Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2022-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2022-00107-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2022-00107-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
23 de junio de 2022
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Demandante: LUIS RAMIRO CHINCHILLÁ ARAÚJO
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL VILLAVICENCIO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca para
amparar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 31 de mayo de 2022, por medio de la cual la Sala de Decisión
Oral Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por no cumplir con i) lo relacionado con el agotamiento de
todos los medios de defensa al alcance del afectado y, ii) que se hubiera
alegado la vulneración de los derechos incoados, en el proceso judicial, siempre
que eso hubiera sido posible.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito con anotación de radicación y reparto en el aplicativo Samai
del 11 de mayo de 2022, el señor Luis Ramiro Chinchillá Araujo, en nombre
propio, ejerció acción de tutela en contra del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial Villavicencio, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión
de la providencia dictada en la audiencia inicial del 1° de febrero de 2022, con la
cual la autoridad judicial demandada adoptó como medida de saneamiento
desvincular a la sociedad Positiva Compañía de Seguros S. A. y proseguir el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, pero solo en
contra de la Procuraduría General de la Nación, el cual se identifica con el
radicado 50001-33-33-006-2018-00331-00.
El accionante también cuestionó la «negación» de su recurso de apelación que
presentó en subsidio del recurso de reposición en contra de la anterior decisión.
En consecuencia, la parte demandante pretende:
«1. Se tutelen mis derechos fundamentales aquí reclamados y como
consecuencia de esta decisión se disponga:
2. – Que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación del fallo que ponga fin a esta acción constitucional, se
deje sin valor y efecto la decisión adoptada por el juzgado aquí acciona (sic) en
la audiencia del pasado 1 de febrero del cursante año, dentro de la actuación del
control de legalidad, en relación con la demanda ARL POSITIVA y en
consecuencia:
2.1.- Se ordene conceder el recurso de apelación interpuesto en contra del auto
dictado en audiencia del 1 de febrero de 2022, y que resolvió excluir y/o rechazar
la demanda en contra de ARL POSITIVA, después de estar trabada la respectiva
Litis.
2.2.- Se ordene mantener como sujeto pasivo a la compañía de seguros ARL
POSITIVA, tal cual se encontraba y en el estado actual, es decir, con su
contestación de demanda y negación del medio de defensa propuesto.»
..»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
El accionante sostuvo que es funcionario de la Procuraduría General de la
Nación desde el 1° de diciembre de 1984.
Indicó que presentó incapacidades médicas por sufrir una enfermedad de
origen laboral, desde el 17 de abril de 2009 hasta el mes de agosto de 2021, las
cuales ha tenido que exigir por tutela, en razón del incumplimiento de la entidad
empleadora y de su ARL Positiva Compañía de Seguros S. A.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Señaló que el «13 de agosto de 2013 (sic)» 1 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación
y la ARL Positiva Compañía de Seguros S. A., puesto que desde el año 2010
ninguna de las mencionadas entidades le había efectuado el pago de sus
prestaciones sociales e incapacidades.
Refirió que sus pretensiones en dicha demanda consistieron en lo siguiente:
i) Respecto de la Procuraduría General de la Nación: que se declarara la
nulidad total del acto ficto o presunto que resultó de la reclamación
administrativa de acreencias laborales, enviado el 15 de noviembre de 2017,
con guía 70015883416 y, a título de restablecimiento se ordenara el pago de las
acreencias laborales: cesantías, intereses sobre las mismas, vacaciones,
primas, aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, ajuste salarial, entre
otros.
ii) Frente a la ARL Positiva Compañía de Seguros S. A.: que se declarara la
nulidad de las comunicaciones del 20 de febrero y 15 de marzo de 2018,
mediante las cuales se negó el pago de incapacidades y a título de
restablecimiento del derecho se le indemnice por pérdida de su capacidad
laboral y se le paguen todas las incapacidades desde el 18 de abril de 2015 a la
fecha.
iii) Se condene en costas y agencias en derecho.
Precisó que dicho expediente se identificó con el radicado 50001-33-33-006-
2018-00331-00, y su conocimiento en primera instancia correspondió al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio.
Agregó que mediante auto del «182 de diciembre de 2018 (sic)», dicho
despacho judicial resolvió de la siguiente manera:
a) Admitió la demanda en contra de la «PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS (sic)» y dispuso la notificación
de ambas entidades.
b) Rechazó la demanda frente a la pretensión de nulidad de las comunicaciones
del 20 de febrero y del 15 de marzo de 2018, expedidas por dicha sociedad de
seguros, pues no correspondían a actos administrativos.
