminación y liquidación, la declaración de parte y el testimonio demuestran
que el demandante recibió una remuneración como contraprestación por los
servicios prestados.
32. Respecto de la continuada subordinación, la Sala recuerda que de la
interpretación armónica de los artículos 3; 4, numerales 1 y 4; 5, numeral 2; y 14
de la Ley 80 de 1993 se desprende la necesaria relación entre los contratistas y
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las entidades públicas, dentro de un marco de entendimiento y coordinación
dirigido a la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual. Esto supone, para
los primeros, el deber de acatar las directrices relacionadas con el cumplimiento
de las obligaciones pactadas y colaborar para que estas se ejecuten de la mejor
manera. A las entidades les corresponde ejercer la dirección general, el control y
la vigilancia de la ejecución, exigir la correcta realización del objeto convenido y
adelantar las revisiones periódicas necesarias para verificar la calidad de los
servicios prestados.
33. Mención especial merecen los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
conforme a los cuales las entidades contratantes deben vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto convenido por medio de supervisores o
interventores. En desarrollo de esa función, estos pueden hacer seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones contractuales y solicitar informes, aclaraciones
y explicaciones sobre la forma en que se ejecutan.
34. Desde esa perspectiva, quien pretende la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios debe demostrar que las actividades se
desarrollaron bajo continuada subordinación. No basta, por tanto, con acreditar
la existencia de supervisión, la solicitud de informes o la emisión de orientaciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual, pues esas actuaciones
pueden corresponder al ejercicio de las facultades legales de seguimiento.
35. La continuada subordinación supone la existencia de un poder
permanente de dirección sobre la actividad de quien presta el servicio. Este
puede manifestarse, entre otros aspectos, en la facultad de emitir órdenes
vinculantes sobre la forma, el tiempo y las condiciones de ejecución, exigir su
cumplimiento y restringir la autonomía del contratista en el desarrollo de sus
obligaciones.
36. En el presente asunto, el testigo Hugo Alberto Meza Ariza manifestó que
el actor recibía órdenes relacionadas con el cumplimiento de sus tareas. Sin
embargo, no precisó en qué consistían tales instrucciones, quién las emitía, con
qué frecuencia ni en qué contexto. Esa falta de concreción le resta fuerza
persuasiva al relato e impide establecer si las orientaciones desbordaron las
facultades de vigilancia y seguimiento previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de
1993 y en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
37. En el mismo sentido, el testimonio no permite concluir que la ESE Hospital
Departamental Manuel Elkin Patarroyo del Guainía determinara la manera en que
el demandante debía ejercer sus actividades profesionales. Por consiguiente,
aquel medio de prueba no demuestra la existencia de un poder de dirección
permanente ni que las instrucciones mencionadas hubieran excedido las
facultades propias de la supervisión contractual.
38. Tampoco obra prueba de que la ESE le hubiera formulado llamados de
atención o impuesto sanciones dentro de procedimientos disciplinarios o
correctivos. Aunque mediante el Oficio DAF-222-2014-1920 del 9 de octubre de
2014 la subdirectora administrativa y financiera remitió a la Oficina de Control
Interno Disciplinario una queja presentada por una médica general contra el
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accionante, no existe evidencia de que se hubiera iniciado un proceso
sancionatorio ni de que se le hubiera impuesto alguna medida de esa naturaleza.
39. Adicionalmente, esta Subsección ha precisado que la ejecución de
actividades propias del servicio de salud en las instalaciones de la entidad
contratante y con los elementos que esta suministra tampoco demuestra la
continuada subordinación3. Tales circunstancias pueden obedecer a la necesidad
de garantizar la atención médica en condiciones adecuadas de salubridad,
seguridad y confiabilidad, así como de permitir la vigilancia propia de la prestación
de un servicio público esencial.
40. De igual manera, aunque las actividades se hubieran desarrollado
conforme a determinados turnos o jornadas, la organización del servicio mediante
horarios no demuestra necesariamente la continuada subordinación. Esta puede
responder a la necesidad de asegurar la disponibilidad de los profesionales y la
adecuada atención de los pacientes, sin que por ello el contratista pierda
autonomía respecto de la manera en que ejecuta sus labores especializadas.
41. En este caso, el sistema de alternancia comprendía 15 días de actividad y
disponibilidad en Puerto Inírida, seguidos de 15 días durante los cuales otro
cirujano relevaba al demandante. Ese esquema respondía a la necesidad de
garantizar la continuidad del servicio de cirugía en una zona de difícil acceso y,
por sí solo, no prueba que la ESE ejerciera un poder permanente de dirección
sobre el accionante.
42. El demandante adujo que sus tareas como coordinador del servicio de
cirugía le exigían permanecer pendiente del funcionamiento del área y de la
evolución de los pacientes, incluso durante los 15 días en que no se encontraba
en Puerto Inírida. No obstante, en el expediente no obra prueba de que durante
ese lapso hubiera continuado prestando servicios en favor de la ESE ni de que
estuviera sometido a instrucciones, controles o requerimientos permanentes por
parte de la entidad.
