Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2024-00001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2024-00001-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
29 de febrero de 2024
Demandante: Edith Rada Poveda
Demandados: Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Villavicencio y Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
Radicado: 50001-23-33-000-2024-00001-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00001-01
Demandante: EDITH RADA POVEDA
Demandados: JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS
LABORALES DE VILLAVICENCIO Y CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DEL META
Temas: Tutela de fondo – traslado de servidor en carrera judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora Edith Rada
Poveda contra la sentencia de 24 de enero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 11 de enero de 20241, la señora Edith Rada Poveda radicó escrito en el que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a
la vida digna, a la igualdad, a la seguridad social y a la estabilidad laboral
reforzada, que consideró vulnerados con la resolución 005 de 25 de septiembre de
2023, que realizó un nombramiento en propiedad, y la resolución 014 de 4 de
diciembre de 2023, mediante la cual se negó el reconocimiento de prepensionada
a la actora.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
PRIMERO: Que se amparen mis derechos fundamentales a la seguridad social,
trabajo, estabilidad laboral reforzada, a la salud, al mínimo vital, la educación,
vida digna, buen nombre y cualquier otro que el juez constitucional encuentre
involucrado y se me reconozca mi estado de prepensionada.
1 Según consta en el aplicativo Samai.
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Demandante: Edith Rada Poveda
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SEGUNDO: Que se ordene a las autoridades accionadas que den
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2040 de 2020 y e el
Decreto 1415 de 2021 , la jurisprudencia y la doctrina y apliquen en mi caso la
protección laboral reforzada y en consecuencia se ordene mi permanencia en
el cargo que actualmente ostento Enel despacho donde me encuentro o si a
bien tiene el Honorable Consejo Seccional de la Judicatura Rama Judicial del
Distrito Judicial de Villavicencio me reubiquen laboralmente de acuerdo con mi
perfil profesional, mis destrezas, habilidades de acuerdo con lo establecido en
la ley col Colombiana y mis derechos que me asisten por tener la calidad de
prepensionada y que conforme a su funcionalidad, territorialidad y esfera
administrativa que representa el Honorable Consejo pueda y deba realizar.
TERCERO: Que como consecuencia de la aplicación de la protección laboral
reforzada que me asiste, se abstengan de que las personas relacionadas en el
Acuerdo CSJMEA22-65 especialmente se ordené a los despacho judiciales ya
administrativos accionadas que se abstengan de realizar algún trámite
relacionado con la posesión del señor ADRIAN CAMILO VELASCO ARIAS
hasta que se decida la presente acción constitución en primera o segunda
instancia, si es del caso, a fin de evitar que la amenaza a mis derechos
fundamentales se convierta en una vulneración, causándome un perjuicio
irremediable y dejándome en estado de indefensión como ciudadana
colombiana, como servidora pública en este momento al servicio de la Rama
Judicial del Poder Público y apoyo profesional de quien administra justicia en la
Republica de Colombia.
CUARTO: En caso de no ser posible lo peticionado en el punto anterior, solicitó
que se me reubique laboralmente en otro cargo con las mismas garantías
laborales y salario que tengo actualmente, como lo dispone el artículo 8 de la
Ley 2040 de 2020.2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora Edith Rada Poveda informó que el 1.° de septiembre de 2023 se
posesionó en provisionalidad como sustanciadora del Juzgado Segundo Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Villavicencio.
El 11 de septiembre de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura remitió al
mencionado despacho la lista de elegibles para proveer en carrera el cargo de
sustanciador, donde figuraba en primer lugar el señor Adrián Camilo Velasco
Arias. Por lo tanto, el juez segundo municipal de pequeñas causas laborales de
Villavicencio efectuó el nombramiento respectivo mediante la resolución 005 de 25
de septiembre de 2023.
En consecuencia, el 20 de octubre de 2023, la actora informó a su nominador que,
presuntamente, se encuentra en condición de prepensionada, por lo que, a su
juicio, debía ser amparada por una estabilidad laboral reforzada.
