Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2024-00158-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2024-00158-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 50001-23-33-000-2024-00158-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de febrero de 2025
Demandante: Carlos Alberto López López
Demandado: Wilson López Bogotá, subdirector de Planeación y
Ordenamiento Ambiental de la CORMACARENA
Radicado: 50001-23-33-000-2024-00158-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 50001-23-33-000-2024-00158-01
Demandante: CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ
Demandado: WILSON LÓPEZ BOGOTÁ, SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL
LA MACARENA (CORMACARENA)
Tema: Expedición irregular de acto administrativo de nombramiento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El señor Carlos Alberto López López, en nombre propio, presentó1 demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendiente a obtener la
nulidad del nombramiento del señor Wilson López Bogotá, como subdirector de
Planeación y Ordenamiento Ambiental de CORMACARENA, adoptado mediante
Resolución PS-GJ-1.2.6.24.0122 del 6 de marzo de 2024.
1.2 Hechos
El demandante relató que, el 12 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo de
CORMACARENA eligió al señor Jhorman Julián Saldaña como director general, para el
periodo 2024-2027.
Afirmó que, el 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado2 decretó la suspensión
provisional de los efectos de la aludida designación. Decisión que fue de público
conocimiento, a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales.
1 El 6 de mayo de 2024.
2 Expediente 11001032800020240005000.
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Demandante: Carlos Alberto López López
Demandado: Wilson López Bogotá, subdirector de Planeación y
Ordenamiento Ambiental de la CORMACARENA
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Comentó que, el 6 de marzo de 2024, la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán presentó
renuncia al cargo de subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de
CORMACARENA; la cual fue aceptada el mismo día, por medio de Resolución PS-GJ-
1.2.6.24.0120, por lo cual «[…] surte efectos a partir del 7 de marzo del hogaño […]».
Explicó que el mismo 6 de marzo de 2024, el accionado fue nombrado en el citado
empleo de subdirector, del cual tomó posesión el 7 de los mismos mes y año ante el
señor Jhorman Julián Saldaña, pese a que, según el accionante, el cargo no estaba
vacante y el acto de elección del director general había sido suspendido, de manera
provisional.
Manifestó que el nombramiento y la posesión del señor Wilson López Bogotá es
irregular, «[…] no solo por ser una grosera actuación sino de paso carecía de
competencia de quien los suscribía […]». Además, lo que se pretendía era que el
demandado asumiera, en encargo, el empleo de director general de CORMACARENA,
en los términos del artículo 43 de los estatutos de la entidad.
Agregó que el accionado no cumple los requisitos para ser el director general de la
mentada corporación, porque debía cumplir un año de experiencia en actividades
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; pese a ello,
solo acreditó 4 meses.
1.3 Concepto de la violación
Invocó como normas desconocidas los artículos 137 y 275 (numeral 5) del CPACA y
consideró que el acto administrativo que designó al accionado fue expedido de manera
irregular.
Expuso que el demandado fue nombrado y posesionado cuando el señor Jhorman
Julián Saldaña no lo podía hacer, debido a que había sido suspendido de su cargo.
Esgrimió que el empleo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental no
estaba vacante para la fecha de la designación del accionado, toda vez que la
aceptación de la renuncia se produjo el 6 de marzo de 2024, por lo cual, a la luz de la
Ley 4ª de 1913 y del Decreto 1083 de 2015, sus efectos surtían a partir del 7 siguiente.
Insistió en que el señor Wilson López Bogotá no cumple el requisito de experiencia para
ser el director general encargado de CORMACARENA.
1.4 Actuaciones procesales
1.4.1 La admisión
A través de providencia del 10 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta
admitió la demanda interpuesta.
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1.4.2 Contestaciones de la demanda
1.4.2.1 Wilson López Bogotá
Por intermedio de apoderada, aclaró que el acto administrativo a través del cual fue
designado subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental de CORMACARENA
fue expedido el 6 de marzo de 2024 y su posesión fue el día siguiente.