1
De conformidad con los datos registrados en el aplicativo de consulta de procesos de la
página web de la Rama Judicial, se advierte lo siguiente: «13 Aug 2018 RADICACIÓN DE
PROCESO ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 13/08/2018 A LAS
11:42:13 13 Aug 2018 …»
2
Es 13.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Señaló que, mediante providencia del 18 de noviembre de 2019 se tuvo por
contestada la demanda por parte de ambas entidades y se dispuso correr
traslado de las excepciones propuestas.
Hizo referencia a que, al resolver las excepciones presentadas por las
demandadas con el auto del 24 de mayo de 2021, el despacho judicial declaró
no probada la excepción propuesta por la aludida compañía de «ineptitud de la
demanda por indebida escogencia del medio de control», basado en la figura
del «fuero de atracción» como factor de conexión.
Añadió que, ya en audiencia inicial celebrada el 1° de febrero de 2022, en la
etapa de saneamiento, el despacho judicial dispuso excluir a la ARL, por no
existir actos administrativos sujetos de anulación por parte de esa entidad, de la
siguiente manera:
«El Despacho sí advierte de manera oficiosa una situación que amerita adoptar
una medida de saneamiento, por cuanto encuentra que en el auto de fecha 13
de diciembre de 2018, en el numeral primero de la parte resolutiva se resolvió
rechazar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
relación a la pretensión de nulidad de las comunicaciones del 20 de febrero y 15
de marzo de 2018, emanada de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en
tanto que consideró que no obedecen a actos administrativos, empero, la admitió
además de la Procuraduría General de la Nación contra la misma POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., cuando solo se debía admitir frente a la
Procuraduría, y además por error, también se incluyó el nombre de un
demandante que no corresponde a este proceso.
De otro lado, se advierte que, dentro de los actos acusados, en sede
administrativa no se discutió el tema de reajuste de la indemnización.
Por lo tanto, de persistir el referido error, se podía generar una sentencia
inhibitoria, dado que de continuar la actuación contra POSITIVA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A., al momento de dictar el fallo se verificaría la inexistencia de
actos enjuiciados frente a esa entidad.»
Afirmó que en dicha diligencia la autoridad judicial acusada, adoptó la siguiente
medida de saneamiento:
«Primero: Corregir el auto de fecha 13 de diciembre de 2018, en cuanto al
Segundo Numeral Primero de la parte resolutiva, y se decide ADMITIR la
demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada a través de
apoderado judicial por el señor LUIS RAMIRO CHICHILLA ARAUJO contra la
NACION PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, el acto ficto o presunto
que resultó de la reclamación administrativa de acreencias laborales enviada el
15 de noviembre de 2017 y recibida el 20 del mismo mes y año, por las razones
dadas.
Segundo: Suprimir el literal 2 del numeral segundo de la parte resolutiva del auto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
del 13 de diciembre de 2018, que ordenó notificar al representante legal de
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por las razones dadas.
Tercero: En consecuencia la firma POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,
queda desvinculada de este proceso y el mismo se continuará solo frente a la
NACION-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.»
Manifestó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación en
contra de la anterior decisión, pero el Juzgado acusado no repuso y negó la
alzada, por los siguientes motivos:
«El Despacho NO REPONE el auto recurrido, porque la decisión que se tomó de
rechazar la demanda contra las comunicaciones expedidas por Positiva
Compañía de Seguros S.A. se tomó mediante auto del 13 de diciembre de 2018
(folios 131 y 132) y quedó en firme; en consecuencia, el recurso interpuesto es
extemporáneo.
La medida de saneamiento que se adoptó en esta audiencia, consiste
precisamente en admitir la demanda solo contra la NACIÓN – PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, porque no tiene sentido continuar el proceso contra
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS cuando se rechazó la demanda contra las
comunicaciones expedidas por esta.
Además, en las peticiones presentadas ante esa entidad no se solicitó el
reajuste de la indemnización que se pretenden en el sub lite y no hay ningún
acto administrativo que trate sobre ese tema.
De otra parte, el Despacho decide negar el recurso de apelación que nos ocupa,
debido a que el auto impugnado no es susceptible del mismo; de acuerdo con el
artículo 243 y 243 A de la ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A., modificado y
adicionado, respectivamente, por los artículos 62 y 63 de la ley 2080 de 2021.
