Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2022-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2022-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2022-00054-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00054-01 (5625-2024)
Demandante: Yefferson Oswaldo Rivera Pachón
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de la Policía
Nacional. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance de los Decretos 4433 del 2004 y 754 de
2019. Relación entre «destitución» y «mala conducta» en el
marco del retiro en la Policía Nacional. Aplicación de
prescripción cuatrienal del artículo 155 del Decreto 1212 de
1990.
Decisión: Se confirma la sentencia porque se probó que el demandante
es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
923 del 2004. Se accede al reconocimiento y pago de
asignación de retiro de la Policía Nacional. Se declara
probada de oficio la prescripción cuatrienal de mesadas
pensionales.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
la entidad accionada contra la sentencia de primera instancia del 18 de julio de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Meta.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No.
2020210000129611 Id: 686382 del 09 de septiembre de 2021, mediante el cual
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reconocimiento de la
asignación de retiro a su favor.
2. Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la asignación de retiro a partir de los 3 meses de
1 Documento PDF «01DEMANDA.pdf» que obra en el documento
«50001233300020220005400_T134229739418340905.zip», visible en el índice 2 de SAMAI del Consejo de
Estado.
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alta de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y la Ley 923 de
2004.
3. Asimismo, requirió el pago de todas las sumas dejadas de percibir por
concepto de asignaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones, junto
con su correspondiente actualización, así como el cumplimiento de la sentencia
en los términos legales y la condena en costas.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones expuso que el régimen
prestacional de la Policía Nacional fijado en el Decreto 1212 de 1990 reconoce
el derecho a la asignación de retiro con un mínimo de 15 años de servicio. Indicó
que prestó sus servicios a la Policía Nacional en distintas modalidades de
vinculación, ingresando como alumno del nivel ejecutivo el 12 de febrero de 1996,
después como patrullero el 1 de febrero de 1997 y finalmente como
subintendente hasta el 1 de junio de 2011.
5. Expuso que mediante Resolución 01840 de fecha 27 de mayo de 2011 fue
retirado del servicio activo por destitución, acto administrativo que cobró firmeza
el 1 de junio de 2011 y que en la hoja de servicios se le reconocieron un total
acumulado de 15 años, 6 meses y 9 días de servicio.
6. Señaló que con fundamento en el tiempo de servicios acreditado y en lo
dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 923 de 20042, el 1 de junio del 2021 presentó
solicitud ante CASUR para que se le reconociera y pagara la asignación de retiro
por considerar que superaba el mínimo de 15 años exigido para acceder a dicha
prestación.
7. Manifestó que mediante Oficio 2020210000129611 Id: 686382 del 9 de
septiembre de 2021, el director general de CASUR negó la solicitud al estimar
que por haber sido retirado por destitución debía acreditar un tiempo superior a
20 años de servicio para consolidar el derecho reclamado, conforme a lo
señalado en el Decreto 4433 del 2004 y en concordancia con el Decreto 754 de
2019.
Contestación de la demanda
8. La entidad no contestó la demanda.
2 «Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la
Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente
teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder
al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como
requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por
solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. […]»
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Sentencia apelada3
9. El Tribunal Administrativo de Meta profirió sentencia de primera instancia
el 18 de julio de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
10. Como fundamento de su decisión, el a quo precisó que el demandante se
encontraba en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004, razón por la cual era beneficiario del régimen de
transición previsto en el inciso segundo del numeral 3.1 del artículo 3 de dicha
ley. En ese contexto, concluyó que el tiempo de servicio exigible para acceder a
la asignación de retiro era el previsto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
esto es, 15 años de servicio cuando el retiro se produce por causales distintas a
la solicitud propia.
11. Así, consideró que para el reconocimiento de la asignación de retiro no
podía exigírsele un tiempo de servicios superior al contemplado en el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990, esto es, 15 años de servicio. Como en el expediente
se acreditó que el actor superó dicho tiempo, estimó satisfecho el requisito
temporal para acceder a la prestación.
12. En relación con la causal de retiro, el Tribunal precisó que, aunque la
destitución no se encuentra expresamente consagrada en el artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado 4 ha
sostenido que esta puede equipararse a la causal de mala conducta prevista en
esa disposición.
13. Con fundamento en lo anterior y al encontrar acreditado que el
demandante prestó sus servicios por un total de 15 años, 6 meses y 9 días,
concluyó que el actor reunía los requisitos para el reconocimiento de la
asignación de retiro.
14. Adicionalmente, declaró la prescripción de las mesadas causadas desde
el 1 de junio del 2011 hasta el 1 de junio del 2017, por lo que ordenó a CASUR
reconocer, liquidar y pagar dicha prestación con efectos fiscales a partir del 2 de
junio de 2017, así como actualizar las sumas adeudadas conforme al artículo 187
del CPACA. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.
Recursos de apelación
15. La parte demandante5 interpuso recurso de apelación con el fin de que
se modificaran los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva en lo
concerniente a la declaratoria de prescripción de las mesadas causadas entre el
1 de junio de 2011 y el 1 de junio de 2017.
