Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2020-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2020-00031-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2020-00031-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2020-00031-01 (0531-2026)
Demandante: Fredy Yohan Mican León
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Tema: Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad
psicofísica y laboral del personal de la fuerza pública. Valor
probatorio de los dictámenes emitidos por las Juntas de
Calificación de Invalidez. Valoración probatoria de los
dictámenes periciales. Deficiencias probatorias y carga de la
prueba. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Fredy Yohan Mican León instauró demanda contra la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo,
producto de la no respuesta a la petición que presentó el 13 de enero de 2018, en
la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por sanidad y el reajuste de
la indemnización.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
a pagar la pensión por sanidad o invalidez, en cuantía del 50% del salario
devengado por un cabo tercero, a partir de la fecha de retiro de la institución. Que
se reconozca y pague la indemnización plena o el reajuste de la indemnización ya
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reconocida, conforme con la disminución de la capacidad médica laboral
dictaminada.
4. Que se reconozca y pague el equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes
al momento de la sentencia, como reparación de los perjuicios causados. Que,
igualmente, se ordene el pago de la indexación respectiva.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que prestó sus servicios al Ejército Nacional y fue retirado el 13 de mayo de
2011, por disminución de su capacidad psicofísica, sin que se le practicara la
respectiva evaluación médica laboral.
6. Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar le practicó un
dictamen que determinó que presentaba un porcentaje de disminución de su
capacidad laboral equivalente al 64.85%.
7. Que desde su retiro de la institución no recibió tratamiento ni asistencia médica,
lo que supuso el empeoramiento de sus condiciones de salud.
8. Que radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, en la que solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización,
lo cual le fue negado a través del acto administrativo ficto o presunto negativo.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228,
229 y 230 de la Constitución Política; el artículo 9 del Código Sustantivo del Trabajo;
el artículo 3 de la Ley 923 de 2004; el artículo 32 del Decreto 4433 de 2004; y el
artículo 2 del Decreto 1157 de 2014.
10. En el concepto de violación manifestó que el acto demandando infringió las
normas en las que debería fundarse, porque desconoció que estaba en óptimas
condiciones de salud cuando ingresó al servicio de la institución.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
11. La demanda se inadmitió en auto del 4 de diciembre de 2020, con el fin de que
se allegara constancia de agotamiento del requisito previsto en el numeral 1, del
artículo 161 del CPACA1; y en el escrito de subsanación se renunció a la pretensión
de reajuste de la indemnización2.
12. Se admitió el 14 de julio de 20213. La entidad se opuso a las pretensiones, bajo
el argumento de que no era posible acceder al reconocimiento pensional porque el
personal de soldados y grumetes de las fuerzas militares tienen derecho al
1 Véase a índice 5 de SAMAI del Tribunal.
2 Véase a índice 10 de SAMAI del Tribunal.
3 Véase a índice 13 de SAMAI del Tribunal.
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reconocimiento pensional, siempre y cuando adquieran una incapacidad durante el
servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad
psicofísica.
13. Que en el caso del personal de las fuerzas militares existen juntas médico-
laborales que, en cumplimiento de los parámetros legales y constitucionales, priman
por ser especiales, razón por la cual se permite su intervención como peritos y son
las únicas autorizadas para evaluar las patologías, deficiencias, discapacidad y
minusvalía de los militares.
14. Señaló que de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000, la calificación solicitada
solamente puede llevarse a cabo por las autoridades correspondientes, es decir,
por la Junta Médico Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía, por lo que plantear una solicitud de esta índole generaba ineptitud sustantiva
para reclamar perjuicios con ocasión del servicio.
15. Concluyó que las juntas regionales de calificación de invalidez no tienen
conocimientos especializados sobre el personal de las fuerzas militares, por lo que
desde la óptica legal e, inclusive, empírica, sus dictámenes resultan inválidos en
estos casos4.
16. Mediante auto del 24 de marzo de 2022 decidió impartirse el trámite de
sentencia anticipada, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas5. En providencia
del 21 de junio de 2023, se dejó sin efectos el anterior auto y se convocó a audiencia
inicial6, la cual se llevó a cabo el 15 de agosto de 20237. El 6 de noviembre de 2025
se dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia proferida el seis (6) de
noviembre de dos mil veinticinco (2025), negó las pretensiones. Indicó que, pese a
que se ordenó la práctica de una valoración por parte de la Junta Médico Laboral y
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, se
prescindió de la práctica de estas ante el desinterés del demandante.
