Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2020-00927-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2020-00927-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2020-00927-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
8 de julio de 2022
Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 50001-23-33-000-2020-00927-01
Solicitante: JAIRO ANTONIO MORALES
Concejal acusado: WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ ESGUERRA
TESIS No incurre en causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de incompatibilidades e
inhabilidades quien, antes de ser elegido concejal,
fue fiscal de una junta de acción comunal.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante
en contra de la sentencia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual denegó la desinvestidura del
señor William Antonio Sánchez Esguerra, concejal del municipio de
Villavicencio, Meta, para el período constitucional 2020-2023.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada
El señor Jairo Antonio Morales presentó demanda de pérdida de
investidura en contra del señor William Antonio Sánchez Esguerra,
concejal del municipio de Villavicencio, Meta, para el período
constitucional 2020-2023, por incurrir en presunta violación al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses, para lo cual
invocó lo previsto en los numerales 1, 5 y 6 del artículo 48 de la Ley 617
de 2000, así como el numeral 3 del artículo 40 de la misma ley 617.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1
El actor informó que el señor Sánchez Esguerra fue elegido fiscal de la junta
de acción comunal del barrio Olímpico del municipio de Villavicencio, Meta,
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 30 de junio de
2020, según acta nro. 300 del 19 de julio de 2016, cargo que aceptó y
ocupa hasta la fecha de presentación de la solicitud de pérdida, ya que no
ha renunciado y el período se prorrogó hasta nueva orden en razón a la
pandemia del Covid-19.
Indicó que, con fundamento en el literal f, artículo 19, de la Ley 743 de
2002, a la junta directiva de las organizaciones comunales les corresponde
celebrar contratos y es función del fiscal ejercer el control y vigilancia de
todas las actuaciones y de los contratos celebrados por la junta de acción
comunal.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2020 00927 01.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
Aseveró que el 30 de abril de 2019 la mencionada junta celebró el Contrato
de Comodato nro. 1151 de 2019 con el municipio de Villavicencio para hacer
entrega de una cabina de sonido y complementarios a la JAC del barrio
olímpico y fortalecer el proceso de presupuesto participativo, conforme al
Plan de Desarrollo “UNIDOS PODEMOS”, aprobado por el concejo municipal
de Villavicencio.
Aludió que el 27 de julio de 2019 el señor William Antonio Sánchez
Esguerra, pese a estar incurso en la causal de inhabilidad descrita en el
numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, se inscribió como candidato
al concejo de Villavicencio por el Partido de la U, y manifestó bajo la
gravedad de juramento no estar inmerso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad, y así quedó consignado en el acto de inscripción de la lista
dirigida al registrador municipal.
Anotó que en las elecciones de autoridades locales que se llevaron a cabo
el 27 de octubre de 2019 el señor Sánchez Esguerra resultó elegido como
concejal de Villavicencio para el período 2020-2023 y tomó posesión del
cargo el 1 de enero de 2020, el cual ha ejercido sin interrupción alguna, y
también continuó ejerciendo el cargo de fiscal de la junta de acción comunal
hasta la fecha de presentación de esta demanda.
Acotó que el 28 de mayo de 2020, como miembro del concejo municipal de
Villavicencio, el señor William Antonio Sánchez Esguerra participó y aprobó
con su voto el Plan de Desarrollo del municipio de Villavicencio
“VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO”, donde se discutió y aprobó el
presupuesto participativo que beneficia directamente a las JAC, incluyendo
al barrio Olímpico, en el que se desempeña simultáneamente como fiscal,
con lo cual vulneró de manera flagrante el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, así como lo establecido por el artículo 127 Superior,
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo nro. 002 de 2004, que
prohíbe a los servidores públicos contratar con entidades públicas.
2.- Contestación del concejal acusado2
El señor William Antonio Sánchez Esguerra, actuando por conducto de
apoderado, se opuso a las pretensiones y como fundamentos de defensa
indicó:
Que, si bien fue elegido fiscal de la junta de acción comunal del barrio
Olímpico del municipio de Villavicencio, no es cierto que continúe siendo
parte de esa asociación social voluntaria, toda vez que el 18 de febrero de
2018 presentó renuncia irrevocable ante el presidente de la junta.
Expuso que, aunque como concejal votó el Plan de Desarrollo Municipal, no
presenta ningún tipo de inhabilidad, ni conflicto de interés, puesto que
ostentó el cargo de fiscal de la JAC hasta el 18 de febrero de 2018, por lo
que es erróneo que se indique que por votar un proyecto de acuerdo que
beneficia a toda la ciudadanía se genere un conflicto de intereses.
Sostuvo que el Plan de Desarrollo del Municipio de Villavicencio está dirigido
a todo el conglomerado social y las obras que puedan presentarse a partir
del mismo y que sean de ejecución en el barrio Olímpico no representan un
beneficio particular para él; por el contrario, se trata de un accionar de la
administración pública de carácter general, máxime cuando incluye a la
totalidad de la ciudadanía de Villavicencio; y tampoco acrecienta su
patrimonio o conlleva a sacar provecho propio, principalmente cuando cada
uno de los 19 concejales de dicho cuerpo colegiado tendría un conflicto
2
Ibídem.
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
directo de intereses al asumir que los proyectos planteados por la
administración municipal para los diferentes barrios de la ciudad le
generarían un beneficio personal a cada uno, desatendiendo el principio de
la administración pública del bien común.
En relación con la inhabilidad endilgada, indicó que, acorde con lo
establecido por los artículos 6 y 8 de la Ley 743 de 2002, las JAC tienen una
naturaleza cívica, por lo que, para ser parte de la misma, no es requisito
ser ciudadano en ejercicio, como sí lo es para aspirar al cargo de concejal.
Adicionalmente, que la única persona de una JAC que puede percibir
reconocimiento monetario es el representante legal, no los demás
dignatarios y, en su caso, ejerció el cargo de fiscal desde al año 2016 al
mes de febrero de 2018 de manera voluntaria y social.
Afirmó que quien tiene facultad legal para la celebración de algún tipo de
vínculo contractual es el representante legal de la junta, cargo que nunca
ostentó, por lo que no es posible endilgarle la celebración de contratos,
máxime cuando presentó renuncia al cargo el 18 de febrero de 2018; hecho
que está revestido de plena legalidad, toda vez que, acorde con el artículo
38 de la Ley 743 de 2002, son facultades de la asamblea general elegir o
remover a los dignatarios, más no aceptar la renuncia, por cuanto ello es
una manifestación de la voluntad unilateral.
Alegó que la Ley 743 de 2002 no contiene una regulación expresa frente al
trámite o los requisitos de la renuncia de los dignatarios de la junta de
acción comunal, por lo que, “(…) empleando la analogía jurídica, podemos
establecer que, existen dos vías legales a la cual se podría remitir, la
primera sería recurrir a lo establecido en el régimen legal o administrativo,
o en su defecto al régimen ordinario, el cual establece que la renuncia se
entiende efectiva a partir de su presentación, ahora bien para el caso de la
administración pública, será efectiva la renuncia, si después de transcurrido
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
un mes no existe pronunciamiento alguno, entendiéndose aceptada, como
así lo expone el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968 (…)”; y, en este caso,
se separó del cargo con una antelación de año y ocho meses previo a su
elección como concejal de Villavicencio, además que las personas
vinculadas a las JAC, por tratarse de una organización de carácter
voluntario, no son empleados públicos y se les aplica el régimen ordinario.
Manifestó que no ostentó el cargo de presidente o representante legal de la
JAC y fungió como fiscal hasta el 18 de febrero de 2018, lo que no lo
convierte en ordenador del gasto ni en titular de derechos dispositivos, y
renunció al cargo un año antes de su elección como concejal de
Villavicencio, por lo que no vulneró el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses.
Invocó como excepciones las que denominó: “Inexistencia de inhabilidad
para ser elegido concejal de Villavicencio” e “Inexistencia de conflicto de
intereses al votar el proyecto de acuerdo contentivo del Plan Municipal de
Desarrollo “Villavicencio Cambia Contigo 2020 – 2023”.
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta denegó la
desinvestidura del concejal acusado y como razones de la decisión se
apoyó en las siguientes3:
Comenzó por advertir que, aunque el apoderado de la parte actora incluyó
en el escrito de alegatos la causal de tráfico de influencias, la misma no
fue desarrollada en el escrito de la demanda y allí solo se invocó la
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y la de
3
Ibídem.
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conflicto de intereses, limitándose a enunciar los numerales 1, 5 y 6 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000; y como solo se retomó la causal del
numeral 5 en los alegatos, no sería analizada, toda vez que frente a ella
el demandado no había ejercido su derecho de defensa y contradicción.
Se refirió a la naturaleza de la acción de pérdida de investidura, a lo
señalado por esta Corporación sobre sus características relevantes4 y a
que se trata de un juicio de responsabilidad subjetiva, para luego
adentrarse en el examen de las causales invocadas en el caso concreto.
Expuso que, para el actor, estaba acreditado que el acusado violó el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades e incurrió en conflicto de
intereses, porque fue elegido fiscal de la JAC del barrio Olímpico de
Villavicencio en el año 2016 y nunca se separó del cargo, pese a
presentarse en las contiendas electorales como candidato al concejo de
Villavicencio y resultar elegido para el período constitucional 2020- 2023;
y en indebida celebración de contratos, porque intervino en el Contrato
de Comodato nro. 1151 de 2019 que fue suscrito con el municipio de
Villavicencio y sin separarse de la función de fiscal de la JAC votó el Plan
Municipal de Desarrollo “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO”.