3 Documento PDF «025Sentencia_Sentencia _F3500012333000202200.pdf» ibidem.
4 Sección Segunda, Subsección A, del 14 de septiembre de 2017, radicado 76001-23-31-000-2006-02942-
01 (2201-07), y del 10 de junio de 2021, radicado 66001-23-33-000-2016-00151-01 (5478-18)
5 Documento PDF «028_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.PDF» ibidem
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16. Sostuvo que el Tribunal interpretó de manera equivocada el artículo 155
del Decreto 1212 de 1990, al considerar que la prescripción debía contabilizarse
desde la fecha del retiro del servicio pues, a su juicio, el término prescriptivo debía
contarse desde el momento en que el derecho se hizo exigible, lo cual, en este
caso ocurrió el 2 de junio de 2021, fecha en la que presentó ante CASUR la
solicitud de reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
17. Explicó que, al haberse radicado la demanda el 25 de febrero de 2022, no
transcurrió el término de 4 años previsto en el artículo 155 del Decreto 1212 de
1990, razón por la cual no se configuró el fenómeno de la prescripción respecto
de ninguna de las mesadas reclamadas.
18. Por su parte, la entidad demandada6 interpuso recurso de apelación con
el propósito de que se revoque el fallo en su integridad y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda. Igualmente, solicitó que se dejara sin efectos la
condena en costas impuesta en primera instancia.
19. Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, pese a que dicha disposición regula exclusivamente el régimen
prestacional de los suboficiales de la Policía Nacional y no resulta extensiva al
personal del nivel ejecutivo. Indicó que el accionante ingresó directamente a este
último escalafón, de modo que su situación debía analizarse conforme a las
normas especiales que históricamente han regulado ese régimen, entre ellas el
Decreto 4433 de 2004 y el Decreto 754 de 2019.
20. Precisó que el actor prestó sus servicios por 15 años, 6 meses y 5 días y
fue retirado del servicio mediante Resolución 01840 del 27 de mayo de 2011, por
la causal de destitución. En su criterio, de conformidad con el artículo 1 del
Decreto 754 de 2019, cuando el retiro obedece a destitución, el personal del nivel
ejecutivo que ingresó por incorporación directa únicamente tiene derecho a la
asignación de retiro si acredita 20 años de servicio, exigencia que no se cumple
en el presente caso.
21. Adujo además que la Ley 923 de 2004 no modificó las expectativas del
demandante ya que desde su incorporación a la Policía Nacional estuvo sometido
al régimen especial del nivel ejecutivo el cual siempre ha contemplado requisitos
propios para acceder a la asignación de retiro. Por esta razón, consideró
improcedente acudir a las disposiciones del Decreto 1212 de 1990 que regulan
una categoría distinta dentro de la estructura de la institución.
22. Por último, frente a la condena en costas, afirmó que no actuó con
temeridad ni mala fe y que el acto acusado se expidió con fundamento en normas
que resultaban aplicables al caso. En consecuencia, solicitó que, aun en el evento
de mantenerse una decisión desfavorable, se revocara dicha condena.
6 Documento PDF «026_MemorialWeb_Recurso-APELACIONSENTENCIA» ibidem.
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II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 14 de noviembre de 20247 se admitieron los recursos
de apelación y se les advirtió a las partes que tenían hasta la ejecutoria de dicha
providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público
que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para fallo
para emitir concepto.
24. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió
concepto el 3 de diciembre de 20248, en el que solicitó confirmar la sentencia
argumentando que se ajustó a derecho al reconocer la asignación de retiro del
demandante y declarar la prescripción parcial de las mesadas causadas con
anterioridad al 1 de junio de 2017.
25. Indicó que el actor fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional el
1 de junio de 2011 y que, conforme al artículo 155 del Decreto 1212 de 1990,
contaba con un término de 4 años para reclamar administrativa y judicialmente
los derechos prestacionales derivados de su desvinculación. Explicó que dicho
término se cuenta desde la fecha en que el derecho se hace exigible y que el
reclamo escrito interrumpe la prescripción por un lapso igual.
26. Precisó que, aunque el accionante presentó solicitud de reconocimiento
de la asignación de retiro el 2 de junio de 2021, ello ocurrió aproximadamente 10
años después de su retiro del servicio, razón por la cual ya habían prescrito las
mesadas causadas con anterioridad al 1 de junio de 2017. En ese sentido,
concluyó que el Tribunal acertó al ordenar el reconocimiento de la prestación
únicamente respecto de las mesadas no afectadas por la prescripción cuatrienal.
27. Las partes guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
29. Conforme con los reparos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
7 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
8 Índice 10 de SAMAI del Consejo de Estado.
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activo por la causal de destitución y contar con un tiempo de servicios mínimo de
15 años conforme lo dispone el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, o si, por
el contrario, le resultan aplicables los Decretos 4433 del 2004 y 754 del 2019 que
exigen 20 años.
30. Igualmente corresponde a la Sala establecer si en el presente asunto
operó el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas de la asignación
de retiro, conforme al artículo 155 del Decreto 1212 de 1990; o si, por el contrario,
el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago íntegro de la prestación
desde la fecha en que esta se hizo exigible.
31. Subsidiariamente, se analizará si resulta procedente la condena en costas
de primera instancia en razón a los reparos de la entidad demandada.
