Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2023-00342-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2023-00342-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 50001-23-33-000-2023-00342-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
3 de abril de 2025
Demandante: Hernán Mauricio Chitiva Garzón
Demandado: Carlos Julio Serrato Ladino
Radicación: 50001-23-33-000-2023-00342-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 50001-23-33-000-2023-00342-02
Demandante: HERNÁN MAURICIO CHITIVA GARZÓN
Demandado: CARLOS JULIO SERRATO LADINO COMO CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, PERIODO 2024-2027
Temas: Causal de nulidad consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437
de 2011 por violación de las normas en que debía fundarse: no
se acreditó la práctica de conductas corruptas o antidemocráticas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación, presentado por la parte
actora y la coadyuvante, contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio
de la cual, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones
1. Las pretensiones de la demanda fueron del siguiente tenor:
Que se declare la nulidad y cancelación de los efectos del acto administrativo
contenido en el formulario E-26 CON proferido por los miembros de la comisión
escrutadora general del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del
Estado Civil de fecha 6 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la
elección del señor CARLOS JULIO SERRATO LADINO, como CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – (META) por el PARTIDO CAMBIO RADICAL, para
el periodo constitucional 2024-2027, puesto que el mismo incurrió en actos
antidemocráticos contenidos en el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, infringiendo
además la norma Constitucional, artículos 40.1 y 258, en extensión jurisprudencial,
en especial, con la sentencia de fecha 16 de mayo del 2019 del Consejo de Estado,
con radicado 11001-03-28-000-2018-00084-00.
Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y cancelación de
los efectos del acto administrativo contenido en el formulario E26 CON proferido por
los miembros de la comisión escrutadora general del Consejo Nacional Electoral y de
la Registraduría Nacional del Estado Civil de fecha 6 de noviembre de 2023, por
medio del cual se declaró la elección del señor CARLOS JULIO SERRATO LADINO,
se designe como concejal electa para el periodo 2024-2027 a la señora ÁNGELA
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Demandante: Hernán Mauricio Chitiva Garzón
Demandado: Carlos Julio Serrato Ladino
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MARCELA MANRIQUE ORJUELA identificada con la C.C. 1.121.842.015 de
Villavicencio, quien fungió como candidata por el mismo Partido Cambio Radical y
ocupó el segundo puesto en la lista o a quien corresponda (SIC a lo transcrito)1.
1.2. Hechos
2. El demandante narró que el señor Carlos Julio Serrato Ladino quien se
desempeñaba como concejal del municipio de Villavicencio, resultó elegido
nuevamente en los comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023, con el aval
del Partido Cambio Radical.
3. Sostuvo que el demandado manifestó públicamente, en época de campaña, que
realizó donaciones de levantamientos topográficos a dos barrios para que las
comunidades los legalizaran en época electoral, los cuales fueron pagados de su
propio pecunio y, seguidamente, invitó a los habitantes a que votaran por él, porque
ya era una realidad la legalización.
2. Relató que el 16 de septiembre del 2023, en época electoral, el accionado
concedió una entrevista al medio de comunicación Agenda Informativa, en vivo, en
la que manifestó textualmente: «como usted lo dice logramos hablar con el amigo
topógrafo porque como usted lo sabe la topografía valía y es costosa y valía mucha
más plata de la que nos cobraron asumí el compromiso y la pagamos de nuestro
bolsillo y entregamos la topografía e hicimos un acto protocolario y le entregamos
a cada uno de los presidentes de estos barrios y que el tema de legalización es una
realidad donamos la topografía y gracias a eso se puede entregar la legalización
de estos tres sectores importantes».
3. Indicó que, en la misma entrevista, el periodista refirió: «que las
comunidades están muy felices porque el presidente del concejo CAYUYO les
ayudó con un tema muy álgido importante que es la topografía».
4. Expresó que, posteriormente, el 21 de octubre del mismo año, publicó en su
cuenta oficial de Facebook, un video en el que indicó: «es una realidad la
legalización del barrio Villa Marina comuna 10 hacemos entrega oficial del
levantamiento topográfico del sector para que así el señor presidente tenga la
posibilidad de hacer las solicitudes pertinentes al municipio y poder que el municipio
lo atienda en los servicios que tanto necesita como son alcantarillado acueducto y
vías los invito este 29 de octubre que marquen cambio radical número 8 al Concejo
de Villavicencio».
5. Aseguró que el 24 de octubre siguiente, publicó otro video en el que
manifestó: «hoy, estamos haciendo entrega de la topografía oficial “se observa al
CONCEJAL FIRMANDO en el segundo 0:05 “; del barrio Brillante. CIUDADANA
DICE: nosotros como junta llevábamos 7 años esperando la legalización de nuestro
barrio gracias al Doctor CARLOS JULIO SERRATO LADINO que fue el que nos
1
Se transcribe con posibles errores ortográficos.
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DONÓ NOS REGALÓ LA TOPOGRAFÍA PARA NUESTRO BARRIO PARA ASÍ
PODER INGRESAR A LOS BARRIOS LEGALIZADOS DE VILLAVICENCIO.
CAYUYO: los invito este 29 de octubre que marquen Cambio Radical al Concejo
número 8».
6. Expuso que dos días antes de las elecciones, transmitió otra grabación en la
que dijo: «nosotros Villa Paulina ya somos parte de la Comuna 4, con esta
legalización podemos exigir nuestros derechos, escuela, pavimentación, gas
natural, CAI, dios puso a las personas correctas en nuestro camino a la comunidad
de Villa Paulina, como el concejal CAYUYO nos ha ayudado y nos hizo posible la
legalización del barrio».
7. Manifestó que, al día siguiente, realizó otra publicación en la que una
persona indicó: «EL CONCEJAL NOS AYUDÓ A LEGALIZAR EL BARRIO
QUINTAS DE LA ESPERANZA HACE DOS AÑOS; ESTUVO MUY PENDIENTE
de unas zonas verdes y un parque que personas ajenas querían hacer daño. Otra
de las personas del video indicó: “me gustaría que en el próximo gobierno
contáramos con el concejal CARLOS JULIO SERRATO LADINO ya que es una de
las personas que nos ha ayudado mucho en el tema de legalización de la comuna
4 y varias comunas en la ciudad de Villavicencio yo voto por el cambio radical
número 8 CAYUYO».
8. Narró que el día de los comicios electorales, publicó un video en el que una
persona llamada Alonso Silva Mojica, señaló: «Ayer trabajé para Cayuyo y llevé a
mi hijo de 12 años se puso la camiseta junto conmigo y movimos la bandera todo
el día y fue un día muy agradable, nos dieron buen almuerzo y nos pagaron el día
a todos, mi hijo fue el más sorprendido al ver que a él también le dieron un incentivo,
la felicidad era grande pero más grande es saber que hay buenos líderes que hacen
las cosas con honestidad como el que nos tocó a nosotros, no solo saca adelante
proyectos, ideas, sino personas esto fue en el sector de Villa Juliana muchas
gracias señor Cayuyo y señor Wilson Latorre así es como se hacen las cosas bien».
9. Refirió que la donación de un levantamiento topográfico, según cotización
realizada a la empresa Sigpro Ingenieria y Topografia SAS, de un barrio como El
Brillante, tiene un valor de $96.390.000.
10. Finalmente relató que según el formulario E-25 (para presentar
reclamaciones), las votaciones más altas obtenidas por el accionado corresponden
a las zonas o puestos de votación donde se encuentran los barrios a los que donó
la topografía, así:
• Comuna 4, puesto de votación Colegio Narciso Matus 144 votos (sector villa
Marina).
• Comuna 10, puesto de Votación Liceo Mayor Jaime Triana Restrepo, 163 votos,
(sector La Antonia y el Brillante).
• Zona 17, puestos de votación barrios donde se donó el levantamiento topográfico
343 votos.
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1.3. Normas violadas y concepto de la violación
11. El demandante señaló como vulneradas las siguientes normas:
Constitución Política, Artículos 40.1 y 258.
Ley 1475 de 2011.
Ley 1437 de 2011, artículo 137, 139, 275.
12. Además, indicó que se desconocieron los siguientes antecedentes
jurisprudenciales:
Radicado Consejo de Estado 11001-03-28-000-2018-00084-00.
Radicado Consejo de Estado 11001-03-28-000-2014-00030-00.
Radicado Consejo de Estado 11001-03-28-000-2018-00034-00.
13. Argumentó que el demandado, dentro de su campaña electoral, hizo entrega
de levantamientos topográficos, en calidad de donación, a diferentes barrios del
municipio de Villavicencio que están en proceso de legalización y se aprovechó de
estos espacios para que la gente del sector que necesitaba dicho documento,
votara por él.
14. Con esta estrategia, afirmó, coaccionó psicológicamente a los ciudadanos
de Villavicencio de dichos sectores, para que depositaran su voto por él,
trasgrediendo de esta manera derechos y principios fundamentales de un Estado
social de derecho, donde la democracia real, participativa y nacida de la voluntad
de los electores, son el pilar fundamental en el ejercicio electoral.
15. Adujo que el demandado sacó provecho de las necesidades básicas de una
comunidad y entregó la donación, en época electoral, a escasos días de elecciones,
a fin de incidir en el resultado electoral a su favor.
16. Refirió que estas situaciones se asemejan al proceso conocido por la
Sección Quinta con radicado 11001-03-28-000-2018-00084-00, en el que se
determinó que los actos de corrupción encaminados a incidir en la voluntad del
elector son suficientemente contundentes para declarar la nulidad de un candidato
que en el ejercicio electoral vulnera los artículos 40, numeral 1 y 258 de la
Constitución Política de Colombia.
