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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00494-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00494-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - ACCEDER a la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Subsección el Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), elevada por el apoderado de la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así: «PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda formuladas por el señor Luis Hernando Infante Donoso, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. Salvo la condena en costas que se revoca.» SEGUNDO. - Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. TERCERO. - Una vez ejecutoriado el presente proveído, DEVOLVER al Tribunal de origen previas las anotaciones correspondientes. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2019-00494-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado : 50001233300020190049401 (3189-2025)1
Demandante : Luis Hernando Infante Donoso
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Pensión gracia
Decisión : Sentencia complementaria - Artículo 287

1. Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de adición de la sentencia del Nueve
(9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026) proferida por esta Corporación, solicitada por el
apoderado de la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

2. El señor Luis Hernando Infante Donoso, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la anulación de las
Resoluciones RDP 015605 del 13 de abril de 2016 y RDP 026217 del 16 de julio de 2016,
mediante las cuales se negó el reconocimiento de una pensión gracia.

3. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que, se condene a la entidad demandada al reconocimiento de dicha prestación, a partir
de 30 de agosto de 2013.

1
Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Expediente de primera instancia digitalizado, visible en el índice 0003 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del Meta.

Número Interno: 3189-2025
Demandante: Luis Hernando Infante Donoso
Demandada: UGPP y otro

1.2. La sentencia de primera instancia3.

4. El Tribunal Administrativo del Meta, por medio de sentencia de Diecinueve (19) de
septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante, disponiendo:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora.

TERCERO: RECONOCER al abogado Abner Rubén Calderón Machola como apoderado de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, en los términos y para los fines del mandato conferido, conforme
se expuso en las consideraciones.

CUARTO: Se acepta la renuncia al poder presentada por el abogado Cristhian Alexander
Pérez como apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría ARCHIVAR el expediente,
previas las anotaciones de rigor.»

5. De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, encontró que, el demandante a
pesar de cumplir con la edad y la «observancia de buena conducta», no acreditó el
requisito de 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado, pues, su
nombramiento fue realizado por el Ministerio de Educación Nacional, por tanto, tiene el
carácter de docente Nacional.

6. Indicó que, dicha vinculación no mutó a territorial cuando el departamento de Vaupés
asumió la dirección y administración del servicio educativo, como quiera que, según la
categorización contenida en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, la naturaleza del vínculo
no se establece por el origen de los recursos destinados para cubrir las acreencias que
genera el respectivo vínculo, sino por la entidad nominadora.

1.3. La sentencia de segunda instancia

7. En providencia del Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), notificada el Veintitrés
(23) de abril del Dos Mil Veintiséis (2026)4, esta Sala de Subsección confirmó la decisión
de primera instancia, por cuanto al verificar las pruebas, advirtió que, a pesar de la
vinculación del demandante, como docente nacionalizado entre los años 1980 a 1984,
computables para causar la pensión gracia, la vinculación acaecida a partir de 1988, fue

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Índice 00035 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del Meta.
4
Expediente digital – Samai – índice 14

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Número Interno: 3189-2025
Demandante: Luis Hernando Infante Donoso
Demandada: UGPP y otro

como docente de carácter nacional, reiterando que, las plazas de docentes nacionales
no fueron convertidas a territoriales por cuenta de la entrada en vigencia de la Ley 60 de
1993, pues, no fue el objeto de ésta. En consecuencia, resolvió:

«PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia de Diecinueve (19) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las
pretensiones de la demanda formuladas por el señor Luis Hernando Infante Donoso, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.»

1.4. La solicitud de adición

8. A través de escrito del veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026), el señor
Luis Hernando Infante Donoso, a través de su mandatario judicial, presentó la solicitud
de adición de la sentencia, en los siguientes términos:

«[…]en el recurso de apelación interpuesto por el suscrito, numeral V-7 página 42, se solicitó
que se revocara la condena en costas impuesta a la parte demandante, argumentando que
en el presente caso no era procedente condenar en costas a mi mandante, y el juez de primera
instancia erró al interpretar que la condena en costas procedía, solamente porque mi
representado resultó vencido en la primera instancia del proceso, por lo cual solicité que se
revocara la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.

No obstante lo anterior, en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, de
fecha nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Consejo de Estado,
respecto a la condena en costas se dijo:

“2.5.1. Condena en costas.
46. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad o
mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.”

Posteriormente, en la parte resolutiva de la sentencia aludida, el Consejo de Estado decidió:

“SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.”

En consecuencia de lo anterior, hay lugar a que se adicione la sentencia, en el sentido de que
el Honorable Consejo de Estado se pronuncie respecto al motivo de inconformidad relacionado
con la condena en costas impuesta a la parte demandante en PRIMERA INSTANCIA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código General del Proceso […]»

II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.

9. La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para
conocer de la presente solicitud de adición de sentencia, de conformidad con lo previsto
en el artículo 125 del CPACA, en tratándose de la Sala de Decisión que profirió la

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Demandante: Luis Hernando Infante Donoso
Demandada: UGPP y otro

sentencia del Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), respecto de la cual, se
formuló la petición objeto de estudio.

2.2. Oportunidad.

10. La Sala encuentra que, la solicitud de adición formulada por la parte actora es
oportuna, toda vez que, fue presentada el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis
(2026), esto es, dentro del término de ejecutoria, teniendo en cuenta que la providencia
en discusión se notificó el veintitrés (23) de abril hogaño.

2.3. Procedencia y alcance de la solicitud de adición.

11. La Sala recuerda que, bajo la égida del principio de seguridad jurídica, las sentencias
son inmutables para el juez que las profirió, de conformidad con el artículo 285 del Código
General del Proceso. No obstante, el mismo ordenamiento jurídico prevé que, de manera
excepcional, y para casos expresamente determinados, al operador que dictó una
sentencia le es dable aclarar, corregir o adicionarla, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 285, 286 y 287 del CGP, normas aplicables al caso de autos en virtud de la
remisión contemplada en el artículo 306 del CPACA, ante la ausencia de norma expresa
que regule la materia.

