Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00074-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2022-00074-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 500012333000202200074-01
Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
Demandado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: i) Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de tutela de 19 de abril de 2022 proferida por la Sala de Decisión Oral Cuatro del
Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
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Núm. único de radicación: 500012333000202200074-01
Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio, a
través de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, porque, a su juicio, la falta de
notificación de la acción popular identificada con el número único de radicación
500013331007201000275-00, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicaron que, “[…] En el año 2010, el señor Alberto Romero Góngora
instauró demanda en ejercicio de la acción popular en contra del Municipio de
Villavicencio, a la cual fueron vinculados la Curaduría Urbana Primera de
Villavicencio, la sociedad Pedro Gómez y CIA S.A. y el señor Marco Antonio Gil
Garzón al igual que la sociedad Llanoinmobiliaria S.A. antes Inversiones Gómez
Gil S.A., pero en ningún momento a las personas naturales y jurídicas que
represento. A este proceso le correspondió el número de radicado
50001333100720100027500, el cual nunca fue conocido por mis mandantes al no
haber sido notificados ni vinculados de forma alguna al plenario […]”.
4. Expusieron que, dentro del proceso referido supra, el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio profirió la sentencia de 10 de febrero
de 2020, mediante la cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos e intereses colectivos al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, previstos en los literales d) y m) del artículo 4° de la Ley 472
de 1998, conforme las motivaciones del presente asunto.
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Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
SEGUNDO: DECLARAR como agente vulnerador de los derechos colectivos
señalados al municipio de Villavicencio, de conformidad con la parte motiva de esta
decisión.
TERCERO: ORDENAR al municipio de Villavicencio, que en el término de seis (6)
meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, proceda a adelantar las
actuaciones administrativas necesarias para establecer el área de cesión
obligatoria, tipo A y Tipo B, que corresponde al Centro Comercial Unicentro de la
Ciudad de Villavicencio. Vencido el término anterior, contará con un plazo de seis
(6) meses, para la suscripción de la correspondiente escritura pública de Cesión y/o
ejecución de las sumas por compensación a que hubiere lugar, según fuere el caso,
conforme a las pautas dadas en la parte motiva de este proveído.
CUARTO: A efectos de verificar el cumplimiento de las órdenes dadas, se conforma
un Comité para la verificación del Cumplimiento de la presente sentencia, el cual
estará integrado por el accionante, el representante del Ministerio Público ante el
Despacho, un delegado del Municipio de Villavicencio y un delegado de la
Contraloría Municipal de Villavicencio, coordinado por el Agente del Ministerio
Público delegado ante el Juez de conocimiento de la presente acción, que se
deberá reunir cada dos (02) meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia, a fin
de verificar el cumplimiento de las acciones adelantadas por el obligado mediante
este fallo, de lo cual habrá de rendirse informe en al término de cinco (05)
siguientes a la realización de cada reunión.
QUINTO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la acción; de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEXTO: A efectos de verificar el cumplimiento de las órdenes dadas, se conforma
un Comité para la verificación del Cumplimiento de la presente sentencia, el cual
estará integrado por el accionante, el representante del Ministerio Público ante el
Despacho, un delegado del Departamento del Meta, y un Delegado de la
Defensoría del Pueblo, coordinado por el Agente del Ministerio Público delegado
ante el Juez de conocimiento de la presente acción, que se deberá reunir cada dos
(02) meses, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, a fin de verificar el
cumplimiento de las acciones adelantadas por los obligados mediante este fallo, de
lo cual habrá de rendirse informe en el término de cinco (05) siguientes a la
realización de la reunión.
SÉPTIMO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la sociedad Pedro Gómez y Cia S.A., por lo expuesto en la
parte motiva del presente asunto […]”.
5. Señalaron que, “[…] Ninguna de las partes involucradas en el proceso judicial
presentó recursos en contra del fallo del diez (10) de febrero de 2020, razón por la
cual quedó ejecutoriada. Tales recursos tampoco pudieron ser interpuestos por
ninguno de mis mandantes, al no estar vinculados al proceso […]”.
6. Manifestaron que, “[…] El día 8 de noviembre de 2021, el Alcalde Municipal
de Villavicencio expidió el Decreto 1000-24/364 de 2021 “Por medio del cual se da
cumplimiento al fallo judicial proferido por El Juzgado Noveno Administrativo del
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Circuito de Villavicencio dentro del proceso No 50001 33 31 007 2010 00275 00”,
imponiendo a mis mandantes la obligación de compensar en dinero las áreas de
cesión obligatoria del proyecto urbanístico Unicentro, en un valor de
$11.854.319.781, bajo el argumento que: “[e]l Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Villavicencio, determinó en el contenido de la sentencia que, pese a
que la acción judicial fue instaurada en contra de las personas propietarias del
inmueble objeto de las licencias urbanísticas, en la actualidad, la obligación recae
sobre los copropietarios titulares del derecho de propiedad, a través de su
correspondiente representante legal […]”.