En tanto que, la decisión del Consejo de Estado de suspender, de manera provisional,
los efectos del acto administrativo de nombramiento del director general de
CORMACARENA fue notificada, según el aplicativo Samai, el 8 de marzo de 2024, por
ende, no se configura la expedición irregular de la resolución cuestionada.
Frente a la vacancia del empleo de subdirector de Planeación y Ordenamiento
Ambiental, resaltó que, conforme al artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015, «[…]
en los empleos de libre nombramiento y remoción – especialmente de nivel directivo-,
por el carácter esencial de confianza, y discrecionalidad en su designación, no se
requiere la existencia de renuncia aceptada como condición para su provisión, pues el
legislador incluso tiene prevista la figura de insubsistencia tácita, que permite designar
al nuevo funcionario sin la renuncia previa del anterior […]».
En consecuencia, si la entidad hubiese tenido el interés de remover a la funcionaria que
ocupaba el empleo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, bastaba
con declarar insubsistente su nombramiento, en forma tácita o expresa; no obstante, la
señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán decidió presentar renuncia, la cual fue aceptada y
produjo la vacancia del cargo.
Arguyó que el argumento del accionante, según el cual el demandado no cumple los
requisitos del empleo de director general encargado, no debe ser analizado,
comoquiera que la demanda se formuló únicamente contra la Resolución PS-GJ-
1.2.6.24.0122 del 6 de marzo de 2024 que nombró al señor Wilson López Bogotá en el
cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Pese a ello, resaltó que,
conforme a su hoja de vida, cuenta con la experiencia requerida.
1.4.2.2 CORMACARENA
A través de apoderado, sostuvo que, el 6 de marzo de 2024, la señora Lina Rocío
Rodríguez Beltrán renunció al cargo de subdirectora de Planeación y Ordenamiento
Ambiental, por motivos personales, la cual fue aceptada el mismo día por el director
general de CORMACARENA, con efectos fiscales a partir del 7 de marzo siguiente,
mediante un acto administrativo que se presume legal.
Precisó que, el 6 de marzo de 2024, el área de Gestión Humana de CORMACARENA
certificó que el demandado cumplía los requisitos para desempeñar el citado empleo.
Con fundamento en ello, el director general de la corporación nombró al demandado,
quien aceptó y se posesionó en el cargo el 7 de marzo de 2024.
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Mencionó que la decisión del Consejo de Estado, con la cual decretó la medida cautelar
de suspensión de los efectos del acto de elección del señor Jhorman Julián Saldaña,
fue notificada al interesado el 8 de marzo de 2024, a las 12:17 pm.
Contrario a lo sostenido por la parte demandante, consideró que las noticias o
comunicaciones contenidas en redes sociales o medios de comunicación no son
medios idóneos de notificación.
Indicó que, con fundamento en el Acuerdo 004 de 7 de octubre de 20223, que contiene
los estatutos de CORMACARENA, y una vez la subdirectora administrativa y financiera
certificó que el subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental cumplió los
requisitos para desempeñarse en el cargo de director general, el demandado «[…]
debía ser quien ipso iure [ejerciera] dicho cargo […]».
Estimó que el medio de control invocado no está llamado a prosperar, porque la
designación del demandado como director encargado opera de pleno derecho, por lo
cual lo que procede es demandar los estatutos de la corporación, en virtud de los cuales
se hizo el nombramiento del accionado.
Citó los requisitos necesarios para ejercer el cargo de director general de
CORMACARENA y resaltó que el accionado cumple cada uno de ellos.
Señaló que la hoja de vida del accionado reposaba en los archivos de la entidad con
anterioridad a su nombramiento, puesto que se había desempeñado como subdirector
de gestión ambiental de la planta global, desde el 4 de febrero hasta el 28 de junio de
2022. Adicionalmente, participó como aspirante en el proceso de elección de director
general adelantado en el año 2023, de tal manera que esta fue analizada por el consejo
directivo de la entidad, quien le otorgó en ese momento el estatus de participante
admitido por cumplir los requisitos académicos y de experiencia profesional requeridos.