17. Indicó que la donación de los levantamientos topográficos en época electoral
y más en días previos a las elecciones, vició el buen juicio de las personas, y en
realidad se trataron de dadivas disfrazadas en donaciones, para obtener resultados
favorables en las urnas.
18. Estimó que las personas que votaron por el demandado no lo hicieron a
conciencia, de manera libre y espontánea, lo que significa que obtuvo la
representación del pueblo de manera fraudulenta.
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19. Sostuvo que la elección vulneró las normas constitucionales, pues el ejercicio
electoral no se hizo de manera trasparente, con respeto de las normas
constitucionales y legales, principios éticos y morales, en uso de la sana
competencia y con base en las propuestas, convicciones del candidato, sino que se
fundamentó en el aprovechamiento de las necesidades de la ciudadanía.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Carlos Julio Serrato Ladino
20. El demandado se pronunció sobre los hechos y el concepto de la violación
expuesto en la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones.
21. Planteó que la Resolución 1000-67.20/255 de 2023 «Por medio del cual se
legaliza y regulariza urbanísticamente el asentamiento humano de origen informal
denominado VILLA MARINA», fue expedida el día 15 de septiembre de 2023, por lo
que ya no se deben realizar ni adelantar más tramites, ya que el barrio quedó
legalizado formalmente.
22. Advirtió que el barrio El Brillante para la fecha de los hechos ya contaba con la
Resolución 1000-67.20/256 de 2023 «Por medio del cual se regulariza
urbanísticamente el asentamiento humano de origen informal denominado El
BRILLANTE», fue expedida el día 15 de septiembre de 2023.
23. Señaló que el barrio Villa Paulina para la fecha de los hechos ya contaba con la
Resolución 1000-67.20/278 de 2023 «Por medio del cual se regulariza
urbanísticamente el asentamiento humano de origen informal denominado VILLA
PAULINA»; por lo que no requería levantamientos topográficos adicionales ni
ningún procedimiento.
24. Arguyó que no tiene conocimiento acerca de si los videos fueron editados o
manipulados, ya que las fechas de los hechos comparados con la expedición de las
resoluciones de la legalización de los barrios no concuerdan.
25. Aseguró que los barrios en cuestión, para la época de elecciones, no requerían
del levantamiento topográfico, ni de ningún otro requisito para ser cobijados con la
legalización municipal.
26. Expuso que el trámite de legalización de un asentamiento humano de origen
informal, conlleva muchas etapas técnicas y es la administración municipal la que
debe desarrollar las planimetrías, cartografías, fichas prediales, delimitaciones y un
plano definitivo de loteo donde se identifican los espacios públicos a entregar, vías
públicas, obras de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, equipamientos
y la regularización urbanística, así como las obligaciones y compromisos de las
partes, por lo que el plano debe contener la firma, nombre, identificación y matricula
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profesional del arquitecto o ingeniero y la parte responsable del trámite.
27. Sostuvo: «es inadmisible indicar que el concejal CARLOS JULIO SERRATO
donó los levantamientos topográficos en plena campaña electoral, ya que por ley
estos ya reposaban en los expedientes en las respectivas secretarías de la alcaldía
de Villavicencio, y siendo repetitivo para la fecha de los supuestos hechos estos
barrios ya se encontraban legalizados por el alcalde de la ciudad».
28. Refirió que la legalización de los barrios Brillante, La Antonia y Villa Marina se
remonta al año 2011, con la partición de un terreno donde quedaba la hacienda El
Diamante, que se convirtió en un litigio jurídico con el Fondo Ganadero, lo que no
permitió que se instalaran los servicios formalmente para los habitantes desde el
inicio.
29. Agregó que el régimen especial que cobija los concejales del país sigue rigiendo
así se encuentren en épocas electorales puesto que nunca pierden la investidura
de concejal y conservan todas las facultades atribuidas por la constitución y la ley.
30. Aseguró que el demandante incurrió en una indebida elección del medio de
control, al usar la acción de nulidad electoral para impugnar actuaciones que, de
acuerdo con su propia narrativa, no guardan relación con la validez del acto
electoral, sino que corresponden a otras jurisdicciones. Propuso la excepción
denominada inepta demanda.
1.4.2. Consejo Nacional Electoral
31. El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de su apoderada judicial,
presentó contestación en la que indicó que el acto impugnado se encuentra
contenido en el formato E-26, expedido el 6 de noviembre de 2023 por la Comisión
Escrutadora Municipal.
32. Expresó que se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso, pero añadió
que, en casos de corrupción al elector, se requiere de un acervo probatorio sólido
que demuestre, de manera concluyente, que los votantes fueron inducidos a
sufragar bajo presiones indebidas o dádivas y que el proceso de nulidad electoral
no puede convertirse en un mecanismo para determinar responsabilidades de
carácter penal, pues dicha competencia corresponde a la jurisdicción penal
ordinaria.
33. Además, sostuvo que la legitimación en la causa por pasiva corresponde,
únicamente, a las autoridades que participaron en la elección y escrutinio. Adujo
que el Consejo de Estado ha reconocido que el CNE no es responsable en procesos
donde no se le atribuyen irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
34. En consecuencia, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva.
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1.5. Coadyuvancia
35. Ángela Marcela Manrique Orjuela, presentó escrito de coadyuvancia con el
fin de respaldar los argumentos expuestos por el demandante y aportar razones
que, a su juicio, evidencian la configuración de una práctica ilegal durante el proceso
electoral que, en su concepto, compromete la validez de la elección.
36. Adujo que el demandado entregó incentivos materiales a la ciudadanía con
el propósito de favorecer su campaña, consistentes en levantamientos topográficos
que donó a diversas comunidades de Villavicencio, los cuales resultaban esenciales
para que los líderes comunitarios gestionaran obras de infraestructura ante la
administración municipal.
37. Argumentó que esa acción constituyó un mecanismo para condicionar el voto
de los ciudadanos, pues la entrega de estos documentos se realizó en el contexto
de la campaña electoral y con la intención de incidir en la voluntad de los votantes.
38. Explicó que el demandado generó una indebida influencia en el electorado
que desvirtúa el principio democrático de igualdad en la contienda electoral y
configura una forma de corrupción electoral, al implicar la entrega de beneficios
condicionados a la intención de voto de los ciudadanos.
39. Aseguró que, según las pruebas aportadas, es claro que el señor Serrato
Ladino, tenía un firme propósito de que votaran por él, así no hubiera usado la fuerza
o comprado con dinero un número de votos, es evidente que, aprovechándose de
su investidura, entregó donaciones de levantamientos topográficos o, al menos, así
lo hizo saber a través de sus redes sociales, con pleno conocimiento de que las
comunidades lo necesitaban porque son de bajos recursos, vulnerables y estaban
esperanzadas en que con esos documentos ban a poder acudir a la administración
a gestionar la construcción de vías, alcantarillados, colegios etc.
40. Aseguró que, en un caso similar, conocido por la Sección Quinta, no se exigió
demostrar cuántos votos corrompió la demandada y a quienes les fueron
entregados dichos dineros, solo bastó con la intención de querer corromper al
sufragante y aprovecharse de su posición dominante otorgando estímulos.
41. Mencionó que, si fuera cierto que los barrios legalizados iniciaron su proceso
con tiempo de anticipación y que uno de los requisitos para avanzar con el trámite
es el levantamiento topográfico, la actuación del demandado sería aún más
reprochable, porque se aprovechó de las donaciones efectuadas con anterioridad
para recordarle al electorado que, gracias a él, fue que pudieron adelantar las
acciones de legalización de los barrios y se ufanó de ellas para que votaran por él.
1.6. Actuación procesal en primera instancia
42. El demandante radicó el escrito introductorio el 5 de diciembre de 2023, el
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despacho del magistrado sustanciador, mediante auto del 11 de diciembre siguiente
corrió traslado de la solicitud de medida cautelar al señor Carlos Julio Serrato Ladino
y al Consejo Nacional Electoral.
43. Mediante providencia del 26 de enero de 2024, el tribunal admitió la demanda,
negó la medida cautelar solicitada y dispuso la notificación2. Contra esta
determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado
por medio de proveído del 9 de febrero siguiente por extemporáneo3. La demandada
y el CNE contestaron dentro del término4. La señora Ángela Marcela Manrique
Orjuela presentó solicitud de coadyuvancia.5 El actor allegó escrito, por medio del
cual, se pronunció respecto a las excepciones propuestas.6 A través de auto del 10
de abril de 2024, el magistrado sustanciador declaró probada la falta de legitimación
por pasiva del CNE y aceptó la solicitud de coadyuvancia.7
44. El día 23 de abril de 20248, se llevó a cabo la audiencia inicial durante la cual
se fijó el litigio de la siguiente manera:
(…) determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de la elección del señor
CARLOS JULIO SERRATO LADINO como Concejal del Municipio de Villavicencio,
Meta, para el periodo 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 CON del 06 de
noviembre de 2023, por haber incurrido en la causal de nulidad contenida en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, infringiendo las normas contenidas en el numeral
1º del artículo 40 y el artículo 258 de la Constitución Política, en extensión
jurisprudencial con la sentencia del 16 de mayo del 2019 proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta dentro del Radicado
No. 11001-03-28-000-2018-00084-00, por la presunta realización de prácticas
antidemocráticas y de corrupción en su campaña electoral.
