Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00059-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2023-00059-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
27 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 50001-23-33-2023-00059-01
Accionante: MARLENY MOSQUERA TIRADO
Accionado: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE ACACIAS - META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO
– se declara improcedente el amparo por incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad – la parte actora dispone de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la salvaguarda de
los derechos fundamentales
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la
sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Marleny Mosquera Tirado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al trabajo, mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud,
vida, a la protección especial como prepensionada y al acceso a la pensión de vejez
[…]», cuya vulneración le atribuyó al Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacias - Meta, con ocasión de su desvinculación del cargo que
ocupaba en la Rama Judicial.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, mediante Resolución No. 041 de 9 de diciembre de 2022, la Jueza
Coordinadora del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacias - Meta, la nombró, en provisionalidad, en el cargo
de Asistente Social, grado 18, del referido Centro de Servicios; empleo del cual tomó
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
posesión y posteriormente desempeñó de manera ininterrumpida hasta el 16 de
febrero de 2023.
2.2. Señaló que su nombramiento en provisionalidad obedeció a la renuncia presentada
por el doctor Yesid Rodríguez Velandia, a partir del 12 de diciembre de 2022, quien
desempeñaba el cargo en provisionalidad, debido a la licencia no remunerada de la
titular del cargo, Havva Harrieth Narváez Espinoza.
2.3. Refirió que el día 1° de febrero de 2023 visualizó en el portal de la Rama Judicial la
publicación del «[…] formato de opción de sedes, del cargo de Asistente Social Grado
18 del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de
Acacías, Meta, debido a la situación administrativa de vacancia definitiva del mismo
[…]».
2.4. Manifestó que, con base en la anterior situación, y dado que consideraba cumplir
con la condición de prepensionada, solicitó al aquí accionado1 la aplicación en su favor
la figura jurídica de protección laboral, la cual fue despachada desfavorablemente por
su nominador, sin permitirle responder un requerimiento que él mismo le hiciera, y sin
esgrimir razones de fondo.
2.5. Puntualizó que goza del derecho de prepensionada dado que cuenta con 54 años
de edad y «[…] 1.159,57 semanas de cotización en la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones […]».
2.6. Relató que el día 14 de febrero de 2023 le fue comunicado que su cargo como
Asistente Social, grado 18, del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta se encuentra en
vacancia definitiva en razón al traslado de la señora Havva Harrieth Narváez
Espinoza, «[…] quien en su momento tenía la propiedad en dicho cargo […]».
2.7. Refirió que, con fecha 17 de febrero de 2023, la Secretaría del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacias – Meta le hizo entrega del Oficio No. COOR2023-018/16-02-2023, en el que
se le informa que: «[…] en razón a la renuncia de la doctora Havva Harrieth Narváez
Espinoza, se ha culminado su vinculación laboral con esta dependencia judicial […]».
2.8. Manifestóque, en fecha de 16 de febrero de 2023, se procedió a hacer la
publicación del cargo de Asistente Social, grado 18, del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Penas de Acacías - Meta y, como consecuencia
de todo el procedimiento adelantado, «[…] la autoridad accionada decidió, efectuar un
nuevo nombramiento, en tercera persona que al parecer el día 20 de febrero de 2023
ha tomado posesión del mencionado cargo […]».
2.9. Expresó que debe entenderse que la condición legal de su nombramiento en
provisionalidad debe permanecer independientemente de la causa que le haya dado
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Al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, Meta, quien actúa al mismo tiempo como
Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
origen, ya sea licencia temporal no remunerada de la titular o renuncia o traslado de
la misma, y, por lo tanto, «[…] debe entenderse que si una vacancia temporal se
convierte en definitiva, como sucedió con el traslado de la doctora HAVVA HARRIETH
NARVAEZ ESPINOZA, lo procedente es la aplicación de los mecanismos de provisión
definitiva señalados para la Rama Judicial y si inclusive, agotados dichas órdenes de
provisión, la condición de vacancia definitiva persiste, se puede mantener [su]
nombramiento en provisionalidad, sin que para el efecto sea procedente adelantar un
nuevo proceso de convocatoria interna para proveer el cargo que personalmente [se]
hallaba ocupando […]».
