Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00272-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00272-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2021-00272-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidos (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Referencia:
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Actores: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA, ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO, HECTOR REYES RATIVA Y JHONNY ANDRÉS BASTO
HERNÁNDEZ
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL REY, ANDRÉS
MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, JHONNY STEVENSON GIRALDO
ARAGÓN, ALEXANDER VALERO, ZULMA YOLIMA DÍAZ, LILIANA
MARCELA BAQUERO TORRES Y GILDARDO SANTOS CHAPARRO
Tema: TRÁFICO DE INFLUENCIAS / Causal de pérdida de investidura para los
concejales – Configuración – Reiteración de jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de
investidura
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. Los ciudadanos WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA, ORLANDO
GRANADOS ACEVEDO, HÉCTOR REYES RATIVA y JHONNY ANDRÉS
BASTO HERNÁNDEZ, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 20112) —en adelante CPACA—,
solicitaron a esta jurisdicción:
[…] 1. Decretar y/o declarar la pérdida de investidura de los señores Concejales del
Municipio de Acacías, señores: VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY
CARVAJAL REY, MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, JHONNY STEVENSON
GIRALDO ARAGÓN, ALEXANDER VALERO, ZULMA YOLIMA DÍAZ, LILIANA
MARCELA BAQUERO TORRES y GILDARDO SANTOS CHAPARRO. En su
calidad de Concejales del Municipio de Acacías, por los hechos expuestos y
debidamente probados.
2. Al honorable Tribunal Administrativo del Meta sírvase correr traslado de las
presentes diligencias a la Procuraduría General de la Nación por intermedio del
Ministerio Público delegado ante dicho tribunal a fin de que se discipline el
comportamiento de los Concejales Accionados en la presente demanda […].
1 Expediente digital – Archivo ED_DEMANDAYANEXOS.pdf
2 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
I.1.1. Los hechos juzgados
2. Manifestaron que la mesa directiva del concejo municipal de Acacías,
mediante la Resolución nº. 48 de 2020, abrió la convocatoria pública para elegir a
la secretaria o secretario general de esa corporación para el período 2021,
proceso que se concibió como un concurso público de méritos regido por los
principios de libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, objetividad,
transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia.
Tal acto administrativo fue modificado por la Resolución nº. 77 de 2020 que reiteró
que la elección de dicho funcionario público obedecería al mérito.
3. Afirmaron que, en desarrollo del concurso público de méritos, se presentaron
diez aspirantes al cargo y que, una vez evaluadas sus hojas de vida y retirados
voluntariamente algunos de ellos, fueron citadas 5 personas a presentar la prueba
de conocimientos, la cual se llevó a cabo presencialmente en el recinto del
concejo municipal.
4. Manifestaron que la mesa directiva del concejo municipal de Acacías designó
una comisión accidental del proceso integrada por los concejales MAURICIO
CHAVEZ, JHONNY ANDRÉS BASTO y LILIANA MARCELA BAQUERO,
quienes verificaron el cumplimiento de los requisitos por parte de los concursantes
y se hicieron responsables de que tal proceso de selección se desarrollara, se
insiste, bajo el criterio del mérito.
5. Señalaron que, con fecha 16 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la prueba
de entrevista con los cinco aspirantes a los que se aludió anteriormente y,
terminada aquella evaluación, los concejales del municipio de Acacías procedieron
a calificar a los concursantes. En cuanto a la forma en que dicho procedimiento se
llevó a cabo los accionantes afirmaron lo siguiente:
[…] los ocho (8) concejales objeto de esta demanda, no tuvieron ningún principio de
imparcialidad, ni actuaron de buena fe para dar su calificación (…) Pues se nota
claramente que estos ocho (8) concejales estuvieron de acuerdo para calificar con la
máxima puntuación cien (100) puntos a la aspirante KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ; y calificar a las otras cuatro (4) con la mínima calificación es decir con
uno (1) (…) Los formatos de calificación de la entrevista entregados a cada concejal,
traían la columna de observaciones, esto con el fin que cada concejal pudiese
sustentar su voto. Revisados estos, se observa que siete de los ocho concejales
denunciados no sustentaron su calificación; uno de ellos (FARLEY CARVAJAL) hizo
algunas observaciones carentes de objetividad, fue más por diligenciar el formato,
pues su calificación continúa con la línea de calificar con uno (1) junto con los otros
concejales. Lo anterior sin tener presente que las cinco (5) aspirantes se hicieron
presentes y respondieron las preguntas planteadas […].
6. Hicieron referencia a que, sumados y consolidados los resultados de cada una
de las pruebas, se expidió la lista de elegibles, la cual fue entregada a cada uno
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
de los concejales para efectos de que se tuviera en cuenta para el día de la
elección de quien ocuparía el cargo mencionado, y agregaron lo siguiente:
[…] 10. La confabulación de los ocho (8) concejales queda ratificada el día 18 de
diciembre cuando los 15 concejales tenían que proceder a votar y elegir sería la
secretaria general del concejo (…) Quedan al descubierto los ocho (8) concejales,
cuando los siete (7) concejales restantes (ORLANDO GRANADOS, WILMER
CARVAJAL, ARNOLD PINILLA, HECTOR REYES, JOSÉ ECHEVERRY, ANDRÉS
BASTO y LUIS CARLOS RICHARD) deciden hacer su voto público y refrendarlo
con su nombre y firma, a favor de PATRICIA MORERA ANAYA quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles (…) Dentro de acta de sesión de la elección del
18 de diciembre; se lee que el concejal GILDARDO SANTOS CHAPARRO hizo su
voto público por PATRICIA MORERA ANAYA; pero este hecho fue más un acto de
burla y sabotaje. Porque en el análisis de su calificación en la entrevista (100 a favor
de Katherine arenas (sic) y 1 a las restantes 4), más la firma y nombre refrendando
los votos de los siete (7) concejales se apartaron de esta confabulación; se deduce
sin lugar [a] equívocos que su voto fue por KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ (…)
Finalmente, la comisión escrutadora declaró elegida con ocho (8) votos como
secretaria general del Concejo Municipal de Acacías-Meta a KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ. Y siete votos para PATRICIA MORERA ANAYA votos que obedecieron
a los siete depositados por los concejales que decidieron refrendarlo con su nombre
y firma su voto (…) Asi mismo (sic) la señora PATRICIA MORERA ANAYA
mediante acción de tutela impetrada ante el juez promiscuo municipal de Guamal le
fue reconocido en primera instancia su derecho a ser elegida como Secretaria
General del Concejo Municipal. Argumento que soporta aún con más fuerza el
criterio que la conducta de los concejales fue de forma irregular y que se
PRESENTÓ UN TRÁFICO DE INFLUENCIAS INTERNO […].
I.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada por los demandantes
7. Los solicitantes consideraron que los acusados, VICTOR JULIO RAMOS
CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL REY, ANDRÉS MAURICIO CHAVEZ
QUEVEDO, JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN, ALEXANDER
VALERO, ZULMA YOLIMA DÍAZ, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES Y
GILDARDO SANTOS CHAPARRO, de acuerdo con los hechos descritos,
incurrieron en tráfico de influencias, causal de pérdida de investidura prevista en el
artículo 55 numeral 4º de la Ley 136 de 19943 —norma citada por los actores— y
en el artículo 48 numeral 5º de la Ley 617 de 2000.4
I.1.3. Tipicidad de la conducta desplegada por los concejales acusados
8. Estimaron que de las pruebas aportadas al expediente podía concluirse que los
concejales acusados incurrieron en las siguientes conductas irregulares: i) el
incumplimiento de los principios de imparcialidad, buena fe y confianza legítima al
calificar de manera desproporcionada a cuatro de las aspirantes con la mínima
calificación de 1 y una candidata con la máxima puntuación 100, por quién,
3 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
4 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
posteriormente, votarían para ser elegida secretaria general; ii) el incumplimiento
del principio del mérito por no respetar la lista de elegibles y haber elegido a quien
ocupó el segundo lugar, desconociendo a quien obtuvo el primer lugar, y iii) la
violación de los artículos 6º, 83, 125 y 209 de la Carta Política; 3º de la Ley 1437
de 2011; y 34 de la Ley 734 de 20025.
9. Resaltaron que la conducta desplegada por los concejales acusados, siguiendo
para el efecto la sentencia SP 12.846 – 2017 de 23 de agosto de 2017, proferida
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Luís
Antonio Hernández Barbosa, fue dolosa al confluir concertadamente para
favorecer la elección de una aspirante al cargo de secretaria general desde la
misma prueba de entrevista, encontrándose demostrado que aquellos, de manera
premeditada, se influyeron unos a los otros y direccionaron su intención de votar,
persiguiendo la manipulación del proceso de elección, asignando la calificación de
1 a 4 de los aspirantes y 100 a una aspirante –Katherine Arenas Álvarez–. A lo
que agregaron que, si tal influencia no se hubiera ejercido, la calificación otorgada
a los aspirantes habría sido transparente, objetiva y acorde al principio del mérito.
10. Añadieron que, en el presente caso, se cumplían los requisitos para la
materialización del tráfico de influencias señalados por el Consejo de Estado, toda
vez que:
[…] b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público, ejerciéndose
en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden
jerárquico existente entre ambos. (…) Los concejales invocaron entre ellos mismos
la calidad de servidores públicos en su calidad de nominadores, prueba de ello es
que DE COMÚN ACUERDO orquestaron la comisión de su conducta, se influyeron
entre si el uno al otro a tal punto que desde la calificación queda más que
demostrado que su propósito ya estaba direccionando a favorecer a KATHERINE
ARENAS ÁLVAREZ (…) c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un
tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley
5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones”
(…) Los mismos concejales al materializar su CONDUCTA en la calificación de la
entrevista y en la posterior elección se sustrae que entre ellos mismos se
COMPROMETIERON de manera INEQUÍVOCA a elegir a KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ, prometieron el cargo de secretaría general del Concejo Municipal sin
saber o conocer el desarrollo del concurso, sin IMPORTAR EL MÉRITO
BURLÁNDOSE así de las demás aspirantes (…) d) Que el beneficio pretendido por
el Congresista (Concejal para este caso) provenga de un asunto que el servidor
público se encuentre conociendo o haya de conocer” (…) Efectivamente previo a la
realización de la entrevista se puede determinar que OCHO (8) concejales de
manera directa en razón a su calidad nominadora y a la vez conocedores que eran
DETERMINADORES de los resultados de la entrevista se PUSIERON DE
ACUERDO para influir en el resultado (…) El concejo Municipal Acacías, está
conformado por 15 Concejales, para lograr su COMETIDO, ACUERDO y
RESULTADO habiéndose PROMETIDO PARA ELLOS el cargo de SECRETARÍA
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, direccionando su resultado era necesario
que entre los OCHO (8) CONCEJALES se pusieran de acuerdo para MANIPULAR
LOS RESULTADOS y ASÍ VIOLENTAR las normas, reglas y disposiciones que en
5 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
criterio de mérito se deben atender (…) Al ser un asunto de mayorías y manejo, los
8 Concejales dispusieron sin lugar a equívocos que para poder nombrar y cumplir
con lo que se prometieron debían contar con OCHO (8) concejales, de tal suerte
que así manipularán la CALIFICACIÓN de la entrevista, el resultado se conseguiría
al momento de la votación. Toda vez que sin IMPORTAR quien ocupó el primer
lugar en la LISTA DE ELEGIBLES, los concejales ya habrían determinado de
COMÚN ACUERDO el resultado, siendo 8 votos a favor de KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ, como efectivamente sucedió […].
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura
11. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 26 de julio de 2021,
admitió la demanda de pérdida de investidura y ordenó notificar personalmente a
los acusados y al agente del Ministerio Público, corriéndoles traslado por el
término de cinco días para referirse a lo planteado en la solicitud y para pedir o
aportar las pruebas que estimara conducentes, en los términos de los artículos 10
y 11 de la Ley 1881 de 2018.
1.3. Las contestaciones a la solicitud de pérdida de investidura
12. Los concejales VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL
REY, ANDRÉS MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, ALEXANDER VALERO,
ZULMA YOLIMA DÍAZ, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES Y GILDARDO
SANTOS CHAPARRO, en nombre propio, contestaron la solicitud de pérdida de
investidura, mientras que el señor JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN
no realizó pronunciamiento alguno. Las intervenciones de los concejales
mencionados se sintetiza en la siguiente forma:
13. El concejal acusado ANDRÉS MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO adujo la
inexistencia de la conducta con fundamento en la cual se solicita la pérdida de
investidura puesto que la elección de la secretaria o secretario general del concejo
municipal de Acacías es un derecho y un deber que le asistía como concejal. El
mismo acusado, al pronunciarse respecto de los hechos que sustentan la solicitud
de pérdida de investidura, señaló lo siguiente:
14.i) que el proceso de selección de la secretaria o secretario general del concejo
municipal de Acacías era una convocatoria pública y no un concurso público de
méritos, a pesar que así quedó establecido en la Resolución nº. 48 de 2020.
15. ii) que la Resolución nº. 73 de 2020, si bien modificó el mencionado acto
administrativo —Resolución nº. 48 de 2020—, fue expedida con ocasión del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Meta en el medio de control electoral
identificado con el número 50001-23-33-000-2020-00028-00, para adecuar el
mecanismo de elección de la persona que ocuparía el citado cargo público al
previsto en el artículo 126 de la Carta Política —convocatoria pública—, no
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
obstante, nuevamente los demandantes, en la citada Resolución nº. 73, intentaron
adelantar un concurso de méritos que no cabe para dicha elección.
16. iii) que fue designado en la comisión de verificación, no obstante, lo único que
se le permitió fue revisar que las hojas de vida de los aspirantes cumplieran con
los requisitos establecidos en la resolución que reguló la convocatoria pública y
que fue la mesa directiva del concejo municipal de Acacías la que elaboró y aplicó
las preguntas correspondientes a las pruebas de conocimientos y entrevista.
17. iv) que no es cierta la afirmación consistente en que 8 concejales calificaron a
4 participantes con 1 y a 1 con 100 buscando realizar algún hecho irregular ni que
las calificaciones que otorgó fueran iguales a las de alguien más y, en su caso,
calificó a 3 personas con 1, destacando que no llenó los campos de observaciones
en los formatos de calificación puesto que el presidente del concejo municipal de
Acacías manifestó que era optativo hacerlo y no vió la necesidad de ello.