18. Que, por ende, no había lugar a ordenar el reconocimiento pensional solicitado,
pues si bien era cierto que el Dictamen 5510 del 25 de noviembre de 2015 determinó
que el demandante presentaba un índice de pérdida de capacidad laboral del
64.85%, carecía de valor probatorio por incumplimiento de lo previsto en el artículo
53 del Decreto 1352 de 2013, porque la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Cesar actuó sin tener competencia para calificar al demandante.
19. Señaló que, en el caso de los regímenes especiales, como el de las fuerzas
militares, la norma prevé que las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez
tienen competencia para emitir su dictamen una vez se haya surtido la calificación
del padecimiento o lesión por parte del ente especial que, en el caso puntual, sería
4 Véase a índice 17 de SAMAI del Tribunal.
5 Véase a índice 19 de SAMAI del Tribunal.
6 Véase a índice 32 de SAMAI del Tribunal.
7 Véase a índice 43 de SAMAI del Tribunal.
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la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad Militar y el Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía.
20. Que no existió ninguna prueba que permitiera determinar que el demandante
padece una merma de la capacidad laboral superior al 50% que le dé derecho a
acceder a la pensión de invalidez, porque la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Cesar actuó sin tener competencia para calificarlo y, adicionalmente,
él no atendió los múltiples requerimientos del Comando General de las Fuerzas
Militares y del Tribunal Administrativo para la práctica de los exámenes requeridos
por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad Militar.
21. Consideró, además, que si en gracia de discusión se aceptara que la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Cesar tenía competencia para calificar al
demandante, ese dictamen no tenía la solidez para soportar el reconocimiento
pensional, porque se le calificó el «síndrome depresivo severo secundario a estrés
postraumático, ansiedad generalizada» con base en un diagnóstico del 1° de abril
de 2014, sin que existiera historia clínica o un examen que demostrara la existencia,
tratamiento y evolución de esa lesión; aunado a que no existió claridad sobre si la
calificación se realizó con base en el manual único para la calificación de invalidez
o con fundamento en el Decreto 94 de 1989.
22. Finalmente, condenó en costas al demandante8.
RECURSO DE APELACIÓN
23. El demandante interpuso recurso de apelación por considerar que obtuvo, como
resultado de su evaluación médico pericial, una discapacidad médico laboral del
64.85% dictaminada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar,
porcentaje que supera ampliamente el 50% exigido por el artículo 3, numeral 3.5 de
la Ley 923 de 2004, en armonía con los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014, lo
cual le daría derecho al acceso a la pensión de sanidad por invalidez.
24. Que como las dependencias de sanidad militar omitieron su deber de evaluarlo
y calificarlo una vez se efectuó su retiro del servicio, acudió ante la Junta Regional
de Calificación de Invalidez del Cesar para que lo evaluara. Que, en virtud del
principio de libertad probatoria, ese dictamen sí debió valorarse, máxime si se tenía
en cuenta que la demandada no lo objetó ni lo tachó de falso, razón por la que goza
de plena eficacia y presunción de legitimidad.
25. Considera que se incurrió en violación del debido proceso porque en la
audiencia inicial determinó que una vez obtenidos los resultados de la Junta Médico
Laboral, en el evento de que esta arrojara un índice de pérdida de capacidad laboral
inferior al 50%, debía practicarse un nuevo dictamen por parte de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, pero no advirtió que un
dictamen posterior no podría ir más allá de la complementación, aclaración,
corrección o lleno de cualquier vacío en su contenido y significación probatoria.
26. Que, a su juicio, debió surtirse la contradicción del dictamen que profirió la Junta
8 Véase a índice 93 de SAMAI del Tribunal.
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Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, porque esa prueba atendió a los
requisitos contenidos en el artículo 218 del CPACA y en los Decretos 94 de 1989 y
1352 de 2013.
