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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2022-00236-01

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2022-00236-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de enero de 2023, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2022-00236-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 500012333000202200236011
Recurso de apelación contra la sentencia de 12 de enero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

TESIS: DE CONFORMIDAD CON LAS PARTICULARIDADES DEL CASO
CONCRETO, LA MERA CONDUCTA DESDEPLEGADA POR LOS DIPUTADOS DEL
GUANÍA, CONSISTENTE EN LA VOTACIÓN Y ELECCIÓN DE UN CANDIDATO
INHABILITADO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL
DE DICHO ENTE TERRITORIAL, -PERÍODO 2022-2025-, NO CONSTITUYE, POR
SÍ SOLA, CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA ALGUNA, MENOS AÚN BAJO
EL SUPUESTO DE HECHO QUE EXIGE EL CONCEPTO DE ‘INHABILIDAD’
PRETENDIDO POR EL SOLICITANTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
solicitante contra la sentencia de 12 de enero de 2023, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
denegó la pérdida de investidura de los señores JAHIR ALBERTO
BEDOYA SÁNCHEZ, DARWIN DANILO HENAO CAÑÓN, LUIS
ENRIQUE HERNÁNDEZ LOZANO, ELDON MARTÍNEZ
GUERRERO, LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA, NELSON
EVELIO PALOMAR HERNÁNDEZ, JORGE WILSON PAVA

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

SERRATO, HAROLD AUGUSTO RODRÍGUEZ GAITÁN, LEIDY
VIVIANA SUÁREZ UNDA, HÉCTOR AUGUSTO TEJADA ROJAS y
JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ, diputados departamentales
del Guainía, por hechos ocurridos dentro del período constitucional
2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ, actuando a
través de apoderado, solicitó decretar la pérdida de la investidura de
los señores JAHIR ALBERTO BEDOYA SÁNCHEZ, DARWIN
DANILO HENAO CAÑÓN, LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ LOZANO,
ELDON MARTÍNEZ GUERRERO, LUIS EDUARDO MOSQUERA
ACOSTA, NELSON EVELIO PALOMAR HERNÁNDEZ, JORGE
WILSON PAVA SERRATO, HAROLD AUGUSTO RODRÍGUEZ
GAITÁN, LEIDY VIVIANA SUÁREZ UNDA, HÉCTOR AUGUSTO
TEJADA ROJAS y JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ,
diputados departamentales del Guainía, por hechos sucedidos dentro
del período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrieron
en violación del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 48,
numeral 6, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002, luego de haber
elegido al señor JOHN JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, contralor
departamental de Guainía, período 2022-2025, estando inhabilitado
para ocupar este cargo por haber sido condenado por el Juzgado 16
Penal del Circuito de Bogotá, D.C., decisión que fue confirmada por
el Tribunal Superior de Bogotá, D.C.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Manifestó, inicialmente, que no obstante no estar enlistado el
término inhabilidades en la norma invocada, este vacío fue llenado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en los siguientes pronunciamientos: a) Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre de 2021,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, número único de
radicación 54001-23-33-000-2020-00606-01, actor: Ender Abdallá
García Trillos; y b) Corte Constitucional en sentencias T-987 de 2007
y T- 935 de 2009.

Anotó que, de acuerdo con las funciones constitucionales y legales
señaladas especialmente en el artículo 272 de la Constitución
Política, modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 18 de
septiembre de 20193, la Asamblea Departamental del Guainía eligió
al contralor de ese departamento, previa convocatoria pública
adelantada, tal como lo ordena la normatividad vigente.

Indicó que terminado el concurso resultó una terna conformada por
los siguientes candidatos: JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR,
CINDY LIZETH LUNA RODRÍGUEZ y LUIS HUMBERTO
VELÁSQUEZ DÍAZ, de la cual en sesión de 13 de enero de 2022 la
Asamblea eligió contralor departamental del Guainía al señor JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR.

3 “[…] Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Sostuvo que el señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR fue
condenado por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá, D.C. en
sentencia de 16 de agosto de 2012, a pena privativa de la libertad e
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el delito
descrito en el artículo 402 del Código Penal, -omisión del agente
retenedor o recaudador-, cuando fue representante legal de la
empresa PROTEGER AC, fecha para la cual si bien aquel aun no era
servidor público la conducta cometida encaja en la inhabilidad del
artículo 6, literal e) de la Ley 330 de 11 de diciembre de 19964, que
impide ser elegido contralor a quien en cualquier época haya sido
condenado penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por
delitos políticos o culposos, en armonía con el inciso 5° del artículo
122 de la Constitución Política.

Mencionó que la sentencia de condena fue confirmada por el Tribunal
Superior de Bogotá en providencia de 29 de enero de 2013; y que,
frente a ella, la Corte Suprema de Justicia en providencia de 30 de
julio de 2014 inadmitió la demanda de casación.

Señaló que, en cuanto a los antecedentes disciplinarios, fiscales y
penales, se debe investigar directamente con los distintos órganos
de control del Estado y no atenerse a lo que voluntariamente pueda
presentar el candidato, pues, debe tenerse en cuenta, tanto por los
funcionarios de la Asamblea Departamental encargados de recibir la
documentación, como por quienes al final van a elegir al candidato,
-diputados-, lo que prevé el artículo 209 de la Constitución Política.

4 “[…] Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se

dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Arguyó que debieron verificar los antecedentes del candidato JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, antes de proceder a su elección como
contralor departamental de Guainía, acudiendo directamente a la
Procuraduría General de la Nación para obtener la información que
emite un certificado de antecedentes especial y no el ordinario, como
normalmente se acostumbra a hacer, resaltando que este requisito
está reglamentado por la Procuraduría General de la Nación mediante
la Resolución núm. 461 de 7 de octubre de 20165.

Comentó que también se podía verificar la información suministrada
por el candidato acudiendo, vía internet, ante la Fiscalía General de
la Nación para consultar sus bases de datos como el SIJUF y el SPOA,
donde consignan la información sobre las condenas penales dictadas
en contra de cualquier ciudadano en Colombia; además, realizar
dicha investigación con la Policía Nacional y, por último, entrando a
la plataforma de GOOGLE, anotando el nombre completo del
candidato a elegir, en el que aparece un registro de la Corte Suprema
de Justicia, Radicación 41478, Acta 243 de 30 de julio de 2014 de
Bogotá, información suficiente para prender las alarmas sobre los
antecedentes del candidato. Que, de la misma manera, entrando vía
internet a la Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura-
consulta de procesos-, introduciendo el nombre completo del
candidato y su cédula de ciudadanía, se obtiene importante
información sobre sus antecedentes.