Análisis del problema jurídico
32. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Ley 1212 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la mala
conducta.
1. Análisis frente al reparo del ente demandado en torno a la
inaplicación del Decreto 1211 de 1990 al personal policial del nivel
ejecutivo
33. La Ley 62 de 12 de agosto de 19939 determinó en el artículo 6 que la
Policía Nacional la integrarían oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y
aquellos que prestaran en la entidad el servicio militar obligatorio y por los
servidores públicos no uniformados. En su artículo transitorio otorgó facultades
al presidente de la República por un término de 6 meses para adoptar su nueva
estructura y fijar el régimen de pensiones para el personal referido.
34. El Gobierno Nacional, en uso de tales facultades, expidió el Decreto Ley
41 de 10 de enero de 1994,10 «Por el cual se modifican las normas de carrera del
personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras
disposiciones». El Decreto creó, en el artículo 1.° el nivel ejecutivo integrado por
los grados de comisario, subcomisario, intendente, subintendente, patrullero,
9 «Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad
social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República».
10 Dispuso en su artículo 115: «El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el
Decreto Ley 1212 de 1990 con excepción de los títulos IV, VI, IX y X de éste, y demás normas que le sean
contrarias».
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carabinero e investigador.11 Igualmente, se expidió el Decreto 262 de 199412 que
dispuso, en su artículo 8.°, que el régimen salarial y prestacional de dicho
personal lo determinaría el gobierno nacional.
35. En virtud de lo anterior y de acuerdo con el nuevo nivel ejecutivo creado
al interior de la Policía Nacional, el gobierno nacional profirió el Decreto
reglamentario 1029 de 1994.13 Este, en el artículo 53 dispuso que para que dicho
personal obtuviera la asignación de retiro debía cumplir un tiempo de servicio de
20 años si el retiro se da por llamamiento a calificar servicios, voluntad de la
dirección general, disminución de la capacidad psicofísica, destitución o haber
sido condenado con pena principal de arresto o 25 años de servicio si la
desvinculación fue por solicitud propia, incapacidad profesional, inasistencia
injustificada al servicio, por haber cumplido 65 años los hombres y 60 las mujeres
y por conducta deficiente o destitución.
36. Con posterioridad, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-417 de
199414 en la que declaró inexequibles las expresiones «nivel ejecutivo»
«personal del nivel ejecutivo» y «miembro del nivel ejecutivo» contenidas en el
Decreto Ley 41 de 1994 y varios de sus artículos que incluyeron el nivel ejecutivo
de la Policía Nacional, al encontrar que la normativa excedió el límite material
fijado por el legislador en la ley de facultades extraordinarias (Ley 62 de 1993) la
cual no contempló dicho nivel.15
37. Lo anterior ocasionó que, por los efectos ex nunc de la sentencia de
constitucionalidad, el Decreto 1029 de 1994 sufriera su decaimiento y, por tanto,
la pérdida de su fuerza ejecutoria, dado que desapareció del mundo jurídico su
fundamento de derecho tal como lo disponía para la época el artículo 66 del CCA
y actualmente el artículo 91 del CPACA.
38. Con posterioridad, el artículo 53 de dicho decreto que reguló la asignación
de retiro del personal del nivel ejecutivo también fue declarado nulo por esta
corporación mediante sentencia del 16 de abril de 202016 por haber sido
11 Artículo 3.°
12 «por el cual se modifican las normas de carrera del personal de Agentes de la Policía Nacional y se dictan
otras disposiciones»
13 «Por el cual se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal de Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional».
14 Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
15 «Primero: DECLARANSE INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES DEMANDADAS DE LOS ARTICULOS
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107, 108, 112, 113 y 114 DEL DECRETO 41 DE 1994, POR EXCEDER
EL LIMITE MATERIAL FIJADO EN LA LEY DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS (62 DE 1993).
Segundo. DECLARANSE IGUALMENTE INEXEQUIBLES LOS ARTICULOS 18, 19, 20, 23 INCISO
SEGUNDO, Y 79 INCISO SEGUNDO DEL DECRETO 41 DE 1994, POR LA MISMA RAZON». (Mayúscula
sostenida original del texto)
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación:
11001-03-25-000-2014-01107-00(3494-14). Actor: Manuel Ignacio Rodríguez Manosalva. Demandado:
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Referencia: demanda del artículo
53 del Decreto 1029 de 1994 sobre asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la policía
nacional. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá, D.C., 16 de abril de 2020.
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expedido con extralimitación de la facultad reglamentaria, ya que en su contenido
debía atender los parámetros previamente fijados en una ley marco y el ejecutivo
no podía apropiarse de esta facultad. Además, porque agravó la exigencia del
tiempo de servicio establecida en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para
acceder a la asignación de retiro.17
39. Ante la inexequibilidad de la norma que creó el nivel ejecutivo de la Policía
Nacional (Decreto 41 de 1994), el legislador expidió la Ley 180 de 199518 que en
su artículo 1.° modificó el 6.° de la Ley 62 de 1993 e incluyó como parte de la
Policía Nacional el nivel ejecutivo. A su vez, en el artículo 7.° confirió facultades
al presidente de la República para desarrollar la carrera profesional de esta
nueva categoría de Policías y la regulación de sus asignaciones salariales y
prestacionales.