27. Manifestó que el fallo de primera instancia vulneró el debido proceso y los
principios de legalidad y congruencia, ya que desconoció que el dictamen pericial
que se aportó sí constituía prueba legítima.
28. Subsidiariamente, solicitó que se le garantice el acceso al curso de soldado
profesional9.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 3 de marzo de 2026 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia10.
30. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor Fredy Yohan Mican
León tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por pérdida
de la capacidad laboral.
Marco normativo aplicable a la disminución de la capacidad psicofísica y
laboral del personal de la fuerza pública
32. La Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos mínimos que tendría
que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia, estableciendo
lo siguiente respecto de la pensión de invalidez:
«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE exequibles> El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que
sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
9 Véase a índice 96 de SAMAI del Tribunal.
10 Véase a índice 4 de SAMAI.
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en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.
Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral
que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía
así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar. […]».
33. Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la anterior ley, se
expidió el Decreto 4433 de 2004 que, sobre el reconocimiento y liquidación de la
pensión de invalidez, estableció:
«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las
Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio
de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:
30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%)».
34. No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso con
radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), la Sección Segunda del
Consejo de Estado declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y
cinco por ciento (75%)» contenida en la anterior norma pues, con base en lo
regulado en el numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, se concluyó que
el Gobierno nacional excedió la competencia que le fue otorgada para regular la
materia, al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, en fallo del 23 de
octubre de 2014, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01
(1551-07), esta Sección precisó el alcance de aquella sentencia y declaró la nulidad
de todo el articulado.
35. Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1157 de 2014, que
dispuso lo siguiente:
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«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de
Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales
militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales,
Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004
y 1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%)».
36. De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar el estudio del
reconocimiento de la pensión de invalidez del demandante es el contenido en el
numeral 3.5, del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, que dispone que el derecho a la
pensión de invalidez de los miembros de la fuerza pública surge cuando se presenta
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, en hechos ocurridos
durante el servicio.
37. Adicionalmente, esta corporación ha señalado que, por vía de excepción, es
viable inaplicar las disposiciones de los regímenes especiales de seguridad social
cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio, en comparación con
el reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993 11.
Valor probatorio de los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de
Invalidez
38. El Decreto 94 de 1989 dispone, en su artículo 19, que la capacidad psicofísica
del personal de que trata ─esto es, oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y
de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de
formación y personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional─
será determinada, únicamente, por las autoridades médico-militares y de policía, a
11 Véase: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Rad. 76001-
23-31-000-2012-00059-01 (3189-17).
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saber: médicos generales, médicos especialistas y odontólogos al servicio del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; Junta Médica Científica; Junta Médico-
Laboral; y Tribunal Médico Laboral de Revisión.
39. En el mismo sentido, el Decreto 1796 de 2000 dispuso que la Junta Médico
Laboral Militar o de Policía y el Tribunal de Revisión Militar y de Policía son las
autoridades competentes para establecer la disminución de la capacidad
psicofísica, así como para calificar la enfermedad como de origen profesional o
común.
40. Por su parte, el Decreto 1352 de 2013 «Por el cual se reglamenta la integración,
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez» exceptuó
de su ámbito de aplicación, en el parágrafo del artículo 1°, al «[…] régimen especial
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, salvo la actuación que soliciten a
las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez como peritos». Y en el artículo
28 reguló quiénes pueden solicitar la valoración de la Junta, a saber:
«Artículo 28. Presentación de la solicitud. La solicitud ante la junta podrá ser
presentada por:
1. Administradoras del Sistema General de Pensiones.
2. Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La Administradora de Riesgos Laborales.
4. La Entidad Promotora de Salud.
5. Las Compañías de Seguros en general.
6. El trabajador o su empleador.
7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la persona que
demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del Trabajo,
cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no afiliado al
sistema de seguridad social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas designen a las
juntas regionales como peritos.
10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas que
asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en
la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional.
11. Las entidades o personas autorizadas por las Secretarías de Educación y
las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad Pensional,
las personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia de
eventos terroristas.
Parágrafo. La solicitud se deberá presentar a la Junta Regional de Calificación
de Invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en cuenta la
ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen» (cursivas y negrillas
originales, subrayas fuera de texto).