18. v) que no existían criterios para asignar las calificaciones por lo que no se
puede señalar que hubiera faltado a alguno de ellos, afirmando que no es cierta la
confabulación a la que aluden los solicitantes y que asignó la respectiva
calificación según su convencimiento respecto de las cualidades de quien debería
ocupar el precitado cargo, mencionado que para el caso de las convocatorias
públicas no es obligación que quien obtenga el mayor puntaje en las distintas
etapas deba ser elegido.
19. vi) que si bien es cierto la señora PATRICIA MORERA ANAYA instauró un
acción de amparo constitucional que le fue favorable en primera instancia, lo es
igualmente que la segunda instancia revocó la decisión.
20.Propuso como excepciones las de inexistencia de la conducta, indebida
acumulación de pretensiones y de cumplimiento de un deber constitucional y legal.
21. En cuanto a la primera —inexistencia de la conducta— afirmó que i) no ha
influenciado a nadie ni ha permitido que se le presione frente a las decisiones que
debe adoptar; ii) que no es posible acreditar el beneficio recibido o que se hizo
prometer o la persona que los recibió o a la que se los prometieron; iii) que no ha
buscado un interés personal en la elección de la secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías, proceso en el que ha participado en 6 años
consecutivos.
22. Frente a la segunda —indebida acumulación de pretensiones— subrayó que
pareciera que lo que buscan los solicitantes es la nulidad de los actos
administrativos que regularon la convocatoria pública para la elección de quien
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
ocuparía el precitado empleo público, medio de control del cual no se hizo
ejercicio; y frente a la tercera —cumplimiento de un deber constitucional y legal—
insistió en que el proceso de elección señalado corresponde a una convocatoria
pública, no a un concurso de méritos, en el que no es obligatorio que quien
obtenga el mayor puntaje dentro de las pruebas sea elegido para el cargo y en el
que entra en juego la discrecionalidad, pudiendo ser elegida cualquier persona
que se encuentre en la lista de elegibles, por lo que el alegado acuerdo al que
habrían llegado los concejales acusados para elegir a una determinada persona
en el cargo de secretaria o secretario general del concejo municipal de Acacías se
caería de su propio peso.
23. La concejal acusada LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES se opuso a
las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura pues, en su concepto,
carecen de fundamentos de hecho y de derecho y no están llamadas a prosperar.
24. Aclaró, en cuanto a los hechos que sustentan la solicitud de pérdida de
investidura: i) que el concejo municipal de Acacías le dio facultades a la mesa
directiva de esa corporación para que adelantara una convocatoria pública bajo el
principio del mérito para la elección de quien ocuparía el cargo de secretaria o
secretario general en la vigencia 2021, para lo cual dicha mesa directiva expidió
las resoluciones nº. 48, 73 y 77, afirmando que siempre actuó y votó bajo el
convencimiento que se estaba aplicando el articulo 126 de la Carta Política, esto
es, que estaba elegiendo un servidor público bajo el mecanismo de convocatoria
pública y no, como lo indican los solicitantes, el de concurso público de méritos.
25. ii) que mediante la Resolución nº. 48 de 2020 se le designó en la comisión
accidental para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a los
participantes en la convocatoria pública, la cual elaboró el respectivo informe, no
obstante, no estuvo involucrada en la elaboración de las preguntas para la prueba
de conocimientos, ni conoció la cadena de custodia aplicada a estas, ni fue quien
calificó las pruebas.
26. iii) que sí firmó, junto con otros dos concejales —JHONNY BASTOS Y
MAURICIO CHÁVEZ—, el reverso de los formatos de calificación de los
aspirantes al cargo de secretaria o secretario general del concejo municipal de
Acacías para el año 2021, a solicitud de otro concejal —FARLEY CARVAJAL— y
por orden del presidente de la corporación, pero no vió las respuestas, siendo
irresponsable afirmar que esto refleja la existencia del tráfico de influencias.
27. iv) que no es cierto lo afirmado en la solicitud consistente en que 8 concejales,
entre ellos la acusada, no actuaron de buena fe e imparcialidad, puesto que la
Resolución nº 73 de 2020 les dio un rango de 1 a 100 para calificar a los
aspirantes y que, en su caso, atribuyó la calificación de acuerdo a las respuestas
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
entregadas y las exigencias del cargo de secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías.
28. v) que no realizó observaciones a la calificación de las aspirantes al precitado
cargo público luego de finalizadas las entrevistas toda vez que se les dio muy
poco tiempo para realizar la evaluación y, además, el presidente del concejo
municipal, señor Orlando Granados Acevedo, les indicó que no era obligación
dejar tales observaciones, resaltando que de esta omisión no puede deducirse
mala conducta o la configuración del tráfico de influencias.
29. vi) que la votación se desarrolló conforme el reglamento interno de la
corporación, no pudiendo asegurar quiénes votaron por una determinada
candidata, añadiendo que la elección de la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ como secretaria general del concejo municipal de Acacías quedó en
firme pese a la acción de amparo constitucional presentada por la señora
PATRICIA MORERA ANAYA —una de las aspirantes—.
30. Presentó como excepciones las de «[I]nexistencia de la causal de pérdida de
investidura deprecada. Atipicidad de la conducta – Tráfico de Influencias»,
«[A]usencia de los elementos propios de la causal invocada e inexistencia de
pruebas que soporten los cargos. Atipicidad de la conducta endilgada»,
«[A]usencia de responsabilidad subjetiva» y «[A]usencia de causa para demandar
e inexistencia del hecho».
31. Manifestó frente a las excepciones cimentadas en la atipicidad de la conducta
que actuó aplicando el artículo 126 de la Carta Política, esto es, bajo la
consideración que el proceso de elección de la secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías se desarrollaba bajo el mecanismo de la
convocatoria pública y, además, que no existen pruebas que acrediten que ejerció
o sobre ella se ejerció influencia alguna, o que recibió o dio o prometió dar dinero
o dádiva, o que antepuso su investidura para obtener beneficio alguno de un
servidor público en el proceso de eleción de la persona que ocuparía el precitado
cargo.
32. En lo que se refiere a la ausencia de responsabilidad subjetiva, manifestó que
actuó de buena fe y convencida de que había cumplido la Constitución Política —
artículo 126 de la Constitución Política— y la ley y resaltó que no hay pruebas que
acrediten el tráfico de influencia alegado —excepción de ausencia de causa para
demandar e inexistencia del hecho—.
33. El concejal acusado FARLEY CARVAJAL REY solicitó desestimar las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura y compulsar copias a la
Fiscalía General de la Nación para que se investigue si se habría cometido, por
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
parte de la mesa directiva del concejo municipal de Acacías, el delito de
prevaricato tras haber expedido la Resolución nº 73 de 2020.
34. En lo atinente a los hechos que sustentan la solicitud de pérdida de
investidura, destacó i) que la elección de la secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías, conforme a la Resolución nº. 48 de 17 de
noviembre de 2020, se debía desarrollar bajo el mecanismo de la convocatoria
pública —con sustento en el artículo 126 de la Carta Política— y no a través de un
concurso de méritos, como lo pretendió la mesa directiva de aquella corporación.
35. ii) que la convocatoria pública se desarrolló con violación al debido proceso,
puesto que, de un lado, la mesa directiva del concejo municipal de Acacías
elaboró las pruebas de conocimiento y entrevista, arrebatándole tal función a la
comisión accidental creada en la Resolución nº. 48 de 2020 y, del otro lado,
modificó, mediante las resoluciones nº. 73 y 77 de 2020, el precitado acto
administrativo y con ello las reglas aplicables al proceso de elección del citado
servidor público, en particular aquellas relacionadas con la calificación de las
distintas pruebas a las que se sometieron los aspirantes.
36. iii) que impuso la calificación a las aspirantes a ocupar el mencionado cargo
público de acuerdo con su criterio personal y la justificó con las respectivas
observaciones; que no se aporta la prueba para acreditar que se puso de acuerdo
con otros concejales para imponer calificación máxima a una aspirante y la mínima
a las demás; que en la medida en que la elección de la secretaria o secretario
general del concejo municipal de Acacías responde a una convocatoria pública y
no a un concurso de méritos, en la cual todas las integrantes de lista son
potencialmente elegibles, votó por la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ.
37. iv) que si bien es cierto la señora PATRICIA MORERA ANAYA instauró un
acción de amparo constitucional que le fue favorable en primera instancia, lo es
igualmente que la segunda instancia —el Juzgado Civil del Circuito de Acacías—
lo revocó y, en su lugar, negó por improcedente tal acción.
38. En lo que tiene que ver con el fondo de la controversia, manifestó que la
conducta juzgada es atípica puesto que no hay prueba de quien lo influenció o a
quién influenció para emitir su voto o que su actuar fuera malintencionado e
insistió en que emitió su voto por el perfil que consideró más adecuado para
ocupar el cargo objeto de la convocatoria pública.
39. El concejal acusado ALEXANDER VALERO se opuso a las pretensiones de
la solicitud de pérdida de investidura pues carecen de fundamentos de hecho y de
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
derecho y no están llamadas a prosperar. Aclaró, en cuanto a los hechos que
sustentan la solicitud de pérdida de investidura:
40. i) que el concejo municipal de Acacías le dio facultades a la mesa directiva de
esa corporación para que adelantara una convocatoria pública bajo el principio del
mérito para la elección de quien ocuparía el cargo de secretaria o secretario
general en la vigencia 2021, para lo cual dicha mesa directiva expidió las
resoluciones nº. 48, 73 y 77, afirmando que siempre actuó y votó bajo el
convencimiento que se estaba aplicando el artículo 126 de la Carta Política, esto
es, que estaba eligiendo un servidor público bajo el mecanismo de convocatoria
pública y no, como lo indican los solicitantes, el de concurso público de méritos;
41. ii) que no estuvo involucrado en la elaboración de las preguntas para la prueba
de conocimientos, ni conoció la cadena de custodia aplicada a estas, ni quien
calificó las pruebas; que tan solo se pidió a 3 concejales que firmaran el respaldo
de los formatos de calificación para efectos de que no fuera cambiados
físicamente las hojas, pero de esto no es posible afirmar que allí se evidencia un
tráfico de influencias; y que fue la mesa directiva del concejo municipal de
Acacías, de acuerdo con la Resolución nº. 73 de 2020, la que elaboró las
preguntas que se realizaron el 16 de diciembre de 2020 en la prueba de
entrevistas.
42. iv) que no es cierto lo afirmado en la solicitud consistente en que 8 concejales,
entre ellos la acusada, no actuaron de buena fe e imparcialidad, puesto que la
Resolución nº 73 de 2020 les dio un rango de 1 a 100 para calificar a los
aspirantes y que, en su caso, atribuyó la calificación de acuerdo a las respuestas
entregadas y las exigencias del cargo de secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías.
43. v) que no realizó observaciones a la calificación de las aspirantes al precitado
cargo público luego de finalizadas las entrevistas toda vez que se les dio muy
poco tiempo para realizar la evaluación y, además, el presidente del concejo
municipal, señor Orlando Granados Acevedo, les indicó que no era obligación
dejar tales observaciones, resaltando que de esta omisión no puede deducirse
mala conducta o la configuración del tráfico de influencias.
44. vi) que la votación se desarrolló conforme el reglamento interno de la
corporación, no pudiendo asegurar quiénes votaron por una determinada
candidata, añadiendo que la elección de la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ como secretaria general del concejo municipal de Acacías quedó en
firme pese a la acción de amparo constitucional presentada por la señora
PATRICIA MORERA ANAYA —una de las aspirantes—.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
45. Presentó como excepciones las de «[I]nexistencia de la causal de pérdida de
investidura deprecada. Atipicidad de la conducta – Tráfico de Influencias»,
«[A]usencia de los elementos propios de la causal invocada e inexistencia de
pruebas que soporten los cargos. Atipicidad de la conducta endilgada»,
«[A]usencia de responsabilidad subjetiva» y «[A]usencia de causa para demandar
e inexistencia del hecho».
46. Manifestó frente a las excepciones cimentadas en la atipicidad de la conducta
que actuó aplicando el artículo 126 de la Carta Política, esto es, bajo la
consideración que el proceso de elección de la secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías se desarrollaba bajo el mecanismo de la
convocatoria pública y, además, que no existen pruebas que acrediten que ejerció
o sobre ella se ejerció influencia alguna, o que recibió o dio o prometió dar dinero
o dádiva, o que antepuso su investidura para obtener beneficio alguno de un
servidor público en el proceso de eleción de la persona que ocuparía el precitado
cargo.
47. En lo que se refiere a la ausencia de responsabilidad subjetiva, manifestó que
actuó de buena fe y convencido de que había cumplido la Constitución Política —
artículo 126 de la Constitución Política— y la ley y resaltó que no hay pruebas que
acrediten el tráfico de influencia alegado —excepción de ausencia de causa para
demandar e inexistencia del hecho—.
48. El concejal acusado GILDARDO SANTOS CHAPARRO solicitó negar la
solicitud de pérdida de investidura por la inexistencia de la conducta atribuida ante
la falta de pruebas para acreditarla y, además, atendiendo que la elección de la
secretaria o secretario general del concejo municipal de Acacías es un derecho y
un deber que le asiste como concejal, resaltando, frente a los hechos sustento de
la solicitud:
49.i) que el proceso de selección de la secretaria o secretario general del concejo
municipal de Acacías era una convocatoria pública y no un concurso público de
méritos, a pesar que así quedó establecido en la Resolución nº. 48 de 2020.
50. ii) que la Resolución nº. 73 de 2020, si bien modificó el mencionado acto
administrativo —Resolución nº. 48 de 2020—, fue expedida con ocasión del fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Meta en el medio de control electoral
identificado con el número 50001-23-33-000-2020-00028-00, para adecuar el
mecanismo de elección de la persona que ocuparía el citado cargo público al
previsto en el artículo 126 de la Carta Política —convocatoria pública—, no
obstante, nuevamente los demandantes, en la citada Resolución nº. 73, intentaron
adelantar un concurso de méritos que no cabe para dicha elección.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
51. iii) que la mesa directiva del concejo municipal de Acacías nombró una
comisión accidental, de lo cual no puede deducirse la existencia de un tráfico de
influencias; que no es cierta la afirmación consistente en que 8 concejales
calificaron a 4 participantes con 1 y a 1 con 100 buscando realizar algún hecho
irregular ni que las calificaciones que otorgó fueran iguales a las de alguien más; y
que no llenó los campos de observaciones en los formatos de calificación puesto
que el presidente del concejo municipal de Acacías manifestó que era optativo
hacerlo y no vió la necesidad de ello.
