Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00311-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00311-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2023-00311-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 50001-23-33-000-2023-00311-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE LUIS SALCEDO MORENO
TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO, PUES SE
CONCEDIERON LAS VACACIONES DEL ACTOR EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO
DE PRIMERA INSTANCIA. VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA
RAMA JUDICIAL. SE REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO DIGNO, IGUALDAD, DESCANSO
REMUNERADO, SALUD Y FAMILIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
contra la sentencia de 28 de noviembre de 2023, mediante la cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META1 amparó los derechos
fundamentales invocados como vulnerados por el actor.
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 50001-23-33-000-2023-00311-01
Actor: JORGE LUIS SALCEDO MORENO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JORGE LUIS SALCEDO MORENO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo digno, a la igualdad, al descanso
remunerado, a la salud y a la “familia”, los cuales considera
vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO2, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL3 y el
JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO4 al negar la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal5 para el nombramiento de
su reemplazo durante el período de sus vacaciones individuales.
I.2.- Hechos
Manifestó que se encuentra vinculado en provisionalidad a la RAMA
2
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
3
En adelante la Dirección Ejecutiva.
4
En adelante el JUZGADO.
5
En adelante CDP.
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Actor: JORGE LUIS SALCEDO MORENO
JUDICIAL en el cargo de oficial mayor y/o sustanciador en la planta
de personal del JUZGADO.
Indicó que el 11 de octubre de 2023, le solicitó al titular del
JUZGADO el reconocimiento de las vacaciones causadas entre el 17
de diciembre de 2019 y el 16 de diciembre de 2020.
Afirmó que mediante Resolución núm. 031 de 10 de noviembre de
2023, el titular del JUZGADO le denegó el disfrute de sus vacaciones,
con fundamento en que a través del Oficio núm. DESAJVIO23-1559
de 10 de noviembre de la misma anualidad, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL había negado la expedición del CDP para
efectuar un nombramiento de remplazo mientras estuviera
disfrutando de su descanso legal.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que se le están vulnerando sus derechos fundamentales,
toda vez que en múltiples ocasiones similares ya se han expedido
certificados de disponibilidad presupuestal para nombrar reemplazos
durante las vacaciones de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial, lo que ha permitido el disfrute de dicha prestación social sin
que esto implique el represamiento del trabajo o una sobrecarga
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laboral para los demás funcionarios, pues con ello se garantizan las
condiciones para un buen funcionamiento de los despachos judiciales
y se respetan los derechos laborales de los solicitantes.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] 3.2 Se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura que, en coordinación
con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Villavicencio, en el término de 48 horas, contados a partir de
la notificación del fallo, expidan el CDP para el nombramiento
del reemplazo en período vacacional del cargo oficial mayor y lo
remitan al Despacho Judicial donde me desempeño como oficial
mayor y/o sustanciador.
3.3 Se deje sin efectos la Resolución No. 030 del 10 de
noviembre de 2023 proferida por el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio,
Meta, mediante la cual me fue negado el disfrute de vacaciones
a partir del 28 de noviembre de 2023 y se conceda en mi favor
el disfrute de las vacaciones y se realice el nombramiento de la
persona que asumirá mi reemplazo.
3.4 Se ordene a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
que en coordinación con la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio anualmente realice las
apropiaciones presupuestales necesarias para nombrar
reemplazo en período vacacional del cargo Asistente
Administrativo grado 6 de este despacho judicial […]”. (Negrilla
pertenece al texto).
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I.5.- Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la presente acción de tutela, pues
manifestó que cumplió con su función de expedir el CDP para que el
actor pudiera disfrutar de sus vacaciones, pero la DIRECCIÓN
EJECUTIVA en ejercicio de sus competencias no autorizó el CDP
para el nombramiento del reemplazo de éste.
Igualmente, sostuvo que a quien le correspondía conceder las
vacaciones objeto de controversia era a la Juez Tercera de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, como titular del
Despacho Judicial en el que labora el actor.
Refirió que según las directrices impartidas en la Circular PSAC 11-
44 de 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, solo se permiten rubros para
el reemplazo de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen
individual.
I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitó declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia, toda vez que lo que se pretende
con la misma es dejar sin efectos una decisión administrativa ya
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adoptada.