7. Sostuvieron que, “[…] En el transcurso del mes de diciembre de 2021,
algunos copropietarios de los locales del Centro Comercial Unicentro de
Villavicencio fueron notificados del mencionado Decreto 1000-24/364 de 2021, y
solo fue con ocasión de este acto administrativo que conocieron por primera vez
del proceso de Acción Popular No. 2010-275 y del fallo del proceso de fecha diez
(10) de febrero de 2020 […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] 1. Que se declare que el JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO lesionó el derecho al debido proceso de mis
mandantes con la expedición de la providencia del diez (10) de febrero de 2020, a
través de la cual determinó que mis mandantes son los sujetos sobre los que
recaen las obligaciones derivadas de las áreas de cesión del proyecto urbanístico
Centro Comercial Unicentro de Villavicencio.
2. Que se dejen sin efectos, la providencia del diez (10) de febrero de 2020
expedida por el JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO dentro del proceso de Acción Popular identificado con el
Radicado No. 50001333100720100027500.
3. Como consecuencia de lo anterior, se retrotraigan las actuaciones surtidas en el
marco de la acción popular, inclusive hasta el auto admisorio de la demanda,
ordenando la vinculación de los Copropietarios del Centro Comercial Unicentro
dentro del proceso de Acción Popular correspondiente al Radicado No.
50001333100720100027500, para que los mismos puedan ejercer en debida
forma su derecho de defensa y contradicción.
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4. Al igual que consecuencia de lo anterior, se declare de forma expresa el
decaimiento del Decreto 1000-24/364 de 2021 expedido por la Alcaldía Municipal
de Villavicencio, al desaparecer el fundamento fáctico y jurídico en el que se
fundamenta […]”.
9. La Sala advierte que, pese a que los actores alegaron expresamente la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la
causal de violación directa de la Constitución y un defecto procedimental absoluto,
lo cierto es que, de sus argumentos, se observa que los dos primeros se
subsumen en un defecto procedimental absoluto, el cual se sustentó en los
siguientes términos:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, fue solo con la notificación del Decreto
1000- 24/364 del ocho (8) de noviembre de 2021, realizada en el transcurso del
mes de diciembre de 2021, que mis poderdantes conocieron que se les
impuso una obligación a través del citado fallo de acción popular, ejecutoriado
el diez (10) de febrero de 2020, sin haber sido vinculados en etapa alguna del
proceso judicial […]”.
[…]
“[…] A la luz de lo anterior, es palmaria la trascendencia de este error
procedimental en el fallo de instancia. Si los aquí accionantes hubiesen sido
citados por la juez de instancia, habrían tenido la posibilidad de ser escuchados y
de exponer las razones por las que no tienen la obligación de asumir la carga
económica de las áreas de cesión obligatoria, argumentos que, de haber sido
tenidos en cuenta, habrían variado sustancialmente el sentido de la sentencia que
aquí se ataca. Por todo lo anterior, se deduce que la irregularidad procesal sí
conllevó a que se considerara y resolviera lo dispuesto en el fallo de la acción
popular, de manera que tuvo un efecto determinante y decisivo en él y generó que
se vulneraran los derechos fundamentales de audiencia, contradicción y al debido
proceso en cabeza de los copropietarios del Centro Comercial Unicentro de
Villavicencio […]”.
[…]
“[…] (i) El desconocimiento del precedente que se evidencia con la expedición
de la providencia del diez (10) de febrero de 2020, en la medida en que se
imponen obligaciones a personas que no fueron vinculadas al proceso al
fallarse en sede de Acción Popular. Esta circunstancia se aparta totalmente de lo
fijado por la Corte Constitucional en revisión de un fallo de tutela expedido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, como se profundizará en el acápite
correspondiente.
(ii) El defecto procedimental absoluto que se vio configurado en la providencia del
diez (10) de febrero de 2020, al imponer obligaciones a personas que no fueron
vinculadas en ninguna etapa del proceso ni tuvieron conocimiento sobre el
mismo, vulnerando de manera flagrante el derecho al debido proceso y el derecho
de defensa y contradicción.
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(iii) La violación directa a la Constitución por parte de la providencia del diez (10) de
febrero de 2020, a raíz de la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de mis representados, habida cuenta de su calidad de derecho de
aplicación inmediata, como bien lo señala el artículo 85 de la Constitución Política
[…]”. (Resaltado por la Sala)
Actuación
10. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 29 de marzo de
2022; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, concediéndole el término de un (1) día
para que rindiera informe sobre el particular.
11. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 6 de
abril de 2022; resolvió i) “[…] VINCULAR a la presente acción de tutela a las
partes e intervinientes dentro de la acción popular radicada bajo el No.
50001333100720100027500, tramitada en el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Villavicencio […]”, y ii) ordenó notificar a “[…] los vinculados […]”,
concediéndoles el término de cinco (5) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
12. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela o, en su defecto, declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo.
12.1. Al respecto, señaló que:
“[…] En este orden, valga la pena reiterar, que como bien es indicado por la parte
accionante, si bien es cierto expone la vulneración al debido proceso, por la falta de
vinculación al trámite de la acción popular No. 50001 3331 007 2010 00275 00,
valga la pena precisar que, en cuanto a la presunta trasgresión a dicha garantía,
también es cierto que este Despacho, respetó el mencionado derecho fundamental,
en tanto, si bien para la época de la admisión de la acción popular, este Despacho
no tenía conocimiento de la misma; no obstante, el Juzgado Séptimo
Administrativo, dispuso en la admisión, vincular al señor Marco Antonio Gil Garzón
quien era el propietario del bien inmueble donde hoy se encuentra construido el
Centro Comercial Unicentro en la ciudad de Villavicencio; y posteriormente, la
vinculación de la sociedad Inversiones Llanoinmobiliaria S.A., antes Inversiones
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Gómez Gil S.A., todo conforme a las pruebas que reposan dentro de la referida
acción popular, objeto de controversia.
