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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2020-00521-01

Fecha
19 de mayo de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2020-00521-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2020-00521-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

19 de mayo de 2022

Radicado: 50001-23-33-000-2020-00521-01
Demandante: Ingrid Lorena Ochoa Castaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 50001-23-33-000-2020-00521-01
Demandante: INGRID LORENA OCHOA CASTAÑO
Demandado: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Temas: Tutela para que se otorguen subsidios del Gobierno.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección Nacional de Planeación
(DNP) y el Municipio de Villavicencio contra la sentencia del 26 de junio de 20201,
dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, que
resolvió:
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora INGRID LORENA
OCHOA CASTAÑO, frente al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, el MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, la SECRETARÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META y el INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN y al MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, que dentro del marco de sus competencias y en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, verifiquen y realicen el cruce de
información en las diferentes bases de datos de las entidades, para determinar si efectivamente
la señora INGRID LORENA OCHOA CASTAÑO y su menor hija son beneficiarias del programa
FAMILIAS EN ACCIÓN, en cuyo caso, de no haberlo hecho, deberán poner a su disposición los
incentivos generados hasta la fecha conforme a la modalidad de entrega en que se encuentre
inscrita, tal como lo dispone el Manual operativo del programa Más Familias en Acción – Versión
5 del DPS.

Además, deberán verificar la procedencia del pago de la DEVOLUCIÓN DEL IVA, por ser
beneficiaria de FAMILIAS EN ACCIÓN, y en caso positivo, se procederá a poner a disposición
de la actora los recursos económicos que por tal programa le correspondan.

De encontrarse que la actora y su hija no son beneficiarias de dichos programas, el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, dentro del mismo término, procederá a
realizar nuevamente la caracterización de la accionante con el fin de determinar si la misma es
beneficiaria del programa INGRESO SOLIDARIO, y en caso tal, pondrá a disposición los
recursos económicos que por dicho concepto le correspondan. La entidad, al momento de
analizar si la actora es beneficiara del INGRESO SOLIDARIO deberá tener en cuenta que la
última encuesta fue realizada en el mes de octubre de 2019, según lo expuesto en este proveído.

Para el cumplimiento de esta orden, y de resultar beneficiaria de algún programa, la entidad
correspondiente deberá tener en cuenta la situación de anormalidad constitucional que impide la
libre circulación de las personas en el territorio nacional, por lo cual, de ser el caso, para efectuar
el pago utilizará un mecanismo idóneo que permita a la beneficiaria acceder al recurso
económico sin que tenga que exponer su salud.

TERCERO: ORDENAR a la SECRETARÍA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL META que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que pueda entablar
comunicación con la señora OCHOA CASTAÑO, bien sea dirigiéndose a su lugar de residencia,
o, por medios electrónicos, proceda a realizarle la encuesta socioeconómica con el fin de

1 La Sala precisa que el proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 17 de marzo de 2022.

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Demandante: Ingrid Lorena Ochoa Castaño

determinar si la misma es beneficiaria de alguna ayuda brindada por el ente territorial, y de ser
el caso, dentro del mismo término, proceda a su entrega.

CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al momento en que pueda entablar comunicación con
la señora OCHOA CASTAÑO, bien sea dirigiéndose a su lugar de residencia, o, por medios
electrónicos, proceda a determinar si la menor E.C.S.C., es beneficiaria de los programas de
CANASTA FAMILIRAR en la modalidad institucional, Primera Infancia en modalidad familiar,
según la descripción realizada en su contestación de cada uno de estos programas, o, cualquier
otro en que reúna los requisitos, caso en el cual, procederá a hacer la entrega de las raciones o
el acompañamiento de acuerdo con el programa correspondiente.

QUINTO: EXHORTAR a la accionante, para que informe tanto a la Secretaría Social del
Departamento del Meta como al ICBF, en caso de tener la disponibilidad, un número de celular
a través del cual estas entidades puedan tener con ella comunicación efectiva para el
cumplimiento de las anteriores órdenes. De lo contrario, se atenderá las comunicaciones que
practiquen a través del correo electrónico que la actora informó en la subsanación de la tutela.