Manifestó que no es la competente para desatar el asunto sub
examine, pues en ejercicio de sus funciones, -que se limitan a la
ejecución, administración y representación de la Rama Judicial-,
nunca ha puesto en riesgo ni violado derechos constitucionales o
legales del actor.
Finalmente, indicó que lo que ocurre en este caso es una posición
caprichosa del nominador del actor quien se niega a concederle las
vacaciones solicitadas, puesto que los funcionarios conocen de la
imposibilidad de destinar recursos para el nombramiento de un
reemplazo durante las vacaciones de un empleado judicial.
I.5.3.- El JUZGADO afirmó que negó la solicitud de vacaciones, por
cuanto la administración judicial rechazó la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo
del solicitante.
Señaló que el abrumador número de procesos que se tramitan en el
despacho, así como la imperiosa necesidad de contar con la totalidad
del personal adscrito al mismo para poder atender el cúmulo de
trabajo, fue lo que fundamentó la decisión de denegar el
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reconocimiento del período de vacaciones solicitado por el
accionante, mediante la Resolución núm. 031 de 10 de noviembre de
2023.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2023, el TRIBUNAL
amparó los derechos fundamentales invocados como violados en la
presente acción de tutela y, en consecuencia, le ordenó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la
DIRECCIÓN EJECUTIVA realizar las gestiones administrativas y
presupuestales que garanticen la correcta prestación del servicio de
administración de justicia por parte del JUZGADO y el goce y disfrute
de las vacaciones solicitadas por el actor.
Asimismo, le ordenó al JUZGADO conceder las vacaciones
individuales solicitadas por el actor y proceder al nombramiento de
la persona que lo reemplace durante su período de descanso, una
vez se le notifique de las autorizaciones presupuestales y
administrativas necesarias para tal finalidad.
Finalmente, exhortó a la DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que, en lo sucesivo, realice las
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gestiones necesarias que garanticen, en casos como el estudiado, la
consecución de recursos para que los empleados judiciales cuenten
con un reemplazo que les permita disfrutar de sus descansos
remunerados.
Para sustentar la decisión referida, adujo que los asuntos de índole
administrativo no pueden afectar el goce y disfrute del período
vacacional, en la medida en que el descanso constituye una garantía
fundamental derivada del derecho al trabajo en condiciones dignas.
Asimismo, resaltó que la aplicación del principio de continuidad para
garantizar la adecuada prestación del servicio público de administrar
justicia no justifica ni sirve de fundamento para denegar el disfrute
de un período vacacional, aunado al hecho de que la propia Ley 270
de 7 de marzo de 1996 prevé formas para conciliar dichas situaciones
como lo es el nombramiento en provisionalidad de un reemplazo.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN EJECUTIVA cuestionó la providencia de primera
instancia, al señalar que el actor cuenta con otros medios de defensa
judiciales idóneos para la protección de sus derechos fundamentales,
a través de los cuales puede solicitar la suspensión provisional de los
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efectos de los actos administrativos cuestionados.
Precisó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en la
medida en que “[…] no tenemos la condición de nominador de la
accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las
vacaciones […]”, por lo que solicitó revocar el fallo impugnado y, en
su lugar, que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
le desvincule de la misma.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA en el escrito de
impugnación solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
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Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela
de la referencia el actor pretende, entre otros aspectos, que se
ordene la expedición del correspondiente CDP para el disfrute de sus
vacaciones y para el nombramiento de su reemplazo, es claro que la
DIRECCIÓN EJECUTIVA tiene una relación sustancial con lo que se
discute en el proceso, pues se trata de un asunto administrativo de
su competencia, por lo que era necesaria su vinculación en la acción
constitucional de la referencia, razón por la cual se denegará su
solicitud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte
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resolutiva de la presente providencia.
Caso concreto
La Sala observa que en el presente caso el señor JORGE LUIS
SALCEDO MORENO interpuso acción de tutela con la finalidad de
obtener el amparo a sus derechos fundamentales al trabajo digno, a
la igualdad, al descanso remunerado, a la salud y a la familia.
El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que a través de la Resolución núm. 031 de 10 de noviembre
de 2023, el JUZGADO le negó el disfrute de sus vacaciones con
fundamento en la negativa de la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar
su reemplazo durante dicho período.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 28 de noviembre 2023,
amparó los derechos fundamentales deprecados por el actor, al
considerar que los asuntos de índole administrativo no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que
legalmente le asiste; máxime, si se tiene en cuenta que el descanso
constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo
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en condiciones dignas.