Aunado a lo anterior, no se indica de qué manera le fue presuntamente
transgredido dicho derecho, es decir, qué garantía prevista en el ordenamiento
jurídico se desconoció por parte de esta autoridad judicial en el caso de marras, de
las enlistadas particularmente por la Honorable Corte Constitucional en diversos
pronunciamientos […]”.
13. El Municipio de Villavicencio solicitó declarar su falta de legitimación en la
causa por pasiva y negar las pretensiones propuestas en la solicitud de amparo.
Para tal efecto, expuso lo siguiente:
“[…] Descendiendo al caso en particular, es claro que solicitud de tutela de la parte
accionante no satisface el requisito general de subsidiariedad, en razón a que,
pese a que disponía de otros medios de defensa judicial, idóneos y eficaces para la
defensa de las garantías invocadas, no fueron ejercidos ni siquiera de manera
oportuna, tales como:
i) Recurso de apelación en contra de la sentencia emitida el 10 de febrero de 2020,
dentro de la acción popular con radicación No. 50001-33-31-007-2010-00275-00,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998; lo
anterior, teniendo en cuenta que el Representante Legal y /o Gerente del Centro
Comercial Unicentro de Villavicencio - propiedad horizontal, contaba con
conocimiento de la existencia del aludido proceso judicial aproximadamente desde
el 09 de mayo de 2019, y el fallo fue notificado en debida forma, esto es, mediante
edicto fijado el 14 de febrero de 2020 y desfijado el 18 de febrero de 2020, al
tratarse de un asunto perteneciente al sistema escritural;
ii) Pese a que el auto admisorio emitido dentro de la acción popular con radicación
No. 50001-33-31-007-2010-00275-00, fue puesto con conocimiento de la
comunidad en general a través de la emisora La Voz de Los Centauros el 03 de
agosto de 2010, y al conocimiento de la existencia del aludido proceso judicial por
parte del Representante Legal y/o Gerente del Centro Comercial Unicentro de
Villavicencio- propiedad horizontal, no se presentó, radicó ni envió solicitud alguna
de vinculación a la Autoridad judicial de conocimiento;
iii) En el trámite de verificación de cumplimiento del fallo emitido dentro de la acción
popular con radicado No. 50001-33-31-007-2010-00275-0, que actualmente cursa
ante la Autoridad judicial de conocimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 34
• inciso 4º y 5º de la Ley 472 de 1998, no se ha efectuado ni elevado solicitud
alguna de modulación de fallo, equivalente y/u otra, por parte del Representante
Legal y /o Gerente del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio - propiedad
horizontal, en representación de sus Propietarios, teniendo en cuenta que desde
mucho tiempo atrás tenía conocimiento de la existencia del aludido proceso
judicial;
iv) En medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
(anteriormente denominados acción popular) previsto en el artículo 88 de la
Constitución Política de Colombia y regulado en la Ley 472 de 1998, dentro del
cual se puede solicitar, en cualquier estado del proceso, medidas cautelares de
urgencia, de conformidad con lo estipulado en los artículos 25 y 44 la Ley 472 de
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1998, en armonía con lo dispuesto en los artículos 230 y 234 de la Ley 1437 de
2011 […]”.
[…]
“[…] La parte actora no interpuso la acción constitucional de la referencia en contra
del ente territorial que represento, ni formuló pretensión alguna frente a la
administración municipal de Villavicencio […]”.
14. La Secretaría de Control Físico de la Alcaldía de Villavicencio solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que “[…] no
concurren, o no fueron acreditados los criterios que habilitan la acción de tutela
como mecanismo transitorio, no se demostró el perjuicio irremediable y no se
configuró la legitimación en la causa […]”.
14.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] De conformidad con todo lo expuesto, se deduce que por parte de la
SECRETARÍA DE CONTROL FÍSICO, no ha habido ni habrá una posición de
rebeldía frente a la decisión judicial y menos en el caso en concreto, una
conclusión en ese sentido exige considerar que carecemos de competencia para
conocer sobre liquidación, avalúos y aprobación de la compensación de las áreas
de Cesión obligatorias del proyecto urbanístico Centro Comercial Unicentro, la cual
claramente está a cargo de la Secretaría de Planeación Municipal.
Finalmente, es evidente que la Secretaría de Control Físico, no le asiste
competencia del asunto, por carecer de LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA, al no encontrar razones para considerar alguna de las circunstancias que
justificarían estudiar el requerimiento de la acción de tutela en este escenario, ya
que como se indicó, las pretensiones desbordan la competencia de nuestra
dependencia y por ende van dirigidas a la providencia judicial emitida por el
JUZGADO NOVENO (09) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO
[…]”.