Igualmente, aclara que contra la presente decisión no procede ningún recurso;
de acuerdo con el artículo 243A, numeral 4 de la ley 1437 de 2011 – C.P.A.C.A.,
adicionado por el artículo 63 de la ley 2080 de 2021.» (subrayados fuera del
texto original)
3. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:
3.1. Defecto procedimental
Indicó que se le cercenó su derecho de acceso a la administración de justicia
puesto que no se le concedió el recurso de apelación interpuesto en contra de
la medida de saneamiento adoptada por la autoridad judicial acusada de excluir
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
a la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.
Consideró que la decisión de desvincular como parte pasiva a la mencionada
ARL se traduce como su rechazo; de manera que, sí era procedente el recurso
de apelación presentado.
Mencionó que se configura un defecto de tal naturaleza con la inaplicabilidad de
la figura conocida como «fuero de atracción» que permite la vinculación de
particulares a través de los diferentes medios de control ante la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Destacó que es contradictorio que ese mismo despacho judicial de manera
previa a la audiencia inicial, al resolver las excepciones presentadas por las
demandadas, haya denegado la de ineptitud de la demanda por indebida
escogencia del medio de control de dicha compañía con fundamento en el
«fuero de atracción».
Adujo que «…si lo que quiso el Juzgado aquí accionado fue corregir la
imprecisión o error que evidencia el auto del pasado 13 de diciembre de 2018
(auto de admisión e inadmisión de la demanda), debió nulitarlo en su integridad
por la contradicción que trae implícita, y proferir una nueva decisión de admisión
y/o rechazo de la demanda para que hubiese seguridad jurídica de los sujetos
procesales, pero no valerse de la figura jurídica del control de legalidad para…»
desconocer sus derechos fundamentales.
3.2. Desconocimiento del precedente
Señaló que el precedente corresponde al conjunto de sentencias previas al
caso que habrá de resolver y que por su pertinencia necesariamente debe ser
atendida por la autoridad judicial.
Expuso que «…basta con tener presente tanto los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, Consejo de Estado; sobre la figura jurídica del fuero de atracción
en personas naturales o jurídicas particulares ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.»
4. Trámite en primera instancia
Mediante providencia del 12 de mayo de 2022, la Sala de Decisión Oral Cuatro
del Tribunal Administrativo del Meta admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, dispuso la notificación del Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Villavicencio, en calidad de demandado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Asimismo, ordenó la vinculación de la Procuraduría General de la Nación, de la
ARL Positiva Compañía de Seguros S.A. y a las demás partes e intervinientes
dentro del proceso «No. 50001333006 2018 00331 00».
5. Contestaciones
5.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio
La autoridad judicial demandada se opuso a la prosperidad de la solicitud de
tutela, al considerar que resulta improcedente porque no se ha demostrado
ninguna de las causales especiales que habilitan el amparo contra providencia
judicial. Además, tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Hizo referencia a las actuaciones surtidas en el proceso ordinario, para destacar
que contra la providencia del 13 de diciembre de 2018 –admisorio y rechazo- el
actor no presentó recurso alguno.
Expuso que, si bien en tal proveído se incurrió en un «error involuntario» al
rechazarse la demanda en contra de la compañía de seguros, pero ordenar su
notificación, en la audiencia inicial se constató de tal falencia y en la etapa de
saneamiento se procedió a su corrección con la exclusión de dicha sociedad.
Agregó que el apoderado de la parte demandante presentó recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, pero sus argumentos no iban dirigidos
a refutar la medida de saneamiento, sino el rechazo de la demanda en contra
de ARL Positiva, motivo por el que el despacho se atuvo a lo decidido el 13 de
diciembre de 2018, en firme por ausencia de recurso de las partes; por lo que,
consideró que tal reproche era extemporáneo.
5.2. Procuraduría General de la Nación
Esta autoridad hizo referencia a la autonomía judicial y al acatamiento de tales
pronunciamientos, para resaltar que lo cuestionado recae en las decisiones del
despacho acusado.
Mencionó que la entidad actuó dentro del trámite jurisdiccional objeto de la
acción impetrada como una parte procesal más, por lo que, no tiene injerencia
alguna en las decisiones libres, autónomas y de fondo que el órgano
jurisdiccional tutelado haya proferido y deba proferir después de que se surtió la
ritualidad procesal correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Refirió que, sin perjuicio de lo anterior, mencionó que efectivamente la
jurisprudencia del Consejo de Estado3 ha señalado que el fuero de atracción se
constituye o configura a partir de que los reproches o cargos formulados contra
la autoridad o entidad pública y contra la persona privada orbiten sobre los
mismos hechos.