Mediante la resolución 014 de 4 de diciembre de 2023 el titular del despacho negó
la solicitud, para el efecto, resaltó que la actora contaba con mas de 1400
semanas cotizadas, por lo que, de acuerdo con la SU – 003 de 2018 de la Corte
Constitucional, no se podía predicar la condición estabilidad laboral reforzada por
2 Transcripción literal incluyendo posibles errores.
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prepensión, por cuanto el único requisito faltante para que se causara el derecho
pensional era el de la edad, el cual puede cumplir al margen de que continúe la
relación laboral.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la actora, la autoridad accionada está omitiendo que en virtud de su edad sí
tiene la condición de prepensionada, esto por cuanto tiene 54 años, 2 meses y 13
días, por lo que está a menos de 3 años para ser acreedora del derecho
pensional, esto, teniendo en cuenta que dicha prestación exige, tanto las semanas
cotizadas, como cumplir 57 años.
Aseguró que es madre cabeza de familia, por cuanto tiene 4 hijos, de los cuales
debe responder económicamente por una hija de 19 años que se encuentra
estudiando, y otra de 23 que, si bien se encuentra trabajando, es a su vez madre
de una menor de 4.
Resaltó que debe asumir todos los gastos de su unidad domiciliaria, como son
servicios públicos, impuestos, alimentos y, adicionalmente, tiene obligaciones
financieras superiores a los 40 millones de pesos. En ese sentido, afirmó que su
sueldo es la única fuente ingresos que tiene y, de perder su empleo, se afectaría
su mínimo vital.
Consideró que el señor Adrián Camilo Velasco Arias debe ser una persona joven
con más opciones laborales, por lo que lo adecuado es que le permitan
posesionarse en otro despacho, de esta manera se estaría salvaguardando el
derecho a la carrera y, al mismo tiempo, se respetaría su condición de
prepensionada.
Por otra parte, solicito como medida provisional, que se ordenara a la autoridad
accionada abstenerse de posesionar al señor Velasco Arias.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Con auto de 11 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como accionados al Juez Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Villavicencio y a la presidenta del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta.
Por otra parte, vinculó como tercero con interés directo al señor Adrián Camilo
Velasco Arias, por ser la persona que fue nombrada en carrera judicial y, por otra
parte, requirió a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para
que allegara copia de la historia laboral de la accionante.
Finalmente, respecto de la solicitud de medida provisional, consideró que:
no se encuentra acreditado en el expediente que el señor Adrián Camilo Velasco
Arias, haya tomado posesión del cargo, así las cosas, se decretará la medida
provisional de suspensión del acto de posesión del señor Adrián Camilo Velasco
Arias, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.917.953 en el cargo de
sustanciador, solamente en el evento que dicho acto no se haya materializado
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de conformidad con lo previsto en la Resolución No. 015 del 15 de diciembre de
2023, en caso contrario la presente medida provisional no producirá efecto
alguno.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Villavicencio
El titular de este despacho consideró que la acción de tutela no tiene sustento
para conceder el amparo. Para el efecto, manifestó que la actuación administrativa
se realizó en concordancia con el artículo 125 de la Constitución Política, que
establece el principio al mérito como factor prioritario para ocupar las vacantes.
Señaló que, respecto de la presunta condición de prepensionada de la actora, se
resolvió de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación 003 de 2018, por lo que no se configuró vulneración alguna.
Adicionalmente, manifestó que el señor Adrián Camilo Velasco Arias mediante
escrito de 11 de enero de 2024 declinó su aspiración al cargo de sustanciador, en
ese sentido, la actora sigue laborando en aquella plaza; sin embargo, solicitó que
el juez de tutela defina de fondo la controversia relativa a la condición de
prepensionada de la señora Rada Poveda, con el fin de evitar nuevas acciones
constitucionales, esto teniendo en cuenta que aun hay listas vigentes para la
referida vacante.
