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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00325-01

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2023-00325-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, ORDENAR al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías que, en el término de cuarenta y ocho (48) 14 Radicación: 50001233300020230032501 Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia horas, conceda a Diana Del Pilar Gómez Hernández las vacaciones solicitadas y, en el mismo término, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a cargo del despacho judicial, mientras la asistente disfruta de sus vacaciones, en los términos de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2023-00325-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., primero (01) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela por la negativa al disfrute de vacaciones. Subtema 1: Derecho
fundamental al descanso y otros en la Rama Judicial. Decisión: Se modifica el fallo
recurrido.

La Sala decide la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en contra del fallo de tutela proferido el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de amparo constitucional

Diana Del Pilar Gómez Hernández presentó tutela1 en procura de la protección de sus
garantías fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al descanso
que considera vulneradas por los accionados, por cuanto negaron el disfrute de sus
vacaciones y la emisión de un certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar un
reemplazo mientras disfruta de su descanso.

2.- Hechos

2.1.- Diana Del Pilar Gómez Hernández, quien ejerce el cargo de asistente jurídico grado
19 en propiedad del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías, solicitó el reconocimiento de vacaciones por la labor desempeñada desde el

1
Obra en certificado 82F70180C98F13C4 7C317027E65774CE B29AC66D923AAAD9 07B6335E3B5E73AF, índice 2
en el expediente de tutela digital.

2
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

03 de septiembre de 2020 al 02 de septiembre de 2021, para su disfrute a partir del 11
de diciembre de 2023.

2.2.- El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías solicitó
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que
expidiera el certificado de disponibilidad presupuestal para sufragar el pago de las
vacaciones, la prima correspondiente y el salario del empleado de reemplazo durante el
periodo de descanso de la convocante.

2.3.- Por medio del Oficio DESAJVI023-1584 del 15 de noviembre de 2023 la dirección
seccional requerida accedió al pago y prima de las vacaciones, pero frente a la
disponibilidad presupuestal para nombrar al reemplazo durante el periodo de descanso
de la actora, trasladó la solicitud a la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración
Judicial en Bogotá.

2.4.- Luego, mediante resolución No. 028-2023 del 23 de noviembre de 2023, el Juez
accionado negó el disfrute de las vacaciones solicitadas, ante la ausencia del CDP y por
la necesidad del servicio.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

Como sustento de la trasgresión de los derechos fundamentales cuya conculcación se
alega, la tutelante indicó también que tiene conocimiento de que cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial, pero que estos no resultan ser eficaces ni oportunos.

4.- Pretensiones de la acción de tutela

Se solicitó

“Así las cosas, solicito con todo respeto se me protejan mis derechos fundamentales al trabajo
en condiciones dignas, al descanso remunerado y a la igualdad para que se deje sin efecto la
Resolución 028-2023 del 23 de noviembre de 2023 proferida por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías Meta, mediante la cual me fue
negado el disfrute de las vacaciones a partir del 11 de diciembre junio de 2023; y en
consecuencia:

Se ordene a la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial — Consejo Superior
de la Judicatura que en coordinación con la Dirección seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta

3
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

providencia, eliminen las barreras que impiden obtener el certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar mi reemplazo durante sus vacaciones en el cargo de asistente
Jurídico grado 19; expidiendo el CDP respectivo, y lo remitan al Despacho Judicial donde
ostento el cargo en propiedad, para que mi nominador pueda adoptar la decisión respectiva,
del otorgamiento de mi periodo vacacional a partir del 11 de diciembre de 2023 y la
designación del reemplazo.

Se conmine a las entidades accionadas, que a futuro y a fin de que todos y cada uno de los
empleados de los cuatro Juzgados de esta especialidad y del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías,
puedan gozar del derecho a disfrutar vacaciones, y nombrar el reemplazo de quien disfruta
de dicho descanso remunerado, una vez se solicite la disponibilidad presupuestal para
atender el pago de vacaciones y prima de vacaciones se emita el certificado para ello al igual
que el respectivo, para permitir el nombramiento de la persona que reemplace al empleado
que disfrutará de dichas vacaciones, sin que se haga necesario que deba acudirse a la acción
Constitucional para lograr que dichos actos administrativos se formulen, pues lo mismo
contradice la verdadera función que la Constitución Política le asignó al Consejo Superior de
la Judicatura, como ente administrador del recurso humano y físico de la Rama Judicial,
entidad ésta de la cual hacen parte las oficinas accionadas”2.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

5.1.- Mediante auto del 29 de noviembre de 20233 el Tribunal Administrativo del Meta
admitió la tutela y ordenó su notificación.

