Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2021-00301-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2021-00301-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2021-00301-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2021-00301-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA
TESIS: LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LAS ENTIDADES
TERRITORIALES INVOLUCRADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY 65 DE 1993, NO BRINDAN UNA
SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA PROBLEMÁTICA DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA, POR
LO QUE ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES DEL
ORDEN NACIONAL PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES,
ADELANTEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE
GESTIÓN Y COORDINACIÓN.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, AL ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES
PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, A LA REALIZACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, Y A LA MORALIDAD
ADMINISTRATIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, de
la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
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Número único de radicación: 50001-23-33-000-2021-00301-01
Actora: PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA
-USPEC1, del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO -INPEC2 y de los MUNICIPIOS DE CUMARIBO y
SANTA ROSALÍA, contra la sentencia de 8 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta3.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA, en ejercicio de
la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984,
presentó demanda contra el INPEC, la USPEC, el
DEPARTAMENTO DEL VICHADA5, los MUNICIPIOS DE PUERTO
CARREÑO, CUMARIBO, LA PRIMAVERA y SANTA ROSALÍA y
los ministerios de DEFENSA y JUSTICIA Y DEL DERECHO,
tendiente a obtener la protección de los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, a la seguridad y
1 En adelante la USPEC
2 En adelante el INPEC
3 En adelante el Tribunal.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 En adelante el Departamento
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Actora: PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA
prevención de desastres previsibles técnicamente, a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes y a la moralidad administrativa.
I.2. Hechos
Sostuvo que la casa cárcel del Municipio de Puerto Carreño cuenta
con un área de 496,5m² en la que albergan alrededor de 130
personas en condiciones de hacinamiento y en una infraestructura
casi en ruina, lo cual propiciaba contagios, inseguridad y un trato
inhumano y, por ende, representa una vulneración de derechos
fundamentales y colectivos.
Adujo que ante la emergencia económica, social y ecológica que se
presentó con motivo del covid-19, el 11 de mayo de 2020 se hizo
presente en las instalaciones de la cárcel del Municipio de Puerto
Carreño para verificar el estado de las personas allí detenidas y
evidenció: i) las condiciones infrahumanas en que se encontraban;
ii) que sufren un trato “CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE”, por lo
que su estadía prologada en esas condiciones les vulneraba sus
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derechos colectivos y fundamentales; y iii) habitan hombres y
mujeres sin ninguna seguridad, en condiciones de hacinamiento y
con problemas de salubridad derivados de fugas de agua en las
baterías sanitarias, humedad en las celdas y fallas en el sistema
eléctrico, situación que le impedía a los reclusos leer y estudiar para
resocializarse y cumplir con las obligaciones para redimir sus penas.
Señaló que el Departamento de Vichada y los municipios de
Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía y Puerto Carreño eran
responsables de la vulneración de los derechos colectivos
invocados, pues no contaban con una infraestructura apropiada
para el funcionamiento de una cárcel para las personas detenidas
preventivamente en sus jurisdicciones, con la finalidad de que las
mismas se puedan alojar en un lugar sin hacinamiento y con las
condiciones mínimas que permitan garantizar su permanencia en
condiciones dignas y de seguridad.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
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“[…] 2. Que se ordene al Ministerio de la Defensa (Policía Nacional),
Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) Nacional, La Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (USPEC) para que interactúen funcionalmente y
constitucionalmente con la Gobernación del Vichada y los
Municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa
Rosalía a realizar en el menor tiempo posible la intervención eficaz
y efectiva, sobre la problemática que presenta el Departamento del
Vichada en materia carcelaria ya que no tiene un sistema carcelario
en el Departamento (sic).
3. Cítese al proceso a las personas naturales o jurídicas
competentes de quienes dependan estos daños contingentes y
condénensele a tomar las medidas que a ellas corresponda en lo
nacional, departamental y municipal.
4. Y todas las demás ordenes señores magistrados de los tribunales
que considere necesarias para la protección integral de los
derechos e intereses colectivos invocados en la presente demanda
[…]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1-. El INPEC indicó que, por disposición legal, no era el llamado
a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en
la cárcel del municipio de Puerto Carreño, ni a realizar actividades
tendientes a mejorar la infraestructura del mencionado centro
carcelario.
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Sostuvo que, de conformidad con lo previsto en la Ley 65 de 19936,
modificada por la Ley 1709 de 20147, sus funciones estaban
dirigidas a las personas privadas de la libertad en calidad de
condenadas, es decir, las personas respecto de las cuales se
hubiere proferido una sentencia judicial que determinó su
responsabilidad por un hecho punible.
Agregó que el artículo 19 de la Ley 65 de 1993 estableció la
posibilidad de recibir presos de los departamentos o municipios que
carecían de sus respectivas cárceles, siempre que mediara acuerdo
o convenio, lo cual no le generaba obligaciones en materia de
infraestructura, ni para garantizar los derechos a las personas
recluidas en las cárceles municipales o departamentales, razón por
la que, a su juicio, no le asiste legitimación en la causa por pasiva.
I.4.2.-. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO señaló
que no le asistía legitimación en la causa por pasiva en este asunto,
dado que la administración, construcción, salubridad, atención
básica, suministro de bienes y servicios, e infraestructura
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“Por el cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
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“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000,
de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
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penitenciaria, estaba a cargo de los municipios de Puerto Carreño,
Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, los cuales cuentan con
personería jurídica propia.
Adujo que los entes territoriales debían de incluir en su presupuesto
los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas privadas de la libertad con detención
preventiva o condenadas por contravenciones que implicaran
privación de la libertad, por lo que no se le podía atribuir ningún
tipo de responsabilidad dado que no participó, ni contribuyó en la
vulneración de los derechos colectivos invocados dentro del
proceso.
I.4.3-. La USPEC manifestó que no le asistía responsabilidad en
este asunto, pues no se configuró una conducta activa u omisiva de
su parte, en virtud de la cual transgrediera o pusiera en peligro los
derechos colectivos invocados por la parte actora.
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Señaló que el Decreto núm. 4150 de 3 de noviembre de 20118
dispuso su creación para realizar la gestión y operación del
suministro de los bienes y servicios requeridos con el fin de
garantizar el bienestar de la población privada de la libertad y de
esa manera brindar apoyo administrativo y de ejecución en
actividades a cargo del INPEC.
I.4.4-. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL sostuvo que no le asistía legitimación en la causa por
pasiva, dado que no participó en la supuesta vulneración de los
derechos colectivos invocados.
I.4.5-. El DEPARTAMENTO DEL VICHADA adujo que, consciente
de la problemática que se presentaba con motivo de la crisis
carcelaria, realizó las actividades que estaban a su alcance y, por
ende, solicitó que se le ordenara al Gobierno Nacional destinar los
recursos necesarios para afrontar esa situación.
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“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto
y estructura”.
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Estimó que no era el llamado a responder por la presunta
vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad
preventivamente o condenadas por contravenciones que implicaran
la privación de la libertad, por lo que, de conformidad con lo
previsto en el ordenamiento jurídico, no le era atribuible ningún tipo
de incumplimiento en sus obligaciones.
I.4.6-. El MUNICIPIO DE CUMARIBO solicitó declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues el legislador previó que
los municipios que no contaran con una cárcel propia debían de
celebrar un convenio con el INPEC para recibir a sus detenidos y,
en contraprestación, el municipio debía pagar unos montos que
garantizaran lo siguiente: i) fijación de sobresueldos a los
empleados del respectivo establecimiento de reclusión; ii) dotación
de los elementos y recursos necesarios para los internos
incorporados a las cárceles nacionales; iii) provisión de
alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el INPEC
para sus internos; y iv) reparación, adaptación y mantenimiento de
los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los
departamentos o municipios.
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Indicó que, en consecuencia, cumplió con la suscripción anual de
un convenio interadministrativo para el mejoramiento y
mantenimiento de quien prestaba el servicio de recibir a las
personas privadas de la libertad por orden de autoridad judicial
competente, por lo que no incurrió en la omisión a la que se hizo
referencia en la demanda.
Adujo que quien tiene la potestad material de la cárcel objeto de la
acción es el municipio de Puerto Carreño, quien administra y
dispone de todas las medidas necesarias para el establecimiento
carcelario.
Indicó, frente al fenómeno del hacinamiento en la cárcel del
Municipio de Puerto Carreño, que la situación no se derivaba de su
actuar sino de la normativa procesal penal, la cual prevé unos
criterios de seguridad para la imposición de penas y medidas que
involucraban la privación de la libertad.
A su juicio, los llamados a responder por la vulneración de los
derechos colectivos a los que hizo referencia la demanda eran los
ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, el INPEC y la
USPEC.
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I.4.7-. El MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA adujo que no le asistía
legitimación en la causa por pasiva, pues no tenía responsabilidad
directa en los hechos materia del proceso y, además, no estaba en
capacidad de tomar decisiones respecto de la administración de la
cárcel del municipio de Puerto Carreño, pues no estaba bajo su
tutela.
Señaló que su única intervención respecto del sistema carcelario de
la región era el aporte de recursos para su funcionamiento y no en
su administración, lo cual solo le corresponde al municipio de Puerto
Carreño, de conformidad con lo previsto en el “convenio del
Funcionamiento y sostenimiento del centro de reclusión para la
administración, dirección, vigilancia, dotación de elementos de
aseo, mantenimiento y/o adecuación de infraestructura”.
I.4.8-. El MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA manifestó que a
pesar de no tener una cárcel para sus reclusos, de conformidad con
lo previsto en la Ley 65 de 1993, celebró un convenio
interadministrativo con el DEPARTAMENTO para el sostenimiento
de la cárcel del municipio de Puerto Carreño, por lo que dentro de
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sus obligaciones tenía que realizar giros periódicos a ese municipio
para el efecto.
Agregó que cumplía con las obligaciones económicas a su cargo
para el sostenimiento de la citada cárcel, razón por la cual era el
municipio de Puerto Carreño a quien le correspondía realizar las
actividades administrativas para su adecuado funcionamiento, en
el marco de la autonomía administrativa con que contaba dicho
ente territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 287
del Constitución Política.
Estimó, por lo anterior, que no le asistía legitimación en la causa
por pasiva, pues la única responsable de la vulneración deprecada
era el Municipio de Puerto Carreño9.
9 En este punto, resaltó lo que:“[…] Entonces si cada ente territorial goza de autonomía
administrativa mal haría en atribuirle responsabilidad a otro ente territorial como el
municipio de Santa Rosalía Vichada, de las obras que haya que realizar en la cárcel de
Puerto Carreño para su mejoramiento, cuando dicho establecimiento carcelario no se
encuentra dentro de su jurisdicción y no está bajo su cargo, de hacerlo sería violar el
principio de autonomía administrativa que goza la Gobernación del Vichada. Art. 1
Constitucional Nacional (sic).