Precisó que en cuanto se atienen a la decisión que sobre el eventual fuero de
atracción dentro del pleito objeto de esta acción constitucional se disponga a
bien adoptar.
5.3. Positiva Compañía de Seguros S.A.
Esta entidad hizo referencia a su falta de legitimación en la causa por pasiva,
por lo que, solicitó su desvinculación, ya que lo cuestionado corresponde es al
Juzgado demandado.
Manifestó que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad porque el
accionante cuenta con otros medios de defensa propios del proceso ordinario,
sin precisar cuál.
Mencionó que, el actor es un usuario activo de la ARL, quien el 9 de marzo de
2008 registró una afectación de salud, la cual fue calificada por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez con un 19.35% de pérdida de calificación
laboral, desde el 23 de diciembre de 2019.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de mayo de 2022, la Sala de Decisión Oral Cuatro
del Tribunal Administrativo del Meta declaró la improcedencia de la acción de
tutela, por los siguientes motivos:
Hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario promovido
por el accionante, para indicar que no cumplió con dos de los presupuestos
generales de procedencia de la acción en contra de providencia judicial, esto
es: i) lo relacionado con el agotamiento de todos los medios de defensa al
alcance del afectado y, ii) que se hubiera alegado la vulneración de los
derechos incoados, en el proceso judicial, siempre que eso hubiera sido
posible.
3
Citó: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del
magistrado José Roberto Sáchica Méndez, Rad. 25000-2326-000-2007-00333-01 (50433),
demandante Edul Jairo Rubiano Barrero, demandado IDU, en sentencia del veinte (20) de
noviembre de 2020, trayendo a colación la línea recogida por el propio Consejo de Estado en
Auto del 1° de julio de 2020, Rad. 25000-2326-000- 2010-00966-01 (52337), magistrada Marta
Nubia Velásquez Rico, actor Juan Pablo Ariza Marín, demandado SENA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Precisó que, en relación con la negación de la alzada el accionante contaba con
el recurso de queja, contemplado en el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo),
cuyo tenor literal prevé «este recurso se interpondrá ante el superior cuando no
se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se
conceda, de ser procedente».
Añadió que, esa herramienta que estaba a disposición del accionante, no fue
utilizada por el interesado, quien pretende conjurar su omisión a través de esta
vía excepcional que exige aún más diligencia cuando se trata de controvertir
determinaciones judiciales, valga decirlo, por la autonomía y presunción de
acierto que rigen las decisiones de los jueces.
Agregó que, similar suerte es la que ocurre con la medida de saneamiento,
pues itérese que una de las condiciones que envuelve la apertura del análisis
de fondo sobre las cuestiones inherentes a las determinaciones judiciales por
tutela es que «la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.»
Señaló que, el actor no ventiló su inconformidad con la integración del
contradictorio, en cada una de las oportunidades con las que contó para ello,
pues nótese que desde el auto admisorio de la demanda proferido el 13 de
diciembre de 2018, se había impuesto por parte del juzgado demandado, la
exclusión de la litis de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., sin embargo,
nada se dijo con relación a esa orden, en tanto que el tutelante no promovió
ningún recurso ni solicitud alguna en contra de tal determinación.
Advirtió que, al margen de que compartiera o no la medida adoptada por la
sede acusada, no deja de ser cierto que se incurrió en una imprecisión en lo
que atañe a la vinculación de la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., que
ante el silencio de las partes, debía ser subsanada por el juez, como director del
proceso, a fin de evitar vicios que impidieran el desarrollo normal del juicio.
Concluyó que, el demandante sí contó con oportunidades y herramientas para
controvertir el criterio que acusa de violatorio de garantías en esta instancia
subsidiaria, por lo que, declaró la improcedencia del amparo, ante la
inobservancia de los mentados supuestos generales que habilitan el estudio de
la tutela en contra de la providencia judicial dictada en la audiencia del 1° de
febrero último.
7. Impugnación
Mediante escrito oportunamente allegado por vía electrónica el 2 de junio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
2022, la parte accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia, por lo siguiente:
Sostuvo que, si bien el control de legalidad es una figura para corregir yerros
hasta el momento presumiblemente cometidos, esta no puede desequilibrar la
balanza del derecho y violar su garantía constitucional al debido proceso.