5 “[…] Por medio de la cual se modifica y adiciona la Resolución 143 del 27 de mayo de

2002, que reglamenta el sistema de información de registro de sanciones disciplinarias y
penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, de
los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lo
relativo a la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría
General de la Nación […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Adujo que los servidores públicos del Guainía, al parecer estaban
aislados del mundo exterior, cuando afuera, en un pueblo de menos
de 20.000 habitantes, existía el rumor sobre los antecedentes del
candidato que estaban eligiendo, señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR, como contralor departamental de Guainía, aspecto que
se demostró pocos días después cuando la señora AURA LUZ
VARGAS GUÍO, con pruebas en sus manos, presentó demanda de
nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo del Meta, expediente
núm. 50001-23-33-000-2022-00027-00 contra dicha elección, la
cual fue anulada mediante sentencia de 30 de junio de 2022.

Acotó que actuando en la condición de diputados, los accionados
eligieron al señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, contralor
departamental de Guainía, período 2022-2025, según se desprende
del Acta núm. 02 de las sesiones extraordinarias realizadas en enero
13 de 2022, en el recinto de la Asamblea Departamental del Guainía,
donde asistieron los once diputados bajo la presidencia del diputado
JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ, lo cual no tiene justificación
alguna, ya sea como caso fortuito, error, buena fe o simple
ignorancia, para lo cual trajo a colación la sentencia de 16 de
septiembre de 2021 de pérdida de investidura del diputado a la
Asamblea del Magdalena, WILLIAM JOSÉ LARA MIZAR, radicación
núm. 47-001-23-33-000-2020-00544-01.

I.3.- El diputado ELDON MARTÍNEZ GUERRERO, por intermedio
de apoderado judicial, así como los demás diputados a través de
apoderada, contestaron la solicitud de pérdida de investidura con la
que se opusieron a la pretensión, para lo cual en términos generales
coincidieron en que actuaron con la debida transparencia y diligencia

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

para elegir al señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, quien
obtuvo 6 votos a favor de 11 votos posibles y la segunda en la
votación obtuvo 5 votos, lo que quiere decir que fue elegido con no
más del 56% de los votos posibles, de lo cual se colige que no todos
los diputados querían la elección del mencionado como contralor
departamental.

Manifestaron que no puede ser ignorado el actuar o la conducta del
señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR que pese a tener
conciencia y plena convicción de su inhabilidad se presentó con una
conducta dolosa al concurso, precisando para ello que el Consejo de
Estado, en sentencia 2014-00831 de 2021, mencionó que: “[…] En
este sentido, el principio de buena fe trae inmerso la presunción legal
que admite prueba en contrario, y quien lo alegue debe probar que
se actuó de mala fe; además implica que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas se encuentran gobernadas
por la buena fe, así como se presume lo mismo en las relaciones
jurídico administrativas. De tal suerte que, cuando el error proviene
del administrado y se le concede un derecho a quien no reunía los
requisitos legales, se debe analizar la situación particular del acto, y
la incidencia que ello genera […]”.

Sostuvieron que no es procedente la causal del artículo 48, numeral
1, de Ley 617, toda vez que las inhabilidades de los cargos por
representación popular son de orden público y, por ende, tienen una
interpretación restrictiva, lo cual está fundamentado sobre la
inadmisibilidad de la interpretación extensiva o analógica de las
inhabilidades para ser elegido a los cargos de representación popular,
tal como lo estableció el Consejo de Estado en pronunciamiento de

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

21 de julio de 2015, dentro del proceso con número único de
radicación 1100103150002012-00059-00 PI, con ponencia de la
consejera María Claudia Rojas Lasso, así como también con lo
referido en la sentencia 00081 de 8 de febrero de 2018, de la misma
corporación, con ponencia del consejero Oswaldo Giraldo López.

Refirieron que su participación en la elección del contralor
departamental del Guainía, que luego fue anulada, no configura la
causal de violación al régimen de inhabilidades de los diputados,
pues, las mismas, son taxativas y están previstas en el artículo 33
de la Ley 617, no admiten extensiones o analogías por plausibles que
estas sean, siendo por lo tanto de interpretación restringida a otros
regímenes de servidores públicos que no son electos por votación
popular.

Precisaron que no le asiste razón al accionante en lo pretendido con
su solicitud al no quedar probada su culpabilidad, ya que no se
demuestra que actuaron con dolo en una voluntad deliberada a
sabiendas de su ilicitud y no existe prueba dentro del expediente con
la cual se pueda concluir que actuaron negligentemente o con la
intención de infringir las normas.

Señalaron que expidieron la Resolución núm. 057 de 8 de octubre de
2021, en la cual definieron los lineamientos generales para adelantar
el proceso de elección del contralor departamental del Guainía para
el período institucional 2022-2025, estipulando así claramente, en el
numeral b) del artículo 5° de la citada resolución las causales de
inadmisión o exclusión de la convocatoria: “[…] son causales de
exclusión de la convocatoria las siguientes: b) Estar incurso en

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición
establecida en la Ley […]”; igualmente, en el numeral 9 del artículo
13 de la misma resolución, le solicitaron a cada uno de los
participantes y aspirantes al cargo que allegaran junto con su hoja
de vida, declaración juramentada de no estar incursos en causal de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y/o prohibición.

Subrayaron, que durante la convocatoria pública y en el desarrollo
de la sesión de elección del contralor departamental del Guainía para
el período 2022-2025 nunca se avizoró por parte de algún miembro
de la duma departamental o ciudadano externo, posible causal de
inhabilidad en que podría hallarse incurso alguno de los integrantes
de la terna en el proceso de la convocatoria pública.

Comentaron, que en lo aducido por el demandante sobre la
negligencia de acudir a otros medios para consultar los antecedentes
del señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, actuaron de buena fe
con la debida diligencia del ejercicio de sus funciones consultando la
página web de la Procuraduría General de la Nación, como lo
establece la Ley 1238 de 2008, encontrando que el mencionado no
presentaba ni presenta registro de inhabilidades para ejercer el cargo
de contralor departamental del Guainía.

Indicaron que una vez conocida la demanda de nulidad electoral que
promovieron contra la elección del señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR, la mesa directiva de la Asamblea Departamental del
Guainía en cabeza del presidente, oficiaron a la Universidad del Valle
quien es garante del proceso de convocatoria pública, frente a lo cual
el Director Regional de la Universidad del Valle, mediante oficio

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

CPCDCIP-001-2022 de 14 de junio de 2022, respondió que la
Universidad verificó los antecedentes penales, fiscales, disciplinarios
y el sistema de medidas correccionales, allegando los pantallazos
como evidencia de ello.