De lo anterior podemos concluir entonces que siendo la Cárcel de Puerto Carreño un bien
a cargo de la Alcaldía de Puerto Carreño Vichada, bajo el principio de autonomía
administrativa del Art. 287 y 1 de la Constitución Nacional es la autoridad competente
para adelantar las actividades administrativas para la realización de las obras de
sostenimiento de la cárcel, y de no hacerlo es a la entidad a la cual puede predicarse de
cualquier acto de omisión, que genere el daño de los derechos colectivos de los presos allí
recluidos (sic) […]”.
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I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 8 de abril
de 202210, la cual se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio
entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 8 de junio de 2023, declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional;
y amparó los derechos colectivos a la salubridad pública, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, y a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, de los internos de la cárcel de Puerto
Carreño. En consecuencia, ordenó lo siguiente:
10 Visible en el índice núm. 65 del expediente del Tribunal.
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“[…] TERCERO: ORDENAR al Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, INPEC, y USPEC,
Departamento del Vichada y los Municipios de Puerto Carreño, La
Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, adelantar todas las gestiones
técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales,
financieras y demás que se requieran para que de manera
definitiva, se adopten e implementen las medidas necesarias
tendientes a superar las condiciones de hacinamiento, de
vulnerabilidad y de insalubridad al interior de la cárcel del Municipio
de Puerto Carreño que afecta todos los internos y así mismo, lograr
que cese la amenaza latente de afectación a la vida y a la salud de
los reclusos por el deterioro visible de la infraestructura del penal.
Para lo que se concederá un término no mayor de tres (3) años,
contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, en el marco
de las competencias de cada uno, como se dispuso en las anteriores
consideraciones (sic).
CUARTO: ORDENAR a los MUNICIPIOS DE CUMARIBO, LA
PRIMAVERA, SANTA ROSALÍA, PUERTO CARREÑO, y del
DEPARTAMENTO DEL VICHADA que en el término de tres (3)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, realicen las siguientes gestiones en la cárcel del
municipio de Puerto Carreño:
4.1. Realicen las obras de mantenimiento y reestructuración de las
instalaciones, consistentes en: i) Sanear grietas y humedades en
las habitaciones, ii) Sanear falencias estructurales en columnas,
vigas y paredes de los patios y habitaciones, iii) Remodelar los
baños aumentando la capacidad funcional con mayor número de
baterías y de duchas, iv) Diseñar e instalar un sistema que
garantice el abastecimiento de agua potable, y en caso de contarse
con el mismo, deberá realizarse el mantenimiento v) Instalar y
hacer la conexión del inmueble al sistema de alcantarillado del
municipio.
QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO, y al
DEPARTAMENTO DEL VICHADA:
5.1. Individualicen e identifiquen de manera consistente el predio
sobre el cual se hará la propuesta de construcción de la nueva
cárcel. Lo anterior en el término de treinta (30) días.
5.2. Presenten la solicitud de aprobación del establecimiento
carcelario al INPEC y la USPEC, teniendo en cuenta que se cumplan
los requisitos previstos para ello, contenidos en la normatividad y
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los documentos que reglamenten la política criminal. Lo anterior en
el término de un (1) año.
SEXTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO a
realizar las siguientes gestiones relacionadas con la cárcel que
opera en dicho municipio:
6.1. Realice el inventario del personal, y las gestiones para que se
cumpla con el mandato relativo a que el personal allí recluido se
encuentre cumpliendo con la medida de detención preventiva -
sindicados-, y las PPL que se encuentren cumpliendo condena la
surtan en un ERON o establecimiento penitenciario y carcelario del
orden nacional, realizando para ello labores conjuntas con el
INPEC. Lo anterior en el término de treinta (30) días.
6.2. Adopte la regla del equilibrio contenida en la sentencia T-388
de 2013 por la Corte Constitucional, conforme se expuso en las
consideraciones de la providencia. Lo anterior en el término de
treinta (30) días.
6.3. Implemente en el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT-
, a través del instrumento o la figura que a bien tenga el Concejo
Municipal- la prestación de los servicios públicos domiciliaros en el
sitio en donde se proyecta la construcción del establecimiento
carcelario, en un término conjunto -desde la concertación hasta la
expedición del Acuerdo- de seis (6) meses.
6.4. Una vez lo permita el Esquema de Ordenamiento Territorial,
gestione la implementación de obras de urbanismo y el
licenciamiento para la instalación de servicios públicos domiciliarios
sobre el bien destinado a la construcción del establecimiento
carcelario. Lo cual deberá realizarse en el término de un (1) año.
SÉPTIMO: ORDENAR al GOBIERNO NACIONAL, A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INPEC, Y USPEC,
DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO
CARREÑO, LA PRIMAVERA, CUMARIBO Y SANTA ROSALÍA que en
el marco de sus competencias, en el término de tres (3) años,
contados desde la ejecutoria de esta providencia realicen la
proyección, aprobación y construcción de un establecimiento
carcelario en el Municipio de Puerto Carreño que cumpla con los
parámetros técnicos y normativos vigentes - Ley 65 de 1993,
modificada parcialmente por la Ley 1709 de 2014 y demás
concordantes- así como los parámetros indicados en las sentencias
en materia de EIC de la Corte Constitucional.
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OCTAVO: ORDENAR al MINISTERIO DE JUSTICIA, INPEC y USPEC
que den prioridad a los diferentes trámites que deban adelantarse
para cumplir las órdenes aquí dadas.
NOVENO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO: Conformar el Comité de Verificación de Cumplimiento
por la parte actora, el Ministerio de Justicia, el INPEC, la USPEC, el
Departamento del Vichada, los Municipios de Puerto Carreño, Santa
Rosalía, Cumaribo y La Primavera, y el Ministerio Público […]”.
Sostuvo que la cárcel del Municipio de Puerto Carreño11 está ubicada
en un inmueble que contaba con un área de 496.5m², la cual está
construida en un área de 239m², equivalente al 48% de la misma.
Adujo que en la Cárcel se encontraban privados de la libertad 129
reclusos, lo cual superaba ampliamente la capacidad de albergue
del centro carcelario, la cual, conforme se acreditó dentro del
proceso, era para albergar 25 personas.
Señaló que la Cárcel era el único centro de reclusión del
Departamento de Vichada, por lo que albergaba detenidos de los
municipios de La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo
“encontrándose allí mismo recluidos sindicados que cumplen
condenas y la mayoría son de carácter provisional, mientras se
11 En adelante la Cárcel
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dictan sus sentencias y son dirigidos a otros centros carcelarios a
cargo del INPEC”.
Consideró que dentro del proceso se acreditó la precariedad de la
infraestructura del centro penitenciario y, por ende, las deficientes
condiciones de las personas privadas de la libertad, como lo
evidencian los muros agrietados con perforaciones y sin pañete,
pisos con filtraciones, falta de alcantarillado, carencia de agua
potable y condiciones sanitarias deplorables y el ostensible
hacinamiento, lo que vulneraba los derechos colectivos objeto de
amparo.
Agregó que lo anterior exigía que las autoridades competentes
intervinieran de manera urgente para garantizar el trato digno de
los internos y el funcionamiento óptimo del centro penitenciario,
conforme con lo previsto en las leyes 65 de 1993 y 1709 de 2014.
Aclaró que la Cárcel no correspondía a un Establecimiento de
Reclusión del Orden Nacional- ERON-, por lo que, de conformidad
con la Ley 65 de 1993 no estaba bajo la jurisdicción del INPEC. Sin
embargo, comoquiera que, de conformidad con los artículos 17 de
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la Ley 65 de 1993 y 76.6 de la Ley 715 de 200112 a los entes
territoriales les asistía responsabilidad en la reclusión de las
personas privadas de la libertad de manera preventiva -sindicados-
y en coordinación con el INPEC, podían realizar las funciones
correspondientes a la vigilancia de los sindicados en los centros de
reclusión creados desde el orden territorial, dicha entidad debía
concurrir con el fin de garantizar los derechos de las personas
recluidas en la Cárcel.
Adujo que, amén de lo anterior, tanto la ejecución de la pena
privativa de la libertad, como el control de las medidas de
aseguramiento, le correspondía al Gobierno Nacional por conducto
del INPEC, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 65 de 1993, modificado por el Decreto núm. 2636 de 200413.
Señaló que los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa
Rosalía y Cumaribo, y el Departamento del Vichada gestionaban el
sostenimiento de la Cárcel, en virtud de las obligaciones previstas
en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, de conformidad con el cual
le correspondía a las entidades territoriales la organización,
12 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros".
13
“Por la cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002”.
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administración y sostenimiento, entre otras, de las cárceles para
las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que implicaran la privación de la libertad.
Sostuvo que como la USPEC fue creada14 para “gestionar y operar
el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo
requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC”, era del caso contar con su
asesoría y aprobación para adoptar las medidas definitivas que
permitieran superar la situación de la Cárcel, pero no porque fuera
responsable de dicho establecimiento.
Sostuvo que también se requería de la intervención del Ministerio
de Justicia y del Derecho, pues a pesar de que no observó una
incidencia directa de su parte en los hechos expuestos en la
demanda, sí resultaba relevante su participación para superar la
14 Decreto núm. 4150 de 2011
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problemática objeto del proceso, de conformidad con las
competencias previstas en el Decreto núm. 1427 de 201715.
Consideró necesario que el INPEC, la USPEC y el Ministerio de
Justicia y del Derecho continuaran vinculados al presente asunto,
pues debían de actuar de manera articulada con las entidades
territoriales demandadas para que, en el marco de sus
competencias, dieran una solución definitiva a la crisis carcelaria
objeto del proceso.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1-. La USPEC sostuvo que el Tribunal desconoció lo expuesto
por esta Corporación dentro del proceso radicado bajo el número
15
Al respecto, el Tribunal indicó lo siguiente:
“[…] sí resulta relevante la actuación de dicha cartera ministerial al momento de adoptar las
decisiones para superar la problemática que se demanda, pues de acuerdo con el Decreto 1427 de
2017 «(i) Es competencia del Ministerio de Justicia y del Derecho entre otras “diseñar, hacer
seguimiento y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria, en la prevención del
delito y las acciones contra la corrupción y la criminal organizada” (numeral 5 art. 2) (ii) proponer
los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado, con enfoque diferencial
y especializado, en materia criminal y penitenciaria (…) (numeral 1 art. 21) (iii) efectuar análisis
normativo y jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Criminal y penitenciaria (…)
(numeral 4 art. 21) (iv) Compilar y analizar estudios y estadísticas de los diferentes organismos
estatales e instituciones destacadas en materia de política criminal y penitenciaria (…) (numeral 5
art. 21) (v) elaborar los estudios correspondientes y presentar y apoyar el trámite de las propuestas
sustantivas y de procedimiento en materia de política criminal y penitenciaria (…) (numeral 4 art.