SEXTO: EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO estará a cargo del Director del DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN, del Director del DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL, del Alcalde del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, del Secretario Social del
DEPARTAMENTO DEL META, y de la Directora del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, y será vigilado por este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991, para lo cual de manera inmediata se remitirá por las accionadas copia de
los documentos que acrediten dicho cumplimiento conforme se dijo anteriormente.

En el evento que conforme a la estructura interna de la entidad, no le corresponda dar
cumplimiento a la orden impartida en esta sentencia o el funcionario ya no ocupe el referido
cargo, deberá remitir inmediatamente este asunto al funcionario competente, e informar dentro
del término de veinticuatro (24) horas a este Tribunal, su nombre completo, documento de
identificación, dirección personal para notificaciones, cargo que ocupa dentro de la entidad y
quién es su superior jerárquico, de quien igualmente deberán indicar los mismos datos
personales del subalterno.

SÉPTIMO: EL DESACATO a lo aquí dispuesto será sancionado en los términos del artículo 27 y
52 del Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO: NEGAR en todo lo demás la acción de tutela promovida por la señora INGRID
LORENA OCHOA CASTAÑO, por las razones expuestas en esta providencia.

(…)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, la señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño pidió
la protección de los derechos fundamentales a la vida digna, a la integridad física, al
mínimo vital y a la vivienda, que estimó vulnerados por el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Sena – Fondo
Emprender, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento del Meta y el
Municipio de Villavicencio2. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

a) Ordenar al señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ que adopte las medidas normativas e
institucionales para que se nos reconozca una RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA por UN
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE durante el tiempo que dure la emergencia
Económica, Social y Ecológica declarada en el país y por tres meses más, derecho que
tenemos con la finalidad de percibir una compensación monetaria, que nos permita contar con
recursos para atender nuestras necesidades vitales y garantizar una vida digna, teniendo en

2 Por auto del 16 de junio de 2020 se admitió la acción de tutela únicamente respecto de esas autoridades.

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cuenta las limitaciones objetivas para tener trabajo e ingresos estables en la actual coyuntura
nacional e internacional.

b) Ordenar al señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ que adopte las medidas normativas e
institucionales para destinar los recursos económicos físicos necesarios para solventar nuestro
caso de desamparo, atendiendo a que existen los recursos estatales necesarios.

c) Ordenar al señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ que adopte las medidas administrativas
necesarias para entregar estos recursos económicos en el menor tiempo posible, dada la
inminente afectación o la vulneración de facto que estamos viviendo.

d) Ordenar al señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ que adopte las medidas normativas e
institucionales para priorizar que las mujeres madres cabeza de familia, informales,
desempleadas y afectadas por violencia intrafamiliar del grupo de accionantes, tengan especial
protección y atención por parte del Estado de manera urgente y sin dilaciones.

e) Ordenar al señor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ que nos realice el pago de la RENTA BÁSICA
DE EMERGENCIA por UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE durante el tiempo
que dure la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el país y por tres meses
más, de manera INMEDIATA para evitar un daño irreversible.

f) Ordenar al señor Ministro de Vivienda JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ me postule y me
otorgue el subsidio de vivienda para las Víctimas de acuerdo a lo establecido en los artículos
123, 124, 125, 126 y 127 de la Ley 1448 así como también lo reglamentado en nuestro
ordenamiento jurídico en el artículo 02 del decreto 1921 de 2012, el artículo 12 de la ley 1537
de 2012 conocida como ley de vivienda y de los decretos 1533 y 2058 de 2019.

g) Ordenar a la Agencia Presidencial para la Cooperación – APC, SENA – FONDO
EMPRENDER, Departamento Administrativo para la Prosperidad – DPS, Gobernación del Meta
y Alcaldía de Villavicencio, me reconozcan y otorguen el proyecto productivo de estabilización
socioeconómica auto sostenible establecido en la ley de víctimas y al cual tengo derecho.

h) Ordenar al Director del Departamento Nacional de Planeación LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ para que me efectúen el debido proceso administrativo para que me inscriban al
programa INGRESO SOLIDARIO establecido en el decreto 518 de 2020 para población
vulnerable.

i) Ordenar a quien corresponda inscribirme en el programa HOGAR GESTOR Y EL
PROGRAMA DE LAS CANASTILLAS NUTRICIONALES en el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR – ICBF.

j) Ordenar al DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -DNP inscribirme en el
programa de INGRESO SOLIDARIO Y EL PROGRAMA DEVOLUCIÓN DEL IVA.

k) Ordenar al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD – DPS inscribirme
al programa de MAS FAMILIAS EN ACCION y del programa JOVENES EN ACCION.