No obstante, las argumentaciones expuestas por el actor, concluyó el
tribunal que las pretensiones debían ser denegadas, por las siguientes
razones:
Hizo referencia a las pruebas obrantes en el plenario y a las declaraciones
de terceros recibidas en el proceso para concluir que “(…) los testigos
VLADIMIR CONDE BAQUIRO (Presidente de JAC) y HÉCTOR
4
Para ello citó la sentencia del 17 de septiembre de 2019 proferida por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 01598 01 (PI).
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
BAQUERO GRASS (Vicepresidente) dan cuenta de una separación
material del cargo de FISCAL por parte de SÁNCHEZ ESGUERRA, en el
mes de febrero de 2018, éste último, aclara que el Presidente no rotó
dicho documento a la Junta Directiva de la JAC”. (Negrillas y mayúsculas
originales).
Resolvió la tacha de los testigos que formuló el apoderado de la parte
actora “sobre la base de que mienten a inducen a error, sobre la existencia
de la renuncia aludida”; y luego de mencionar lo que ha dicho esta
Corporación frente a la tacha y acerca de la valoración específica de
testigos sospechosos y tildados de pérdida de parcialidad y credibilidad5,
decidió lo siguiente:
“[…] destaca la Sala que la tacha propuesta por el [a]poderado
demandante no cuenta con la acreditación de las circunstancias que
afecten la credibilidad o imparcialidad de los testigos, pues más allá
de los argumentos relacionados con la posible falta a la verdad de los
testigos, lo cierto es que no militan en el proceso medios de prueba
que permitan desestimar las declaraciones de VLADIMIR CONDE
BAQUIRO y HÉCTOR BAQUERO GRASS, máxime cuando sus dichos
no ofrecen contradicciones entre sí, y por el contrario, son los
dignatarios de la JAC, y con la declaración solicitada por el
demandante, el testigo JORGE ALBERTO PÉREZ GARCÍA, reconoce
la existencia de divergencias y dificultades entre los miembros de la
Junta Directiva de la JAC del BARRIO OLÍMPICO, y su relación sobre
su conocimiento sobre una renuncia al cargo de FISCAL, puesta de
presente en una vista de ASOJUNTAS, en el año 2020, requiriendo
a los directivos, de prestar atención a las irregularidades que agobian
a la Junta.
Si bien el demandado WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ ESGUERRA,
figura en los actuales registros de la DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA como FISCAL de la JAC del
BARRIO OLÍMPICO, y que a la fecha no se ha reportado cambio
alguno en la conformación de los dignatarios de la dicha [a]sociación,
también lo es, que él presentó oportunamente su renuncia, el 18 de
febrero de 2018, tal como lo corrobora el PRESIDENTE de la JAC y
los testimonios de CONDE BAQUIRO y HÉCTOR BAQUERO ubican
la última gestión de SÁNCHEZ ESGUERRA, en la JAC., en el mes de
5
Para lo cual citó la providencia del 19 de septiembre de 2019. Expediente radicación nro. 25000
23 42 000 2016 02966 01.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
abril de 2017, en una actividad dirigida a los niños del sector, y no se
cuenta en el expediente digital, con elementos que determinen que
haya realizado gestión alguna con posterioridad a su renuncia de
febrero de 2018, y contrario a lo indicado por el apoderado del
demandante, no se aprecia ninguna intervención de SÁNCHEZ
ESGUERRA durante el año 2019, ejerciendo funciones como FISCAL,
ni es posible concluir que éste estuviera presente en las visitas de
acompañamiento de ASOJUNTAS27, ni en ninguna actividad que
hayan relacionado los [d]ignatarios que rindieron testimonio en el
proceso.2
Aunado a ello, los testimonios dan luces sobre múltiples falencias en
las gestiones de la JUNTA DIRECTIVA de la JAC, y particularmente
del PRESIDENTE de la Asociación, ello no implica que sus dichos
sobre los hechos de la renuncia, pierdan credibilidad per se, máxime
cuando analizado en contexto, la narrativa de VLADIMIR CONDE
BAQUIRO más que beneficiar al demandado, al indicar que si existe
una renuncia al cargo de FISCAL, desde el mes febrero de 2018, y
acepta no haber dado el trámite administrativo correspondiente, como
es, el poner en conocimiento de la JUNTA DIRECTIVA, la renuncia
del FISCAL, y posteriormente, solicitar ante la DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, la declaratoria de vacancia del
cargo de Fiscal, y por último, convocar a nombramiento del nuevo
[d]ignatario.
Las declaraciones recepcionadas permiten concluir que existen
divisiones al interior de la Junta, como lo resalta el señor, JORGE
ALBERTO PÉREZ GARCÍA, representante de ASOJUNTAS, y como
lo arguye CONDE BAQUIRO, es el único que cumple con sus
funciones, de manera afectiva. Además, la falta de gestión del
PRESIDENTE de la JAC., y el trámite de guardar la carta de renuncia
en su archivo, situación que puede deberse a las dificultades al interior
de la Asociación, las cuales fueron puestas de presente por el testigo
JORGE PÉREZ GARCÍA, quien informa que la gestiones al interior de
la Asociación comunitaria, son complejas, confusas y marcadas por
divisiones y falta de consensos (…)”.
Frente a la presentación del escrito renuncia analizó lo siguiente:
“(…) el documento presentado por el señor WILLIAM ANTONIO
SÁNCHEZ ESGUERRA para separarse del cargo fue signado por el
demandado, y recibido por el testigo CONDE BAQUIRO, quien funge
como PRESIDENTE de la JAC., del BARRIO OLÍMPICO, el 18 de
febrero de 2018, quien no le dio trámite al mismo, guardándolo en su
archivo personal.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
De conformidad con los Estatutos de la JAC., del BARRIO
OLÍMPICO, corresponde a la ASAMBLEA o en su defecto, a la JUNTA
DIRECTIVA aceptar la renuncia de sus dignatarios, el PRESIDENTE,
solicita a la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
declaratoria de vacancia del cargo, y de manera preferente, realizar
la convocatoria a ASAMBLEA, como lo señala el art. 17., para la
designación de los dignatarios, entre los que se encuentra el cargo de
FISCAL (…).
(…)
Lo anterior permite afirmar que si bien no se cuenta con un
procedimiento específico para el trámite de las renuncias, si existen
en los Estatutos elementos para definir que en el asunto, debió
convocarse a la ASAMBLEA GENERAL para la designación de un
nuevo FISCAL para la JAC., procediendo en el mismo acto, a aceptar
la renuncia al cargo presentada por el aquí demandado. Adicional a
ello, puede establecerse que dicho trámite hace parte de las funciones
del PRESIDENTE de la JAC., quien debe reportar este cambio a
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y en caso de
incumplimiento en sus funciones, podrían verse inmersos en
conductas investigables y sancionatorias por la Entidad de
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL de la [a]sociación,
conforme lo determina el art. 2.3.2.2.6, del Decreto 1066 de 2015,
como quiera que según el art. 2.3.2.2.8., la violación a las normas
consagradas en la Constitución Política, la Ley y los Estatutos de las
correspondientes organizaciones comunales, serán objeto de
investigación y sanción, irregularidad administrativa que no se le
puede achacar al demandado, quien cumplió con presentar su
renuncia.
Ahora bien, para la Sala no es necesario solicitar la exhibición del
documento original de renuncia, dado que existen elementos
documentales y testimoniales que dan cuenta del reconocimiento
tanto de la elaboración del documento, como de su recepción, por
parte del PRESIDENTE de la JAC., CONDE BAQUIRO, quien bajo la
gravedad del juramento así lo aceptó.
Pide el Apoderado del demandante se realice un experticio respecto
del documento de renuncia del demandado a la JAC., pero este no es
el momento procesal procedente para tal petición probatoria, además,
se limita a sostener que serviría para conocer la autenticidad del
documento, sin ofrecer argumentos contundentes de fondo sobre su
censura, pero como ya se dijo, dicho documento fue presentado por
quien lo expidió y su recepción aceptada en su testimonio, por parte
del PRESIDENTE de la JAC., VLADIMIR CONDE BAQUIRO”.
Acerca de la solicitud compulsa de copias expuso:
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
“También pide se compulse copias a la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN para que se investiguen las posibles conductas punibles en
que incurrieron tanto el demandado como los testigos VLADIMIR
CONDE BAQUIRO y HÉCTOR BAQUERO GRASS, advierte la Sala
que no resulta procedente acceder a ello, como quiera que, de un lado,
no se evidencia con claridad meridiana la comisión de conductas
punibles por parte de los antes referidos, y si bien puede identificarse
falencias y yerros en el trámite administrativo por parte del
PRESIDENTE de la JAC, del BARRIO OLÍMPICO de
VILLAVICENCIO, lo cierto es que esa situación no parece constituir
compromiso penal al señor CONDE BAQUIRO.
Sin embargo, le asiste al demandante y su apoderado, la posibilidad
de presentar las denuncias que considere pertinentes, y así puede
hacer, en caso de contar con elementos que sean indicativos de la
comisión de conductas punibles, en consecuencia, no se accederá a lo
peticionado.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
Respecto de la indebida celebración de contratos, sostuvo que quedó
probado que la JAC del barrio Olímpico celebró el 30 de abril de 2019 un
contrato de comodato con el municipio de Villavicencio, el cual fue suscrito
por el señor Héctor Baquero Grass en calidad de representante autorizado
por la junta directiva y que, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado6,
tanto para la gestión de negocios como para la celebración de contratos, es
indispensable que el demandado haya desarrollado acciones efectivas que
determinen su participación real en la gestión negocial o contractual, dado
que solo podrá atribuírsele la comisión de dicha causal, a quien se le
demuestre su intervención material en la actividad censurada.