21) (vi) llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la política criminal y penitencia en general y del
impacto de las normas y directrices de los sistemas penales y penitenciarios (…) (numeral 14 art.
21) […]”.
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66001-23-33-000-2016-00517-02, pues no estableció con claridad
la orden que debía de asumir con motivo de la vulneración de los
derechos colectivos invocada “si se tiene en cuenta que dentro de
las competencias dadas por ley a la USPEC no están la de crear,
administrar, disponer de patrimonio y/o la dirección de estas dada
la autonomía que le otorga a los entes territoriales la Ley 65 de
1993 y su inspección y vigilancia esta es en cabeza del INPEC”.
Adujo que de conformidad con lo previsto en el Decreto núm. 204
de 2016, la función de la USPEC se traducía en acompañamiento,
asesoramiento y gestión, y de manera particular en definir en
coordinación con el INPEC, los lineamientos que en materia de
infraestructura se requieran para la gestión penitenciaria y
carcelaria, por lo que su obligación en materia de infraestructura
estaba condicionada a la labor conjunta que se debía hacer con
otras entidades que formaban parte del Sistema Nacional
Penitenciario.
Explicó que las funciones que le fueron asignadas eran de carácter
eminentemente administrativo, logístico y contractual, con el fin de
brindar apoyo al INPEC en la gestión penitenciaria y carcelaria, lo
que significaba que la función carcelaria y penitenciaria radicaba en
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ésta, y lo que únicamente le corresponde es un apoyo
administrativo a la gestión desarrollada por dicho instituto.
Adujo que, en el marco de sus competencias, afrontó la
problemática objeto del proceso “pero bajo el entendido de que al
fallar todo un sistema, su recuperación o reestructuración, requiere
tiempo, presupuesto y el trabajo multidisciplinario, que es el que
se ha venido desarrollando”.
Señaló que no le era imputable una falla en el servicio, dado que
adelantó proyectos y programas para superar las afectaciones
derivadas del hacinamiento en que se encontraban las personas
privadas de la libertad, por lo que, junto con las demás
demandadas, en la medida de sus posibilidades, habían ejercido su
posición de garante, lo que se acreditó dentro del proceso.
Concluyó que las causas alegadas por la parte actora tenían su
origen en eventuales acciones u omisiones de las entidades de
carácter departamental y municipal, directamente relacionadas con
la administración de los centros carcelarios para las personas
privadas de su libertad en calidad de sindicadas o condenadas por
contravenciones, por lo que no le era atribuible ningún tipo de
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responsabilidad, pues no participó, ni contribuyó, ni realizó los
hechos constitutivos de vulneración de derechos colectivos.
Solicitó revocar la sentencia de primera instancia en lo que le
corresponde, y en caso de no acceder a lo anterior, se delimite con
precisión las obligaciones a su cargo.
III.2-. El INPEC cuestionó la decisión del Tribunal de ordenar que
la construcción de la cárcel en el Municipio de Puerto Carreño se
realice en forma conjunta, pues su competencia estaba relacionada
con las personas privadas de la libertad en condición de
condenadas.
Destacó que el legislador previó la ausencia de cárceles en los
municipios, por lo que dio les dio la opción de celebrar contratos o
convenios para que el INPEC garantice la recepción de las personas
privadas de la libertad de manera preventiva, lo cual no le generaba
obligaciones en materia de infraestructura, ni en los derechos de
las personas recluidas en las cárceles municipales o
departamentales.
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Precisó que su función frente a dichas cárceles era de inspección y
vigilancia y solicitó que la Cárcel quedará bajo el dominio,
administración y dirección del municipio y con destino a la reclusión
de sindicados.
III.3-. El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
argumentó que el Tribunal no tuvo en cuenta la línea jurisprudencial
que realizó esta Corporación dentro del expediente núm. 66001-
23-33-000-2016-00517-02, ni lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-471 de 1995, en ejercicio del
control de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 65 de 1993.
Adujo que no podía prosperar ninguna pretensión en su contra,
dada la falta de competencia funcional específica, pues no tenía
asignadas las atribuciones para cumplir o solucionar lo expuesto
por el actor, según las pretensiones, respecto de los conflictos en
materia de infraestructura de “centros carcelarios para las personas
privadas de su libertad en condiciones de sindicadas o condenadas
contravencional por autoridad de policía, por lo que se presenta la
falta de legitimación material en la causa por pasiva…”.
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A su juicio, es contradictorio que el Tribunal no les exigiera a las
entidades territoriales adelantar actuaciones concretas y
específicas encaminadas a la mitigación y solución del problema
estructural relacionado con la falta de infraestructura carcelaria
para las personas sindicadas o condenadas por contravención por
orden de autoridad policial.
Agregó que la Ley 65 de 1993 estableció los compromisos
atribuibles a las entidades del orden nacional y territorial respecto
de las personas privadas de la libertad, según la cual las entidades
territoriales estaban a cargo de las personas privadas de la libertad
con medida de detención preventiva, por lo que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia en lo relativo a su responsabilidad.
III.4-. El MUNICIPIO DE CUMARIBO adujo que no intervino en
la vulneración de los derechos colectivos objeto de protección, por
lo que no le asistía legitimación en la causa por pasiva.
Señaló que sí cumplió las obligaciones previstas en la Ley 65 de
1993, pues a pesar de no tener un sitio de reclusión preventiva
para las personas privadas de la libertad por autoridad competente,
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sí tenía presupuestado un rubro tendiente a cubrir y garantizar lo
necesario para el cumplimiento del traslado, manutención y
garantías de las personas privadas de la libertad, por lo que, en
cumplimiento del artículo 19 de la citada ley, suscribió convenios
interadministrativos con el Municipio de Puerto Carreño16.
Adujo que a pesar de no tener la administración material de la
Cárcel sí garantiza su sostenimiento, dado que cada año invita a
ese municipio a presentar oferta para “aunar esfuerzos
administrativos y financieros destinados al sostenimiento y
funcionamiento de la cárcel municipal de Puerto Carreño –
Vichada”.
16
En este punto, la apoderada del Municipio de Cumaribo sostuvo lo siguiente:
“[…] En este orden de ideas, al suscribir el convenio interadministrativo el Municipio de Cumaribo,
garantiza los derechos fundamentales y/o colectivos de las personas que han de ser privadas de su
libertad y reconoce dineros adicionales para las nuevas cargas que implica la asunción de estos
nuevos presos. Es de resaltar que, con esto está lejos de vulnerar los derechos colectivos invocados,
ya que, con ello se garantiza el sostenimiento de las cárceles, de las personas detenidas y del personal
quien está a cargos de los reclusos, sin embargo, se coloca de presente que quien tiene la potestad
material de la cárcel es el Municipio de Puerto Carreño quien administra y dispone de todas las
medidas necesarias para el establecimiento carcelario.
El municipio de Cumaribo con la suscripción del convenio interadministrativo no ha dejado a su suerte
a sus reclusos y mucho menos ha querido quebrantar derechos colectivos, por el contrario, siempre
ha actuado de buena fe y garantizando condiciones de vida digna en el penal. Es por ello, que, si
bien no tiene la administración, mantenimiento y custodia de la cárcel si ha garantizado que los
ciudadanos sindicados que se encuentren cumpliendo medidas de aseguramiento si se les garanticen
unas condiciones de vida digna de donde se establece el mandato constitucional y legal, sino las
directrices fijadas por la Procuraduría General de la Nación, en la Directiva No. 002 del 7 de julio de
2016 […]”.
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Sostuvo que no contaba con el personal administrativo, ni con el
rubro presupuestal para ejecutar la orden del Tribunal, además de
que el término de tres que se le concedió para adelantar las
gestiones en la Cárcel no resultaba factible, dado que existía un
gran hacinamiento carcelario y se debían de prever soluciones para
evitarlo.
Señaló que se debía de verificar lo dispuesto en el parágrafo 1 del
artículo 16 de la Ley 1709 de 2014, el cual prevé que los nuevos
centros reclusión deben contar con un perímetro de aislamiento de
por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo
urbano; además de que se debía establecer con planeación
municipal si el suelo destinado para realizar la construcción estaba
conforme al EOT.
Solicitó, por lo expuesto, revocar la sentencia de primera instancia
y, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda, y, en
caso de no acceder a lo anterior, que se amplíe el tiempo que
dispuso el Tribunal para cumplir la orden “atendiendo a las
distancias entre los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño de
756.3 km”.
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III.5-. El MUNICIPIO DE SANTA ROSALÍA señaló que cumplió
con su deber de transferir los recursos para el mantenimiento de la
cárcel de Puerto Carreño.
Sostuvo que los hechos expuestos en la demanda respecto del
hacimiento en la Cárcel no eran una novedad, por lo que solicitó a
otros municipios del Departamento de Vichada aunar esfuerzos
para el sostenimiento y funcionamiento de la misma.
A su juicio, lo anterior pone de manifiesto que carece de
legitimación en la causa por pasiva17. Para el efecto, señaló lo
siguiente:
“[…] La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de
amparo, pues las funciones de amparo de estos derechos colectivos
les corresponde directamente a quienes se encarguen de la
administración de estos centros penitenciarios y carcelarios de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1o del Decreto 4151 de
20112, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC,
“tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y
tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y
seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como
consecuencia de una decisión judicial, de conformidad con las
políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento
jurídico, en el marco de la promoción, respeto y protección de los
derechos humanos” […]”.
17
En este punto, la apoderada del Municipio de Santa Rosalía agregó:
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Indicó que en el término de tres meses que le concedió el Tribunal
para realizar las gestiones en la Cárcel le era imposible cumplir lo
que se ordenó, pues dichas actuaciones requerían de más tiempo
teniendo en cuenta que era de sexta categoría.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1-. El MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA adujo que se debía
revocar la sentencia de primera instancia por los argumentos
expuestos por el Municipio de Cumaribo, dado que no contaba con
los recursos económicos y logísticos para cumplir la orden del
Tribunal, como sí los tenía la Nación “por conducto del ministerio
del interior, y el INPEC”.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto18 en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que
existían elementos de juicio para declarar la responsabilidad de las
accionadas con motivo de la vulneración de los derechos colectivos
18 Visible en el índice núm. 16 del expediente digital.
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invocados, dado que no brindaron soluciones oportunas para
mitigar la afectación que sufren las personas privadas de la libertad
en el Municipio de Puerto Carreño.