Refirió que el auto del 13 de diciembre de 2018 implicó dos situaciones: una de
rechazo y otra de admisión y, posteriormente aceptó la contestación de la
demanda por ambas entidades en cuestión y declaró no probada la excepción
propuesta por la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A.; por lo que, cualquier
irregularidad quedó convalidad con la participación de la aseguradora.
Adujo que «si lo que pretendía el control de legalidad era corregir cualquier
yerro, hasta el momento acaecido, por qué no le dio aplicabilidad al artículo 138
del C.G.P., como era la obligación del administrador de justicia aquí
cuestionado; es decir, haber remitido la demanda en contra de la ARL
POSITIVA, al juez que él considera ser competente.»
Mencionó que, por otra parte, ante esa dualidad admisión y rechazo, si lo
pretendido era corregir esos presuntos yerros debió decretar la nulidad de todo
lo actuado y admitir la demanda en su entender, pero no utilizar la figura del
control de legalidad para adoptar una decisión «abiertamente grosera y
contraria a la Ley.
Indicó que el juez constitucional de primera instancia avaló el quebrantamiento
de sus derechos fundamentales, bajo el argumento de que no agotó los
recursos ordinarios, por no presentar «reposición y subsidiariamente súplica
(sic)», con lo cual se dejó de lado lo sustancial y se dio paso a lo
«procedimental (sic)».
Señaló que es cierto que no se presentó la «súplica, ante la necedad del juez
accionado dentro del proceso de nulidad»; pero es notoria y grosera su decisión
porque si en su entender, que para él es equivocado «…no era susceptible de
demanda la ARL POSITIVA, en la jurisdicción administrativa; era deber y
obligación del juez, como director del proceso, remitir el mismo al que
considerara ser competente, acto que no hizo generando así la negación de
justicia.»
Cuestionó que el juez acusado, al no proceder con la remisión al competente
del asunto que demandó respecto de la compañía de seguros, dejara en el
limbo lo reclamado respecto de unas incapacidades causadas y no pagadas, lo
cual no valoró el a quo constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19914, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Cuestión previa
La sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. solicitó su desvinculación.
No obstante, la Sala negará tal petición puesto que su vinculación la efectuó el
a quo en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso, mas no
como demandada.
Ello, pues de los fundamentos fácticos del escrito de tutela y de las pruebas
aportadas, se advierte que resulta pertinente su intervención en esta acción de
tutela.
3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia se cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, así como los demás requisitos generales de procedencia y, de
ser así, si el Tribunal demandado vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora con la providencia demandada que en la
audiencia inicial, como medida de saneamiento del proceso, decidió desvincular
a la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A. y por no conceder el recurso
de apelación presentado subsidiariamente en contra de dicha decisión.
4. Caso concreto
La parte actora demandó específicamente la providencia dictada en la
audiencia inicial del 1° de febrero de 2022, con la cual el Juzgado Sexto
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Administrativo del Circuito Judicial Villavicencio adoptó como medida de
saneamiento desvincular a la sociedad Positiva Compañía de Seguros S. A. y
proseguir el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió,
pero solo en contra de la Procuraduría General de la Nación. A su vez, el
accionante también cuestionó la «negación» de su recurso de apelación que
presentó en subsidio del recurso de reposición en contra de la anterior decisión.
El a quo declaró la improcedencia al considerar que la acción de tutela, a partir
de los dos presupuestos, a saber:
a) Lo relacionado con el agotamiento de todos los medios de defensa al alcance
del afectado, pues la defensa del actor en el proceso ordinario no presentó el
recurso de queja, ante la decisión de «negar el recurso de apelación»
(subsidiariedad).
b) Que se hubiera alegado en el expediente judicial la vulneración de los
derechos incoados, siempre que eso hubiera sido posible, ya que el interesado
no ventiló su inconformidad con la integración del contradictorio, en cada una de
las oportunidades con las que contó para ello, pues desde la admisión se
dispuso la exclusión de dicha compañía, sin embargo, nada dijo en relación con
esa orden, ni promovió recurso o alguna solicitud relacionada.
La parte actora impugnó, por similares argumentos, salvo lo relacionado con el
deber del juez acusado de remitir al competente lo relacionado con el reclamo
para el pago de sus incapacidades causadas y no canceladas ante la
mencionada compañía de seguros, así:
«…si lo que pretendía el control de legalidad era corregir cualquier yerro, hasta
el momento acaecido, por qué no le dio aplicabilidad al artículo 138 del C.G.P.,
como era la obligación del administrador de justicia aquí cuestionado; es decir,
haber remitido la demanda en contra de la ARL POSITIVA, al juez que él
considera ser competente.