Anotó que, acorde con lo previsto por el artículo 27 de la Ley 743 de 2002,
el fiscal no hace parte de la junta directiva de la JAC ni es su representante
legal, ya que quienes pueden representarla son el presidente y el
vicepresidente, que intervienen en una determinada gestión de negocios o
contractual, por lo que el acusado no estaba facultado para la celebración
de contratos; y que, en todo, caso, en los medios de prueba aportados al
6
No se observa referencia alguna a la providencia citada en comillas.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
proceso, no existe evidencia de su intervención en la celebración de
contratos a favor de la JAC., pues quien suscribió el contrato de comodato
fue el vicepresidente.
Por último, respecto a la presunta existencia de un conflicto de intereses
por haber participado en la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal
“Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023”, dijo lo siguiente: “(…) como
quiera que desvirtuada la relación material del demandado con la JAC., del
BARRIO OLÍMPICO, e incluso su no residencia en ese sector30, es claro
que no se aprecia una motivación, pretensión de beneficio o ganancia
personal o para terceros, como fruto de la votación del PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023, pues se trata de un proyecto
encaminado a responder a las necesidades generales de la ciudad, y aunque
garantice beneficios para Asociaciones cívicas y sociales como la JAC., del
BARRIO OLÍMPICO, ello no implica que el demandado pueda perseguir u
obtener un beneficio directo, que conforme a la jurisprudencia del CONSEJO
DE ESTADO, consolide la causal de conflicto de intereses”. (Negrillas y
mayúsculas originales).
Conforme con lo anterior, concluyó que no estaban reunidos los elementos
objetivos constitutivos de causal de pérdida de investidura y negó las
pretensiones de la demanda.
4.- El recurso de apelación presentado por el solicitante
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, el solicitante de la pérdida de investidura
interpuso recurso de apelación, pidiendo que fuera revocada la providencia
proferida por el a quo, para lo cual expuso7:
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
“[…] [la] Sala Plena decide NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA, dándoles SOLO Y PLENA CREDIBILIDAD a un
Documento, que fue aportado en FOTOCOPIA Y ESCANEADO, más
NO EN FISICO, para su respectivo estudio y experticio, igualmente a
los testimonios de los señores VLADIMIR CONDE BAQUIRO,
identificado con la cédula (…) en su calidad de presidente de la Junta
de Acción Comunal del Barrio Olímpico de Villavicencio y HECTOR
BAQUERO GRASS identificado con (…)en su calidad de Vice
Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico de
Villavicencio, quienes durante la CAMPAÑA ELECTORAL del aquí
demandado lo acompañaron en su aspiración y es por eso, que en
dicha localidad el señor SANCHEZ ESGUERRA, obtuvo la más alta
votación, colocando en DESVENTAJA a los demás aspirantes a dicha
Corporación, desconociendo la Sala Plena que las INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES que tienen como objetivo primordial
lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y
eficacia de la labor de quienes van a ingresar a desempeñar
empleos públicos garantizando de esta forma la prevalencia de
los intereses generales de la comunidad sobre los personales
del aspirante.
HECHOS QUE HAY QUE RESALTAR Y QUE SE ENCUENTRAN
PROBADOS EN EL PROCESO E INCONFORMIDADES CON LA
DECISION
PRIMERO. PRIMER CARGO. El Señor WILLIAM ANTONIO
SÁNCHEZ ESGUERRA, cuando se inscribió para candidato al
CONCEJO DE VILLAVICENCIO, elegido y posesionado fungía como
FISCAL de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL del BARRIO
OLÍMPICO de VILLAVICENCIO.
Al respecto debo manifestarles señores Magistrados que se encuentra
PLENAMENTE PROBADO Y DEMOSTRADO, que el demandado
señor WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ ESGUERRA, FUNGIO como
FISCAL de la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico de
Villavicencio de acuerdo a la CERTIFICACION No. 206 del veinticinco
(25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) expedida por el doctor
GUSTAVO ADOLFO BASTO FORERO en su calidad de Director de
Participación Ciudadana de Villavicencio, ente encargado de vigilar,
supervisar y donde se encuentran registrados los nombres de todos y
cada uno de los integrantes o dignatarios de una junta de acción
comunal en el Municipio de Villavicencio. Es decir, que AUN SIENDO
CONCEJAL ELEGIDO Y POSESIONADO, continuó ejerciendo dicho
cargo.
Pese a lo anterior, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta,
decide sin mayor ARGUMENTACION, darle TODA LA
CREDIBILIDAD a una misiva del 18 de febrero de 2018, donde
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SUPUESTAMENTE el aquí encartado presentó su renuncia al cargo
de FISCAL, manifestando de buena fe, su deseo, intención y
conocimiento inequívoco de separarse del cargo, la que fuera
entregada al PRESIDENTE de la JAC., del BARRIO OLÍMPICO,
documento, que fue aportado por el demando (sic) en la contestación
de la demanda.
Lo curioso de dicho DOCUMENTO, es que el mismo (documento)
SOLO APARECIÓ, con posterioridad a la radicación de la demanda
de Pérdida de Investidura instaurada por mi mandante, HECHO que
no fue tenido en cuenta ni por la Magistrada Ponente, ni mucho menos
por la Sala Plena de Tribunal Administrativo del Meta, igualmente que
el mismo fue aportado en copia escaneada y no en original, para
CORROBORAR la autenticidad del mismo y la fecha de su elaboración
y suscripción.
De otro lado el suscrito, no entiendo porqué dicho DOCUMENTO no
reposaba en los archivos de la Oficina de la Junta de Acción Comunal
y si reposaba en el archivo personal del Presidente de la Junta de
Acción Comunal del Barrio Olímpico de Villavicencio; igualmente,
porque MOTIVO, RAZÓN O CIRCUNSTANCIA, el señor VLADIMIR
CONDE BAQUIRO, en su calidad de Presidente de la Junta de Acción
Comunal en mención NO LO DIO A CONOCER a los demás miembros
de la junta de acción comunal, cuando pasaron más de tres (3) años
de la supuesta RENUNCIA, prueba de ello, es el testimonio del señor
HECTOR BAQUERO GRASS Vice Presidente de dicha Junta de Acción
Comunal quien manifestó en la declaración juramentada, que EL
CONOCIO de la existencia de dicho documento por OIDAS, MAS NO
PORQUE LO HUBIERA CONOCIDO FÍSICAMENTE.
Con la actuación de LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, se está INCURRIENDO en una clara
VIA DE HECHO por DEFECTO FACTICO Y PROCEDIMENTAL, si
tenemos en cuenta que tanto la Magistrada Ponente como los demás
integrantes de la Sala Plena del Tribunal Administrativo, se
ABSTUVIERON de ORDENAR tanto la compulsa de copias, como la
solicitud del original de dicho documento, es decir desconocieron mi
solicitud de investigar la legalidad y autenticidad del mismo
VIOLANDOSE DE MANERA CLARA el Debido Proceso.
Igualmente, y según lo manifiesta el demandado, dentro de la
SUPUESTA RENUNCIA, la misma la presenta a partir del 28 (sic) de
febrero del 2018, fecha en la cual haría entrega del cargo, pero NO
EXISTE DOCUMENTO ALGUNO que acredite que EFECTIVAMENTE
se realizó la entrega del cargo por parte del señor SANCHEZ
ESGUERRA.
(…)
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Atendido lo anterior señores Magistrados, si la información que reposa
en la Oficina de la Dirección de Participación Ciudadana de
Villavicencio NO HA SIDO ACTUALIZADA por más de tres (3) años,
es precisamente porque no existía ninguna novedad para actualizar la
misma, es decir que NO EXISTIA DOCUMENTO ALGUNO que diera
cuenta de la supuesta RENUNCIA al Cargo de FISCAL del señor
WILLIAM ANTONIO SANCHEZ ESGUERRA.
Igualmente, para la Sala fue suficiente el hecho que el presidente de
la junta de acción manifestara que él había recibido el documento
donde se registraba la supuesta renuncia del fiscal de dicha junta y
que no lo había entregado ni dado a conocer a los demás integrantes
de la junta, ya que lo tenía en su poder, hecho, que demuestra que la
Sala no está SIENDO IMPARCIAL, OBJETIVA NI NEUTRAL, ya
como lo he venido sosteniendo solo le está dando credibilidad a lo
manifestado por el Presidente de dicha Junta, DESCONOCIENDO LA
IMPORTANCIA, VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE VILLAVICENCIO, con lo cual se
está configurando una clara VIA DE HECHO POR DEFECTO
FACTICO Y PROCEDIMENTAL en la cual está incurriendo la SALA
PLENA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META.
SEGUNDO. COMPULSA DE COPIAS. Para la Sala, el hecho que el
Señor VLADIMIR CONDE BAQUIRO, hubiera ocultado o
manteniendo guardando en su archivo personal por más de tres (3)
años, un documento tan importante como era la supuesta RENUNCIA
del señor WILLIAM ANTONIO SANCHEZ ESGUERRA, al cargo de
FISCAL de la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico de
Villavicencio no evidencia un hecho punible, pero acepta la Sala que
existieron yerros y falencias en el trámite administrativo por parte del
señor CONDE BAQUIRO pero que esa situación no parece constituir
un compromiso penal del señor CONDE BAQUIRO. Respeto la óptica
con que la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta está
analizando dicha actuación, más no la comparto, ya que como lo he
venido manifestando, los integrantes del Tribunal no están siendo
objetivos, imparciales ni neutrales.