Arguyeron que no se configuró el elemento subjetivo, por cuanto no
se acreditó negligencia, imprudencia ni dolo en su conducta, que
están amparados por la disposición legal y se les garantizan los
principios de buena fe, confianza legítima, favorabilidad y seguridad
jurídica, además, siempre actuaron diligentemente y con el cuidado
debido, de forma honesta en cumplimiento de las funciones propias
de sus cargos y con apego a la normatividad, pues, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1904 de 2018, para la
convocatoria seleccionaron a la Universidad del Valle.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 12 de enero de 2023, denegó la
pérdida de investidura de los accionados, para lo cual sostuvo, luego
de realizar un recuento probatorio de las evidencias allegadas al
expediente, que la elección del contralor del departamento del
Guainía fue demandada en nulidad electoral y tramitada por ese
Tribunal, en primera instancia, bajo el radicado número
50001233300020220002700, en el que actuó como demandante
AURA LUZ VARGAS GUIO; que en ese proceso se decretó la
suspensión provisional del acto de elección contenido en el Acta 002
de 13 de enero de 2022 expedida por la Asamblea Departamental del
Guainía, decisión que fue confirmada el 19 de mayo de 2022 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, profiriéndose, para los efectos

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

sentencia de primera instancia el 30 de junio de 2022, mediante la
cual se declaró la nulidad de la elección de JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR como contralor del departamento de Guainía para el
período 2022-2025, decisión que se encuentra surtiendo la segunda
instancia ante el Consejo de Estado.

Anotó que, en efecto, el señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
se encontraba inhabilitado para ser elegido contralor del
departamento del Guainía, aclarando que si bien es cierto la citada
decisión no se encuentra en firme, también lo es, como lo refirió la
señora Agente del Ministerio Público, que el auto que declaró la
suspensión provisional del acto acusado sí fue objeto de
pronunciamiento en segunda instancia por el Consejo de Estado, -
número único de radicación 50001233300020220002701-, decisión
que se encuentra en firme y en la cual se determinó que la condena
que le fue impuesta al citado ciudadano conlleva que la inhabilidad
sea atemporal, al tratarse de un delito contra el patrimonio público;
además porque el certificado de antecedentes sin anotación alguna
de manera especial para el cargo de contralor departamental, no
invalida la condena que le fue impuesta.

Indicó, por lo mismo, que está probado en el caso sub-lite que los
diputados incurrieron en la violación del régimen de inhabilidades,
pues el candidato JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR se encontraba
inhabilitado para ejercer el cargo de contralor departamental del
Guainía y, sin embargo, fue elegido por la duma departamental,
situación que permite determinar que el factor objetivo de la causal
de pérdida de investidura invocada se encuentra acreditado.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Ahora bien, en cuanto al factor subjetivo, señaló que el SEÑOR
JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, al postularse para el cargo
allegó su hoja de vida con todos los anexos, dentro de los cuales
aportó la certificación expedida por la Jefe de la Oficina
Administrativa, Financiera y de Auditoría de la Contraloría
Departamental del Vaupés, en la cual hace constar que el citado
ciudadano ejercía desde el 14 de enero de 2020 hasta el 9 de
septiembre de 2021 el cargo de Contralor Departamental, allegó los
certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios sin
anotación alguna, y aportó un certificado de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades suscrito por él.

Asimismo, señaló que el señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR
rindió testimonio dentro del presente asunto en el cual afirmó
categóricamente que no sabía dónde podía ver que estuviera
inhabilitado, pues en todas las bases de datos oficiales aparecía sin
inhabilidad alguna, precisando que antes de participar en la
convocatoria para el cargo de contralor del Guainía, fungió como
contralor departamental del Vaupés y que nunca fue requerido; y
frente al tema de los rumores sobre su inhabilidad dijo que no había
escuchado algo al respecto.

Afirmó que no existía para el momento del proceso de convocatoria,
así como tampoco para la fecha de elección del señor JHON JAIRO
ESCOBAR ESCOBAR, algún indicio sobre la inhabilidad que recaía
en éste para ejercer el cargo de contralor, pues, de acuerdo con las
bases de datos oficiales el citado ciudadano, no presentaba
inhabilidad alguna, así como tampoco el citado señor consideraba
que se encontraba inhabilitado para participar en la convocatoria.

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Indicó que la anterior situación llevó a establecer con claridad que
los diputados estaban convencidos de que actuaron conforme con la
Constitución y la ley, presumiendo la buena fe del candidato al
presentar su hoja de vida y demás documentos, toda vez que a pesar
de que el solicitante señaló que podían buscar información sobre el
candidato en Google, es necesario resaltar que para los temas de
convocatorias para ejercer cargos públicos los documentos válidos
son los certificados de antecedentes que generan las entidades
oficiales de control del Estado, como son Procuraduría General de la
Nación, Contraloría General de la República y Policía Nacional y los
documentos que se alleguen de otras fuentes no son tenidos en
cuenta.

Frente al tema de la ignorancia de la ley, sostuvo que no existe en el
plenario prueba alguna que permita establecer que, por lo menos, el
referido ‘rumor’ respecto de la inhabilidad que recaía en el ciudadano,
se dio antes o concomitante con la elección, con lo cual podría
analizarse si los demandados hubieran hecho caso omiso al mismo
y, en este hipotético evento, si resultaba viable exigírseles o no una
adicional y minuciosa búsqueda al respecto.

En suma, expuso que no se encuentra probada la conciencia y la
voluntad de los diputados de violar el régimen de inhabilidades al
elegir al señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR contralor
departamental de Guainía para el período 2022-2025, estando
inhabilitado para ocupar este cargo por haber sido condenado
penalmente por el delito previsto en el artículo 402 del Código Penal.

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

Resaltó que, tal como lo refirió la señora Agente del Ministerio
Público, en el hipotético caso en el cual se determinara que el
elemento subjetivo se encontrara probado, existiría una talanquera
para determinar la pérdida de investidura invocada, como quiera que
no podría recaer en los once diputados, pues de acuerdo con lo
consignado en el Acta 002 de 13 de enero de 2022, expedida por la
Asamblea Departamental del Guainía, la elección del SEÑOR JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR no fue unánime: seis diputados a favor
y cinco diputados en contra.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante interpone recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la
pérdida de investidura, para lo cual, además de reiterar los
fundamentos fácticos y jurídicos de su solicitud inicial, sostiene que
la Secretaría de la Asamblea Departamental de Guainía, al abrir el
concurso para la elección del Contralor del Departamento, sólo
realizó un proceso de convocatoria, establece sus requisitos, los
evalúa y envía dichos documentos a la Asamblea Departamental,
órgano conformado por los diputados elegidos, quienes
personalmente y en forma individual proceden a la elección del
funcionario en referencia, previa verificación de los requisitos
constitucionales y legales que debe cumplir el candidato escogido.
Esta función de elegir es indelegable.

Anota que si bien la hoja de vida del CONTRALOR JOHN JAIRO
ESCOBAR ESCOBAR, junto con sus certificados de soporte, no
señalan irregularidad alguna, los señores diputados omitieron

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dolosamente su obligación de acudir a todas las herramientas que
tienen las entidades públicas del Estado colombiano para comprobar
si tales documentos tenían autenticidad.