Sostuvo que la Cárcel no contaba con la infraestructura física
adecuada para la prolongación de la estancia de los detenidos con
medida preventiva, por lo que sus condiciones eran totalmente
indignas e insalubres al no contar con las condiciones mínimas de
alimentación, elementos de aseo personal, salud, ventilación,
acceso a batería sanitarias, separación por edades, visitas, entre
otros aspectos, que afectaban sus derechos colectivos y
fundamentales.
Adujo que el ingreso de un procesado o condenado a un
establecimiento de reclusión traía como consecuencia el nacimiento
de una relación de especial sujeción, entendida como un vínculo
jurídico-administrativo en el que el interno se encuentra sometido
a un régimen que se concreta en la potestad del Estado,
representado por las autoridades penitenciarias y carcelarias de
establecer condiciones que conllevan la suspensión y restricción en
el ejercicio de ciertos derechos fundamentales.
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Indicó que le asistió razón al Tribunal al impartir las órdenes
decretadas y que los argumentos de los recursos de apelación
interpuestos no estaban llamados a prosperar, pues no se había
logrado mitigar la afectación de los derechos colectivos, por lo que
era urgente que las entidades territoriales y nacionales ejecutaran
los proyectos necesarios para la construcción de un centro de
calidad que se ajustara las necesidades básicas de un ser humano.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La Sala advierte que el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES, en escrito de 9 de octubre del presente año19,
manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del proceso
de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ FERNANDO
OSORIO CIFUENTES se desempeña como procurador judicial II
en la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad
demandante en el proceso de la referencia, por lo que estima que
se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el
numeral 3 del artículo 130 del CPACA.
19
Visible en el índice 26 del expediente digital.
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Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento
que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del
CPACA, la cual dispone:
“[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente,
o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades
públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de
parte o de tercero interesado […].” (Resaltado fuera del texto
original).
Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto
similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto
de 2023, consideró lo siguiente:
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“[…] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del
CPACA, pues sus cónyuges están vinculadas a la
Procuraduría General de la Nación como procuradoras
judiciales II.
[…]
La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que
la causal de impedimento se configure; no se requiere que el
cónyuge tenga algún interés o relación con el asunto objeto del
proceso, por lo que basta con que esté probado el vínculo con
la entidad y el nivel jerárquico correspondiente.
En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores
judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio
funcional, en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000
se establece que son cargos del nivel directivo aquellos empleos
que tienen funciones de dirección, definición de políticas y de
representación del Procurador General. En el numeral 10 de
ese artículo señala como funciones generales de los empleos de
ese nivel: “10. Intervenir como agentes del Ministerio Público, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que
resulta congruente con lo prescrito en los artículos 277-74 y 2805
de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen
la condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras,
ejercen funciones de intervención judicial en representación del
Procurador General de la Nación, lo que igualmente se ve
refrendado en el artículo 416 del Decreto Ley 262 de 20007, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7
del Decreto 264 de 2000 no puede tenerse en consideración para
los efectos de esta decisión.
En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros
Yepes Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la
entidad demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual,
desde una perspectiva material y funcional, corresponde al nivel
directivo, ya que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce
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funciones delegadas del Procurador General de la Nación en calidad
de agente del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal
de impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la
Sala de analizar las demás causales señaladas por el magistrado
Ibarra Martínez […]”.
Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala
Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez
que su hermano20, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO
CIFUENTES, se desempeña actualmente como procurador judicial
II, cargo de nivel directivo, en la Procuraduría General de la Nación,
entidad demandante en la acción popular de la referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado magistrado y lo separará del
conocimiento del presente proceso, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
20
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación
o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están
unidas por los vínculos de la sangre”.
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Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la
protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un
daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y
sencillo para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala advierte
que las accionadas en los recursos de apelación interpuestos no
controvierten la vulneración de los derechos colectivos invocados
con motivo de la problemática que se presenta en la Cárcel por el
hacinamiento y condiciones insalubres en que se encuentran las
personas privadas de la libertad en ese lugar, razón por la que no
se hará ningún pronunciamiento sobre el particular.
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En consecuencia, de acuerdo con los argumentos planteados en los
recursos de apelación interpuestos, los problemas jurídicos a
resolver son los siguientes:
-. Determinar si el INPEC y la USPEC son responsables, en el
marco de sus competencias, del cumplimiento de las órdenes que
profirió el Tribunal para superar la vulneración de los derechos
colectivos que se presenta en la Cárcel.
-. Establecer si las condiciones y las actividades adelantadas por los
MUNICIPIOS CUMARIBO y SANTA ROSALÍA para afrontar la
problemática que se presenta en la Cárcel resultan suficientes para
no proferir órdenes en su contra.
-. Examinar si el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO es
competente para intervenir en la protección de los derechos
colectivos invocados y si son procedentes las órdenes que frente a
dicha entidad dio el Tribunal en la sentencia objeto de recurso.
De lo probado en el proceso
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los
medios de convicción pertinentes y conducentes para resolver los
problemas jurídicos antes relacionados.
-. Copia del contrato de comodato de 4 de abril de 2011, suscrito
entre Luz Margarita Hernández y Johanna Andrea Gómez
Hernández, en calidad de comodantes, y el Municipio de Puerto
Carreño, en calidad de comodatario, con un plazo de ejecución de
18 meses, el cual tiene por objeto “EL COMODATARIO SE
COMPROMETE A ENTREGAR AL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO,
A TÍTULO GRATUITO, EL BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL
COMODANTE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS
INSTALACIONES DE LA CÁRCEL DEL MUNICIPIO”.
-. Oficio de 27 de julio de 2018, a través del cual el Municipio de
Puerto Carreño le indicó a la Procuraduría Regional de Vichada las
actividades realizadas con motivo de la problemática que se
presentaba en la Cárcel. En el informe de gestión realizado por la
Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Puerto
Carreño se indicó lo siguiente respecto de la identificación del
inmueble:
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-. Oficio de 12 de julio de 2019, a través del cual el director general
del INPEC le indicó al gobernador del DEPARTAMENTO, lo
siguiente:
“[…] En atención a la solicitud elevada a la señora Ministra de
Justicia y del Derecho, Doctora MARGARITA CABELLO BLANCO, en
el marco del Taller Construyendo País No. 34, realizado en Puerto
Carreño – Vichada, respecto de la construcción de un
Establecimiento de Reclusión en predios del Departamento, con el
objeto de albergar la Población Privada de la libertad en calidad de
condenados y como quiera que por parte de su despacho se
informó que en la actualidad se cuenta con un terreno para
adelantar dicha construcción; es necesario que la Gobernación
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formalice tal solicitud ante la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC y ante el INPEC, en aras de verificar aspectos
de orden técnico que se deben tener en cuenta para realizar obras
como esta, los cuales a continuación se relacionan:
Requisitos Mínimos
Ubicación
Características físicas del terreno:
1. Pendiente máxima del 10%
2. Área: 10 Hectáreas mínimo
3. Distancia al casco urbano, máximo 2 kilómetros
3.1. Proximidad a centros médicos
3.2. Proximidad a Estaciones de Policía o Guarniciones Militares
3.3. Vías de fácil acceso
4. Dominancia visual: NO “es decir donde no puedan generarse
vistas elevadas, desde cerros, montañas, edificios y otros,
hacia el lote con un radio mínimo de 1 km”.
5. Afectaciones Ambientales y Culturales: NO “no posea
protección ambiental”, el terreno y su entorno no deben tener
ningún tipo de afectación de caminos públicos históricos, cauces o
canales públicos, yacimientos arqueológicos entre otros.
6. Identificar que el predio no se encuentre en zona de riesgo:
6.1. La actividad eólica no sea intensa.
6.2. La zona no se encuentre en franja de incendios.
6.3. El lote escogido no se encuentre en zona de deslizamientos.
7. Disponibilidad inmediata de servicios públicos:
7.1. Agua potable.
7.2. Energía
7.3. Gas
7.4. Alcantarillado
7.5. Conectividad
8. Plan de Ordenamiento Territorial, se debe identificar:
8.1. Clase de suelo
8.2. Uso del suelo
8.3. Uso institucional
Una vez definido el predio propuesto por la Gobernación, se
dispondrá de las visitas pertinentes para efectos de evaluar en sitio
aspectos de seguridad y nivel técnico, por parte de INPEC y USPEC,
respectivamente […]”.
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-. Oficio núm. 0315 de 3 de abril de 2020, suscrito por la
Procuraduría Regional de Vichada, el cual tuvo como asunto
“INFORME SITUACIÓN CARCELARIA – MUNICIPIO DE PUERTO
CARREÑO”.
-. Informe de visita a centros de reclusión de 18 de mayo de 2020,
realizado por la Procuraduría Regional de Vichada, en el que se
indicó lo siguiente:
“[…] 6. Consignar las observaciones y recomendaciones
a que haya lugar
Respecto de la visita practicada por la suscrita al centro de
reclusión de Puerto Carreño, durante la semana anterior, se
logró evidenciar:
Trámite para la atención en salud
No se cuenta con equipos, ni personal médico, la atención
en salud se hace directamente con la ESE Hospital
Departamental San Juan de Dios, si es una urgencia se
traslada el paciente de manera inmediata para su atención,
en caso contrario, la directora establece comunicación a
través de las líneas de atención del Hospital y se solicita cita
médica.
Se presta atención médica y odontológica.
Al 27 de abril, se registran en el libro de Reporte diario 11
visitas al médico por parte de 8 internos, por diferente
sintomatología.
Respecto de los elementos de bioseguridad:
Se ha dispuesto de la entrega de kits de aseo a cada interno,
que consta de: jabón de baño, papel higiénico, jabón de
lavar, crema dental, cepillo dental y desodorante en las
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siguientes fechas 25 de marzo, 28 de marzo,30 de marzo,05
de abril, 06 de abril y 22 de abril del 2020.
La administración municipal de Puerto Carreño, el Hospital
Departamental San Juan de Dios y la OIM, han hecho
entrega de elementos de bioseguridad.
Se les ha brindado charlas de orientación y sensibilización
de cómo utilizar estos elementos de protección personal por
parte de la secretaria de desarrollo social, así mismo como
hacer el debido y correcto lavado de manos y que deben dar
aviso oportuno ante cualquier eventualidad con síntomas de
malestar general y fiebres altas.