15. La Curaduría Urbana Primera de Villavicencio solicitó “[…] se excluya a
la suscrita Curadora Urbana Primera de Villavicencio en la decisión que tome
respecto de la acción de tutela de la referencia, toda vez que como he dicho de
manera antecedente no he vulnerado ni puesto en peligro siquiera el derecho
fundamental de petición de la (sic) accionante (sic), producto de la acción u
omisión de la suscrita en el ejercicio de la función pública que realiza […]”.
15.1. Indicó que:
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Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
“[…] Frente a los capítulos denominados “OBJETO DE LA TUTELA” y
“PRETENSIONES”, me permito resaltar que los mismos no vinculan en el reproche
de la vulneración al debido proceso a la suscrita ANDREA YALENA ATEHORTÙA
ORJUELA, en calidad de Curadora Urbana Primera de Villavicencio (actual), toda
vez que se refiere única y exclusivamente a la actuación judicial surtida en el marco
de la acción popular 5000133310072500 ante el JUZGADO NOVENO (9)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, lo cual escapa de mis
competencias, también en consideración a que no estuve vinculada en la citada
acción constitucional, pues para la época en que se profirió la providencia o
durante el tiempo en que se surtió el proceso no ejercía como Curador de esta
Ciudad y las licencias urbanísticas objeto de debate en el marco del citado
proceso, no fueron expedidos para mí, toda vez que no fungía como Curadora
Urbana Primera de Villavicencio en la época de los hechos […]”.
[…]
“[…] En este estado de cosas, es mi propósito dejar constancia que:
1. No fui parte vinculada en la acción popular 50001333100720100027500
proceso surtido ante el JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO.
2. Que no me correspondía realizar empalme de procesos judiciales con
curadora urbana saliente conforme las obligaciones legales y toda vez que los
procesos deben ser asumidos por los curadores urbanos en el marco de las
responsabilidades que nos corresponde conforme el artículo 2.2.6.6.1.3 del
Decreto 1077 de 2015.
3. No cuento con el archivo de las licencias urbanísticas expedidas, negadas
o desistidas por los curadores urbanos anteriores a mi ejercicio, lo cual dificulta la
consulta de los expedientes objeto de discusión en el arco (sic) de la acción
popular.
4. No he expedido ninguna licencia urbanística en ninguna de sus clases ni
modalidades para el centro comercial UNICENTRO […]”.
16. La Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Villavicencio solicitó
su desvinculación al considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales
de los actores.
16.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] De conformidad con lo solicitado, me permito indicar que esta Secretaria de
Infraestructura, no se encuentra vinculada en la acción popular No 50001-33 3-007-
2010-00275-00, toda vez, que en cumplimiento de la sentencia de la acción popular
referida de fecha 10 de febrero del 2020, de acuerdo a lo ordenado en la parte
resolutiva en su numeral cuarto, donde se ordeno (sic) conformar un comité de
verificación en cumplimiento de las órdenes dadas, reunión realizada el día 22 de
marzo del 2022,en la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Villavicencio, cuyo objetivo
de la reunión fue la verificación del cumplimiento de los compromisos de cada
dependencia vinculada de acuerdo a lo ordenado en la sentencia de la acción
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Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
popular de la referencia, los cuales quedaron en acta No 1030-04/12, la cual se
anexa al presente para su conocimiento, en donde se puede evidenciar que esta
secretaria fue invitada, asistió a la reunión y firmo el acta, pero no adquirió ningún
compromiso ante el comité, como tampoco le fue ordenado en el fallo de la acción
popular de fecha 10 de febrero del 2020, por no encontrarse vinculada y no estar
dentro del marco de las funciones de su competencia, teniendo en cuenta que las
áreas de cesión son competencia de la Secretaria de Control Físico,
adicionalmente en el sentido de la sentencia se puede verificar claramente en sus
antecedentes que los vinculados durante todo el proceso son la secretaria de
planeación, secretaria de control físico, curaduría urbana y otros […]”.
17. Fabega S.A.S, Inversiones y Construcciones Nasa S.A.S., Nicolas Espinel
Sánchez, Yenid Omaira Jiménez Martínez, Liliana Sánchez Gómez, Arley
Sánchez Gómez, Jairo Benito Peralta, Capital Investment Group, Orlando Alfonso
Martín Herrera, Dora Luisa Tirado Fandiño, Sandra Patricia Vélez Cardona, Diana
María Castillo Marín, Clara Patricia González Cuartas y María Antonia González
Posada presentaron escrito de coadyuvancia, mediante el cual manifestaron lo
siguiente:
“[…] En el presente asunto, los copropietarios previamente relacionados,
coadyuvan la posición de los accionantes iniciales, comoquiera que la decisión
adoptada por el JUZGADO NOVENO (9) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VILLAVICENCIO, en el marco del proceso de acción popular identificado con el
radicado No. 50001333100720100027500, afecta en igual sentido sus derechos
fundamentales, toda vez que a través de la providencia del diez (10) de febrero de
2020, se les declaró como sujetos pasivos de las obligaciones derivadas de las
cesiones que el desarrollador del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
debía asumir y pagar, sin que los mismos, hubiesen tendido (sic) la oportunidad de
ejercer su correspondiente defensa en dicho proceso judicial […]”.