…
…no era susceptible de demanda la ARL POSITIVA, en la jurisdicción
administrativa; era deber y obligación del juez, como director del proceso,
remitir el mismo al que considerara ser competente, acto que no hizo
generando así la negación de justicia.»
En efecto, en la impugnación se observa que el actor planteó la falta de
remisión al competente del asunto relacionado con las incapacidades causadas
y no pagadas, el cual se considera un nuevo planteamiento, sobre el cual la
Sala se abstiene de efectuar pronunciamiento alguno, en aras de no transgredir
los derechos de la contraparte y los demás intervinientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Ahora bien, en lo particular, se advierte que el demandante sustentó su acción
de tutela y su impugnación en dos asuntos diferenciables, a saber:
i) La decisión que se adoptó en la audiencia inicial como medida de
saneamiento que conllevó a la desvinculación de Positiva Compañía de
Seguros S.A. del proceso ordinario a partir de la corrección del auto del 13 de
diciembre de 2018, en cuanto a que admitió la demanda en su contra, la
supresión de la orden de notificarla y su consecuente desvinculación del
proceso ordinario.
ii) La negativa del recurso de apelación que presentó de manera subsidiaria al
de reposición en contra de la mencionada decisión.
Específicamente, el actor alegó un defecto procedimental y el desconocimiento
del precedente, puesto que, a su juicio, el juez ordinario, en primera instancia,
adoptó tal decisión de saneamiento, pese a que dictó providencias que
posteriormente avalaron la intervención de dicha compañía en virtud del fuero
de atracción, tal y como aconteció en la providencia del 24 de mayo de 2021,
con la cual resolvió la excepción propuesta por dicha sociedad y, a su vez, no le
concedió su recurso de apelación.
De modo que, se procederá con el siguiente análisis conjunto frente a los
requisitos señalados por el a quo:
El actor cuestionó la decisión por la cual el Juzgado demandado adoptó la
medida de saneamiento que corrigió el auto admisorio de la demanda ordinaria,
para tener solo como demandada a la Procuraduría General de la Nación y
suprimir lo relativo a la admisión de Positiva Compañía de Seguros S.A. y su
notificación, pero en ella también dispuso la desvinculación de la compañía en
mención. En su contra, el apoderado del demandante presentó recurso de
reposición en subsidio el de apelación.
En primer lugar, se observa que la corrección de la providencia en cita es una
actuación que en virtud de lo dispuesto en el artículo 286 del Código General
del Proceso5 procede el cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte,
mediante auto; de manera que, en cuanto a las reglas del proceso, dicha resultó
acertada.
5
ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia
en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la
dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de
palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en
ella.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
En segundo lugar, se advierte que en el proveído demandado se decidió no
reponer el auto de saneamiento, al considerar que la decisión de rechazar la
demanda en contra de la compañía de seguros se dictó con el auto del 13 de
diciembre de 2018 y quedó en firme; por lo que, en tal sentido, consideró
extemporáneo el recurso de reposición.
Acto seguido, se evidencia que la autoridad judicial demandada utilizó el
término de «negar» el recurso de apelación, al señalar que el proveído con el
cual adoptó la medida de saneamiento no era susceptible de alzadas, según lo
indicó, de conformidad con los artículos 243 y 243 A de la Ley 1437 de 2011,
modificados y adicionados, respectivamente, por los artículos 62 y 63 de la Ley
2080 de 2021.
A continuación, se observa que, bajo la línea de interpretación normativa que le
asistió al juez demandado se advierte que este señaló que contra la decisión de
negar la alzada no procedía recurso alguno, de acuerdo con el artículo 243A,
numeral 4° de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 63 de la Ley 2080
de 2021.
En ese orden, se observa que la providencia que cuestionó el actor es la del 1°
de febrero de 2022, con la cual se adoptó como medida de saneamiento no solo
la corrección del auto admisorio en cuanto a la entidad que a juicio del Juzgado
acusado debía resultar demandada y la supresión de la orden de notificación de
la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A, sino que también dispuso la
desvinculación de dicha empresa, así:
«Tercero: En consecuencia la firma POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.,
queda desvinculada de este proceso y el mismo se continuará solo frente a la
NACION-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.» (sic y subrayado
fuera del texto)
Para la Sala, la decisión en cita con la cual se indicó que quedaba desvinculada
la mencionada sociedad, debe entenderse que lo fue a partir de ese momento,
es decir, a partir del 1° de febrero de 2022, fecha en la que se llevó a cabo la
audiencia inicial en donde se adoptó tal medida de saneamiento.