En consecuencia, el TRIBUNAL le ordenó a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la DIRECCIÓN
EJECUTIVA que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
del fallo, realicen las gestiones administrativas y presupuestales
necesarias que garanticen tanto la prestación del servicio de
administración de justicia por parte del JUZGADO como el goce y
disfrute de las vacaciones del actor.
Igualmente, le ordenó al JUZGADO que una vez la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL en coordinación con la DIRECCIÓN
EJECUTIVA le hayan notificado de la expedición de las referidas
autorizaciones presupuestales y administrativas, proceda a
concederle las vacaciones al actor y a nombrar a la persona que
reemplace durante el disfrute de sus vacaciones.
Finalmente, el TRIBUNAL exhortó a la DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL “para que, en lo sucesivo, gestione
las solicitudes de disponibilidad presupuestal para la consecución de
los recursos necesarios para que los empleados judiciales, en casos
de extrema necesidad, como se reporta por los Juzgados de
Ejecución de Penas del país, cuenten con un reemplazo que les
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permita disfrutar el descanso remunerado, con el propósito de
garantizar sus derechos fundamentales”.
La DIRECCIÓN EJECUTIVA impugnó la decisión del a quo
argumentando: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva para
atender la orden impuesta, y ii) la existencia de otro mecanismo
judicial para solicitar la protección de los derechos fundamentales
deprecados.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL denegara la expedición del
CDP que garantice la vinculación de una persona para reemplazar al
actor durante sus vacaciones, vulnera los derechos fundamentales
invocados por éste al impedirle disfrutar plenamente de dicha
prestación social.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la expedición: I) del oficio DESAJVIO23-1559
de 10 de noviembre de 2023, a través del cual la DIRECCIÓN
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EJECUTIVA SECCIONAL denegó la expedición del certificado
presupuestal objeto de controversia y; II) de la Resolución núm. 031
de 10 de noviembre de 2023, a través de la cual el JUZGADO negó
la solicitud de concesión de vacaciones del actor, mientras que la
acción de tutela fue radicada el 15 de noviembre de 2023.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por
una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los
trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control
y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la
necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante
el tiempo que esté en vacaciones6.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama
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Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.
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Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho
que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante
el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional
señaló:
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
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Mp Jaime Araújo Rentería.
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derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”. (Negrillas fuera del texto).
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios
de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146
de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes términos:
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“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante, lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
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Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio
obrantes en el plenario10, se encuentra probado de forma relevante
lo siguiente:
• El actor, en calidad de oficial mayor y/o sustanciador del JUZGADO,
solicitó a su nominador que le fueran concedidas las vacaciones a que
tenía derecho por haber laborado durante el período comprendido
entre el 17 de diciembre de 2019 al 16 de diciembre de 2020.
• El titular del JUZGADO solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un
reemplazo, que sustituyera al actor mientras disfrutaba de sus
vacaciones.
• Mediante Oficio núm. DESAJVIO23-1559 de 10 de noviembre de
2023, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal aludido, por las
siguientes razones:
“[…]En atención a su solicitud de disponibilidad presupuestal
para atender el reemplazo por las vacaciones del señor JORGE
LUIS SALCEDO MORENO, oficial mayor de ese despacho, elevada
10
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de segunda instancia.
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Actor: JORGE LUIS SALCEDO MORENO
mediante oficio N. 058 del 11 de octubre de 2023, me permito
informar que mediante oficio DEAJO23-719 del 26 de octubre de
2023, del cual adjunto copia, la Directora Ejecutiva de
Administración Judicial manifiesta entre otras cosas:
“Así las cosas, dado que la Circular PSAC11-44 de 2011 conserva
su carácter vinculante en todas las decisiones adoptadas en
virtud del principio de legalidad, la misma no puede ser
desconocida por esta Dirección, so pena de estar incurso en
conductas con implicaciones disciplinarias, fiscales y/o penales”
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y toda vez que la
Circular citada establece la gestión de recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos en
vacaciones individuales solamente para los funcionarios
judiciales, es decir, magistrados y jueces, no es posible atender
la solicitud de Disponibilidad Presupuestal por el reemplazo de
las vacaciones del empleado en mención […]”.
