Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00334-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2021-00334-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2021-00334-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 50001-2333-000-2021-00334-01
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
Accionado: ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
Tema: INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO
CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS CONCEJALES
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, ciudadano José
Enrique Molina Rojas, en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2021,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se
denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Acacías, Meta,
Orlando Granados Acevedo, quien resultó elegido para el período constitucional
2020- 2023.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura
1. El ciudadano José Enrique Molina Rojas, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de que trata el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-, elevó solicitud1 ante esta jurisdicción encaminada a que se decrete la
pérdida de investidura del concejal del municipio de Acacías, Meta, señor Orlando
Granados Acevedo, elegido para el período constitucional 2020-2023, luego de
considerar que el acusado incurrió en la comisión de la conducta de indebida
destinación de dineros públicos prevista en el numeral 3° del artículo 33 de la Ley
136 de 1994, en concordancia con el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000.
I.1.1. Los hechos sustento de la solicitud
2. Los hechos relevantes que sustentan la solicitud de pérdida de investidura, en
síntesis, son los siguientes: (i) el concejal Orlando Granados Acevedo, en su calidad
1 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 01. Demanda. Pdf.
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de Presidente de la referida corporación, el día 23 de diciembre de 2020 suscribió
con la Escuela Superior de Administración Pública -en adelante ESAP- el Contrato
Interadministrativo 016, cuyo objeto consistió en desarrollar el concurso público y
abierto de méritos para la elección del personero municipal de Acacías,
departamento del Meta, para el período 2020-2024, y (ii) en la cláusula quinta del
referido contrato pactó realizar un pago único por valor del 100% del valor del
contrato a la ESAP, transgrediendo la limitación normativa del parágrafo del artículo
40 de la Ley 80 de 1993, la cual se señala que en los contratos que celebren las
entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos,
pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del
respectivo acuerdo de voluntades.
1.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura invocada en la
demanda
3. El accionante invocó la configuración de la causal de pérdida de investidura
consagrada en el numeral 3° del artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en concordancia
con el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, disposiciones normativas
que, de manera coincidente, contemplan la causal de indebida destinación de
dineros públicos.
4. Señaló que el inculpado, en su condición de presidente del concejo y ordenador
del gasto, acordó en el Convenio Interadministrativo 016 una cláusula -cláusula
quinta- que permitía el pago anticipado en un único contado a la ESAP del 100% del
valor del contrato (por la suma de $32.485.082,00), desconociendo la limitación
normativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según la
cual ni el pago anticipado ni el anticipo deben superar el 50% del valor del contrato.
En su criterio, con esa actuación, se aplicaron los dineros a objetos o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento.
5. Subrayó que la causal de pérdida de investidura invocada se configura como
consecuencia de las irregularidades cometidas en la autorización para la
contratación o la ejecución de las actividades presupuestales, «[…] ya fuere por
desconocimiento de los requisitos formales o por ilicitud en el objeto». Puntualizó,
además, que dada la naturaleza de tipo político-disciplinaria del juicio de
desinvestidura, la conducta que se examina es sustancialmente distinta de los tipos
penales, por lo que no es necesario que los bienes hubieran sido confiados al
concejal en administración o custodia en razón de sus funciones, sino que basta
que el servidor público de elección popular hubiera omitido sus responsabilidades
y, como consecuencia de ello, se hubiera ocasionado o permitido una incorrecta,
ilícita e injusta destinación del patrimonio público.
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6. Fincado en las diferencias existentes entre la figura del anticipo -el cual se entrega al
contratista para que invierta en la ejecución del contrato- y, la del pago anticipado -que consiste
en la remuneración entregada antes de que se cumplan las obligaciones contractuales del
contratista-, desde los lineamientos jurisprudenciales, subrayó que el monto de ambas
no puede superar el 50% del valor del contrato. Igualmente, precisó que, si bien
están determinados en la ley, la libertad de su estipulación no es ilimitada, pues se
deben atender los límites en la cuantía, los preceptos constitucionales y legales, en
especial, los principios y finalidades del Estatuto Contractual y aquellos que
enmarcan una buena administración. Por ello, en su sentir, la determinación de
anticipos o pagos anticipados en los contratos estatales debe estar precedida de la
existencia de fundadas razones de carácter técnico y/o económico.
7. Alegó que la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de
investidura puede configurarse de múltiples maneras, pues basta que el congresista
-o concejal en este caso-, por un comportamiento éticamente reprochable hubiera dado
lugar al detrimento del erario. De ahí que, en su criterio, las irregularidades
cometidas en la autorización para el pago anticipado del Contrato
Interadministrativo 016 de 2020, en flagrante y clara transgresión a lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 -Estatuto de la Contratación- dan lugar
a la comisión de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos.
8. Por otro lado, aseguró que la causal de pérdida de investidura se encuentra
acreditada desde el punto de vista presupuestal, teniendo en cuenta que las
erogaciones se realizaron de manera efectiva, y ello, aclaró, independientemente
de que se pretenda obtener o no un beneficio económico propio o ajeno y de la
existencia de una sentencia condenatoria en materia penal.
9. Frente al análisis del aspecto subjetivo, resaltó que el accionado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, lo cual ubica su conducta en el escenario del dolo. Para ello, ratificó que
el acusado realizó el curso de capacitación con la ESAP para tomar posesión de su
curul como concejal, circunstancia demostrativa de su intención positiva de omitir el
cumplimiento de las normas constitucionales y legales aplicables en materia de
contratación estatal. Además de lo anterior, relató que el inculpado fungió como
concejal en el período constitucional 2012-2015, espacio temporal dentro del cual
fungió como presidente de la corporación pública.
10. Finalmente, anotó que el actuar del acusado no se encuentra amparado por el
principio de buena fe o de confianza legítima, en atención a que no reposan
conceptos, sentencias o pronunciamientos judiciales que validen jurídicamente las
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irregularidades cometidas en la autorización para el pago anticipado del 100% del
valor del contrato.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
11. El magistrado del Tribunal Administrativo del Meta a cargo de la sustanciación
del proceso, mediante proveído de 21 de septiembre de 20212, admitió la demanda
y ordenó la notificación personal al acusado y al agente del ministerio público, en
los términos de los artículos 9 y 10 de la Ley 1881 de 2018.
I.3. La contestación de la demanda por el acusado
12. El concejal accionado, por conducto de apoderado judicial, contestó de manera
oportuna la demanda3, apoyado en las siguientes consideraciones:
13. Puntualizó que la conducta del inculpado no encaja en ninguno de los eventos
que ha desarrollado la jurisprudencia contenciosa administrativa para entender
configurada la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos, en tanto no está acreditado que se hubieren destinado dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o que se haya
aplicado tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros o para derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas. Para ello, se refirió a cada una de las hipótesis antes
mencionadas de la siguiente manera:
14. Análisis del primer evento: cuando se utilizan dineros para cubrir objetos,
actividades o propósitos no autorizados. Argumentó que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 313, numeral 8°, de la Constitución Política, en concordancia
con el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de
2015, corresponde a los concejos municipales adelantar el concurso público para la
elección del personero, aseverando, entre otras razones, que esa corporación tenía
asignada la respectiva partida presupuestal para la celebración del contrato
interadministrativo.
2 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 12. Auto Admite.
Pdf.
3 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 17. Contestación.
Pdf.
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15. Análisis del segundo evento: cuando se utilizan los dineros públicos para
cubrir objetos, actividades o propósitos que sí están autorizados, pero que
son diferentes a aquellos para los cuales están previamente asignados.
Sostuvo que los recursos previamente asignados en el certificado de disponibilidad
presupuestal fueron destinados única y exclusivamente para cubrir los gastos
propios de la celebración del contrato interadministrativo suscrito por la ESAP,
aclarando que el presidente de la corporación comprometió los recursos, pero no
causó su pago.