La sentencia impugnada
18. Mediante sentencia de 19 de abril de 2022, la Sala de Decisión Oral Cuatro
del Tribunal Administrativo del Meta resolvió:
“[…] DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela promovida por los copropietarios de
(sic) Centro Comercial Unicentro de Villavicencio contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de este proveído […]”.
19. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] Bajo ese panorama, de entrada, el despacho advierte que la acción de tutela
de la referencia, no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque los
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Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
accionantes contaban con los medios ordinarios de defensa para intervenir en la
acción popular objeto de reproche, pero se abstuvieron de ejercerlos en la
oportunidad correspondiente.
Al efecto, el trámite de las acciones populares, se encuentra previsto en la Ley 472
de 1998, cuyo artículo 44 establece que de estos asuntos «se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso
Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos
no regulados en la presente Ley, mientras no se oponga a la naturaleza y a la
finalidad de tales acciones».
A propósito de esa disposición, y comoquiera que la acción popular radicada bajo
el No. 50001333100720100027500 se decidió en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, el CPACA o Ley 1437 de 2011 dispone, en los artículos 207 y
siguientes, el régimen de nulidades procesales que, por virtud del mentado artículo
44 de la Ley 472 de 1998, resulta aplicable al trámite de las acciones populares.
Y, en ese sentido, el artículo 208 del CPACA prevé que las causales de nulidad en
todos los procesos, incluidas las acciones populares, son las señaladas en el
Código General del Proceso, esto es, las previstas en el artículo 133 de dicho
ordenamiento. Entre ellas se enlista: «cuando no se practica en legal forma la
notificación del auto admisorio de la demanda a personas indeterminadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo a la ley
debió ser citado».
Además, el artículo 210 del CPACA dispone que la oportunidad y trámite de los
incidentes de nulidad es «verbalmente o por escrito durante las audiencias o una
vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes
al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se
trate de hechos ocurridos con posterioridad».
Ahora, más allá de lo anterior, también se halla probado que la copropiedad
denominada Centro Comercial Unicentro de Villavicencio contó con un
representante legal que, pese a estar enterado de la acción popular, no ejerció los
trámites correspondientes para comparecer a la acción popular que, bien podía
afectar los intereses del Centro Comercial. Evidencia de esto es el acta de
inspección judicial celebrada el 9 de mayo de 2019, en la que se constató la
asistencia del señor Juan Alberto Pujol Vásquez, en calidad de representante legal
de la copropiedad y atendió la diligencia llevada a cabo por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro de la mentada acción
constitucional.
Quiere decir ello, que los actores como copropietarios del Centro Comercial
Unicentro, bien pudieron, a través de su representante legal, acudir al proceso de
la acción popular, a fin de oponer la irregularidad en enteramiento que aquí alegan,
puesto que esa era la vía principal e idónea que les permitía no sólo vincularse de
manera formal, sino proponer la nulidad procesal por la indebida notificación que
establece el artículo 133 del CGP […]”.
[….]
“[…] Caso similar a lo que ocurre con el descontento de los accionante con el
Decreto 1000- 24/364 de 2021, pues para reclamar lo pertinente sobre la legalidad
12
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del mismo, los actores cuentan con los medios de control contenidos en los
artículos 137 y 138 del CPACA, cuyo trámite permite, incluso, la adopción de
medidas cautelares tendientes a suspender provisionalmente los efectos del acto
administrativo mencionado, los cuales, aunque idóneos y eficaces, ni siquiera han
sido utilizados por los interesados […]”.
[…]
“[…] Y, no se diga que, en el presente asunto, se haya configurado un perjuicio
irremediable que habilite al juez de tutela a intervenir cuando menos de forma
transitoria, pues nada se dijo en la tutela con relación a una situación de riesgo o
urgencia que deba ser atendida en esa esta de forma excepcional, y según lo
informado por la Alcaldía Municipal de esta ciudad, ni siquiera se tienen planes de
iniciar cobros coactivos en contra de los copropietarios, a corto ni mediano plazo
[…]”.
La impugnación
20. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sala de Decisión Oral
Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta, al considerar lo siguiente:
“[…] Como primer mecanismo ordinario de defensa dentro del proceso de acción
popular, el Tribunal indicó que mis poderdantes tenían la posibilidad de proponer
una nulidad procesal a la luz de la causal detallada en el numeral octavo del art.
133 del CGP, que indica […]”.
[…]
“[…] Aunque el Despacho cita textualmente el texto de dicha causal, omite referirse
a la forma en la que dichas nulidades deben proponerse, especialmente de cara a
la solicitud en tal sentido derivada de la sentencia proferida en un proceso judicial
[…]”.
[…]
“[…] Contrario a lo expuesto por el despacho, no es el incidente de nulidad el
medio previsto en la ley para controvertir una nulidad originada en la sentencia,
pues tal mecanismo recae, por su especialidad, en el recurso extraordinario de
revisión de que tratan los artículos 248 y siguientes del CPACA.
Tal y como se expuso en la solicitud de amparo, dicho recurso extraordinario no
era procedente en el momento en el que mis poderdantes tuvieron conocimiento de
la existencia del proceso de acción popular, esto es, en el curso del mes de
diciembre de 2021 (época en la que el Municipio de Villavicencio emitió las
respectivas citaciones para notificación personal del Decreto 1000-24/364 del 08 de
noviembre de 2021). Preliminarmente, se destaca que el despacho omite referirse
a la forma en la que las nulidades (y puntualmente la causal octava que se cita)
pueden proponerse conforme al artículo 134 del CGP […]”.