5.2.- La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura4 solicitó que se le desvincule
del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no es el
llamado a suplir las pretensiones elevadas por la accionante.

5.3.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta5 también pidió ser desvinculado de
la acción de tutela y para ello adujo que no posee las funciones de nominador, por lo cual
no es el competente para conceder las vacaciones de la accionante.

5.4.- La Unidad de Administración de Carrera Judicial6 rogó ser desvinculada por falta de
legitimación en la causa o negar la prosperidad de la acción porque no se ha vulnerado
ni afectado los derechos fundamentales invocados.

2
Folio 7 del escrito de tutela.
3
Obra en certificado B6374BF86A0C4725 B0045EA51BB0458D 7C24A48046057862 E4BCA52323B5EDE4, índice 2
en el expediente de tutela digital.
4
Obra en certificado 2575560FE8789416 3AA79510889B8DAB A7DB6EC3CCDA32A0 E5160B6A7464C797, índice
2 en el expediente de tutela digital.
5
Obra en certificado 89293646B432877A 4375984316A694F1 7D6DD7B6B934FBFA A9A3DBA478E64CF6, índice 2
en el expediente de tutela digital.
6
Obra en certificado B88832444D80EF22 C8C2DE2AEC46B80A 4729FBF55DEC3449 C6337C737D7B22F4, índice
2 en el expediente de tutela digital.

4
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

5.5.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7 adujo que carece de legitimación
en la causa por pasiva y que la acción de tutela es improcedente porque no se evidencia
la causación de un perjuicio irremediable; finalmente expuso que el juez constitucional no
puede librar una orden que conlleve a la apropiación y ejecución del presupuesto de las
entidades públicas.

5.6.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 8 indicó que ha dado estricto
cumplimiento a sus obligaciones legales y constitucionales, es así que las apropiaciones
presupuestales para la Rama Judicial – vigencia 2023 le fueron asignadas, además esos
rubros no se entregan a las entidades por actividades específicas, dado que esa
desagregación le corresponde a cada entidad al ejecutar los recursos y solicitó declarar
la improcedencia del amparo.

5.7.- El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías9
informó que tiene a su cargo más de mil treinta procesos y que la accionante es quien
debe encargarse en mayor medida de los asuntos urgentes como libertades
condicionales y prisiones domiciliarias, máxime cuando para resolver aquellas primeras
solicitudes se cuenta con el término de tres 3 días; finalmente, adujo que la negativa a la
solicitud de las vacaciones no fue arbitraria sino que se dio por necesidad del servicio.

6.- Fallo de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2023,
concedió el amparo, así:

“PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de remisión por competencia de la presente tutela,
por el presunto incumplimiento de las normas de reparto de que trata el Decreto 333 de 2021,
por lo brevemente expuesto.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al DESCANSO REMUNERADO y al
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS de la señora DIANA DEL PILAR GÓMEZ
HERNÁNDEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la Resolución 028-2023, del 23 de noviembre
de 2023, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia,
ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE

7
Obra en certificado EF90C8D0806AB5E9 83B8977D1960815C 35F62E671449E4E4 FAF2FBDAE671D1A, índice 2
en el expediente de tutela judicial.
8
Obra en certificado 0271C7E213F84138 BD1EE3C5DF098232 2435E1182F4214C3 AFEE78781E93DD99, índice 2
en el expediente de tutela digital.
9
Obra en certificado 057F0616A62D9DE5 FC1B625D32C68CA4 140D022291A7DC73 572FD71CEE12333F, índice
2 en el expediente de tutela digital.

5
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

VILLAVICENCIO, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a verificar si la tutelante continua vinculada al Despacho judicial y si no
ha disfrutado de las vacaciones solicitadas, y en caso positivo, el JUEZ SEGUNDO DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS, en el mismo término,
proceda a conceder el periodo de vacaciones al que tiene derecho la tutelante, y conforme a
su solicitud.

Cumplido lo anterior, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, deberá COORDINAR con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEAJ.-, para que se realicen los trámites financieros y
administrativos necesarios que garanticen la correcta prestación del servicio de Justicia a
cargo del Despacho, mientras dura el periodo de vacancia de la tutelante, conforme los
lineamientos establecidos por la CORTE CONSTITUCIONAL en la sentencia SU296 de 2023.