• A través de la Resolución núm. 031 de 10 de noviembre de 2023,
el nominador del actor le denegó las vacaciones solicitadas teniendo
en cuenta la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional para expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal necesario para el
nombramiento de su remplazo durante el período de descanso.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el
criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias
administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período
vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en cuenta la
injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo, en el que
el descanso constituye una garantía fundamental del empleado,
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además de una prestación social y un derecho económico relacionado
con la salud y la seguridad social de las personas.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral
y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente,
según el cual bastaría con ordenarle al nominador del actor
concederle las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado
de disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de
remplazo.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al
trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del
Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas
asignadas a cada empleado.
Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente, de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
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dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.
Aclarado lo anterior, es del caso advertir que mediante correo
electrónico enviado el 29 de noviembre de 2023, el JUZGADO puso
en conocimiento que, en cumplimiento del fallo de tutela de
primera instancia, ya se había expedido el certificado de
disponibilidad presupuestal para cubrir el rubro destinado a designar
provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia al señor
JORGE LUÍS SALCEDO MORENO, por lo cual expidió la Resolución
núm. 034 de 29 de noviembre de 202312, que en su parte resolutiva
dispuso:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO: Concede un (1) periodo de vacaciones al
doctor Jorge Luis Salcedo Moreno, identificado con cedula de
ciudadanía N° 1.122.119.288, oficial mayor de este Juzgado,
misma que disfrutará a partir del 29 de noviembre de 2023,
inclusive.
SEGUNDO: Nombrar en provisionalidad a la doctora Leidy
Katheryn Mora Mora, identificada con cédula de ciudadanía
número 1.121.910.418, por el periodo comprendido entre el
29 de noviembre al 23 de diciembre del 2023. De conformidad
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
12
“Por medio de la cual concede el disfrute de vacaciones de un empleado de este Despacho y se
realiza un nombramiento”.
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con lo considerado de manera precedente. Previas las
formalidades del caso, désele posesión del cargo.
TERCERO: Comuníquese esta decisión a los interesados, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial y a la Sala
de Decisión Oral N° 6 del Tribunal Administrativo del Meta,
para acreditar el cabal cumplimiento de la orden que le fue
impartida al despacho dentro de la acción de tutela No. 50
001 23 33 000 2023 00311 00. Remítase copia de este acto
administrativo.
CUARTO: De la presente Resolución anéxese copia a las hojas
de vida de los interesados.
QUINTO: La presente resolución surte efectos fiscales a partir
del 29 de noviembre de 2023 […]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que el JUZGADO y la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL ya realizaron las gestiones
administrativas tendientes a que se expidiera el certificado de
disponibilidad presupuestal destinado a cubrir el nombramiento de la
persona que reemplazó al tutelante en el período de vacaciones, por
lo que el Juzgado expidió la Resolución citada en precedencia,
mediante la cual se le concedieron 25 días de vacaciones
comprendidos entre el 29 de noviembre hasta el 23 de diciembre de
2023.
Analizado lo anterior, la Sala encuentra que como ya se respondió a
la cuestión fundamental planteada por el accionante, se encuentran
satisfechas las pretensiones que inicialmente dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela, pero se infiere que ello se llevó
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a cabo en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia de
primera instancia, por lo que el asunto no se encuadra dentro de la
definición de hecho superado contenida en el artículo 26 del
Decreto 2591 de 1991, sino que cesó la vulneración en cumplimiento
de una orden judicial.
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela
ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna
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[…]”13 (Destacado fuera de texto).
En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que
la Jurisprudencia Constitucional ha denominado hecho superado,
pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la
orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como
estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e
incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de
dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de
un juez para garantizar los derechos fundamentales.
En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden
de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que
debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por
cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho
reclamado.
Distinto sería si, por ejemplo, el a quo no hubiese concedido el
amparo y aun así las accionadas hubiesen concedido las vacaciones
solicitadas por el actor, ya que en esta instancia sí habría lugar a
declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente, se constató
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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que se violó el derecho, pero es inane decretar orden alguna, en
atención a que la situación de vulneración ya fue superada.
Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está
previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en
cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador
desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna
encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la
intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y
estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.
Lo anterior, impone para la Sala confirmar la sentencia impugnada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: JORGE LUIS SALCEDO MORENO
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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