45. En la misma diligencia, el magistrado sustanciador se pronunció sobre las
pruebas solicitadas por las partes y la coadyuvante. Frente a la parte actora negó
las testimoniales9, dispuso incorporar al expediente las documentales aportadas en
los índices 02 y 012 del expediente digital, decretó las que debían requerirse a otras
autoridades y el interrogatorio de parte del demandado.
46. No decretó las pruebas documentales allegadas y requeridas por la
coadyuvante. Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación.
2
Índice 018 de Samai.
3
Índice 031 de Samai.
4
Índice 033 de Samai.
5
Índice 036 de Samai.
6
Índice 037 y 048 de Samai.
7
Índice 044 de Samai.
8
Índice 057 de Samai.
9
Sobre este punto, el magistrado sustanciador dispuso: «1.- Que se requiera al demandado a fin de que informe los nombres,
números de contacto, correos electrónicos y direcciones de los ciudadanos que registran en los videos aportados como
pruebas y transliterados en los hechos, con el fin de que ratifiquen las afirmaciones realizadas en cada una de sus
intervenciones (…) El despacho niega las dos peticiones referidas a prueba testimonial de la parte demandante, toda vez que
no reúne los requisitos señalados en el artículo 212 del CGP; además, porque si bien es cierto, tal como se indicó
antecedentemente, en materia probatoria es aplicable el principio o la teoría de la carga dinámica de la prueba, también lo
es, que en este caso también se materializaría una colisión con el derecho que le asiste al demandado de no auto incriminarse,
consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política, lo cual no puede ser avalado por este despacho judicial, siendo por
lo tanto improcedente la solicitud del demandante».
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47. El 21 de mayo de 2024 se adelantó la audiencia de pruebas, durante la cual, se
incorporaron al proceso las pruebas documentales allegadas como respuesta a los
oficios enviados por el despacho a autoridades municipales y nacionales y se recibió
el interrogatorio de parte del demandado10. Además, se corrió traslado para alegar
de conclusión, decisión que, posteriormente, fue dejada sin efecto.
48. Mediante proveído del 5 de junio de 2024, esta sección revocó parcialmente el
auto recurrido, determinó tener como prueba la solicitud elevada por la coadyuvante
ante la Secretaría del municipio de Villavicencio y dispuso oficiar a esa autoridad11
y confirmó en todo lo demás la decisión de negar las demás solicitudes de prueba.
A través de providencia del 28 de junio de 2024 se negó la solicitud de aclaración
de dicha decisión, elevada por la parte actora y la coadyuvante.
49. Por auto del 5 de agosto de 2024, el magistrado dispuso incorporar y dar
traslado de la prueba documental allegada al proceso12.
50. Mediante proveído del 22 de agosto de 2024, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir su
concepto13.
1.7. Sentencia de primera instancia
51. El Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, mediante fallo del 31 de
octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda14.
52. Para llegar a esa conclusión, descartó algunos videos aportados por la parte
actora, al analizar que de ellos no se obtiene la fecha y lugar en el cual fueron
grabados, ni su origen, es decir, la identificación del iniciador del mensaje «por lo
que, a la luz de lo señalado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional trascrita
antecedentemente y lo previsto en la Ley 527 de 1999, no cumple con los criterios
para ser valorado como un mensaje de datos», o, porque las personas que
aparecían en ellos no se encontraban identificadas y tampoco sus afirmaciones
fueron ratificadas.
53. En particular expresó que «si bien en el video se aprecia a una señora llamada
Johana Roa, quien asevera que el demandado les “donó o regaló” la topografía, lo
cierto es, que su dicho no se encuentra ratificado en el proceso, por lo que la
afirmación carece de respaldo probatorio que permita dar credibilidad y certeza a la
misma».
54. Señaló que no podía tener en cuenta el video de la entrevista en vivo realizada
10
Indice 65 de Samai.
11
Índice 075 de Samai.
12
Índice 092 de Samai.
13
Índice 099 de Samai.
14
Índice 109 de Samai.
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al accionado, el 16 de septiembre de 2023, puesto que el enlace que conducía a la
red social Facebook, donde supuestamente estaba alojado ya no estaba habilitado
y, que, pese a que se aportó una transliteración no tenía forma de corroborar lo
descrito en dicho documento.
55. Determinó que, en todo caso, en los videos no se afirmaba que el demandado
hubiese donado los levantamientos topográficos, sino que, acompañó a unos
ciudadanos en todo el proceso, lo cual concuerda con lo que aquel señaló en el
interrogatorio de parte.
56. Además, reflexionó acerca de que, según lo aclaró el demandado, el término
donar que utilizó se refería a que lo que entregó fue copias de dichos estudios, razón
por la cual, no era posible catalogar dichas actuaciones como donaciones en estricto
sentido.
57. Luego, concluyó, que la práctica antidemocrática y corrupta endilgada al
concejal accionado no se encuentra demostrada en el plenario y tampoco la
finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para obtener
beneficios electorales o de dirigir indebidamente el sentido del sufragio para
determinar el resultado de los comicios, en desmedro de los valores democráticos.
58. De otra parte, señaló que la situación de hecho en el caso de la exsenadora
Aida Merlano, distaba de este, puesto que, en esta oportunidad, no se encontró
demostrada la práctica antidemocrática y corrupta «sino que, por el contrario la
casuística deja entrever una posible propaganda del candidato de haberse sumado
a unos intereses generales de ciertas comunidades, frente a la cual no habría
imperado una corrupción voto a voto, que dio pie al desarrollo jurisprudencial de la
sentencia invocada por el extremo activo de la litis, razón por la cual, no resulta
viable la solicitud de extensión jurisprudencial invocada en la demanda, pues, no
acreditan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, tal como lo exige el artículo 102
del CPACA».
1.7. Recurso de apelación
59. La parte demandante apeló la anterior decisión en escrito coadyuvado por la
señora Ángela Marcela Manrique Orjuela.
60. Sostuvo que se realizó una indebida valoración de los elementos de prueba
practicados en el proceso que demuestran que el demandado incurrió en una
práctica corrupta que afectó la transparencia y equidad del proceso democrático.
61. Refirió que el tribunal se equivocó al afirmar que el video de la entrevista del 16
de septiembre de 2023 no fue aportado ni de manera digital ni física y que el enlace
proporcionado para acceder a este contenido no permitía visualizar el video, dado
que, la parte actora sí proporcionó el link de acceso al video alojado en una
plataforma digital de almacenamiento (Google Drive), que permite la visualización
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del contenido de manera directa y segura. Con dicha determinación sostuvo, se
vulneró el principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas.
62. Advirtió que el mencionado video, en el cual el demandado participó en una
entrevista en vivo, el 16 de septiembre de 2023, contiene declaraciones que reflejan
una intención clara de influir en el electorado mediante la promoción de gestiones y
beneficios, ya que generan una expectativa de que la elección del candidato es un
medio necesario para la obtención de futuros beneficios, lo cual condiciona
psicológicamente la voluntad del elector.
63. Indicó que el tribunal no tuvo en cuenta, al momento de dictar el fallo, el video
de la entrevista realizada por el señor Serrato Ladino en la emisora «La Doble L»,
porque no fue decretado como prueba, por un error atribuible a dicha corporación,
ya que omitió enviarlo a la Sección Quinta cuando conoció la apelación del auto que
negó algunas pruebas, con el argumento de que no había sido enunciado en el
acápite correspondiente. No obstante, según afirmó, el video sí se adjuntó y, por
ello, debe valorarse en esta segunda instancia, a fin de garantizar un análisis
completo y justo de todos los elementos probatorios.
64. Expuso que, de la revisión del video de fecha 24 de octubre de 2023, el
tribunal concluyó que las manifestaciones de la señora Johanna Rojas, quien afirmó
que el señor Carlos Julio Serrato donó la topografía, carecían de valor probatorio
suficiente debido a que ella no ratificó su declaración en el proceso. No obstante,
dijo, esta falta de ratificación no puede ser imputada a la parte actora, ya que en la
demanda principal se solicitó la información necesaria para contactar a la señora
Johanna Rojas y a las demás personas presentes en el video, con el fin de que
fueran citadas para ratificar sus afirmaciones pero el tribunal rechazó esa solicitud.
65. Aseveró que el a quo realizó una valoración inconsistente y contradictoria de
los testimonios presentados en video y aplicó criterios distintos para desestimar
cada uno de ellos sin una lógica coherente.
66. Expuso que, según el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y
las leyes que regulan la labor de los concejales, sus funciones principales se limitan
a la representación de los intereses de la comunidad, el ejercicio de control político
sobre la administración municipal y la formulación de normas de carácter local.
Estas funciones no incluyen la gestión directa de servicios públicos, ni la realización
de intervenciones operativas orientadas a asegurar el bienestar material de la
comunidad.
67. Sostuvo que el argumento del tribunal es erróneo al interpretar que un
concejal debe «asegurar el bienestar de la comunidad y promover la prosperidad
general», pues la gestión directa de actividades de legalización de barrios no
corresponde a sus funciones.
68. Aseguró que la legalización oficial de los asentamientos pudo haber ocurrido el
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15 de septiembre de 2023 o con posterioridad, pero lo relevante no es la fecha de
culminación administrativa de dicho proceso, sino la percepción generada en la
comunidad en el marco de la campaña electoral.
69. Refirió que el impacto en el electorado no dependía exclusivamente de la
fecha de legalización oficial, sino de cómo esta gestión fue promovida y percibida
por la comunidad en un contexto de campaña, pues el concejal la publicitó como un
logro vinculado a su candidatura, creando una expectativa entre los votantes de que
su elección era crucial para garantizarles más beneficios en el futuro.
70. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y la solicitud de
coadyuvancia e insistió en que el eje central del proceso no es cuestionar la
formalidad de una donación, sino el actuar subjetivo del demandado, pues este
utilizó la entrega de los documentos topográficos para manipular la percepción del
electorado y consolidar su imagen de gestor lo que generó una relación de
dependencia emocional con los votantes.
71. Indicó que, desde su rol como concejal y, en el marco de su campaña
electoral, el demandado promovió estos actos como parte de su propuesta política,
vinculando su elección con la posibilidad de que los ciudadanos accedieran a más
beneficios.
72. Aseveró que las pruebas muestran un «patrón de contradicciones», puesto
que, en la entrevista declaró que él financió personalmente el levantamiento
topográfico, lo que sugiere un compromiso financiero directo; pero, posteriormente,
dijo que fue un proyecto realizado con la Universidad de Santo Tomás y las
comunidades, con lo cual busco reducir su implicación a la de facilitador; sin
embargo, en su declaración afirmó, que solo se trató de la entrega de copias de
documentos ya existentes, para intentar minimizar su rol en el proceso.
73. Estas supuestas inconsistencias, a juicio de la parte actora, no solo generan
dudas sobre la veracidad de sus declaraciones, sino que también evidencian un
intento de manipular la percepción de los votantes.
74. Adujo que la jurisprudencia, en materia de nulidad electoral, ha establecido
que la coacción sobre el sufragio no requiere de un pago directo a los votantes sino
que basta con que el candidato influya en su voluntad a través de cualquier
mecanismo que genere una obligación percibida y, que en este caso se cumple ese
presupuesto, pues la estrategia del demandado consistió en usar la entrega de las
topografías como un medio para proyectarse como el único facilitador de estos
beneficios, condicionando así la voluntad del electorado.
1.9. Trámite en segunda instancia
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75. Por auto del 18 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador admitió el
recurso de apelación y ordenó los traslados correspondientes15. Además, determinó
lo siguiente: «En atención a lo anterior, no se tendrá en cuenta el video de la
entrevista realizada por el señor Serrato Ladino en la emisora “La Doble L” y el video
del sitio de noticias “Agenda Informativa Villavo”, el cual fue debidamente
incorporado al proceso a través del auto del 23 de abril de 2024, será valorado de
conformidad con los enlaces aportados con la demanda y los analizados en por el
peritaje también allegado e incorporado al proceso en debida forma»16.
1.9.1. Alegatos de conclusión
1.9.1.1. Parte demandante y coadyuvante17
76. Manifestaron que la entrega de levantamientos topográficos en plena campaña
electoral configuró una estrategia de persuasión indebida que constituyó una
violación de los principios de equidad en la contienda electoral y libertad del
sufragio.
77. Aseguró que el demandado indujo a los electores a creer que su permanencia
en el cargo era necesaria para la continuidad de ciertos beneficios, generando una
forma de coacción psicológica.
78. Además, aseguró que la defensa realizó afirmaciones contradictorias respecto
al origen y financiamiento de los documentos entregados. En ciertos momentos
sostuvo que fueron financiados con recursos propios, mientras que en su
declaración bajo juramento indicó que eran simples copias obtenidas de la
administración municipal. Inconsistencia que, adujo, revela una intención de
manipular la percepción del electorado y ocultar la verdadera naturaleza de sus
actos, lo que refuerza la tesis de que utilizó información engañosa para captar votos.
79. Sostuvo que el tribunal de primera instancia incurrió en un error procesal al dejar
de valorar pruebas audiovisuales fundamentales, vulnerando el principio de
primacía de lo sustancial sobre lo formal. Omisión que resultó en una decisión
parcializada que no demostró adecuadamente la influencia que las acciones del
demandado tuvieron en la elección.
1.9.1.2. Parte demandada
80. Reiteró, en síntesis, lo dicho en la contestación de la demanda.
1.1.10. Concepto del Ministerio Público
15
índice 005 de Samai.
16
Respecto del video aportado en el vínculo de one drive adjunto al mensaje de datos con el cual se radicó la demanda, este
se refiere a una prueba que fue descargada y analizada por el perito cuyo informe también fue allegado con el escrito
introductorio, medios de convicción que fueron incorporados por el Tribunal Administrativo del Meta mediante diligencia del
23 de abril de 2024.
17
Los alegatos se presentaron de forma conjunta.
13
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81. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
de la siguiente manera:
82. Explicó que, del análisis de los videos y las afirmaciones que respecto de ellos
efectuaron los accionantes, no es posible concluir que el demandado incurrió en
prácticas corruptas que afecten la libertad del electorado, por el mero hecho de
haber reconocido que entregó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal
de algunos barrios, las copias de los levantamientos topográficos a partir de los
cuales presuntamente se derivó la legalización de los mismos.
83. Consideró que dicha conducta no logra la contundencia suficiente para asegurar
que hubo una organización criminal de la cual hiciera parte o tuviera conocimiento
el demandado, o que aquel a partir del material audiovisual allegado, ejerciera algún
tipo de presión, violencia, o actividad ilícita para captar el voto de los ciudadanos.
84. Estimó que, aun si pudiera reprocharse el hecho de que, el demandado
empleara la gestión del aludido trámite como argumento para solicitar el voto de
esas comunidades, estaba investido de la función pública como concejal electo, que
aspiraba a la reelección, y, en ese ejercicio, las reglas de la experiencia permiten
advertir que, quienes vienen desempeñando cargos elegidos popularmente, que
permiten esta figura, tienen el deber de gestionar, rendir cuentas públicamente y
poner de presente las gestiones realizadas a partir de su investidura que ostentan.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
85. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la coadyuvante contra
la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 15018 y 152 numeral
7, literal a) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo19, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo
18
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN.
Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código.
19
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades
públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración;
14
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de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, que contiene el Reglamento
Interno del Consejo de Estado.
2.3. Problema jurídico
86. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, el 31 de octubre
de 2024, mediante la cual negaron las pretensiones de la demanda; para ello, se
deberá determinar si el demandado efectuó actos de corrupción o prácticas
antidemocráticas para manipular la intención de voto de los electores, las cuales
incluyen, según la parte actora, entrega de dádivas, beneficios o favores y, como
consecuencia, se encuentra configurada la causal de nulidad, consagrada en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 de violación de las normas en que debía
fundarse, estos son, los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política.
87. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del voto como derecho y deber democrático; (ii) las
prácticas corruptas por parte de candidatos a cargos de elección popular como
causal de nulidad electoral de naturaleza subjetiva y; (iii) el caso concreto.
2.4. El voto como derecho y deber democrático20
88. El voto es un mecanismo de participación ciudadana que tiene una doble
connotación en Colombia: por una parte, es un derecho, pero a la vez constituye un
deber ciudadano.
89. El artículo 258 de la Carta Política lo consagra así:
El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin
ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubículos
individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios
electrónicos o informáticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse
tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales
serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará
igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer
identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos
políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos
de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este
derecho de los ciudadanos.
90. Es un derecho porque es una de las máximas representaciones democráticas
a través de la cual los ciudadanos pueden acudir a las urnas para decidir
directamente algún asunto puesto a su consideración o para elegir a sus
representantes.
20
Reiteración de lo expuesto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, el 16 de mayo de 2019,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-28-000-2018-00084-00.
15
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91. Además, es la forma en que se expresan genuinamente los derechos
políticos consagrados en el artículo 40 de la Carta Política pues a través de aquel
puede elegir; ser elegido; participar de elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y demás formas de participación democrática; ejercer la revocatoria
directa, por ejemplo.
92. Sin embargo, no sólo constituye un derecho, sino que también es un deber
ciudadano, toda vez que, al tener Colombia una forma de gobierno basada en la
democracia, los ciudadanos tienen el deber de ejercer el derecho al voto para
participar y contribuir en la toma de decisiones y en las elecciones de las personas
que los gobernarán y representarán en las corporaciones públicas, so pena de que
todo el aparato estatal se paralice y no se puedan cumplir los fines esenciales del
mismo.
93. Que no sea objeto de coacción, implica que sea libre, que los ciudadanos
tengan la oportunidad de votar de manera informada y responsable, sin ser
obligados directa o indirectamente, a depositar su voto en las urnas de una manera
u otra.
94. Es así como la ciudadanía tiene el derecho y el deber de votar según sus
convicciones, por lo que se debe garantizar el voto libre de todo tipo de presiones,
pues tanto afecta su ejercicio la violencia física o sicológica contra el votante como
su persuasión indebida a través de la entrega de prebendas o regalos de cualquier
tipo.
95. Lo anterior, por cuanto, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional21,
cualquier desconocimiento de la naturaleza y características del voto puede
acarrear la nulidad de la elección o del voto individualmente considerado.
96. Frente al punto, esta Sala ha dicho:
Es claro, por tanto, que si el elector, pilar fundamental del sistema democrático, es
objeto de amenazas o de cualquier forma de violencia que anule su libertad y lo
conduzca a escoger la opción política que otro le determine, el resultado de tales
votaciones deviene espurio y tanto la legalidad como la legitimidad de ese poder
político instalado no solo está en entredicho sino que debe removerse por los cauces
legales, pues así la institucionalidad y la democracia recuperan su primacía. La
configuración de tales circunstancias como causal general de nulidad viene
aceptándose por la jurisprudencia de esta Sección de tiempo atrás […]22.