52. iv) que no existían criterios para asignar las calificaciones por lo que no se
puede señalar que hubiera faltado a alguno de ellos, afirmando que no es cierta la
confabulación a la que aluden los solicitantes y que asignó la respectiva
calificación según su convencimiento respecto de las cualidades de quien debería
ocupar ese cargo, mencionando que para el caso de las convocatorias públicas no
es obligación elegir a que quien obtenga el mayor puntaje en las distintas etapas.
53. v) que no es cierto que anunció que votaría por la señora PATRICIA
MORERA ANAYA para ocupar el cargo de secretaria general del concejo
municipal de Acacías pues solo pronunció su nombre, añadiendo que los 7 votos
marcados por los solicitantes de la pérdida de investidura —también concejales
del municipio de Acacías— demuestran que entre ellos sí existió acuerdo para
respaldar a la señora MORERA ANAYA, lo cual se ratifica por el hecho de que
expresaran públicamente tal preferencia.
54. vi) que si bien es cierto la señora PATRICIA MORERA ANAYA instauró un
acción de amparo constitucional que le fue favorable en primera instancia, lo es
igualmente que la segunda instancia revocó la decisión, agregando que no
conocía a la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ ni tuvo contacto con ella en
el transcurso de la convocatoria pública y que dicha persona no aceptó el cargo,
por lo que no se acreditó el tráfico de influencias.
55. Propuso como excepciones las de inexistencia de la conducta y de
cumplimiento de un deber constitucional y legal. En cuanto a la primera —
inexistencia de la conducta— afirmó que i) no ha influenciado a nadie ni ha
permitido que se le presione frente a las decisiones que debe adoptar; y ii) que no
es posible acreditar el beneficio recibido o que se hizo prometer o la persona que
los recibió o a la que se los prometieron.
56. Frente a la segunda —cumplimiento de un deber constitucional y legal—
insistió en que el proceso de elección señalado corresponde a una convocatoria
pública, no a un concurso de méritos, en el que no es obligatorio que quien
obtenga el mayor puntaje dentro de las pruebas sea elegida para el cargo y en el
que entra en juego la discrecionalidad, pudiendo ser elegida cualquier persona
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
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que se encuentre en la lista de elegibles, por lo que el alegado acuerdo al que
habrían llegado los concejales acusados para elegir a una determinada persona
en el cargo de secretaria o secretario general del concejo municipal de Acacías se
caería de su propio peso.
57. La concejal acusada ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, a través de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura
puesto que ni los hechos ni las pruebas tienen relación con la causal que se le
atribuye, esto es, el tráfico de influencias. Desde tal perspectiva, afirma que no
están descritos los supuestos de hecho relativos a que la concejal hubiera ejercido
influjo síquico sobre un servidor público para ofrecer, prometer, hacer que se
reciba para sí o para un tercero, dinero o dádiva, ni se precisó el beneficio
pretendido por aquella.
58. El concejal acusado VÍCTOR JULIO RAMOS CUBILLOS se opuso a todas las
declaraciones y condenas solicitadas por los actores y que se los condene al pago
de las costas del proceso.
59. En lo atinente a los hechos que sustentan la solicitud de pérdida de
investidura, destacó i) que la elección de la secretaria o secretario general del
concejo municipal de Acacías, conforme a las Resolución nº. 48 de 17 de
noviembre de 2020, se debía desarrollar bajo el mecanismo de la convocatoria
pública —con sustento en el artículo 126 de la Carta Política— y no a través de un
concurso de méritos, como lo pretendió la mesa directiva de aquella corporación,
en la cual los concejales no estaban obligados a posesionar a la de mayor puntaje.
60. ii) que no hay prueba de la confabulación de los concejales acusados ni del
tráfico de influencias y, por el contrario, son los 7 concejales que hicieron el voto
público y luego lo firmaron los que acordaron previamente apoyar a la señora
PATRICIA MORERA ANAYA para ocupar el cargo de secretaria general del
concejo municipal de Acacías, añadiendo que votó con la convicción que se
trataba de una convocatoria pública con una lista de admitidos frente a la cual
operaba el derecho de votación de los concejales.
61. iii) que si bien es cierto la señora PATRICIA MORERA ANAYA instauró un
acción de amparo constitucional que le fue favorable en primera instancia, lo es
igualmente que la segunda instancia —el Juzgado Civil del Circuito de Acacías—
lo revocó y, en su lugar, negó por improcedente tal acción, resolviendo nombrar
nuevamente a la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, quien no lo aceptó,
por lo que se prueba, por el contrario, que no hubo tráfico de influencias.
62.Presentó como excepciones las de «[I]NDUCCIÓN DOLOSA AL ERROR POR
PARTE [DE] LA MESA DIRECTIVA DEL PERÍODO 2020», «[C]UMPLIMIENTO
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
DE UN DEBER CONSTITUCIONAL DE MI EJERCICIO LEGÍTIMO DE
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS» y «[E]RROR EN LOS CONCEPTOS
DE CONCURSO DE MÉRITO Y CONVOCATORIA PÚBLICA».
63. Frente a la primera de las excepciones —inducción dolosa al error por parte
[de] la mesa directiva del período 2020— adujo que se probó la intención dolosa
de los integrantes de la mesa directiva que fungen hoy como demandantes para
crear confusión en los concejales y en los participantes de la convocatoria pública,
al incluir etapas adicionales, como la prueba de conocimiento o la lista de
elegibles, después de iniciado el proceso y con fundamento en normas derogadas,
indicando que la elección de servidores públicos por parte de las corporaciones
públicas responde a una convocatoria pública en la que no es obligatorio elegir a
quien ocupe el primer puesto, existiendo total discrecionalidad para que los
concejales ejerzan su voto y elijan a quien consideran la más idónea.
64. En lo atinente a la segunda excepción —inexistencia del hecho generador de
la conducta punible— mencionó que no se probó cuál funcionario público influyó
en el otro ni el beneficio económico para sí o para un tercero; respecto a la tercera
excepción —cumplimiento de un deber constitucional de mi ejercicio legítimo de
concejal del municipio de Acacías— que su conducta en el proceso de elección de
la secretaria o secretario general del concejo municipal se adecuó a los
lineamientos del artículo 126 de la Carta Política, a la Ley 136 de 1994 y al
reglamento interno de esa corporación, pese a la intención de la mesa directiva
por inducir a error durante el proceso de elección para regirlo como un concurso
de méritos; y frente a la cuarta excepción —error en los conceptos de concurso de
mérito y convocatoria pública— resaltó que tales mecanismos de elección de
servidores públicos son distintos; que las corporaciones públicas debían ceñirse al
artículo 126 de la Carta Política en lo que atañe a las funciones electorales; y que
en la convocatoria pública adelantada por el concejo municipal de Acacías para la
elección de su secretaria o secretario general no resultaba obligatorio elegir a la
persona que ocupara el primer puesto.
65. El agente del Ministerio Público intervino en esta etapa procesal y puso de
presente que en el despacho de la magistrada ponente en primera instancia
cursaba una acción de nulidad electoral identificada con el número 500012333000
2021 00057 00 por hechos similares consistentes en la nulidad de la elección de la
señora PATRICIA MORERA ANAYA como secretaria general de esa corporación.
66. Añadió que en el Tribunal Administrativo del Meta, igualmente, se encontraba
en trámite una solicitud de pérdida de investidura identificada con el número 2021-
00250 que pudiera tener como sustento hechos similiares a los que aquí se
juzgan, no obstante, no resultaría acumulable a este proceso puesto que el
demandante y los demandados son distintos, destacando que, en un proceso
están siendo demandados un grupo de concejales del municipio de Acacías y en
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
el otro proceso los restantes y, finalmente, solicitó la practica de unas pruebas
testimoniales, de la declaración de parte de los acusados y que se oficiara a
distintas autoridades para que se allegaran unos documentos.
I.4. Trámite del proceso judicial
67. La magistrada sustanciadora del proceso, mediante auto de 8 de septiembre
de 2021, se pronunció respecto de las excepciones formuladas indicando que
hacían parte del análisis de fondo de la controversia por lo que serían definidas en
la sentencia que pusiera fin al proceso, luego de escuchar los argumentos de las
partes; decretó las pruebas a practicar en el proceso y fijó para el 27 de
septiembre de 2021, hora 9:00 a.m., la realización de la audiencia pública de que
tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 20186.
68.La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, el 27 de septiembre de
2021, celebró la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley
1881.
69. El solicitante, en el curso de la diligencia, insistió en que se decretara la
pérdida de investidura del concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN
por el hecho de no haber contestado la solicitud de pérdida de investidura, lo cual
debía ser interpretado, a su juicio, como confesión respecto de los hechos y
pretensiones que se le atribuyeron.
70. Encontró acreditados los elementos de la causal de pérdida de investidura
atribuida al señor Giraldo Aragón, puesto que consideró que aquel invocó su
condición ante los demás concejales y aspirantes al cargo de secretaria o
secretario general del concejo municipal de Acacías, direccionando y orientando el
resultado de la convocatoria pública para favorecer la elección de la señora
KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, desconociendo las reglas del concurso y
renunciando a la aplicación de los principios de transparencia, igualdad,
honestidad, buena fe, confianza legítima y mérito, anteponiendo sus intereses
personales en beneficio propio y de terceros.
71. Los acusados, VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS, FARLEY CARVAJAL
REY, ANDRÉS MAURICIO CHÁVEZ QUEVEDO, ALEXANDER VALERO y
ZULMA YOLIMA DÍAZ, reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del
proceso, atendiendo a que, de las pruebas recaudadas, no puede acreditarse la
causal que se le atribuye, esto es, el tráfico de influencias.
6 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
72. A su turno, el concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN sostuvo
que no contestó la demanda al estimar que no es viable utilizar este tipo de
medios de control como instrumento de cuestionamiento político de los concejales
y, además que no resultaba pertinente aplicar la presunción del artículo 97 del
Código General del Proceso realtivo a lo efectos de la contestación de la
demanda, en atención a la naturaleza de este tipo de procesos y que no empleó
su investidura para favorecerse, obrando conforme a la Constitución Política y a la
ley.
73. El agente del Ministerio Público, en su concepto de fondo nº. 97 de 23 de
septiembre de 2021, solicitó negar las pretensiones de la demanda, afirmando que
de las pruebas que obraban en el expediente no era posible acreditar una
concertación entre los concejales en favor de la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ, no obstante, si en gracia de discusión tal acuerdo se hubiera probado,
tampoco se habría configurado la causal de pérdida de investidura, añadiendo que
el análisis, en este medio de control, no solo es objetivo sino también subjetivo y
en tal ámbito no se aprecia una participación de mala fe de los accionados, como
podría ser la solicitud de dádivas o dinero por la elección.
I.5. La sentencia de primera instancia
74. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 21
de octubre de 2021, resolvió:
1. NEGAR LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA presentada por
Wilmer Olaya Carvajal, Orlando Granados Acevedo, Héctor Reyes Rativa y
Jhonny Andrés Basto Hernández en contra de Víctor Julio Ramos Cubillos,
Farley Carvajal Rey, Andrés Mauricio Chávez Quevedo, Jhonny Stevenson
Giraldo Aragón, Alexander Valero, Zulma Yolima Diaz, Liliama Marcela
Baquero Torres y Gildardo Santos Chaparro, en su calidad de concejales del
municipio de Acacías, Meta, para el período 2020-2023, conforme a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
75. La primera instancia estableció que la causal de pérdida de investidura que
sería objeto de juzgamiento sería la contenida en el artículo 55 numeral 4º de la
Ley 136 y en el artículo 48 numeral 5 de la Ley 617, esto es, el tráfico de
influencias debidamente comprobado.
76.Luego de referirse a los elementos para la configuración de la mencionada
causal de pérdida de investidura, abordó el caso en concreto mencionando que:
[E]n aras de verificar el cumplimiento de los tres elementos restantes, para
que se configure la causal de pérdida de investidura de tráfico de influencias
debidamente comprobado, debe tenerse claro que el reproche contra los
concejales demandados radica en que ellos «estuvieron de acuerdo para
calificar con la máxima puntuación cien (100) puntos a la aspirante
KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ; y calificar a las otras cuatro (4) con la
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
mínima calificación, es decir con uno (1)» incumpliendo «los principios de
IMPARCIALIDAD, BUENA FE y CONFIANZA LEGÍTIMA» así como el
«PRINCIPIO DE MÉRITO, al no respetar la LISTA DE ELEGIBLES, y haber
elegido a quien ocupó el segundo lugar, desconociendo los méritos de quien
ocupó el primer lugar» (…) Adicionalmente, la parte actora reprochó que «los
CONCEJALES se apartaron de su deber objetivo de evaluar y elegir, y que
adicionalmente USARON SU CALIDAD NOMINADORA para que entre los 8
INFLUYERAN directamente en el resultado de elección de la secretaria
general del concejo ABUSANDO DE SU PODER como servidores públicos
nominadores, evaluaron, calificaron y eligieron a una aspirante sin ningún
criterio OBJETIVO
77.Resaltó que de las pruebas documentales allegadas al expediente no estaba
demostrado un acuerdo entre los concejales para favorecer la elección de la
señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, lo cual se encuentra en consonancia
con los testimonios de la señora DIGNORY CLAVIJO ORTIZ y KATHERINE
ARENAS ÁLVAREZ.
78. La señora Clavijo Ortiz —secretaria general encargada del concejo municipal
de Acacías— manifestó que en el proceso de elección de la señora Arenas
Álvarez se desarrolló normalmente y que no tuvo conocimiento de reuniones
previas o posteriores a la elección por parte de los concejales acusados o que
aquellos hayan obtenido provecho o beneficio por la elección o que existieran
acuerdo entre ellos; y la señora Arenas Álvarez —secretaria general electa—
declaró que no tiene relación alguna con los acusados ni le ofrecieron tal empleo o
algo a cambio de su elección.