Señala que de ninguna manera se podía dejar en manos de la
Universidad del Valle la verificación de los antecedentes del candidato
seleccionado, pues no es función de esta institución educativa señalar
y determinar una posible inhabilidad o la ausencia de antecedentes
negativos y dar el visto bueno que abría la puerta de la elección como
contralor departamental. Que su función específica era tramitar el
concurso con las pruebas para determinar la idoneidad del
concursante a través de exámenes de conocimiento.

Agrega que si bien la buena fe goza de presunción legal según lo
señala el artículo 83 Constitucional, la mala fe también se presume,
aunque debe demostrarse y, evidentemente, existía un rumor a
voces en el pequeño poblado de Puerto Inírida (Guainía), que el señor
contralor elegido estaba inhabilitado, como en efecto se comprobó
con la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta y su
confirmación por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
rumor que se convirtió en indicio. Que no es posible decir que la única
persona del mundo que conocía los antecedentes penales del
candidato escogido como contralor departamental de Guainía era la
abogada que demandó la nulidad de su elección, en un pueblo tan
pequeño.

Solicita revocar la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal que denegó la solicitud de pérdida de investidura de los
diputados del departamento del Guainía, por no tener argumentos

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probatorios que demuestre la transparencia y legalidad de su
actuación en la elección del citado funcionario de control.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN Y TRÁMITE EN
SEGUNDA INSTANCIA

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:

IV.1.- El diputado ELDON MARTÍNEZ GUERRERO, a través de
apoderado, con escrito de 23 de marzo de 2023, insiste íntegramente
en los argumentos de su defensa y, adicionalmente, solicitó la
práctica de pruebas, así:

“[…] En la oportunidad procesal contemplada en el numeral 3 del
artículo 14 de la ley 1881 de 2018, solicito ante esta dignidad
señores consejeros, atender las siguientes:

1. Las que obran en el expediente del proceso. Donde se evidencia
que para la fecha de los hechos y hasta finalizar el año 2022, que el
señor JOHN JAIRO ESCOBAR no estaba registrado con alguna
inhabilidad.

2. Derecho de petición elevado ante la Procuraduría General de la
Nación con fecha del 06 de marzo de 2023 bajo radicado E-2023-
133954. En la cual se solicita información de la fecha en la cual se
registró por el grupo SIRI la inhabilidad del señor JOHN JAIRO
ESCOBAR.

Nota: petición que a día de hoy en la cual doy contestación al
recurso de apelación, no he recibido respuesta por parte de la
Procuraduría General de la Nación y pasado de términos.

6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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3. El E 24 de las elecciones regionales a la Asamblea Departamental
del Guainía año 2019. En la cual se evidencia que el Demandante
JOHN FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ para ese entonces era candidato
a la asamblea, hecho que denota el interés del demandante en la
demanda, y muestra la mala fe de este.

DE OFICIO.

1. Oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que le indique
a este Despacho la fecha exacta en la que el grupo SIRI reportó la
inhabilidad del señor JOHN JAIRO ESCOBAR y qué entidad solicitó
el reporte […]”.

IV.2.- Los demás diputados, a través de su apoderada, con escrito
de 23 de marzo de 2023, también reiteraron los argumentos de
defensa plasmados desde sus contestaciones y solicitaron la práctica
de pruebas, así:

“[…] PETICIÓN DE DECRETO DE PRUEBAS

Que se tengan como pruebas las allegadas en la contestación de la
presente demanda las cuales evidencian desde octubre del 2021 a
febrero de 16 de 2023 que el señor JHON JAIRO ESCOBAR no
registraba inhabilidad para participar en la convocatoria de elección
de contralor departamental del Guainía ni para posesionarse.

Como quiera que ha sido confirmada en segunda instancia el fallo
que anuló la elección del señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR y
como consecuencia de ello a partir mes de marzo de 2023 aparece
registrada la inhabilidad del señor JHON JAIRO ESCOBAR que no le
permite ejercer cargos públicos, solicito muy respetuosamente
decrete como prueba el que se oficie a la oficina encargada en la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que certifique desde
qué fecha se registró la inhabilidad del señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR y cuál fue la autoridad competente que solicitó el registro
de la inhabilidad que actualmente aparece al descargar el certificado
de antecedentes de señor JHON JAIRO ESCOBAR, lo anterior de
conformidad con el artículo 212 del CPACA, esto con el fin de que se
no se dé lugar a dudas o mal interpretación del acervo probatorio
que aunque el señor apelante no allego dicho certificado de
antecedentes al impetrar el recurso de apelación porque no había
registro alguno de inhabilidad en los certificados cuando sus señoría
lo haga por cuenta suya encontrará que hasta este mes si aparece
registrada inhabilidad […]”.

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IV.3.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.

IV.4.- A través de auto de 14 de abril de 2023, el Despacho
sustanciador denegó la práctica de las pruebas solicitadas por los
diputados durante el traslado del recurso de apelación, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] Precisado lo anterior, el Despacho se pronunciará en primer
lugar frente a las pruebas solicitadas por la apoderada de los
diputados JAHIR ALBERTO BEDOYA SÁNCHEZ, DARWIN DANILO
HENAO CAÑÓN, LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ LOZANO, LUIS
EDUARDO MOSQUERA ACOSTA, NELSON EVELIO PALOMAR
HERNÁNDEZ, JORGE WILSON PAVA SERRATO, HAROLD AUGUSTO
RODRÍGUEZ GAITÁN, LEIDY VIVIANA SUÁREZ UNDA, HÉCTOR
AUGUSTO TEJADA ROJAS y JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ.

En cuanto a la solicitud de que “se tengan como pruebas las
allegadas en la contestación de la presente demanda”, el Despacho
advierte que las mismas se tuvieron como pruebas por el Tribunal
Administrativo del Meta en el auto de 30 de noviembre de 2022 y
en la audiencia de pruebas celebrada el 14 y 15 de diciembre de la
misma anualidad. De ahí que no haya necesidad de tenerlas
nuevamente como prueba en esta instancia.

Ahora, en lo que respecta a la solicitud de requerir a la Procuraduría
General de la Nación para que certifique “desde qué fecha se
registró la inhabilidad del señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR y
cuál fue la autoridad competente que solicitó el registro de la
inhabilidad que actualmente aparece al descargar el certificado de
antecedentes de señor JHON JAIRO ESCOBAR”, el Despacho
considera que esta prueba además de ser inconducente, innecesaria
e irrelevante, en el expediente ya obran otros documentos que
acreditan la fecha a partir de la cual el referido señor se encontraba
inhabilitado, entre ellos, el fallo de primera instancia proferido en el
proceso de nulidad electoral en el que, a su vez, se hace alusión
expresa a las providencias dictadas en el proceso penal en el que se
condenó a dicho ciudadano y que dieron lugar a su inhabilidad.

Igualmente, es preciso advertir que en el expediente obran
certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Procuraduría General de la Nación con anterioridad a la elección del
contralor departamental del Guainía, que dan cuenta de la

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información que la parte demandada pretende acreditar con la
prueba requerida, lo cual hace que su decreto sea innecesario.