Con base en lo anterior, esta sección ha concluido que:
(…) la violencia al elector era irrelevante para la acción de nulidad electoral, a
aceptarla como causal de nulidad, aún antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437
21
Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del11 de junio de 2009. Expediente
17001-23-31-000-2008-00135-01 M. P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón.
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de 2011 - CPACA, que la estableció expresamente, y dicha violencia comprende no
solo las físicas sino también las psicológicas, el constreñimiento, la coacción o
cualquier tipo de situación que anule su libertad de escoger libremente la opción para
ejercer el derecho al voto, lo cual incluye el otorgamiento de dádivas considerado por
el derecho penal como delito de corrupción al sufragante, conducta que se
enmarcaría en la descrita en el caso sub judice23.
97. En ese orden de ideas, cualquier afectación a la pureza y libertad del voto
resulta reprochable y tiene tal relevancia, en el orden constitucional democrático,
que tiene la entidad suficiente de influir en los resultados de la votación
correspondiente.
98. Por lo tanto, corresponde a las autoridades electorales velar porque el voto
se mantenga incólume y conserve las características que la misma norma
constitucional le otorga.
2.5. Las prácticas corruptas por parte de candidatos a cargos de elección
popular como causal de nulidad electoral de naturaleza subjetiva
Esta sección determinó, con ocasión de la demanda de nulidad electoral adelantada
contra la excongresista Aida Merlano24, que la corrupción o las prácticas corruptas
que se adelanten directa o indirectamente por un candidato a cualquier elección
popular constituyen una causal de nulidad electoral de naturaleza subjetiva que es
independiente a la «clásica violencia» que había sido estudiada hasta el momento,
toda vez que no se basa no en las causales específicas consagradas en el artículo
275 de la Ley 1437 de 2011 sino en las genéricas de que trata el artículo 137 de la
misma ley. Sin perjuicio de que el análisis de la causal de naturaleza subjetiva en
mención, siga siendo objetivo, en el marco propio de la nulidad electoral.
99. Así, expuso que el análisis de la incidencia de las prácticas relacionadas con
corrupción que afecten la libertad del elector debe ser estudiada, no desde la óptica
de la causal objetiva de nulidad electoral, sino desde el punto de vista subjetivo.
100. Reflexionó que la conducta de un candidato que deliberadamente afecte la
pureza del voto y que a través de prácticas corruptas obtenga un resultado favorable
en las urnas, vulnera las normas de rango superior en que el acto electoral debe
fundarse.
101. Por lo tanto, determinó que las prácticas corruptas y antidemocráticas de
candidatos que busquen coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios en los resultados electorales, constituye un causal subjetiva de
nulidad electoral para cuya prosperidad se debe demostrar que el candidato ejerció
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 21 de enero de 2016.
Expediente 11001-03-28-000-2014-00030-00. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, 16 de mayo de 2019, Rad. 11001-03-28-000-
2018-00084-00, demandado: Aida Merlano Rebolledo.
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directa o indirectamente la actividad irregular o sabía de ella y con su anuencia se
adelantó.
102. Concluyó que, en este tipo de causal de nulidad, lo que se censura es la
conducta desde el punto de vista de la corrupción, por cuanto las prácticas corruptas
que afecten la libertad del elector y la pureza que debe caracterizar el voto, atentan
no sólo contra los principios democráticos del Estado Social de Derecho si no,
además, contra normas de rango constitucional.
103. Entre las consideraciones esbozadas por esta sección se resaltan las
siguientes:
Por lo tanto, en este caso las prácticas de compra de votos dirigidas y adelantadas
por la demandada impidieron que las personas por ella influenciadas ejercieran su
derecho al voto de manera libre y secreta, por cuanto, según se estableció con las
pruebas anteriormente referenciadas - las cuales hasta la fecha conservan plena
validez- además de comprar literalmente el voto, la señora Aida Merlano Rebolledo
contaba con sistemas de verificación para comprobar que las personas por ella
persuadidas, efectivamente votaran a su favor, con lo que se demuestra que no sólo
se afectó la libertad sino también el carácter secreto del derecho al voto.
En otras palabras, está acreditado que la demandada hizo a varias personas el
ofrecimiento y posterior entrega de dinero para obtener resultados favorables en las
urnas, afectando así el voto en su doble esfera: como derecho, al ser la máxima
expresión democrática y como deber, toda vez que dichas personas no votaron a
conciencia, ni de manera libre, por lo que no ejercieron su deber democrático en los
términos señalados para ello en la Carta Política, conducta que resulta
completamente contraria a los postulados legales, por cuanto es contrario a derecho
que alguien que pretende ser una representante del pueblo en el órgano legislativo
del Estado, compre su curul.
Al respecto, resulta del caso reiterar que según los postulados de la democracia
participativa que rigen el país, los representantes del pueblo deben ser elegidos
legítimamente en las urnas, por cuanto son elegidos por la ciudanía para representar
los intereses no sólo de sus electores, sino también de la sociedad en general, por lo
tanto, todo acto que vicie esa legitimidad y aún más, que atente contra el interés
general para dar prevalencia al interés particular de dichos representantes, merece
todo el reproche legal y social.
Es decir, el hecho de que un candidato a una Corporación Pública incurra en una
conducta corrupta de tal relevancia, como la que se encuentra demostrada en este
caso, cual es la estructuración de una organización para la compra de votos, tiene un
impacto grave en la sociedad, colectivo que ve defraudados sus intereses con la
presencia de un representante ilegítimo del pueblo, para este caso, en el órgano
legislativo del Estado lo cual además, conlleva un traumatismo en la conformación,
organización y debida ejecución del Congreso que en últimas afecta el debido
funcionamiento del aparato estatal considerado en su conjunto.
Entonces, como se encuentra probado para la Sala que la demandada compró votos,
sin que a la fecha se cuente con una cifra exacta, lo cual en manera alguna incide en
la gravedad de la conducta por ella desplegada, por cuanto, independientemente de
que haya comprado uno, cien o millones de votos, lo cierto es que la conducta
irregular, atentatoria de los principios democráticos del Estado, fue cometida por ella
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directamente o con su anuencia, por lo que dicha conducta merece un severo
reproche desde el punto de vista del medio de control de nulidad electoral.
Al respecto, se debe recordar que tal y como se explicó en apartes anteriores, la
causal de nulidad electoral endilgada en el caso concreto no es de orden objetivo, por
lo que no hay lugar a estudiar la incidencia de los votos comprados en el resultado
electoral. La causal invocada en este evento y cuyo estudio fue abordado por esta
Sala de Decisión desde la fijación del litigio, es de naturaleza subjetiva, que busca
reprochar conductas corruptas, contrarias a la democracia, y por tanto, basta con que
se demuestre que la demandada incurrió en prácticas corruptas tendientes a afectar
la libertad de los votantes, para que se encuentre acreditada y por ende, haya lugar
a declarar la nulidad de su elección, independientemente de las conclusiones a que
en otros procesos, como por ejemplo de tipo penal o de pérdida de investidura, se
arribe.
104. Finalmente, la sala sostuvo que, el hecho de que un candidato a una
corporación pública incurra en una conducta corrupta como la estructuración de una
organización para la compra de votos, tiene un impacto grave en la sociedad, ante
la imagen de representación ilegitima del pueblo que genera y el traumatismo en el
funcionamiento del aparato estatal que ello ocasiona.
105. En pronunciamiento posterior25, esta sección precisó que, para la
configuración de la corrupción como causal subjetiva de nulidad electoral fincada
en la infracción de los artículos 40 y 258 de la Constitución Política se requiere la
concurrencia de varios elementos, a saber: (i) la existencia de una práctica corrupta
y antidemocrática, (ii) la finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los
votantes para obtener beneficios electorales y; (iii) el ejercicio directo o indirecto de
la práctica irregular o su conocimiento acompañado por la anuencia del candidato;
los cuales definió en los siguientes términos:
En ese orden de ideas, se ratifica que cuando se habla de (i) la existencia de una práctica
corrupta y antidemocrática, la Sala se refiere a cualquiera que atente contra la libertad del
elector, sin importar si fue ejercida en el plano físico o en el psicológico. Para ello resulta como
un norte inexorable, a título enunciativo, el catálogo de conductas tipificadas por el legislador
como delitos contra los mecanismos de participación democrática en el título XIV del Código
Penal: (…).
Por otro lado, cuando la Sala habla de que la configuración de la causal subjetiva de nulidad
se acompaña de (ii) la finalidad de coartar por cualquier medio la libertad de los votantes para
obtener beneficios electorales, se refiere a la existencia de un propósito demostrable de dirigir
indebidamente el sentido del sufragio para determinar el resultado de los comicios, en
desmedro de los valores democráticos. En otras palabras, la corrupción debe tener como
instrumento y punto de mira al mismo tiempo la pulcritud con la capacidad del sufragante de
actuar bajo su propia voluntad, exenta de apremios o estímulos contrarios al orden jurídico, al
momento de depositar su voto.
Y para terminar el supuesto del (iii) ejercicio directo o indirecto de la práctica irregular o su
conocimiento acompañado por la anuencia del candidato, lo que en definitiva traduce es la
condición ulterior que justifica la existencia de la corrupción como motivo de infracción de
norma superior (art. 137 CPACA) –en contraste con las causales objetivas de nulidad electoral
fundadas en la violencia y otras formas de corrupción– que se desmarca de la incidencia como
factor cuantitativo, para hacer el tránsito hacia una perspectiva cualitativa, pues quien está
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado: 66001-23-33-000-2019-00777-
01; sentencia del 22 de enero de 2021.