16. Análisis del tercer evento: cuando se utilizan los dineros públicos para
cubrir objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento. Reafirmó que el objeto, la actividad y el
propósito para el cual se destinaron los recursos públicos para la celebración del
contrato interadministrativo tiene sustento en normas de rango constitucional y
legal, a saber: el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo
170 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015.
17. Análisis del cuarto evento: cuando se utilizan los dineros públicos para
costear materias innecesarias o injustificadas. Precisó que dicha eventualidad
tampoco se encuentra acreditada.
18. Análisis del quinto evento: cuando la utilización de los dineros públicos
tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros
y cuando la destinación de los dineros públicos tiene la finalidad de derivar
un beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en el de un tercero.
Argumentó que el contrato interadministrativo suscrito entre el concejo municipal de
Acacías y la ESAP no tuvo como propósito ocasionar un detrimento patrimonial
entre las mismas entidades del Estado y mucho menos un incremento patrimonial
en favor de la ESAP, pues su celebración obedeció a la aplicación de los principios
de colaboración entre las entidades del Estado, desarrollados en los artículos 6° de
la Ley 489 de 1998; 3 de la Ley 1437 de 2011 y; 2 (numeral 4°, literal c) de la Ley
1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.
19. Por otro lado, subrayó que el proceso de selección se llevó a cabo dentro del
cronograma previsto en la Resolución 940 de fecha 20 de agosto de 2021, así: los
días 20 y 24 de septiembre de 2021 se llevaron a cabo las entrevistas; el día 15 de
octubre se remitieron los resultados para su tabulación y consolidación; el día 16 de
octubre se publicó la lista de elegibles, para luego proceder a elegir el nuevo
personero municipal y efectuar la toma de posesión.
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I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia
20. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante providencia de
26 de octubre de 20214, abrió el proceso a pruebas y fijó el día 8 de noviembre de
2021 como fecha para la realización de la audiencia pública prevista en el artículo
11 de la Ley 1881 de 2018.
21. En el día y hora señalados se celebró la audiencia pública, en cuyo desarrollo se
ordenó la incorporación de las pruebas decretadas mediante providencia de 26 de
octubre de 20215, se corrió traslado a los sujetos procesales del contenido de tal
decisión y se escucharon las intervenciones del accionante, del señor agente del
ministerio público y del apoderado judicial del acusado. En igual forma, se ejerció el
control de legalidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA.
De lo acaecido en el desarrollo de esa diligencia se levantó la correspondiente acta6.
Igualmente, cabe resaltar que todos los sujetos procesales allegaron sus
manifestaciones por escrito.
22. Intervención del solicitante. El accionante7 reiteró que las irregularidades
cometidas en la celebración del Convenio Interadministrativo 016 de 2020
contrariando lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dan
lugar a la pérdida de investidura del concejal inculpado, pues los dineros fueron
destinados para propósitos autorizados pero diferentes a los cuales fueron
asignados. Por otro lado, insistió en los mismos argumentos relacionados con el
análisis del elemento subjetivo o de la culpabilidad frente a la conducta del
accionado.
4 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 22. Auto Decreta.
Pdf.
5 Providencia en la cual se ordenó oficiar a las siguientes entidades:
• Al Concejo Municipal de Acacías Meta, con el fin de que allegue la siguiente información: «[…] 1.) Aporte los
documentos que soporten en su integridad el contrato suscrito con la Escuela Superior de Administración
Pública para la convocatoria y selección del cargo de Personero Municipal de Acacías para la vigencia 2021 -
2024, y el estado en el que se encuentra; 2.) Expida certificación del estado en que se encuentra la convocatoria
para la selección del personero Municipal de Acacías para la vigencia 2021-2024; y, 3. Certifique el nombre del
concejal que ejercía como Presidente de la Corporación para la vigencia 2020».
• A la Escuela Superior de Administración Pública, para que remitiera la siguiente prueba documental: «[…] 1.)
Aporte los documentos que soporten en su integridad el contrato suscrito con la Escuela Superior de
Administración Pública para la convocatoria y selección del cargo de Personero Municipal de Acacías para la
vigencia 2021 - 2024, y el estado en el que se encuentra; 2.) Expida certificación del estado en que se encuentra
la convocatoria para la selección del personero Municipal de Acacías para la vigencia 2021-2024 y 3.) Certifique
el nombre del concejal que ejercía como Presidente de la Corporación para la vigencia 2020».
6 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 38. Acta de
Audiencia. Pdf.
7 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 0. Carpeta 37. Pdf.
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23. Intervención del señor agente del Ministerio Público. El Procurador 48
Judicial II para Asuntos Administrativos emitió concepto 8 en el cual solicitó que
debía mantenerse incólume la investidura del concejal inculpado.
24. La vista fiscal, luego de referirse al marco jurisprudencial de la causal objeto de
análisis y a los elementos de prueba que fueron aportados en el proceso, anotó que
la incorporación de la cláusula quinta (5ª) del Contrato Interadministrativo 016 de
2020, en virtud de la cual se pactó realizar un pago único por valor del 100% del
valor del contrato, transgrediendo la limitación normativa del parágrafo del artículo
40 de la Ley 80 de 1993, no daba lugar a la configuración de la causal de pérdida
de investidura, teniendo en cuenta que el concejo municipal de Acacías debía
efectuar la contratación con el fin de adelantar el proceso de elección del personero
de municipal, aclarando que para la fecha de pago del referido contrato el inculpado
no ostentaba la calidad de ordenador del gasto de la corporación.
25. De esta manera, aseveró que no se demostró que los dineros públicos se hayan
destinado a propósitos no autorizados por el ordenamiento jurídico, o a objetos o
actividades diferentes para los cuales se encuentran asignados y, mucho menos, a
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el
reglamento, o a materias necesarias y/o injustificadas o, con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros.
26. Intervención del apoderado del accionado. El accionado9 reiteró los
argumentos del escrito de contestación de la demanda, en el sentido de señalar que
el comportamiento que se le atribuye al inculpado no encaja en ninguno de los
eventos precisados por la jurisprudencia. Añadió que el accionado no pagó la
ejecución del contrato, no estableció el pago anticipado de las obligaciones de la
ESAP y mucho menos destinó de forma ilegal los recursos del concejo municipal,
como quiera que para la fecha en que se efectuó tal erogación no ostentaba la
calidad de ordenador del gasto de la corporación.
I.5. La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta
27. LaSala Plena del Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo el 25 de
noviembre de 2021, en virtud del cual denegó la solicitud de pérdida de investidura
8 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 34. Pdf.
9Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 036. Pdf.
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del concejal del municipio de Acacías, Meta, señor Orlando Granados Acevedo,
quien resultó elegido para el período constitucional 2020-2023.
28. El problema jurídico que fue abordado en esa instancia del proceso tuvo por
objeto establecer si el señor Orlando Granados Acevedo incurrió o no en la comisión
de la conducta prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que
prevé como causal de pérdida de investidura de los concejales la indebida
destinación de dineros públicos, ello por el hecho de haber incorporado la cláusula
quinta (5ª) en el Contrato Interadministrativo 016 de 2020 que permitía, como forma
de pago, «[…] un único contado a la ESAP con la suscripción del presente contrato
y previa presentación de la cuenta de cobro».
29. Con el fin de dar respuesta al problema jurídico esbozado anteriormente, el
Tribunal de primer grado procedió a analizar el marco jurídico de la institución de
pérdida de investidura y de la causal específica prevista en el numeral 3° del artículo
55 de la Ley 136 de 1994, en consonancia con el numeral 4° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, desde los principales pronunciamientos judiciales emanados por
esta jurisdicción y con apoyo en los medios de prueba aportados en el proceso.