1.6.2. Consejo Seccional de la Judicatura del Meta
La entidad manifestó que no participó en la creación de los actos administrativos
atacados, por cuanto su labor se limitó a remitir la lista de elegibles para ocupar la
vacante en el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Villavicencio.
En todo caso, realizó las siguientes precisiones:
1. Conforme a lo decidido con ponencia de la consejera Ana María Charry Gaitán
– Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado; en providencia del 23 de
febrero de 2022, la competencia para otorgar y/o resolver el estatus de
estabilidad laboral reforzada, está en cabeza de las autoridades nominadoras
(artículo 131 de la Ley 270 de 1996), en concordancia con la Circular CJC22-5
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
2. El artículo 132-2 de la Ley Estatutaria de Justicia norma el nombramiento en
provisionalidad, hay que entender que esta facultad la tiene el nominador "hasta
tanto se pueda hacer la designación mediante el respectivo concurso de
méritos..."; luego, no significa que una vez hecho esta clase de nombramiento el
designado obtenga "estabilidad" en el empleo hasta cuando sea reemplazado
por la vía del concurso.
3. En sentencia T-405 de 2022, la Corte Constitucional sintetiza las reglas para
resolver las tensiones entre el derecho de acceso a cargos públicos de las
personas que conforman una lista de elegibles frente a los sujetos especiales
protección constitucional (Estabilidad reforzada); precisando que prevalecen los
derechos de quienes ganan el concurso púbico de méritos, puesto que la
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condición estabilidad laborar no otorga a quienes ocupan el cargo en
provisionalidad estabilidad laboral reforzada strictu sensu, dada la naturaleza
temporal del vínculo.
4. Con el debido respeto, considera esta Corporación que la norma en que funda
la accionante su petición de protección laboral, Ley 2040 de 2020 y Decreto
1415 de 2021; no tiene ámbito de aplicación al interior de la Rama Judicial dado
que ésta se administra bajo la Ley 270 de 1996; y aquel marco normativo rige o
son aplicables a las entidades de la Rama Ejecutiva.
1.6.3. Colpensiones
La entidad aportó la historia laboral de la actora y, adicionalmente, solicitó ser
desvinculada del proceso, por cuanto no hay relación entre sus funciones y la
presunta vulneración de derechos fundamentales.
1.7. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Meta negó el amparo y, para ello, consideró que
«teniendo en cuenta que según el informe rendido por el Juez Segundo Municipal
de Pequeñas Causas Laborales, la accionante permanece en el cargo de oficial
mayor o sustanciadora de dicho despacho judicial, en razón a que el señor Adrián
Camilo Velasco Arias declinó de la posesión del cargo; en principio podría
entenderse superada la situación que motivó la acción de tutela, sin embargo la
Sala encuentra conveniente la solicitud del juez accionado de determinar si la
señora Edith Rada Poveda, tiene la calidad de prepensionada».
En ese sentido, evidenció que «[l]a accionante nació el 6 de octubre de 1969, es
decir, en la actualidad cuenta con 54 años, 3 meses y 18 días y con 1.467,29,
semanas cotizadas y se posesionó en provisionalidad el 1 de septiembre de 2023
en el cargo de sustanciadora», con lo cual encontró probado que la señora Rada
Poveda cumple con las semanas de cotización suficientes para ser acreedora al
derecho pensional, y solo le falta cumplir la edad.
Siendo así, con base en lo preceptuado en la SU – 003 de 2018, concluyó que no
es posible reconocerle el estatus de prepensionada y no puede aspirar a la
estabilidad laboral reforzada deprecada. Igualmente, puso de presente que, desde
que fue nombrada en el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Villavicencio, se le informó que su vinculación solo permanecería
hasta cuando se realizara el nombramiento en propiedad.