2. Hechos y argumentos de la acción de tutela

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño manifestó que como consecuencia del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ocasionado por la pandemia del
coronavirus Covid-19, se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta.

2.2. Lo anterior, según dijo, porque es madre cabeza de familia, tiene una hija de nueve
meses de edad, actualmente se encuentra desempleada y no ha recibido ningún
subsidio o ayuda por parte del Gobierno Nacional. Que, por lo tanto, no cuenta con
ningún ingreso para cubrir las necesidades básicas como alimentación y arriendo, con
lo cual se encuentra vulnerado el derecho al mínimo vital.
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Demandante: Ingrid Lorena Ochoa Castaño

2.3. Que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis
conllevaban al endeudamiento a corto y mediano plazo, pues se trataba de diferir el
pago de arriendo y servicios, así como a la adquisición de créditos bancarios para la
obtención de alimentos.

2.4. Dijo que no existía una acción diferente a la de tutela para la protección que
invocaba, pues era la que permitía evitar un daño irremediable, dada la gravedad de
la afectación de los derechos fundamentales.

3. Intervenciones

3.1. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y
Procedimientos Administrativos y Profesional Especializado – código 2028 – grado 16,
de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS) solicitó la desvinculación del presente trámite de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que el asunto no era
de competencia de esa entidad. Así argumentó su solicitud:

3.1.1. Explicó que en el marco de la emergencia generada por la pandemia Covid-19,
se ha designado al DPS únicamente para atender a la población vulnerable, a través
de la siguiente oferta institucional: (i) Programas de Familias y Jóvenes en Acción,
mediante un giro extraordinario no condicionado a los inscritos en el programa; (ii)
Devolución de IVA, a beneficiarios del programa Familias en Acción, seleccionados
como beneficiaros por parte del DNP y Ministerio de Hacienda, y (iii) Ingreso Solidario,
en el que interviene para la remisión de base de inscritos a Familias en Acción, para
el respectivo cruce de información.

3.1.2. En ese sentido, dijo que al DPS no se han asignado competencias específicas
de atención a población distinta a los beneficiarios de programas Familias y Jóvenes
en Acción.

3.1.3. Que el DPS no tiene asignada ninguna función en relación a la identificación de
beneficiarios del programa Ingreso solidario, como tampoco en el giro de los recursos
que corresponden a su pago. Que esa entidad solo apoya con la entrega de base de
datos de los beneficiarios de sus programas sociales como lo son Familias y Jóvenes
en acción, para la construcción de la Base Maestra usada por el DNP, para focalizar
la población beneficiaria.

3.1.4. Con todo, adujo que la demandante no aportó prueba, si quiera sumaria, del
estado de indefensión que alega. Que, inclusive, revisada la herramienta de gestión
documental –DELTA– la señora Ochoa Castaño no registraba ninguna petición al DPS
relacionada con las pretensiones de la demanda ni se encontraron peticiones remitidas
de otra entidad.

3.2. El apoderado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitó la
desvinculación del presente proceso, con fundamento en que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de la demandante.

3.2.1. Informó que consultada la base nacional consolidada (con corte abril de 2020)
se registraba la señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño como reportada en la base
certificada del SISBÉN y que no se advertía un trámite pendiente por resolver a su
nombre.

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3.2.2. Que, además, se establece que el hogar de la actora “no es beneficiario del
programa Ingreso Solidario porque un miembro de su hogar se encuentra reportado
en el programa Familias en Acción”.

3.2.3. Por lo demás, se refirió a las competencias de esa entidad, específicamente, a
las competencias con relación al SISBÉN.

3.3. El apoderado judicial del Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda– solicitó
que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela con relación a esa entidad,
por cuanto no vulneró derecho fundamental alguno de la demandante. Que la señora
Ochoa Castaño: (i) no figura en ninguna de las convocatorias para las personas en
situación de desplazamiento de los años 2004 y 2007 “desplazados arrendamiento
mejoramiento CSP y adquisición vivienda nueva o usada realizadas por Fonvivienda”;
(ii) no se postuló en la convocatoria para el proceso de promoción y oferta Resolución
1024 de 2011, derogada por la Resolución No. 0691 de 2012, y (iii) no ha presentado
algún derecho de petición ante esa entidad.