30. En relación con este último aspecto, encontró probado, en primer lugar, que el
concejal inculpado, en su calidad de presidente del concejo municipal de Acacías,
el día 23 de diciembre de 2020 suscribió con la ESAP el Contrato Interadministrativo
016, cuyo objeto consistió en: «DESARROLLAR EL CONCURSO PÚBLICO Y
ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE
ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META, PARA EL PERIODO 2020-2024», con
un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) meses y con acta de inicio 001 del 28 de
diciembre de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la
Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del Decreto 111 de 1993, en consonancia con el
numeral 25 del artículo 41 del Reglamento Interno del concejo municipal de Acacías
-Acuerdo 427 de 2016-, normas que señalan que el presidente del concejo tiene
capacidad para contratar, comprometer y ordenar el gasto para el desarrollo de las
funciones que son propias de la corporación.
31. En segundo lugar, encontró establecido que la ESAP, en cumplimiento del objeto
y alcance del Contrato Interadministrativo 016 de 2020 y de las obligaciones
pactadas con la suscripción de este, el día 17 de febrero del 2021 dio inicio al
concurso de méritos para la elección del personero municipal de Acacías, con la
etapa de publicación y divulgación de la convocatoria.
32. En tercerlugar, consideró acreditado que el plazo inicialmente pactado fue
prorrogado mediante los otrosíes Nos. 01 del 27 de abril de 2021, 02 del 28 de julio
de 2021 y 03 del 27 de octubre de 2021, debido a decisiones judiciales y
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circunstancias de carácter administrativo que, en definitiva, dieron lugar a
modificaciones y ajustes al cronograma del «Concurso de Méritos Personero
Municipal II Periodo 2020-2024».
33. En cuarto lugar, encontró demostrado que el contrato había logrado una
ejecución del 90% de las obligaciones pactadas, aclarando que para la fecha de
emisión del fallo ya había sido publicada la lista de elegibles del concurso público
de méritos para la elección del personero municipal período 2020-2024, según lo
consignado en la página web del concejo municipal de Acacías.
34. Y, en quinto lugar, estableció que el pago se hizo en una vigencia distinta de
aquella en la cual se suscribió el contrato interadministrativo, como se deduce de la
transacción bancaria realizada el 3 de febrero de 2021, la factura Electrónica No.
ES01267 de fecha 29 de diciembre de 2020 expedida por la ESAP, el comprobante
de egreso No. 2021000006 de fecha 3 de febrero de 2021 y el documento
denominado «Recaudo de ingresos presupuestales» expedido por la ESAP, en cual
consta la transacción por suma de $32.485.082.00.
35. El Tribunal de primera instancia evidenció que, independientemente de la forma
de pago pactada en el Contrato Interadministrativo 016 de 2020, el inculpado, en su
calidad de presidente del concejo municipal de Acacías, no invirtió los recursos
públicos para una actividad no autorizada, puesto que el objeto contractual se
fundamentó en las atribuciones que la Constitución y la ley les confirió a los concejos
municipales como corporaciones públicas. En efecto, destacó que, según lo
normado por el artículo 313, numeral 8°, de la Constitución Política; el Acto
Legislativo 02 de 2015, que introdujo una modificación en el artículo 126 de la
Constitución Política; el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y; el Decreto 2485 de 2014, a su vez compilado
en el Decreto 1083 de 2015, los concejos municipales deben elegir al personero
para el período que fije la ley previa convocatoria pública en aras de garantizar los
principios de publicidad, transparencia, participación y el principio de mérito.
36. Por otro lado, aseguró que el referido contrato cumplió con la finalidad para la
cual fue suscrito, esto es, desarrollar el concurso público y abierto de méritos para
la elección del personero municipal de Acacías, para el periodo 2020-2024, en el
entendido que se expidió la lista de elegibles para la elección del personero
municipal de Acacías, mediante la Resolución No. 43 del 11 de noviembre de 2021,
la cual fue publicada en la página web del concejo municipal, aclarando que, si bien
el plazo de cuatro (4) meses inicialmente previsto para su ejecución fue prorrogado
en tres (3) ocasiones, el contratista renunció expresamente a cualquier reclamación
que surgiera con ocasión de la misma.
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37. El a quo tampoco encontró acreditado en el expediente que la ESAP o un tercero,
hayan obtenido un incremento patrimonial o se hayan beneficiado de manera
injustificada con la celebración del contrato, como quiera que el objeto fue cumplido,
lo que dio lugar a la expedición de la lista de elegibles para la elección del personero
municipal de Acacías. Reiteró, además, que el gasto de los recursos públicos
cumplió su finalidad, pues a pesar de las circunstancias que rodearon el desarrollo
de la convocatoria -puesto que se generaron suspensiones y modificaciones en el
cronograma del proceso de selección-, lo cierto es que se expidió la Resolución No. 43
del 11 de noviembre de 2021, por medio de la cual se conformó la lista de elegibles
para elegir al personero municipal.
38. El Tribunal de primera instancia, luego de analizar la cláusula quinta (5ª) del
Contrato Interadministrativo 016 de 2020, indicó que, en efecto, contraviene lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, puesto que: «[…] es
evidente que el contenido obligacional del contrato 016 de 2020, riñe con la
prohibición establecida en el estatuto de contratación, como quiera que de manera
clara el referido parágrafo establece: “En los contratos que celebren las entidades
estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto
no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato».
Sin embargo, precisó que dicha circunstancia no daba lugar a entender que los
recursos entregados a la ESAP se hayan utilizado o invertido en una actividad no
autorizada, prohibida, innecesaria o que no se haya cumplido la finalidad del mismo,
pues, insistió, el objeto del contrato se satisfizo, en tanto que se dio cumplimiento al
cronograma fijado en la Resolución 1287 de 2021 para adelantar la elección del
personero, el cual culminó con la Resolución 043 del 11 de noviembre de 2021, en
virtud de la cual se expidió la lista de elegibles, la cual, se insiste, fue publicada en
la página web del concejo municipal de Acacías.
39. Asílas cosas, concluyó afirmando que si bien el señor Orlando Granados
Acevedo, al momento de suscribir el Contrato Interadministrativo 016 de 2020, no
se ajustó a las previsiones normativas establecidas en el parágrafo del artículo 40
de la Ley 80 de 1993, en cuanto a la forma de pago en él establecida, ello no
permitía colegir que se hubiere cambiado o distorsionado la finalidad del gasto, toda
vez que el objeto del contrato estaba autorizado por la ley y los recursos públicos
se destinaron para propósitos permitidos por el ordenamiento jurídico.
40. Finalmente, el Tribunal de la primera instancia ordenó la compulsa de copias a
la Procuraduría General de la Nación de esa providencia, con el fin de que obrara
dentro de las diligencias que adelanta el Ministerio Público dentro del proceso
identificado con el radicado 2020- 44381.
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I.6. El recurso de apelación interpuesto por el solicitante
41. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, en el cual solicita que se revoque tal pronunciamiento y, en su
lugar, se acceda a la solicitud de pérdida de investidura10.
42. Alegó que se encuentra probado que el concejal Orlando Granados Acevedo, en
su condición de presidente del concejo municipal de Acacías y actuando como
ordenador del gasto, incorporó la cláusula quinta (5ª) del Contrato
Interadministrativo 016 de 2020, que pactó como forma de pago, «[…] un único
contado a la ESAP con la suscripción del presente contrato y previa presentación
de la cuenta de cobro», desconociendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40
de la Ley 80 de 1993; erogación que, según el impugnante, se efectuó incluso antes
de que se iniciara la etapa de ejecución, la cual se dio solo hasta el 27 de febrero
del 2021, es decir casi tres (3) meses después de haberse suscrito.
43. Con esa conducta, y a juicio del recurrente, se destinaron los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados y se aplicaron a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento.