2.10. Señaló que: «[…] en un acto administrativo carente de motivación, se produjo [su]
desvinculación del cargo que ocupaba en la Rama Judicial […] y, al parecer, se
procedió a la designación de tercera persona en provisionalidad, quien no hace parte
de los funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial inscritos en carrera judicial ni
tampoco es integrante de la lista de elegibles para dicho cargo, sin que, iter[a], exista
acto administrativo motivado y obligatorio que [le] permita controvertir las decisiones
que, además, afectan derechos de rango constitucional de los que [es] titular […]».
III. PRETENSIONES
3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] De manera procedente le solicito al señor juez de tutela que, en la forma
como he expuesto, ampare mis derechos fundamentales invocados y
vulnerados por la autoridad accionada y/o aquellos que con ocasión de la
actuación judicial se logre establecer que igualmente han sido desconocidos.
En consecuencia de lo anterior, se ordene:
1) Se declare la ilegalidad de mi desvinculación y se disponga mi reintegro
al cargo que ocupaba en provisionalidad, sin ninguna solución de
continuidad.
2) Se disponga y/o declare, igualmente, que soy beneficiaria del derecho
de estabilidad laboral reforzada en condición de prepensionada, por
reunir los requisitos exigidos.
3) Se dispongan todas aquellas otras decisiones a que tengo derecho
como consecuencia de la actuación judicial preferente y sumaria […].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. El
Tribunal Administrativo del Meta, a través del magistrado a cargo de la
sustanciación, mediante auto de 27 de febrero de 2023 admitió el presente
mecanismo de amparo en contra del «[…] JUEZ COORDINADOR del CENTRO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACIAS […]».
5. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los
resultados de este proceso «[…] al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
DEL META SALA ADMINISTRATIVA, a las personas que integren el registro de
elegibles del cargo de ASISTENTE SOCIAL CENTRO SERVICIOS EJECUCIÓN
PENAS y MEDIDAS SEGURIDAD – GRADO 18, a la señora HAVVA HARRIETH
NARVÀEZ ESPINOZA, así como a la persona que ocupa actualmente dicho cargo
en el CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACIAS […] a los
JUZGADOS 1, 3 y 4 de EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE ACACIAS […]».
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
6.1. ElConsejo Seccional de la Judicatura del Meta, por intermedio de su
directora, rindió informe en el que se opuso a las pretensiones de amparo, al
considerar que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.
6.2. Advirtió que la competencia para determinar o establecer la concesión de la
estabilidad laboral reforzada del servidor nombrado en provisionalidad corresponde
al nominador.
6.3. Señalóque, al momento de expedir el acto administrativo de la lista para
provisión del cargo de Asistente Social, grado 18, no se había informado sobre
ninguna protección a la estabilidad laboral reforzada por la calidad de
prepensionada de la aquí accionante.
6.4. Los Jueces 1º, 2º y 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacias – Meta, conjuntamente, rindieron informe en el que precisaron que el acto
de nombramiento en provisionalidad de la tutelante tendría la misma duración de la
licencia no remunerada, solicitada por la titular del cargo, Havva Harrieth Narváez
Espinoza.
6.5. Advirtieron que, contrario a lo afirmado por la tutelante, su desvinculación no se
dio con ausencia de motivación, pues su nombramiento se extendía por el término
de duración de la licencia no remunerada concedida a la titular del cargo, la
señora, Havva Narváez Espinoza, la cual terminó a partir del 16 de febrero de
2023.