3.3.1. Adicionalmente, relacionó los programas a cargo de esa entidad y las
condiciones para acceder a los mismos.

3.4. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF– solicitó la
desvinculación, con fundamento en que no vulneró ningún derecho fundamental de la
demandante.

3.4.1. Explicó que para efectos de establecer si la señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño
y su núcleo familiar reúne los requisitos legales para ser incluido en los programas de
Hogar Gestor y Canasta Nutricional, desde el Grupo Jurídico del ICBF Regional Meta
se intentó establecer comunicación con la actora sin éxito.

3.4.2. Que, además, revisados los sistemas de información del ICBF, se advertía que
la actora no ha presentado solicitud ante esa entidad para la inclusión en programas
de primera infancia de su menor hija.

3.5. El director (E) Regional Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pidió
que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa entidad
o que, en su defecto, se denegara el amparo pedido, porque esa entidad no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la demandante.

3.5.1. Que, además, ante esa entidad la demandante no ha radicado derecho de
petición alguno que requiriera los servicios institucionales.

3.6. El representante judicial de la UARIV informó que en esa entidad no se hallaron
registros que correspondieran a la señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño, esto es, que
no figura en el RUV (Registro Único de Víctimas).

3.6.1. Adicionalmente, manifestó que esa Unidad mantiene su misión de acuerdo con
las normas vigentes y, en cuanto a la emergencia originada por el COVID-19, el
Gobierno no ha expedido ninguna norma que confiera cualidades especiales a esa
entidad.

3.7. La delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se
declarara improcedente la solicitud de amparo, porque no cumplía el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta que existían diferentes mecanismos a disposición
de la demandante (judiciales y administrativos) para amparar los derechos
fundamentales y por cuanto no acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Que
el juez de tutela no era el competente para realizar el control de legalidad de los
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decretos y resoluciones expedidos en el marco del Estado de Emergencia por la
pandemia de COVID-19.

3.7.1. Que, además, esa cartera ministerial no vulneró por acción u omisión los
derechos fundamentales de la señora Ochoa Castaño, toda vez que en el marco de
sus competencias ha cumplido con las obligaciones legales y constitucionales y no era
la entidad competente para cumplir con las peticiones presentadas en la acción de
tutela.

3.8. La jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior solicitó la
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque, a su juicio, no
existía nexo de causalidad entre la violación o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y ese ministerio, como quiera que no era
la autoridad pública de la que se predicaba la presunta vulneración.

3.8.1. Con todo, adujo que la tutela era improcedente, toda vez que la demandante
“cuenta con otros medios administrativos y judiciales que dispone nuestro
ordenamiento jurídico que le permite hacer valer sus derechos”.

3.9. La secretaria de Vivienda Departamental del Meta pidió que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela por improcedente, por cuanto esa entidad no había
realizado actuación administrativa alguna que vulnerara los derechos fundamentales
de la demandante.

3.9.1. Que de acuerdo con la información que reposaba en esa entidad, la señora
Ochoa Castaño no ha elevado solicitud alguna en materia de vivienda, ni demostró
que se encuentre en una situación de riesgo, indefensión o vulnerabilidad que amerite
un tratamiento excepcional para alterar el orden de asignación de subsidios de
vivienda.

3.9.2. Resaltó que para acceder a un subsidio de vivienda, era requisito indispensable
la postulación, la cual no se encontró demostrada en el presente asunto.