(…)
Aunado a lo anterior, tenemos que el señor HÉCTOR BAQUERO
GRASS en su calidad de VICEPRESIDENTE de la JUNTA DE
ACCION COMUNAL sobre la existencia del documento de renuncia,
manifestó que el Presidente de la Junta le había comentado que el
FISCAL había renunciado al cargo, en el mes de febrero de 2018,
pero que él, no conoce el texto ni el mismo se ha presentado a la Junta
ni en la Asamblea. Esta respuesta resulta curiosa y contradictora, con
relación al testimonio rendido por el Señor VLADIMIR CONDE
BAQUIRO, ya que éste apoderado, no entiende como un documento
de la importancia como lo es la RENUNCIA de un DIGNATARIO NO
SE COMUNICA O INFORMA A LOS DEMAS DIGNATARIOS, pero
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según la Sala, este hecho no es relevante, y los testimonios rendidos
por los señores CONDE BAQUIRO Y BAQUERO GRASS son
ADECUADOS, IDEALES Y CONVICENTES (sic) y suficientes para
desestimar las pretensiones de la demanda y las mismas SER
NEGADAS.
(…)
Ahora bien, manifiesta la Sala, que “le asiste al demandante y su
apoderado, la posibilidad de presentar las denuncias que considere
pertinentes, y así puede hacer, en caso de contar con elementos que
sean indicativos de la comisión de conductas punibles, en
consecuencia, no se accederá a lo peticionado”, desconociendo y
sustrayendo a la responsabilidad que tiene toda persona de
denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga
conocimiento y que deban investigarse de oficio. Igualmente,
con su actuación, desconoce la Sala lo normado en el inciso segundo
del artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que ordena: “El
servidor público que conozca de la comisión de un delito que
deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si
tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá
inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad
competente”.
(…)
TERCERO. INTERVENCIÓN DEL DEMANDADO EN EL CONTRATO
DE COMODATO No. 1151/2019
Como se ha venido manifestando, el aquí encartado, siendo FISCAL
de la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico de Villavicencio
participó manera indirecta en la firma del CONTRATO DE
COMODATO No. 1151/2019 suscrito entre el Municipio de
Villavicencio y la Junta de Acción Comunal del Barrio Olímpico de
Villavicencio.
Dentro de las funciones del señor WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ
ESGUERRA, en su calidad de FISCAL de la junta de acción Comunal
del barrio Olímpico de Villavicencio está la de vigilar que el
Presidente(a) y el Tesorero(a) gestionen y tramiten
oportunamente los contratos o convenios asignados a la junta
de acción comunal, significa lo anterior honorable Magistrada y
demás integrantes del Tribunal Administrativo del Meta, que el señor
SÁNCHEZ ESGUERRA, si ejerció alguna actuación sobre el
mencionado CONTRATO DE COMODATO No. 1151/2019, porque
en ejercicio de sus funciones EJERCICIO (sic) LA VIGILANCIA DEL
TRÁMITE OPORTUNO DEL MISMO.
Para que se configure dicha inhabilidad, no se hace NECESARIO que
dicho ciudadano participe directamente en la suscripción del contrato,
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sino que INTERVENGA EN SU TRAMITE O GESTION, y para el caso
que nos ocupa, el señor WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ ESGUERRA
en su condición de fiscal de la Junta de Acción Comunal del Barrio
Olímpico VIGILÓ EL TRAMITE del CONTRATO DE COMODATO No.
1151/2019, suscrito entre la alcaldía de Villavicencio y la Junta de
Acción Comunal del barrio Olímpico.
CUARTO. INCOMPATIBILIDAD. DESEMPEÑAR CARGO PÚBLICO
O PRIVADO.
El Señor WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ ESGUERRA, y tal como se
desprende de la CERTIFICACION No. 206 del Veinticinco (25) de
mayo de dos mil veintiuno (2021) expedida por el doctor GUSTAVO
ADOLFO BASTO FORERO en su calidad de DIRECTOR DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE VILLAVICENCIO, ente
encargado de vigilar, supervisar y donde se encuentran registrados
los nombres de todos y cada uno de los integrantes o dignatarios de
una junta de acción comunal en el municipio de Villavicencio. Es decir,
que AUN SIENDO CONCEJAL ELEGIDO Y POSESIONADO,
continuó ejerciendo dicho cargo al ejercer simultáneamente el cargo
de concejal de Villavicencio y fiscal de la junta de acción comunal del
Barrio Olímpico de Villavicencio, VIOLA dicha norma, que es una
INCOMPATIBILIDAD y por ende su VIOLACION es causal para que
se decrete la pérdida de investidura por parte de éste Tribunal, de
conformidad con lo ordenado en el numeral 1º del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, en concordancia con el Artículo 183 numeral 1º de
la Constitución Política de Colombia.
El ejercicio de un CARGO O EMPLEO PÚBLICO no tiene salvedad
alguna, es decir no se hace NECESARIO que el mismo sea
REMUNERADO o NO, el mismo sea con una ENTIDAD CON ANIMO
DE LUCRO O SIN ÁNIMO DE LUCRO, la INCOMPATIBILIDAD
hace referencia o tiene relación es con EJERCER O DESEMPEÑAR EL
CARGO DE CONCEJAL DE VILLAVICENCIO Y EL CARGO DE
FISCAL DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO
OLIMPICO DE VILLAVICENCIO.
(…)
PRETENSIONES
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Sección Primera del
Honorable Consejo de Estado REVOCAR LA SENTENCIA ATACADA
y se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA como CONCEJAL
DE VILLAVICENCIO del señor WILLIAM ANTONIO SÁNCHEZ
ESGUERRA e IGUALMENTE SE ORDENE LA COMPULSA DE
COPIAS para que la FISCALIA GENERAL DE LA NACION investigue
a los señores VLADIMIR CONDE BAQUIRO y HECTOR BAQUERO
GRASS, por un Presunto FRAUDE PROCESAL, FALSO
TESTIMONIO y FALSEDAD EN DOCUMENTO.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
El recurso de apelación fue concedido por auto del 7 de julio de 20218.
5.- Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 29
de julio de 20219 y por auto del 12 de agosto del mismo año se admitió
el recurso de apelación10.
5.2. El proceso ingresó para fallo el 23 de agosto de 202111.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200012, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
8
Ibídem.
9
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2020 00927 01.
10
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2020 00927 01.
11
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 50001 23 33 000 2020 00927 01.
12
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
de marzo de 201913 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones14.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor William Antonio Sánchez Esguerra fue elegido
concejal del municipio de Villavicencio, Meta, para el período
constitucional 2020-2023, el actor aportó copia del formulario E-26
CON15, donde consta que se declararon electos como concejales de dicho
municipio del departamento del Meta para el citado período, entre otros,
el señor Sánchez Esguerra, y no se discute que haya tomado posesión del
cargo.
Por lo tanto, el concejal acusado es sujeto pasivo de la presente acción
de pérdida de investidura.
3.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente16:
3.1. Se aportó el oficio nro. 1451-17-12/1405 el 15 de noviembre de 2019
suscrito por la directora de participación ciudadana de la Secretaría de
Gestión Social y Participación Ciudadana del municipio de Villavicencio,
13
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
14
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
15
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. . 50001 23 33 000 2020 00927 01.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. . 50001 23 33 000 2020 00927 01.
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
dirigido a la señora María Cristina Romero Vigoya, en el que indica: “(…)
en atención a la solicitud id 803 de fecha 15 de noviembre de 2019, me
permito informar que una vez revisado el expediente documental se
encontró lo requerido por consiguiente adjunto al presente la
documentación así: Certificado de dignatarios 572 de fecha 15 de
noviembre de 2019 (01 folio) (…)”.
En la certificación nro. 572 la directora de Participación Ciudadana y
Comunitaria de la alcaldía de Villavicencio consta que:
“[…] revisados los archivos de la Dirección de Participación Ciudadana
de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana de la
Alcaldía de Villavicencio, se encontró según Auto N[r]o. 300 del 19 de
julio de 2016, los dignatarios para el período comprendido entre el 01
de julio de 2016 al 30 de junio de 2020 de la entidad sin ánimo de
lucro denominada JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO OLÌMPICO
del municipio de Villavicencio, con personería jurídica Resolución
N[r]o. 22 del día 18 de [e]nero de 1972 son las siguientes personas:
(…)
CARGO NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO DE IDENTIDAD FECHA ELECCIÓN
FISCAL WILLIAM S[Á]NCHEZ (…) 10 [d]e julio de 2016
[…]”. (mayúsculas originales)
3.2. Así mismo, el director de Participación Ciudadana de la alcaldía de
Villavicencio remitió, con destino al proceso, la certificación nro. 420
expedida el 23 de diciembre de 2020, en la que consta:
“[…] EL DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA ALCALDÍA DE
VILLAVICENCIO
CERTIFICA:
En conformidad a la solicitud allegada mediante correo electrónico, de
fecha 18 de diciembre de 2020 a esta Dirección, se emite la
certificación fundamentada en:
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
Que de acuerdo al Auto N[r]o. 1162 de fecha 08 de octubre de 2020
los dignatarios de la entidad sin ánimo de lucro denominada JUNTA
DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO OLÍMPICO, con personería jurídica
N[r]o.22 del día 18 de enero de 1972 son los siguientes que a
continuación se mencionan:
(…)
CARGO NOMBRE Y APELLIDO NÚMERO DE IDENTIDAD FECHA ELECCIÓN
FISCAL WILLIAM ANTONIO S[Á]NCHEZ ESGUERRA (…) 10 [d]e julio de 2016
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
3.3. El director de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión
Social y de Participación Ciudadana del municipio de Villavicencio, informó
el 29 de enero de 2021 lo siguiente con destino a la presente acción:
“[…]
En atención a requerimiento, con el fin de aportar material probatorio
al expediente 50001- 23- 33- 000- 2020- 00927-00 adelantado por el
honorable Tribunal Administrativo del Meta, la Dirección de
Participación Ciudadana se permite remitir la siguiente
documentación:
1. Con relación a los Estatutos de la organización comunal denomina
(sic) JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO OLÍMPICO, no se
evidencia el registro respectivo ante la entidad que ejerce
inspección, vigilancia y control, según lo establece la Ley 743 de
2002 art. 18 y Decreto 2350 de 2003 art. 10.