40. El artículo referido indicó que podrían vincularse al nivel ejecutivo
«suboficiales, agentes, personal no uniformado y de incorporación directa». Así
mismo, en su parágrafo aclaró que «La creación del Nivel Ejecutivo no podrá
discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes
estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo».
41. En ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley 180 de
1995, el gobierno nacional expidió el Decreto 132 de 1995 en el que reglamentó
el sistema de carrera del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Dentro de este
incluyó los grados de comisario, subcomisario, intendente, subintendente,
patrullero, carabinero e investigador. Y, respecto de los alumnos, indicó que «no
pertenecen a la jerarquía de que trata el presente capítulo».19
42. En la norma se dispuso que el personal que ingrese al nivel ejecutivo «se
someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que
sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional»20 y, además, que el
ingreso «no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de
quienes están al servicio de la Policía Nacional».21 Igualmente, en su artículo 1.°
transitorio dispuso lo siguiente:
17 «Lo anterior se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con el Decreto Ley 41 de
1994, al nivel ejecutivo podían ingresar suboficiales (art. 18) y los agentes (art. 19) de la Policía Nacional,
personal para el cual los Decretos 1212 y 1213 de 1990, en los artículos 144 y 104, respectivamente, tenían
unas exigencias para la asignación de retiro de entre 15 y 20 años, como ya se puso de presente y que con
el Decreto 1029 de 1994 se vieron modificadas y aumentadas, sin siquiera prever un régimen de transición,
con la finalidad de reservar aquellas situaciones que bien podrían estar próximas a consolidarse frente al
derecho a la prestación bajo estudio, situación que no es admisible según los pronunciamientos que esta
Corporación ha emitido sobre el tema…» ibidem.
18 «Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al presidente de
la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre
estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la
Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes».
19 Artículo 4.°
20 Artículo 15 ibidem.
21 Artículo 82.
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Artículo transitorio. 1. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que
se encontraba incorporado a la Policía Nacional, en el momento en que se
declaró inexequible parcialmente el Decreto 41 de 1994, quedará
automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente Decreto, en
el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba, sin que para ello sea
necesario ningún otro requisito y sin que se produzca solución de continuidad en
la prestación del servicio policial para todos los efectos legales. (Resalta la Sala).
43. Más adelante, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1091 del 27 de
junio de 1995 «Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones
para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante
Decreto 132 de 1995». Dicha norma en el artículo 51 señaló que para que este
personal accediera a la asignación de retiro debía completar 20 a 25 años de
servicio, según la causal de retiro, en iguales términos a los que contemplaba el
artículo 53 del Decreto reglamentario 1029 de 1994 referido con antelación.
44. El Decreto 132 de 1995 fue derogado por el artículo 95 del Decreto 1791
de 2000 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional» y el
Decreto 1091 de 1995 fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante sentencia del 14 de febrero de 2007 con el argumento de
que la asignación de retiro debía ser regulada conforme con los parámetros
especificados en una ley marco y no podía delegarse esta facultad en el
ejecutivo.22
45. En estas circunstancias, en el año 2003 se expidió la Ley 797.23 En ella se
otorgaron nuevamente facultades extraordinarias al presidente de la República
para «expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales
propios de las Fuerzas Militares y de Policía». En virtud de estas, el gobierno
nacional expidió el Decreto ley 2070 de 2003 con el cual reformó el régimen
pensional de las Fuerzas Militares y de los miembros de la Policía Nacional,
incluido el nivel ejecutivo.24 Sobre estos en el artículo 25 fijó los requisitos para
obtener la asignación de retiro en 20 y 25 años de acuerdo con la causal de
retiro.25
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente Alberto Arango Mantilla, acción de nulidad
11001-03-25-000-2004-00109-01(1240-04). En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o
requisitos no puede ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al Gobierno
Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte Constitucional, y menos podría desarrollarse
mediante decretos administrativos expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de
1992) que no podía habilitarlo para tal efecto…».
23 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
24 «Artículo 1º. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la
Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
a los Soldados de las Fuerzas Militares, en los términos que se señalan en el presente decreto».
25 Indica la norma: «Los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al
escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio
activo después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad
psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados
en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
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46. No obstante, el decreto aludido fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-432 de 2004,26 al considerar que le corresponde
al legislador, a través de una ley marco, fijar los elementos básicos que debían
incluirse en el régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza
pública y al ejecutivo, dentro de los límites determinados en la ley, los
accidentales en ejercicio de su potestad reglamentaria.
47. Bajo las condiciones expuestas se expidió entonces la Ley marco 923 de
2004 en la que se establecieron las reglas a partir de las cuales el gobierno
nacional debía reglamentar el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública. Así, en su artículo 3, numeral 3.1, se indicaron
los siguientes elementos:
Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el
Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación,
el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de
asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá
como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal. […] (Resalta la Sala).