4. Sentencia impugnada

4.1. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, por sentencia del
26 de junio de 2020, amparó el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Ingrid
Lorena Ochoa Castaño. En consecuencia, ordenó: (i) al DNP, al DPS y al Municipio de
Villavicencio que, en el marco de sus competencias, verificaran si efectivamente la
señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño y su menor hija eran beneficiarias del programa
Familias en Acción y que, en caso de no estarlo, pusiera a su disposición los incentivos
generados por dicho programa; (ii) que de encontrarse que la actora y su hija no son
beneficiarias de Familias en Acción, el DNP procediera a la caracterización para
determinar si es beneficiaria del programa Ingreso Solidario; (iii) a la Secretaría Social
del Departamento del Meta, que realizara la encuesta socioeconómica a la
demandante, a efectos de determinar si era beneficiaria de alguna ayuda brindada por
ese ente territorial, y (iv) al ICBF que determinara si la menor hija de la demandante
era beneficiaria de los programas de Canasta Familiar en la modalidad institucional y
Primera Infancia en modalidad familiar, caso en el cual debería hacer la entrega de las
raciones o el acompañamiento de acuerdo con el programa correspondiente. El a quo
denegó las demás pretensiones de la demanda. El fundamento de la decisión, fue el
siguiente:

4.2. El a quo advirtió que pese a que el DNP informó que la actora no era beneficiaria
del programa de la Devolución del IVA ni de Ingreso Solidario, porque un miembro del
hogar se encontraba reportado en el programa Familias en Acción, esa entidad no
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indicó la identidad de la persona que ostenta la calidad de beneficiario y, menos aún,
si ya recibió o está próximo a recibir el auxilio económico del programa Familias en
Acción.

4.3. Que, además, la demandante manifestó que su núcleo familiar lo conformaba
únicamente su hija de nueve meses de edad y que no habían recibido ninguna ayuda
del Gobierno y el Departamento Nacional de Planeación. De manera que, adujo, no
era claro que el núcleo familiar de la señora Ochoa Castaño verdaderamente fuera
beneficiario del programa Familias en Acción.

4.4. Adicionalmente, adujo que resultaba claro que la demandante no ha recibido
auxilio económico por parte del Gobierno Nacional a través de alguno de los
programas diseñados y que, ante la incertidumbre frente a los beneficios de los que
podría ser acreedora, se protegería el derecho al mínimo vital.

4.5. Por otro lado, señaló que no había lugar a predicar algún reproche frente a la
UARIV, Fonvivienda y al Secretaría de Vivienda del Departamento del Meta, pues en
los informes pusieron de presente que no se encontró registro frente a la postulación
ni petición de la demandante para acceder a beneficios o programas de esas
entidades.

5. Impugnaciones

5.1. El DNP impugnó la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

5.1.1. Que no vulneró ningún derecho fundamental de la señora Ochoa Castaño, por
cuanto de conformidad con los criterios establecidos en el Decreto 518 de 2020,
determinó quienes eran beneficiarios del programa Ingreso Solidario y, para el caso
de la actora, encontró, de la información reportada y enviada por el DPS, que su grupo
familiar es beneficiario de Familias en Acción, dado que el señor Marlon David
Sánchez –registrado en su núcleo familiar– hace parte de dicho programa. Que el
anterior era un motivo para excluir al hogar de la demandante de ser beneficiario del
programa social Ingreso Solidario.

5.2. El Municipio de Villavicencio impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó
que se revocara y que, en su lugar, se retirara la orden impartida a ese ente territorial.
Lo anterior, porque aduce que no vulneró ningún derecho fundamental de la
demandante, por cuanto:

5.2.1. En primer lugar, manifestó que verificado el Sistema de Información de Familias
en Acción por parte de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, se
encontró que la actora y su hija menor no eran beneficiarias del programa de Familias
en Acción.

5.2.2. Adicionalmente, informó que el DPS es el encargado de la Estructura de Modelo
de Gestión y por consiguiente quien informa a nivel Nacional a la población colombiana
cuando hay convocatorias para ser beneficiarios del programa de Familias en Acción,
el cual, a la fecha, no había abierto nuevas convocatorias para que la demandante
pudiera acceder a dicho programa.

5.2.3. Que ese Municipio, a través de la Secretaría de Gestión Social y Participación
Ciudadana, tiene como funciones en el Programa de Familias en Acción: (i) recibir los
documentos allegados por los ciudadanos; (ii) informar las novedades de estudio y
salud; (iii) actualizar los documentos como son: dirección, traslados, ingresos, cambio
de titular y retiro por graduación, y (iv) verificación de estudios y salud. Que los

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ciudadanos podían acercarse a la Secretaría de Gestión Social y Participación
Ciudadana.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela

1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. En los términos de las impugnaciones, corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de primera instancia se ajustó a derecho al amparar el derecho al mínimo
vital de la señora Ochoa Castaño frente al DNP y el Municipio de Villavicencio, para
efectos de que esas autoridades verificaran si la actora y su menor hija eran
beneficiarias del programa de Familias en Acción y de Ingreso Solidario.