1.5 Otras actuaciones de la primera instancia
• En la audiencia inicial del 18 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta fijó el
litigio, así:
La Sala decidirá si hay lugar o no a declarar la nulidad de la Resolución PS-GJ-
1.2.6.24.0122 del 6 de marzo de 2024, mediante el cual se nombró al señor Wilson López
Bogotá en el cargo de Subdirector de Planeación de CORMACARENA, por expedición
irregular y por configuración de la causal del ordinal 5.º del artículo 275 del CPACA.
Asimismo, la magistrada sustanciadora incorporó las pruebas documentales allegadas
con la demanda y las contestaciones, decretó los testimonios de funcionarios de
3 «Artículo 43. Designación, periodo y posesión del Director General.
[…] PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el director elegido no pueda posesionarse en su cargo, no se haya logrado
elegir Director General de la Corporación o se presente alguna circunstancia excepcional, en cualquier tiempo,
mientras el Consejo Directivo designa un Director General a través de la modalidad de encargo, fungirá de forma
inmediata en dicha calidad alguno de los funcionarios de la Corporación, en el siguiente orden, siempre que cumpla
los requisitos para desempeñarse en el cargo:
1. Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, o quien haga sus veces.
2. Subdirector de Gestión Ambiental, o quien haga sus veces.
3. Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces».
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CORMACARENA, pedidos por la parte demandante, requirió al Consejo de Estado para
que aportara el expediente 11001032800020240005000 y negó los demás medios de
prueba solicitados4.
• El 24 de septiembre de 2024, el a quo llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual
practicó los testimonios decretados. En la misma diligencia consideró innecesario surtir
la de alegaciones y juzgamiento, por lo tanto, concedió el término para que las partes
presentaran sus alegatos de conclusión, por escrito, y el Ministerio Público formulara su
concepto.
2. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Meta, por medio de providencia del 31 de octubre de
2024, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
Sostuvo que, de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente,
es dable colegir que la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán renunció al cargo de
subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental el 6 de marzo de 2024 y, a partir
de ese mismo día inició el proceso de vinculación del demandado, con la expedición del
acto de nombramiento, previo análisis de los requisitos necesarios, por el área
encargada.
Afirmó que el accionado fue notificado de su designación el 7 de marzo de 2024, fecha
en la que aceptó y se posesionó en el mentado empleo, cuando «[…] no existía ninguna
medida cautelar en firme que afectara la facultad del director general Jhorman Saldaña.
La providencia que ordenó su suspensión fue emitida el 7 de marzo de 2024 y
notificada oficialmente el 8 de marzo de 2024, tal como consta en los oficios 13396 y
2024-241 de la Sección Quinta del Consejo de Estado […]».
Por consiguiente, el a quo argumentó que no se vulneró el debido proceso, «[…] pues
se cumplieron las etapas y procedimientos conforme a derecho, y la fecha de
expedición de la resolución acusada está debidamente acreditada y sustentada en los
testimonios y documentos presentados […]».
En cuanto al cumplimiento de los requisitos del señor Wilson López Bogotá como
director general, explicó que el alegato no guarda relación con el objeto del litigio
planteado, dado que la controversia se circunscribe a determinar si el acto
administrativo de nombramiento del accionado como subdirector de planeación es legal.
Por consiguiente, la sala se inhibió «[…] de pronunciarse sobre este cargo, ya que no
corresponde a la materia en discusión en el presente proceso […]».
Por último, también se abstuvo de analizar los «[…] aspectos planteados en los
alegatos de conclusión, relacionados con las inconformidades en cuanto al trámite de la
renuncia de la Ingeniera Lina Rocío Rodríguez Beltrán, la aceptación de dicha renuncia
y sus efectos, por no constituir el objeto de la controversia […]».
4Negó la práctica de una prueba documental dirigida a CORMACARENA, comoquiera que ya obraba en el
expediente, así como el interrogatorio de parte y una testimonial, requeridos por la parte demandante.