48. En desarrollo de la norma en comento, el gobierno nacional expidió el
Decreto Reglamentario 4433 de 2004 el cual, en el artículo 25, señaló, respecto
al reconocimiento de la asignación de retiro para el personal perteneciente al
nivel ejecutivo de la Policía Nacional, lo siguiente:
Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los
Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al
escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y
que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento
a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del
Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a
partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de
retiro, así:
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les
pague una asignación mensual de retiro».
26 Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.
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[…] Parágrafo 1°. También tendrán derecho al pago de asignación mensual de
retiro, en las condiciones previstas en este artículo, los oficiales, y los miembros
del Nivel Ejecutivo que se retiren por solicitud propia, siempre y cuando tengan
veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido cincuenta y
cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.
Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio
activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado
con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por
voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por
delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a
solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de
veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un
setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo
23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento
(2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso
sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas. (Se resalta).
49. El parágrafo 2 del referido artículo, fue declarado nulo por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 12 de abril de 2012,27 bajo
el sustento de que la norma impuso tiempos adicionales a los contemplados en
la Ley marco 923 de 2004, para obtener la asignación de retiro por parte del
personal del «nivel ejecutivo» que a la fecha de entrada en vigencia de la norma
se encontraran en servicio activo, hecho que enmarcaba un trato desigual.
50. Al salir del ordenamiento jurídico el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto
4433 de 2004, el gobierno nacional expidió el Decreto 1858 del 6 de septiembre
de 2012, en el que, de nuevo, fijó el régimen pensional y de asignación de retiro
del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Se resalta que, en esta
norma, a diferencia de las anteriores que tenían igual propósito (Decreto 1091 de
1995, Decreto 4433 de 2003), se diferenció, para su aplicación, a los uniformados
incorporados al nivel ejecutivo por homologación de aquellos vinculados a dicho
nivel por incorporación directa. En efecto la norma preceptuó, entre otras cosas,
lo siguiente:
Artículo 2. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó
al escalafón por incorporación directa. Fíjase el régimen pensional y de
asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los
cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años
o más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director
General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica,
y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
27Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón. Radicación:
110010325000200600016 00 (1074-07). Actor: Juan Carlos Beltrán Bedoya.
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absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual
de retiro equivalente a […].
51. El artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 también fue declarado nulo
mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018,28 puesto que la normativa
desconoció las previsiones contenidas en la Ley marco 923 de 2004 al exigir al
personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en
servicio activo al 31 de diciembre de 2004 requisitos más gravosos para acceder
al derecho de la asignación de retiro (tiempos mínimos y máximos de retiro entre
20 y 25 años) lo que contravenía los términos establecidos en la normativa
superior que se restringen a los mínimos y máximos de 15 y 20 años de servicio.
La providencia señaló lo siguiente:
En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión
expresa de la Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre
los cuales se hallan los que integran el nivel ejecutivo, que se encontraran
activos al momento de la expedición de la Ley, esto es, al 31 de diciembre de
2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos de acceder a
la asignación de retiro, superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213
de 1990, por ser esta la normativa que se encontraba vigente para dicho
momento, cuando quiera que la causal de retiro invocada sea la de solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por
cualquier otra causal.
Determinados entonces los limites materiales previstos en el artículo 3 de la Ley
923 de 2004 que restringe el accionar del Gobierno Nacional al momento del
ejercer la potestad reglamentaria ampliada para fijar el régimen de la asignación
de retiro de los integrantes del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, desemboca
en un imperativo categórico establecer si con la expedición del artículo 2 del
Decreto 1858 de 2012 se desconocieron, trasgredieron o vulneraron dichos
confines normativos.
Así las cosas, a partir de la integración normativa que por vía de remisión
interpretativa se realiza entre las disposiciones contenidas en el artículo 3.1, inciso
2 de la Ley 923 de 2004 y las establecidas en los artículos 144 y 104 de los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, respectivamente, es posible realizar una lectura
omnicomprensiva del límite material establecido para acceder al derecho de
asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional
que se encontrara en servicio activo al 31 de diciembre de 2004; de tal manera
que este quedaría literalmente precisado así:
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior a 20 años cuando
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de septiembre de 2018, consejero
ponente César Palomino Cortés, expediente 11001-03-25-000-2013-00543-00.
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el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
(…)
Dado que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 señala de manera diáfana que el
personal de la Policía Nacional que ingresó al Nivel Ejecutivo por incorporación
directa hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004, podrán acceder a la asignación de retiro cuando quiera que cumplan
con un mínimo de 20 años de servicio por una causal de desvinculación distinta a
la de voluntad propia y con un máximo de 25 años tratándose del retiro por solicitud
de parte o destitución; es dable concluir que los presupuestos normativos en
ella contemplados se encuentran en abierta contradicción con aquellos
previstos a manera de límites materiales por el ordenamiento jurídico
superior. (Negrilla fuera de texto)
52. De esta manera, el Consejo de Estado insistió en lo manifestado cuando
declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 en el
sentido de declarar que a los miembros de la Policía Nacional, por así disponerlo
la Ley 923 de 2004, no se les podía exigir requisitos de tiempo de servicio más
gravosos a los establecidos en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 en sus artículos
144 y 104, respectivamente.