19
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Demandado: Carlos Julio Serrato Ladino
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llamado a encarnar los más caros bastiones de la democracia no puede simultáneamente ser
prenda de su antítesis: la corrupción. Así, la caracterización realizada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado en la sentencia hito del 16 de mayo de 201926 se aposta en la idea de
que es necesaria la participación consciente del demandado en el hecho que da lugar a la
censura en el contencioso electoral, a título de determinador, autor material, cómplice,
partícipe o cualquier otra modalidad afín.
2.6. Caso concreto
106. El demandante afirmó que las pruebas presentadas demuestran una clara
estrategia de persuasión corrupta, por parte del demandado, que afectó la libertad
del sufragio.
107. Argumentó que los videos aportados acreditan que el concejal accionado
creó en los votantes un sentimiento de obligación y gratitud a través de dádivas y
beneficios con los que logró manipular su voluntad y aprovecharse de sus
necesidades.
108. La parte actora aportó, como prueba de sus afirmaciones, los siguientes links
(página 84 del escrito de la demanda, índice 02 del expediente digital):
• Video del 21 de septiembre de 2023:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fn5u4HUo
_2T%2F%3Fmibextid%3DNif5oz%26fbclid%3DIwAR2lXtcSAygfJSihyyz
A-a7595XQV2B5-
G2eWleKY0XSEWvXh3nGPo0s_F8&h=AT1KV5FMHrPXJz_6ROoIXOao
gmMmULcN3HxRdSSsVoFlR2lmyegCBTOTtcEBL-
yMUhLnqoguf3PTTc9Ov6yuL30MEGkPYaXNcZuIv7pT0OrNjrR5my5i0Yr
-bzW9VTOZBsm3mg&__tn__=-UK-
R&c%5b0%5d=AT1iDHQUkcLF0saSR2d_X2v3PYz868RLNAKF6ALZ43
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5I2_lY3uvaiKF7j-o8JzMY-X-jRQWgsxVFhCQCdUMq-0eb8rWwSlP0
• Video del 29 de octubre de 2023: https://fb.watch/otS1unFc0T/
• Video del 28 de octubre de 2023: https://fb.watch/ou4Ooh6YGc/
• Video del 27 de octubre de 2023: https://fb.watch/ou4-o6VmhP/
• Video del 24 de octubre de 2023: https://fb.watch/ou5li2_LWV/
• Video del 21 de octubre de 2023: https://fb.watch/ou5oyeYtV8/
109. Además, allegó 4 videos, en formato Mp4, como anexos de la demanda, los
cuales coinciden con algunos de los videos que aparecen en los enlaces de las
publicaciones:
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, 16 de mayo de 2019, Rad. 11001-03-28-000-
2018-00084-00, demandado: Aida Merlano Rebolledo.
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110. Finalmente, aportó un enlace a una carpeta compartida de google drive con
acceso libre, en el texto del correo con el que envió la demanda:
https://drive.google.com/file/d/1hAvfZw9FAeDY9HSIfyG7KwJHNtwmWTQh/view?usp=drive_link
111. Para resolver los reparos elevados por la parte actora se precisará, en primer
lugar, que esta sección ha señalado, de forma pacífica y reiterada27, que las
fotografías, audios o videos en algún tipo de formato que permita su reproducción,
se presumen auténticos mientras no prospere la tacha de falsedad, dado que
constituyen una de las tipologías de documentos a que hace referencia el artículo
243 del CGP28; contrario a los mensajes de datos que deben cumplir con los criterios
de integridad y conservación del mensaje, para que tengan fuerza probatoria,
conforme los artículos 247 del CGP y 9 a 12 de la Ley 527 de 1999.
112. Frente a los enlaces que conducen a publicaciones de redes sociales, esta
sección en decisiones recientes29, ha considerado, según la Ley 527 de 1999, en
armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional, que se entiende por mensaje de datos, toda
información «generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares» y, además, los reconoció como medios de prueba
en el marco de cualquier actuación administrativa y judicial.
113. Los mensajes de datos pueden ser: correos electrónicos, fotos y videos
subidos a las redes sociales, leyendas que acompañan los «post» de Instagram y
Facebook. La Corte Constitucional30, con fundamento en la lectura de la referida
27
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente
68001-23-33-000-2023-00758-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra y sentencia del 5 de septiembre de 2024, expediente 08001-
23-33-000-2024-00010-01 (principal), MP. Luis Alberto Álvarez Parra (ente otras).
28
ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos,
cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones,
radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus
funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura pública.
29
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-2333-000-2020-00006-01.
M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del
10 de agosto de 2023. Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
30
Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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norma, ha establecido, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de dichos
medios de convicción digitales, unos requisitos ineludibles para su apreciación, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades propias, así:
Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, quien aduce
este tipo de pruebas en los procesos judiciales deberá garantizar: (i) que la
información contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior
consulta; (ii) la identificación del iniciador del mensaje –quien lo genera–
artículo 7°; (iii) la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido
alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma
definitiva –artículos. 8° y 9°48.
114. En línea con estos lineamientos, los videos aportados en formato de video MP4
serán valorados como auténticos, en los términos del inciso segundo del artículo
24431 del Código General del Proceso, dado que no fueron objeto de tacha por la
parte accionada. En lo que corresponde a los enlaces que conducen a publicaciones
de redes sociales, serán analizados de manera individual a continuación.
115. Previo a abordar el estudio del caso concreto, conviene precisar que los
elementos de prueba que se valorarán serán los que fueron oportunamente
aportados y decretados por el juez de primera instancia, puesto que la providencia
que decidió sobre las pruebas solicitadas se encuentra en firme, después de ser
modificada por esta sección con ocasión del recurso de alzada instaurado en su
contra por la parte accionante; de manera que, este no es el escenario para revivir
el debate sobre las inconformidades que la parte actora y su coadyuvante tengan
con dicha determinación.
116. En específico, las relativas a la intervención de la señora Johana Roa en el
video del 24 de octubre de 2023 y la incorporación del video de la entrevista
realizada por el señor Serrato Ladino en la emisora “La Doble L”, el cual, como se
indicó en el auto que admitió el recurso de apelación instaurado contra la
sentencia32, no se tendrá en cuenta al no tratarse de una prueba decretada.
117. El actor indicó, en su recurso que, según el primer video, el demandado
participó en una entrevista en vivo el 16 de septiembre de 2023, en el cual dio
declaraciones que reflejan una intención clara de influir en el electorado, mediante
la promoción de gestiones y beneficios y condicionamientos psicológicos a la
voluntad del elector.
118. Respecto a este video se precisa que, contrario a lo señalado por el juez de
primera instancia, la parte actora aportó, además del enlace a la red social
31
«Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados
o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso».
32
Auto del 18 de diciembre de 2024, mediante el cual, el magistrado sustanciador admitió el recurso de apelación y ordenó
los traslados correspondientes.
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Facebook, al cual, actualmente, no se puede acceder, uno que lleva a una carpeta
compartida de google drive con acceso libre, en el texto del correo con el que envió
la demanda, donde este se encuentra alojado33. Que se puede consultar en el
mismo índice de Samai donde reposa la demanda (índice 02 del expediente digital).
119. Verificado el contenido de la grabación aportada en el enlace de google drive
se advierte que es idéntico al que describieron en el escrito de demanda y en el
«informe pericial» aportado por ese extremo procesal. En consecuencia, será objeto
de valoración en el presente proveído, por tratarse de un medio probatorio que fue
aportado oportunamente, practicado e incorporado al proceso, como se indicó en el
auto que admitió el recurso de apelación.
120. Para el actor, la entrega de «beneficios tangibles como los levantamientos
topográficos representa una forma de corrupción indirecta porque establece una
dependencia del votante hacia el candidato. Esta dependencia puede coaccionar
psicológicamente al votante, que se siente presionado a apoyar al candidato como
forma de agradecimiento o reciprocidad».
121. Precisado lo anterior se procederá a verificar cada una de las pruebas:
122. Video presuntamente grabado el 16 de septiembre de 2023:
123. En el video se observa, inicialmente, a un periodista, quien, luego de
presentarse, indicó que se encontraba trasmitiendo desde el barrio El Brillante.
Aseguró que el motivo de la nota era documentar el evento de legalización de tres
de los barrios del sector por parte de la alcaldía municipal. El comunicador entrevistó
a una persona (diferente al demandado), quien se identificó como presidente de una
de las Juntas de Acción Comunal (JAC), favorecida con la legalización.
33
https://drive.google.com/file/d/1hAvfZw9FAeDY9HSIfyG7KwJHNtwmWTQh/view?usp=drive_link
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124. Luego, se unió otro ciudadano y, a la altura del minuto 1:26:18, apareció el
señor Serrato Ladino, a quien, desde el inicio de la alocución, identificaron como
«cayuyo». El periodista señaló (minuto 1:27:58): «es la misma comunidad la que
nos dice aquí estamos contentos con la labor del presidente del concejo cayuyo
porque nos ayudó donando un tema muy álgido muy importante que es la
topografía».
125. El demandado manifestó:
Hoy, después de 2 años y medio de arduo trabajo, de ires y venires, hemos logrado
que, finalmente, en el día de hoy, el señor alcalde a través de la secretaria de
planeación de la Dra. Vanesa y su equipo de trabajo de legalización, hemos podido
traer la resolución de legalización del barrio La Antonia, Villa Marina y El Brillante.