Respecto de la situación de hacinamiento:
El centro carcelario a la fecha registra una población de 87
PPL, distribuidos en dos (2) patios, dentro de los cuales se
encuentra una (1) mujer.
PATIO HOMBRES MUJERES CAPACIDAD
PATIO 68
1
PATIO 19 1
2 25 Personas
GRAN 87
TOTAL
La capacidad del centro de reclusión es de 25 personas.
En el centro de reclusión se encuentran (25) PPL
CONDENADOS, los cuales por las condiciones de inseguridad
y de infraestructura del mismo centro, requieren su traslado
a un sitio de mayor seguridad.
Otros temas evidenciados:
Las instalaciones donde funciona el centro carcelario
corresponden a una casa de habitación que con el tiempo se
destinó o se le dio uso de centro carcelario, la cual está
siendo objeto de litigio entre el municipio y un particular.
Dadas las condiciones y limitaciones propias de la
infraestructura, el centro de reclusión no cuenta con
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personal médico (enfermería), los servicios de salud, se
prestan de manera directa con la ESE Hospital
Departamental San Juan de Dios, a través de la gestión de
la dirección del centro carcelario, ya sea para atención por
urgencia o consulta general.
Dado, que el actual sitio de reclusión no reviste las
condiciones de seguridad de una cárcel, y su operación se
limita a un centro de reclusión, se requirió a la Directora del
centro carcelario, superada la emergencia por el COVID-19
adelantar las gestiones administrativas y/o solicitudes de
traslado a una cárcel de mayor seguridad de dichos internos,
sobre quienes ya pesan condenas.
En cada uno de los patios, se cuenta con un (1) filtro de
agua, para el consumo de los internos, (La OIM hizo la
donación el 16/04/2020); asimismo, tiene disponible
tanques de almacenamiento del líquido en los patios (sic).
Los horarios de entrega de la alimentación son: Desayuno:
7:30 a.m./Almuerzo: 11.40/cena: 4:30 p.m. […]”.
-. Convenio interadministrativo núm. 054 de 4 de marzo de 2021,
suscrito entre el Municipio de La Primavera y el Municipio de Puerto
Carreño, por la suma de $130.000.000, el cual tiene por objeto
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO
CARREÑO PARA EL SOSTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE RECLUSIÓN DE PUERTO CARREÑO – VICHADA,
VIGENCIA 2021”.
-. Convenio interadministrativo núm. 134 de 5 de marzo de 2021,
suscrito entre el Municipio de Cumaribo y el Municipio de Puerto
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Carreño, por la suma de $210.000.000, con un plazo de 9 meses y
24 días, con el siguiente objeto “AUNAR ESFUERZOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESTINADOS AL
SOSTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL
DE PUERTO CARREÑO – VICHADA”.
• Oficio núm. 0466 de 30 de junio de 2021, suscrito por el
procurador regional del Vichada, el cual tuvo como asunto
“Violación a Derechos Colectivos. Sistema Carcelario-
Departamento del Vichada. Ley 65 de 19 de agosto de 1993”.
-. Copia de la adición núm. 1 de 27 de abril de 2021, al convenio
interadministrativo núm. 054 de 4 de marzo de 2021, suscrito entre
los municipios de La Primavera y Puerto Carreño.
• Oficio de 6 de julio de 2021, suscrito por el secretario de
Planeación y Desarrollo Territorial Delegado con Funciones
Administrativas y Contractuales del Departamento del Vichada,
dirigido al director del INPEC, el cual tuvo como asunto
“Construcción de Establecimiento de Reclusión en el Departamento
de Vichada”. En el citado oficio se indicó lo siguiente:
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“[…] El departamento del Vichada cuenta con un único
establecimiento de Reclusión el cual se encuentra ubicado en el
municipio de Puerto Carreño Capital de Departamento con una
capacidad para albergar a veinticinco (25) personas, pero, a la
fecha, se encuentran 125 personas toda vez que en ese lugar son
recluidos los capturados de todo el departamento que están
vinculados a un proceso penal no condenados sin embargo (sic),
actualmente se encuentran cumpliendo su pena en dicho
establecimiento diecinueve (19) personas condenadas sobre las
cuales ya existe resolución de traslado a cárceles a cargo del
INPEC, pero ha sido difícil lograr su traslado a dichos
establecimientos de reclusión por falta de cupos.
(…)
Dicho lo anterior, desde el año 2018, la administración
departamental ha unido esfuerzos con los alcaldes municipales
adelantando gestiones ante la Dirección General del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios de Colombia USPEC con el fin de lograr
la construcción de un establecimiento de reclusión en el
departamento que permita mejorar la calidad de vida de la
población privada de la libertad, sin embargo hasta el momento
dichos esfuerzos no han dado los resultados esperados.
(…)
Como resultado de lo precitado, el 20 de septiembre del año 2019,
en compañía del Gobernador del Departamento y Secretario de
Gobierno municipal de Puerto Carreño, se realizó visita por parte
de funcionarios del INPEC y USPEC, al terreno ubicado en la granja
el merey sector REFOENERGY del municipio de Puerto Carreño,
lugar que la administración departamental priorizó para dicho fin
realizando un recurrido en el sector con el fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos logrando que los
funcionarios conocieran el área y determinaran la viabilidad o no
del terreno, sin embargo, manifestaron que la información
recopilada sería llevada a la ciudad de Bogotá para ser analizada y
posteriormente se expediría el respectivo concepto.
Lamentablemente, hasta la fecha no se ha obtenido concepto
alguno respecto a la viabilidad o no del terreno para la construcción
de dicho establecimiento lo cual no ha permitido avanzar en el
desarrollo de dicho proyecto para de esta manera brindaría (sic)
una solución de fondo a la problemática de hacinamiento y abriría
las puertas a la posibilidad de invertir recursos públicos en el
proceso de construcción de este establecimiento.
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• Oficio de 7 de julio de 2021, suscrito por el secretario de
Planeación y Desarrollo Territorial Delegado con Funciones
Administrativas y Contractuales del DEPARTAMENTO, dirigido
procurador regional del Vichada, en que el que se indicó:
“[…] Anualmente, las administraciones municipales (Puerto
Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo) junto con la
Gobernación del Vichada, suscriben convenios interadministrativos
para el sostenimiento y mantenimiento (alimentación, vigilancia,
kits de aseo) de la “cárcel” municipal de Puerto Carreño, para lo
cual en la presente anualidad se suscribió convenio con el municipio
de Puerto Carreño para el mantenimiento y sostenimiento de la
cárcel municipal Puerto Carreño No. 388 de 2021 cuyo objeto es:
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y
EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO PARA EL SOSTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE PUERTO
CARREÑO, EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA” por valor de
doscientos sesenta y nueve millones seiscientos treinta y un mil
quinientos cincuenta pesos ($269.631.550) […]”.
-. Oficio de 7 de julio de 2021, a través del cual el Municipio de
Cumaribo le respondió a la Procuraduría Provincial del Vichada la
solicitud de información respecto de la problemática que se
presentaba en la Cárcel.
• Oficio de 8 de julio de 2021, suscrito por la directora de política
criminal y penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, a
través del cual se dio respuesta a la solicitud de información sobre
las acciones adelantadas por ese ministerio “con respecto a la
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defensa de los derechos fundamentales de la población carcelaria,
y en lo que atañe a la infraestructura carcelaria para personas
detenidas”.
-. Oficio de 27 de julio de 2022, a través del cual la directora general
de presupuesto público nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público le indicó al Tribunal lo siguiente:
“[….] (i) Si existen partidas presupuestales destinadas a la solución
del problema de hacinamiento carcelario en el país, tendientes a la
construcción de infraestructura carcelaria, en especial para el
Municipio de Puerto Carreño o el Departamento del Vichada, o si
las partidas son globales, que entidad las tiene asignadas y para
qué años.
(…)
En ese sentido, por disposición legal, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, como gestor de la política fiscal y económica del
país, tiene fijadas funciones específicas, relacionadas con la
asignación de los recursos en forma global a las entidades que
forman parte del Presupuesto General de la Nación. Para ello, le
comunica el espacio fiscal para atender los gastos de inversión de
la respectiva vigencia fiscal, y en coordinación con el DNP, se le
informa a cada sector el Marco de Gasto de Mediano Plazo del que
dispondrá en los próximos cuatro años.
(…)
Es importante aclarar que las apropiaciones presupuestales no se
asignan a las entidades por actividades específicas, dado que esa
desagregación le corresponde a cada entidad al ejecutar los
recursos, en virtud de la autonomía presupuestal que el Estatuto
Orgánico del Presupuesto les otorgó a los órganos públicos que son
secciones presupuestales.
(…)
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Por tanto, la Corte Constitucional ha considerado que no se puede
interferir en la ejecución del presupuesto de las entidades, so pena
de invadir la órbita de competencia de cada una de ellas.
Por otro lado, cabe señalar que el presupuesto destinado a la
construcción de infraestructura carcelaria es asignado en cada
vigencia a la sección presupuestal 1211 Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad que tiene a cargo la
ampliación y mantenimiento de la infraestructura física,
penitenciaria y carcelaria del nivel nacional.
Estas apropiaciones aparecen en dos proyectos de inversión de la
USPEC denominados “C1206-0800-6 Construcción y Ampliación de
Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos
de Reclusión del Orden Nacional y C-1206-0800-7 Fortalecimiento
de la Infraestructura Física en los ERON a Cargo del INPEC”, por
medio de los cuales se ejecuta el gasto relacionado con las obras
de mantenimiento y generación de cupos de todos los
establecimientos de reclusión a nivel nacional.
(…)
En este sentido, el presupuesto es asignado a nivel de los rubros
presupuestales que aparecen en el anexo del Decreto de
Liquidación de la Ley anual del Presupuesto Público Nacional. En el
caso del gasto relacionado con la construcción y mantenimiento de
cárceles del nivel nacional, corresponde a los proyectos de
inversión ya mencionados, es decir, que no se asigna por cada uno
de los establecimientos de reclusión. La ejecución de estos
recursos, su distribución, desagregación y priorización de las obras
corresponde a la USPEC en virtud de la autonomía presupuestal
que le otorga el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto
a las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación.
Ahora bien, con el fin de garantizar los recursos necesarios para la
ejecución de las obras de infraestructura que permitan dar
continuidad al cumplimiento de los requerimientos establecidos en
las providencias de la Corte Constitucional, entre otras, las
Sentencias T-762 de 2015 y T-388 de 2013, se expidió el CONPES
3871 de 20166 para superar el estado de cosas inconstitucional del
Sistema Penitenciario y Carcelario.