53. De todo lo anterior se puede concluir que la totalidad de las normas, con
excepción del artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012 sobre el personal
homologado y el Decreto 754 de 2019 que regulan el régimen de asignación de
retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, han sido o
declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional (es el caso del
Decreto Ley 2070 de 2003) o declaradas nulas por parte del Consejo de Estado
(artículos 53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de 1995, 25,
parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 y 2.° del Decreto 1858 de 2012).
54. Como consecuencia de ello, tal como lo concluyó esta Sala en sentencia
del 11 de noviembre de 202129, para los miembros del nivel ejecutivo
incorporados directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004,
por así ordenarlo en su artículo 3 numeral 3.1, los requisitos para acceder a la
asignación de retiro no pueden ser mayores a los establecidos en las normas que
regían la situación de estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de
diciembre de 2004) que, dada la nulidad e inexequibilidad declarada de los
decretos aludidos, no eran otras distintas que los artículos 144 y 104 de los
Decretos 1212 y 1213 de 1990, respectivamente.
55. En efecto, esta es la conclusión a la que se llegó ante la falta de normativa
aplicable a dichos servidores públicos antes de la entrada en vigor del Decreto
1858 de 2012, para los del nivel ejecutivo por homologación, y del Decreto 754
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de noviembre de 2021, rad. 05001-
23-33-000-2016-00885-01 (3287-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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de 2019, para los que tienen esta categoría, pero por incorporación directa. Al
respecto la jurisprudencia precisó lo siguiente:
68. La consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto
1091 de 1995 y del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004 es que se
aplique para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante la ley
reglamentada, es decir, la Ley 923 del 2004 tal como lo ha señalado en asuntos
similares esta Corporación.
69. En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de
diciembre del 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía
Nacional y por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por
las disposiciones anteriores.
70. En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable
la transición señalada en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo de la Ley 923
del 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada
en vigencia de la Ley 923 del 2004 la persona se encuentre en servicio activo de
la Fuerza Pública, al margen de la causal de retiro.
71. Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de
retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto
1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de
su retiro, esto es Intendente, que señala para el caso concreto 15 años de
servicios para su reconocimiento, cuando el retiro se produjera por causa
distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja de
servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con un
tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 12 días.
[…] 73. Es de anotar, que debido a que el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional es
jerárquicamente superior al de Suboficiales de la institución, en casos como el
presente se debe dar aplicación directa al Decreto 1212 de 1990 en su artículo
144, para el reconocimiento de la asignación de retiro.30 (Negrilla fuera de
texto).
56. En esa medida, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo
que fueron incorporados de manera directa no se les podía exigir para el
reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a los 20 ni inferior a
los 15 años que contiene el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
57. Cabe precisar que esta es la norma aplicable al caso en tanto el nivel
ejecutivo es jerárquicamente superior a los suboficiales que regula la norma,
máxime que en el expediente está acreditado que el demandante fue incorporado
directamente como patrullero (nivel ejecutivo) desde el 1 de febrero de 1997. En
consecuencia, la Sala desestima el reparo de apelación formulado por la parte
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación:
25000-23-42-000-2015-01064-01(4247-17). Actor: José Gabriel Ángel Ojeda Villamizar. Demandado:Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Bogotá D.C. 7 de septiembre de 2018.
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demandada, según el cual a dicho personal no le resulta aplicable ese régimen
normativo, por carecer de sustento jurídico.
2. Análisis del reconocimiento del derecho a la asignación de retiro
58. Revisado el expediente se observa lo siguiente: mediante fallo
ejecutoriado de segunda instancia del 31 de enero del 2011, el Inspector
Delegado Regional Siete confirmó el fallo de primera instancia del 10 de agosto
del 2010 del jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento
de Policía Guaviare dentro de la investigación disciplinaria No. DEGUV-2009-43
declarando disciplinariamente responsable al demandante e imponiéndole una
sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.
59. Además, que, como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Defensa
Nacional expidió la Resolución 01840 del 27 de mayo de 201131, mediante la cual
se dispuso su retiro del servicio activo por la causal de destitución, decisión que
le fue comunicada el 1 de junio del 2011 por la Inspección Delegada Regional
Siete de la Policía Nacional.
60. Asimismo, se encuentra acreditado que conforme a la hoja de servicios
No. 79999979 expedida el 16 de septiembre de 2011 por la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional, el demandante ingresó como alumno del nivel
ejecutivo el 12 de febrero de 1996 y posteriormente como patrullero desde el 1
de febrero de 1997 prestando sus servicios continuamente hasta el 1 de junio del
2011 como subintendente, que corresponden a un tiempo total de 15 años, 6
meses y 9 días, dejando constancia de que fue retirado del servicio por
destitución32.
61. De igual forma obra prueba de que la entidad demandada profirió el Oficio
2020210000129611 Id: 686382 del 09 de septiembre de 2021, a través del cual
se dio respuesta a la petición presentada el 1 de junio de 2021 por el actor y negó
el reconocimiento de la asignación de retiro33.
62. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto 1212 de 1990 reguló la asignación de retiro para
los miembros del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y
dispuso en su artículo 144 que esta prestación se reconoce cuando el uniformado
es retirado con un mínimo de 15 años de servicio por causales distintas a la
solicitud propia, como la mala conducta.