44. De esta manera, señaló que: «[…] [e]sta (sic) probado que cuando el concejal
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO determina y ordena el pago anticipado del
100% del valor total del contrato interadministrativo No 016 del 2020 DESTINA
RECURSOS PÚBLICOS INDEBIDAMENTE, pues siendo legal su firma, no lo es así
su pago, por lo cual puso en riesgo la inversión del Estado, sin la exigencia de
ninguna cláusula que garantizara la inversión y obligara a cumplirse también los
tiempos de ejecución».
I.7. Trámite del recurso de apelación
45. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en la primera instancia,
mediante providencia de 18 de enero de 2022 11 concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en contra de la sentencia de
primera instancia.
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46. Repartido el proceso en segunda instancia12, mediante auto de 25 de febrero de
202213 se admitió el recurso de apelación y se negó la práctica de pruebas
solicitadas por el solicitante en segunda instancia y se corrió traslado a las partes y
al agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1881
de 2018.
47. Una vez notificados de la precitada providencia judicial, todos los sujetos
procesales guardaron silencio.
48. Se aclara que, aunque el solicitante, el día 23 de marzo de la presente anualidad,
a través del correo electrónico, allegó un nuevo escrito de intervención -junto con
unas pruebas documentales-, dicho memorial se presentó de manera extemporánea14,
motivo por el cual ni el escrito ni las pruebas serán tenidas en cuenta por la Sala de
Decisión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
49. La Sala de Decisión y con el propósito de resolver la presente controversia
abordará el análisis de los siguientes aspectos que conducirán a la solución de la
controversia: (i) la competencia; (ii) la acreditación de la condición de concejal de
la parte acusada para la época de los hechos juzgados; (iii) el planteamiento del
problema jurídico a resolver en el sub judice; (iv) la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos y su desarrollo jurisprudencial; (v)
análisis del caso concreto y de los elementos de la causal, para finalmente arribar
a (vi) las conclusiones del caso.
II.1. La competencia
50. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201915; y en el artículo 150 del CPACA16.
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13 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Índice 4.
14 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Índice 8.
15 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
16 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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II.2. La acreditación de la condición de sujeto pasivo del presente mecanismo
de control de pérdida de investidura para la época de los hechos
51. El señor Orlando Granados Acevedo ostenta la condición de concejal del
municipio de Acacías, según el Formulario E-26 CON, expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en el cual consta que fue elegido por el Partido Alianza
Social Independiente - ASI17, para el período constitucional 2020-2023, y también
tomó posesión de su investidura, de conformidad con el Acta 01 de 2 de enero de
202018, sesión en la cual se evidencia que el inculpado fue elegido como presidente
de la corporación pública.
52. De esta manera queda acreditada la condición del acusado como sujeto pasivo
del presente mecanismo de control de pérdida de investidura, cumpliéndose el
requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018 19, norma
aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 22 de la misma ley20.
II.3. El planteamiento del problema jurídico
53. En los términos señalados en el recurso de apelación, la Sala debe entrar a
definir si el concejal Orlando Granados Acevedo incurrió en la comisión de la causal
de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, prevista en
el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, en concordancia
con el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, pues en su
calidad de presidente de la corporación pública y ordenador del gasto suscribió el
Contrato Interadministrativo 016 de 23 de diciembre de 2020, con la ESAP, cuyo
objeto consistió en desarrollar el concurso público y abierto de méritos para la
elección del personero municipal de Acacías, departamento del Meta, para el
período 2020-2024, y en cuya cláusula quinta (5ª) se pactó realizar «[…] un único
contado a la ESAP con la suscripción del presente contrato y previa presentación
de la cuenta de cobro» de la suma de $32.485.082.00, contraviniendo lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, disposición normativa que
señala que en los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el
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18 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 07. Pruebas. Pdf.
19 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá
formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]».
20 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
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pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
54. En tal virtud, deberá establecerse si los hechos y comportamientos alegados por
el peticionario en el escrito de solicitud de pérdida de investidura se enmarcan o no
en alguno de los eventos desarrollados por la jurisprudencia para entender
configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos.
II.4. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos y su desarrollo jurisprudencial
55. La causal de pérdida de investidura alegada en el presente caso aparece
contemplada en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, y en el numeral
4° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, normas que son del
siguiente tenor:
[…] Ley 136 de 1994
Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los concejales perderán su
investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por
fuera de texto).
[…].
Ley 617 de 2000
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales y
Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos […] (Negrillas y subrayas de la
Sala).
56. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
no aparece definida de manera expresa por la ley, por lo que la jurisprudencia de
esta Corporación, en ejercicio de la labor hermenéutica ha cumplido una tarea
trascendental a la hora de delimitar los eventos y contornos para su configuración.
57. En sentencia de 5 de febrero de 2001, se indicó que, para la configuración de
esta causal de pérdida de investidura era necesaria la concurrencia de los
siguientes elementos: (i) un sujeto activo, que ostente la condición de servidor
público de elección popular; (ii) una conducta prohibida determinada por el verbo
rector <<destinar>> y marcada por la circunstancia de modo que la cualifica, esto
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es, que sea <<indebida>>, y (iii) el objeto sobre el cual recae la acción que
corresponde al bien jurídico protegido que son los <<dineros públicos>>21.
58. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de marzo de
201722, retomó los elementos anteriores y a partir de una interpretación gramatical
del artículo 183, numeral 4° de la Constitución Política, que guarda idéntico
contenido con la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, indicó que para la estructuración de la conducta
es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que se ostente la condición
de congresista, en este caso, concejal; (ii) que se esté frente a dineros públicos, y
(iii) que estos dineros sean indebidamente destinados.
59. Existe consenso jurisprudencial en aceptar que las causales de pérdida de
investidura son autónomas e independientes de los tipos penales, pues si bien
existen algunas conductas que dan lugar al juicio de reproche ético de
desinvestidura que coinciden con las previstas en el derecho punitivo, no
necesariamente debe tratarse de comportamientos tipificados por el ordenamiento
jurídico como delitos, en atención a que se trata de procesos que persiguen objetos
y finalidades diferentes.
60. Al respecto, debe precisarse que el parágrafo 2° del artículo 296 de la Ley 5ª de
1992 - Reglamento Interno del Congreso de la República- que establecía que para la
configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos se requería sentencia penal condenatoria, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 319 de 199423. Para
el alto tribunal, el legislador condicionó la aplicación de dicha causal a un requisito
previo y adicional que no fue previsto en la Constitución Política, lo que llevó a
declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto normativo.
61. A manera de casuística, cuando se trata de la celebración de contratos estatales,
en clave del análisis de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de febrero de 2001, actor:
Jorge Iván Manzano Quintero, expediente: AC-10528 y AC 10967 (ACUMULADOS), accionante: Jorge Iván
Manzano Quintero y otros, accionado: Juan Ignacio Castrillón Roldán, CP: Germán Ayala Mantilla.
22 Sentencia del 28 de marzo de 2017, expediente: 11001-0315-000- 2015-00111, demandado: Carlos Enrique
Soto, Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Otras providencias pueden consultarse como:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 21 de octubre de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2020-00517-00(PI), actor: Manuel Segundo
Unda García, demandado: José Vicente Carreño Castro, MP: María Adriana Marín.
23 MP: Hernando Herrera Vergara.
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de dineros públicos, se ha señalado que dicha conducta se configura cuando el
servidor público, actuando como ordenador del gasto contrata objetos innecesarios,
superfluos, inconvenientes o prohibidos o no autorizados por el ordenamiento
jurídico,24 por ejemplo, cuando se contratan objetos contrarios a las normas en
materia de austeridad en el gasto25. En este sentido, conforme lo ha sostenido esta
jurisdicción, si bien es cierto que la celebración de contratos constituye una clara
forma de dar destino a los dineros públicos, no «[…] toda irregularidad en la
contratación, o en el procedimiento para adelantarla, configura indebida destinación
de dineros públicos», pues aquella se da solo «cuando quiera que (en virtud del
contrato, como sería en este caso) recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o
contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un
determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o
innecesario»26.