2.2. Conviene precisar que la Sala no se referirá a las órdenes dictadas a las demás
autoridades, toda vez que no fueron objeto de impugnación. Como se vio, el objeto de
estudio se limita a las decisiones adoptadas frente a las entidades impugnantes, esto
es, el DNP y el Municipio de Villavicencio.

2.3. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, a las ayudas económicas
previstas por el Gobierno Nacional para personas en situación de vulnerabilidad, en el
marco de la emergencia derivada de la pandemia por COVID-19. Seguidamente,
resolverá el problema jurídico planteado.

3. De las ayudas económicas previstas por el Gobierno Nacional para personas
en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia derivada de la
pandemia por COVID-19

3.1. Como es de público conocimiento, el 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia frente a la enfermedad
denominada COVID-19 e instó a los diferentes Estados a tomar decisiones urgentes y
concretas para mitigar el contagio. Dicha declaratoria tuvo sustento en los alarmantes
niveles de propagación y gravedad de los casos de contagio y los niveles de inacción
para controlar el brote. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, existe
suficiente evidencia para concluir que el COVID-19 se transmite de persona a persona
a gran velocidad, que puede traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros
infectados y que puede desencadenar una neumonía grave y ocasionar la muerte.

3.2. Con base en el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, mediante
Resolución 385 el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social de

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Colombia declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y adoptó medidas
para evitar la propagación.

3.3. Luego, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020,
advirtió que, pese a las medidas adoptadas, aumentaron los casos de contagio por
COVID-19 en Colombia y, por ende, declaró el estado de emergencia económica,
social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días, con el fin de
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus
COVID-19. A su vez, en el artículo 3 señaló que adoptaría todas aquellas medidas
«adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos,
así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a
cabo».

3.3.1. Interesa resaltar que, en la parte considerativa, el Decreto 417 señaló que
«resulta necesario autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de transferencias
monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los beneficiarios de
los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -·Colombia
Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA,
con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más
vulnerable del país por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la
Pandemia COVID-19».

3.4. La Organización Internacional del Trabajo, mediante comunicado del 18 de marzo
de 2020, advirtió sobre las repercusiones que tiene la pandemia sobre la economía y
el empleo, a saber: (i) la disminución de la cantidad de empleo (formal e informal); (ii)
la reducción de la calidad del trabajo, desde el punto de vista salarial y de protección
social, y (iii) los efectos especialmente graves frente a grupos específicos más
vulnerables. Por consiguiente, dicha Organización instó a los Estados a adoptar
medidas urgentes, dirigidas a (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus
familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii)
proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el
empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de
respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una
recuperación rápida y sostenida.

3.5. A su vez, en declaración conjunta del 27 de marzo de 2020, el presidente del
Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional señalaron lo siguiente: «Estamos en una situación sin
precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis
económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el
producto mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas
extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es
necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares
y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021»

3.6. En ese contexto de emergencia sanitaria y económica, mediante Decreto 444 del
21 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Mitigación de
Emergencias -FOME y dictó disposiciones en materia de manejo de recursos en el
marco de dicha emergencia. El mencionado fondo fue creado con la finalidad de
atender las necesidades de recursos para la atención en salud y los efectos adversos
generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe
brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

3.7. Por Decreto 458 de 2020, el Gobierno Nacional adoptó medidas para los hogares
en condición de pobreza, a saber: (i) autorizar la entrega de una transferencia
monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de
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los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor
y Jóvenes en Acción, y (ii) encargar al Departamento Nacional de Planeación de la
elaboración de un listado de los hogares o personas más vulnerables, que serían
beneficiarios de la compensación de IVA, de conformidad con el monto calculado por
el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).