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3. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, el demandante formuló recurso de apelación y señaló que
el a quo omitió resolver los siguientes cargos propuestos:
La señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán presentó la renuncia a su cargo el 6 de marzo
de 2024, sin precisar la fecha a partir de la cual pretendía apartarse de su empleo de
subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, lo que desconoce lo ordenado en
el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.11.1.3. A pesar de ese vacío, el director general,
mediante Resolución PS-GJ-1.2.6.24.0120 de la misma fecha, aceptó la dimisión con
efectos fiscales desde el 7 de marzo siguiente, sin sustento alguno.
Con fundamento en una sentencia del Consejo de Estado 5, concluyó que la
administración «[…] no puede aceptar una renuncia con efectos a partir de una fecha
diferente de la que [exprese] el empleado en su renuncia y si esta no lo señala, no hay
lugar a presumirla, como torticeramente lo hizo el director (suspendido y hoy anulada su
elección) de Cormacarena y que de manera curiosa el A quo ni siquiera valoró» (sic
para toda la cita).
Llamó la atención sobre las fechas en las que se efectuaron la renuncia, la aceptación
de esta, el nombramiento y la posesión, y sostuvo que estos indicios son medios de
prueba que demuestran que el cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento
Ambiental no estaba vacante de manera definitiva para el 6 de marzo de 2024.
Manifestó que, aun así, el mismo día, el director general de CORMACARENA nombró al
demandado en ese empleo, cuando era claro que solo hasta el 7 de marzo de 2024 el
cargo se daba por vacante, es decir que «[…] solo hasta ese día, se podía realizar el
nombramiento acá acusado de irregular».
Destacó que el accionado aceptó la designación efectuada con Resolución PS-GJ
1.2.6.24.0122, el 7 de marzo de 2024. Debido a ello, la posesión del cargo tenía que
realizarse el 8 de los mismos mes y año, comoquiera que los artículos 3° del acto
administrativo acusado y 2.2.5.1.7. del Decreto 648 de 2017 expresan que, una vez
aceptado el nombramiento, «[…] la persona designada deberá tomar posesión del
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes […]».
En ese orden de ideas, el término se puede modificar hacia futuro, mas no de manera
anticipada, «[…] por lo cual la posesión efectiva en el cargo que nos ocupa se debió
efectuar después del 8 de marzo de 2024, mas no como efectivamente se hizo (7 de
marzo de 2024) violando a todas luces no solo la resolución de nombramiento sino la
disposición legal que la reglamenta […]».
Resaltó la importancia de tal disposición, puesto que, con ello, la administración cuenta
con el tiempo suficiente para materializar la vinculación del nuevo funcionario, en lo que
concierne a la entrega del cargo, la afiliación en salud, pensiones y riesgos
profesionales.
5 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - subsección "B" Consejero Ponente:
Tarsicio Cáceres Toro, Radicación número: 25000-23-31- 000-1999-4766-01(3885-02) de fecha seis (6) de febrero
de dos mil tres (2003)».
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4. Actuaciones en segunda instancia
Mediante auto del 12 de diciembre de 20246, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia
de primera instancia y corrió traslado para alegaciones finales y concepto del Ministerio
Público.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
5.1 Demandante7
Afirmó, como cuestión previa, que la sentencia de primera instancia no tiene fecha de
expedición, lo que desconoce el artículo 279 del Código General del Proceso (CGP).
En cuanto al fondo del asunto, reiteró cada uno de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, con los cuales pretende demostrar la expedición irregular del acto
administrativo demandado y solicitó revocar la aludida providencia.
Aunado a lo anterior, adujo que el a quo debió resolver el argumento relacionado con la
renuncia de la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán al cargo de subdirector de
Planeación y Ordenamiento Ambiental, por cuanto, en el acto administrativo de
nombramiento del demandado se cita el retiro de su antecesora.
5.2 CORMACARENA8
A través de apoderado, estimó que el demandante pretende desconocer el principio de
congruencia y transgredir, vía recurso, los límites señalados en la fijación del litigio,
referentes a la designación del señor Wilson López Bogotá, al querer introducir al
estudio nuevas inconformidades, en cuanto al trámite, aceptación y efectos de la
renuncia de la señora Lina Rodríguez.