62. A título enunciativo27 se ha señalado que la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos opera cuando el servidor público de
elección popular, en este caso, un concejal, incurre en alguna de las siguientes
conductas: cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados; cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados
pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; cuando aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento; cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas; cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
24 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 10 de octubre de 2000, radicado: AC- 10526, actor: Jaime
Jurado Alvarán, demandado: Alonso Rafael Acosta Osorio.
25 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 3 de octubre de 2000, CE-SP-EXP2000-NAC10529-AC10968,
AC-10529-AC-10968, actor. Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez, demandado: Emilio Martínez
Rosales, MP: Darío Quiñones Pinilla.
26 Sentencia de 30 de mayo del 2000, expediente AC-9877, Actor: Emilio Sánchez Alsina, Magistrado Ponente
doctor Germán Rodríguez Villamizar,
Reiterada en otras oportunidades:
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 10 de octubre de 2000, radicado: AC-10526, actor: Jaime
Jurado Alvarán, demandado: Alfonso Rafael Acosta Osio, MP: Tarcisio Cáceres Toro.
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 20 de junio de 2000, expedientes acumulados AC-9875 y AC-
9876, Magistrado Ponente Dr., Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 5 de septiembre de 2020, AC-10753, actor: Miguel Ángel
Castillo, demandado: Antenor Duran Carrillo, MP: Juan Alberto Polo Figueroa.
27Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 15001-23-31-000-2006-01178-01
(PI-0117), MP: Martha Sofía Sanz Tobón.
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira
González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa, MP: Camilo Arciniegas Andrade.
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incremento patrimonial personal o de terceros o; cuando la destinación tiene la
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros.
II.5. El caso concreto y análisis de los presupuestos para la configuración de
la causal de pérdida de investidura debatida en este proceso
• La cualidad del sujeto activo
63. El sujeto cualificado que realiza la conducta debe ser un servidor público de
elección popular que ejerza las competencias para las cuales fue investido. El sujeto
activo puede ser de manera directa o indirecta. La primera, ocurre cuando los
concejales tienen a su cargo la ordenación del gasto, como ocurre con los
presidentes de los concejos municipales. La vía indirecta se da cuando, a pesar de
no tener la condición anterior, con su conducta propician, permiten u ocasionan una
incorrecta o indebida destinación del pago, como ocurre, por ejemplo, cuando se
certifica el cumplimiento de funciones para el pago de la nómina de los miembros
de la Unidad de Trabajo Legislativo, para el caso de los congresistas, el uso
indebido de los tiquetes aéreos entregados para el cumplimiento de sus funciones,
por mencionar algunos ejemplos28.
64. Además de lo anterior, para que el servidor público de elección popular incurra
en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
se requiere que tenga la disponibilidad jurídica o material de tales bienes públicos29.
Por lo tanto «[…] no basta el aprovechamiento económico que el funcionario derive
para sí o para otros de dichos bienes, si para su obtención no ha mediado un acto
propio de disponibilidad de los mismos30».
65. En el presente caso, se encuentra probada la calidad de sujeto activo, pues el
ciudadano Orlando Acevedo Granados, fue elegido concejal del municipio de
Acacías, Meta, para el período constitucional 2020-2023, por el Partido Alianza
Social Independiente-ASI31, conforme lo refrenda el Formulario E-26 CON de la
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015, radicado:
11001-03-15-000-2012-01350-00, accionante: Jorge Alberto Méndez García, accionado: Amanda Ricardo de
Páez, CP: Ramiro Pazos Guerrero.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura, sentencia de 21 de octubre de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2020-00517-00(PI),
actor: Manuel Segundo Unda García, demandado: José Vicente Carreño Castro, MP: María Adriana Marín.
30 Consejo de Estado, sentencia de 5 de junio de 2001, Sala Plena, radicado: 11001-03-15-000-2001-0069-
01(AC), actor: RAFAEL ROBLES SOLANO, demandado: DARIO SARAVIA GOMEZ, MP: Ricardo Hoyos
Duque.
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Registraduría Nacional del Estado Civil, servidor público que además tomó posesión
de su investidura, según lo confirma el Acta 01 de 2 de enero de 2020, contentiva
de la sesión de instalación de la corporación pública, reunión en la cual además se
vislumbra que el accionado fue elegido presidente.
66. Por otro lado, el concejal Orlando Granados Acevedo, en su calidad de
presidente de la corporación pública, al haber suscrito el día 23 de diciembre de
2020, el Contrato Interadministrativo 016 con la ESAP, actuó como ordenador del
gasto, cumpliéndose el primer elemento que integra la causal de pérdida de
investidura.
67. De hecho, los presidentes de los concejos, como jefes de las corporaciones
político-administrativas son competentes para contratar, comprometer a la persona
jurídica de la cual hacen parte, así como para ordenar el gasto respectivo con
fundamento en las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del
presupuesto, como así se desprende del artículo 110 del Decreto 111 de 15 de
enero de 199632. La contratación constituye entonces una de las principales
manifestaciones de dar un destino a los dineros públicos, la que debe realizarse
dentro de los parámetros del ordenamiento jurídico.33
• Que se esté en presencia de dineros públicos
68. Se ha sostenido que son recursos públicos «[…] todos aquellos que provienen
de una actividad económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las necesidades que demanda
el interés general».34
32 «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto».
«[…] ARTÍCULO 110. Los órganos que son una sección en el presupuesto general de la Nación tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar
el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza
del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la
administración pública y en las disposiciones legales vigentes.
[…]
En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las superintendencias, unidades
administrativas especiales, las entidades territoriales, asambleas y concejos, las contralorías y personerías
territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica […]» (Negrilla
fuera de texto)
33 la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 2012, radicado: 11001 0315 000 2010-00352 00, C.P. María Claudia
Rojas Lasso.
34 Sentencia del 28 de marzo de 2017, expediente: 2015-00111, demandado: Carlos Enrique Soto, Magistrado
Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
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69. En sentencia del 13 de noviembre de 2001 (2001-0101 PI), la Sala Plena del
Consejo de Estado explicó que el estudio de la causal no debe realizarse sobre la
expresión de dineros públicos, sino la forma en que se puede llevar a cabo su
correcta aplicación. De ahí que el concepto «dineros públicos» debía entenderse en
su acepción amplia, esto es, no sólo en su sentido monetario, por lo que también
comprendía aquellas situaciones en las cuales se utilizaban instrumentos idóneos
para desviar los dineros públicos a fines distintos de los previstos por el
ordenamiento jurídico.
70. En el presente caso, se tiene que el artículo 11 del Decreto 111 de 15 de enero
de 199635 señala que el presupuesto se compone de las siguientes partes: (i) el
presupuesto de ingresos o rentas; (ii) el presupuesto de gastos, a su vez
conformado por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos
de inversión, y (iii) disposiciones generales.
71. Por otro lado, de conformidad con el parágrafo de la cláusula quinta que versa
sobre la apropiación presupuestal «[…] el valor del contrato se encuentra amparado
con el Certificado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 79 del 03
de diciembre de 2020».
72. De esta manera, resulta evidente que el concejal Orlando Granados Acevedo, al
haber suscrito el Contrato Interadministrativo 016, el día 23 de diciembre de 2020,
con la ESAP dispuso de unos dineros públicos que integran el presupuesto de la
entidad territorial, encontrándose satisfecho, entonces, el segundo de los requisitos
35 «Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el
estatuto orgánico del presupuesto».
ARTÍCULO 11. El presupuesto general de la Nación se compone de las siguientes partes:
a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las
contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los
fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional;
b) El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama judicial, la rama
legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional
Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional,
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y
detallados en la forma que indiquen los reglamentos, y
(Expresión subrayada, declarada EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-230A de 2008)
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del
presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan (L.