43. Por el contrario, tanto el actor como el testigo Hugo Alberto Meza Ariza
manifestaron que los honorarios pactados correspondían a los 15 días
efectivamente trabajados. Además, cuando el Ministerio Público interrogó al
demandante acerca de si durante los días restantes tenía alguna limitación para
ejercer su profesión en otros lugares, este no refirió una restricción concreta y se
limitó a reiterar que cumplía horarios y permanecía en una casa fiscal durante el
período de disponibilidad en Puerto Inírida.
44. El propio accionante reconoció que durante los 15 días en que era
relevado prestaba sus servicios en clínicas privadas de Barranquilla, ciudad en
la que también se desempeñó como jefe de cirugía durante varios años. Esta
circunstancia contradice su afirmación de que permanecía subordinado a la ESE
durante todos los días del mes, pues demuestra que, en los períodos en que no
3
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01
(2718-2021); y sentencia del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01
(4975-2023).
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se encontraba en el hospital, podía ejercer su profesión en otras instituciones y
en una ciudad distinta.
45. Las condiciones económicas de los contratos constituyen un elemento
adicional para valorar esa conclusión. Aunque sus objetos estuvieron
relacionados de manera constante con la prestación de servicios especializados
de cirugía general, las partes pactaron duraciones y valores globales diversos.
Así, se acordaron, entre otras sumas, $23.000.000 por un mes; $11.500.000 por
15 días; $120.000.000 por períodos de distinta extensión; $240.000.000 por el
año 2014; y $65.000.000 por el primer semestre de 2015.
46. De esta forma, no se advierte una remuneración periódica uniforme
durante todo el tiempo reclamado, sino condiciones económicas diferenciadas en
cada contrato. Esta variación no descarta por sí sola la existencia de una relación
laboral. Sin embargo, valorada junto con el sistema de relevos, el pago
correspondiente a los períodos efectivamente servidos y la posibilidad de ejercer
simultáneamente la profesión en Barranquilla, constituye un indicio adicional de
autonomía en la ejecución de los contratos.
47. El actor también alegó que las tareas que cumplió como coordinador del
servicio de cirugía desbordaron los objetos contractuales y que esa circunstancia
demostraba la existencia de una relación laboral. Con independencia de que
aquellas actividades estuvieran o no previstas expresamente en los contratos,
ese hecho no acredita por sí mismo la continuada subordinación. Para que
procediera la desnaturalización de los vínculos, le correspondía demostrar que la
ESE ejerció sobre él un poder permanente de dirección, carga que no cumplió.
48. En efecto, la coordinación del servicio de cirugía implicaba organizar
turnos, verificar el desarrollo de las actividades médicas y atender asuntos
relacionados con el funcionamiento del área. No obstante, esas labores tampoco
permiten inferir que el demandante estuviera sujeto a órdenes constantes sobre
la forma en que debía ejercer su profesión. Por el contrario, revelan que contaba
con capacidad de decisión técnica y organizativa dentro del servicio que
coordinaba.
49. Sumado a lo anterior, el accionante solicitó revocar la condena en costas,
porque, en su criterio, desconocía su derecho de acceso a la administración de
justicia, dado que era la parte más débil de la relación contractual con la entidad
pública.
50. Sobre el particular, basta señalar que la sentencia apelada fue proferida el
20 de marzo de 2025, es decir, durante la vigencia de la Ley 2080 de 2021,
normativa que permite condenar en costas a la parte vencida, sin consideración
a la posición jurídica que los sujetos ocupen dentro de la relación contractual que
dio origen a la controversia. En esas condiciones, la decisión adoptada por el
Tribunal observó las disposiciones aplicables, por lo que será confirmada en este
aspecto.
51. Por último, el actor sostuvo que se configuró el silencio administrativo
negativo, porque las entidades demandadas no respondieron la petición
mediante la cual solicitó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de los
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Demandante: Jaime Ernesto Velásquez Bermúdez
emolumentos correspondientes. Sin embargo, ese planteamiento no contiene un
reproche contra la sentencia de primera instancia, pues el Tribunal no negó las
pretensiones por la inexistencia del acto ficto, sino porque no se acreditó la
continuada subordinación. En consecuencia, tal argumento no tiene aptitud para
controvertir la decisión apelada.
52. En los términos expuestos, la valoración conjunta de las pruebas no
permite concluir que la parte demandada hubiera ejercido sobre el accionante un
poder permanente de dirección que desbordara las facultades de coordinación,
vigilancia y supervisión propias de la contratación estatal. Por el contrario, el
sistema de alternancia, la remuneración asociada a los períodos efectivamente
servidos, la variación de las condiciones económicas de los contratos y la
posibilidad de ejercer su profesión en otras instituciones durante los días de
relevo constituyen elementos compatibles con la autonomía propia de esa
modalidad contractual.
53. Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La condena en costas de segunda instancia
54. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
55. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.
56. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
57. En consecuencia, teniendo en cuenta que se confirmará el fallo apelado,
se impondrán costas en segunda instancia a la parte demandante, pues no
prosperó su recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Jaime Ernesto Velásquez Bermúdez
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, a través de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Jaime Ernesto
Velásquez Bermúdez, a favor de la parte demandada. Para tal efecto, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Meta.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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