Ahora, frente a las pruebas solicitadas por el apoderado del diputado
ELDON MARTÍNEZ GUERRERO en el numeral 1 del acápite de
pruebas del escrito por medio del cual descorrió el traslado del
recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Despacho
reitera que no hay necesidad de tenerlas nuevamente como prueba
en esta instancia, dado que las mismas se tuvieron como tales por
el Tribunal Administrativo del Meta en el auto de 30 de noviembre
de 2022 y en la audiencia de pruebas celebrada el 14 y 15 de
diciembre de ese año.

Respecto de la solicitud de tener como prueba el derecho de petición
que radicó ante la Procuraduría General de la Nación, requiriendo
“información de la fecha en la cual se registró por el grupo SIRI la
inhabilidad del señor JOHN JAIRO ESCOBAR” y de “Oficiar a la
Procuraduría General de la Nación, para que le indique a este
Despacho la fecha exacta en la que el grupo SIRI reporto la
inhabilidad del señor JOHN JAIRO ESCOBAR y que entidad solicito
el reporte”, se reiteran los argumentos expuestos en líneas
anteriores en los que se indica que dichos documentos son
inconducentes e irrelevantes para la resolución del problema jurídico
objeto de estudio.

Finalmente, en cuanto a tener como prueba el E 24 de las elecciones
regionales a la Asamblea Departamental del Guainía año 2019, el
cual fue aportado con el escrito mediante el cual el apoderado del
diputado ELDON MARTÍNEZ GUERRERO descorrió el traslado del
recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Despacho
encuentra que dicho documento ya obra en el expediente a folios
27 a 32 del archivo digital núm. 06, visible en el núm. 2 en el
aplicativo de gestión judicial SAMAI y fue debidamente decretado
como prueba en primera instancia.

Teniendo en cuenta lo precedente, es evidente que en el presente
caso no concurren los presupuestos previstos en el artículo 212 del
CPACA para tener o decretar pruebas en segunda instancia […]”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

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En la sentencia impugnada, el Tribunal, después de considerar
probado el elemento objetivo de la causal endilgada a los diputados,
-artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, en armonía con el artículo
299, inciso segundo, de la Constitución Política-, manifestó que el
elemento subjetivo no debía correr la misma suerte, en tanto que
existían razones exculpatorias de responsabilidad que debían
interpretarse a favor de aquellos, motivo por el cual decidió denegar
la desinvestidura solicitada.

Consecuente con ello, el recurso de apelación fue interpuesto por el
solicitante, dando por hecho y sin controvertir la configuración del
elemento objetivo de la causal analizada, por lo cual insiste en que
se declare probado el elemento subjetivo desvirtuado en primera
instancia y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura de los
accionados. Por su parte, los diputados no apelaron la providencia en
comento.

Si bien correspondería examinar, en principio, en los términos del
recurso de apelación interpuesto por el solicitante, la presencia del
elemento subjetivo en la comisión de la causal de pérdida de
investidura por parte de los accionados, lo cierto es que la Sala
evidencia el surgimiento de una circunstancia palmaria e ineludible
que exige un pronunciamiento forzoso en este punto y sin el cual no
resultaría posible proseguir con el abordaje del citado aspecto
subjetivo.

Dicha particularidad, en el caso concreto, consiste en que la conducta
reprochada en la solicitud de pérdida de investidura, relativa a la
participación de los diputados en la elección del señor JOHN JAIRO

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ESCOBAR ESCOBAR, contralor departamental de Guainía, período
2022-2025, estando inhabilitado para ocupar dicho cargo, no
representaría irregularidad alguna con fines de desinvestidura
porque no aparece descrita en las causales taxativas que prevé la
Ley, hipótesis que, de constatarse, supondría el desconocimiento de
una norma de orden público que impide que nadie sea sancionado
sino conforme a las reglas expresamente previstas en el
ordenamiento jurídico.

Es menester de la Sala, por lo tanto, indagar en primera medida si
los hechos de la presente solicitud constituyen causal de pérdida de
investidura susceptibles de ser examinados en sede judicial. En caso
de serlos, la Sala establecerá si los accionados incurrieron en la
comisión de la causal con dolo o culpa grave.

V.2.- De la causal de inhabilidad prevista para los diputados
en el artículo 48, numeral 6, de la Ley 617, en armonía con el
artículo 299, inciso segundo, de la Constitución Política

El artículo 48 de la Ley 617 establece las causales de pérdida de
investidura de los diputados, entre otros miembros de las
corporaciones públicas territoriales, así:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general.

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2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5)
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de
ordenanza o acuerdo, según el caso.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos,
según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 1o. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor.

Parágrafo 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el
respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena
observancia del debido proceso y en un término no mayor de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de
la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea
departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano.
La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de
Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15)
días […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte, el artículo 299 Superior, determinó lo siguiente:

“[…] Artículo 299. <Artículo modificado por el artículo 3 del
Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>
En cada departamento habrá una corporación político-
administrativa de elección popular que se denominará asamblea
departamental, la cual estará integrada por no menos de 11
miembros ni más de 31. Dicha corporación gozará de autonomía
administrativa y presupuesto propio, y podrá ejercer control político
sobre la administración departamental.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los
diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto
que el señalado para los congresistas en lo que corresponda.
El período de los diputados será de cuatro años y tendrá la calidad
de servidores públicos.

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Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no
haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción
de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva
circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a
la fecha de la elección.

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a
una remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán
amparados por un régimen de prestaciones y seguridad social, en
los términos que fijen la ley […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Si bien, en un primer momento, la violación del régimen de
inhabilidades no apareció enlistada, expresamente, como causal de
pérdida de investidura de diputados, esta Sección estableció: “[…]
De tal manera que no obstante que el artículo 48 de la Ley 617, en
lo que toca con los diputados no consagró expresamente como
causal de pérdida de investidura la violación al régimen de
inhabilidades, como la violación de dicho régimen sí constituye
causal de pérdida de investidura para los Congresistas7, lo es
también para aquéllos en la medida en que comparten dicho
régimen, por la remisión que hace el artículo 299
constitucional […]”8.

En efecto, fue este artículo 299 superior el que había permitido que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde la sentencia de
8 de agosto de 2000, expediente núm. S-140, con ponencia de la
Consejera de Estado María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis,

7 Según el artículo 183 Constitucional: “[…] Los congresistas perderán su investidura: 1.

Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

24 de abril de 2003, número único de radicación 41001-23-31-000-2002-01067-01(8705),
consejero ponente Gabriel E. Mendoza Martelo. Lo anterior ha sido reiterado por esta la Sala
en numerosas oportunidades, entre otras, en sentencia de 23 de mayo de 2013, número
único de radicación 13001233300020120022201, consejera ponente María Elizabeth García
González.