31 Páginas 14-15 del documento PDF «10_AGREGARMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED12.pdf», que obra
en el documento «50001233300020220005400_T134229739418340905.zip», visible en el índice 2 de
SAMAI del Consejo de Estado.
32 Página 16 ibidem.
33 Páginas 67-68 ibidem.
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63. Posteriormente el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 estableció un
régimen de transición en favor de los miembros de la Fuerza Pública que se
encontraban en servicio activo al momento de su entrada en vigencia con el fin
de proteger sus expectativas legítimas en materia prestacional, sobre el cual el
Consejo de Estado34 ha señalado que a quienes cumplían esa condición no se
les pueden imponer requisitos más gravosos que los previstos en el régimen
anterior.
64. Con lo anterior se ha precisado que el único requisito para acceder al
régimen de transición es encontrarse en servicio activo al 30 de diciembre de
2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual comporta la
aplicación del Decreto Ley 1212 de 1990 en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro a quienes se
encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes de esa fecha.
65. De igual forma, esta Subsección35 ha precisado que a los miembros de la
Fuerza Pública que para la mencionada fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004 se encontraban en servicio activo, les resultan aplicables las
disposiciones anteriores a dicha ley, en virtud del régimen de transición allí
previsto, dentro de las cuales se encuentra el Decreto 1212 de 1990.
66. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante se
encontraba en servicio activo para la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004
pues ingresó como alumno del nivel ejecutivo el día 12 de febrero de 1996,
posteriormente como patrullero el 1 de febrero de 1997, y que al momento de su
retiro, es decir, el 1 de junio del 2011 contaba con más de 15 años de servicio,
razón por la cual le resulta aplicable el régimen de transición, sin que pueda
exigírsele el cumplimiento de condiciones más gravosas.
67. Seguidamente, a partir de los períodos de servicio previamente reseñados,
la Sala procede a efectuar el cómputo del tiempo total de servicios acreditados
por el actor, de conformidad con el siguiente cuadro36:
Grado Policial Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Alumno del nivel 12/02/1996 31/01/1997 0 11 19
ejecutivo
Nivel ejecutivo 01/02/1997 01/06/2011 14 4 0
Preferencia año laboral Decreto 1091 de 2015 2 20
TOTAL 15 6 9
34 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
36 Tomado del tiempo de la Hoja de Servicios No. 79999979 del 16 de septiembre del 2011.
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68. En ese sentido, se acredita que el accionante prestó un tiempo de servicios
de 15 años, 6 meses y 9 días, cumpliendo con lo establecido en el artículo 144
del Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro en
los eventos de retiro por causales no voluntarias, como la mala conducta.
69. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de retiro, la Sala advierte que
la entidad demandada alegó que la «destitución» no es equiparable a la «mala
conducta». No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha adoptado un
sentido abierto del artículo 144 del Decreto Ley 1212 de 1990, estableciendo que
ambos términos pueden subsumirse y encajar en el canon mencionado.
70. En efecto, en sentencia del 14 de septiembre del 201737 esta Subsección
estableció que los conceptos de retiro por separación absoluta y destitución
previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional son
equiparables a la causal de mala conducta comprobada contenida en el artículo
104 del Decreto 1213 de 1990.
71. De igual forma en fallo del 27 de mayo de 202138 esta Subsección precisó
lo siguiente:
«Ahora bien, respecto del argumento de la demandada para negar la prestación
reclamada, debe precisarse que si bien el Artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, no
señala expresamente la posibilidad de obtener asignación de retiro para aquellos
funcionarios que hayan sido retirados del cargo bajo la causal de separación absoluta
o destitución del servicio activo, sí indica la eventualidad de obtener dicha prestación
para aquellos empleados que han sido retirados del servicio después de 15 años,
bajo la causal de mala conducta, razón por la cual al hacer una interpretación amplia
de la norma, debe entenderse tal causal como un tipo en blanco en donde se
encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden devenir en
una sanción bien sea de carácter penal, fiscal, o disciplinario y que al ser llevadas al
caso concreto evidencian que la separación del servicio se realizó con fundamento
en la existencia de una mala conducta y que en nada excluyen al peticionario para
que luego de verificado el cumplimiento de los requisitos legales, le reconozcan la
asignación de retiro que solicita. […]»
72. Lo anterior significa que, aunque el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990
no contempla expresamente la destitución como causal para acceder a la
asignación de retiro, sí prevé dicho reconocimiento cuando el retiro obedece a
mala conducta y el servidor acredite 15 o más años de servicio, considerándose
que la destitución constituye una manifestación concreta de la causal de mala
conducta, de modo que no excluye el derecho prestacional cuando se cumplen
los demás requisitos legales.
73. Así las cosas, la Sala comparte la tesis adoptada por el Tribunal, en cuanto
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia
del 14 de septiembre de 2017, radicación 76001-23-31-000-2006-02942-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de mayo del 2021. Rad. 18001-
23-33-000-2017-00317-01 (2458-19), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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concluyó que al demandante le resulta aplicable el régimen de transición previsto
en la Ley 923 de 2004, toda vez que se encontraba en servicio activo al 31 de
diciembre de 2004, y no en lo en lo establecido en los Decretos 4433 del 2004 y
754 del 2019, como lo planteó la entidad demandada. En consecuencia, su
situación prestacional debe regirse por las disposiciones vigentes con
anterioridad a dicha ley, particularmente por el artículo 144 del Decreto 1212 de
1990, que establece como requisito el haber prestado más de 15 años de
servicio.