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41. Visto lo anterior, la competencia para determinar la capacidad psicofísica de los
miembros de la fuerza pública corresponde a las autoridades militares; no obstante,
los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez tienen la calidad de
peritajes que auxilian la valoración del juez sobre el estado de salud del interesado.
Valoración probatoria de los dictámenes periciales
42. El artículo 226 del Código General del Proceso dispone que la prueba pericial
«[…] es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos»; así como que el juez
«[…] apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos,
la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas
que obren en el proceso» ─artículo 232─.
43. Así las cosas, el estudio del dictamen supone la referencia obligada al sistema
de la libre apreciación de las pruebas, en el que se faculta al juez a hacer una
evaluación del material probatorio de manera amplia, sin estar sujeto a tarifa alguna,
de ahí que en el artículo 176 de la normativa procesal se haya dispuesto que las
pruebas deben apreciarse en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
44. De manera que, tratándose de la valoración médico-laboral de los miembros de
la fuerza pública, el juez puede tener en cuenta los dictámenes de las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, los cuales serán valorados con fundamento
en el sistema de libre apreciación de las pruebas.
Resolución del caso concreto
45. Se tiene que el demandante se desempeñó al servicio del Ejército Nacional del
4 de agosto de 2009 al 13 de mayo de 2011, fecha en la fue retirado del servicio por
«tiempo de servicio militar cumplido»12.
46. Con la presentación de la demanda, se aportó un dictamen proferido el 25 de
noviembre de 2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, el
cual concluyó que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral correspondía al
64.85%, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes médicos:
trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo recurrente no especificado,
trastorno de dolor persistente somatomorfo, hidrocele enquistado y ruptura
traumática de ligamentos del dedo de la mano en las articulaciones
metacarpofalángica e interfalángica13.
47. El 13 de enero de 2016 radicó petición ante el Ministerio de Defensa Nacional,
en la que solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste
de la indemnización, frente a lo cual no obtuvo respuesta14.
48. A través de fallo de tutela del 18 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca amparó los derechos fundamentales a la salud, a la vida y al
12 Véase a folio 12 PDF del archivo visible a índice 11 de SAMAI del Tribunal.
13 Véase a folios 29-34 PDF del archivo visible a índice 3 de SAMAI del Tribunal.
14 Véase a folios 26-28 PDF del archivo visible a índice 3 de SAMAI del Tribunal.
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debido proceso del demandante. En ese sentido, ordenó que la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional le prestara la atención médica necesaria y que se
practicaran los conceptos médicos necesarios para determinar las patologías
adquiridas en el servicio como soldado regular del Ejército Nacional15.
49. En la audiencia inicial que se celebró el 15 de agosto de 2023, el Tribunal
Administrativo del Meta decretó, de oficio, la práctica de un dictamen pericial por
parte de la Junta Médico Laboral. Además, indicó que si sus hallazgos arrojaban
que el accionante poseía una disminución de la capacidad laboral inferior al 50%,
debía practicársele un nuevo dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca16.
50. Pese a lo anterior, en providencia del 26 de junio de 2025, se prescindió de la
práctica de la prueba decretada de oficio, en atención a que el demandante no
demostró interés en la realización de la valoración, aun cuando se le requirió varias
veces17.
51. De acuerdo con lo anterior, la Sala pone de presente que el Consejo de Estado
ha otorgado valor probatorio a los dictámenes de las Juntas de Calificación de
Invalidez solo cuando se han decretado en el curso de los procesos presentados
por miembros de la fuerza pública. En otras palabras: las autoridades judiciales
pueden valorar dichos dictámenes, aun cuando el interesado pertenezca al régimen
especial de las fuerzas armadas, siempre y cuando se decreten y practiquen como
prueba pericial, y se le haya garantizado el derecho de defensa a la contraparte18.
52. Sin embargo, lo que se observa es que el demandante solicitó, en la demanda,
que se tuviera en cuenta al dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Cesar como prueba documental; y en la audiencia inicial
celebrada el 15 de agosto de 2023, se decidió que no se ordenaría su contradicción
pero que, a cambio, se decretaría, de oficio, la práctica de un dictamen pericial por
parte de la Junta Médico Laboral y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá y Cundinamarca.