[…]
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“[…] La citada causal es aquella a la que hace referencia el despacho, por lo que
es la norma pertinente para decidir sobre el asunto que se pone de presente. A la
luz de lo anterior, teniendo en cuenta que no era del caso proponer la nulidad “en la
diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia”, la manera
en que ello debía hacerse en últimas habría sido el recurso de revisión, en los
términos arriba resaltados.
Aclarado lo anterior, se debe reiterar lo expuesto en el escrito de acción de tutela
presentado: pese a ser este remedio procesal procedente, el recurso de revisión
cuenta con un término de caducidad de un (1) año durante el cual podrá ser
interpuesto, conforme al artículo 251 del CPACA (aplicable por ser la norma
especial en materia contencioso administrativa) […]”.
[…]
“[…] De cara a este argumento, se debe recalcar que dichas acciones judiciales
(nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho) tampoco son eficaces
para la protección de los derechos fundamentales vulnerados en el caso presente.
Si bien es cierto que el acto administrativo proferido por el Municipio de
Villavicencio es pasible de ser demandado en ejercicio de los medios de control
citados, ello no generaría una protección del debido proceso de mis mandantes,
pues no se pueden confundir las dos actuaciones concurrentes que aquí se
debaten: la judicial y la administrativa.
Como se detalló en el escrito de tutela, la vulneración del debido proceso de
mis mandantes surgió de la pretermisión en la notificación o vinculación de
éstos al proceso judicial de acción popular. Dicha omisión impidió que los
copropietarios del centro comercial pudiesen exponer sus argumentos frente
al criterio adoptado por el despacho, conforme al cual la obligación del pago
del valor de las áreas de cesión tiene carácter propter rem (el cual no es del
caso entrar a analizar en este momento), postura que es la fuente esencial de
la litis que aquí se describe. Así las cosas, el ejercicio de los medios de control
de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho únicamente resultaría,
eventualmente, en la anulación del Decreto 1000-24/364 de 2021, pero no
eliminaría de raíz el origen de la vulneración que aquí se alega. No se olvide que
una cosa es la providencia del fallo de la acción popular, y otra es el acto
administrativo a través del cual el Municipio de Villavicencio pretende cumplir con la
orden judicial y hacer exigible el pago de las zonas de cesión del Centro Comercial
[…]”.
[…]
“[…] Si bien es cierto que el Centro Comercial Unicentro participó a través de su
representante legal en la diligencia de inspección judicial a la que hace referencia
el Municipio de Villavicencio y el a quo, ello no quiere decir que el representante
legal de la Copropiedad también fuese el representante legal de las personas que
aquí fungen como accionantes. Así mismo, la condición de participar en una
diligencia judicial o atenderla no implica su calidad de parte, ni mucho menos, se
debe pretender con esta, suplir la carga del operador judicial de vincular o notificar.
Es absolutamente claro que la propiedad horizontal del Centro Comercial Unicentro
de Villavicencio (como bien lo rescata el despacho a partir de la constancia
transcrita en tal sentido a pág. 10) es una persona jurídica distinta y autónoma de
los copropietarios (personas naturales y jurídicas) de las unidades inmobiliarias que
la conforman. Lo anterior se deprende claramente de los artículos 4 y 32 de la Ley
675 de 2001 […]”. (Resaltado por la Sala)
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la legitimación en la causa por pasiva
23. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[6]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
26. La Sala advierte que el Municipio de Villavicencio, la Secretaría de Control
Físico de la Alcaldía de Villavicencio y la Secretaría de Infraestructura de la
Alcaldía de Villavicencio solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
27. Al respecto, es preciso indicar que dichas entidades fueron parte
demandada e intervinientes dentro de la acción popular identificada con el número
único de radicación 500013331007201000275-00, razón por la cual, la Sala
advierte que a dichas entidades les asiste interés en el resultado del proceso de la
referencia.
28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, al Municipio de
Villavicencio, a la Secretaría de Control Físico de la Alcaldía de Villavicencio y a la
Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Villavicencio les asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.
29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Municipio de
Villavicencio, la Secretaría de Control Físico de la Alcaldía de Villavicencio y la
Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Villavicencio.
6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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De la coadyuvancia
30. La Sala encuentra que Fabega S.A.S, Inversiones y Construcciones Nasa
S.A.S., Nicolas Espinel Sánchez, Yenid Omaira Jiménez Martínez, Liliana
Sánchez Gómez, Arley Sánchez Gómez, Jairo Benito Peralta, Capital Investment
Group, Orlando Alfonso Martín Herrera, Dora Luisa Tirado Fandiño, Sandra
Patricia Vélez Cardona, Diana María Castillo Marín, Clara Patricia González
Cuartas y María Antonia González Posada manifestaron coadyuvar la acción de
tutela de la referencia.
31. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del
artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia […]”7.
32. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente8:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar,
siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un
interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho
la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el
amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de
7 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
8 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia
judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva
una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los
derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en
las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los
derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para
hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su
competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica,
autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una
medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los
defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que
otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una
acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos
debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las
controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en
relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y
derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la acción
constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala)
33. En este sentido, Fabega S.A.S, Inversiones y Construcciones Nasa S.A.S.,
Nicolas Espinel Sánchez, Yenid Omaira Jiménez Martínez, Liliana Sánchez
Gómez, Arley Sánchez Gómez, Jairo Benito Peralta, Capital Investment Group,
Orlando Alfonso Martín Herrera, Dora Luisa Tirado Fandiño, Sandra Patricia Vélez
Cardona, Diana María Castillo Marín, Clara Patricia González Cuartas y María
Antonia González Posada están legitimados para intervenir como coadyuvantes
de lo pretendido por la parte actora.
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente
si se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.
35. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
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derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv)
resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
36. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
37. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
38. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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trate de tutela contra tutela.
39. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos
parámetros.
40. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
41. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto
42. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 200514,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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43. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 15,
indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario
para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo
que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
44. Asimismo, esta Sección16 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201317, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite18; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios19; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”20”.21
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
45. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista
15 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
19 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado22:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional
para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala
insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad
administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin
embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente
cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
46. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
47. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
22 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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Núm. único de radicación: 500012333000202200074-01
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
51. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
23 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
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lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela y en el escrito de impugnación.
Acervo y análisis probatorios
52. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
48.1. Copia digital del proceso de la acción popular identificada con el número
único de radicación 500013331007201000275-00.
Solución del caso concreto
53. La Sala advierte que, pese a que los actores alegaron expresamente la
configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la
causal de violación directa de la Constitución y un defecto procedimental absoluto,
lo cierto es que, de sus argumentos, se observa que los dos primeros se
subsumen en un defecto procedimental absoluto, el cual se sustentó en los
siguientes términos:
“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, fue solo con la notificación del Decreto
1000- 24/364 del ocho (8) de noviembre de 2021, realizada en el transcurso del
mes de diciembre de 2021, que mis poderdantes conocieron que se les
impuso una obligación a través del citado fallo de acción popular, ejecutoriado
el diez (10) de febrero de 2020, sin haber sido vinculados en etapa alguna del
proceso judicial […]”.
[…]
“[…] A la luz de lo anterior, es palmaria la trascendencia de este error
procedimental en el fallo de instancia. Si los aquí accionantes hubiesen sido
citados por la juez de instancia, habrían tenido la posibilidad de ser escuchados y
de exponer las razones por las que no tienen la obligación de asumir la carga
económica de las áreas de cesión obligatoria, argumentos que, de haber sido
tenidos en cuenta, habrían variado sustancialmente el sentido de la sentencia que
aquí se ataca. Por todo lo anterior, se deduce que la irregularidad procesal sí
conllevó a que se considerara y resolviera lo dispuesto en el fallo de la acción
popular, de manera que tuvo un efecto determinante y decisivo en él y generó que
se vulneraran los derechos fundamentales de audiencia, contradicción y al debido
proceso en cabeza de los copropietarios del Centro Comercial Unicentro de
Villavicencio […]”.
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[…]
“[…] (i) El desconocimiento del precedente que se evidencia con la expedición
de la providencia del diez (10) de febrero de 2020, en la medida en que se
imponen obligaciones a personas que no fueron vinculadas al proceso al
fallarse en sede de Acción Popular. Esta circunstancia se aparta totalmente de lo
fijado por la Corte Constitucional en revisión de un fallo de tutela expedido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, como se profundizará en el acápite
correspondiente.
(ii) El defecto procedimental absoluto que se vio configurado en la providencia del
diez (10) de febrero de 2020, al imponer obligaciones a personas que no fueron
vinculadas en ninguna etapa del proceso ni tuvieron conocimiento sobre el
mismo, vulnerando de manera flagrante el derecho al debido proceso y el derecho
de defensa y contradicción.
(iii) La violación directa a la Constitución por parte de la providencia del diez (10) de
febrero de 2020, a raíz de la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso de mis representados, habida cuenta de su calidad de derecho de
aplicación inmediata, como bien lo señala el artículo 85 de la Constitución Política
[…]”. (Resaltado por la Sala)
54. Al respecto, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se cumple o
no con el requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela en
relación con la falta de notificación de la acción popular identificada con el
número único de radicación 500013331007201000275-00 que alegaron los
actores, pese a que, a su juicio, les asistía interés en el proceso de la referencia.
55. La Sala precisa que, como lo advirtieron los actores en el escrito de
impugnación, “[…] la fuente esencial de la litis […]” es su falta de notificación
respecto del proceso mencionado supra, en relación con lo cual la Sala centrará
su análisis.
56. Sobre el particular, con el fin de establecer si el reparo propuesto por los
actores se encuadra en alguna de las causales de nulidad previstas por la ley, es
preciso advertir que este aspecto no se encuentra regulado en la Ley 472 de 5 de
agosto de 199824, razón por la cual, de conformidad con el artículo 44 de dicha ley,
sobre los aspectos no regulados, en este caso, es necesario remitirse al Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular,
al artículo 208, que para tal efecto dispone lo siguiente:
24 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio
de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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“[…] ARTÍCULO 208. NULIDADES. Serán causales de nulidad en todos los
procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como
incidente […]”.