Con todo, explicó que, el 6 de marzo de 2024, aceptó la renuncia de la precitada
funcionaria, quien manifestó, de manera libre y voluntaria, su intención de renunciar a
su cargo. Además, que ese mismo día emitió el acto de nombramiento del accionado,
toda vez que a partir del 7 de marzo siguiente el empleo de subdirector de Planeación y
Ordenamiento Ambiental se encontraría vacante.
Por último, agregó que la Resolución PS-GJ 1.2.6.24.01229 «[…] indica en su artículo
tercero que la persona designada en el cargo debe tomar posesión del empleo dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes, por tanto, a partir de la notificación del acto
administrativo, y la aceptación […], ocurrida en día 07 de marzo de 2024, era
completamente válido efectuar la correspondiente posesión. Es decir, el mismo día […]
o los días subsiguientes (máximo 10 días) no debía ser únicamente el 08 de marzo
como mal lo concluye el demandante».
6 Índice 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
7 Índice 9 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
8 Índice 11 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
9 Acto administrativo cuestionado.
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5.3 Demandado – Wilson López Bogotá10
Por intermedio de apoderada judicial, expuso cómo el demandante pretende introducir
aspectos que no fueron objeto de litigio y, por lo tanto, no fueron abordados por el a
quo, relacionados con la renuncia de la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán al cargo
de subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental. Aunado a ello, que el
recurrente desconoce que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad
mientras no sean anulados por las autoridades competentes.
Discrepó del demandante e indicó que para los empleos de libre nombramiento y
remoción, especialmente de nivel directivo, el legislador tiene prevista la figura de
insubsistencia tácita, que permite designar al nuevo funcionario sin la renuncia previa
del anterior.
Aseveró que el acto administrativo cuestionado fue emitido por el director general de
CORMACARENA, en uso de sus facultades legales, y que la posesión del demandado
en el empleo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental se surtió el 7 de
marzo de 2024 y no en fecha diferente, como lo confunde la parte accionante.
6. Concepto del Ministerio Público11
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
Advirtió que le asiste razón al fallador sobre los argumentos por los cuales se abstuvo
de analizar lo expresado en los alegatos de conclusión de primera instancia,
relacionados con las inconformidades frente al trámite de la renuncia de la señora Lina
Rocío Rodríguez Beltrán, porque, si bien el recurrente lo mencionó en la demanda, fue
en forma meramente enunciativa y, con posterioridad a la fijación del litigio, desarrolló el
fundamento de derecho de ese retiro, trayendo consigo elementos que no habían sido
objeto de controversia.
Refirió que «[…] para el momento en que el señor WILSON LÓPEZ BOGOTÁ fue
nombrado Subdirector de Planeación, el cargo se encontraba vacante, pues quien lo
antecedió en el mismo, había presentado su renuncia irrevocable y la entidad ya la
había aceptado mediante Resolución PS-GJ1.2.6.24.0120 de 6 de marzo de 2024».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 12 numeral 7 literal
10 Índice 13 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Índice 14 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: […] c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar curul, según el
caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de
empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital,
así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento,
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos
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(c) del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, esta Sección
es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto
por la parte actora contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, por medio de la cual,
el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda.
Sobre el particular, se precisa que, conforme al manual de funciones de
CORMACARENA, aportado al proceso, el cargo de subdirector de Planeación y
Ordenamiento Ambiental es del nivel directivo, así:
2.2 Cuestión previa
La parte actora, en el recurso de apelación, consideró que el a quo omitió resolver el
cargo que propuso, relativo a la renuncia presentada por la señora Lina Rocío
Rodríguez Beltrán al empleo de subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
y a los vicios contenidos en la Resolución PS-GJ-1.2.6.24.0120 de 6 de marzo de 2024,
con la cual el director general de CORMACARENA aceptó la dimisión.
Para la sala, como lo sostuvo el tribunal, no es posible analizar la legalidad del acto
administrativo por medio del cual se aceptó la renuncia de la señora Rodríguez, ni sus
antecedentes, comoquiera que, el medio de control de nulidad electoral, conforme al
artículo 13913 del CPACA, no está previsto para realizar un estudio sobre ese tipo de
decisiones de la administración.