2. La Dirección de Participación Ciudadana en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 890 de 2008 art. 7 numeral 7 se permite
remitir para su conocimiento el certificado de [r]epresentación
legal y cuadro de dignatarios de la Junta de Acción Comunal del
Barrio Olímpico con personería jurídica 022 del 18 de (sic) de 1972.
(anexo1).
3. Lo referente a las funciones del cargo de fiscal, como bien se
manifestó los [e]statutos de la organización comunal no reposan
en el expediente, aun así en procura de brindar una orientación
sobre las funciones que atañen al fiscal de una organización
comunal de primer grado, en la página de la alcaldía de
Villavicencio- participación ciudadana- juntas de acción comunal
reposa un modelo de estatutos ajustados a la ley comunal, guía
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
para quienes deben realizar una actualización a los estatutos o en
su defecto su aprobación por [a]samblea [g]eneral de afiliados,
básicamente son:
FUNCIONES: el fiscal cumplirá las siguientes funciones:
a. Constatar que el recaudo y cuidado de los dineros y bienes de
la junta se registre en los respectivos libros, así como velar por
su correcta utilización.
b. Vigilar que el presidente y el tesorero cobren oportunamente
los aportes y donaciones que le confieran a la junta y que la
inversión de los mismos se haga conforme a la ley y a las
decisiones de los órganos competentes.
c. Rendir informes a la asamblea en cada reunión ordinaria y a la
directiva cada vez que se reúnan según lo establecido en el
artículo 33 de los presentes estatutos; sobre la vigilancia del
recaudo, cuidado, manejo e inversión de los bienes que
conforman parte del patrimonio de la junta y denunciar ante la
Comisión de Convivencia y Conciliación o ante las autoridades
administrativas o judiciales las irregularidades que se observen
en el manejo patrimonial de la junta.
d. Solicitar informes escritos al [p]residente y demás dignatarios
de cada trimestre.
e. Velar porque el cuadro de dignatarios esté completo e informar
al [p]residente para la respectiva convocatoria.
f. Revisar como mínimo trimestralmente, los libros, registros,
comprobantes, soportes contables, cheques y demás órdenes
de egresos de dinero, para lo cual observará que las
autorizaciones se hayan otorgado por el órgano o dignatario
competente en debida forma y que los documentos reúnan los
requisitos de ley.
g. En caso de presentar renuncia, ser removido del cargo, salga
del territorio de la junta, adquiera incapacidad para ejercer el
cargo, o al culminar su período deberá hacer entrega a quien
se designe para su reemplazo, o al culminar su período en un
plazo no superior a un (1) mes.
[…]”.
3.4. Con la contestación a la solicitud de desinvestidura, el acusado aportó
copia de la renuncia al cargo de fiscal que, según indicó, presentó el 18
de febrero de 2018, documento que fue tachado de falso por la parte
actora y en el auto que abrió a pruebas el proceso, proferido por el
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
magistrado de conocimiento el 11 de mayo de 2021, se resolvió sobre
dicha tacha desestimándola, bajo los siguientes argumentos:
“(…) En el presente caso no se cumplen con ninguno de los requisitos para
la procedencia de la tacha de falsedad, como quiera que la misma se dirige
contra un documento que no se atribuye en nada, a la parte demandante,
pues se trata de una carta de renuncia y su recibido, que datan
presuntamente del 18 de febrero de 2018, acto en el que no interviene el
demandante de ninguna forma. Además pese a los señalamientos del
libelista, no se explica de manera clara la forma en que se presentó o
materializó la falsedad, refiriéndose únicamente a conjeturas sobre
falsedad ideológica, en que podría incurrirse con dicha prueba”, decisión
que quedó en firme. El documento aportado es el siguiente:
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3.5. Está acreditado que el 30 de abril de 2019 se celebró el contrato de
comodato nro. 1151 de 2019 entre el jefe de la oficina de contratación
del municipio de Villavicencio, Meta, y la junta de acción comunal del
barrio Olímpico representada por el señor Héctor Baquero Grass, “de
conformidad a la autorización suscrita por la junta directiva el 31 de marzo
de 2019”.
3.6. Según acta nro. 083 del 28 de mayo de 2020, en dicha fecha se
reunió de forma extraordinaria el concejo municipal de Villavicencio,
sesión a la que asistió el concejal William Antonio Sánchez Esguerra, y en
la que se aprobó en segundo debate el Plan de Desarrollo
“VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023”, adoptado mediante el
Acuerdo nro. 410 del 28 de mayo de 2020.
3.7. Con ocasión de la solicitud que hizo el Procurador Judicial II en el
sentido que se recibiera: “(…) declaración de VLADIMIR CONDE,
HÉCTOR BAQUERO y AMPARO RIOS. O en su lugar quienes hubieran
sido para el 2019 y 2020 presidente, vicepresidente o secretario general
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO OLÍMPICO. // El
objeto de la prueba es conocer cabalmente el rol eventual del señor
demandado en la práctica, en su cargo en la JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO OLÍMPICO, presuntamente en los años 2018,
2019 y 2020 (…)”, (negrillas y mayúsculas originales), en el auto que
abrió a pruebas el proceso se ordenó recibir tales declaraciones.
La audiencia de pruebas se practicó por el a quo el 26 de mayo de 2021
y allí se recibieron las declaraciones ordenadas, excepto la de la señora
Amparo Ríos. Los testigos manifestaron:
El señor Jorge Alberto Pérez García informó que era presidente de la
asociación de juntas de acción comunal de la comuna nro. 5 y en el año
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2016, mediante el auto nro. 300, se inscribió la junta del barrio Olímpico
y se allegó el auto en el cual figura el señor William Antonio Sánchez
Esguerra en el cargo de fiscal; que posteriormente, en la pandemia,
cuando por decreto presidencial se ampliaron los períodos de las juntas
de acción comunal y de toda la organización, la Oficina de Control y
Vigilancia, que es la encargada de registrar todos los actos y darles el
valor jurídico a la organización comunal, expidió el auto 1162 del 8 de
octubre de 2020, donde consta quiénes son los dignatarios y la ampliación
de sus períodos; que en ese auto sigue figurando el señor Sánchez
Esguerra como fiscal de la junta de acción comunal del barrio Olímpico.
El testigo explicó que el artículo 34 de la Ley 743, que rige la organización
comunal, es claro en indicar quiénes son los dignatarios y como son
escogidos, y que no se tiene fecha de elecciones hasta nueva orden, por
lo que se atienen a lo que consta en la Oficina de Control y Vigilancia
acerca de quiénes son los dignatarios de cada organismo. Insistió en que,
según consta en dicho ente, el señor Sánchez figura como fiscal de la
junta de acción comunal del barrio Olímpico. Agregó que en la primera
visita que hizo más o menos en el mes de febrero o marzo de 2020 no se
dio a conocer esa renuncia, y que en la segunda visita se le informó de
dicha renuncia pero que jamás la vio; que ese informe lo dieron de
manera verbal. Indicó que él atiende 63 juntas de acción comunal y que
los respectivos registros quedan en cada junta de acción comunal. Precisó
que la función primordial del fiscal es que se cumplan las normas tanto
comunales como legales, las cuales están descritas en la Ley 743 y en los
estatutos de cada junta de acción comunal.
Preguntado por el apoderado del concejal acusado si debía conocer sobre
las renuncias que presentaban cada junta de acción comunal contestó:
“no, eso es función de la oficina de inspección control y vigilancia, lo que
nos allegan a nosotros en este caso específico es el alargamiento de los
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períodos de la junta de acción comunal, para lo cual debe allegarse este
documento, el auto de reconocimiento que nos permite a la asociación
saber la situación legal de cada junta y saber cómo están los cuadros
directivos y los cuadros funcionales de la junta”. Preguntado por el mismo
apoderado: “¿conoce usted si existen informes de la junta de acción
comunal del barrio Olímpico suscritos por el señor William Sánchez
Esguerra para los años 2018, 2019 y 2020, sí o no? Contestó: “la junta
de acción comunal del barrio Olímpico dentro de su desorden unos dicen
que si hay otros dicen que no hay, eso no se tiene certeza debido a la
división interna que se tiene allá, no sé y no sabría decirle si existe o no
existe el informe”. Preguntado: “¿de acuerdo a su conocimiento el fiscal
de una junta de acción comunal suscribe algún tipo de contrato? contestó:
“no los suscribe los supervisa, se entera y da fe del buen manejo y además
exige que ese elemento si es un elemento material esté en el libro de
inventarios y debe revisar que esté en un buen estado ese elemento, si
es un recurso monetario debe confirmar que ese recurso repose en la
cuenta de acción comunal y que esté representado en el libro de tesorería,
esa es una de las funciones fundamentales del señor fiscal”.