53. No obstante, tras acreditarse el desinterés del demandante en la práctica de
este, es claro que en el proceso no se contó con una prueba que diera cuenta,
objetivamente, sobre la pérdida de capacidad laboral, en la medida que el dictamen
que profirió la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar no podía
valorarse como prueba pericial, porque como no fue sometido a contradicción, no
constituía prueba idónea y pertinente que tuviera la virtualidad de otorgar claridad y
certeza respecto al verdadero estado de pérdida de capacidad laboral del
accionante.
54. Si bien el apelante señaló en el recurso que, a su juicio, debió surtirse la
contradicción del dictamen que profirió la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Cesar porque atendió a los requisitos contenidos en el artículo 218 del CPACA
15 Véase a folios 14-31 PDF del archivo visible a índice 36 de SAMAI del Tribunal.
16 Véase a índice 43 de SAMAI del Tribunal.
17 Véase a índice 83 de SAMAI del Tribunal.
18 Véase: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de junio de 2025. Rad.
25000-23-42-000-2015-04132-01 (2154-2018). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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y los Decretos 94 de 1989 y 1352 de 2013, se observa que en el curso de la
audiencia inicial no presentó objeción alguna frente a la decisión del Tribunal
Administrativo del Meta de prescindir de ello.
55. Además, el porcentaje que determinó la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Cesar no aportó credibilidad, porque no fue posible determinar si se
valoró, completa e integralmente, el estado de salud del accionante, teniendo
presente todos los aspectos médicos que se consignaron en la historia clínica y
ocupacional de este, así como los parámetros médicos de las fuerzas militares.
56. Aun cuando el demandante haya señalado que el dictamen que profirió la Junta
Regional sí debió valorarse, máxime si se tenía en cuenta que la demandada no lo
objetó, ni lo tachó de falso, se aclara que ello no supone que dicha prueba,
indefectiblemente, goce de plena eficacia y presunción de legitimidad como para
acceder a las pretensiones de la demanda, porque, como prueba documental, no
permitía inferir de manera clara, coherente y convincente por qué la pérdida de
capacidad laboral correspondía con el porcentaje que se asignó, ya que se extrañan
los exámenes, las pruebas o las técnicas complementarias a la evaluación clínica
que sirvieron de soporte a la decisión de asignar un 64.85% de disminución de la
aptitud laboral.
57. Además, es evidente que en el trámite de primera instancia se le brindó la
oportunidad probatoria al demandante de ser evaluado nuevamente, lo cual no
constituye una violación al debido proceso. Por el contrario, se estima que esa
determinación fue garante de dicho derecho, pues recuérdese que el decreto de la
prueba de oficio obedeció al tiempo que había transcurrido desde que se le practicó
la valoración médica por parte de la Junta Regional.
58. Sin embargo, pese a los requerimientos que obran por parte del Tribunal
Administrativo y de las autoridades médico-laborales de sanidad militar, se dejó
constancia de que el demandante no acudió a la práctica de la prueba, lo cual le
supone asumir la carga que conllevan las deficiencias probatorias, en la medida que
no se aportaron pruebas idóneas que dieran cuenta, objetivamente, sobre su
verdadero estado de pérdida de capacidad laboral.
59. En este sentido, no se observa que, con la decisión de la entidad de negar la
pensión de invalidez, ni en la decisión de primera instancia de negar las
pretensiones de la demanda, haya vulneración de los derechos fundamentales del
demandante, como los de debido proceso, congruencia y legalidad, porque la
valoración probatoria permitió concluir que el demandante no tenía el derecho
reclamado y que no se haya accedido a las pretensiones, no significa que la
providencia hubiese violado derechos y principios constitucionales.
60. Finalmente, respecto a la solicitud subsidiaria de garantizársele el acceso al
curso de soldado profesional, se considera que, en virtud del principio de
congruencia, aun cuando se accediera a las pretensiones, ello no podría ordenarse,
toda vez que no fue objeto de discusión en sede administrativa ni judicial.
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61. En estas condiciones, la Sala advierte que el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda deberá ser confirmado, por no lograrse desvirtuar la
presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado.
Condena en costas de segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
63. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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