74. En ese sentido, al encontrarse acreditado que el demandante cumple con
los requisitos legales exigidos, esto es, haber superado el tiempo mínimo de 15
años de servicio policial y haber sido retirado por una causal no voluntaria
susceptible de ser subsumida en la noción de mala conducta, la Sala concluye
que le asiste el derecho al reconocimiento de la asignación de retiro. Por lo
anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto reconoció
dicho derecho.
3. Análisis sobre la prescripción de las mesadas y efectos fiscales de la
decisión
75. Corresponde determinar cuál es la norma aplicable para establecer el
término de prescripción de las mesadas derivadas del reconocimiento de la
asignación de retiro, así como verificar si a partir de las circunstancias del caso
concreto se encuentra o no probado tal medio exceptivo, con el fin de delimitar
adecuadamente los efectos económicos de la decisión.
76. En el régimen general de los empleados públicos y trabajadores oficiales
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que las acciones que emanen
de los derechos allí consagrados prescriben en 3 años contados desde que la
obligación se hace exigible. Empero, tratándose de los miembros de la Fuerza
Pública, la Constitución Política, en su artículo 217, prevé un régimen especial en
atención a la naturaleza de sus funciones, lo cual ha sido reiterado por la
jurisprudencia de esta Corporación39.
77. En esa misma línea, esta Sección40 ha precisado que la asignación de
retiro constituye una prestación de carácter especial propia del régimen pensional
de los miembros de la Fuerza Pública en consideración a las funciones
excepcionales que desempeñan. En consecuencia, la determinación del término
de prescripción debe efectuarse con fundamento en las normas especiales que
regulan dicha prestación.
78. En el caso concreto, conforme al régimen de transición reconocido en esta
39 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Sección que sirven de fundamento
jurisprudencial: i) sentencia del 9 de marzo de 2017, rad. 25000-23-25-000-2011-00040-01 (3823-14), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez y ii) sentencia del 9 de octubre de 2020, rad. 20001-23-39-000-2016-00172-01
(0909-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 25000-23-
42-000-2019-00336-01 (3388-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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providencia, las disposiciones aplicables a la situación del demandante son las
previstas en el Decreto Ley 1212 de 1990 el cual establece en su artículo 155 un
término de prescripción de 4 años contado a partir de la exigibilidad del derecho
para solicitar por escrito el reconocimiento de la asignación de retiro; dicha
solicitud interrumpe el término prescriptivo por una sola vez y por un período
igual.
79. Lo anterior se sustenta en el principio de inescindibilidad, desarrollado por
la sentencia de unificación de esta Corporación41, que dispuso que las normas
aplicables a un caso deben ser consideradas en su integridad, sin que resulte
viable fraccionarlas para aplicar parcialmente distintos factores pensionales. En
ese sentido, si el derecho a la asignación de retiro se rige por el Decreto Ley 1212
de 1990, también debe aplicarse la regla de prescripción contenida en dicho
estatuto. Por esa razón, se aplicará el término de prescripción cuatrienal
contemplado en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990.
80. En el presente asunto, la Sala desestima los argumentos expuestos por la
parte demandante en su recurso de apelación dado que la norma aplicable es
clara en que el momento en que empieza correr el término cuatrienal de
prescripción es el día en que se hizo exigible el derecho, esto es, a partir del 1
de junio de 2011, fecha en la cual el demandante fue retirado del servicio activo.
No obstante, la solicitud de reconocimiento solo fue presentada el 2 de junio de
2021, esto es, cerca de 10 años después de haberse causado el derecho.
81. En consecuencia, para la fecha en que el demandante presentó la solicitud
de reconocimiento de la asignación de retiro ya había operado el fenómeno de la
prescripción extintiva respecto de parte de las mesadas reclamadas. En ese
sentido, la Sala considera que la decisión adoptada por el tribunal de primera
instancia de declarar la prescripción respecto de las mesadas causadas entre el
1 de junio de 2011 y el 1 de junio de 2017 se encuentra ajustada a derecho, por
lo cual este aspecto de la sentencia apelada será confirmado.
4. Análisis de la condena en costas en primera instancia
82. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
83. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CESUJ-016-19, rad. 25000-23-42-000-
2013-02235-01 (2602-16)
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interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
85. Con fundamento en los argumentos expuestos y teniendo en cuenta que
la parte demandada fue condenada en costas de primera instancia al resultar
vencida en esa fase del proceso, la Sala confirmará la sentencia apelada en este
aspecto.
5. Condena en costas en segunda instancia
86. De conformidad con el criterio expuesto, en esta instancia no se
impondrán costas a ninguna de las partes, en la medida en que no puede
predicarse la existencia de una parte vencida, en tanto ambas resultaron
parcialmente desfavorecidas con los recursos de apelación interpuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR en su totalidad la sentencia del 18 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se accedieron
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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