6.6. Agregaron que se hizo una publicación respecto de la vacante en el micrositio
de cada uno de los Juzgados de Ejecución de Penas de Acacías – Meta y se
recibieron tres hojas de vida, incluida la hoja de vida de la tutelante. Luego se
procedió a una reunión de todos los jueces y se decidió unánimemente, en
cumplimiento del Acuerdo No. 781 de 24 de mayo de 2000 “Por el cual se
reglamenta el nombramiento de los empleados de los centros de servicios
administrativos”, nombrar en el cargo de Asistente Social, grado 18, a la doctora
Luz Angela Escobar Lotta, a partir del 20 de febrero de 2023.
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
6.7. Por último, indicaron que la «[…] la accionante cuenta con una vía ordinaria ante
la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir los actos que estima
ilegales, la cual no puede ser subvertida por la vía de la tutela ante la inexistencia
de elementos de conocimiento que permitan abducir la existencia de un perjuicio
irremediable que la habilite como mecanismo transitorio […]».
6.8. La señora Havva Harrieth Narváez Espinoza rindió informe en el que manifestó
lo siguiente: (i) que ejerció el cargo de Asistente Social, grado 18, del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad en Acacías - Meta, desde el 12 de enero de 2022; (ii) que se le concedió
licencia no remunerada por dos años, y (iii) que pidió traslado como Asistente
Social, grado 18, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio – Meta; solicitud que
fue aprobada y en razón de ello, presentó renuncia a la licencia no remunerada, la
cual le fue aceptada mediante Resolución de 16 de febrero de 2023.
VI. FALLO IMPUGNADO
7. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 10 de marzo de
2023, resolvió declarar improcedente el amparo deprecado por la accionante, por
las siguientes razones:
[…] debe advertirse que si bien realizada la desvinculación de la tutelante, y
siendo conocida su situación de pre pensión, aunque no los JUECES DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de ACACÍAS, pudieron
brindarle una eventual protección a MOSQUERA TIRADO, nombrándola en el
cargo ahora en vacante definitiva, lo cierto es que realizaron el procedimiento
prima facie, de manera correcta, solicitando información sobre la existencia de
lista de elegibles para el cargo, y procediendo luego a un nuevo nombramiento
en PROVISIONALIDAD, el cual no podría en principio cuestionarse, pues ya
había cesado la vinculación de la tutelante y a la misma nunca se le realizó un
efectivo reconocimiento de su condición de pre pensionada, sin que formulara
algún reparo al respecto.
Bajo estos criterios, este Juez colegiado estima que si bien MARLENY
MOSQUERA TIRADO se encuentra próxima a pensionarse y ocupaba un cargo
en PROVISIONALIDAD en la RAMA JUDICIAL, en el caso no es procedente el
reconocimiento y amparo de la ESTABILIDAD REFORZADA reclamada, pues
la misma no puede considerarse irrestricta ni operar automáticamente, pues en
todo caso, se trata de una prerrogativa especial, con la que se pretende la
salvaguarda de unos derechos fundamentales, que si no se ven en riesgo
inminente no pueden ser amparados, máxime cuando en el caso, a modo de
enunciación, no se evidenció la vulneración del derecho al MINÍMO VITAL, ni
otra garantía fundamental que permita la intervención del Juez de tutela.
Nótese que si la tutelante estima que se presentó en su caso una desvinculación
arbitraria, debido a una presunta irregularidad, por la tardía renuncia al cargo
de ASISTENTE SOCIAL, grado 18 del CENTRO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS de
ACACIAS, y la correlativa renuncia a la LICENCIA NO REMUNERADA otorgada
a HAVVA NARVÁEZ ESPINOSA, lo cierto es que podría acudir a los medios
ordinarios de defensa judicial, a través del medio de control de NULIDAD Y
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, enjuiciando los actos administrativos
que reputa como carentes de motivación e irregulares, siendo ese escenario
judicial eficaz y eficiente para resolver sobre el particular.