1.8. Solicitud de adición e impugnación subsidiaria
Con escrito de 30 de enero de 20243, la accionante solicitó que se adicionara el
fallo de 24 de enero de 2024, en el sentido que, si se consideraba que no había
lugar a conceder la estabilidad laboral reforzada por prepensionada, entonces,
debió estudiarse si aquella era procedente por su condición de madre cabeza de
familia. Subsidiariamente, impugnó lo resuelto con base en los mismos
argumentos.
3 Teniendo en cuenta que la sentencia se notificó mediante correo enviado el 25 de enero de 2024,
la impugnación fue allegada en tiempo.
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Por otra parte, aseguró que la SU – 003 de 2018 no tenía los mismos supuestos
fácticos de su caso, por cuanto allí se estudio el caso de una persona vinculada
mediante la figura del libre nombramiento y remoción.
Mediante auto de 7 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta, negó
la solicitud de aclaración, esto por cuanto en el escrito de tutela solo se solicitó
que se reconociera la estabilidad laboral reforzada por concepto de prepensión,
pero que nunca fue el objeto de esta acción constitucional que se decretara la
mencionada prerrogativa con base en su presunta condición de madre cabeza de
familia.
Relativo a la SU – 003 de 2018, señaló que en la sentencia se aclaró que, al
margen de la modalidad de vinculación del caso allí estudiado, la regla de
unificación sobre lo que debe entenderse como estabilidad laboral reforzada para
las personas en condición de prepensionados, es aplicable al margen de la
modalidad del nombramiento.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en segunda instancia, de la acción de
tutela presentada por la señora Edith Rada Poveda contra el Juzgado Segundo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Villavicencio, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestiones previas
Antes de abordar la controversia, se observa que Colpensiones solicitó su
desvinculación del proceso porque, a su juicio, la vulneración alegada por la actora
no guarda relación con sus funciones, manifestación que no fue objeto de
pronunciamiento en la primera instancia.
Sobre el particular, se recuerda que esta entidad solo concurrió en virtud del
requerimiento de una prueba, no como autoridad accionada, por lo que no hay
lugar a decretar su desvinculación, en tanto que no se le ha endilgado vulneración
alguna.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
sentencia de 24 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que declaró la improcedencia del medio constitucional.
Para el efecto se estudiará: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) la
naturaleza subsidiaria del mecanismo de amparo constitucional y su
excepcionalísima procedencia frente a actos pasibles de control ante el juez
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contencioso administrativo; (iii) los cargos proveídos por concurso en relación con
la estabilidad laboral reforzada y la provisionalidad, y (iv) el análisis del caso
concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.3.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos pasibles de control ante el juez contencioso
administrativo
El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia11.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior, como mecanismo definitivo de
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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protección, y no transitorio, pues como se expuso, la medida tomada por el juez de
tutela hace innecesario cualquier pronunciamiento del juez de lo contencioso
administrativo, el cual siempre deberá proteger los derechos fundamentales en
cualquier evento.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias
que se puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir
medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011. No obstante, a pesar
de ser este el juez natural de este tipo de asuntos es claro que en determinadas
oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver
la vulneración de derechos fundamentales, pues se puede dar el caso de que tal
transgresión sea el producto de una decisión administrativa que a la luz del
ordenamiento contencioso se encuentre revestida de legalidad. En esos casos, la
tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas
garantías de orden superior.
Lo anterior, sin desconocer que el respeto y la garantía de los derechos de las
personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece
el inciso 2.° del artículo 2.° de la Constitución, de ahí que la garantía de los
derechos fundamentales de las personas no solo corresponde al juez de tutela,
sino que es un criterio vinculante para cualquier persona, y mucho más para
aquellas que están investidas de la autoridad del Estado, en cualquiera de los
ámbitos funcionales del mismo.
2.6. Los cargos proveídos por concurso en relación con la estabilidad laboral
reforzada y la provisionalidad5
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado el trato preferencial que
las entidades deben observar en relación con la condición especial de algunas
personas, como es el caso de (i) las madres y padres cabeza de familia; (ii) las
personas próximas a pensionarse; y, (iii) las personas con discapacidad.