12. De conformidad con lo anterior tenemos que, según el artículo 287 del Código General
del Proceso las sentencias son susceptibles de adición en los siguientes términos:

«ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o
sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio
o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal.»

13. De acuerdo con la anterior disposición, se establece que la adición a la sentencia
procede cuando se omita resolver sobre cualquier punto expuesto por cualquiera de los
extremos de la litis que debió ser objeto de pronunciamiento. En otras palabras, esta

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Demandante: Luis Hernando Infante Donoso
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figura procesal permite al juez corregir omisiones en que pudo incurrir al momento de
proferir la decisión judicial.

2.4 Caso en concreto

14. Procede la Sala, a resolver la solicitud de adición, formulada por la parte demandante,
respecto de la providencia proferida el nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026),
mediante la cual, se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)5, que negó las pretensiones
de la demanda e impuso condena en costas.

15. Bajo ese entendido, se advierte que, al formular el recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia, el demandante planteó de forma expresa y concreta su
inconformidad con la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.

16. Dicha pretensión, fue sustentada de forma específica en sede de apelación, con
fundamento directo en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, lo que imponía a esta Judicatura el deber de emitir un
pronunciamiento expreso al resolver la impugnación; sin embargo, al examinar la
providencia cuya adición se solicita, se observa que, el análisis se circunscribió
exclusivamente a determinar la naturaleza jurídica de las vinculaciones al servicio
docente, a efectos de establecer si acumulaba o no 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado, sin abordar de manera expresa la pretensión relacionada con
la revocatoria de la condena en costas que le fue impuesta.

17. Verificada dicha omisión, procede la Sala a pronunciarse sobre este extremo de la
litis, en tanto la adición tiene por finalidad subsanar la falta de decisión sobre un punto
oportunamente planteado, sin que ello implique modificar el sentido de lo ya decidido.

18. Para la condena en costas, el Tribunal Administrativo del Meta consideró lo siguiente:

«En el presente asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P habrá de
condenarse en constas al demandante, teniendo en cuenta que fue la parte vencida dentro
del proceso, al encontrarse acreditado con las actuaciones en esta instancia que la entidad
enjuiciada incurrió en gastos con la contestación de la demanda y durante el ejercicio de la
defensa técnica.»

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Emitida por el Tribunal Administrativo del Meta.

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19. Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo
que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el
artículo 188 ídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución
de las costas procesales.

20. En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan
la implementación de la condena en costas, a saber: i) objetivo, en cuanto a que toda
sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o
parcialmente o, en su defecto, para abstenerse; y ii) valorativo, en el entendido de que el
juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la
actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior, en
consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

21. Ahora bien, en el presente asunto, la demanda se apoyó de manera expresa en
disposiciones legales aplicables, entre ellas, Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989, a partir de las cuales, se sostuvo con claridad meridiana, la procedencia
del reconocimiento de la pensión gracia, reclamada por el señor Infante Donoso.

22. A juicio de la Sala, no se advierte un ejercicio infundado del derecho de acción, se
cumplieron las exigencias básicas que sobre la demanda hacen los ordinales 2.º y 4.º del
artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA, ni se constata que, con la interposición de la demanda se ha
promovido un desgaste innecesario del aparato judicial.

23. Huelga resaltar que, esta subsección ha sido reiterativa en señalar que, el solo hecho
de haber sido vencido en juicio, no supone la imposición de una condena en costas, sin
que se efectúe «sobre la base de un juicio subjetivo valorativo.»6

24. Aunado a lo anterior, revisadas las actuaciones de primera y segunda instancia se
evidencia que, contra las providencias dictadas para el normal desarrollo del proceso no
hubo ningún tipo de manifestación que permita inferir que existió un obstáculo o dilación
para la realización de las mismas y, por parte del extremo demandado, es de anotar que
con la contestación de la demanda la accionada solo propuso como excepciones de

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Ver entre otras, sentencia del 29 de enero de 2026, radicado No. 25000-23-42-000-2022-00688-01 (2763-2024) C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar; sentencia del 22 de mayo de 2026, radicado No. 76001-23-33-000-2021-00846-01 (0910-2025) C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.

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mérito «ausencia de vicios del acto administrativo», «inexistencia de la obligación de
reconocer la pensión» y «prescripción», a su vez, el fallo fue proferido de manera
anticipada sin que se generara una oposición al respecto.

25. Así las cosas, comoquiera que, la Sala no observa en la actuación de la parte
demandante que, esta haya estado incursa de actos temerarios que evidencien mala fe,
ni actuaciones que acrediten que la entidad convocada incurrió en gastos durante el
ejercicio de la defensa, se hace necesario, adicionar la sentencia de segunda instancia,
proferida por esta Subsección, el Nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026), en el
sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, salvo la condena en costas que
le fue impuesta a la parte demandante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO. - ACCEDER a la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia
proferida por esta Subsección el Nueve (9) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026), elevada
por el apoderado de la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia, la cual quedará así:

«PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil
Veinticinco (2025) proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones
de la demanda formuladas por el señor Luis Hernando Infante Donoso, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva. Salvo la condena en costas que se revoca.»

SEGUNDO. - Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

TERCERO. - Una vez ejecutoriado el presente proveído, DEVOLVER al Tribunal de
origen previas las anotaciones correspondientes.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

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Número Interno: 3189-2025
Demandante: Luis Hernando Infante Donoso
Demandada: UGPP y otro

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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