CUARTO: DECLARAR la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA del
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, del CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DEL META y del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la ACCIÓN DE TUTELA, promovida por el
DIANA DEL PILAR GÓMEZ HERNÁNDEZ, por las razones expuestas”10.

Para lo anterior, el tribunal explicó:

“Tenemos que el amparo constitucional es el mecanismo más idóneo para la salvaguarda de
los derechos fundamentales de la tutelante DIANA DEL PILAR GÓMEZ HERNÁNDEZ, pues
como lo ha destacado el H CONSEJO DE ESTADO, la tutela es el mecanismo idóneo en
casos en los que las condiciones particulares desbordan la eficacia del medio ordinario.

(…)

Pues bien, como lo ha reconocido la misma Corporación, es una obligación del empleador
garantizar que el trabajador pueda acceder a su descanso remunerado, sin que se generen
traumatismos, aspecto que cobra especial preponderancia si se tiene en cuenta que la labor
de la tutelante contribuye a la administración de justicia y que sus funciones están
relacionadas con la proyección de decisiones sensibles, de la especialidad de ejecución de
penas, las cuales deben resolverse en términos breves, y requieren de un estudio
concienzudo, en el que se decidan aspectos relacionados principalmente con el derecho a la
libertad de los usuarios del sistema de verificación jurídica de penas.

(…) [P]ara la Sala es claro que se vulneran los derechos fundamentales al TRABAJO EN
CONDICIONES DIGNAS y al DESCANSO de la tutelante, como quiera que la Resolución 028-
2023, del 23 de noviembre de 2023, que negó de manera transitoria su derecho al descanso,
no puede truncar la efectividad de los derechos fundamentales por razones administrativas y
presupuestales que no atañen a la trabajadora.

En ese orden de ideas la actuación del JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÒN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS vulnera los derechos fundamentales de la tutelante,
y, en consecuencia, deberá dejarse sin valor y efecto, la decisión del 23 de noviembre de
2023. Ahora bien, siguiendo lo sostenido por la CORTE CONSTITUCIONAL en la decisión de
unificación SU296 de 2023, se ORDENARÁ a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, que dentro del término de 48 horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a verificar si la tutelante continua

10
Obra en certificado 48EBE7D5DCC4B777 4C445FA4FDBC29DC 9D7A9CE182108FC8 E584129E0916E4D1,
índice 2 en el expediente de tutela digital.

6
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

vinculada al Despacho judicial y si no ha disfrutado de las vacaciones solicitadas, el JUEZ
SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS,
proceda en este mismo término, a conceder el periodo de vacaciones al que tiene derecho la
tutelante, y conforme a su solicitud”11.

7.- Razones de la impugnación

En contra de la decisión aludida, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
presentó escrito de impugnación. Alegó que no es posible disponer recursos para
garantizar el nombramiento de un reemplazo de la accionante, pues la Circular PSAC11-
44 de 2011 no permite tal asignación. Reiteró que no está legitimado en la causa al no
ser nominador de la empleada accionante y que el amparo es improcedente, ya que el
asunto debe ser resuelto por el juez natural de la causa.

Específicamente destacó que la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 es
clara en el sentido de regular situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de
recursos para el nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que
ostentan la condición de funcionarios, no para los empleados. Por consiguiente, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no puede apropiar recursos, es decir,
expedir CDP para la concesión de las vacaciones, toda vez que no se ajusta a las
condiciones y reglamentaciones expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Refirió que el nominador es quien niega la concesión de las vacaciones solicitadas por la
parte demandante, sin que le sea nombrado un reemplazo para el desarrollo de sus
funciones, dada la imposibilidad de destinar recursos para el nombramiento de un
remplazo al no tener la interesada la condición de funcionario12.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la censura presentada en contra del fallo de
tutela proferido el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Meta de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

11
Ibidem folios 20 a 22.
12
Obra en certificado CEE66F79A8AA5305 E733D222FA28A7D4 CC7F8C92DF748F63 755B8FD117265249, índice
2 en el expediente de tutela digital.

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Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

2.- Problema jurídico

2.1.- Corresponde a la Sala decidir si se vulneraron los derechos fundamentales de Diana
Del Pilar Gómez Hernández ante la negativa de expedir un certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar su reemplazo, mientras disfruta de su descanso.

2.2.- Para el efecto, se reiterará la jurisprudencia sobre el derecho al descanso en la
Rama Judicial, seguidamente, se estudiará si la tutela es procedente y si se encuentra
demostrada la vulneración criticada.