Tuvimos inconvenientes, logramos hablar con un amigo topógrafo porque la
topografía valía mucha más plata de la que nos cobraban, asumí el compromiso, la
pagamos de nuestro bolsillo, y entregamos la topografía e hicimos un acto
protocolario hace dos meses largos (...) donamos la topografía y gracias a la
donación de la topografía, Darío y mis queridos amigos, se puede entregar la
resolución de legalización de estos 3 sectores tan importantes (…) es compromiso
de una política pública la cual estoy comprometido, pero que además es de
iniciativa nuestra, nosotros la hemos construido, el decreto 186 lo ayudamos a
construir, el decreto 072 que modifica el mismo y el 0549 que recoge todos los
acuerdos de las vigencias anteriores y se concretó en el 549 de 2022, 4 artículos en
la cual autorizamos al alcalde para unos temas, pero también aplicamos la Ley 2044
de 2020, en el sentido de que, aparte la legalización tenemos que mirar el tema de
la titulación (…) tenemos que solucionarle a toda esta comunidad de este sector
tan importante de la comuna 10, el tema de la titulación para que finalmente cada uno
de los habitantes tenga la escritura de su casa, por tanto esperamos que el próximo
alcalde o alcaldesa actúe en los procedimientos que vamos a dejar nosotros, vamos
a dejar la dirección de legalización y titulación adscrita a las secretaría de
hacienda, para que la gente pueda llegar y golpear y que lo atiendan, porque hoy no
existe, existe la política pública, pero no la oficina.
126. Mas adelante en la entrevista, preguntaron al demandado, sobre el control
que realiza el concejo municipal al PAE y sobre el presupuesto municipal. El señor
Serrato Ladino indicó que los recursos del PAE provenían del sistema general de
participaciones pero que «le han pedido» a la administración que destine parte de
los recursos del municipio para su implementación.
127. En el video no se mencionó la fecha, pero al final de la intervención, el
accionado invitó a los ciudadanos a votar por él, en las próximas elecciones, a
realizarse el 29 de octubre de 2023, además, en la parte del fondo de la vía donde
se grabó, se observan pancartas electorales.
128. El segundo video ocurrió, según la parte actora, el 21 de octubre de 2023 y
fue aportado en el escrito de la demanda. Consultado el enlace, no se obtuvo
acceso a ninguna publicación, como lo refirió el juez de primera instancia.
129. Ahora, con la demanda se aportó un video cargado en Mp4, de la misma
fecha, que muestra lo siguiente:
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130. En la grabación, el demandado aparece diciendo: «es una realidad la
legalización del barrio Villa Marina, hacemos entrega del levantamiento topográfico
del sector al presidente, para que así, el presidente tenga la posibilidad de hacer las
solicitudes pertinentes al municipio y poder que el municipio lo atienda en los
servicios que necesita como alcantarillado, acueducto y vías», seguidamente invita
a la comunidad a votar por «Cambio Radical, número 8, al concejo».
131. Esta alocución, al no haber sido extraída de una red social, no se puede
conocer su fecha de publicación o trasmisión. En ella se observa al accionado con
fotos en el fondo, donde se le ve acompañado de otras personas, entregando unos
documentos y, en vías públicas, con maquinarias. Además, tiene una imagen que
simula la tarjeta electoral, a manera de publicidad.
132. Video publicado en la red social Facebook, el 24 de octubre de 2023, desde
una cuenta denominada: «Concejal Cayuyo», con el nombre: «hoy son 28 los
barrios legalizados», en el video aparece el demandado entregando unos
documentos a otras personas, entre ellos una señora, a quien más adelante se
identifica con letra, con el nombre de Joanna Roa, presidenta de la JAC de El
Brillante:
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133. El demandado afirma: «Hoy estamos haciendo entrega de la topografía oficial
del barrio el Brillante»; la referida señora dice: «nosotros como junta llevábamos 7
años esperando la legalización de nuestro barrio, gracias al doctor Carlos Julio
Serrato que fue el que nos donó, nos regaló la topografía para nuestro barrio para
así poder ingresar a los barrios legalizados de la ciudad de Villavicencio».
Finalmente, el concejal Serrato Ladino dice: «los invito este 29 de octubre que
marquen Cambio Radical número 8 al concejo».
134. En el video trasmitido el 27 de octubre de 2023, desde la misma cuenta,
aparece una ciudadana que manifiesta lo siguiente: «nosotros Villa Paulina ya
somos parte de la Comuna 4 con esta legalización podemos exigir nuestros
derechos, tenemos derecho ¿a qué? ¿Cómo cuáles? escuelas, pavimentación, el
gas natural, hasta puesto de policía CAI, Dios puso a las personas correctas en
nuestro camino de Villa Paulina a esta comunidad como Cayuyo, el concejal Cayuyo
nos ha acompañado en toda esa tarea en todo este proceso en todo eso, nos ha
guiado y nos hizo posible la legalización del barrio».
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135. El siguiente video aportado fue publicado en la cuenta referida anteriormente,
el día 28 de octubre del mismo año, con el siguiente encabezado: «agradecer a todo
mi equipo de trabajo de los diferentes sectores por su confianza, amistad y gratitud;
Dios nos bendiga a todos. ESTAMOS LISTOS Y PREPARADOS PARA ESTE 29
DE OCTUBRE», así:
136. En la alocución se puede observar a una ciudadana identificada en los
subtítulos como Nury Gutiérrez «líder de Quintas de la Esperanza», quien
manifestó: «el concejal nos ayudó a legalizar el barrio Quintas de La Esperanza
hace dos años; estuvo muy pendiente de unas zonas verdes y un parque que
personas ajenas querían hacer daño»; luego aparece otra persona, a quien se le
identificó como Carlos Ávila «presidente JAC barrio El Refugio», quien indicó: «me
gustaría que en el próximo gobierno contáramos con el concejal Carlos Julio
Serrato, ya que, es una de las personas que nos ha ayudado mucho en el tema de
legalización de la comuna 4 y varias comunas en la ciudad de Villavicencio, yo voto
por el cambio radical número 8 Cayuyo».
137. El ultimo video (en orden cronológico) aparece compartido en la cuenta
«Concejal Cayuyo», el 29 de octubre de 2023, y lleva por título el siguiente: «Gracias
a las más de personas que confiaron en nuestro proyecto político! …».
En este, figura el accionado, en una suerte de desfile, rodeado de muchas personas,
en ambiente de celebración con publicidad alusiva a su campaña. De fondo se
escucha una canción en inglés.
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138. En el proceso se recepcionó el interrogatorio de parte del demandado, quien
manifestó que no había pagado ninguno de los estudios topográficos requeridos
para la legalización de los barrios El Brillante, La Antonia y Villa Marina y que, lo
que había realizado era una labor de acompañamiento y apoyo a los habitantes de
esos sectores, quienes llevaban varios años intentando que sus asentamientos
fuesen considerados como barrios urbanos, pues ello les permitiría estar incluidos
en los proyectos que tuviera la administración municipal en relación con vías,
infraestructura, servicios públicos, entre otros.
139. Al ser interrogado por la parte actora, en relación con las manifestaciones
realizadas en la entrevista que le hizo el medio de comunicación «Agenda
Informativa», el demandado señaló, que no recordaba la fecha en que se había
llevado a cabo y que cuando se había referido a que había entregado la topografía
lo que quiso decir era que había hecho entrega de las copias del estudio topográfico
que reposaban en dependencias de la alcaldía.
140. Explicó qué, una parte de su gestión como concejal se había orientado a
apoyar a las comunidades asentadas de forma ilegal para que cumplieran los
requisitos y el procedimiento señalado en la Resolución 060 de 2018, para la
legalización urbanística de asentamientos humanos informales cargo de la alcaldía
municipal.
141. Señaló que su actuación se limitó a acompañar al primer mandatario del
municipio a adelantar varios procesos de legalización y entregarles a los presidentes
de las JAC, algunos documentos para facilitar su labor ante la administración
municipal. Insistió en que la cuenta en la que aparecen las publicaciones no es su
cuenta oficial y desconoce quién la administra.
142. Al proceso fueron allegados los antecedentes de la legalización de los barrios
Villa Marina, El Brillante y La Antonia, que culminaron con las Resoluciones Nos.
67.20/254, 67.20/255 y 67.20/256 del 15 de septiembre de 2023. Entre los
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documentos que conforman dichos expedientes se encuentran los levantamientos
topográficos firmados por el topógrafo Ramón Alexander Lasprilla González,
radicados en el municipio de Villavicencio en el mes de julio de 2023, por parte de
algunos de sus habitantes.
143. Analizados los vídeos aportados por la parte actora, se advierte que estos
dan cuenta de que el demandado expresó en entrevistas o encuentros con otras
personas, presuntamente habitantes de algunos de los barrios del municipio de
Villavicencio, que en su gestión como concejal había realizado acompañamiento y
brindado su apoyo a esas comunidades para que realizaran con éxito los procesos
de legalización de sus asentamientos.
144. En primer lugar, se precisa que, si bien es cierto el demandado manifestó
que los videos de redes sociales fueron hechos por otras personas, los mensajes
de datos que los alojan no fueron tachados en la oportunidad procesal
correspondiente, por lo que pueden ser objeto de valoración.
145. Al respecto se encuentra que, las publicaciones se hicieron en tiempo de
campaña y, además, en los videos aparecen logos y publicidad alusiva al partido y
al número que ocupaba el demandado en la tarjeta electoral.