3.7.1. Por Resolución 619 del 25 de marzo de 2020, el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social reguló la entrega de la transferencia monetaria no
condicionada, adicional y extraordinaria a las familias del programa familias en acción.
En lo que interesa, indicó que dicha transferencia sería entregada a «las familias
ACTIVAS en el Programa Familias en Acción, que se encuentren en los ESTADOS:
BENEFICIARIO, ESTADO ELEGIBLE INSCRITO y SUSPENDIDO; con excepción de
las familias en ESTADO RETIRADO o SUSPENDIDO POR FALLECIMIENTO».

3.8. Posteriormente, en el Decreto 518 del 4 de abril de 2020, el Gobierno Nacional
advirtió que si bien el Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 autorizó una transferencia
monetaria a favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección
Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) y Jóvenes en Acción, lo cierto es que hay
personas en situación de pobreza y vulnerabilidad que no están incluidas en estos
programas y cuyo mínimo vital se encuentra en riesgo por las circunstancias que
motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

3.8.1. Por consiguiente, el Gobierno Nacional creó el programa Ingreso Solidario,
«mediante el cual se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con
cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME en favor de las
personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean
beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor
• Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las
ventas - IVA, por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del
Estado de Emergencia».

3.8.2. Para efecto de materializar la entrega de la ayuda, el Decreto 518 señaló lo
siguiente:

(i) Que el Departamento Nacional de Planeación determinaría, mediante acto
administrativo, el listado de los hogares beneficiarios del programa Ingreso
Solidario, con inclusión de «los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema
y vulnerabilidad que estén registrados en el Sisbén y que cumplan con el criterio de
ordenamiento de Sisbén, para lo cual podrá hacer uso de los registros y
ordenamientos más actualizados de este Sistema no publicados, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el precitado acto administrativo y en el manual
operativo que para tal efecto emita la entidad».

(ii) Que, en todo caso, el Departamento Nacional de Planeación podía utilizar
fuentes adicionales de información para efecto de mejorar la focalización y ubicación
de las personas y hogares más vulnerables.

(iii) Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tomará como la única fuente
cierta de información de las personas beneficiarias del Programa Ingreso Solidario
la señalada por el Departamento Nacional de Planeación.

3.8.3. La Corte Constitucional, mediante sentencia del C-174 de 2020, declaró la
exequibilidad del Decreto 518 de 2020, por el cual se creó el programa Ingreso
Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica. La Corte consideró lo siguiente:
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[…] la utilización del SISBEN como instrumento principal para la individualización de los
destinatarios del programa es constitucionalmente admisible, puesto que se trata de la herramienta
estatal por excelencia para la focalización individual de los programas sociales del Estado, siendo
utilizado actualmente para identificar las personas que deben ser vinculadas al régimen subsidiado
de salud, y destinatarias de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), los subsidios de
sostenimiento y de la tasa de interés y la condonación de los créditos del ICETEX, la exención en
el pago de la cuota de compensación militar, el programa Atención Integral a la Primera Infancia
operado por el ICBF, los programas Vivienda Rural y de Generación de Ingreso y Desarrollo de
Capacidades Productivas del Ministerio de Agricultura, Ser Pilo Paga, Colombia Mayor, Familias en
Acción, Jóvenes en Acción, Empresa Rural del SENA, y Atención Humanitaria, entre otros.
Asimismo, esta herramienta ha sido readecuada y reconfigurada a lo largo del tiempo para asegurar
la correcta caracterización de la población colombiana y para minimizar los errores de inclusión y
exclusión. Esto explica que el Decreto 518 de 2020 haya permitido la utilización de la información
recabada y aún no publicada del SISBEN IV, en tanto esta nueva versión tiene un enfoque y una
metodología que permite hacer frente a las falencias del diseño anterior.

3.8.4. Por Resolución 1093 del 6 de abril de 2020, el Departamento Nacional de
Planeación estableció que para determinar los beneficiarios del programa Ingreso
Solidario se seguirían los siguientes lineamientos: (i) información del SISBEN y los
registros del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, del Ministerio
del Trabajo, del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Hacienda;
(ii) segmentación del listado de hogares bancarizados y no bancarizados, a partir de
cruces de información con la central de información TransUnión y de validación de
cuentas de depósito con entidades financieras, y (iii) coordinación con operadores de
telefonía celular para efecto de ubicar beneficiarios no bancarizados e implementar
una estrategia de bancarización digital, a través de números de telefonía celular.
Asimismo, fue adoptado un manual operativo.