38/89, art. 7º; L. 179/94, arts. 3º, 16 y 71; L. 225/95, art. 1º).
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que componen la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos.
• Que los recursos públicos se destinen de manera indebida
73. Para el accionante la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos se configuró porque el concejal inculpado, en su calidad de
presidente de la corporación pública y ordenador del gasto, suscribió con la ESAP
el Contrato Interadministrativo 016 de 23 de diciembre de 2020, con el objeto de
desarrollar el concurso público y abierto de méritos para la elección del personero
municipal de Acacías, departamento del Meta, para el período 2020-2024, en cuya
cláusula quinta (5ª) se pactó realizar «[…] un único contado a la ESAP con la
suscripción del presente contrato y previa presentación de la cuenta de cobro» de
la suma de $32.485.082.00, desconociendo así lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, pues de conformidad con el Estatuto de la
Contratación el pago anticipado y el anticipo no deben superar el 50% del valor del
contrato.
74. Para el solicitante, con esa actuación, los dineros públicos se destinaron a
costear objetos, actividades o propósitos que sí están autorizados, pero que son
diferentes a aquellos para los cuales están previamente asignados y a sufragar
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
75. La Sala anuncia desde ya que confirmará la decisión de primera instancia, al
constatar que el concejal Orlando Granados Acevedo no incurrió en la conducta que
se le reprocha.
76. Con el ánimo de analizar el tercer elemento que integra la causal, esta Sala hará
referencia, en primer término, a las normas constitucionales y legales que
reconocen la competencia a cargo de los concejos municipales para adelantar el
proceso de elección del personero, previa convocatoria pública. En la segunda
parte, se hará alusión al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en relación
con el monto máximo permitido para los pagos anticipados y los anticipos. En la
tercera parte se hará un análisis de los principales medios de prueba aportados al
proceso, para finalmente, determinar si en el presente caso concurren algunos de
los eventos que tiene establecido la jurisprudencia de esta Corporación frente a la
causal de pérdida de investidura enrostrada al acusado.
Marco jurídico en torno a la competencia a cargo de los concejos municipales
para adelantar el proceso de elección del personero
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77. La Constitución Política de 1991 entregó a los concejos municipales la función
de elegir el personero para el período que fije la ley (artículo 313, numeral 8° del
Estatuto Superior). En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 136 de
1994, artículo 170, norma que ha sido objeto de dos modificaciones: la primera, con
la Ley 1031 de 22 de junio de 200636 y la segunda, con la Ley 1551 de 6 de julio de
201237, actualmente vigente.
78. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley
1552 de 2012, en su redacción actual, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 170. ELECCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de
2012. El nuevo texto es el siguiente:>
Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos
institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de
enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de
méritos de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su
periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes
de febrero del cuarto año.
Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías
especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de
tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán
participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la
calificación del concurso se dará prelación al título de abogado.
Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de Derecho, podrán
prestar el servicio de práctica jurídica (judicatura) en las personerías municipales o
distritales, previa designación que deberá hacer el respectivo decano.
Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la Administración
Pública, se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas
profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano.
79. El legislador del año 2012 abandonó el criterio de elección discrecional del
personero e incorporó un procedimiento reglado de cara garantizar la meritocracia
pues se previó que el acto de elección del personero debía estar precedido de un
concurso público y abierto de méritos38
36 «Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el Distrito Capital».
37 «Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios».
38 De ahí que, esta jurisdicción haya señalado que «la elección del personero dejó de estar al arbitrio,
discrecionalidad y liberalidad del concejo municipal o distrital, según el caso, aunque sin afectarse su
competencia eleccionaria o de nominación, al establecerse que la designación se haría por medio de un
procedimiento objetivo y reglado, orientado en la meritocracia y sin perder la capacidad de dirigir los aspectos
tendientes a estructurar el proceso de selección y de elección, dentro de los márgenes legales». (Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2020-00409-01. M.P.
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80. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-105 de 6 de marzo de 2013 39,
avaló el concurso como modalidad para acceso a los cargos públicos, incluso, para
aquellos cargos que no son de carrera, como ocurre con la elección del personero
quien está llamado a cumplir un rol esencial en la promoción y defensa de los
derechos humanos, a cargo de los cuerpos colegiados de representación
democrática, en la medida que facilita la consecución de los fines del Estado,
permiten contribuir con el logro y las metas de las entidades públicas, y garantizar
los principios para el acceso a la función pública como la igualdad, la transparencia,
la imparcialidad y la objetividad.
81. El Decreto Reglamentario 2485 de 2 de diciembre de 2014 «Por medio del cual
se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para
elección de personeros municipales» fue expedido por el Gobierno Nacional con el
propósito de fijar unas reglas mínimas que debían seguirse, de cara a garantizar los
principios de publicidad, objetividad, transparencia e igualdad para la provisión del
empleo del personero, para lo cual, permitió que el referido concurso pueda
efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas
o privadas o con entidades especializadas en proceso de selección de personal
(artículo 1°). El citado decreto reguló, entre otros aspectos, las etapas del concurso
(artículo 2°); los mecanismos de publicidad (artículo 3°), la lista de elegibles (artículo
4°); la naturaleza del cargo (artículo 5°) y; la posibilidad de celebrar contratos
interadministrativos (artículo 6°). La anterior norma fue compilada en el Decreto
1083 de 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública», bajo el título 27 denominado
«Estándares Mínimos para la elección de personeros municipales» (artículos
2.2.27.1 a 2.2.27.6)40.
El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: las partes en virtud de su
autonomía tienen la libertad para acordar el precio del contrato; sin embargo,
la incorporación de la cláusula contractual que supera el 50% del valor del
contrato, a título de pago anticipado o anticipo resulta contrario a la limitación
normativa prevista en el Estatuto de la Contratación
82. De conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes
pueden decidir libremente si pactan o no un pago anticipado o un anticipo, en cuyo
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 4 de marzo de 2021, reiterado en sentencia del 6 de mayo
del 2021, radicación 08001-23-33-000-2020-00139-01).
39 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
40Las etapas del concurso son las siguientes: (i) la convocatoria (artículo 2.2.27.2, literal a); ii) el reclutamiento
(2.2.27.2, literal b); iii) pruebas (artículo 2.2.27.2, literal c) y, iv) lista de elegibles (artículo 2.2.27.4).
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caso la norma señala que «se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de
anticipo», pero en el supuesto de que las partes acuerden dicho pago, la segunda
parte de la norma prescribe que «[…] su monto no podrá exceder del cincuenta por
ciento (50%) del valor del respectivo contrato».
83. En efecto, tal y como lo ha recordado la jurisprudencia, «[…] según la concepción
y el texto mismo de la norma legal transcrita las partes contractuales pueden decidir
libremente si habrá, o no, pago anticipado o anticipo y en tal sentido la norma es
dispositiva, pero en el supuesto de que las respectivas partes contractuales, en
ejercicio de su autonomía, pacten un pago anticipado o un anticipo, la segunda parte
de la norma tiene un carácter diferente al que se advierte en la primera, puesto que
de manera inequívoca y perentoria se prescribe, a manera de prohibición, que el
monto del anticipo “no podrá exceder” del porcentaje indicado41». Reza la norma:
[…] ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.
[…] PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (destacado fuera de
texto).