El señor Vladimir Conde Baquiro, en la declaración rendida, informó
que es el presidente de la junta de acción comunal del barrio Olímpico.
Preguntado por el despacho: “¿conoce al señor William Antonio Sánchez
Esguerra, en caso positivo, cuánto tiempo hace y en razón de qué lo
conoce?” contestó: “lo conozco hace más de 30 años, aquí en el barrio
Olímpico, lo conozco desde la infancia jugando deporte, desde fútbol y
también pues hizo parte de la junta de acción comunal”. Preguntado: “¿en
qué cargo?” contestó: “el fue fiscal de la junta de acción comunal”.
Preguntado: ¿de qué fecha a qué fecha?” contestó: “desde el 2016 hasta
el 2018, hasta febrero de 2018”. Preguntado: “¿en el 2018, porque se
retiró?” contestó: “él renunció a la junta de acción comunal porque él iba
hacer un paso al concejo municipal”. Preguntado: “¿en qué fecha
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renunció?” contestó: “en febrero de 2018, no recuerdo el día, febrero del
2018”. Preguntado: “¿qué trámite le dio usted a esa renuncia?” contestó:
“doctora el me pasó un oficio pero no fue notificado en participación
ciudadana. Eso quedó aquí adjudicado en los documentos aquí”.
Preguntado: “¿nunca lo notificaron?, ¿usted que hizo con ese oficio que le
entregó?” contestó: “yo lo tengo en poder mío, porque como no se ha
podido hacer asamblea, no se ha podido hacer nada, para poder hacer los
cambios de lo del fiscal, porque cada año la Ley 743 dice que las juntas
directivas, los comités de trabajo se deben cambiar cada año”.
Preguntado: ¿qué funciones ejercía el señor William como fiscal de la
junta de acción comunal? Contestó: “solamente notificar que los recursos
de la junta de acción comunal se generen de la mejor manera, entre la
junta directiva, él no tiene voz ni voto dentro de la junta directiva”.
Preguntado por el Ministerio Público: ¿usted nos dice que los cambios de
dignatarios de la junta se deben hacer exactamente cada cuánto y en qué
mes? Contestó:¿cada año, cada año, pero solamente los comités de
trabajo, deportes, salud y educación, la parte directiva no”. Preguntado:
¿usted dice que recibió un oficio del señor William Sánchez, usted llevó
ese oficio a la junta de acción comunal o lo puso en conocimiento de la
junta? o no”, contestó: “la verdad es que entre lo que hemos pasado aquí
dentro de la junta directiva es que nunca nos hemos sentado entre la
junta directiva, si? Pero el señor William me notificó la renuncia en el año
2018 de que él no participaba más en las juntas de acción comunal, pero
por debido, cuando se hace las asambleas no se ha podido hacer porque
hay más de 1600 personas inscritas en el libro y para aprobar la asamblea
deber ser la mitad más uno, entonces no se ha podido hacer por ese
motivo”. Preguntado: “¿el señor William Sánchez hizo algún acta de
entrega del cargo?, contestó: “si señor el me pasó un oficio en el año
2018”. Preguntado: “no digo la renuncia sino un acta de entrega del
cargo”, contestó: “si señor él me entregó el oficio, si señor, pero no fue
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más, y de ahí para acá no se ha hecho parte de la junta de acción
comunal”. Preguntado: “¿usted sabe si con base en ese oficio hubo una
designación provisional de otro fiscal en la junta?” contestó: “no señor,
inclusive no se han generado las asambleas y ni siquiera se ha podido
hacer de los comités de trabajo”. De lo preguntado por el Ministerio
Público también se destaca: “¿usted sabe cuál es la última actuación si le
consta o si se acuerda que hubiere desarrollado como fiscal el señor
William Sánchez en la junta de acción comunal del barrio Olímpico?
contestó: “¿que si recuerdo?, pero eso ya hace, eso fue hasta el 2018 que
hicimos unos eventos con los niños pero con recursos que gestionamos
para el día del niño, que se hacen gestiones con los comerciantes para
poder conseguir los regalos para los niños”. Preguntado: ¿usted a las
renuncias de los directivos qué trámite les suele dar?, contestó: “por el
momento, yo tengo los documentos yo, porque prácticamente yo soy el
que hace todas las funciones de todo el equipo de trabajo, no tengo
consentimiento (sic) si hay que notificarlo en participación ciudadana
porque inclusive yo estoy en una batalla también porque la junta anterior
pecaron por omisión y me entregaron la caseta comunal con deudas con
todo y dentro de mi junta de acción comunal antes me quedó el señor
tesorero de la junta anterior habiendo pecado por omisión“.
El señor Héctor Baquero Grass informó que es el vicepresidente de la
junta de acción comunal del barrio Olímpico, que conoce al señor Sánchez
hace unos 6 años, quien se desempeñó como fiscal de la junta y renunció
en el año 2018, que por desconocimiento de la ley no le dieron trámite
alguno y la recibió el presidente de la junta. Preguntado por el procurador,
¿usted dice que conoció de la renuncia en febrero del año 2018 del señor
William Sánchez por qué razón la conoció, es decir, de qué manera la
conoció, fue presencial fue de oídas, en qué contexto la conoció para que
nos lo detalle por favor?, contestó: “fue de oídas, oídas porque nuestro
presidente como él dice, siempre hemos tenido dificultades, el presidente
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no nos mostró en físico el documento que le había recibido al señor
William Esguerra”. Preguntado: “Usted sabe si en algún momento el tema
fue oficialmente llevado a la junta directiva a la junta de acción comunal
contestó: “no, porque vuelvo y le reitero el presidente tuvo diferencias
con la junta y nunca nos hizo saber que él tenía ese documento” (…).
Preguntado: “¿usted sabe si a raíz de la renuncia que señala presentó el
señor William Sánchez hubo reemplazo de fiscal y a partir de cuándo?
contestó: “no, no reemplazo de fiscal no hubo, nosotros como junta
estamos en la buena fe”. Preguntado: ¿usted sabe si a raíz de la renuncia
hubo algún acta de entrega de parte del fiscal que renunció y si la hubo?
¿O de cuándo? contestó: “solamente tenemos conocimiento de oídos del
oficio que él le pasó a nuestro presidente, febrero 18 de 2018”.
4.- Análisis de la Sala
Se endilgó al concejal acusado estar incurso en las causales de pérdida
de investidura a que se refieren los numerales 1, 5 y 6 del artículo 48 de
la Ley 617 de 200017; sin embargo, la prevista en el numeral 5, esto es,
la de tráfico de influencias, no fue objeto de análisis por el a quo ante la
falta de sustentación, ni el acusado ejerció el derecho de contradicción
frente a la misma, de modo que la Sala se centrará en las examinadas,
así:
Los artículos 1 y 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 disponen:
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales
17
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
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municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley. […]”.
Por su parte, el numeral 3 del artículo 40 de la misma Ley 617 de 2000,
estableció:
“[…] ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS
CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
[…]”.
La Sala para resolver, se detendrá en lo siguiente:
4.1. En relación con la violación del régimen de incompatibilidades
El solicitante endilga al concejal acusado incurrir en la causal prevista en
el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por violación del
régimen de incompatibilidades, y para ello afirma que “(…) El ejercicio de
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un cargo o empleo público no tiene salvedad alguna, es decir no se hace
necesario que el mismo sea remunerado o no, el mismo sea con una
entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, la incompatibilidad hace
referencia o tiene relación es con ejercer o desempeñar el cargo de
concejal de Villavicencio y el cargo de fiscal de la junta de acción comunal
del barrio olímpico de Villavicencio”.
En sustento de lo señalado alega que el señor Sánchez Esguerra se
inscribió, fue elegido y se posesionó como concejal del municipio de
Villavicencio, Meta, pese a que fungía como fiscal de la junta de acción
comunal del barrio Olímpico de Villavicencio, ya que está registrado en
esa calidad en la Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gestión Social y Participación Ciudadana del Municipio de Villavicencio;
que la renuncia que adujo presentó el 18 de febrero de 2018 no puede
tenerse en cuenta al no reposar en los archivos de dicho organismo, ni
habérsele dado trámite alguno y tampoco hizo entrega del cargo.
La Sala, al referirse a las incompatibilidades como causal de pérdida de
investidura, ha precisado que se configura por el ejercicio simultáneo de
cargos en los casos taxativamente señalados en la Constitución o en la
ley, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una
indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco
conciliables y capaces de afectar la imparcialidad y la independencia que
deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del
Estado. Esto ha dicho18:
“[…] Las incompatibilidades, en términos generales, han sido definidas
por esta Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos
actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 25 de noviembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 52001 23 33 000 2020 01046 01 (Pi).
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taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de
modo que para el caso de los servidores públicos se traduce en
la prohibición de desempeñar o ejercer otros cargos o realizar
otras actividades distintas a las que corresponde a las
funciones del cargo de que son titulares […]”19.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
903 de 6 de diciembre de 200820, consideró que las incompatibilidades
consisten en “[…] una prohibición dirigida al titular de una función
pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas
actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias
propias de la función que desempeña y las correspondientes a
otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede
verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de
afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]”.