79. Destacó que la concertación o consenso de los concejales para la votación
final de los candidatos que conformen una lista de elegibles no es inapropiada y tal
aspecto no genera indicios de un posible tráfico de influencias y que,
independientemente de la forma de votación realizada para elegir funcionarios —
pública o secreta—, esto hace parte del análisis de legalidad de dicho proceso, lo
cual es ajeno al medio de control de pérdida de investidura y no es suficiente para
demostrar la configuración de la causal atribuida.
80. No encontrando acreditado el elemento relativo a que se reciba, haga dar o
prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva omitió el análisis del elemento
consistente en la finalidad de obtener beneficio de un servidor público en asunto
que se encuentre conociendo o haya de conocer mencionando que le corresponde
a los solicitantes probar el supuesto de hecho sobre los cuales fundan sus
acusaciones.
81. Explicó, además de lo anterior, que la no contestación de la solicitud de
pérdida de investidura por parte del señor JHONNY STEVENSON GIRALDO
ARAGÓN no puede constituir confesión de los hechos discutidos en este proceso,
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
puesto que no resulta pertinente aplicar la presunción prevista en el artículo 97 del
Código General del Proceso, en la medida en que este medio de control es de
naturaleza sancionatoria.
I.6. El recurso de apelación
82. El apoderado judicial de los demandantes, inconforme con la sentencia de
primera instancia, presentó recurso de apelación en contra de esta, con la
finalidad de que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la
demanda «y/o en especial la pérdida de inve(s)tidura del concejal JHONNY
ESTEVENSON GIRALDO ARAGÓN por haber confesado los HECHOS al no
haber contestado la demanda y haberlo confesado en audiencia de alegaciones».
83. Afirmó que los acusados manipularon el concurso para la elección de la
secretaria o secretario general del concejo municipal desde la calificación de la
prueba de entrevista acordando favorecer a la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ.
84. Explicó que la primera instancia erró en el análisis objetivo de los argumentos
de los solicitantes y de las pruebas que obran en el proceso puesto que, en su
concepto, los acusados desconocieron las reglas establecidas para la elección de
la secretaria o secretario general del concejo municipal de Acacías.
85. Tal proceso, continuó, estuvo regido por las disposiciones aplicables a los
concursos públicos bajo el criterio del mérito y, si bien es cierto no existe
reglamentación que regule el proceso de elección de tales servidores públicos, no
es lo menos que los postulados constitucionales y legales que regulan el acceso a
los cargos públicos tienen que obedecer estrictamente al citado criterio —el
mérito—.
86. Lo anterior se desprende, en el presente asunto, del contenido de las
resoluciones nº. 48, 73 y 77 de 2020, las cuales establecieron unas etapas que
debían superar cada uno de los aspirantes para que se consolidara una «[…] lista
única de elegibles en virtud a los puntajes obtenidos y consolidados en cada
prueba, y así elegir con criterios de mérito a la próxima secretaria general del
Concejo Municipal para el período 2021».
87. Resaltó, entonces, que la primera instancia omitió realizar un juicio valorativo
respecto de las reglas de la convocatoria, sus etapas y
[l]a forma como desde la falta al deber objetivo de evaluar, determinaron
orientar sus puntajes de calificación a favor de una única aspirante,
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
materializando con su comportamiento el tráfico de influencias y acuerdo
previos (…) El concurso o convocatoria al ser un proceso de elección sujeta
a la asignación de puntajes, ponderación de resultados y realización [de]
pruebas, se convierte en un proceso de elección cuyo único criterio de
eleccion sería el mérito (…) De la evaluación: Si bien es cierto la evaluación
corresponde a un criterio subjetivo, en la que cada concejal debe justificar los
criterios para la asignación de dicho puntaje, dicho criterio contiene una gran
parte de objetividad por cuanto la argumentación y puntaje traduce en un
criterio de objetividad que termina en la adjudicación o asignación de un
puntaje acorde a sus consideraciones plasmadas, y materializadas con una
calificación.
88. Adujo que el acusado JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN se
abstuvo de contestar la solicitud de pérdida de investidura, lo cual resulta ser una
confesión de los hechos y pretensiones solicitados, por lo que el Tribunal
Administrativo del Meta ha debido despojar de la investidura a este concejal.
89. Insistió en que la primera instancia no valoró como indicios las conductas
graves realizadas por los concejales cuestionados consistentes en que:
1. Incumplimiento de los principios de IMPARCIALIDAD, BUENA FE y
CONFIANZA LEGÍTIMA, al calificar de manera desproporcionada a cuatro
(4) de las aspirantes con la mínima calificación uno (1) y a una candidata con
la máxima puntuación cien (100), quien sería la misma por la que después
votarían para ser elegida secretaria general (…) 2. Incumplimiento del
PRINCIPIO DE MÉRITO, al no respetar la LISTA DE ELEGIBLES, y haber
elegido a quien ocupó el segundo lugar, desconociendo los méritos de quién
ocupó el primer lugar (…) 3. La confesión ficta o presunta realizada por el
concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGON.
90. Afirmó que los concejales acusados, además de violar las reglas, etapas,
procedimiento de selección y bases del proceso de selección previstos en las
resoluciones nº. 48, 73 y 77 de 2020, trasgredieron los artículos 6, 83, 125 y 209
de la Carta Política; el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 34 de la Ley
734.
91. Mencionó, igualmente, que el Tribunal Administrativo del Meta no realizó
pronunciamiento alguno respecto de situaciones similares a las que se debaten en
este proceso y han sido objeto de sanción por parte de la Procuraduría General de
la Nación, por violación a los principios aplicables a los procesos de selección de
servidores públicos.
92. Aludió a la adecuación de la conducta de los concejales acusados frente al
artículo 55 numeral 4 de la Ley 136 de 1994, esto es, a la causal de pérdida de
investidura consistente en el tráfico de influencias, indicando que:
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
La conducta desplegada por los concejales como se ha evidenciado de
forma directa y sin lugar a equivocaciones es de carácter DOLOSA, por
consiguiente se puede concluir que desplegaron inequívocamente su
capacidad conceptual, funcional e intelectual en la realización y/o
materialización de la misma, incurriendo en TRÁFICO DE INFLUENCIAS
para que en razón de sus funciones y el poder de elección su posición
directamente INFLUYERA a favor de un tercero en la designación del cargo
de secretaria general del Concejo Municipal de Acacías (…) El tráfico de
influencias reviste de la ADECUACIÓN de la conducta cuando a la hora de
votar los concejales demandados de forma UNANIME CONFLUYERON,
VIOLARON los preceptos constitucionales, jurisprudenciales y legales
cuando de manera CONCERTADA se pusieron de acuerdo para favorecer el
NOMBRAMIENTO de UNA ASPIRANTE al cargo de secretaria general,
desde la misma prueba de la entrevista (…) En sentencia de casación 46484
Mag. Ponente LUÍS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA, SP 12846 – 2017
Agosto 23 de 2017, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA sostiene: (…)
PRIMERO: Está demostrado y soportado en el material probatorio que los
Concejales accionados que entre los mismos concejales de forma
PREMEDITADA se influyeron los unos a los otros, ORQUESTARON su
comportamiento direccionando su intención de votar, y que dicho resultado
perseguía desde la CALIFICACIÓN de la entrevista LA MANIPULACIÓN real
y material del PROCESO de elección (…) En conclusión EL TRÁFICO DE
INFLUENCIAS se conjuró al interior de ellos mismos como concejales en
calidad de servidores públicos. Vulnerando el art. 125 de la CN., las reglas
de la convocatoria establecida en las resoluciones 048, 073 y 077 de 2020,
así como los principios que enmarcan la función pública (…) SEGUNDO: EL
TRÁFICO DE INFLUENCIAS como lo sostiene la CORTE SUPREMA, “que
tenga la potencialidad suficiente para llegar a influir en otros” de tal
suerte que al ponerse de acuerdo SUS DECISIONES FUERON
INFLUENCIADAS de tal MAGNITUD a el cometido (sic) de una conducta
TIPICA, ANTIJURÍDICA Y CULPABLE (sic) (…) Se pudiera interpretar que:
En caso de que los Concejales No hubiesen sido transparentes, objetivos,
transparentes, y acordes al MERITO (…) Por consiguiente se concluye que
efectivamente también cumple con dicho precepto calificado por la corte
cuando sostiene que la conducta del TRÁFICO DE INFLUENCIAS tengan la
capacidad suficiente para llegar a influir en otros. Hecho que se materializa
con la calificación y la posterior elección de forma unánime (…) TERCERO:
QUE LA CONDUCTA TRASCIENDA A UN VERDADERO ABUSO DE
PODER: el comportamiento de los Concejales efectivamente implican como
ya se demostró en un verdadero abuso de poder, en virtud de que su
comportamiento fue un acto caprichoso, desconociendo las reglas del
concurso previamente establecidas, violó disposiciones constitucionales y
jurisprudenciales sobre el CRITERIO DE MÉRITO y así mismo su posición
dominante que ejerce en el proceso de selección de la secretaria general del
Concejo Municipal, determinó SIN IMPORTAR la calificación a favor de una
única aspirante sin ningún criterio objetivo. MANIPULANDO el proceso de
selección, situación que se reflejaría en la elección del 18 de diciembre de
2020. Constituyendo así un verdadero abuso de poder en razón a sus
funciones (…) En conclusión se puede determinar que los CONCEJALES se
apartaron de su deber objetivo de evaluar y elegir, y que adicionalmente
USARON SU CALIDAD NOMINADORA para que entre los 8 INFLUYERAN
directamente en el resultado de elección de la secretaria general del concejo.
21
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Dicho TRÁFICO DE INFLUENCIAS esta comprobado cuando los concejales
ABUSANDO DE SU PODER como servidores públicos nominadores,
evaluaron, calificaron y eligieron a una aspirante sin ningún criterio
OBJETIVO. Alejado de los principios que rigen la elección de personas en
cargos públicos y el proceso transparente adelantado.
93. Añadió al análisis realizado de acuerdo con la posición de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el estudio de la conducta de los concejales acusados
desde la perspectiva de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes
términos:
b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público,
ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre este, sin tener en
consideración el orden jerárquico existente entre ambos (…) Los concejales
invocaron entre ellos mismos la calidad de servidores públicos en su calidad
de nominadores, prueba de ello es que DE COMÚN ACUERDO orquestaron
la comisión de su conducta, se influyeron entre sí el uno al otro a tal punto
que desde la calificación queda más que demostrado que su propósito ya
estaba direccionado a favorecer a KATHERINE ARENAS ALVAREZ (…) c)
Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o
dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de
1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus
regiones” (…) Los mismos concejales al materializar su CONDUCTA en la
calificación de la entrevista y en la posterior elección se sustrae que entre
ellos mismos se COMPROMETIERON de manera INEQUÍVOCA a elegir
KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, prometieron el cargo de secretaria general
del Concejo Municipal sin saber o conocer el desarrollo del concurso, sin
IMPORTAR EL MÉRITO BURLÁNDOSE así de las demás aspirantes (…) d)
Que el beneficio pretendido por el Congresista (Concejal para este caso)
provenga de un asunto que el servidor público se encuentre conociendo o
haya de conocer” (…) Efectivamente previo a la realización de la entrevista
se puede determinar que OCHO (8) concejales de manera directa en razón a
su calidad nominadora y a la vez conocedores que eran
DETERMINADORES de los resultados de la entrevista se PUSIERON DE
ACUERDO para influir en el resultado (…) El concejo municipal [de] Acacías,
está conformado por 15 Concejales, para lograr su COMETIDO, ACUERDO
y RESULTADO habiéndose PROMETIDO PARA ELLOS el cargo de
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, direccionando su
resultado era necesario que entre los OCHO (8) CONCEJALES se pusieran
de acuerdo para MANIPULAR LOS RESULTADOS y ASÍ VIOLENTAR las
normas, reglas y disposiciones que en criterio de mérito se deben atender
(…) Al ser un asunto de mayorías y manejo, los 8 Concejales dispusieron sin
lugar a equívocos que para poder nombrar y cumplir con lo que se
prometieron debían contar con OCHO (8) concejales, de tal suerte que así
manipularan la CALIFICACIÓN de la entrevista, el resultado se conseguiría al
momento de la votación. Toda vez que sin IMPORTAR quien ocupó el primer
lugar en la LISTA DE ELEGIBLES, los concejales ya habrían determinado de
COMÚN ACUERDO el resultado, siendo 8 votos de KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ, como efectivamente sucedió.
22
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
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94. Reiteró lo relativo a la «confesión realizada por el concejal JOHNNY
STEVENSON GIRALDO ARAGÓN» señalando que el Tribunal Administrativo del
Meta la desconoció argumentando que el medio de control de pérdida de
investidura tiene naturaleza sancionatoria y no hay cabida para la aplicación del
artículo 97 del Código General del Proceso, puesto que con tal decisión se
desconoció lo normado en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, que remite
precisamente al Código General del Proceso, razón por la que se debería aplicar
en forma estricta tal disposición —Artículo 97 del Código General del Proceso—.
95. Alegó, respecto de los testimonios recaudados dentro del proceso, que no era
posible, contrario a lo expuesto por la primera instancia, valorar la declaración de
la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ puesto que:
[e]s precisamente KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ quien al confesar las
presuntas dadivas, favores y concertación a su favor estaría incurriendo en
un delito por lo que es difícil que mediante dicha prueba testimonial pretenda
probarse que no existió Tráfico de Influencias siendo ella sobre la cual
recaen los favores recibidos (…) Los demás testimonios datan que
efectivamente hubo irregularidades y/o situaciones que empañaron el
proceso de elección de la secretaria general del Concejo Municipal, y que la
práctica de la conducta desplegada por los concejales siendo objetivos se
materializan en un tráfico de influencias por hechos narrados y debidamente
soportados.
I.7. Trámite del recurso de apelación
96. La magistrada ponente en primera instancia, mediante providencia de 24 de
noviembre de 2021, concedió el recurso de apelación presentado por los
solicitantes.
97. Repartido el proceso en segunda instancia7, el despacho sustanciador del
proceso en esta instancia, a través del auto de 21 de enero de 20228, admitió el
recurso de apelación y corrió traslado del auto admisorio, en los términos del
artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, a las partes y al agente del Ministerio Público.
98. Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales9, las partes no
presentaron alegaciones de conclusión y el agente del Ministerio Público no
intervino dentro del proceso.
7 Índice 1 SAMAI.
8 Índice 4 SAMAI.
9 Índices 6, 7 y 8 SAMAI.
23
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
99. La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará
los siguientes aspectos: i) competencia de la Sala; ii) la acreditación de la
condición de concejal respecto de los acusados; iii) el problema jurídico a resolver;
iv) la causal de pérdida de investidura invocada por los solicitantes y,
posteriormente, se pronunciará en relación con v) el caso concreto.
II.1. La competencia
100. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 61710; en el artículo 13
del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201911; y en el artículo 150 del
CPACA12.
II.2. La acreditación de la condición de concejales respecto de los acusados
101. Los señores VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS13, FARLEY CARVAJAL
REY14, ANDRÉS MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO15, ALEXANDER VALERO16,
ZULMA YOLIMA DÍAZ17, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES18,
GILDARDO SANTOS CHAPARRO19 y JHONNY STEVENSON GIRALDO
20
ARAGÓN , tienen la condición de concejales del municipio de Acacías (Meta)
para el período 2020-2023, como lo acreditan los formularios E-27 expedidos por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, allegados con la solicitud de pérdida de
investidura21.
10 «[…] PARAGRAFO 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del
debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha
de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por
cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que
determine la ley en un término no mayor de quince (15) días».
11 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
12 «ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO
DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja
que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]».
13 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 17420608.
14 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 17415183.
15 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 17423334.
16 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 17418345.
17 Identificada con cédula de ciudadanía nº 40432811.
18 Identificada con cédula de ciudadanía nº. 40219134.
19 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 86052242.
20 Identificado con cédula de ciudadanía nº. 1122140887.
21 Fol. 180 – 187, demanda.
24
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102. Por tal motivo, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del
artículo 5° de la Ley 188122, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de
los concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley23.
II.3. El problema jurídico
103. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin
que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado,
considera que el asunto que debe resolver se contrae a determinar si se
configuran los elementos –objetivos y subjetivos– que permitan despojar a los
acusados de su investidura de concejales del municipio de Acacías (Meta),
elegidos para el período 2020-2023, por incurrir en tráfico de influencias, causal de
pérdida de investidura para los concejales por así disponerlo el artículo 55 numeral
4º de la Ley 136 y el artículo 48 numeral 5º de la Ley 617.
104. Lo anterior, en atención a que en el proceso de elección de quien ocuparía el
cargo de secretaria o secretario general del concejo municipal de Acacías para el
año 2021, los concejales cuestionados acordaron apoyar la aspiración de la
señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, quien finalmente resultó elegida para
ocupar tal empleo público, con desconocimiento de las normas constitucionales,
legales y reglamentarias que regularon dicho proceso y que dictaban que ha
debido elegirse a quien ocupó el primer lugar de la lista de elegibles.
105. Para el efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1881,
modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 201924, concibe la pérdida de
investidura como un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un
juicio de responsabilidad subjetivo, lo que significa que para efectos de establecer
si un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar,
inicialmente, el elemento objetivo de la conducta, lo que implica establecer si los
hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se
adecúan a la causal endilgada.
22 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta
deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida
por la Organización Electoral Nacional […]».
23 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
24 «ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La
acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren
incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción
electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre
el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo
juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de
nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal».
25
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
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106. Pero dicho análisis no resulta suficiente para despojar de la investidura a tal
servidor público en la medida en que, adicionalmente, y en caso de que se
encuentre que la conducta del acusado se adecúa a la causal de pérdida de
investidura que se le atribuye, se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa
o gravemente culposa.
II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye a los acusados
107. Los acusados, a juicio de los demandantes, incurrieron en tráfico de
influencias, causal de pérdida de investidura para dichos servidores públicos por
así disponerlo los artículos 55 numeral 4º de la Ley 136 y 48 numeral 5º de la Ley
617. El texto de las normas es el siguiente:
[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por: (…) 4. Por tráfico de influencias
debidamente comprobado.
[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura: (…) 5. Por tráfico de influencias debidamente
comprobado.
108. Esta Corporación ha considerado que la aludida causal presupone anteponer
«[l]a investidura de Congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo
sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de
quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el
Congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su
influencia la decisión de realizar el hacer solicitado»25 […]»26.
109. Igualmente, estableció que para la configuración del elemento objetivo de esta
causal de pérdida de investidura se requiere la presencia de los siguientes
elementos27:
25 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sentencia de 28 de noviembre de 2000, radicado
AC-11349, C. P. Olga Inés Navarrete Barrero.
26 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente:
CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01602-00(PI). Reiterado en CONSEJO DE ESTADO, SALA
PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-
2018-00317-01(PI).
27 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente:
CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01602-00(PI). Reiterado en CONSEJO DE ESTADO, SALA
PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER.
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-
2018-00317-01(PI).
26
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Asimismo, en sentencia de 1° de noviembre de 201628, esta Sala reiteró las
condiciones indispensables para que se configure dicha causal de pérdida de
investidura29, en los siguientes términos:
[…] la Sala a partir de la Jurisprudencia suficientemente decantada en cuanto
a la demarcación conceptual del tráfico de influencias dentro de la acción de
pérdida de investidura, se permite reiterar, los cuatro elementos que deberán
aparecer demostrados de forma suficiente y concurrente en el proceso, para
efectos de configurar la referida causal, así:
“a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la
calidad de Congresista de la República, la cual se adquiere a partir de la
posesión en el cargo”;30
b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público 31,
ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en
consideración el orden jerárquico existente entre ambos;
“c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o
dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de
1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus
regiones”;32 y
d) Que el beneficio pretendido por el Congresista provenga de un asunto que
el servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer”.
Ese presupuesto “a)” exige la calidad cualificada del sujeto activo que
pretende traficar las influencias que emanan de su investidura congresional,
esto es, que debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la
Cámara.
En el requisito “b)”, debe observarse plenamente que ante el servidor
público, el Congresista haya invocado, antepuesto o recurrido a su condición
de tal. Son dos los aspectos fundamentales a tener en cuenta en este punto:
lo primero, es que se haya ejercido sobre el servidor un influjo síquico
derivado de la condición de Congresista, es decir, que lo que se pretenda de
aquél se consiga por la anteposición del cargo de Senador o Representante.
28 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C.
P. María Elizabeth García González.
29 Entre otros, mediante fallos de «[…] 8 de agosto de 2001 (Expedientes acumulados núms. AC-10966 y AC-
11274, Consejero ponente doctor Reinaldo Chavarro Buriticá), de 29 de julio de 2003 y 15 de mayo de 2007
(Expedientes núms. PI-00522, PI-2006-01268, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
de 11 de marzo de 2008 (Expediente núm. 2007-01054 (PI), Consejera ponente doctora Susana Buitrago), de
27 de abril de 2010 (Expediente núm. 2009-00935 (PI), Consejero ponente doctor William Giraldo Giraldo), 12
de junio de 2012 (Expediente núm. 2011-01112 (PI), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso),
de 4 de septiembre de 2012 (Expediente núm. 2011-00616 (PI), Consejero ponente doctor Mauricio Fajardo
Gómez), de 9 de julio de 2013 (Expediente núm. 2011-01559-00 (PI), Consejero ponente doctor Hernán
Andrade Rincón), de 30 de junio de 2015 (Expediente núm. 2013-00115-00 (PI), Consejero ponente doctor
Alberto Yepes Barreiro (E)), de 4 de agosto de 2015 (Expediente núm. 2012-00863-00 (PI), Consejera
ponente doctora Martha Teresa Briceño de Valencia) y de 1o. de marzo de 2016 (Expediente núm. 2015-
01462-00 (PI), Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala)».
30 Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Expediente núm. 2011-00497 (PI), Consejero ponente
Alfonso Vargas Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), (Expediente núm. 2013-00865 (PI),
Consejero Ponente doctor Enrique Gil Botero) y de 21 de junio de 2016 (Expediente núm. 2013-01258-00 (PI),
Consejera ponente María Elizabeth García González).
31 Ibídem.
32 Ibídem.
27
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En estos términos, la Sala Plena también ha sostenido que dentro de los
requisitos exigidos por la jurisprudencia, para que se estructure el tráfico de
influencias, se destaca el influjo sicológico que derivado de la calidad de
congresista, se pueda ejercer sobre la persona que deba realizar la actividad
que se pretende. Quien influye, ejerce predominio o fuerza moral, valiéndose
de su poder, superioridad o fuerza dominante.
El segundo aspecto, radica en que el tráfico de influencias puede darse
frente a cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico
en que se encuentre, lo cual desecha cualquier tipo de elucubración
adicional a la simple constatación de que el influenciado ostente el
carácter de servidor público.
En el presupuesto “c)” debe advertirse que el Congresista bien puede
solicitarle al servidor público un beneficio en dinero y/o dádiva para sí o para
un tercero –excepto si se trata de una gestión a favor de su región en los
términos de la Ley 5ª de 1992-, conducta que implica una relación de doble
envío, donde el Congresista solicita para recibirlo, darlo o prometerlo y
consecuentemente el servidor público accede a ello. Sin embargo, la
conducta se configura aún [sic] cuando el servidor público no accede, porque
basta la simple solicitud.
Finalmente, en el elemento “d)” habrá que precisar que el referido beneficio
pretendido por el Congresista, ya sea en dinero y/o dádiva, tenga su origen
en un asunto en donde el servidor público sea o vaya a ser competente, es
decir, que tenga o vaya a tener el conocimiento del mismo, razón justamente
por la cual resulta abordado por el Congresista [negrilla de la Sala].
Del precedente anteriormente citado se colige que para que se estructure la
causal objeto de estudio resulta necesario demostrar que (i) la persona haya
sido o sea congresista, (ii) invoque esa condición ante el servidor público,
(iii) reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con
las salvedades o excepciones establecidas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a
las gestiones de los congresistas en favor de sus regiones, y (iv) con el
propósito de obtener un beneficio de un servidor público en algún asunto que
este conozca o haya de conocer.
II.5. El caso en concreto
II.5.1. La presencia de los elementos objetivos para la configuración de la
causal de pérdida de investidura
110. La Sala, una vez establecidos los elementos que deben concurrir para la
configuración del tráfico de influencias como causal de pérdida de investidura
prevista en los artículos 55 numeral 4º de la Ley 136 y 48 numeral 5º de la Ley
617, analizará el caso en concreto.
111. Lo primero que se debe advertir es que el objeto del medio de control de
pérdida de investidura es establecer si un miembro de una corporación de elección
28
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popular —congresista, diputado, concejal o edil—, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, incurrió en una causal de pérdida de investidura establecida
en la Carta Política y en la ley.
112. Por ello, no le corresponde establecer la legalidad de los actos
administrativos o del proceso llevado a cabo por el concejo municipal de Acacías
para elegir a quien ocuparía el cargo de secretaria o secretario general de la
corporación para el año 2021 y no realizará pronunciamiento alguno al respecto.
113. Aclarado lo anterior y estando probado que los acusados son concejales del
municipio de Acacías para el período 2020-2023, corresponde analizar si se
encuentra acreditado el segundo elemento para la configuración de la causal de
pérdida de investidura, consistente en que se invoque esa calidad —la de concejal
para el presente asunto— ante el servidor público, ejerciéndose influjo síquico
sobre este, sin consideración al orden jerárquico existente entre ambos.
114. El apelante consideró que este elemento se encontraba demostrado puesto
que los concejales invocaron entre ellos mismos su condición, influenciándose los
unos a los otros, acordando favorecer la elección de la señora KATHERINE
ARENAS ÁLVAREZ como secretaria general del concejo municipal de Acacías
para el año 2021, manipulando de esta manera el proceso de elección de quien
ocuparía tal empleo público.
115. En atención a lo anterior, la mesa directiva del concejo municipal de Acacías,
de acuerdo con la facultad que le otorgó la plenaria de la corporación en la sesión
de 13 de noviembre de 202033, expidió la Resolución nº 48 de 17 de noviembre de
202034, con la finalidad de convocar a los ciudadanos interesados en participar en
la convocatoria para proveer el cargo de secretaria general de esa corporación.
116. Estaresolución estableció las siguientes reglas para el desarrollo de la
convocatoria:
ARTÍCULO SEGUNDO: PUNTAJE Y PONDERACIÓN: (…) a) Cumplimiento
del 100% de los requisitos establecidos en el PARÁGRAFO del Artículo
Primero de la presente convocatoria se asignará el 60% del total de la
prueba (…) b) Estudios adicionales a los requeridos 10% (…) c) Experiencia
adicional al mínimo requerido 10% (…) d) Entrevista 20% del valor de la
prueba (…) Nota 1: las calificaciones dadas a cada etapa será calculadas
sobre 100 puntos. Sin incluir decimales (…) Nota 2: En caso de empate este
se dirimirá por los estudios adicionales que ostenten los participantes.
33 Fol. 158 – 160, Acta nº. 118 de 13 de noviembre de 2020. Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de
2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021.
34Fol. 6 - 11, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en
cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 20 – 25, demanda.
29
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
ARTÍCULO TERCERO: ESTRUCTURA DEL PROCESO – La convocatoria
para la elección de Secretaria(o) Generaldel Concejo Municipal de Acacías –
Meta, tendrá las siguientes etapas: (…) 1. Aviso de invitación y convocatoria
(…) 2. Inscripción o reclutamiento (…) 3. Verificación de requisitos mínimos y
publicación de la lista de admitidos y no admitidos (…) 4. Reclamaciones y
respuesta a reclamaciones (…) 5. Publicación listado definitivo de admitidos
y No admitidos (…) 6. Entrevista (…) 7. Publicación de resultados
Consolidados (Lista de Elegibles) (…) 8. Reclamaciones y Respuesta a
reclamaciones (…) 9. Elección y Posesión Secretaría General del Concejo
Municipal.
ARTÍCULO CUARTO: CRONOGRAMA DEL PROCESO. En el cronograma
del presente concurso se describen cada una de las etapas previstas en el
presente artículo, incluyendo las reclamaciones por inadmisión y el término
para resolverlas en cada caso.
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Designación comisión accidental para la verificación de
cumplimiento de requisitos exigidos: Desígnese a los concejales: ANDRÉS
MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO, LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES
y JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ.