En la actual vigencia 2022, el CONFIS otorgó aval fiscal en sesión
del 22 de marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 819 de 20037 y el artículo 2.8.1.7.1.2 del
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Decreto 1068 de 20158 , para la actualización del documento
CONPES No. 4082 del 18 de abril de 2022 denominado:
“Declaración de Importancia Estratégica del Proyecto de Inversión
Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de
Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”.
En efecto, la nueva propuesta del CONPES 4082 de 2022 contiene
los proyectos de Sabanas de San Ángel, Riohacha, Pereira, la
introducción de nuevos proyectos a desarrollarse en Mocoa, Silvia,
San Andrés, Barrancabermeja, Buenaventura y San Martín (Meta),
lo cual conlleva la autorización de vigencias futuras para
comprometer apropiaciones hasta la vigencia 2026, así como el
retiro definitivo de los proyectos que no se pudieron desarrollar
para los establecimientos de Cómbita y San Gil […]”.
-. Oficio de 2 de agosto de 2022, a través del cual el Coordinador
del Grupo de Asuntos Judiciales del Departamento Nacional de
Planeación le informó al Tribunal lo siguiente:
“[…] Ahora bien, revisada la plataforma del SUIFP la Uspec, como
entidad del orden nacional encargada de la construcción y
ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, tiene
registrado en el BPIN el proyecto de inversión Construcción
ampliación de infraestructura para la generación de cupos en los
establecimientos de reclusión del orden nacional, con código BPIN
2018011000329, con un horizonte de 2019 – 2026 y cuyo objetivo
es aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para
atender a la población privada de la libertad. En el marco de este
proyecto de inversión se contemplan diferentes obras de
infraestructura, tanto construcción de nuevos ERON como
generación de cupos y ampliación de pabellones en ERON
existentes.
De acuerdo con la información que se encuentra en la plataforma
SUIFP, el mencionado proyecto de inversión no contempla la
construcción de un ERON en el municipio de Puerto Carreño
(Vichada), siendo importante señalar que de los 128 ERON
existentes ninguno está ubicado en el Departamento del Vichada.
En este punto es necesario denotar que la Uspec como entidad
ejecutora del proyecto es quien identifica las necesidades de
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infraestructura y quien define la ubicación de los nuevos ERON
conforme la disponibilidad y viabilidad técnica de los predios. En
ese sentido, debe reiterarse a la autoridad judicial que el DNP no
tiene injerencia en la definición de las obras de infraestructura
penitenciaria y carcelaria adelantadas por la Uspec, de igual
manera, no puede modificar los proyectos de inversión ni tampoco
asigna directamente el presupuesto para desarrollar los proyectos
de inversión, ello conforme a las funciones legales atribuidas […]”.
-. Informe visita técnica a la Cárcel, llevada a cabo el 8 de
noviembre de 2022 por el Grupo de Vigilancia Fiscal Gerencia
Colegiada de Vichada de la Contraloría General de la República, en
el que se indicó lo siguiente:
“[…] - Estado de la construcción, ¿en qué condiciones se
encuentra la infraestructura?, ¿tiene capacidad para ser
habitable?
• ¿Cuáles son las condiciones sanitarias y de servicios
públicos del inmueble?
• ¿Cuáles son las posibles soluciones o adecuaciones que
deban realizarse para que las instalaciones sean las
apropiadas?
La Contraloría General de la República, Gerencia Departamental
Colegiada de Vichada, mediante oficio de radicado
2022EE0175218, solicitó a la alcaldía municipal de Puerto Carreño
el ingreso a las instalaciones durante los días 10-11- 12-13 y 14
de octubre de 2022, solicitud que fue aprobada.
El día 10 de octubre se hizo presencia en las instalaciones del
centro penitenciario, con el fin de dialogar con el director de dicho
centro, donde se le presentó los objetivos de la visita y se solicitó
el acompañamiento y ayuda necesaria para poder cumplir con la
evaluación y dar respuesta al cuestionario emanado por el Tribunal
Administrativo del Meta.
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Durante el día 11 de octubre de 2022, se realizó la visita técnica al
centro carcelario en su totalidad; a continuación, se presenta un
plano de planta que se elaboró con las medidas y distribuciones
actuales del centro penitenciario.
[…]
Es importante aclarar, que, para el día de la visita, es decir el 11
de octubre de 2022, existía un total de 129 reclusos divididos de la
siguiente manera:
• PATIO 1: 89 Personas
• PATIO 2: 31 Personas
• MUJERES: 9
Con la distribución del centro penitenciario y la cantidad de reclusos
actual, se procede a la solución de los interrogantes plasmados en
el oficio No. SGTAM 22- 1976 del 16 de septiembre de 2022.
• Estado de la construcción, ¿en qué condiciones se
encuentra la infraestructura?, ¿tiene capacidad para ser
habitable?
El estado actual de la construcción y la infraestructura en general
del centro penitenciario es pésimo, columnas fisuradas (Ver
fotografía No. 9 y 18), elementos estructurales en madera e
instalados de mala manera lo que no garantiza la estabilidad de la
edificación (Ver fotografías Nos. 8 y 14), se pudieron observar
muros agrietados y con muchos perforaciones (Ver fotografías Nos.
7 y 9), muros sin pañete para la protección del sol y del agua (Ver
fotografías Nos. 5,6,7,8,9,10,15 y 16), muros con un alto grado de
humedad lo cual ocasiona la perdida de gran parte de la resistencia
de los mismos (Ver fotografías Nos. 2,3,5,6,9,10,14,16,17 y 18),
láminas de cubierta oxidadas y en mal estado lo que está
provocando filtración de agua (goteras), pisos en cemento en mal
estado y con mucha humedad, las baterías sanitarias totalmente
deterioradas (Ver fotografías Nos. 16,17 y 18).
• ¿Cuáles son las condiciones sanitarias y de servicios
públicos del inmueble?
Las condiciones sanitarias del centro penitenciario no son las
mejores, esto teniendo en cuenta que el número de baterías
sanitarias y duchas disponibles es insuficiente para el número de
reclusos; El espacio es insuficiente para el número de personas que
duermen y conviven en el centro de reclusión, por otra parte las
instalaciones del centro penitenciario, no cuentan con agua
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potable, pues no están conectados a la red del servicio de
acueducto municipal, el centro penitenciario, cuenta con un pozo
profundo y una electrobomba que es desde donde alimentan los
tanques-lavaderos, adicional a esto, solo cuentan con un tanque
elevado para todas las instalaciones y es de este desde donde se
suministra el agua para todos los sanitarios y duchas utilizados por
los reclusos.
En el tema de la energía eléctrica, el centro penitenciario, cuenta
con conexión eléctrica a la empresa de servicios públicos, pero no
cuenta con ningún generador de energía que respalde las
instalaciones en casos de emergencia, por último, el centro
penitenciario no cuenta con red de alcantarillado, sus aguas negras
y grasas se disponen en pozos sépticos.
• ¿Cuáles son las posibles soluciones o adecuaciones que
deban realizarse para que las instalaciones sean las
apropiadas?
En general, lo ideal sería la demolición y reconstrucción total del
centro carcelario para las personas privadas de la libertad, pues el
actual no cuenta con red de agua potable domiciliaria, no cuenta
con alcantarillado, no cuenta con generadores eléctricos
independientes y su estructura se encuentra bastante deteriorada
en todas y cada una de sus zonas (habitaciones, patios, sanitarios,
duchas, parte administrativa), situación que hace que la seguridad
del centro carcelario no sea la mejor.
De no ser posible una nueva construcción, lo ideal para este centro
carcelario sería la ampliación de todos sus espacios, demolición y
construcción de los muros perimetrales, reforzar y pañetar los
muros de todas y cada una de las habitaciones y baños, picado y
demolición de todo el piso del centro carcelario y la construcción
de una nueva placa de piso con el desnivel, los drenajes y los
aditivos necesarios para evitar la humedad y el encharcamiento, lo
cual genera la proliferación de vectores y pone en riesgo la salud
de los reclusos y visitantes, conectar el centro carcelario a la red
de alcantarillado del municipio, desmonte e instalación de nuevo
juego de baterías sanitarias y por ultimo y no menos importante,
el desmonte e instalación de toda la cubierta […]”.
-. Oficio de 28 de noviembre de 2022, mediante el cual el Municipio
de Puerto Carreño le informó al Tribunal que el “inmueble en donde
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funciona la cárcel municipal no le pertenece al municipio se
encuentra en uso con un contrato de comodato vencido y no hay la
posibilidad de hacer demoliciones y construcciones como lo indica
el perfil en el entendido que no se tiene la propiedad del inmueble
por parte del municipio”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a pronunciarse
respecto de los problemas jurídicos planteados así:
De la responsabilidad del INPEC y la USPEC
La Sala pone de manifiesto que los cuestionamientos del INPEC y
la USPEC frente a la decisión del Tribunal se centran en el
desconocimiento de sus competencias y de las acciones
adelantadas para la protección de los derechos colectivos
invocados.
En tal sentido, la inconformidad del INPEC radica en que se le
ordenó la realización conjunta de una cárcel en el Municipio de
Puerto Carreño, lo que, su juicio, no resultaba procedente dada la
naturaleza de sus funciones. Por su parte, la USPEC cuestionó que
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el Tribunal no estableció con claridad la orden que debía cumplir en
el marco de sus competencias.
Al respecto, se advierte que en el numeral séptimo de la sentencia
objeto de recurso se le ordenó al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al INPEC, la USPEC, el Departamento de Vichada y los
municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa
Rosalía que, en el marco de sus competencias, en el término de 3
años, contados desde la ejecutoria de la sentencia realizaran la
proyección, aprobación y construcción de un establecimiento
carcelario en el Municipio de Puerto Carreño, bajo los parámetros
técnicos y normativos vigentes - Ley 65 de 1993, modificada
parcialmente por la Ley 1709 de 2014 y demás concordantes- así
como los parámetros indicados en las sentencias en materia de ECI
de la Corte Constitucional.
El Tribunal fundamentó la anterior decisión en el hecho de que era
evidente la necesidad construir un establecimiento carcelario en el
Municipio de Puerto Carreño como única solución definitiva al
hacinamiento y demás inconvenientes que generaban la
vulneración constante de los derechos colectivos de las personas
privadas de la libertad en ese municipio.
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Ahora bien, el Tribunal precisó que si bien, de conformidad con la
Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, las entidades
territoriales eran las que debían de asumir la construcción,
administración y sostenimiento de los establecimientos carcelarios
del orden territorial y gestionar los recursos necesarios para el
cumplimiento de su deber, dichos municipios no contaban con los
recursos para dar cumplimiento a lo anterior, por lo que debía
evaluarse “dar aplicación a la figura del aportes de entidades de un
nivel superior, bajo la cual el Municipio de Puerto Carreño -como
directo obligado en la mayoría de órdenes- puede acudir al
Departamento del Vichada, y a la Nación, con el fin de solicitar los
recursos necesarios para ejecutar las obras aquí ordenadas”.