La protección de los funcionarios que están en provisionalidad es relativa, toda vez
que ejercen su función con la posibilidad de ser desplazados cuando el cargo se
provea en concurso de méritos, debido a que la persona que ocupó el primer lugar
tiene un derecho preferente respecto a quienes no participaron en el mismo.
Ahora, cuando se trata de un funcionario que ejerce su función en provisionalidad
y además está en condiciones de debilidad manifiesta, como los grupos
poblacionales antes descritos, requiere el respeto de su derecho a la estabilidad
laboral reforzada, sin desconocer la posición de quien accedió al cargo por
aprobar el respectivo concurso de méritos.
5 Ver antecedentes de la Sección Quinta en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente: 68001-23-
33-000-2017-00161-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, y en sentencia de 24 de febrero de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-00391-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En este caso se
acoge el contenido de dichas providencias, en lo que resulta pertinente para resolver el fondo del
asunto
8
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No obstante, la Corte Constitucional en la SU-446 de 2011, precisó algunas
medidas en aras de no desconocer los derechos de quienes se encuentran en las
condiciones de vulnerabilidad y de especial protección, al advertir que:
Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación6, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden
ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera,
tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación7. En consecuencia, la
terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe
ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de
esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha
reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.
Mas recientemente, en sentencia T-342 de 2021, el Alto Tribunal Constitucional
reiteró que el derecho de quienes están vinculados en provisionalidad cede
respecto de quienes ganaron un concurso de méritos:
7.3. En este sentido, esta Corporación ha reiterado que cuando la terminación del
vínculo en provisionalidad ocurre como consecuencia del nombramiento en periodo
de prueba de la persona que ganó el concurso de méritos, no se “desconocen los
derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa
que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede
frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público
de méritos.8
7.4. Esto significa que el derecho a la estabilidad en el empleo para quien ha sido
vinculado a través de un nombramiento en provisionalidad está condicionado “al
lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por
quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados
previamente.9
[…]
8.1. Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos en los que la
persona que ocupaba un cargo con nombramiento provisional estaba en debilidad
manifiesta por razones de salud. En esas circunstancias, esta Corporación ha
definido que, si bien las personas que desempeñan un cargo público en
provisionalidad no tienen derecho a permanecer en el mismo de manera indefinida,
“si debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa antes de efectuar
el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles
del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales.10
8.2. De manera que «antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el
concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán
ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades,
6 La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de 2010.
M.P. Jorge Iván Palacios Palacios.
7 Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059
de 2005; T-1117 de 2005; T-245 de 2007; T-887 de 2007; T-010 de 2008; T-437 de 2008; T-087 de
2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia
sobre este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos.
8 Corte Constitucional, SU-446 de 2011, MP. José Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Ibid.
10 Ibid.
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deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la
misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando.»11
2.7. Caso concreto
En el presente caso se tiene que la actora, quien se encuentra laborando como
sustanciadora del Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Villavicencio nombrada en provisionalidad, consideró que se han vulnerado sus
derechos fundamentales por cuanto se le negó el reconocimiento de una
estabilidad laboral reforzada por su condición de prepensionada.
Ahora bien, como primera particularidad de este caso, se tiene que la causa que
se erigía como un posible perjuicio irremediable para la actora, esto es, la
inminente posesión del señor Adrián Camilo Velasco Arias como sustanciador en
carrera, cesó durante el trámite de la acción constitucional ante el desistimiento
presentado por aquel.
No obstante, es evidente que, a pesar de dicha situación, persiste la resolución
014 de 4 de diciembre de 2023, por la cual se negó la solicitud de estabilidad
laboral reforzada a la señora Edith Rada Poveda.