3.- El derecho fundamental al descanso en la Rama Judicial

3.1.- La jurisprudencia de esta corporación 13 , siguiendo los postulados de la Corte
Constitucional 14 , ha reiterado que el descanso es uno de los principios mínimos
fundamentales de los trabajadores, en tanto les posibilita reparar sus fuerzas intelectuales
y materiales, de modo que puedan mantener el equilibrio físico y mental para lograr su
realización como individuos, en los ámbitos laboral y personal. Por ello, se puede solicitar
su protección a través de la acción de amparo, cuando se evidencia su quebranto y no
haya otro mecanismo para garantizarlo de forma efectiva15.

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de
enero de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2020-04490-01(AC), C.P. William Hernández Gómez. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de abril de 2020,
radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de septiembre de 2019, radicado No. 11001-03-
15-000-2019-03992-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, entre otras.
14
“Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo trabajador de
cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines, entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas
en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la
posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado
como uno de los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe
entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador”. Corte Constitucional, C-019 de 2004.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de abril
de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Ver también:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 05 de
noviembre de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-03992-01 (AC), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

8
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

3.2.- Lo anterior encuentra sustento en una interpretación sistemática de los artículos 116,
2517 y 5318 constitucionales y ha sido materializado a través de la limitación de la jornada
de trabajo, el otorgamiento del descanso semanal y la consagración de un periodo de
vacaciones anuales19.

3.3.- En punto de lo último se ha señalado que el descanso solo está sometido a las
condiciones previstas en el desarrollo legal del respectivo régimen de vacaciones, en el
que, en términos generales, únicamente se debe haber laborado durante cierto periodo
preestablecido y, en ocasiones, formular la respectiva solicitud al empleador, para que
este proceda a su programación20. Así, el alto tribunal constitucional ha consignado que:

“(…) La ley establece las condiciones para el reconocimiento del derecho del trabajador a las
vacaciones, y la obligación correlativa del patrono de permitir el descanso remunerado, las
cuales tienen que ver esencialmente con el tiempo laborado dependiendo del oficio de que se
trate. Por regla general, tiene derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones
remuneradas el trabajador que cumple un año de servicios (C.S.T. art. 186).
Excepcionalmente, el tiempo exigido para tener derecho a las vacaciones es menor para
determinados trabajadores (…)”21.

3.4.- De ahí que una vez cumplido el tiempo laboral exigido se causan las vacaciones y el
trabajador adquiere el derecho a ellas, sin que pueda exigírsele otro tipo de requisitos, es
decir, sin que sea válido poner cortapisas administrativas o de otra índole, que afecten el
núcleo fundamental de este derecho22. Ello, en la medida que “la administración no puede
trasladar en los funcionarios, su propia función”23.

3.5.- Así las cosas, en lo que respecta a la Rama Judicial, la Ley 270 de 199624 reguló lo
relacionado con las vacaciones de sus funcionarios y empleados. Allí, en el artículo 146
determinó que el régimen de vacaciones es colectivo:

16
“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”.
17
“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones digas y justas.”.
18
“[…] el artículo 53 de la Constitución enlistó una serie de principios mínimos fundamentales que constituyen la base
de la garantía del derecho al trabajo. // 42. Entre estos principios mínimos descritos en el texto constitucional se
encuentran: […] viii) garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; […]”.
Corte Constitucional, sentencia C-171 de 2020.
19
Ibidem.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 03 de abril
de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
21
Sentencia C-059 de 1996.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018,
radicado No. 08001-23-33-000-2018-00756-01(AC), C.P. Milton Chaves García.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 25 de septiembre de 2019,
radicado No. 11001-03-15-000-2019-03992-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno.
24
Estatutaria de la Administración de Justicia.

9
Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

“(…) salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de
la Judicatura; las de los Tribunal Nacional; las de los Juzgados Regionales mientras existan,
de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de
los de la Fiscalía [25] y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

En otras palabras, se fijó, de un lado, un régimen general de vacaciones colectivas y, del
otro, uno excepcional de vacaciones individuales.

3.6.- Para los primeros, la vacancia colectiva se disfruta entre el 20 de diciembre de cada
año y el 10 de enero siguiente, inclusive26. En cambio, para los del régimen individual, sus
vacaciones son concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio “por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. Las cuales,
en todo caso, pueden ser aplazadas por la autoridad competente, por necesidades del
servicio y a través de resolución motivada27.