Entonces, la ACCIÓN DE TUTELA promovida resulta IMPROCEDENTE, pues
se ejerce para cuestionar actuaciones administrativas del Nominador, que
condujeron a la terminación del vínculo laboral, situaciones que a todas luces
pueden ser rebatidas ante el Juez ordinario y no en sede de tutela, máxime
cuando no se observa la vulneración al MINIMO VITAL ni otras garantías
fundamentales […].
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia, al
considerar, en primer lugar, que dicha decisión es incongruente, por cuanto el a quo
«[…] advierte de manera clara en qué casos procede la protección al
prepensionado y aquellos por los que considera que la accionante podría ser objeto
de la protección especial que reclama. Sin embargo, estima que se deben analizar
otras circunstancias para determinar si opera la protección reclamada […]».
9. Asimismo, resaltó lo siguiente: «[…] obra dentro del texto de la demanda que la
signataria, así como demandó protección al derecho a la estabilidad laboral
reforzada, igualmente lo hizo para el debido proceso y del principio de
publicidad, la estabilidad laboral relativa o intermedia, la vida digna, la
seguridad social, el mínimo vital y el trabajo; sin embargo, ninguno de ellos
mereció miramiento del juez constitucional […]».
10. En lo concerniente a su derecho fundamental al debido proceso, la impugnante
consideró que este se vulneró «[…] en el mismo instante en que la estabilidad
relativa se desatendió con un nombramiento en provisionalidad que el juez de
primera instancia calificó como procedimiento correcto; sin tener en cuenta que,
como la misma Sala lo expresa, la desvinculación en provisionalidad solo procede,
primero, por el nombramiento de una persona que ganó el concurso o, segundo,
por razones objetivas que deben ser claramente expuestas en el acto de
desvinculación […]».
11. La impugnante puso de presente que la naturaleza del nombramiento del cargo
que ejerció, en razón a la licencia no remunerada de la titular del cargo, «[…] pasa
a convertirse en provisionalidad definitiva y por ello la Coordinación del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías, debe verificar la aplicación de los mecanismos de provisión
definitiva señalados, si agotados dichos órdenes de provisión la condición de
vacancia definitiva persiste, podrá mantener el nombramiento provisional en el
servidor en que inicialmente recayó, sin que sea procedente adelantar un nuevo
proceso de convocatoria interna para proveer el empleo […]».
12. Destacó que la desvinculación laboral afectó su derecho al mínimo vital, ya que
su «[…] trabajo siempre ha sido la fuente de [su] sustento, no [tiene] otros ingresos
con los que pueda atender [sus] necesidades diarias y las de [sus] padres, así como
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
la carencia de recursos para poder seguir haciendo los aportes necesarios de salud
y pensión […]».
13. Por lo anterior, la parte impugnante consideró que «[…] ni [sus] nominadores, ni
el fallador, ahondaron en tal sentido dejando pasar por alto [su] manifestación
[respecto a su afectación a su mínimo vital], máxime cuando [es] un sujeto de
especial protección constitucional en virtud de la estabilidad laboral reforzada que
se deriva de [su] condición de prepensionada y, además, teniendo en cuenta que
cumpl[e] los requisitos reglamentarios y legales para poder acceder en la calidad
antes mencionada a la pensión mínima de vejez al encontrar[se] a menos de tres
(3) años para adquirir dicho derecho […]».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 20173 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre
de 20184, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del
Consejo de Estado.
VIII.2. Problemas jurídicos
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela.
b) Si ello es así, determinar si las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del extremo accionante, con ocasión de su desvinculación del
cargo que ocupaba en la Rama Judicial.
16. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la estabilidad
laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; (iii) del marco jurisprudencial
respecto de la condición de prepensionados; procediendo posteriormente a (iv)
resolver el caso concreto.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
VIII.3. La estabilidad laboral reforzada
17. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará
medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También dispensará
protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las cuales se
encuentran los sujetos que por su condición de salud están en situación
desfavorable para el desarrollo de su trabajo.
18. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una
política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles
capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo
acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.
19. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral
1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad.
También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de personas
inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, incorporado a la
legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.
20. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho
fundamental5 debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la
existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores
sociales y el Estado6; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los
derechos fundamentales7, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que
comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos, o
de personas en condición de debilidad manifiesta8.
21. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido
definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene el
trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por
presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el
cargo para el cual fue contratado.
5
Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
6
Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política.
7
A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política.
8
Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
VIII.4. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad
22. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo -regulado en el artículo 25 superior-
lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo, quienes ocupan
cargos en provisionalidad, tienen una garantía de carácter relativo e intermedio,
comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece que «[…] los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera […]», por lo que las
condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al mérito y
no a la discrecionalidad del nominador9.
23. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su permanencia
en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo, justamente
porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo público a
través de los concursos de méritos […]10. (negrillas por fuera del texto original)
24. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en provisionalidad
está condicionada al término de duración del proceso de selección y a las etapas
del concurso de méritos11.
VIII.5. Marco jurisprudencial respecto de la condición de los prepensionados
25. La figura de “prepensionado” es de creación jurisprudencial y tiene como objeto
proteger las expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de
pensión de vejez o jubilación, en el sentido de no poder ser retirado o despedido de
su empleo hasta tanto no se les haya reconocido dicha prestación económica.
26. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-897 de 2012, sostuvo que:
[…] las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los
prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los
tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años
o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de
jubilación o vejez […]. (negrillas de la Sala)
9
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
10
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
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Accionante: Marleny Mosquera Tirado
27. En relación con los trabajadores que se encuentran vinculados en cargos de
provisionalidad y tienen la calidad de prepensionados, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente:
[…] De manera excepcional, la ley permite que los empleos de carrera puedan
ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad cuando se
presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se
requiera de personal suficiente para atender las necesidades de la
administración, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las
formalidades legales o cesa la situación que originó la vacancia. En ese
contexto, ha dicho la Corte, si bien es cierto el servidor no podrá
permanecer indefinidamente en el cargo, tampoco se crea una
equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que
no proceda su desvinculación por la simple voluntad discrecional del
nominador.
5.4. Bajo ese entendido, los servidores nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación en
reiterados pronunciamiento, gozan de una estabilidad laboral relativa o
intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio público solo tendrá
lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para
proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado
satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones todas estas
que deberán ser claramente expuestas en el acto de desvinculación, como
garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al acceso en condiciones
de igualdad a la función pública.
5.5. De esta forma, “la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el
concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues
precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes
están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que
tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos”.
5.6. Ahora bien, a pesar del carácter eminentemente transitorio de los
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera, la Corte ha sido
enfática en señalar que el servidor que se encuentra en dicha situación
administrativa y, además, es sujeto de especial protección constitucional, como
es el caso, entre otros, de las personas en condición de discapacidad o que
padecen grave enfermedad, “concurre una relación de dependencia intrínseca
entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos
fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades.
De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos
depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través
de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que
informan la carrera administrativa”.
5.7. En ese sentido, el ente nominador está en la obligación de brindarle a
los servidores en las condiciones especiales anotadas, un trato
preferencial, como acción afirmativa, antes de proceder a nombrar en sus
cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez superadas todas
las etapas del respectivo concurso de méritos. Ello, con el fin de garantizar
el goce real de sus derechos fundamentales (art. 2º Const.) y de llevar a
efecto la cláusula constitucional que exige a las autoridades en un Estado
Social de Derecho, prodigar una protección especial a las personas que,
por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, inciso 3º Const.).