57. En ese orden de ideas, el numeral 8.° del artículo 133 del Código General
del Proceso, sobre las causales de nulidad, establece que:
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos […]”.
[…]
“[…] 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado […]”.
58. De conformidad con lo expuesto supra, es evidente que el juez
constitucional no es el competente para determinar si en el trámite de la acción
popular se incurrió en la irregularidad alegada por los actores, debido a que su
análisis corresponde al juez natural a instancias del incidente de nulidad.
59. Frente al argumento planteado por los actores relacionado con que el A
quo omitió tener en cuenta el inciso 2.° del artículo 134 del Código General del
Proceso, que establece que “[…] La nulidad por indebida representación o falta
de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia
contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de
entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso
de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades
[…]”, la Sala advierte que para tal efecto el inciso 1.° de la misma norma dispone
que “[…] Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de
que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella […]”, es
decir, que lo dispuesto en el inciso 2.° hace referencia a otras formas de alegar la
nulidad, precisamente de ahí el uso de las palabras “[…] podrá también […]”.
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60. Al respecto, esta Corporación25 en otras oportunidades ha señalado lo
siguiente:
“[…] En el presente asunto, la Sociedad RH Ingeniería y Construcción reprocha la
providencia del 27 de mayo de 2021 mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por ECOPETROL contra la DIAN,
encaminada a obtener la nulidad de los actos de determinación de la contribución
por contratos de obra pública suscritos en 2007 y 2008.
Manifiesta, en síntesis, que con dicha providencia se quebrantó su derecho al
debido proceso y los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica pues,
por un lado, dicha sociedad no fue vinculada al contradictorio pese a tener interés
legítimo para comparecer al proceso como contratista de ECOPETROL para la
época de los hechos analizados y porque, por otra parte, se sustentó en un cambio
jurisprudencial que se produjo después de suscritos los contratos.
En este contexto, la Sala coincide con la Sección Quinta de esta corporación que
en la sentencia de primera instancia declaró la improcedencia de la presente
acción de tutela, toda vez que la sociedad accionante cuenta con otros
mecanismos ordinarios de defensa para ventilar las inconformidades que hoy
expone, si se tiene en cuenta que el artículo 133 del CGP dispone, en su
numeral 8, que el proceso es nulo, todo o en parte, cuando “(…) no se practica
en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no
se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado (…)”.
Asimismo, los artículos 134 y 135 ibidem señalan que las nulidades podrán
alegarse por la parte afectada en cualquiera de las instancias antes de que se dicte
sentencia o con posterioridad a esta si ocurrieron en ella y que la nulidad por
indebida notificación en legal forma podrá alegarse, también como excepción en
la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión si no pudo hacerlo en
las mencionadas oportunidades […]”. (Resaltado por la Sala)
61. En ese sentido, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, en la medida que los actores tienen un mecanismo
judicial como lo es el incidente de nulidad, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, por medio del cual pueden plantear la presunta falta de
notificación de la acción popular identificada con el número único de radicación
500013331007201000275-00. En esa medida, la Sala confirmará la decisión de
25Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda,
sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-05535-01, C.P.
Gabriel Valbuena Hernández. También ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Subsección A de la Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
11001-03-15-000-2021-05537-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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declarar la improcedencia de la tutela, como se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
62. Finalmente, la Sala precisa que, frente a la pretensión núm. 4 que
propusieron los actores en el escrito de tutela relacionado con que se “[…]
declare de forma expresa el decaimiento del Decreto 1000-24/364 de 2021
expedido por la Alcaldía Municipal de Villavicencio […]”, la Sala advierte que esto
depende de la prosperidad de las demás pretensiones que señalaron los
tutelantes, esto es, de que se deje sin efectos la sentencia de 10 de febrero de
2020, frente a lo cual, como se expuso supra, la acción de tutela es
improcedente.
63. En ese orden de ideas, en lo que concierne a dicha pretensión, la Sala
advierte que su análisis le corresponde al juez natural a instancias del incidente
de nulidad. En todo caso, la Sala precisa que, si a juicio del actor, dicho acto
administrativo presenta alguna irregularidad, cuenta con los medios de control
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, previo al cumplimiento de los requisitos legales.
Análisis del perjuicio irremediable
64. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
65. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”27[…]”.
66. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los
actores se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
67. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
68. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
19 de abril de 2022 proferida por la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal
Administrativo del Meta, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Municipio de Villavicencio, la Secretaría de
27 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Control Físico de la Alcaldía de Villavicencio y la Secretaría de Infraestructura de
la Alcaldía de Villavicencio, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER como coadyuvantes a Fabega S.A.S, Inversiones y
Construcciones Nasa S.A.S., Nicolas Espinel Sánchez, Yenid Omaira Jiménez
Martínez, Liliana Sánchez Gómez, Arley Sánchez Gómez, Jairo Benito Peralta,
Capital Investment Group, Orlando Alfonso Martín Herrera, Dora Luisa Tirado
Fandiño, Sandra Patricia Vélez Cardona, Diana María Castillo Marín, Clara
Patricia González Cuartas y María Antonia González Posada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de abril de 2022 proferida
por la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Actores: Copropietarios del Centro Comercial Unicentro de Villavicencio
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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