84. De esta manera, la Sala resalta que el acuerdo que celebren las partes, en virtud
de la autonomía, mediante la cual se incluya una cláusula contractual que
establezca una suma superior al 50% del valor del respectivo contrato, sea por
concepto de pago anticipado o anticipo viola la prohibición expresa prevista en el
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
Pruebas obrantes en el expediente
85. En el proceso se encuentra demostrado lo siguiente:
86. Conforme lo indican los estudios previos del proceso de la contratación directa42,
la propuesta de contratar con la ESAP, se fundamentó en la necesidad que tenía el
concejo municipal de adelantar el concurso público y abierto de méritos para la
elección del personero municipal de Acacías, Meta, para el período constitucional
2020-2024, de conformidad con los lineamientos que la jurisprudencia constitucional
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010,
radicado: 44001-23-31-000-1998-00450-01(17935), actor: Danelfi Peñaranda Medina, demandado: Municipio
De Maicao, MP: Mauricio Fajardo Gómez.
42 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 31. Agregar
memorial concejo. Pdf.
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ha señalado para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a
la función pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso.
87. El concejo municipal de Acacías y la ESAP, con fecha 27 de diciembre de 2020,
suscribieron el Contrato Interadministrativo 01643, cuyo objeto era:
«DESARROLLAR EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA
ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DE
META, PARA EL PERIODO 2020 – 2024».
88. La cláusula quinta del referido convenio, relativa al valor y forma de pago,
estableció lo siguiente:
[…] CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del contrato
interadministrativo será de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS
OCHENTA Y CUNCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($31.485.082,00). EL CONCEJO
en un único contado a la ESAP, con la suscripción del presente contrato
interadministrativo y previa presentación de cuenta de cobro.
89. Ahora bien, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo 016 de 2020 y de
las obligaciones pactadas se dio inicio al concurso de méritos, el cual estuvo
marcado por las siguientes etapas y situaciones, tal y como se desprende de la
respuesta emanada de la ESAP 172.160.20-1658 de 4 de noviembre de 202144, de
la siguiente manera:
[…] en cumplimiento al objeto y alcance del contrato interadministrativo No. 016 de 2020
y de las obligaciones pactadas con la suscripción de éste, la ESAP el pasado 17 de
febrero del 2021 dio inicio al concurso de méritos para la elección del personero
municipal de acacias, con la etapa de publicación y divulgación de la convocatoria. De
igual forma, en atención al cronograma establecido en el Comunicado No. 02 del 26 de
febrero de 2021, la etapa de inscripciones se desarrolló desde el 07 de marzo hasta el
12 de marzo del presente año.
Así las cosas, como resultado de la etapa de inscripciones para el municipio de Acacías
– Meta, se tiene que finalizaron inscripción setecientos cincuenta y ocho (758)
aspirantes, de los cuales, una vez finalizada la etapa de verificación de requisitos
mínimos fueron admitidos setecientos treinta y seis (736) aspirantes, cuyos resultados
definitivos fueron publicados el pasado 26 de marzo de 2021.
De otro lado, siguiendo con la ejecución de las etapas y pruebas previstas para el
proceso de selección y obligaciones pactadas en el contrato interadministrativo No. 016,
la ESAP el pasado 02 de mayo aplicó en modalidad virtual las pruebas de conocimientos
y competencias comportamentales en dos jornadas distribuidas así: categorías
municipales Especial, I y II en la jornada de la mañana, y para las categorías
municipales III, IV, V y VI en la jornada de la tarde (incluido Acacías).
43 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 31. Agregar
memorial concejo. Pdf.
44 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 05001 2333 000 2021 00334 01. Carpeta 34. Agregar
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No obstante lo anterior, el equipo técnico de la ESAP identificó un error de arrastre en
el algoritmo utilizado para la generación de los links de acceso a las pruebas de la
jornada de la tarde, razón por la cual, mediante Resolución 780 de 2021 la ESAP decidió
aplicar nuevamente el 18 de julio las pruebas de conocimientos y competencias
comportamentales para los municipios de categorías III, IV, V y VI (incluido Acacías).
Durante el desarrollo de las pruebas escritas programadas para el 18 de julio, algunos
aspirantes manifestaron presentar dificultad en el acceso a la plataforma dispuesta para
la presentación de las pruebas, por lo que, el equipo técnico de la ESAP identificó una
falla técnica en los servidores que utiliza la plataforma FastTest para su funcionamiento,
por medio de la cual se aplicó la prueba de conocimientos y competencias
comportamentales. Por lo tanto, mediante Resolución 862 de 2021 la ESAP decidió
aplicar nuevamente las pruebas escritas para los municipios de categorías III, IV, V y VI
(incluido Acacías), solo para aquellos aspirantes a los que se les presentó dificultad
técnica en su ingreso y desarrollo.
La ESAP en cumplimiento de la Resolución No. SC-862 de 2021 aplicó las pruebas
escritas el 1 de agosto de 2021, dirigida a quienes no pudieron ingresar a la plataforma
de pruebas y a quienes no lograron responder a todos los planteamientos (preguntas)
el pasado 18 de julio, sin embargo, en acatamiento de lo ordenado por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio mediante auto admisorio del 30
de julio de 2021 notificado el 02 de agosto, la Escuela Superior de Administración
Pública suspendió la ejecución del Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo
2020-2024.
Teniendo en cuenta que, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio por medio de sentencia de primera instancia del 09 de agosto de 2021,
negó por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edgar Stiven
Villalobos Rodríguez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
la respectiva providencia, la ESAP expidió la Resolución 940 de 2021 a través de la cual
se dio continuidad al concurso de méritos.
En observancia al cronograma establecido en la Resolución 940 de 2021, la ESAP
publicó el 15 de septiembre los resultados definitivos de las pruebas de conocimientos
y competencias comportamentales, en donde se obtuvo como resultado que, de 736
personas citadas, 479 asistieron a la jornada de aplicación, y solo 74 aspirantes
aprobaron la prueba de conocimientos, la cual tuvo carácter eliminatorio dentro del
proceso de selección.
Frente a lo estipulado en la obligación contractual número 6 del Concejo Municipal de
Acacías y conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Resolución de
convocatoria, la ESAP remitió el listado de aspirantes que aprobaron la prueba de
conocimientos y que debieron ser citados para el desarrollo de la prueba de entrevista,
de lo cual, se tiene que la Corporación publicó los resultados definitivos y los remitió a
la ESAP el 02 de octubre del presente año.
Así mismo, el 04 de octubre la ESAP publicó los resultados preliminares de la prueba
de valoración de antecedentes, no obstante, producto de las reclamaciones recibidas
por los aspirantes y teniendo en cuenta la suspensión del proceso de selección
ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pasto mediante auto del 11 de
octubre de 2021, realizó una auditoría a los puntajes otorgados en la prueba de
valoración de antecedentes, por lo cual, la Escuela expidió la Resolución 1287 de 2021
“Por medio de la cual se dejan sin efecto los resultados de la prueba de valoración de
antecedentes publicados el 04 de octubre de 2021, se modifica el cronograma
establecido en la Resolución No. 940 del 20 de agosto de 2021 y se reanuda el
Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024”.
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Por lo anterior, los resultados preliminares de la prueba de valoración de antecedentes
fueron publicados el pasado 29 de octubre de 2021 y el 30 de octubre fueron recibidas
las reclamaciones frente a las puntuaciones otorgadas en la mencionada prueba. El
próximo 08 de noviembre se tiene previsto dar respuesta a las solicitudes de revisión
presentadas por algunos aspirantes.
90. En el mismo sentido, en el citado oficio, la ESAP al referirse al estado actual del
contrato interadministrativo, informó que se había logrado ejecutar
aproximadamente un 90% de las obligaciones del contratista, encontrándose
pendiente por culminarse las siguientes etapas:
91. Ahora bien, tal y como de manera acertada lo indicó el Tribunal de primera
instancia, consta que mediante Resolución No. 043 de 11 de noviembre de 2021 se
publicó la lista de elegibles del concurso abierto de méritos para la selección del
personero municipal II, período 2024-202445.