Por su parte, el INPEC en el recurso de apelación interpuesto
sostuvo que, de conformidad con lo previsto en la Ley 65 de 1993,
modificada por la Ley 1709 de 2014, no era de su competencia la
construcción de una cárcel municipal; además de que la cárcel del
municipio de Puerto Carreño quedará bajo el dominio,
administración y dirección del municipio, y con destino a la
reclusión de sindicados.
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Sobre el particular, la Sala en un asunto de similares características
consideró lo siguiente21:
“[…] De las obligaciones de los entes territoriales en materia
carcelaria
La Ley 65, por medio de la cual se expidió el Código Penitenciario
y Carcelario, fue modificada por la Ley 1709. Dicha norma prevé
en su artículo 1622 que los establecimientos de reclusión del
orden nacional son creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y
vigilados por el INPEC, el cual, en coordinación con la USPEC,
deberá determinar los lugares donde funcionarán dichos
establecimientos.
Por su parte, según el artículo 17 ibidem, las cárceles
departamentales y municipales para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad
policiva, corresponden a los Departamentos, Municipios, Áreas
Metropolitanas y al Distrito Capital, los cuales se encargarán de su
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 14 de septiembre de 2020, Rad. núm. 66001-23-33-000-2016-00517-02, CP. Nubia
Margoth Peña Garzón.
22 “ARTÍCULO 16. ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN NACIONALES. <Artículo
modificado por el artículo 8 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Los
establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos,
dirigidos y vigilados por el Inpec.
El Inpec, en coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos
establecimientos.
Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado
para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes.
Se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar los recursos suficientes a la
Uspec para la creación, organización y mantenimiento de los establecimientos de
reclusión.
PARÁGRAFO 1o. Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un perímetro de
aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano.
PARÁGRAFO 2o. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las
condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento
penitenciario digno”.
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creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia. Asimismo, la norma en
comento ordenó que la inspección y vigilancia de dichos
establecimientos le corresponde al INPEC.
El artículo ídem también previó que en los presupuestos
municipales y departamentales deben incluirse las partidas
necesarias para los gastos de sus cárceles, como lo son el pago de
empleados, alimentación de los presos, vigilancia, gastos de
remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos
y demás servicios, de tal manera que, los alcaldes y gobernadores
se abstendrán de aprobar o sancionar los presupuestos que no
llenen estos requisitos.
Adicional a lo anterior, la norma en mención dispuso la posibilidad
de que la Nación y las entidades territoriales celebren convenios de
integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura
y el sostenimiento de los centros de reclusión.
(…)
De otra parte, la Ley 65 también otorgó la posibilidad a los
municipios que, de manera conjunta, creen, organicen,
administren y sostengan los establecimientos de reclusión,
conforme lo dispone el artículo 18 […]”.
En dicha oportunidad, la Sala consideró que el INPEC y la USPEC
debían actuar coordinadamente para la satisfacción de las
necesidades de infraestructura de los establecimientos de reclusión
y la definición de los lineamientos en ese mismo ámbito; y a esta
última entidad le corresponde realizar las gestiones que se
requieran para ejecutar los proyectos de adquisición, suministro y
sostenimiento de los recursos, incluyendo la infraestructura, para
cumplir cabalmente la actividad penitenciaria.
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Si bien le asiste razón al INPEC y la USPEC al indicar que de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993,
modificada por la Ley 1709 de 2014, las cárceles departamentales
y municipales para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, por orden de autoridad policiva, corresponden a los
Departamentos, Municipios, Áreas Metropolitanas y al Distrito
Capital, los cuales se encargarán de su creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia,
dicha obligación a cargo de las entidades territoriales no las
exonera de las responsabilidad que les asiste en materia de gestión
y coordinación.
En efecto, el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, modificada por la
Ley 1709 de 2014, estableció lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 17. CÁRCELES DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES. Corresponde a los departamentos, municipios,
áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la
creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden
de autoridad policiva.
Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales
el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente
con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas
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continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por
contravenciones serán alojados en pabellones especiales.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la
inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades
territoriales.
En los presupuestos municipales y departamentales, se
incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus
cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos,
vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos,
materiales y suministros, compra de equipos y demás
servicios.
Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de
aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos
departamentales y municipales que no llenen los requisitos
señalados en este artículo.
La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar
convenios de integración de servicios, para el mejoramiento
de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de
reclusión de sistema penitenciario y carcelario […]”.
(Negrillas fuera de texto).
Así pues, para la Sala existe claridad de que la construcción de
centros carcelarios para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, por orden de autoridad policiva, en los entes territoriales,
les corresponde a dichas autoridades.
Sin embargo, ante la evidente vulneración de los derechos
colectivos de las personas privadas de la libertad en el Municipio de
Puerto Carreño resulta necesaria la intervención del INPEC y la
USPEC para que adelanten las gestiones que, en el marco de sus
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competencias, les resultan exigibles de conformidad con lo previsto
en el artículo 2.2.1.12.3.4 del Decreto núm. 204 de 10 de febrero
del 201623, el cual establece las funciones del Comité de
Coordinación de Funciones y Competencias INPEC – USPEC, así:
“[…] ARTÍCULO 2.2.1.12.3.4. Funciones del Comité de
Coordinación de Funciones y Competencias INPEC-USPEC. El
Comité de Coordinación de Funciones y Competencias INPEC-
USPEC tendrá las siguientes funciones:
1. Diseñar el programa general de actividades conjuntas reguladas
en el presente capítulo, y las demás que se deriven del marco
normativo que rige el sistema penitenciario y carcelario.
2. Armonizar la planeación de cada institución para asegurar la
ejecución coordinada de funciones.
3. Hacer seguimiento a la ejecución de actividades conjuntas
establecidas en el programa general del que trata el numeral 1 del
presente artículo, así como a los compromisos adquiridos por cada
institución integrante en cada sesión.
4. Recomendar los lineamientos metodológicos y los contenidos
básicos de los planes de necesidades anuales que el INPEC
entregará a la USPEC en cada vigencia fiscal.
5. Procurar los mecanismos para dar solución a las necesidades
cotidianas e inmediatas de los establecimientos de reclusión.
6. Orientar las decisiones de priorización de acciones que surgen
del plan de necesidades de INPEC.
Las decisiones del comité serán adoptadas en consenso. En caso
de presentarse disenso, este será dirimido por el Viceministro de
Política Criminal del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien
podrá proponer fórmulas alternativas.
PARÁGRAFO. El programa general de actividades del que trata el
numeral 1 del presente artículo contendrá actividades específicas,
23
“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se definen las competencias de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1709 de 2014”.
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indicadores de gestión y demás elementos necesarios para
asegurar un correcto seguimiento al cumplimiento del mismo […]”.
En consecuencia, si bien le asiste razón al INPEC en su recurso de
apelación al indicar que respecto de las cárceles territoriales ejercía
la función de inspección y vigilancia, también lo es que al formar
parte del Comité de Coordinación de Funciones y Competencias
INPEC – USPEC, debe crear planes de mejoramiento y definir
acciones conjuntas para el buen funcionamiento del sistema y la
protección de los derechos fundamentales de la población privada
de la libertad.
Respecto de los cuestionamientos expuestos por el INPEC y la
USPEC en el sentido de que no era de su competencia la
construcción de una cárcel municipal, la Sala precisa que la decisión
del Tribunal no se dirigió a ordenarles la construcción de la cárcel
del Municipio de Puerto Carreño, pues lo que se les ordenó fue que,
en el marco de sus competencias, junto con las demás autoridades
involucradas adelantaran las actuaciones pertinentes para la
proyección, aprobación y construcción de un establecimiento
carcelario en el Municipio de Puerto Carreño.
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En ese sentido, la Sala considera que no le asistió razón al INPEC,
ni a la USPEC, al indicar que el Tribunal en la sentencia objeto de
recurso le trasladó las competencias que tenían los entes
territoriales frente a quienes están privados de la libertad
preventivamente, pues la orden referente a la construcción de una
nueva cárcel en el Municipio de Puerto Carreño se dio en el marco
de sus competencias y la necesidad de que intervenga para buscar
junto con las demás autoridades involucradas la protección de los
derechos de las personas privadas de la libertad en dicho municipio.
De las condiciones y actividades de los municipios
CUMARIBO y SANTA ROSALÍA para afrontar la problemática
que se presenta en la cárcel del Municipio de Puerto Carreño
En este punto, la Sala encuentra que los municipios de Cumaribo y
Santa Rosalía en los recursos de apelación interpuestos
cuestionaron las órdenes que respecto de ellos se dio en la
sentencia de primera instancia, pues estiman que dieron
cumplimiento a lo previsto en la Ley 65 de 1993.
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Lo anterior, por cuanto argumentan que a pesar de no tener un sitio
de reclusión preventiva para las personas privadas de la libertad
por autoridad competente sí tenían presupuestado un rubro
tendiente a cubrir y garantizar lo necesario para el cumplimiento
del traslado, manutención y garantías de las personas privadas de
la libertad, por lo que en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 65
de 1993, celebraron convenios interadministrativos con el Municipio
de Puerto Carreño.
Al respecto, la Sala advierte que si bien dentro del proceso se
acreditó que los municipios recurrentes, junto con el
DEPARTAMENTO suscribieron convenios interadministrativos con
el Municipio de Puerto Carreño para el mantenimiento y
sostenimiento de la Cárcel, dicha situación contrasta con las
pruebas aportadas al proceso, las cuales dan cuenta de la
vulneración de los derechos colectivos de las personas privadas de
la libertad en el Municipio de Puerto Carreño.
En efecto, al ser la Cárcel de carácter municipal y recibir los
detenidos del DEPARTAMENTO, resulta necesario concluir que es
a dichos entes territoriales a los que les asiste obligación de
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protección de los derechos de las personas privadas de la libertad
en dicho establecimiento carcelario.
En ese sentido, para la Sala no son admisibles los argumentos
expuestos por los municipios recurrentes en el sentido de que con
motivo de los aportes que en virtud de convenios
interadministrativos realizaron para el sostenimiento de la Cárcel,
no les asiste responsabilidad en la vulneración de los derechos
colectivos de las personas privadas de la libertad, pues dentro del
proceso se acreditó que la capacidad instalada del centro carcelario
de Puerto Carreño se encuentra más que superada, siendo notoria
la situación de hacinamiento y las condiciones deplorables de
infraestructura de ese lugar.