ARTÍCULO SEXTO: PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. En
todas sus etapas, el Concurso Público de Méritos mediante el cual será
escogido la (el) Secretaria(o) General del Concejo Municipal de Acacías –
Meta, atenderá los principios de libre concurrencia e igualdad en el ingreso,
publicidad, objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad,
confiabilidad, eficacia y eficiencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: EMPLEO CONVOCADO. El empleo Objeto de la
presente convocatoria es el Secretaria(o) General del Concejo Municipal de
Acacías – Meta, por un período de una año contados a partir del 01 de enero
de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual podrá ser reelegido a
criterio de la Corporación.
117. Tal acto administrativo fue modificado por la misma mesa directiva a través de
la Resolución nº. 73 de 1 de diciembre de 202035, con el fin de ajustar la
convocatoria a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Meta en el expediente nº. 50001-3-33-000-2020-00028-
00 y dar aplicación analógica a la Ley 1904 de 2018 en lo compatible con la
elección de la secretaria o secretario general del concejo municipal.
118. Las modificaciones a la Resolución nº. 48 de 2020, en lo que nos interesa,
fueron las siguientes:
35 Fol. 152 - 157, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en
cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 26 – 31, demanda.
30
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el ARTÍCULO SEGUNDO de la
resolución 048 de 2020 el cual quedará así: (…) ARTÍCULO SEGUNDO:
PRUEBAS, PUNTAJE Y PONDERACIÓN (…) PRUEBAS: A fin de
determinar el valor porcentual de cada una de las pruebas a realizarse se
dispondrá de las siguientes pruebas: (…) A) PRUEBA DE VALORACIÓN DE
REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO DEL PERFIL REQUERIDO: (…)
PUNTAJE: 60% DEL VALOR TOTAL DE LA PRUEBA: El aspirante que
allegue Diploma de Bachillero (sic) o Certificación de Experiencia
administrativa mínima de 2 años y cumpla con todos los requisitos y/o
documentos tendrá derecho a una asignación de 60 Puntos / 100 (…) B)
PRUEBA DE VALORACIÓN DE ESTUDIOS ADICIONALES A LOS
REQUERIDOS: (…) PUNTAJE: 10% DEL VALOR TODAL (sic) DE LA
PRUEBA: El aspirante que allegue certificados de estudios adicionales al de
bachiller se calificará con 10 Puntos / 100 (…) C) PRUEBA DE
VALORACIÓN DE EXPERIENCIA ADICIONAL AL MÍNIMO REQUERIDO
(…) PUNTAJE: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PRUEBA: El aspirante que
allegue certificados de experiencia con el lleno de los requisitos exigidos se
calificará con 10 Puntos / 100 (…) D) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: (…)
PUNTAJE: 10% DEL VALOR TOTAL DE LA PRUEBA: El aspirante
presentará prueba de conocimientos en el lugar, fecha y hora señalados en
el cronograma, el cual se calificará de 0 a 100, la Prueba de Conocimientos
contará con un mínimo de 20 Preguntas: se evaluarán temas sobre áreas
Administrativas, Contables, Presupuestales y Financieras, así como temas
Funcionales y Legales de la Secretaría General del Concejo Municipal (…) E)
PRUEBA DE ENTREVISTA: (…) PUNTAJE: 10% DEL VALOR TOTAL DE
LA PRUEBA: El aspirante presentará entrevista en el lugar fecha y hora
señaladas. En la entrevista la mesa directiva diseñará 3 preguntas abiertas
relacionadas [con] el cargo, sus funciones administrativas y la disposición
sobre el cumplimiento de las funciones (…) Cada Concejal tendrá la
obligación de calificar cada pregunta en un rango de 1 a 100 sin incluir
decimales. El total de los resultados se ponderará de forma global y se
obtendrá el resultado, correspondiente este al 10% del total de la Prueba (…)
PARÁGRAFO 1. La elaboración de las pruebas de Conocimientos, será
única y exclusivamente de manejo de la mesa directiva quien deberá acatar
los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, en la
elaboración de las pruebas, garantizando el protocolo de seguridad, control,
cuidado y manejo de las mismas (…) PARÁGRAFO 2. Las preguntas de las
pruebas de entrevista, será única y exclusivamente de manejo de la mesa
directiva quien deberá elaborar las preguntas bajo el cumplimiento de los
principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. Las
preguntas de entrevista se expondrán únicamente el día de la realización de
la prueba (…) Nota 1: las calificaciones dadas a cada etapa serán calculadas
sobre 100 puntos. Sin incluir decimales (…) Nota 2: En caso de empate este
se dirimirá por los estudios adicionales que ostenten los participantes.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese EL ARTÍCULO TERCERO de la
resolución 048 de 2020 quedará así: (…) ARTÍCULO TERCERO: ETAPAS
DE LA ESTRUCTURA DEL PROCESO (…) 1. Aviso de invitación y
convocatoria (…) 2. Inscripción o reclutamientos (…) 3. Verificación de
requisitos mínimos y publicación de la lista de admitidos y no admitidos (…)
4. Reclamaciones y respuesta a reclamaciones (…) 5. Publicación listado
definitivo de admitidos y No admitidos (…) 6. Pruebas, puntaje y ponderación
31
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
(…) 7. Publicación de los resultados de las pruebas A, B, C, del Artículo
Segundo (…) 8. Reclamación a los resultados publicados (…) 9. Entrevista
(…) 10. Publicación de resultados Consolidados (Lista de Elegibles) (…) 11.
Reclamaciones y Respuesta a reclamaciones (…) 12. Elección y Posesión
Secretaria General del Concejo Municipal.
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese EL ARTÍCULO CUARTO de la
resolución 048 de 2020 el cual quedará así: (…) ARTÍCULO CUARTO:
CRONOGRAMA DEL PROCESO. en el cronograma del presente concurso
se describen cada una de las etapas previstas en el presente artículo,
incluyendo las reclamaciones por inadmisión y el término para resolverlas en
cada caso […]
119. No sobra advertir que el alcalde municipal de Acacías, mediante el decreto nº.
235 de 11 de diciembre de 202036, convocó a sesiones extraordinarias al concejo
municipal por el período comprendido entre el 12 al 23 de diciembre de 2020,
término dentro del cual, entre otras cosas, debería realizarse la elección de la
secretaria o secretario general de aquella corporación para la vigencia 2021.
120. Posteriormente, la mencionada mesa directiva expidió la Resolución nº. 77
de 17 de diciembre de 202037, la cual modificó la Resolución nº 73 de 2020,
suprimiendo un texto enunciado en los considerandos de este acto administrativo
e indicando que:
[…] ARTÍCULO SEGUNDO: El proceso de elección y posesión de la
secretaría obedecerá única y exclusivamente al MERITO atendiendo lo
preceptuado en el art. 50 del Acuerdo 427 de 2016, y en cumplimiento de los
principios de igualdad, oportunidad, transparencia, objetividad, participación,
equidad de género, libre concurrencia, imparcialidad e idoneidad, adelantado
durante la convocatoria.
121. En desarrollo de la convocatoria pública para elegir a la secretaria o
secretario general del concejo municipal se procedió i) a la asignación de los
puntajes producto de la evaluación de las hojas de vida38; ii) a la realización de
una prueba de conocimientos el 11 de diciembre de 202039; iii) a la realización de
entrevistas a las aspirantes el día 16 de diciembre de 2020 40; y iv) finalmente, a la
36 Fol. 172 y 173, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en
cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 20 – 25, demanda.
37 Fol. 22 - 27, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en
cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 32 – 36, demanda.
38 Fol. 38 – 43 y 46, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías,
en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021.
39 Fol. 44 y 47 – 62, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías,
en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021.
40 Fol. 63 y 177 – 202, acta nº 133 de 16 de diciembre de 2020, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre
de 2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 39 –
64, demanda.
32
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
elección de la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ como secretaria general
de la corporación, el 18 de diciembre de 202041.
122. En lo que se refiere a la prueba de entrevista, consta, según los formatos de
calificación que obran en el expediente42, que los concejales VICTOR JULIO
RAMOS CUBILLOS, ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ, GILDARDO SANTOS
CHAPARRO y LILIANA MARCELA BAQUERO TORRES asignaron la misma
calificación a los aspirantes a ocupar el cargo de secretaria o secretario general
del concejo municipal de Acacías, esto es, uno (1) para 4 aspirantes y cien (100)
para la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ.
123. En los formatos de calificación de los citados concejales no se encuentra
explicación al puntaje otorgado a las aspirantes y solo el concejal VICTOR JULIO
RAMOS CUBILLOS agregó la palabra «Excelente» en la casilla correspondiente a
la aspirante MORERA ANAYA43.
124. El concejal ANDRÉS MAURICIO CHÁVEZ QUEVEDO, si bien asignó cien
(100) a la señora ARENAS ÁLVAREZ, otorgó uno (1) a LISETH KATHERINE
RODRIGUEZ, a ANGÉLICA ALEJANDRA ORDÓÑEZ y a PATRICIA MORERA
ANAYA y cincuenta (50) a JOHANA PATRICIA OVALLE. En el formato
mencionado no consta explicación respecto de la calificación realizada.
125. El concejal ALEXANDER VALERO, si bien asignó cien (100) a la señora
ARENAS ÁLVAREZ, otorgó cuatro (4) a LISETH KATHERINE RODRIGUEZ, tres
(3) a ANGÉLICA ALEJANDRA ORDÓÑEZ, uno (1) a PATRICIA MORERA
ANAYA y dos (2) a JOHANA PATRICIA OVALLE. En el formato mencionado no
consta explicación respecto de la calificación realizada.
126. El concejal FARLEY CARVAJAL REY, si bien asignó cien (100) a la señora
ARENAS ÁLVAREZ, otorgó uno (1) a LISETH KATHERINE RODRIGUEZ,
PATRICIA MORERA ANAYA y a JOHANA PATRICIA OVALLE y dos (2) a
ANGÉLICA ALEJANDRA ORDÓÑEZ, explicando la calificación otorgada a cada
una de las participantes.
127. El concejal JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN, si bien asignó
cien (100) a la señora Arenas Álvarez, otorgó tres (3) a LISETH KATHERINE
41 Fol. 203 – 233, acta nº 134 de 16 de diciembre de 2020, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de
2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 96 – 126,
demanda.
42 Fol. 71 - 99, formatos de consolidación de información de la evaluación, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de
septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 /
Fol. 65 – 94, demanda.
43 Fol. 85, formato de consolidación de información de la evaluación, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de
septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 /
Fol. 79, demanda.
33
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
RODRIGUEZ, dos (2) a ANGÉLICA ALEJANDRA ORDÓÑEZ, tres (3) a
PATRICIA MORERA ANAYA y cuatro (4) a JOHANA PATRICIA OVALLE. En el
formato mencionado no consta explicación respecto de la calificación realizada.
128. En el acta nº. 133 de 16 de diciembre de 2020, se hace constar que el
presidente del concejo municipal de Acacías, ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO, en relación con la metodología para realizar la calificación de la
prueba de entrevista, explicó que:
[…] en la calificación está dispuesto la resolución (sic) que es en números
enteros de 1 a 100 como se hizo en el tema de personero es prácticamente
la misma metodología el mismo sistema de calificación no hay que utilizar
decimales, cero sería si no está presente la entrevistada, igual el Concejal
puede dejar queda dentro (sic) de la hoja de vida la evaluación que se va
entregar está el cuadro de observaciones para que el Concejal si desea
escribir algunas observaciones en las cuales sustente su calificación si el
Concejal no quiere simplemente da la calificación de cada una de las 5
aspirantes y no está obligado a que tenga que dejar alguna observación esa
es más o menos la metodología (…) Hace uso de la palabra el presidente
Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, de esta manera damos por
finalizada la participación de las 5 candidatas a ser secretaria general para la
vigencia 2021, Katherine si gusta se puede sentar halla (sic) en las graderías
o si ustedes ya gustan se pueden retirar la publicación de los resultados
como está según el cronograma se hará en horas de la tarde una vez se
tenga un consolidado, a partir de este momento los Concejales cuentan con
5 minutos para que hagan la respectiva evaluación, por favor secretaria
recogemos las evaluaciones e el (sic) sobre de custodia lo sellamos y se le
entrega al jurídico para hacer la respectiva consolidación, a partir de este
momento cuentan con 5 minutos para que hagan la evaluación.
129. El concejo municipal de Acacías, según consta en el acta nº. 134 de 18 de
diciembre de 2020, eligió a la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ, en la
siguiente forma:
[…] De esta manera quedan agotadas las reclamaciones fueron esas dos
solicitudes que fueron radicadas por favor secretaria vamos a pasar al
registro de votación y vamos a abrir la votación se le solicita a la secretaria
alistar la urna le entregamos a cada Concejal un voto y cada Concejal lo hará
de manera secreta como lo establece el reglamento interno si algún Concejal
quiere anunciar su voto está en su derecho de realizarlo (…) Antes de iniciar
el llamado a lista me voy a permitir recordarles a los Concejales el acta No. 5
que trata de la publicación de resultados obtenidos y publicación de la lista
de elegibles de conformidad con la resolución 048 y 073 de 2020 por medio
de la cual se realiza una convocatoria para la elección de secretaria general
del Concejo municipal de Acacías consolidación de resultados obtenidos por
los aspirantes dentro del proceso de selección de secretaria general del
Concejo municipal vigencia 2021, lista de elegibles en estricto orden de
resultados obtenidos durante las pruebas realizadas (…) Este es resultado
34
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
final de conformidad con el concurso, en este momento procederemos a
hacer la votación, designamos la comisión escrutadora Concejales WILMER
CARVAJAL, JAIR ECHEVERRY y ARNOLD PINILLA. Por favor abrimos el
registro de votación por favor secretaria hacer el llamado a lista y vamos
votando uno por uno.