Por otra parte, en el mismo escrito, el actor afirmó que el accionado aceptó la
designación efectuada con Resolución PS-GJ 1.2.6.24.0122, el 7 de marzo de 2024,
por lo cual, la posesión del cargo tenía que realizarse el 8 de los mismos mes y año, de
acuerdo con los artículos 3° del acto administrativo y 2.2.5.1.7. del Decreto 648 de
2017.
Al respecto, es evidente que este cargo es nuevo y no fue formulado por la parte actora
en su demanda y, por ende, no fue objeto de discusión en el debate de primera
instancia.
Cabe anotar que, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, la finalidad
directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida
expresamente al Consejo de Estado».
13 «ARTÍCULO 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto
popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las
corporaciones públicas».
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Demandante: Carlos Alberto López López
Demandado: Wilson López Bogotá, subdirector de Planeación y
Ordenamiento Ambiental de la CORMACARENA
Radicado: 50001-23-33-000-2024-00158-01
del recurso de apelación se centra en «[…] que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión».
De igual modo, el citado precepto enseña que el estudio en segunda instancia se remite
de forma concreta a la «cuestión decidida», es decir, a las pretensiones y los asuntos
de hecho y de derecho que han sido presentados al juez, previo a que se adopte la
decisión que corresponda.
Debido a ello, resulta pertinente recordarle a la parte actora que no es procedente que
proponga nuevos fundamentos de hecho y de derecho que no fueron formulados en la
demanda o en su reforma, que, por consiguiente, el a quo no tuvo la oportunidad de
analizar y frente a los cuales el accionado no contó con la posibilidad material de
controvertirlos.
En efecto, estudiar el aspecto propuesto por la parte actora implicaría vulnerar el
derecho de defensa y contradicción del demandado, en la medida que no lo conoció en
la etapa procesal pertinente14.
Por último, se tiene que en los alegatos de conclusión el recurrente manifiesta que la
sentencia apelada no tiene fecha de expedición, lo que desconoce el artículo 279 del
Código General del Proceso. No obstante, no hace solicitud alguna sobre el particular,
razón por la cual la Sección Electoral no se pronunciará sobre ese aspecto, en tanto
que, esto no conlleva causal alguna de nulidad que invalide lo actuado o que impida
resolver el recurso interpuesto.
En todo caso, se advierte que, en la parte final de la providencia, en un pie de página,
se indica la fecha en que fue aprobada, así:
2.3 Problema jurídico
De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia
del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia
de primer grado y los reparos del recurrente.
En consecuencia, se deberá establecer si CORMACARENA expidió de manera irregular
la Resolución PS-GJ-1.2.6.24.0122 del 6 de marzo de 2024, por medio de la cual
designó al accionado como subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental,
comoquiera que el cargo no se encontraba vacante para esa fecha; o si, por el
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 31 de octubre de 2024.
Expediente 11001-03-28-000-2024-00093-00. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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contrario, el acto administrativo podía ser emitido, por cuanto, produjo efectos fiscales el
día siguiente al de la aceptación de la renuncia de la señora Lina Rocío Rodríguez
Beltrán.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i)
conceptualización de la causal de nulidad de expedición irregular del acto
administrativo; y, (ii) el caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo
anterior.
2.4 Expedición irregular
Esta causal de nulidad se configura cuando se vulnera o se presentan a anomalías en
el procedimiento que ha sido determinado para la formación y expedición de un acto
administrativo15.
Esta Sección ha dicho en innumerables ocasiones que no cualquier irregularidad puede
afectar la validez de las decisiones de la administración, pues, las formas no son un fin
en sí mismo, sino un medio para materializar el derecho objetivo, lo anterior, con
fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política, que prevé la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal o adjetivo. Por lo tanto, debe tratarse de
irregularidades en el trámite de carácter sustancial, que puedan afectar el sentido de la
decisión o que generen una grave lesión a los derechos fundamentales de los
intervinientes en la actuación16.