3.7.- En consecuencia, si se pertenece al régimen de vacaciones colectivas, para su
disfrute solo se requiere estar vinculado al 20 de diciembre en uno de los despachos
cobijados por este28. En cambio, para el régimen de vacaciones individuales, el disfrute
está supeditado a las necesidades del servicio, según lo valore el respectivo nominador29,
sin que ello pueda significar un desconocimiento del derecho.

3.8.- Se colige entonces que el descanso ha sido definido como un derecho fundamental;
la tutela puede ser empleada para su protección, cuando se evidencie su quebranto y no
haya otro medio de defensa judicial eficaz; los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial tienen derecho a materializarlo por medio de las vacaciones, sean colectivas o
individuales; la causación de las vacaciones depende del tiempo laborado y, en algunos

25
Se anota que conforme con el artículo 70 del Decreto Ley 021 del 2014, se determinó que: “Las vacaciones de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación serán colectivas, salvo las de los funcionarios y empleados que por
necesidades del servicio deben prestar sus servicios de forma continua y permanente.”.
26
Artículo 107 del Decreto 1660 de 1978.
27
Artículo 14 del Decreto 1045 de 1978.
28
Es de anotar que cuando el funcionario o empleado no haya servido el año completo, solo tendrá derecho al pago
de la prima de vacaciones a prorrata del tiempo trabajado, que se calcula a razón de una doceava parte de su valor
por cada mes completo de servicio. Artículo 109 del Decreto 1660 de 1978.
29
“Lo anterior no implica que el nominador, en aras de satisfacer los requerimientos del servicio, esté autorizado para
suspender o aplazar indefinidamente las vacaciones del personal subordinado. De hecho, la Corte Suprema de Justicia,
en repetidas sentencias de tutela ha explicado que por razones del servicio el nominador puede programar el derecho
al descanso de sus empleados de forma en que genere la menor afectación al despacho, pero nunca impedir que lo
disfruten.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
03 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-00669-00 (AC), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación: 50001233300020230032501
Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

casos, de las necesidades del servicio; y el aplazamiento de las vacaciones no puede ser
indefinido o por periodos ostensiblemente extensos, so pena de cercenar o hacer
nugatorio el derecho al descanso.

4.- Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad y solución del
caso concreto

4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que
establece la ley.

Conforme con la disposición referida, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa judicial para la
protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide que se
acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra actos administrativos, toda
vez que ellos tienen la posibilidad de ser controvertidos ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de
manera eficaz30 el derecho fundamental o este no es idóneo, por no ofrecer una solución
integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión31; también cuando el tutelante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable32, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.

En el caso sub judice el acto administrativo de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio que omitió la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar el reemplazo de Gómez Hernández y la

30
El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
31
Corte constitucional, sentencia T-471 de 2017.
32
Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad
de la medida para proteger el derecho. Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.

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Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

resolución dictada por el juez nominador mediante la cual negó las vacaciones, podrían
ser acusados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al punto que, en
anteriores oportunidades, la tesis de este magistrado ponente era que en estos casos se
debía agotar el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho con apoyo en la solicitud
de medidas cautelares.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la Presidencia de la Corte
Constitucional, mediante comunicado de agosto del año 2023, informó sobre lo decido
en la sentencia de unificación 296 de 202333, en la cual se abordaron asuntos similares
al presente y se indicó literalmente:

“En primer lugar, verificó si se cumplían los requisitos de procedencia de la acción
constitucional en los casos acumulados, en particular en lo relacionado con el requisito de
subsidiariedad. En este caso la Sala encontró que las tutelas sub examine (bajo examen) eran
procedentes y que, por tanto, era necesario analizar el fondo de dichos asuntos”.

En adición a lo anterior, en los fundamentos del precitado comunicado de prensa, el alto
tribunal constitucional estimó:

“(…) [L]a actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al descanso
de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud
física y mental, así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados judiciales a
quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de condiciones debido a la
imposición de barreras administrativas”.

Bajo ese hilo argumentativo, se debe hacer énfasis en que el fundamento principal de
esta petición constitucional es el amparo del derecho fundamental al descanso
vacacional34, el que tiene injerencia directa en la salud y en la dignidad de quienes laboran
en la Rama Judicial y, en tales condiciones, el proceso contencioso de nulidad y
restablecimiento del derecho, si bien es el idóneo para resolver sobre la legalidad de los
actos administrativos, no sería eficaz para garantizar el oportuno disfrute de la reclamada
garantía.