Lo anterior, por dos razones: i) la confianza legítima que se le generó al actor a
pesar de que se rechazó la demanda en contra de dicha entidad desde el auto
del 13 de diciembre de 2018, pero se surtieron varias trámites judiciales con
ocasión de las actuaciones de la compañía, tales como que se le tuvo por
contestada y se resolvió la excepción por ella presentada y, ii) hasta el instante
de la diligencia inicial, antes de la etapa del saneamiento, se debían presumir
ajustadas las actuaciones judiciales por y frente a tal sociedad, pues ello se
deriva de la orden «en consecuencia …queda desvinculada».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
En consecuencia, para la Sala la aludida decisión de dar por desvinculada a la
sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., a partir de esa diligencia, le puso
fin al proceso ordinario que hasta el momento se había adelantado también en
su contra6, esto es, frente a dicha empresa y, por tanto, resultaba procedente el
recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que establece:
«ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la
Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las
sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma
instancia:
…
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
…»
En la providencia demandada se «negó el recurso de apelación», porque la
autoridad judicial acusada consideró que el auto impugnado no era susceptible
del mismo, puesto que, a su juicio, solo adoptó una medida de saneamiento –
de corrección-, ya que el rechazo de la demanda frente a la aludida compañía lo
fue desde el auto del 13 de diciembre de 2013, con el cual también la admitió.
El a quo estableció la improcedencia a partir de que el actor no presentó el
recurso de queja, lo cual se considera acertado, pero bajo el entendido de que
la decisión de la autoridad judicial acusada consistió en no conceder el recurso
de apelación o en su defecto, de un rechazo y, que el de queja era el medio de
defensa eficaz en relación con la apelación presentada «para que esta se
conceda, de ser procedente.»7
Adicionalmente, se encuentra que la autoridad judicial acusada consideró que
como «negó el recurso de apelación», contra esta última decisión no procedía
ningún recurso, con fundamento en el numeral 4° del artículo 243A de la Ley
1437 de 2011; con lo cual, se le cercenó la posibilidad al demandante de
presentar cualquier solicitud relacionada con el recurso de queja, su
interposición y trámite.
Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el numeral 4° del artículo
243A de la Ley 1437 de 2011 contempla que no son susceptibles de recursos
ordinarios las providencias «…que decidan los recursos de apelación, queja y
súplica».
6
Y de la Procuraduría General de la Nación.
7
Subrayado fuera del texto original.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
Lo anterior, encuentra su razón de ser en el principio de la doble instancia; por
lo que, debe entenderse que cuando tales recursos han sido decididos es
porque ya se ha agotado tal garantía y, no es posible contemplar una «tercera
instancia» a partir de otro recurso ordinario en contra de las providencias que
decidan los recursos de apelación, queja y súplica.
No obstante, se encuentra que la negativa de la autoridad judicial acusada
recayó fue en la concesión de la alzada; por lo que, mal podría considerarse
que se trataba de una decisión de fondo acerca de lo apelado, que es lo que
debe entenderse del sentido literal de la norma en mención.
Así las cosas, se observa que, si bien resultaba procedente el recurso de queja
en contra de la decisión de no conceder la alzada presentada por el apoderado
del demandante en la causa ordinaria y, que este no lo interpuso ni efectuó
alguna manifestación al respecto, lo cierto es que, la autoridad judicial acusada
le impidió ejercer su derecho de acceso a la administración de justicia bajo una
interpretación errónea del procedimiento.
En tercer lugar, en lo atinente a la consideración del a quo según la cual debía
alegarse la vulneración de los derechos incoados, en el proceso judicial,
siempre que eso hubiera sido posible, se encuentra que, contrario a lo indicado
en el fallo impugnado, el accionante sí ventiló su inconformidad a partir de
cuando «quedó desvinculada» formalmente la empresa Positiva Compañía de
Seguros S.A., esto es, desde el auto que adoptó la medida de saneamiento en
la audiencia inicial celebrada el 1° de febrero de 2022.
Ello, en atención a que como se expuso en precedencia fue desde ese
momento en el que para él como demandante en el proceso ordinario surgió su
reproche, en tanto que, en las actuaciones judiciales anteriores se le generó
una confianza legítima de que el contradictorio se encontraba bien integrado,
con la admisión de la demanda en contra de dicha sociedad, su notificación, de
tenerle por contestada la demanda y resolver su excepción con sustento
precisamente en el fuero de atracción, muy a pesar de la imprecisión que luego
fue corregida en la audiencia inicial.