En ese sentido debe resaltarse que, de la lectura integral del escrito inicial, existen
dos elementos que justificaron la medida constitucional: (i) la presunta vulneración
actual de los derechos fundamentales de la actora, generada por lo dispuesto en
dos actos administrativos y; (ii) la amenaza de que esos mismos derechos se
vieran conculcados por el ingreso en carrera del señor Adrián Camilo Velasco
Arias.
En este punto, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional ha distinguido
el supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual
la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos
de daño consumado y hecho superado.
La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada.
Con base en lo expuesto, esta Sala concluye que, en atención a que la resolución
005 de 25 de septiembre de 2023 no fue revocada por la autoridad accionada,
sino que, a raíz de la decisión de un tercero, en este caso el beneficiario del acto
11Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2019, MP. José Antonio Lizarazo, que reiteró la
sentencia T-373 de 2017, MP. Cristina Pardo Schlesinger.
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administrativo, sus efectos ya no revisten amenaza a las garantías superiores de
la señora Rada Poveda, resulta necesario declarar la carencia actual de objeto por
hecho sobreviniente sobre este aspecto.
Por otra parte, en lo atinente a la resolución 014 de 4 de diciembre de 2023, la
Sala recuerda que, por regla general, la acción de tutela no es el recurso
adecuado para desvirtuar los actos administrativos, puesto que contra aquellos
son procedentes los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso –
administrativo. No obstante, como excepción a esa premisa, la solicitud de amparo
puede abordarse de fondo si se acredita que las vías ordinarias resultan ineficaces
para evitar un perjuicio irremediable.
Ahora bien, debe resaltarse que la resolución 014 de 4 de diciembre de 2023 no
está desvinculando a la actora, por lo que su sola existencia no configura un
riesgo inminente, grave, impostergable y urgente, que conlleve a considerar que
existe un perjuicio irremediable.
Sin embargo, en su escrito, la actora fue insistente en que es madre cabeza de
familia, manifestación que puede implicar la incidencia de una circunstancia
excepcional de debilidad manifiesta que debe ser estudiada.
Nótese que la ineficacia de los medios ordinarios de defensa, también pueden
surgir de las circunstancias especiales en las que se encuentre quien acude al
medio de amparo, puesto que de ellas es posible evidenciar casos especiales que
ameriten la intervención del juez de tutela.
En ese sentido, al margen de si la actora solicitó en su escrito inicial que le fuera
reconocida la estabilidad laboral reforzada por su condición de madre cabeza de
familia, lo cierto es que sí puso de presente la existencia de tal calidad, en ese
sentido, el Tribunal Administrativo del Meta sí debió pronunciarse al respecto, al
menos dentro del estudio de procedibilidad.
Partiendo de lo expuesto, se tiene que, para que se acepte que una persona es
madre cabeza de familia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado
de manera insistente una serie de requisitos, para el efecto se acudirá a lo
dispuesto en la sentencia T – 084 de 2018, que si bien no es un fallo de
unificación, sí realiza un recuento de las múltiples decisiones del mencionado
órgano de cierre sobre este aspecto. De allí se resalta:
32. En primer lugar, se requiere que la mujer tenga a su cargo la
responsabilidad de hijos menores de edad o de otras
personas “incapacitadas” para trabajar, exigencia respecto de la cual la
Corte Constitucional ha formulado varias precisiones:
[…]
33. En segundo lugar, se requiere que la responsabilidad exclusiva de la
mujer en la jefatura del hogar sea de carácter permanente. Es por esta razón
que “la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o
su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no
constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre
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tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza
de familia” .
[…]
34. En tercer lugar, es necesario que exista una auténtica sustracción de los
deberes legales de manutención por parte del progenitor de los menores de
edad que conforman el grupo familiar. Esta situación puede ocurrir, bien
cuando la pareja abandona el hogar y, además, omite el cumplimiento de sus
deberes como progenitor o bien, cuando no asume la responsabilidad que le
corresponde debido a un motivo externo a su voluntad “como la incapacidad
física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte” .