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5.8. Así, respecto de las medidas que pueden adoptarse para no lesionar los
derechos fundamentales de este grupo de servidores, en la sentencia SU-446
de 2011, la Corte Constitucional destacó la importancia de que los órganos
del Estado y, en particular, la Fiscalía General de la Nación, (i) dispongan
lo necesario para garantizar que sean los últimos en ser desvinculados y,
(ii) de ser posible, procure su reubicación en empleos que aún se
encuentren vacantes, iguales o equivalentes a aquellos que venían
ocupando en provisionalidad, mientras estos son cubiertos en propiedad
mediante el sistema de carrera. […]12 (Negrillas de la Sala)
28. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018 procedió a
«[…] unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto al alcance del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable […]», y al abordar el tema que nos
ocupa, señaló lo siguiente:
[…] Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad,
dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez […]13. (negrillas de la Sala)
29. De todo lo transcrito, se colige que, si bien es cierto que los empleados vinculados
en provisionalidad no adquieren derecho indefinido a permanecer en un empleo de
carrera, la realidad es que, cuando ostentan la calidad de prepensionados son
sujetos de especial protección constitucional, lo que obliga a la entidad
empleadora adoptar medidas por medio del cual se logre garantizar sus derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y al trabajo hasta que les sea
reconocido la pensión de vejez o jubilación; sin embargo, dicha protección
únicamente resulta procedente cuando el trabajador le faltare el requisito atinente
a las semanas de cotización.
VIII.6. El caso concreto
30. La ciudadana Marleny Mosquera Tirado solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[…] al trabajo, mínimo vital, vida digna, seguridad social, salud,
vida, a la protección especial como prepensionada y al acceso a la pensión de vejez
[…]», cuya vulneración le atribuyó al Juez Coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacias - Meta, con ocasión de su desvinculación del cargo que
ocupaba en la Rama Judicial.
31. La autoridad judicial de primera instancia declaró improcedente el mecanismo de
amparo. Por su parte, en el escrito de impugnación, la accionante centra su
inconformidad en que se desconoció su condición de prepensionada al nombrar a
12
Sentencia T 096 de 20 de marzo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU- 003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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otra persona en provisionalidad en el cargo que venía desempeñando en la Rama
Judicial, violando así sus derechos fundamentales invocados.
32. En este contexto, sea lo primero en destacar que «[…] la acción de tutela, por
regla general, no procede para ordenar el reintegro de un funcionario público, debido
a que existen otros mecanismos judiciales que permiten ejercer una apropiada
defensa, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante
esta jurisdicción de lo contencioso administrativo14 […]»15.
33. En efecto, la Corte Constitucional ha explicado de manera reiterada que la acción
de tutela deviene improcedente «[…] cuando se solicita el reintegro de empleados
públicos a sus cargos, toda vez que los actos administrativos por medio de los
cuales la administración decide separarlos de los mismos pueden controvertirse
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, salvo que se evidencie la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues en estos eventos dicho medio de defensa no proporciona una
protección eficaz y adecuada a los derechos amenazados o vulnerados y, en
consecuencia, el amparo constitucional procedería de forma excepcional […]»16.
34. De allí que resulta oportuno recordar que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla general,
no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para
desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su
defecto, la acción de nulidad.
35. En consonancia con lo anterior, cabe destacar que la Corte Constitucional ha
precisado que la condición de prepensionado resulta insuficiente para demostrar
la ineficacia del medio judicial ordinario, porque, además de cumplir con los
requisitos de dicha garantía de estabilidad, el extremo accionante debe acreditar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la tutela sea procedente17. La
sentencia de tutela T-554 de 2019, al respecto, señala lo siguiente:
[…] Si bien al momento de la terminación del contrato de trabajo, al actor le
faltaban menos de tres años para adquirir la edad pensional de 62 años, y había
cotizado un total de 1327,29 semanas al sistema de seguridad social en
pensiones, ésta sola circunstancia, la de prepensionado, no hace procedente el
amparo solicitado puesto que el actor, a más de contar con un mecanismo
idóneo al cual debe acudir para que se defina su derecho, no acreditó la
configuración del perjuicio irremediable […].18
36. Así las cosas, y teniendo en cuenta que lo pretendido por la actora es que se
ordene su reintegro laboral, la Sala advierte que el mecanismo de amparo deviene
improcedente porque la accionante cuenta con la posibilidad de promover el medio
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 595 del 31 de octubre de 2016. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2022,
expediente número 11001-03-15-000-2021-05447-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
16
Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
17
Corte Constitucional. Sentencia T – 554 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
18
Corte Constitucional. Sentencia T – 229 del 20 de abril de 2017. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo
138 del CPACA para solicitar la nulidad del acto administrativo que dispuso su
desvinculación del cargo que ocupaba; asimismo, a manera de restablecimiento del
derecho, puede deprecar el reintegro en un cargo de igual o superior jerarquía, lo
que sustentaría, entre otros aspectos, en su supuesta calidad de prepensionada.
37. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad del acto administrativo mediante el cual
fue desvinculada, en el que, valga resaltarlo, podrá solicitar el decreto de medidas
cautelares.
38. Cabe poner de relieve que el medio de control de nulidad y restablecimiento
resulta ser un medio de defensa idóneo y eficaz puesto que, tal como lo ha
sostenido esta Sección19, «[…] con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de
2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control
ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado […]»20.
39. En este contexto, cabe destacar que, aunque la aquí actora cumple los supuestos
para ser beneficiaria de la garantía de la estabilidad laboral reforzada, en razón que
le faltan menos de 3 años para cumplir la edad mínima para solicitar el
reconocimiento pensional y menos de 3 años de cotización, la realidad es que esa
simple circunstancia no habilita la intervención del juez constitucional, habida cuenta
que, tal como se explicó previamente, para que el mecanismo de amparo resulte
procedente en estos eventos se debe acreditar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
40. Esasí como se debe señalar que un evento de perjuicio irremediable debe
suponer una hipotética afectación grave y significativa de los derechos
fundamentales de la parte actora, y en ese sentido se justifica la intervención del
juez de tutela en forma transitoria para adoptar medidas urgentes e impostergables
que eviten la materialización del referido perjuicio, circunstancias que no se
advierten en el sub judice, tal como se procede a explicar a continuación:
i) El cargo que desempeñaba la aquí actora era de carácter provisional, con ocasión
de la licencia no remunerada concedida a la titular de ese cargo y, su posterior,
desvinculación obedeció a que la titular renunció a la licencia, lo que significa que
la situación administrativa, en principio, tendría una justificación legal, asunto que
escaparía del estudio de este juez constitucional.
ii) Adicionalmente, debe resaltarse que el hecho de que la actora actualmente se
encuentre sin vinculación laboral vigente, no significa que ella, y su familia, no pueda
acceder a la prestación del servicio de salud, dado que el sistema de seguridad
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, expediente
número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González,
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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social en salud se rige, entre otros, por los principios de universalidad, solidaridad,
igualdad y equidad, a partir de los cuales el Estado está en el deber de garantizar
la prestación del servicio independientemente de la capacidad de pago del afiliado,
razón suficiente para desestimar el supuesto perjuicio irremediable por este
aspecto.
iii) Igualmente, valga agregar que si bien es cierto la aquí actora podría verse
afectada en su mínimo vital por la falta de salario, como consecuencia de la
desvinculación laboral, ello no habilita al juez de tutela para que adopte medidas en
favor de la extrabajadora, en razón a que toda terminación laboral trae consigo la
imposibilidad de continuar recibiendo la remuneración.
41. Es por las anteriores razones que esta Sala de Decisión considera que, en el
presente caso, no existe a simple vista la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora y, ante esa circunstancia, el juez constitucional no se
encuentra facultado para estudiar de manera detallada y de fondo la supuesta
vulneración alegada, ya que ello le corresponde al juez natural de la causa.
42. En conclusión, la Sala considera que la presente solicitud de amparo no satisface
el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la actora dispone de otro medio de
defensa judicial eficaz e idóneo para obtener la protección de los derechos
fundamentales que alega vulnerados con ocasión de su desvinculación laboral.
43. Por lo anterior, se confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente la
acción de tutela promovida por la aquí actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(28)
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