146. Sin embargo, las manifestaciones que figuran en las grabaciones fílmicas se
refieren a las acciones adelantadas supuestamente por el accionando, para ayudar
a algunas comunidades del municipio, pero no arrojan certeza sobre las fechas en
que aquellas actuaciones tuvieron lugar.
147. En efecto, en el video trasmitido el 27 de octubre de 2023, una ciudadana
manifestó: «nosotros Villa Paulina ya somos parte de la Comuna 4 (…) Dios puso a
las personas correctas en nuestro camino de Villa Paulina a esta comunidad como
Cayuyo, el concejal Cayuyo nos ha acompañado en toda esa tarea en todo este
proceso en todo eso».
148. En el video publicado el día 28 de octubre del mismo año, una persona
señaló: «el concejal nos ayudó a legalizar el barrio Quintas de La Esperanza hace
dos años; estuvo muy pendiente de unas zonas verdes y un parque que personas
ajenas querían hacer daño».
149. En el video del 24 de octubre de 2023, el accionado afirmó: «Hoy estamos
haciendo entrega de la topografía oficial del barrio el Brillante»; otra persona que
aparece refirió: «nosotros como junta llevábamos 7 años esperando la legalización
de nuestro barrio (…)». Luego, el señor Serrato Ladino señala: «los invito este 29
de octubre que marquen Cambio Radical número 8 al concejo».
150. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes administrativos allegados al
plenario, la legalización de los barrios Villa Marina, El Brillante y La Antonia ocurrió
mediante resoluciones expedidas por el municipio de Villavicencio, el día 15 de
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septiembre de 2023; mientras que las topografías requeridas para adelantar los
procesos que culminaron con esas decisiones fueron entregadas a la administración
municipal en julio del mismo año por habitantes de esos asentamientos.
151. Lo anterior significa que, aunque las publicaciones en redes sociales se
realizaron en octubre de 2023, los encuentros vídeo grabados contenidos en ellas,
en los que supuestamente se hizo entrega de las topografías pudieron haber
ocurrido con anterioridad al mes de julio de 2023, puesto que, fue en esa fecha que
se radicaron los documentos para la legalización de los asentamientos.
152. Las demás actuaciones relatadas en las otras publicaciones hacen referencia
al apoyo brindado por el señor Serrato Ladino a diferentes barrios en la realización
de diversas gestiones; conductas que, primero, difieren de las cuestionadas en la
demanda y, segundo, tampoco hay claridad de la fecha en que ocurrieron, pues en
un video se habló de que habían sucedido «hace dos años» y, en los otros, no se
señalaron mayores detalles.
153. Ninguno de estos aspectos pudo ser aclarado en el proceso, como tampoco
el relativo a que los estudios topográficos de los barrios referidos precedentemente
fueron pagados por el demandado, como lo afirmó el demandante; puesto que no
hay ningún elemento que así lo acredite y tampoco se demostró alguna intervención
del concejal al momento de radicar dichos documentos en las dependencias
municipales correspondientes.
154. Además, el señor Serrato Ladino indicó en la entrevista: «la topografía valía
mucha más plata de la que nos cobraban, asumí el compromiso, la pagamos de
nuestro bolsillo, y entregamos la topografía e hicimos un acto protocolario hace
dos meses largos (...) donamos la topografía y gracias a la donación de la
topografía, Darío y mis queridos amigos, se puede entregar la resolución de
legalización de estos 3 sectores tan importantes (…) es compromiso de una
política pública la cual estoy comprometido».
155. La expresión «la pagamos de nuestro bolsillo» y la forma de referirse a las
acciones realizadas (pagar y donar) fue en sujeto plural, es decir, que el demandado
no se atribuyó dicha actuación y tampoco habló a título personal; por el contrario,
del análisis dee esa intervención en el contexto de toda la entrevista, como se dijo
en párrafos anteriores, se extrae que pudo haberse referido a la gestión que efectuó
ante el Concejo Municipal de conseguir lo necesario para lograr ese fin.
156. Para el demandante, la entrega de «documentos que el propio Serrato califica
como indispensables para la comunidad, en un contexto de campaña, afecta la
libertad del voto al inducir un sentimiento de deuda o agradecimiento hacia el
candidato».
157. Contrario a lo señalado por la parte actora, los videos referenciados
precedentemente no acreditan la configuración de una conducta irregular o
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atentatoria de los principios democráticos, que estuviera dirigida a condicionar la
voluntad de los electores.
158. En primer lugar, como se dijo en párrafos anteriores, no está acreditado que
el concejal aportara de sus propios recursos, los estudios necesarios para legalizar
los asentamientos urbanos (como lo afirmó la parte actora), pues cuando habló de
donaciones, lo hizo en forma plural y no a título personal. Además, según la
declaración dada en el interrogatorio de parte, no fue él quien los pagó.
159. En segundo término, si bien es cierto que el demandado incurrió en
imprecisiones o contradicciones en las entrevistas, al señalar que donaba los
estudios topográficos y, luego, en el interrogatorio, indicar que hacía referencia a
las copias de dichos documentos que entregó como parte de la gestión de
acompañamiento que realizaba a las comunidades; no puede extraerse de ese solo
acto, o de su discurso, una práctica corrupta.
160. Es decir, no se advierte que el accionado entregara a título personal y con el
propósito de incidir de manera abusiva en la intención de voto de la comunidad, una
dádiva, documento o cualquier beneficio, como se explica a continuación.
161. En la primera entrevista, el demandado manifestó que habían donado la
topografía pero, al tiempo, realizó otras manifestaciones como que: «una política
pública con la cual estoy comprometido, pero que además es de iniciativa nuestra,
nosotros la hemos construido», la política pública a que se refiere está contenida en
varias normas expedidas por la alcaldía y el concejo municipal (Acuerdo 0549 de
2022 y Decretos 186 y 072 de 2021 según señaló en su alocución), esto significa
que muchos de los resultados y gestiones que el accionado relató, hacían parte de
las acciones adelantadas por la corporación de la que hacía parte.
162. Del análisis de su discurso se advierte, que lo que buscaba era resaltar que,
en el ejercicio de su labor como presidente del concejo, había contribuido a impulsar
las disposiciones que regulan el proceso de legalización de los asentamientos en el
municipio de Villavicencio y a impulsar otras iniciativas para mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.
163. Por consiguiente, las pruebas aportadas no son suficientemente claras para
establecer si al referir que habían donado la topografía, el accionado lo hizo como
una gestión encaminada a conseguir los recursos, en calidad de miembro de la
corporación pública o, si lo que quiso significar era, que se trataba de una
contribución hecha a título personal.
164. De otro lado, en las grabaciones aportadas, las intervenciones de los terceros
que aparecen en ellas varían entre decir, que el demandado los apoyó en el proceso
de legalización o recuperación de zonas verdes o, que les brindó su apoyo, solo en
una de ellas, la señora identificada como Laura Roa, afirmó que el concejal les había
donado o entregado «la topografía».
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165. Esta manifestación no puede tomarse como plena prueba de la alegada
donación puesto no se trata de una declaración realizada bajo la gravedad del
juramento y frente a la que el demandado haya podido ejercer la garantía de
contradicción.
166. Además, ninguna de las videograbaciones muestra que el demandado
exigiera a los miembros de los sectores en los que presuntamente realizó el apoyo
y acompañamiento, que votaran por él a cambio de la entrega de los documentos
requeridos para adelantar la legalización de sus comunidades (bien sea los estudios
topográficos o sus copias).
167. Es decir, en las interacciones grabadas no se observa que el accionado
intentara condicionar la entrega de los presuntos requisitos de legalización o la
realización de alguna otra gestión, a que votaran por él en las siguientes elecciones.
168. La parte actora argumenta que el concejal manipuló la intención de voto de
los ciudadanos de dichas comunidades, dado que, al ofrecerles o entregarles los
documentos topográficos se aprovechó de la necesidad que tenían de tener la
decisión favorable de la administración municipal, para obtener votos a su favor.
169. Este propósito no puede extraerse de las conversaciones y entrevistas
videograbadas pues no se advierte exigencia, manipulación o coacción sicológica
por parte del demandado hacia las personas que participaban de estas.
170. Lo que se puede inferir de dichos registros fílmicos es la promoción que el
demandado hacía de su propia campaña, a través de videos en los que invitaba a
votar por el número asignado en la tarjeta electoral y discursos en los que expresaba
las laborales de acompañamiento que supuestamente realizó en su calidad de
concejal, al procedimiento de legalización urbanística de asentamientos humanos
informales a cargo de la alcaldía municipal.
171. Las afirmaciones que realizó el demandado en dichos videos no pueden
considerarse como corruptas o contrarias a la democracia, pues no dan cuenta de
un compromiso o condición de entregar dádivas, donaciones o beneficios a cambio
de obtener votos a su favor; sino que contenían alusiones y narraciones subjetivas
del supuesto éxito de su labor como concejal con las que buscaba mostrar sus
cualidades como representante de sus electores, con miras a ser elegido
nuevamente en el siguiente periodo.
172. En síntesis, no se puede inferir de los elementos de prueba practicados, que
el demandado realizó actuaciones orientadas a comprar o exigir votos, a cambio de
dadivas, gestiones o favores, o que se valió de alguna estrategia o práctica corrupta
para manipular la voluntad de los electores.
173. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, en consideración a que
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no se demostró la causal de nulidad alegada referida a la práctica de conductas
antidemocráticas y corruptas, por parte del accionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, negó las pretensiones de
la demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Ausente con excusa)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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