Confrontación de los medios de prueba con los eventos previstos por la
jurisprudencia para entender configurada la causal de pérdida de investidura
por indebida destinación de dineros públicos
92. Conforme se indicó en el acápite precedente, la reiterada jurisprudencia
emanada de esta Corporación tiene establecido que la conducta sancionable con la
pérdida de investidura se configura cuando el servidor público de elección popular,
en este caso un concejal, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido
(i) traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en
la Constitución Política, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero
diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados; o (ii) aplica tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o (iii)
con la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o (iv)
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de
terceras personas.
45 https://concejo-municipal-de-acacias-meta.micolombiadigital.gov.co/sites/concejo-municipal-de-acacias-
meta/content/files/000076/3765_resoucion-no-43-de-2021-por-la-cual-se-publica-lista-de-elegibles-cargo-
personero-municipal.pdf. Fecha de consulta: 29 de marzo de 2022.
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93. En el presente caso no se demostraron ninguna de las hipótesis anteriormente
expuestas, tal y como se pasa a explicar a continuación:
(i) No se demostró que se hayan distorsionado los fines y cometidos estatales
prestablecidos en la Constitución Política, la ley o el reglamento de los dineros
públicos para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados
94. En el plenario no se probó que con la celebración del Contrato Interadministrativo
016 el día 23 de diciembre de 2020, se haya producido una distorsión de las
finalidades del gasto público, como uno de los presupuestos que se exige para que
se configure la causal de pérdida de investidura objeto de análisis, pues el objeto
de tal acuerdo de voluntades se ejecutó a cabalidad. En efecto, consta que, en
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el referido acuerdo de voluntades se
cumplieron a satisfacción las etapas del concurso previstas en el Decreto
Reglamentario 2485 de 2 de diciembre de 2014, acto administrativo compilado en
el Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública», bajo el título 27 denominado
«Estándares Mínimos para la elección de personeros municipales» (artículos
2.2.27.1 a 2.2.27.6).
95. En obedecimiento a lo anterior, está acreditado que, una vez surtidas las etapas
del concurso (la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas) se publicó la lista de
elegibles, mediante la Resolución 43 de 11 de noviembre de 2011. De esta manera,
emerge con total claridad que el objeto del contrato se cumplió.
(ii) No se demostró que se hayan aplicado tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas
93. Es preciso resaltar que el presidente del concejo de Acacías Granados, como
ordenador del gasto, celebró el Contrato Interadministrativo 016 de 2020 en
cumplimiento del mandato constitucional que le otorga la competencia para
adelantar las actuaciones pertinentes para elegir al personero municipal para el
período que fije la ley (artículos 313, numeral 8°, de la Constitución Política, el
artículo 35 y 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 25 de la Ley 1551
de 2012 y el Título 27 del Decreto 1083 de 2015).
94. Tal y como se indicó con anterioridad, el legislador del año 2012, al introducir la
modificación al artículo 170 de la Ley 136 de 1994, señaló que la elección del
personero municipal debía realizarse mediante un procedimiento reglado precedido
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de un concurso público y abierto de méritos, dejando de lado el criterio de elección
discrecional que pervivió durante varios años, el cual debía realizarse en
cumplimiento de los estándares previstos por la jurisprudencia para garantizar el
cumplimiento de las normas y principios que regulan el acceso a la función pública,
como el derecho a la igualdad, la transparencia, imparcialidad y publicidad.
95. Por otro lado, se encuentra probado en el expediente que el referido contrato
contó con los estudios necesarios para justificar la necesidad y la oportunidad de la
contratación, y se aportaron los demás documentos de la gestión contractual, entre
ellos, el certificado de disponibilidad presupuestal, con el cual se demuestra que
quedaron garantizados los recursos necesarios del concejo municipal para efectuar
la referida contratación.
96. Ahora bien, cabe recordar que el Decreto 1083 de 2015 prevé como posibilidad
que los concejos municipales acudan a la figura de los convenios
interadministrativos para la realización de los concursos, de la siguiente manera:
[…] ARTÍCULO 2.2.27.6 Convenios interadministrativos. Para la realización
del concurso de personero, los concejos municipales de un mismo
departamento que pertenezcan a la misma categoría, podrán celebrar
convenios interadministrativos asociados o conjuntos con organismos
especializados técnicos e independientes dentro de la propia Administración
Pública, para los siguientes propósitos:
1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán
bajo su inmediata dirección, conducción y supervisión.
2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos
procesos de selección convocados por los municipios suscribientes.
En tales convenios, los concejos participantes unificarán los criterios de
valoración de la experiencia y de la preparación académica y profesional,
centralizando su evaluación en una única instancia.
97. Así las cosas, no existe asomo de duda que el Contrato Interadministrativo 016
de 2020 se destinó para materias permitidas por la Constitución y la ley, en tanto
que el concejal inculpado, en su calidad de presidente de la corporación y ordenador
del gasto, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales ya referidas,
adelantó el proceso de contratación con la ESAP, para efectuar la elección del
personero, el cual debía adelantarse previo concurso público y abierto de méritos.
98. Por otro lado, si bien es cierto que la cláusula quinta que pactó el valor y la forma
de pago dispuso que «[e]l valor del contrato interadministrativo será de TREINTA Y
DOS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUNCO MIL OCHENTA Y
DOS PESOS ($31.485.082,00)» y a renglón seguido, dispuso que «EL CONCEJO
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en un único contado a la ESAP, con la suscripción del presente contrato
interadministrativo y previa presentación de cuenta de cobro», no debe perderse de
vista que, conforme se indicó en párrafos precedentes no toda eventual irregularidad
en la contratación o en el procedimiento para efectuarla comporta una indebida
destinación de dineros públicos, pues reiterando el criterio uniforme de esta
Corporación, la indebida destinación de dineros públicos se da, sólo «[…] cuando
quiera que (en virtud del contrato, como sería en este caso) recae o se aplica a un
fin o propósito distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra
previsto o destinado un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido,
ilícito o injusto, o innecesario46».
(iii) No se demostró que se hayan aplicado tales recursos con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial o no necesariamente económico personal
o a favor de terceros
99. Ahora bien, tampoco se demostró que la celebración del referido contrato haya
tenido como finalidad derivar un beneficio en su favor o en el de terceros, y, por el
contrario, lo que se vislumbra es que con dicho contrato se pretendió la satisfacción
de los cometidos estatales, pues el objeto del Convenio Interadministrativo 016 de
2020 recae sobre una finalidad constitucional y legal, consistente en la elección del
personero municipal de Acacías, para el período constitucional 2020-2024, previa
convocatoria pública.
100. Así las cosas, resulta evidente para la Sala que no se demostró que se
hubieren destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o que se hayan aplicado tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros o para derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, razón que
impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta.
II.6. Conclusiones del caso
96. En el presente caso, de conformidad con las pruebas que reposan en el
expediente, no se logró demostrar que el concejal inculpado se encuentre incurso
en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del artículo 33 de
la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617
46 Sala
Plena, sentencia de 10 de octubre de 2000, radicado: AC-10526, actor: Jaime Jurado Alvarán,
demandado: Alfonso Rafael Acosta Osio, MP: Tarcisio Cáceres Toro.
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de 2000, esto es, por indebida destinación de dineros públicos. Por ende, esta Sala
de Decisión confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual se denegó
la solicitud de pérdida de investidura del inculpado, como en efecto, así se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
97. Por otro lado, en consonancia con la orden del Tribunal de primer grado se
ordenará la compulsa de copias de esta providencia a la Procuraduría General de
la Nación, con el fin de que se incorporen dentro del expediente disciplinario que se
adelanta en esa entidad con el radicado 2020-44381.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se denegó la
solicitud de pérdida de investidura del concejal del municipio de Acacías, Meta,
Orlando Granados Acevedo.
SEGUNDO: ORDENAR la compulsa de copias de esta providencia con destino a
la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se incorpore al expediente
disciplinario 2020-44381.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P (5)
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