Es decir, que a pesar de las motivaciones del auto del 13 de diciembre de 2018
y que, en su parte resolutiva rechazó y a su vez admitió la demanda en contra
de la mencionada compañía, lo cierto es que las actuaciones posteriores a este
proveído generaron en el demandante una conformidad hasta el momento del
saneamiento en la audiencia inicial.
De manera que, para la Sala se cumple con el presupuesto de la
subsidiariedad, al igual que no es una acción de tutela contra fallo de la misma
naturaleza pues se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
derecho, se demostró la relevancia constitucional, en tanto que el conflicto
suscitado involucra el amparo de los derechos fundamentales que invocó la
parte accionante y, se acreditó la inmediatez en tanto que no transcurrió más de
los seis meses dispuestos para ello desde que se notificó la providencia
demandada (1° de febrero de 2022) y la presentación de la acción de tutela (11
de mayo de la misma anualidad).
En lo atinente al defecto procedimental, que en este caso corresponde al
absoluto, con lo expuesto para resolver el objeto de la impugnación se advierte
que se configuró tal vicio, toda vez que, la autoridad judicial demandada se
apartó por completo del procedimiento legalmente establecido en cuanto a la
concesión del recurso de apelación presentado en contra de la decisión que
adoptó, entre las medidas de saneamiento, la de tener por desvinculada del
proceso ordinario a la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A.
La procedencia de la acción de tutela en presencia de un vicio de tal naturaleza
se sujeta a la concurrencia de los siguientes elementos8:
i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de
acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela: El actor no cuenta con
otro mecanismo de defensa para cuestionar la providencia del 1° de febrero de
2022.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en la
decisión que se acusa de ser vulneratoria de los derechos fundamentales: No
conceder el recurso de apelación que resultaba procedente viola las garantías
constitucionales invocadas por el accionante y, a su vez, tiene una incidencia
clara y directa en la decisión que demanda.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico: El apoderado del actor manifestó su inconformidad frente a la
desvinculación de la sociedad en cuestión en el momento en que se adoptó la
medida de saneamiento, esto es, en la audiencia inicial.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado: La irregularidad no
derivó de su actuar, en tanto que, a pesar de la procedencia del recurso de queja
que no fue promovido por el accionante, el juez cuestionado tampoco le confirió
tal oportunidad al señalar que no procedía recurso alguno en contra de la decisión
que «negó el recurso de apelación».
8
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
v) Que como consecuencia de lo anterior se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales: con la no concesión del recurso de apelación se le
transgredieron al actor sus derechos fundamentales al debido proceso y
principalmente de acceso a la administración de justicia.
Finalmente, en relación con el desconocimiento del precedente, la Sala observa
que este carece de carga argumentativa tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación, puesto que no identificó qué pronunciamientos resultaban
desatendidos por la autoridad judicial demandada.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar, acceder al amparo
solicitado, pero solo en lo que corresponde a la concesión del recurso
procedente, esto es, el de apelación presentado por el apoderado del
demandante en su proceso ordinario, en la etapa de saneamiento de la
audiencia inicial celebrada el 1° de febrero de 2022, alzada que promovió en
contra de la desvinculación de la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A.,
en tanto que, corresponde a la decisión que puso fin al proceso en lo respecta a
dicha entidad, para lo cual se dejará sin efectos la providencia demandada para
que se profiera una de reemplazo con observancia de lo indicado en esta
providencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la
sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Revócase la sentencia del 31 de mayo de 2022, por medio de la
cual la Sala de Decisión Oral Cuatro del Tribunal Administrativo del Meta
declaró la improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, acceder al
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Luis Ramiro Chinchillá Araújo, por las
razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 1° de febrero de 2022,
dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial Villavicencio en
la audiencia inicial en lo concerniente a la decisión que no concedió el recurso
de apelación en contra de la medida de saneamiento adoptada, con la cual se
tuvo por desvinculada a la sociedad Positiva Compañía de Seguros S.A., dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandante: Luis Ramiro Chinchillá Araújo
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial
Villavicencio
Rad: 50001-23-33-000-2022-00107-01
33-006-2018-00331-00, promovido por el accionante en contra de dicha
sociedad y la Procuraduría General de la Nación, para que profiera una de
reemplazo con observancia de lo indicado en esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.