(Negrillas, subrayas y mayúsculas en la providencia)
En el mismo sentido ha explicado21:
“[…] El establecimiento de una serie inhabilidades e
incompatibilidades desarrolla lo previsto en el artículo 209 de la Carta
Política, artículo que resalta que la función administrativa está al
servicio de los intereses general y debe desarrollarse con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
Frente a los concejales, el artículo 312 de la Carta Política se refirió a
la facultad del legislador de regular de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad de quienes acceden a dichos cargos, así: // “(…)
ARTICULO 312. En cada municipio habrá una corporación
administrativa elegida popularmente para períodos de tres años que
se denominará concejo municipal, integrada por no menos de siete, ni
más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con
la población respectiva”. (…)
El señalamiento de conductas que no pueden realizarse
simultáneamente con las competencias propias del cargo de concejal
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501,
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
20
Magistrado ponente, doctor Jaime Araujo Rentería.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 3 de diciembre de 2015. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 47001-23-33-000-2013-00222-00(PI).
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plantea una tensión entre los principios que deben orientar la acción
administrativa y derechos constitucionales como el derecho a la
igualdad, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión y
oficio, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho de acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, lo cual ha llevado a señalar
que “(…) por la índole excepcional de las inhabilidades e
incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser
interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con
exclusión de un criterio extensivo. […]22”
Acorde con las documentales obrantes en el proceso se acreditó que: (i)
el señor William Antonio Sánchez Esguerra figura registrado ante la
Oficina de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión Social y
Participación Ciudadana de Villavicencio, como fiscal de la junta de acción
comunal del barrio Olímpico del mismo municipio; (ii) mediante escrito
del 18 de febrero de 2018 presentó renuncia al cargo de fiscal de la junta
de acción comunal y el presidente de la respectiva junta admitió en la
declaración rendida que fue quien recibió el escrito, pero indicó que no le
dio trámite alguno; de un lado, porque no sabía que debía radicarla ante
la Oficina de Participación Ciudadana del municipio de Villavicencio; y por
el otro, ante la dificultad de reunir a los miembros de la junta de acción
comunal.
Por lo tanto, el asunto se contrae a establecer si los hechos precedentes
configuran o no la causal de pérdida de investidura de violación al régimen
de incompatibilidades que se le endilga al acusado.
Para el efecto, la Sala estima pertinente revisar la naturaleza y reglas
aplicables a las juntas de acción comunal y a sus dignatarios, las cuales
están contenidas en la Ley 743 del 5 de junio de 2002, “por la cual se
desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo
22
C- 903 de 2008.
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referente a los organismos de acción comunal”, vigente para la época de
los hechos23, de la que se extrae lo siguiente:
Allí se definió la acción comunal como “(…) una expresión social
organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es
promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a
partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del
desarrollo de la comunidad”. (artículo 6).
Clasificó los organismos de acción comunal en primero, segundo, tercero
y cuarto grado, que deben darse sus propios estatutos, según las
definiciones, principios, fundamentos y objetivos (artículo 7), y precisó
que “son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de
acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción
comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social,
sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y
patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un
lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral,
sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia
participativa”. (artículo 8).
Acerca de las reglas para su organización y constitución, señaló que cada
junta de acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un
territorio delimitado y que, en las capitales de departamento, se podrá
constituir una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa
del mismo, según la división establecida por la correspondiente autoridad
23
Ley derogada por la artículo 109 de la Ley 2166 de 2021 “por la cual se deroga la
Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en
lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la
formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal
y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones”.
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municipal (literal a, artículo 12), y estarán constituidas por personas
mayores de 14 años que residan en su territorio (artículo 16).
Con relación a los objetivos de los organismos de acción comunal, la
citada Ley 743 de 2002 dispuso los siguientes: (artículo 19)
“a) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia
frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del
ejercicio de la democracia participativa;
b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la
democracia;
c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad;
d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el
desarrollo de sus actividades;
e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación,
formulación, ejecución, administración y evaluación de planes,
programas y proyectos de desarrollo comunitario;
f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden
internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de
impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes
comunitarios y territoriales de desarrollo;
g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y
solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con
entidades nacionales o internacionales;
h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de
las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas,
que fortalezcan la identidad comunal y nacional;
i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y
colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y
respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia;
j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre
el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado
y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo;
k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento,
como mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el
respeto de los derechos de los asociados;
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l) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos,
fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución
y la ley;
m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de
interacción con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en
procura del cumplimiento de los objetivos de la acción comunal;
n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales,
en especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos
de la acción comunal;
o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos,
buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una
mejor calidad de vida en su jurisdicción;
p) Los demás que se den los organismos de acción comunal
respectivos en el marco de sus derechos, naturaleza y autonomía”.
(subrayas ajenas)
Respecto de los órganos de dirección, administración y vigilancia,
dispuso:
“ARTICULO 27. Órganos de dirección, administración y
vigilancia. De conformidad con el número de afiliados o afiliadas y
demás características propias de cada región, los organismos
comunales determinarán los órganos de dirección, administración y
vigilancia con sus respectivas funciones, los cuales podrán ser entre
otros los siguientes:
a) Asamblea General;
b) Asamblea de Delegados;
c) Asamblea de Residentes;
d) Consejo Comunal;
e) Junta Directiva;
f) Comité Asesor;
g) Comisiones de Trabajo;
h) Comisiones Empresariales;
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i) Comisión Conciliadora;
j) Fiscalía;
k) Secretaria General;
l) Secretaría Ejecutiva;
m) Comité Central de Dirección;
n) Directores Provinciales;
o) Directores Regionales;
p) El comité de fortalecimiento a la democracia y participación
ciudadana y comunitaria”.
Allí también se indica que la asamblea general es la máxima autoridad del
organismo de acción comunal y está integrada por todos los afiliados o
delegados, cada uno de los cuales actúa en ella con voz y voto (artículo
37); que, entre sus funciones, le corresponde la de elegir a sus dignatarios
(artículo 38); que la junta directiva o el consejo comunal, para quienes lo
adopten, es el órgano de dirección y administración de la junta de acción
comunal (artículo 42), y que son dignatarios de los organismos de acción
comunal “(…) los que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos
en los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y
representación”. (artículo 34).
En lo concerniente al patrimonio de los organismos de acción comunal,
dispuso que “(…) estará constituido por todos los bienes que ingresen
legalmente por concepto de contribuciones, aportes, donaciones y las que
provengan de cualquier actividad u operación lícitas que ellos realicen y
que el patrimonio de los organismos de acción comunal no pertenece ni
en todo ni en parte a ninguno de los afiliados. Su uso, usufructo, y destino
se acordará colectivamente en los organismos comunales, de conformidad
con sus estatutos”. (artículo 51).
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Por su parte, el artículo 2.3.2.1.27. del Decreto 1066 del 26 de mayo
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior”, previó que “(…) las juntas de acción
comunal deberán reportar semestralmente ante el respectivo ente de
inspección, control y vigilancia, las novedades presentadas en el libro de
afiliados, indicando la fecha de inscripción o retiro (…)”, y que “Sera
responsabilidad de las entidades territoriales analizar la viabilidad de los
proyectos rentables que los organismos comunales les presenten,
teniendo en cuenta su impacto regional y la generación de empleo e
ingresos a la comunidad. Los proyectos viables de mayor prioridad podrán
obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de las
entidades territoriales, en los términos que establezca cada departamento
o municipio”. (artículo 2.3.2.1.30).
Conforme a lo anterior, las juntas de acción comunal son una organización
cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de
naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio,
compuesta por los residentes de un barrio que aúnan esfuerzos y recursos
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable, que tienen
la posibilidad de obtener financiación de proyectos con cargo a recursos
del presupuesto de las entidades territoriales.
En el asunto bajo análisis, la situación descrita por el solicitante no
encuadra en el tipo de causal de pérdida de investidura que le atribuyó al
concejal acusado, puesto que no es posible desprender que haya violado
el régimen de incompatibilidades por el hecho de figurar en la Oficina de
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión Social y de
Participación Ciudadana del municipio de Villavicencio como fiscal de la
junta de acción comunal del barrio Olímpico de Villavicencio.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
Como lo ha sostenido esta Sección, “(…) las incompatibilidades son
situaciones, actos o actividades que implican la intervención del concejal
o que se den en cabeza de ellos, es decir, de carácter personal, en las
cuales, por mandato de la Constitución Política y de la ley no deben
incurrir o realizar durante el tiempo que ostenten la investidura de
concejal y el que adicionalmente señale la ley. Son situaciones personales
de él y solo de él, que jurídicamente le están vedadas, son excluyentes
con su condición de concejal. // Por consiguiente, para su violación es
necesaria la intervención del concejal mediante la realización del acto,
actividad o aceptación de la situación jurídica que corresponda a una
incompatibilidad”24.
En consecuencia, el hecho que el señor Sánchez Esguerra aún figure en
los registros oficiales como fiscal de la junta de acción comunal de un
barrio del mismo municipio donde fue elegido concejal, sin que se
demuestre la realización concreta de un acto o actividad que sea
generador de una incompatibilidad, no permite concluir la configuración
de la causal alegada, por lo que en este punto hay lugar a confirmar la
sentencia apelada.
4.2. Sobre la violación del régimen de inhabilidades
Se afirma que el acusado incurrió en la causal de inhabilidad prevista por
el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo
43 de la Ley 136 de 1994, por indebida celebración de contratos, la cual
exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 22 de enero de 2009. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Expediente radicación
nro. 63001 23 31 000 2008 00030 01 (Pi).
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
(i) Tener la calidad de concejal
(ii) Intervenir en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.
(iii) Que el contrato se haya celebrado dentro del año anterior a la
elección, y,
(iv) Que el contrato se ejecute o cumpla en el respectivo municipio o
distrito, en el que fue elegido concejal.