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según la cual “[…] mientras el legislador no dictara un régimen
especial de inhabilidades e incompatibilidades más riguroso
para los diputados, en comparación con el de los congresistas,
debe acudirse al de éstos por el reenvío que hace la
Constitución Política al régimen de los congresistas, en lo que
corresponda […]”.

La anotada posición jurisprudencial de la Sala Plena fue reiterada en
sentencia de esta Sección, de 15 de mayo de 2003 (Expediente núm.
8707, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero), en la cual
concluye que: “[…] Trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas
(refiriéndose a las del fallo de 23 de julio de 2002 de Sala Plena,
expediente núm. 7177), al caso de los diputados a las asambleas
departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna
para considerar que la violación al régimen de inhabilidades
no constituya causal de Pérdida de la Investidura para estos
servidores públicos […]”.

Adicional a todo lo dicho, se tiene que la Sala en posterior
pronunciamiento9, precisó que no hay razón para variar el
precedente judicial que de tiempo atrás viene aplicando esta
Corporación en el sentido de que la violación al régimen de
inhabilidades por parte de los miembros de corporaciones públicas
(diputados y concejales), sí constituye causal de pérdida de
investidura.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

31 de agosto de 2015, número único de radicación 08001-23-31-000-2014-00652-01(PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala.

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Dejó claro en ese fallo que: “[…] las causales de pérdida de
investidura de diputados, concejales y miembros de juntas
administradoras locales, no se limitan a las consagradas en los
numerales 1 a 5 del referido artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ya
que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes
[…]”, así:

“[…] No puede desconocerse que ésta es norma posterior y contiene
una relación de los diversos eventos en que Diputados, Concejales
Distritales y Municipales y miembros de las Juntas Administradoras
Locales, perderán su investidura, entre los cuales, si bien se
omitió la violación del régimen de inhabilidades no por ello
puede concluirse que haya sido voluntad del legislador
suprimir dicha causal en lo concerniente a los Concejales,
que es la materia a la que se contrae el presente asunto,
pues en el numeral 6, ibídem, quedó plasmada la posibilidad
de que otras normas también pudieran consagrar causales
de pérdida de investidura para esta categoría de servidores
públicos, por lo que, frente a una situación como la aquí dilucidada,
necesariamente hay que remitirse a la reglamentación contenida en
la Ley 136 de 1994, que en lo referente a dichas causales, en el
artículo 55, numeral 2, sí prevé como propiciatoria de la comentada
consecuencia jurídica, la violación del régimen de inhabilidades, así
como también consagra, con ese mismo efecto, en el numeral 1,
dando alcance al artículo 291 de la Constitución, la aceptación o
desempeño de cargo público, causal regulada de manera especial
en este último estatuto al igual a como acontece con la prevista en
el artículo 110, ibídem, relacionada con las contribuciones a los
partidos, movimientos o candidatos por parte de quienes
desempeñan funciones públicas […]”10 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia T-987 de
2007, determinó que la interpretación realizada por esta Sala es
razonable, respecto a que el régimen de inhabilidades de los
congresistas es aplicable a los diputados, así:

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de julio

de 2002, expediente núm. IJ 024, consejero ponente Gabriel Eduardo Mendoza.

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“[…] La Sección Primera ha considerado que la Carta Política
prevé que el régimen de inhabilidades de los congresistas es
aplicable a los diputados por la remisión expresa que hace
su artículo 299 al indicar que el régimen de inhabilidades de
los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado
para los congresistas” y en virtud de que, al tenor del
artículo 293, las inhabilidades de los diputados pueden ser
determinadas por la ley, “sin perjuicio de lo establecido en
la Constitución”. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional estima que en la sentencia acusada no se
evidencia una interpretación grosera o burda del
ordenamiento fundada en una aplicación extensiva o
analógica de las causales de pérdida de investidura, por
cuanto el Consejo de Estado entiende que el régimen
constitucional permite aplicar esa sanción a los diputados
que violen el régimen de inhabilidades en virtud de la
remisión que hace el artículo 299 superior al régimen de
inhabilidades de los congresistas y que, conforme a dicha
lectura, esa expresa remisión no implica la aplicación extensiva o
analógica, sino la previsión, respecto de los diputados y para todos
los efectos, de un régimen similar al de los congresistas […]”11
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el ordenamiento legal y constitucional vigente,
y tal como reiteradamente lo ha entendido la jurisprudencia de esta
Corporación, para la Sala resulta claro que la transgresión del
régimen de inhabilidades constituye, como en efecto lo hace, causal
de pérdida de investidura de los diputados12.

11 Corte Constitucional, sentencia T-987 de 19 de noviembre de 2007, magistrado ponente

Rodrigo Escobar Gil.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 2 de diciembre de 2010, número único de radicado 20001-23-31-000-2010-00165-
01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso; de 26 de noviembre de 2015, número
único de radicado 50001-23-33-000-2014-00164-01, consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés; de 5 de mayo de 2016, número único de radicado 54001-23-33-000-2013-
00290-01(PI), consejera ponente María Claudia Rojas Lasso; de 8 de junio de 2017, número
único de radicado 44001-23-33-002-2016-00096-01(PI), consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez; de 1o. de diciembre de 2017, número único de radicado 20001-23-33-
003-2017-00107-01(PI), consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez; y de 4 de febrero
de 2021, número único de radicado 68001-23-33-000-2020-00089-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Ahora bien, las causales de pérdida de investidura de los diputados
que resultan aplicables a los hechos involucrados en la presente
solicitud de desinvestidura, -elección de contralor departamental de
Guainía el día 13 de enero de 2022-, están previstas en el artículo
33 de la Ley 617, norma que fue derogada pero a partir del 8 de
febrero de 2022 por la Ley 220013, razón por la aquella mantiene su
vigencia intacta en el caso concreto:

“[…] Ley 617 de 2000
Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados.
<Derogado por el artículo 154 de la Ley 2200 de 2022 a
partir del 8 de febrero de 2022 (ver sobre el tema el artículo
49)> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia
de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio
de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de
funciones públicas.

2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos
por nacimiento.

3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la
elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o
autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
departamento, o quien como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
departamento.

13 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los departamentos […]”.
Esta ley estableció, en su artículo 49, un nuevo régimen de inhabilidades para los disputados
y en su artículo 154 los términos de su vigencia, así: “[…] Artículo 154. Vigencia. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 1222 de 1986,
la Ley 3 de 1986 y disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean
contrarias.
Parágrafo transitorio. Los artículos de la Ley 617 de 2000 y del Decreto 1222 de 1986
que se encuentren vigentes relacionados con los bienes, contratos y rentas departamentales
continuarán rigiendo, hasta que entre en vigencia la legislación que para el efecto expida el
Congreso de la República conforme a lo ordenado en el artículo 147 de la presente ley […]”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental
o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de
las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento.

5. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre
<>> Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o
de parentesco en segundo grado de consanguinidad <tercer grado
de consanguinidad>, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la
elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o
militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de
salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento. Así
mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por
el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
departamento en la misma fecha. […]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

V.3.- Del caso concreto

La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso14, pudo verificar que en efecto los señores JAHIR ALBERTO
BEDOYA SÁNCHEZ, DARWIN DANILO HENAO CAÑÓN, LUIS
ENRIQUE HERNÁNDEZ LOZANO, ELDON MARTÍNEZ
GUERRERO, LUIS EDUARDO MOSQUERA ACOSTA, NELSON
EVELIO PALOMAR HERNÁNDEZ, JORGE WILSON PAVA

14 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 2, “EXPEDIENTE DIGITAL”, con descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS
(.zip) NroActua 2”.

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

SERRATO, HAROLD AUGUSTO RODRÍGUEZ GAITÁN, LEIDY
VIVIANA SUÁREZ UNDA, HÉCTOR AUGUSTO TEJADA ROJAS y
JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ, fueron elegidos diputados
del departamento de Guainía, para el período 2020-2023, como
consta en el Formulario E-26 ASA de 3 de noviembre de 2019.

De igual forma, está demostrado, a través del Acta núm. 02 de 13
de enero de 2022 de las sesiones extraordinarias convocadas
mediante Decreto 001 de 04 de enero de 2022, expedida por la
Asamblea Departamental del Guainía, que los diputados accionados
participaron en la elección y votación del contralor departamental del
Guainía, para el período 2022-2025, señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR con seis votos de once posibles.

Con Auto AP 4356-2014 de 30 de julio de 2014, proferido dentro del
proceso con Radicación núm. 41478 por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, se inadmitió la demanda de casación
presentada por el señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, contra
el fallo de 29 de enero de 2013, mediante el cual el Tribunal Superior
de Bogotá, D.C., confirmó la sentencia de 16 de agosto de 2012, de
primera instancia, proferida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de
Descongestión de Bogotá, D.C., que lo condenó como autor del delito
de omisión del agente retenedor o recaudador. Igualmente, obran
los pantallazos de las consultas realizadas en el Tribunal Superior de
Bogotá, D.C. y Juzgados de Ejecución de Penas en los que se
corrobora la existencia de los procesos en contra del señor JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR.

A su vez, obra el expediente 50001233300020220002700 de nulidad

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

electoral, donde actuó como demandante la señora AURA LUZ
VARGAS GUIO y el demandado fue el señor JHON JAIRO
ESCOBAR ESCOBAR, contralor electo del departamento del Guainía,
remitido por el Tribunal Administrativo del Meta en respuesta al oficio
núm. SGTAM 22-2662 y cuyo enlace obra en el archivo registrado en
el aplicativo web SAMAI, el 09/12/2022 a las 14:49:02, -índice 44-,
el cual fue decretado como prueba trasladada y del que se obtienen
las siguientes evidencias:

.- Auto de 19 de mayo de 2022, por medio del cual la Sección
Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión de 10 de marzo
de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Meta
decretó la suspensión provisional de los efectos del acto
declaratorio de elección del señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR como contralor departamental del Guainía, contenido
en el Acta 002 de 13 de enero de 2022, expedida por la Asamblea
del ente territorial, -índice 84 del expediente digital 20220002700
-SAMAI-.

.- Sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2022
por la Sala Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del
Meta, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR como contralor del departamento de
Guainía, para el período 2022-2025, contenida en el Acta de
Sesión 002 de 13 de enero de 2022, la cual fue apelada ante el
Consejo de Estado, -Ver índices 88 y 94 del expediente digital
20220002700 -SAMAI-.

Por su parte, la Sala consultó el aplicativo SAMAI y encontró que en

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

ese proceso de nulidad electoral, -50001233300020220002702-, fue
resuelto el recurso de apelación a través de sentencia de 19 de enero
de 2023, proferida por la Sección Quinta de la Corporación, consejero
ponente LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, cuyas consideraciones
pertinentes en aras de confirmar la nulidad de la elección del señor
JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR como contralor del
departamento de Guainía, para el período 2022-2025, fueron:

“[…] Descendiendo a los supuestos fácticos concretos, es
claro que probatoriamente para el caso sub examine, está
demostrada la condena del accionado, como se lee en la
copia de una de las providencias penales, que se adosó con
la demanda, en la que se lee que el supuesto fáctico versó sobre
una conducta que se le imputó en términos de “…en su condición de
representante legal de la empresa…, no cumplió con la obligación
de consignar $217.850.000,oo a la DIAN, por concepto de los
impuestos recaudados de retención en la fuente durante los
períodos 10, 11 y 12 de 2004”.

Frente a este tópico y en aras de contextualizar el asunto, se impone
recordar que la retención en la fuente está definida fiscalmente
como uno de los mecanismos de recaudo anticipado de un
determinado impuesto, por eso el artículo 367 del Estatuto
Tributario, al consagrar su objeto lo hace en términos de “conseguir
en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro
del mismo ejercicio gravable en que se cause”.

De tal suerte, que resulta evidente que si se trata del recaudo de
impuestos, ello incide indefectiblemente y en forma directa en el
patrimonio del Estado, incluso tomando como referente la definición
tributaria que los estatuye como la principal fuente de ingresos
públicos, lo que conlleva a que el incumplimiento del recaudador en
la utilización de la herramienta o método de retención de los
recursos y traspaso de éstos a la autoridad tributaria, en este caso
la DIAN, produce daño al erario al patrimonio público, pues se trata
de los haberes fiscales del país, impactando así las finanzas con las
que el país se sostiene y cubre los gastos y la inversión.
(…)

Así las cosas, no resulta necesario extenderse en mayores
argumentaciones, pues la armonía de los contenidos de la
Constitución y el Código Penal en el entendimiento de la
causal de inhabilidad por condena judicial reivindican el

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

alcance que el Constituyente, a partir de 2004, imprimió a
dicho impedimento, con la innovación en la ampliación del
sujeto activo (“quienes hayan sido condenados”) y en la
intemporalidad (“en cualquier tiempo”).
(…)
3. FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de 30 de junio de 2022
proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, que
declaró la nulidad de la elección del señor Jhon Jairo Escobar
Escobar, en calidad de contralor del departamento de
Guainía (2022-2025), contenida en el Acta 002 de 13 de
enero de 2022 expedida por la Asamblea del ente territorial
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

V.3.1.- En este sentido, la Sala advierte que la conducta censurada
en la solicitud de pérdida de investidura no está prevista como
causal, habida cuenta que la deliberación, votación y, en general,
participación en la elección del candidato a contralor departamental,
-señor JHON JAIRO ESCOBAR ESCOBAR-, que personalmente se
encontraba inmerso en una causal de inhabilidad para acceder a
dicho empleo público, tal como lo determinó esta Corporación, -por
condena a pena privativa de la libertad-, no está establecida, per se,
como una inhabilidad con fines de desinvestidura para los diputados
que estuvieron involucrados en dicho trámite electoral.