Por lo anterior, la Sala encuentra que le asistió razón al Tribunal al
responsabilizar a los municipios recurrentes de la transgresión de
los derechos colectivos objeto de amparo en la sentencia de
primera instancia, pues las acciones adelantas por las entidades
territoriales involucradas han sido insuficientes para considerar que
no les asiste responsabilidad, dado que no se acreditó
probatoriamente que hubiesen dado una solución integral a tal
problemática.
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De igual forma, para Sala tampoco resultan admisibles los
argumentos expuestos por los municipios en el sentido de que por
ser de sexta categoría no disponían de los recursos suficientes para
dar una solución de fondo a la problemática objeto del proceso,
pues la falta de recursos no impide el ejercicio de la acción popular.
En ese sentido, es importante indicar que el cumplimiento de las
sentencias proferidas para proteger los derechos e intereses
colectivos conlleva, en la mayoría de los casos, erogaciones
presupuestales, por lo que es deber de las autoridades
responsables adelantar las actuaciones de orden administrativo,
presupuestal y financiero que permitan la consecución de los
recursos necesarios para adelantar las acciones ordenadas en el
marco del principio de planeación.
En efecto, ante la ausencia de recursos a los que alude municipio,
lo procedente es que en un tiempo razonable la administración
incluya en su presupuesto un rubro que permita adelantar las
acciones necesarias para garantizar que cese la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos.
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Adicionalmente, la Sala encuentra que, de conformidad con el
artículo 17 de la Ley 65 de 1993, les corresponde a las entidades
territoriales la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden
de autoridad policiva, por lo que su responsabilidad en la protección
de los derechos de las personas privadas de la libertad resulta
evidente.
Ahora, la Sala una vez analizados los plazos que les otorgó el
Tribunal para el cumplimiento de las órdenes, advierte que los
mismos resultan razonables dada la problemática que se presenta
en la Cárcel, lo cual adquiere especial relevancia si tiene en cuenta
que dicha situación se identificó por lo menos desde el año 2018 y
que los recurrentes no presentaron elementos de juicio que
permitan inferir que el plazo que se otorgó resulta insuficiente.
En todo caso, la Sala considera que en el evento que durante la
ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
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necesarias para garantizar su cumplimiento, dado que el artículo
34 de la Ley 472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez
“[…] conservará la competencia para tomar las medidas necesarias
para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”.
De la competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
Al respecto, la Sala encuentra que si bien le asiste razón al
Ministerio de Justicia y del Derecho al señalar que dentro de sus
competencias no está la relacionada con la construcción de cárceles
municipales, dado que ello correspondía a las entidades
territoriales, al igual de que no tuvo participación directa en la
vulneración de los derechos colectivos invocados, sí resulta
necesaria su participación para dar una solución definitiva a la
problemática que se presenta en la Cárcel.
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Lo anterior, de conformidad con las competencias previstas en el
Decreto núm. 1427 29 de agosto de 201724 y el Decreto núm. 204
de 10 de febrero del 201625.
En efecto, la Sala en un asunto de similares características
consideró lo siguiente26:
“[…] -. El Ministerio de Justicia y del Derecho no es competente
para adoptar medidas administrativas para la construcción de
establecimientos carcelarios en los entes territoriales destinados a
la población sindicada o detenida preventivamente, pues, de
conformidad con la Ley 65, dicha competencia le corresponde a
estas autoridades “[…] en lo concerniente a la creación, fusión o
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad […]”.
El mandato referido fue reiterado en el artículo 12 de la Ley 1709,
según el cual, “[…] los entes territoriales (e inclusive) la Fiscalía
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán
realizar las gestiones pertinentes para la construcción conjunta de
ciudadelas judiciales con un centro de detención preventiva anexos
a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la
construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales
[...]”.
24
“Por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias
del Ministerio de Justicia y del Derecho”.
25 “Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se definen las
competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley 1709 de 2014”.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
septiembre de 2020, Rad. núm. 66001-23-33-000-2016-00517-02, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Sin embargo, la Sala aclaró que en virtud del artículo
2.2.1.12.3.2 del Decreto 0204 del 10 de febrero del 201627, que
hace referencia a la integración del Comité de Coordinación de
Funciones y Competencias INPEC – USPEC, el Ministerio de Justicia
hace parte de dicho Comité, razón por la que es necesario que esta
cartera participe en el asunto, en ejercicio de sus funciones de
armonización y coordinación […]”. (Subrayado fuera de texto)
Ahora, la Sala encuentra que no le asiste razón al Ministerio de
Justicia y del Derecho al señalar que era contradictorio que el
Tribunal no les hubiere exigido a las entidades territoriales
accionadas adelantar acciones concretas para dar una solución
definitiva a la problemática que se presentaba en la Cárcel.
Lo anterior, por cuanto el Tribunal fue enfático al precisar que las
entidades territoriales accionadas por disposición legal tenían a su
cargo la organización, administración y sostenimiento, entre otras,
de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que implicaran la privación de la
libertad, por lo que la intervención del citado Ministerio obedecía a
la necesidad de que interviniera, en el marco de sus competencias,
para solucionar la problemática que se presentaba en la Cárcel.
27
“Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se definen las competencias de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1709 de 2014”.
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Actora: PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA
En ese sentido, la Sala encuentra que resultan procedentes las
órdenes impartidas al Ministerio, pues están relacionadas con la
colaboración que les debía prestar a los entes territoriales
accionados, en el marco de sus competencias, para superar la
situación de hacinamiento y vulneración de los derechos de las
personas privadas de la libertad en la Cárcel.
Por lo anterior, la Sala considera que los argumentos expuestos por
el Ministerio en su recurso de apelación, en sentido de que no le
era atribuible ningún tipo de responsabilidad por la vulneración de
los derechos colectivos invocados no resulta procedente.
Otras disposiciones
Para hacer efectivo el amparo de los derechos colectivos objeto de
protección en el presente proceso, la Sala estima conveniente
modificar el numeral séptimo de la sentencia de primera instancia
en el sentido de ordenar como medida de protección la instalación
de mesas de trabajo, con la presencia de la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho, del INPEC, de la USPEC, de los alcaldes de
los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa
Rosalía, del gobernador del Departamento del Vichada, de la
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Actora: PROCURADURÍA REGIONAL DEL VICHADA
Defensoría Pública del Pueblo – Regional Meta y de la Procuraduría
para Asuntos Administrativos, las cuales tendrán a su cargo la
adopción y verificación de las acciones necesarias para el
cumplimiento de las órdenes contenidas en la presente sentencia
popular.
Es de resaltar que dichas mesas de trabajo deberán realizarse como
mínimo una (1) vez al mes, y las acciones y determinaciones que
se adopten o se verifiquen en ellas deberán ser informadas por las
citadas autoridades al comité de verificación de la sentencia.
Adicionalmente, se ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho
que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.12.3.2. del
Decreto 0204 del 10 de febrero de 2016, actúe como ente
articulador y coordinador de las actividades que se desarrollen en
el marco de las mesas y del comité de Coordinación de Funciones
y Competencias del INPEC y USPEC.
De igual forma, la Sala adicionará un numeral a la parte resolutiva
de la sentencia del Tribunal para que en el término de quince (15)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, se
allegue un cronograma en el cual se delimiten claramente las
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actividades y gestiones que se realizarán y efectuarán para el
cumplimiento íntegro de la orden, especificando cada una de las
responsabilidades y deberes de las entidades y autoridades
condenadas (el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la
USPEC, el Departamento del Vichada y los municipios de Puerto
Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, del gobernador
del Departamento del Vichada).
Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral décimo de la parte
resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de
Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por
el magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se
confirmará en lo demás el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el
magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
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intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
SEPARARLO del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales SÉPTIMO y DÉCIMO de
la parte resolutiva de la sentencia de 8 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así:
“[…] SÉPTIMO: ORDENAR al GOBIERNO NACIONAL, A TRAVÉS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INPEC, Y USPEC,
DEPARTAMENTO DEL VICHADA Y LOS MUNICIPIOS DE PUERTO
CARREÑO, LA PRIMAVERA, CUMARIBO Y SANTA ROSALÍA que en
el marco de sus competencias, en el término de tres (3) años,
contados desde la ejecutoria de esta providencia realicen la
proyección, aprobación y construcción de un establecimiento
carcelario en el Municipio de Puerto Carreño que cumpla con los
parámetros técnicos y normativos vigentes - Ley 65 de 1993,
modificada parcialmente por la Ley 1709 de 2014 y demás
concordantes- así como los parámetros indicados en las sentencias
en materia de ECI de la Corte Constitucional.
ORDENAR que, y como medida de protección de los derechos
colectivos antes citados, se realicen y/o instalen mesas de trabajo,
con la presencia de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, de los
alcaldes de los municipios de Puerto Carreño, La Primavera,
Cumaribo y Santa Rosalía, del gobernador del Departamento del
Vichada, de la Defensoría Pública del Pueblo – Regional Meta y de
la Procuraduría para Asuntos Administrativos las cuales tendrán a
su cargo la adopción y verificación de las acciones necesarias para
el cumplimiento de las órdenes contenidas en la presente sentencia
popular. Dichas mesas de trabajo, deberán realizarse como mínimo
una (1) vez al mes, y las acciones y determinaciones que se
adopten o se verifiquen en ellas, deberán ser informadas por las
mentadas autoridades al comité de verificación de la sentencia.
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Y, adicionalmente, y como órdenes específicas en cabeza del
Ministerio de Justicia y del Derecho (en virtud del artículo
2.2.1.12.3.2. del Decreto 0204 del 10 de febrero de 2016), dicha
cartera deberá actuar como ente articulador y coordinador de las
actividades que se desarrollen en el marco de las mesas y del
comité de Coordinación de Funciones y Competencias del INPEC y
USPEC […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO: CONSTITUIR el comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente
del Tribunal Administrativo del Meta, quien lo presidirá, las partes
y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el término
de 18 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un
informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas
en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […]”.
TERCERO: ADICIONAR el numeral UNDÉCIMO a la sentencia de
8 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, el cual quedará así:
“[…] UNDÉCIMO: ORDENAR que, en el término de quince (15)
días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, se
allegue un cronograma en el cual se delimiten claramente las
actividades y gestiones que se realizarán y efectuarán para el
cumplimiento íntegro de la orden, especificando, cada una de las
responsabilidades y deberes de las entidades y autoridades
condenadas (estas son, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el
Departamento del Vichada y los municipios de Puerto Carreño, La
Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía”.
CUARTO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente providencia.
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QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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