En el caso concreto, está acreditada la calidad de concejal del acusado,
pero no que haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, lo
que se deduce de lo siguiente:
Consta que el 30 de abril de 2019 se celebró el contrato de comodato nro.
1151 de 2019 donde intervinieron, en calidad de comodante, el municipio
de Villavicencio, Meta, y como comodatario la junta de acción comunal
del barrio Olímpico de Villavicencio, representada legalmente por el señor
Héctor Baquero Grass, “de conformidad a la autorización suscrita por la
junta directiva el 31 de marzo de 2019”.
El contrato tuvo como objeto “entregar a título de comodato una cabina
de sonido y complementarios de la junta de acción comunal barrio
olímpico para fortalecer el proceso de presupuesto participativo en el
municipio de Villavicencio”, con un plazo de duración de dos años y para
la destinación y uso exclusivo de la junta de acción comunal.
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
Por ende, y sin desconocer que el respectivo contrato se celebró en interés
de la persona jurídica, quien actuó en representación de la junta de acción
comunal fue el señor Héctor Baquero Grass, facultado para suscribirlo en
calidad de vicepresidente de la junta.
Al efecto, según se determinó en las disposiciones citadas en precedencia,
las juntas de acción comunal cuentan con órganos de dirección, de
administración y de vigilancia (artículo 27, Ley 743 de 2002) y la
competencia para la celebración de contratos, en la cuantía y la
naturaleza que asigne la asamblea general, se radicó en cabeza de la
junta directiva y/o del consejo comunal (literal b, articulo 43 Ley 743 de
2002), de la que no hace parte el fiscal.
Ahora bien, el solicitante aduce que el acusado incurrió en la causal
porque intervino de manera indirecta en el contrato de comodato, ya que,
en condición de fiscal de la junta de acción comunal, le correspondía
ejercer la vigilancia del contrato.
Al respecto, se tiene que, incluso al margen que el señor William Antonio
Sánchez Esguerra alegue que radicó la renuncia del cargo de fiscal de la
junta de acción comunal del barrio Olímpico del municipio de Villavicencio
desde el 18 de febrero de 2018, no está demostrada en el caso su
participación o intervención indirecta en el contrato de comodato
celebrado por la mencionada junta el 30 de abril de 2019 con el municipio
donde fue elegido concejal, y el solo hecho de figurar como fiscal de la
organización comunitaria no permite deducir tal intervención o
participación en el respectivo contrato.
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
Sobre la configuración de la inhabilidad por la intervención en la
celebración de contratos, la Sala ha precisado lo siguiente25:
“[…] 58. Para el análisis de tal prohibición no puede perderse de vista
que esta Sección26, siguiendo los lineamientos de La Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha desentrañado
el sentido de establecer la inhabilidad que hoy se le atribuye al
demandado, en la siguiente forma:
«[…] 8.3.2. El análisis jurisprudencial que se ha desarrollado en
torno a ésta causal ha explicado que su existencia se justifica en
la necesidad común de que quienes aspiran a acceder a la función
pública, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la
gestión de los intereses públicos o sociales con arreglo a los
criterios de igualdad, eficiencia, idoneidad, moralidad, probidad
e imparcialidad que informan el buen servicio.
La inhabilidad así consagrada tiene un sentido eminentemente
preventivo, orientado a preservar la igualdad de los aspirantes
enfrentados en una contienda electoral, bajo el propósito de
precaver, de una parte, la indebida utilización de la condición de
candidato en las diligencias que éste adelante ante entidades
oficiales y de la otra, la utilización por el candidato de sus
vínculos y relaciones con estos entes para acreditarse ante el
electorado27.
El fallo dictado el 29 de julio de 2004 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en el expediente identificado con número de
radicación 17001-23-31-000-2003-1555-01(3413), da cuenta
del carácter teleológico que tanto el Constituyente como el
Legislador buscaban resguardar con la implementación de esta
prohibición para quienes resultaren elegidos popularmente en
Corporaciones Públicas (…)
(…)
En cada caso se deben examinar las circunstancias y sobre todo
los fines de las actividades desarrolladas, para establecer si
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 27 de mayo de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 17001 23 33 000 2019 00573 01 (PI).
26
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de
dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 63001-23-33-000-2016-00327-01(PI). Actor: JOSÉ
RUBIEL OCAMPO ARBOLEDA.
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de enero de
2010, proferida en el proceso número 11001-03-15-000-2009-00708-00(PI).
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Solicitante: Jairo Antonio Morales
existe la posibilidad de dejar en desventaja a otras personas o si
el interés público resulta afectado en beneficio del privado”28
(…)
59. En lo atinente a la celebración de contratos, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo29 manifestó que:
[…] 89. Dilucidados los contornos de la gestión de negocios, es
necesario explicar el alcance de la inhabilidad por la intervención
en la celebración de contratos. Lo primero que debe resaltarse,
es que la diferencia de estas dos inhabilidades reside en la
existencia de un contrato. Es así como, la jurisprudencia30 ha
señalado:
“(…) la Corporación partiendo de la existencia del contrato, ha
manifestado que la intervención en la celebración de contratos
tiene lugar a través de gestiones o actuaciones que indiquen una
participación personal y activa, directa o indirecta, en los actos
tendientes a su formación, perfeccionamiento y suscripción y de
los que se deduzca un interés propio o de terceros en su
realización31.”
90. De esta forma, es admisible que la causal se configure de
forma directa o indirecta. Sobre este asunto, la Sala Plena32
precisó:
“(…) dentro de la prohibición constitucional caben dos
situaciones: la primera, la celebración directa por parte del
congresista de contratos con entidades públicas o personas que
administren tributos, y la segunda, la contratación del
congresista por interpuesta persona, que tiene ocurrencia
cuando es otra la que celebra el contrato por encargo o en
provecho suyo, pero aparentando obrar en nombre propio.
(…)
60. Frente a los elementos para la configuración de la prohibición
relacionada con la celebración de contratos contenida en la
28
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Octubre 22 de
2002. Radicación 11001-03-15-000-2002-0504 (PI-046).
29
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero
ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA. Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve
(2019). Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). Actor: JOSÉ MANUEL
ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 21 de abril de
2009, Radicado 2007-00581-00(PI).
31
(Cita del texto original) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencias de 17 de febrero de 2005, Exp. 3222 y de 25 de mayo de 2005, Exp. 3537.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de agosto de
1994. Expediente AC - 1500.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
mencionada norma, esta Sección33 ha señalado que se requiere la
presencia de los siguientes elementos:
«[…] 31. Es importante resaltar que la norma indicada supra
establece tres supuestos fácticos para la configuración de la
inhabilidad establecida en el numeral 3.° del artículo 43 ejusdem,
a saber: el primero, relativo a que no podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital, en interés
propio o de terceros. El segundo, relativo a que no podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año
anterior a la elección haya intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y, el tercero,
según el cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en
el respectivo municipio o distrito.
[…]”. (Negrillas originales, subrayas ajenas).
En el asunto bajo examen, se reitera, no está demostrado que el concejal
haya desarrollado alguna actividad tendiente a la suscripción del contrato
de comodato, o tenido una participación personal y activa, directa o
indirecta en los actos relacionados con la formación, perfeccionamiento y
suscripción del mismo, de los cuales pueda deducirse un interés propio o
de terceros en su realización, de tal manera que esta causal tampoco está
configurada.
Por último, en la solicitud de pérdida también se alegó la existencia de un
conflicto de intereses porque el concejal participó y aprobó con su voto el
Plan de Desarrollo del municipio de Villavicencio “VILLAVICENCIO CAMBIA
33
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos
mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00142-01(PI). Actor: JHON WILLIAM
LONDOÑO RICO. Demandado: JUAN MILCÍADES ROA VANEGAS. Referencia: Medio de control
de pérdida de investidura de concejal.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
CONTIGO 2020- 2023” donde se discutió y aprobó el presupuesto
participativo que beneficia directamente a las juntas de acción comunal; sin
embargo, como en el recurso de apelación no se insiste en la configuración
de esta causal, la Sala estima que no es pertinente abordar el examen de
la misma.
4.3. Resta por indicar, frente al cuestionamiento que se hace de las
declaraciones de terceros recibidas en el proceso, lo siguiente:
El recurrente manifiesta que incurrieron en fraude procesal, falso
testimonio y falsedad en documento, los deponentes Vladimir Conde
Vaquiro y Héctor Baquero Grass, por lo que reitera la solicitud de que se
compulsen copias para que se investigue su actuar y lo declarado, así
como por no haberle dado trámite a la renuncia que cuestiona presentó a
la junta de acción comunal el señor Sánchez Esguerra, ni convocar a
asamblea general para declarar la vacancia del cargo y nombrar el
reemplazo.
La Sala no encuentra mérito para acceder a dicha petición, puesto que
comparte lo concluido por el a quo, en el sentido que los declarantes
informaron lo que les constaba frente a la renuncia presentada por el
señor Sánchez Esguerra como fiscal de la junta de acción comunal y la
omisión en darle el trámite que correspondía a dicho documento, sin que
de allí pueda desprenderse que faltaron a la verdad, o que haya lugar a
hacer la compulsa de copias solicitada.
Por las razones explicadas, será confirmada la sentencia de primera
instancia que denegó la pérdida de investidura del concejal acusado.
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Radicación: 50001 23 33 000 2020 00927 01
Solicitante: Jairo Antonio Morales
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2021,
por el Tribunal Administrativo del Meta, según las razones explicadas en
la parte motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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