Son dos situaciones distintas que el solicitante confunde en una sola,
toda vez que la probada inhabilidad del señor JHON JAIRO
ESCOBAR ESCOBAR para ser contralor departamental, en sede
judicial, no constituye, a su vez, la inhabilidad de los diputados que
participaron en su elección, tal como parece entenderlo el
accionante.

Pero, además, los hechos endilgados se desataron en desarrollo de
las funciones actuales de los diputados y no antes, en el entendido

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

que las inhabilidades lo que impiden es acceder al cargo de diputado,
cuando lo que se le reprocha al miembro de la corporación pública es
la comisión de una conducta irregular en desarrollo de sus actuales
funciones político-administrativas, como en el caso bajo examen en
el que se censuró a diputados posesionados la elección de un
candidato inhabilitado, no es posible que ello encuadre en una
inhabilidad.

V.3.2.- En consonancia con lo anterior, la Sala encuentra que en la
solicitud de pérdida de investidura el accionante omitió individualizar
la causal de inhabilidad que pretende enrostrar a los diputados del
Guainía con ocasión de la elección del señor JHON JAIRO ESCOBAR
ESCOBAR, en calidad de contralor del departamento de Guainía, -
período 2022-2025-.

Si bien el solicitante invoca la transgresión del régimen de
inhabilidades como causal de desinvestidura de los diputados, -
artículo 48, numeral 6, de la Ley 617-, lo cierto es que no desciende
a la identificación y sustentación de los eventos prohibitivos que
permanecen enlistados en el artículo 33 de la Ley 617, ni en aquellas
normas constitucionales previstas como inhabilidades con fines de
desinvestidura de miembros de corporaciones públicas territoriales.

En su lugar, tanto en la solicitud inicial como en el recurso de
apelación, el accionante acude a los artículos 122, inciso quinto de la
Constitución Política y 6º de la Ley 330, previsiones que no
constituyen inhabilidad alguna para los diputados, menos aun con
fines de pérdida de investidura. Ambas son del siguiente tenor:

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

“[…] Constitución Política

Artículo 122. <Artículo corregido por Aclaración publicada
en la Gaceta No. 125> No habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto
correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando
autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento,
el monto de sus bienes y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos
de la aplicación de las normas del servidor público.

<Inciso modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2009.
El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de las demás
sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos,
ni designados como servidores públicos, ni celebrar
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el
Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier
tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio
del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos
relacionados con la pertenencia, promoción o financiación
de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por
narcotráfico en Colombia o en el exterior […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

“[…] Ley 330 de 1996
Artículo 6o. Inhabilidades. No podrá ser elegido Contralor quien:

a) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Haya sido Contralor de todo o
parte del período inmediatamente anterior, como titular o como
encargado;

b) Haya sido miembro de los Tribunales que participaron en su
postulación, dentro de los tres años anteriores;

c) Durante el último año haya ocupado cargo público del orden
departamental, distrital o municipal, salvo la docencia;

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Número único de radicación: 50001 23 33 000 2022 00236 01
Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

d) Sea o haya sido miembro de la Asamblea en el último año;

e) Estarán igualmente inhabilitados quienes en cualquier
época hayan sido condenados penalmente a pena privativa
de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

No se podrá nombrar en ningún cargo de la Contraloría a los
Diputados, a los Magistrados que hubieren intervenido en la
postulación, elección del Contralor, ni al cónyuge, compañero o
compañera permanente de los mismos, ni a sus parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil. La infracción de lo dispuesto en este artículo constituye causal
de mala conducta.

El Contralor sólo asistirá a las juntas directivas de las entidades
descentralizadas del orden departamental o municipal cuando sea
expresamente invitado con fines específicos y no tendrá derecho a
votar.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del
Contralor quienes se hallen dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto de los
candidatos.

PARÁGRAFO. Quien haya ocupado en propiedad el cargo de
Contralor Departamental no podrá desempeñar empleo oficial
alguno en el respectivo departamento, salvo la docencia, ni ser
inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año
después de haber cesado en sus funciones […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Como se observa, la norma constitucional estipula una inhabilidad
general para ser inscritos como candidatos a cargos de elección
popular, elegidos, designados como servidores públicos, celebrar
personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado,
a las personas que hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por
la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o a
quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales,
delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el
exterior.

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Y, la disposición legal, regula la prohibición para todas las personas
que pretendan ser elegidos contralores departamentales, si en
cualquier época fueron condenados penalmente a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Se recuerda que
la Ley 330 desarrolla parcialmente el artículo 308 Constitucional, en
cuanto a gastos de funcionamiento y otras disposiciones de las
contralorías departamentales, y es a ese ámbito al que se
circunscribe y aplica.

Ante ello, es palmaria la impertinencia de ambas normas con las
circunstancias por las cuales se solicita la desinvestidura de los
diputados del Guainía, las que no son aplicables al caso concreto, es
decir que no hubo una debida adecuación de la conducta reprochada
dentro de alguna de las causales de inhabilidad previstas por el
ordenamiento jurídico; por lo demás, desde los hechos tanto del
escrito inicial como del recurso de apelación se avizoró la inexistencia
de irregularidad alguna con la capacidad de constituir la causal
alegada de pérdida de investidura, quedando así al descubierto la
manifiesta ausencia de adecuación del comportamiento de los
diputados que eligieron, como contralor del departamento de
Guainía, -período 2022-2025-, al inhabilitado candidato JHON
JAIRO ESCOBAR ESCOBAR, bajo los precisos términos, se insiste,
en que fueron sustentados los fundamentos fácticos y jurídicos en el
presente proceso.

V.3.3.- Con fundamento en lo considerado, la Sala procederá a
confirmar la sentencia apelada que denegó la pérdida de investidura
de los señores JAHIR ALBERTO BEDOYA SÁNCHEZ, DARWIN
DANILO HENAO CAÑÓN, LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ LOZANO,

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Solicitante: JHON FREDY SÁENZ RODRÍGUEZ

ELDON MARTÍNEZ GUERRERO, LUIS EDUARDO MOSQUERA
ACOSTA, NELSON EVELIO PALOMAR HERNÁNDEZ, JORGE
WILSON PAVA SERRATO, HAROLD AUGUSTO RODRÍGUEZ
GAITÁN, LEIDY VIVIANA SUÁREZ UNDA, HÉCTOR AUGUSTO
TEJADA ROJAS y JORGE ALEJANDRO VÉLEZ VÁSQUEZ,
diputados departamentales del Guainía, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, relativas a que la
conducta censurada no constituye causal de pérdida de investidura
alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de enero de 2023,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 1o. de junio de 2023.

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OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente

HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ ROBERTOAUGUSTOSERRATOVALDÉS
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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