33
Comunicado 25 de la Presidencia de la Corte Constitucional, agosto 2 y 3. Ver en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2025%20-
%20Agosto%202%20y%203%20de%202023.pdf.
34
En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el descanso es uno de los derechos
fundamentales de los trabajadores. Dicha naturaleza se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1, 25
y 53 de la Carta. Por ello, se puede solicitar su protección a través de la acción de amparo cuando no haya otro
mecanismo para ello. Corte Constitucional, sentencias T-09 de 1993, C-710 de 1996, C-024 de 1998, T-076 de 2001
y C-019 de 2004.

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Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Por lo tanto, de manera excepcional, procede la acción de tutela para analizar si se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales invocados por la solicitante, en
relación con la negativa de expedir un certificado de apropiación presupuestal para cubrir
el costo del reemplazo de la asistente, al resultar el medio ordinario ineficaz para su
salvaguarda.

4.2.- Pues bien, resuelta la procedencia y en aras de analizar si hay lugar a conceder el
amparo objeto de pedimento, la Sala estudiará si encuentra vulnerado el derecho al
descanso en este caso particular.

En efecto, está demostrado que a Gómez Hernández, en su calidad de asistente jurídica
grado 19 del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no se le
ha concedido el disfrute de sus vacaciones con base en que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial no expidió el CDP para cubrir su cargo y,
posteriormente, mediante resolución No. 028-2023 del 23 de noviembre de 2023 el Juez
accionado negó el disfrute de las vacaciones solicitadas.

4.3.- A partir de lo anterior y del análisis normativo y jurisprudencial efectuado, la Sala
considera que la no autorización de las vacaciones de la empleada Diana Del Pilar
Gómez Hernández, con fundamento en condicionamientos de orden presupuestal y
administrativo, desconoce directamente la Constitución en el contenido del derecho
fundamental al descanso.

En punto de lo anterior, es preciso señalar que las barreras bajo las cuales se restringió
el aludido derecho son una carga desproporcionada que Gómez Hernández no está en
el deber de soportar, en tanto solo le corresponde demostrar el cumplimiento de los
requisitos legales para disfrutar de su prerrogativa.

Al respecto, es relevante precisar que el hecho de que la accionante sea empleada
judicial que pertenece al régimen de vacaciones individuales y no exista una regulación
específica sobre la materia, en tanto la Circular PSAC11-44 de 2011 se limita a
funcionarios, no es óbice para impedir que la prenombrada disfrute de su derecho
causado al descanso. Frente a la referida circular, en el comunicado de la SU-296 de
2023, la Corte expresamente acotó:

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Radicación: 50001233300020230032501
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Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

“Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el trámite
para la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la Sala destacó que
esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se programen sus vacaciones o a ser
eventualmente remplazados durante el periodo en el cual disfrutan de dicha prestación, pues
ni la referida circular reglamenta el asunto ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo las
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial en sus respuestas durante los
diferentes trámites de tutela”.

4.4.- En conclusión, una vez un empleado judicial cumple con los requisitos legales y
solicita sus vacaciones, el agente nominador no puede negar el ejercicio del derecho o
condicionarlo a trámites administrativos desproporcionados y, a su vez, las direcciones
ejecutivas seccionales de administración judicial están obligadas a realizar los trámites
del caso que garanticen la continuidad del servicio público de justicia y evitar su
menoscabo.

4.5.- De conformidad con lo anterior, la Sala considera que se debe tutelar el derecho
fundamental al descanso de Diana Del Pilar Gómez Hernández, sin embargo, modificará
el fallo recurrido para aplicar en su totalidad la fórmula resolutiva que se estableció en la
SU-296 de 2023.

En consecuencia, se ordenará al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacias que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, conceda a Diana
Del Pilar Gómez Hernández las vacaciones solicitadas y, en el mismo término, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realice los trámites
financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio
a cargo del despacho judicial, mientras la asistente disfruta de sus vacaciones, en los
términos de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 12 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Meta y, en su lugar, ORDENAR al Juez Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías que, en el término de cuarenta y ocho (48)

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Accionante: Diana Del Pilar Gómez Hernández
Accionados: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias y otros
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

horas, conceda a Diana Del Pilar Gómez Hernández las vacaciones solicitadas y, en el
mismo término, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta
prestación del servicio a cargo del despacho judicial, mientras la asistente disfruta de sus
vacaciones, en los términos de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

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