3.9. De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que, en el marco de la emergencia
causada por la pandemia por COVID-19, el Gobierno Nacional ha creado ayudas
dirigidas a la población menos favorecida. En principio, las ayudas estuvieron
enfocadas a las personas incluidas en los programas de ayuda denominados Familias
en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Posteriormente, al advertir que no
todas las personas en situación de vulnerabilidad estaban incluidas en dichos
programas, el Gobierno Nacional creó el programa Ingreso Solidario, que consiste en
un auxilio monetario dirigido a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad
y que no hagan parte de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y
Colombia Mayor.

4. Respuesta al problema jurídico planteado

4.1. En el presente asunto, el DNP impugnó la decisión de primera instancia, con
fundamento en que no vulneró ningún derecho fundamental de la actora, por cuanto
su grupo familiar era beneficiario de Familias en Acción y, por lo tanto, esa
circunstancia la excluía del beneficio del programa social de Ingreso Solidario. Por su
parte, el municipio de Villavicencio reprocha que el a quo impartiera órdenes a ese
ente territorial, siendo que no violó derecho fundamental alguno de la demandante. La
demandante, sin embargo, alega que no se encuentra registrada como beneficiaria de
Familias en Acción.

4.2. El DNP sostuvo que, de conformidad con la información reportada por el DPS, el
hogar de la señora Ingrid Lorena Ochoa Castaño se identifica con la ficha No.
50001111745100002212. En esa misma ficha se encuentra reportada su menor hija y
el señor Marlon David Sánchez. El señor Sánchez está registrado como beneficiario
del programa Familias en Acción. A continuación, el correspondiente reporte:

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4.3. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que existe una justificación para que el
núcleo familiar de la señora Ochoa Castaño se excluya del programa social de Ingreso
Solidario, por cuanto uno de sus miembros se reporta como beneficiario del programa
Familias en Acción.

4.4. Es conveniente señalar que el nombre del integrante del núcleo familiar de la
actora, esto es, Marlon David Sánchez, coincide con el del correo electrónico que
aportó la señora Ochoa Castaño para efectos de notificaciones en el escrito de tutela:
marlondavidsanchez4@gmail.com.

4.5. Ahora, si bien el municipio de Villavicencio señala que no encontró a la
demandante como beneficiaria del programa Familias en Acción, lo cierto es que, a
diferencia del DNP, la información no se contrastó con todos los integrantes del grupo
familiar.

4.6. Con todo, la Sala no puede pasar por alto que con las impugnaciones del DNP y
del municipio de Villavicencio se demuestra que hicieron las verificaciones
correspondientes a efectos de determinar si la actora era beneficiaria de los
programas de Familias en Acción e Ingreso Solidario, que, en últimas, fue la orden
que impartió el juez de primera instancia respecto de esas autoridades.

4.7. Como quedó expuesto en los antecedentes de la presente acción de tutela, el
amparo por parte del a quo del derecho fundamental al mínimo vital de la señora Ingrid
Lorena Ochoa Castaño consistió en que se realizara la correspondiente verificación a
efectos de determinar si era beneficiaria de los programas sociales, entre ellos
Familias en Acción e Ingreso Solidario –respecto de los que fueron presentadas las
impugnaciones–, justamente porque para el momento en que se dictó esa decisión,
los informes rendidos no daban claridad al respecto.

4.8. Siendo así, aun cuando en las impugnaciones se proporcionó la información de
verificación a partir de la que es posible concluir que el núcleo familiar de la señora
Ingrid Lorena Ochoa Castaño es beneficiario del programa Familias en Acción y,
consecuentemente, no es posible que acceda al de Ingreso Solidario, no hay lugar a
revocar la decisión de primera instancia, precisamente porque en el marco de
competencias de las autoridades que impugnaron se encontraba hacer la verificación
y entrega de la información que se ordenó por parte del a quo.

4.9. Queda así resuelto el problema jurídico: la sentencia de primera instancia se
ajustó a derecho al amparar el derecho al mínimo vital de la señora Ochoa Castaño
frente al DNP y el municipio de Villavicencio, para efectos de que esas autoridades
verificaran si la actora y su menor hija eran beneficiarias del programa de Familias en
Acción y de Ingreso Solidario. En consecuencia, se confirmará la sentencia
impugnada.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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