La secretaria general (e), procede a hacer el llamado a cada uno de los
Concejales para que depositen su voto, así: (…) LILIANA MARCELA
BAQUERO (…) JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ (…) Quiero dejar
constancia mi voto es por la señora Patricia Morera Anaya (…) WILMER
ORLANDO CARVAJAL OLAYA (…) Para hacer aclaración de mi voto debido
a la confiabilidad del concurso que se realizó por Patricia Morera Anaya (…)
FARLEY CARVAJAL REY (…) ANDRÉS MAURICIO CHAVEZ QUEVEDO
(…) ZULMA YOLIMA DÍAZ DÍAZ (…) JOSÉ JAIR ECHEVERRY OSPINA (…)
Patricia Morera Anaya (…) JHONNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN (…)
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO (…) Mi voto lo anuncio es por Patricia
Morera Anaya (…) ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA (…) Es por la
señora Patricia Morera Anaya (…) VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS (…)
HECTOR REYES RATIVA (…) Anuncio mi voto por la señora Patricia Morera
Anaya (…) LUÍS CARLOS RICHAR RODRÍGUEZ CORTES (…) Por la
señora Patricia Morera Anaya (…) GILDARDO SANTOS CHAPARRO (…)
Para dejar constancia Patricia Morera Anaya (…) ALEXANDER VALERO (…)
La secretaria general encargada informa que está hecho el llamado a lista.
El presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO solicita hacer el
respectivo escrutinio, le solicita a la comisión escrutadora dar el resultado,
teniendo en cuanta (sic) que hay dos Katherines (sic) por favor verifique con
los apellidos que esté bien (…) El Concejal WILMER ORLANDO CARVAJAL
OLAYA integrante de la comisión escrutadora manifiesta presidente 8 votos
son por Katherine Arenas y 7 por Patricia Morera Anaya (…) El presidente
Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO teniendo en cuanta (sic) que
de conformidad con los votos que los Concejales cantaron hubo 8
Concejales que cantaron el voto y que pidieron que en el acta quedara
Patricia Morera Anaya voy a decretar un receso para que la comisión
escrutadora tome una decisión, se decreta un receso de 30 minutos, siendo
las 11:00 a.m.
Siendo las 11:25 am se levanta el receso, se le solicita a la secretaria
general (e) hacer el respectivo llamado a lista y verificación del quorum (…)
Hecho el llamado a lista con la asistencia de quince (15) Concejales, se le
informa al presidente que hay quórum para deliberar y decidir (…) El
presidente Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO manifiesta,
estábamos en el punto de elección de secretaria general del período 2021
tiene el uso de la palabra la comisión escrutadora para que nos dé el
resultado final (…) Hace uso de la palabra el Concejal WILMER ORLANDO
CARVAJAL señor presidente nosotros la comisión escrutadora de la elección
de la convocatoria de la secretaría general del Concejo municipal de Acacías
vigencia 2021 integrada por los Concejales JOSÉ JAIR ECHEVERRY
OSPINA, ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA, y el suscrito WILMER
ORLANDO CARVAJAL OLAYA queremos declarar oficialmente a Katherine
Arenas Álvarez como secretaria general del Concejo municipal para el
período 2021 todo esto para que realice por presidencia su respectiva
35
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
posesión, presidente pero además la comisión escrutadora solicita a la Mesa
Directiva se dé traslado a la Fiscalía y Procuraduría para que inicie una
investigación en la diferencia de los votos aclarados por los Concejales a
favor de la señora Patricia Morera Anaya y en la urna solo aparecen 7 votos
que esta sea dada en custodia los votos en un sobre cerrado que va guardar
la mesa directiva y también señor presidente pedimos que se notifique a la
señora Patricia Morera de los respectivos resultados para que presente los
recursos a que tenga derecho, gracias señor presidente (…) El presidente
Concejal ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, gracias a la comisión
escrutadora de esta manera ha sido declarada por la comisión escrutadora
oficialmente a la señora Katherine Arenas y se hará lo pertinente a petición
de la comisión escrutadora para correr traslado a los diferentes organismos
de control para que inicie las investigaciones a que haya lugar disciplinarias y
penales con respecto a la diferencia de los votos anunciados con respecto a
los votos depositados en la urna de esta manera oficialmente damos por
concluido el proceso de elección de secretaria entonces le pedimos por favor
secretaria para que notifique a la señora Katherine Arenas para que adelante
el procedimiento de ley la compra de estampillas y todo el proceso y cuenta
con 15 días hábiles para tomar posesión del cargo […].44
130. El concejo municipal de Acacías remitió al Tribunal Administrativo del Meta
y con el Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo
municipal de Acacías, los documentos relativos al proceso de elección de quien
ocuparía el cargo de secretaria o secretario general de la corporación.
131. Entre tales documentos, se allegaron los votos proferidos por los concejales
en el mencionado proceso —fol. 107 a 136 Oficio45—, encontrándose 7 votos por
la señora PATRICIA MORERA ANAYA y que corresponden a los concejales
JOSÉ JAIR ECHEVERRY OSPINA, WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA,
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA,
JHONNY ANDRÉS BASTO HERNÁNDEZ, LUIS CARLOS RICHAR RODRÍGUEZ
CORTES y HÉCTOR REYES RATIVA, quienes firmaron dichos votos y
consignaron sus nombres en ellos.
132. Se encuentran igualmente 8 votos por la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ en los cuales no se identifica quién los emitió, no obstante,
corresponden a los concejales restantes y quienes fungen como acusados.
133. De los documentos relativos a la elección de la señora KATHERINE
ARENAS ÁLVAREZ no puede deducirse, en grado de certeza, que los concejales
acusados hayan invocado entre ellos mismos su condición, influenciándose los
unos a los otros, acordando favorecer la elección de la mencionada señora como
secretaria general del concejo municipal de Acacías para el año 2021,
44 Fol. 107 – 136, votos emitidos, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de septiembre de 2021 del concejo municipal
de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021 / Fol. 127 – 155, demanda.
45 Se encuentran, igualmente, del folio 127 al 155 de la demanda.
36
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
Solicitantes: WILMER ORLANDO CARVAJAL OLAYA Y OTROS
Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
manipulando de esta manera el proceso de elección de quien ocuparía tal empleo
público.
134. Si bien estan acreditados los hechos consistentes: i) en que 8 concejales
calificaron en la prueba de entrevista a la señora KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ, con un puntaje de cien (100); ii) en que 4 de ellos emitieron
calificaciones idénticas en aquella prueba, asignando uno (1) a cuatro aspirantes y
cien (100) a la señora ARENAS ÁLVAREZ; iii) en que 7 de los 8 concejales
acusados —excepto el concejal FARLEY CARVAJAL REY — no justificaron las
calificaciones asignadas en los formatos dispuestos para el efecto, y iv) en que los
8 concejales acusados votaron por la señora ARENAS ÁLVAREZ y la eligieron
secretaria general del concejo municipal de Acacías46, los mismos solo permitirían
probar que en efecto los 8 concejales acusados apoyaron la candidatura de la
señora ARENAS ÁLVAREZ, mas no que alguno o algunos de los concejales
hayan antepuesto su condición frente a otros o hayan ejercido influjo síquico
derivado de tal calidad —la de concejal—.
135. Los demandantes pretenden construir, con base en los hechos
mencionados —hechos indicadores— un indicio47 que tiene como hecho indicado
que los acusados habrían antepuesto entre ellos mismos su investidura,
influenciándose los unos a los otros para favorecer la elección de la señora
ARENAS ÁLVAREZ como secretaria general del concejo municipal de Acacías,
manipulando tal proceso electoral. Sin embargo, lo cierto es que los hechos
probados llevarían lógicamente a deducir un hecho indicador distinto del que
mencionan los solicitantes el cual consiste en la probable existencia de un acuerdo
para apoyar la candidatura de aquella señora, debiéndose calificar el indicio como
contingente en la medida en que no converge o no es concordante con otros
46 Lo anterior, por cuanto consta en el acta nº 134 de 18 de diciembre de 2020 que 7 concejales apoyaron la
elección de la señora Patricia Morera Anaya al anunciar el sentido de su voto y el concejal Gildardo Santos
Chaparro, en la contestación de su demanda, manifiesta que no es cierto lo expuesto en aquella acta en
cuanto que anunciara su voto por la señora Patricia Morera Anaya, lo que quiere indicar que los restantes 8
votos que no identifican el nombre de quien lo depositó (Fol. 122 – 136, Oficio nº. 200-08.01.293 de 10 de
septiembre de 2021 del concejo municipal de Acacías, en cumplimiento del auto de 8 de septiembre de 2021)
corresponden a los concejales acusados y que votaron por la señora Arenas Álvarez. El concejo municipal de
Acacías cuenta con quince (15) concejales.
47 Ver CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA.
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de
dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 05001-23-33-000-2019-01747-01(PI). En este providencia se
afirmó lo siguiente: «[…] 189. El Código de General del Proceso reguló lo atinente a la prueba indiciaria en los
siguientes términos: (…) «[…] ARTÍCULO 240. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. Para que un hecho pueda
considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso.
ARTÍCULO 241. LA CONDUCTA DE LAS PARTES COMO INDICIO. El juez podrá deducir indicios de la
conducta procesal de las partes.
ARTÍCULO 242. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en
el proceso […]» (…) 191. El indicio, entonces, como medio probatorio autónomo, se concibe como un hecho
conocido del cual se infiere otro desconocido, por virtud de una operación lógico-analítica sustentada en las
reglas de la experiencia o en principios técnico o científicos y se integra por los siguientes elementos: (1) los
hechos indicadores; (2) el hecho que se pretende demostrar; y (3) la relación lógica entre aquél y éste,
cimentada en las reglas de experiencia, de la técnica, de la lógica o de la ciencia, construida por el operador
jurídico mediante una inferencia que permite tener como cierto o probable, la existencia del hecho que se
quiere acreditar».
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medios de prueba presentes en el proceso y, en todo caso, la existencia de tal
acuerdo no resulta contrario, en sí mismo, al ordenamiento jurídico.
136. Ahora bien, los testimonios recaudados en el proceso correspondientes a
los testigos DIGNORY CLAVIJO ORTIZ y KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ
tampoco permiten acreditar que los acusados habrían antepuesto entre ellos
mismos su investidura, influenciándose los unos a los otros para favorecer la
elección de la señora ARENAS ÁLVAREZ como secretaria general del concejo
municipal de Acacías, manipulando tal proceso electoral.
137. La Sala, inicialmente, en lo atinente al testimonio de la señora ARENAS
ÁLVAREZ y frente a los argumentos de los apelantes que estiman que no se ha
debido valorar puesto que, al confesar la dádivas, favores y acuerdos para apoyar
su aspiración a la secretaría general del concejo de Acacías, estaría incurriendo
en un delito, debe manifestar que, ni antes de la audiencia en que se recibieron los
testimonios ni en el curso de esta, los apelantes manifestaron cuestionamiento
alguno respecto de la imparcialidad o credibilidad de la testigo, siguiendo para el
efecto el artículo 211 del Código General del Proceso48.
138. Pero aun si hubieran cuestionado tal testimonio por evidenciarse
circunstancias que afectaran su imparcialidad o credibilidad en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas, siguiendo los derroteros del
citado artículo 211 del Código General del Proceso, el juez debe analizar el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada
caso. De esta manera, esta Corporación49 ha destacado que:
[…] Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano son sospechosas para
declarar las personas que en concepto del juez se encuentren en
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes
o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, el Consejo de
Estado ha establecido que no pueden descartarse de plano sus
versiones, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a
las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de
cada caso, todo ello basado en la sana crítica50.
48 «ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de
las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en
el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso»
49 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 85001-23-33-000-2018-00027-01(65987). Actor:
ALITRANSMA S.A.S. Y OTRO.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, sentencia del 14
de julio de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp. 36932.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
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Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
139. Aclarado lo anterior, cabe mencionar que la testigo DIGNORY CLAVIJO
ORTIZ, secretaria general del concejo municipal de Acacías en encargo en la
sesión en la que se eligió a la señora ARENAS ÁLVAREZ, manifestó lo siguiente:
CONTESTADO: (…) actualmente soy funcionaria del concejo municipal de
Acacías desde el año 1998 desempeñándome en el cargo de auxiliar
administrativo. PREGUNTADO MAGISTRADA: ¿En qué período, usted ya lo
dijo, pero quiero que me repita, en qué período lleva (sic) laborando o ha
laborado en el concejo municipal de Acacías y si ha tenido otro cargo distinto
al que usted tiene en este momento? CONTESTADO: Desde el 8 de enero
de 1998 en el cargo de auxiliar administrativo doctora. PREGUNTADO
MAGISTRADA: ¿No ha cambiado de cargo? CONTESTADO: Pues si he
estado como secretaria encargada en el año 2020, el 10 de diciembre me
posesioné como secretaria encargada de funciones y nuevamente el 1º de
marzo de este año hasta el 24 de junio fui secretaria encargada (…)
CONTESTADO: Pues como secretaria general encargada durante ese
tiempo durante esa sesión en donde se eligió la secretaria general para el
período 20-21, yo fui secretaria yo estuve presente en la sesión durante la
entrevista que le hicieron a las aspirantes que fueron 5 para eso la plenaria
escogió una comisión escrutadora para que realizara el proceso, en sí ellos
realizaron todo el proceso y yo tuve acceso a la documentación una vez se
terminó la sesión plenaria para archivar la documentación (…)
PREGUNTADO MAGISTRADA: ¿Conoce usted si alguno o todos de los
aquí demandados tuvieron un encuentro con la señora Katherine
Arenas Álvarez previo a la entrevista y su elección? CONTESTADO: No
me consta señora magistrada PREGUNTADO MAGISTRADA: ¿Diga al
despacho si le consta que alguno o todos de los aquí demandados
obtuvieron algún provecho por el nombramiento como secretaria del
concejo de la señora Katherine Arenas Álvarez? CONTESTADO: No me
consta señora magistrada PREGUNTADO MAGISTRADA: ¿Diga al
despacho si conoce de algún acuerdo por parte de los concejales
demandados para la elección de la señora Katherine Arenas Álvarez?