Acerca de la sustracción de los deberes legales del progenitor de los hijos a
cargo, esta Corporación ha señalado que no es admisible exigir a la madre o al
padre cabeza de familia el inicio de las acciones legales correspondientes en
contra del progenitor para demostrar este requisito. Lo anterior, por cuanto no
existe tarifa legal para probar este hecho y, por ende, “las autoridades no están
autorizadas a exigir un medio de convicción específico que evidencie la
sustracción del padre de sus deberes legales”.
35. En cuarto lugar, se requiere que haya una deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual implica la
responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar.12
Es decir, es madre cabeza de familia la persona en quien concurran: (i) la
responsabilidad de hijos menores13 o en condición de discapacidad; (ii) que esa
responsabilidad sea exclusiva y permanente; (iii) la sustracción de los deberes
legales de manutención por parte del progenitor, y (iv) una deficiencia sustancial
de ayuda de los demás miembros de la familia.
Al respecto, la actora informó que tiene a su cargo a dos de sus hijas, una de 19
años que está estudiando, y otra de 25 años, la cual está trabajando pero que es
madre de una niña de 4 años. Adicionalmente, durante el transcurso de la primera
instancia y una vez más en la impugnación, anexó constancia de que otro de sus
hijos fue admitido para cursar un programa universitario a inicios de este año.
Sobre el cumplimiento de los mencionados requisitos, la Sala no evidencia
acreditado el tercero, esto es, la sustracción de los de los deberes legales de
manutención por parte del progenitor, esto por cuanto en el escrito inicial no se
hizo manifestación alguna sobre el padre de los hijos de la accionante.
Debe recordarse que las obligaciones frente a los hijos son solidarias, de ahí que
la Corte Constitucional exija que, quien pretenda ser reconocida como madre
cabeza de familia, acredite que el padre haya desconocido sus deberes.
Nótese, por ejemplo, que en sentencia de 16 de marzo de 2023 14, esta Sala
reconoció la condición de madre cabeza de familia de quien interponía la acción
de tutela, pero en aquella oportunidad, la solicitante explicó con suficiencia que el
padre de su hija había desconocido sus obligaciones, al punto que se habían
12 Negrillas y cursivas propias del original.
13 Se extiende a hijos mayores de 18 años y menores de 25 que estén estudiando y dependan de
la madre.
14 Proceso: 11001-03-15-000-2022-02027-03 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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iniciado acciones judiciales en su contra, motivo por el cual se superó el requisito
de la subsidiaridad y se abordó el estudio de fondo.
En efecto, este requisito no tiene una tarifa legal, es decir, no se le exige a la
actora que acredite el inicio de demandas o denuncias contra el progenitor, pero lo
ocurrido en la presente oportunidad es que la señora Edith Rada Poveda no hace
mención alguna al padre de sus hijos y, en ese sentido, es imposible tener por
acreditado este requisito.
Siendo así, se itera en que la resolución 014 de 4 de diciembre de 2023 no está
desvinculando a la accionante, y que la señora Edith Rada Poveda no se
encuentra en una circunstancia apremiante que amerite la intervención del juez de
tutela, por lo tanto, la legalidad del mencionado acto administrativo debe ser
discutida en la vía contencioso – administrativa.
A su vez, aunque el Tribunal Administrativo del Meta tuvo en cuenta que existe
una lista de elegibles vigente para el cargo que ocupa la actora en provisionalidad,
lo cierto es que el perjuicio irremediable no puede ser eventual, sino que debe ser
cierto y evidente, mientras que la posibilidad de que otra persona de las que se
encuentran en la lista de elegibles solicite su nombramiento es un hecho futuro e
incierto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta que negó el amparo solicitado.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
respecto de las manifestaciones de la actora contra la resolución 005 de 25 de
septiembre de 2023
TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a la resolución
014 de 4 de diciembre de 2023.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR en el término de diez (10)
días el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.»
14
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