CONTESTADO: No señora magistrada. No conozco nada al respecto
PREGUNTADO MAGISTRADA: ¿Conoce de algún provecho o beneficio
que hubieran recibido los concejales demandados por la elección de
Katherine Arenas Álvarez? CONTESTADO: No señora magistrada (…)
PREGUNTADO ANDRÉS MAURICIO CHÁVEZ QUEVEDO (…) ¿Dentro de
lo que tú pudiste evidenciar el día de la entrevista y posterior elección, el
mecanismo y la forma en la cual se decidió hace parte o es un trámite normal
dentro de los cuales tú has vivido en las elecciones de secretarias a lo largo
de toda tu carrera en el concejo? CONTESTADO: Si, siempre se ha hecho el
mismo proceso (…) PREGUNTADO AGENTE MINISTERIO PÚBLICO: (…)
¿Si sabe o si conoce de alguna reunión que haya tenido la señora
Katherine con alguna persona externa al concejo como intermediaria de
alguno de los concejales … si sabe o si conoce si existió o algo por el
estilo? CONTESTADO: No doctor, no me consta nada, no se nada al
respecto PREGUNTADO AGENTE MINISTERIO PÚBLICO: (…) ¿Si sabe o
si conoce si hubo alguna reunión o alguna comunicación por cualquiera
de los medios así haya sido presencial o virtual de la señora Katherine
después de las entrevistas o de la entrevista, porque la señora
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
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magistrada preguntó antes, con alguno de los demandados?
CONTESTADO: No doctor, no me consta […] (destacado de la Sala).
140. A su turno, la señora KATHERINE ARENAS ÁLVAREZ afirmó: i) que no
tenía ni tuvo relación de amistad con alguno de los concejales acusados,
destacando que llegó de Bogotá a Acacías en el mes de septiembre de 2020 por
cuestiones laborales de su esposo; ii) que no tuvo contacto directo con los
concejales mientras se desarrollaba el proceso de elección de quien ocuparía el
cargo de secretaria general del concejo municipal de Acacías, por fuera de las
actividades, etapas y escenarios propios de aquel proceso, y iii) que ningún
concejal le pidió contraprestación o beneficio alguno por su elección.
141. Ahora bien, respecto de este último testimonio —KATHERINE ARENAS
ÁLVAREZ— no se advierte que existan otras pruebas que permitan desvirtuar las
afirmaciones por ella realizadas y, por el contrario, como se indicó anteriormente,
resultan coincidentes con el contenido de las pruebas documentales aportadas al
proceso —ordinal 128—.
142. De esta manera, no es posible acreditar el segundo de los elementos
requeridos para la configuración de la causal de pérdida de investidura,
consistente en que se invoque la de concejal ante el servidor público, ejerciéndose
influjo síquico sobre este, sin consideración al orden jerárquico existente entre
ambos.
143. La Sala no puede pasar por alto las afirmaciones realizadas por los apelantes
en el sentido que la primera instancia desconoció la confesión del concejal
acusado JOHNNY STEVENSON GIRALDO ARAGÓN producto de la no
contestación de la demanda, inaplicando el artículo 97 del Código General del
Proceso51 y desconociendo la remisión normativa del artículo 306 del CPACA, al
mencionado ordenamiento procesal.
144. En efecto, le asiste razón a la primera instancia al señalar que el artículo 97
del Código General del Proceso resulta inaplicable a esta controversia porque se
advierte una incompatibilidad de las normas relativas a la confesión previstas en el
Código General del Proceso y a la naturaleza sancionatoria del proceso de
pérdida de investidura —artículo 1º de la Ley 1881, modificado por el artículo 4º de
la Ley 200352—.
51 «ARTÍCULO 97. FALTA DE CONTESTACIÓN O CONTESTACIÓN DEFICIENTE DE LA DEMANDA. La
falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o
las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de
confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.
La falta del juramento estimatorio impedirá que sea considerada la respectiva reclamación del demandado,
salvo que concrete la estimación juramentada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del
requerimiento que para tal efecto le haga el juez»
52 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
40
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145. En efecto, esta Corporación en sentencia de 18 de enero de 2017 53, indicó:
Ciertamente, el carácter sancionatorio de la pérdida de investidura
impide que en materia probatoria se acuda, sin excepción, a todas las
normas consagradas en el Código General del Proceso, porque la
naturaleza de los procesos que allí se regulan no es compatible en todo
con el proceso de pérdida de investidura que se adelanta ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; de ahí que la Sala
considere que lo propio es aplicar el régimen probatorio del proceso
disciplinario, no porque la pérdida de investidura tenga la naturaleza de
un proceso disciplinario, sino porque siendo ambas acciones de tipo
sancionatorio, resulta la regulación más próxima a esta tipología de
proceso.
Y siendo que el propio proceso disciplinario, en cuanto a la regulación
de los medios de prueba, remite al Código de Procedimiento Penal,
dada la afinidad de su naturaleza sancionadora, por lo mismo, la Sala
considera que, en este caso, también debe acudirse al mismo
ordenamiento, que es la normativa que regula integralmente el medio
de prueba de la confesión.
En efecto, el proceso disciplinario en el tema de medios de prueba señala:
[se cita el artículo 130 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 50
de la Ley 1474 de 2011]
(…)
Por su parte, la Ley 600 de 200054, en cuanto a medios de prueba, consagra
en el artículo 233 los siguientes:
(…)
Y en relación con la confesión, la Ley 600 de 2000 dispone: [se citan los
artículos 280, 281 y 282]
(…)
Por ello, la Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, en
cuanto al derecho a la no autoincriminación y derecho de defensa del
imputado, señala en su artículo 8 que en desarrollo de la actuación, una vez
se adquiere la condición de imputado, éste tendrá derecho, en plena
igualdad respecto del órgano de persecución penal, entre otros, a: (i) No ser
obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (ii) No autoincriminarse ni
incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
53 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B. Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de enero
de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-00(AC).
54 Anterior Código de Procedimiento Penal.
41
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
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cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad 55; y a que c)
No se utilice el silencio en su contra. Sobre el derecho a la no
autoincriminación, la misma norma dispone que se puede renunciar a
tal derecho “siempre y cuando se trate de una manifestación libre,
consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos
requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor”.
Como se advierte de las normas transcritas, en materia penal la
confesión o aceptación de responsabilidad es válida, pero debe hacerla
la persona implicada, no hay norma que permita la confesión hecha por
otro. Se trata de un acto reservado a la persona misma; por ello, la Sala
reafirma que el artículo 193 del Código General del Proceso que consagra la
confesión por apoderado tiene cabida en asuntos civiles, porque corresponde
a un proceso donde incumbe al ámbito particular de las partes y en el cual el
apoderado está habilitado por el artículo 77 ibídem a “confesar
espontáneamente” y aunque con ello podría disponer del derecho en litigio,
para lo cual necesita autorización expresa, lo cierto es que tratándose de la
confesión, el artículo 193 del mismo ordenamiento señala que la autorización
para confesar por apoderado se entiende otorgada para la demanda, la
contestación de la demanda, entre otros actos procesales.
En cambio en materia punitiva, el defensor tiene el atributo de “ejercer todos
los derechos y facultades que los Tratados Internacionales relativos a
Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la
Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado” (artículo 124
de la Ley 906 de 2004).
Como deberes y atribuciones del abogado defensor, el artículo 125 ibídem
señala, entre otros: (i) Asistir personalmente al imputado desde su captura, a
partir de la cual deberá garantizársele la oportunidad de mantener
comunicación privada con él; (ii) En el evento de una acusación, conocer en
su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e
informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos
los que sean favorables al procesado; (iii) No ser obligado a presentar
prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el
juicio oral y (iv) Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso
y su cliente, conforme a la ley.
Es más, conforme al artículo 131 ibídem, si el imputado o procesado hiciere
uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio
y al juicio oral, el juez de control de garantías o el juez de conocimiento debe
verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria,
debidamente informada, asesorada por la defensa, “para lo cual será
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”.
De manera que solo el imputado o acusado puede aceptar en un
interrogatorio la responsabilidad en el hecho investigado.
55 El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-029 de
2009, en el entendido de que las mismas incluyen, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las
parejas del mismo sexo.
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Radicación: 50001-23-33-000-2021-00272-01
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Así mismo, en la etapa de juicio oral, el juez debe advertir al acusado, si
está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no
autoincriminarse, y le debe conceder el uso de la palabra para que
manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable.
Si el acusado no hace ninguna manifestación, se entiende que es de
inocencia (artículo 367 ibídem). Pero cuando el acusado reconoce su
culpabilidad, el artículo 368 del mismo ordenamiento señala como
condiciones de validez la obligación para el juez de “verificar que actúa
de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las
consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor” (Subraya
la Sala). Es decir, la labor de su abogado es de asesoría, sin que alguna
alegación de la defensa pueda tomarse como confesión» —resaltado
fuera de texto—.
146. Esta decisión judicial fue confirmada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 19 de marzo de 201956. De
otra parte, esta Sección, en providencia de 23 de febrero de 201757, destacó que:
En armonía con la postura asumida por la Sala, se tiene que en materia de
pruebas la norma aplicable en los procesos de pérdida de investidura
es el Código de Procedimiento Penal como quiera que esta codificación
está dada para ser aplicada cuando el Estado ejerce su ius puniendi al
igual que ocurre en la pérdida de investidura.
Concordante con lo dicho se puede afirmar que la norma aplicable en estos
casos, ya que regula el principio de no autoincriminación en materia penal,
es el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 que consagra el derecho del imputado
a que no sea obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; así como a no auto
incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; y a
que su silencio no sea usado en su contra. Así mismo, la aludida
disposición consagra que el sujeto pasivo de la acción penal puede renunciar
al derecho a la no autoincriminación siempre que dicha renuncia devenga de
una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada,
caso en el cual deberá estar asesorado de su abogado defensor.
Lo dicho concuerda con los requisitos que exigía el anterior Código de
Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, que al respecto señalaba:
“Artículo 280. Requisitos. La confesión deberá reunir los siguientes
requisitos:
1. Que sea hecha ante funcionario judicial.
2. Que la persona esté asistida por defensor.
56 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente:
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-03385-01(IJ).
57 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E). Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos
mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-31-000-2011-00442-01(PI).
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3. Que la persona haya sido informada del derecho a no declarar contra sí
misma.
4. Que se haga en forma consciente y libre.
Artículo 281. Procedimiento. Si se produjere la confesión, el funcionario
competente practicará las diligencias pertinentes para determinar la
veracidad de la misma y averiguar las circunstancias de la conducta punible.
Artículo 282. Criterios para la apreciación. Para apreciar cualquier clase
de confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario judicial tendrá
en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para apreciar el
testimonio”.
Corolario de lo anterior la Sala encuentra propicia la oportunidad para
precisar la posición que sobre la confesión expuso en la sentencia de 28 de
julio de 2016 proferida dentro del proceso de pérdida de investidura 2015-
00307, en el sentido de señalar que para efectos de evaluar el referido
medio de prueba se debe acudir a la integración normativa con el
Código de Procedimiento Penal y no con el Código General del Proceso
como se afirmó en la aludida providencia judicial, todo esto atendiendo
a la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura según las
consideraciones que sobre el particular se hicieron en líneas anteriores.
—resaltado fuera de texto—.
147. Finalmente, esta Sección, en sentencia de 10 de diciembre de 202158, señaló,
lo siguiente:
La Sala no observa motivo sobreviniente que le impida reiterar ahora, en
vigencia de la Ley 188159, esta posición que fue vertida mientras permaneció
en vigor la Ley 144 de 13 de julio de 199460, en el sentido de señalar que,
para efectos de evaluar el medio de prueba de la confesión, se debe
acudir a la integración normativa con el Código de Procedimiento Penal,
que no con el Código General del Proceso, menos aún con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, -
codificación esta última que ni siquiera regula dicho medio de prueba 61-,
conforme se afirmó en la aludida providencia judicial, respondiendo así a la
naturaleza sancionatoria de la acción de pérdida de investidura que no es
más que una manifestación del ius puniendi del Estado, así como lo es la
acción penal.
Atendiendo, entonces, la singular esencia sancionatoria de la pérdida
de investidura y al acudirse a la integración normativa con el Código de
58 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Bogotá,
D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN. Número único de radicación 81001233900020200012701
59 “[…] Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se
seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria
el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.
60 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas […]”.
61 “[…] Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia
probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
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Procedimiento Penal, mas no con el Código General del Proceso por
incompatible, en los términos explicados por la Sala, se advierte que el
artículo 8º, de la Ley 906 de 31 de agosto de 200462, prevé la prohibición
de autoincriminación, así:
“[…] Artículo 8o. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida
la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto
del órgano de persecución penal, en lo que aplica a:
a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad;
c) No se utilice el silencio en su contra;
d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a
lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de
sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si no
llegaren a perfeccionarse;
e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o
nombrado por el Estado;
f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o
reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el
idioma oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma
por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo anterior no
obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él;
g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente
a las autoridades;
h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que
sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas
de modo, tiempo y lugar que los fundamentan;
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación
de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas
debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias
a las que deba comparecer;
j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con
inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si
así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en
62 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal […]”.
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audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser
necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan
arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k)
siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente,
voluntaria y debidamente informada. En estos eventos requerirá
siempre el asesoramiento de su abogado defensor […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Esta norma que regula el principio de no autoincriminación en materia penal,
y por lo mismo en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura,
dispone el derecho del imputado a que (i) no sea obligado a declarar en
contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad; (ii) así como a no autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; (iii) y a que su silencio no
sea usado en su contra.
Así mismo, la referida disposición determina que el sujeto pasivo de la acción
penal puede renunciar al derecho a la no autoincriminación siempre que
dicha renuncia devenga de una manifestación libre, consciente,
voluntaria y debidamente informada, caso en el cual deberá estar
asesorado de su abogado defensor.
148. Así las cosas, el artículo 97 del Código General del Proceso no es compatible
con la naturaleza sancionatoria del medio de control de pérdida de investidura,
resultando aplicable, en materia de confesión, de acuerdo con la sentencia de 10
de diciembre de 2021, el artículo 8º de la Ley 906 de 31 de agosto de 2004, norma
según la cual los imputados —en este proceso los acusados— tienen derecho a
que no se utilice su silencio en su contra, como lo pretenden los apelantes.
II.5.4. Conclusión
149. La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia,
constató que no se reúnen los requisitos objetivos para la configuración de la
causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias previsto en el artículo 55
numeral 4º de la Ley 136 de 1994 y el numeral 5º del artículo 48 de la Ley 617 de
2000 y, por tal motivo, resulta pertinente la confirmación de la sentencia de 21 de
octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la
cual se negó la solicitud de pérdida de investidura.
46
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Acusados: VICTOR JULIO RAMOS CUBILLOS Y OTROS
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 21 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
[p4]
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