El Consejo de Estado17 ha sostenido:
[…] para que la irregularidad en el trámite se materialice y tenga la virtualidad de viciar el
acto de elección, es necesario que se pruebe:
(i) La existencia de la anomalía
(ii) Que la anomalía fue de tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de la
decisión, es decir que sea sustancial, trascendental y con incidencia directa en el sentido
del acto definitivo. […].
2.6 Caso concreto
Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en
el expediente, era evidente que la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán presentó
renuncia al cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental el 6 de
marzo de 2024 y, a partir de ese mismo día inició el proceso de vinculación, en debida
forma, del demandado.
Al respecto, el demandante arguye que las fechas en las que se efectuaron la renuncia,
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. Expediente 11001-03-28-000-2014-
00128-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de diciembre de 2024. Expediente 23001-23-33-000-2024-
00069-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 23 de marzo del 2017. Expediente 25000-23-41-000-2016-
00219-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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la aceptación de esta, el nombramiento y la posesión, son indicios que demuestran que
el cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental no estaba vacante de
manera definitiva para el 6 de marzo de 2024. Sin embargo, ese mismo día, el director
general de CORMACARENA nombró al demandado en ese empleo, cuando era claro
que solo hasta el 7 de marzo de 2024 alguien podía ser designado en él, es decir que
«[…] solo hasta ese día, se podía realizar el nombramiento acá acusado de irregular».
Sobre el particular, se recuerda que la Sala estudiará este único asunto, por ser
congruente con lo decidido en primera instancia y al haber sido un punto propuesto con
la demanda.
Pues bien, de las pruebas documentales allegadas al proceso, se evidencia que, el 6 de
marzo de 2024, a las 4:00 pm, la señora Lina Rocío Rodríguez Beltrán presentó
renuncia irrevocable a su cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento
Ambiental; la cual fue aceptada por el director general de CORMACARENA, mediante
Resolución PS-GJ-1.2.6.24.120, notificada el mismo día a la interesada a las 6:38 pm,
con efectos fiscales a partir del 7 siguiente.
Aunado a ello, el 6 de marzo de 2024, el líder del Grupo de Gestión Humana de la
aludida corporación certificó:
De la misma manera, se advierte que, por medio de Resolución PS-GJ-1.2.6.24.0122
del 6 de marzo de 2024, el director general de CORMACARENA nombró en el cargo de
subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, de libre nombramiento y
remoción, al señor Wilson López Bogotá, notificado en la misma fecha a las 6:50 pm.
En dicho acto administrativo se expresó, en su parte considerativa, que, en aplicación
de los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, las
vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción deben ser
provistas por nombramiento ordinario.
El 7 de marzo de 2024, el señor Wilson López Bogotá aceptó la referida designación y
fue posesionado, conforme al acta PS-GH.2.1.2.24-007 que dispone:
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Obra, igualmente, el juramento de «fidelidad y toma de posesión» del demandado al
cargo designado, de 7 de marzo de 2024.
Así las cosas, es posible colegir que el director general de CORMACARENA aceptó la
renuncia de quien ocupaba el cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento
Ambiental, con efectos a partir del 7 de marzo de 2024, como lo afirma la parte
demandante, a través de la Resolución PS-GJ-1.2.6.24.120 del 6 de marzo anterior;
acto administrativo que se presume legal, como se indicó en la cuestión previa.
Es decir que, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de
201518, aplicable al caso bajo estudio conforme al artículo 2.2.5.219 de la norma
ibidem20, se produjo la vacancia definitiva por «renuncia regularmente aceptada».
Debido a ello, previendo que se generaría tal vacante, la administración efectuó el
nombramiento en el cargo de subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental, el 6
de marzo de 2024, dado que la decisión adoptada produciría efectos fiscales a partir del
día siguiente.
En efecto, en lo que concierne a los nombramientos de los empleados públicos y sus
efectos, el artículo 2.2.5.1.5 de la norma ibidem prevé:
ARTÍCULO 2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los
requisitos. Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes
que se efectúe el nombramiento:
1. Verificar y certificar que el aspirante cumple con los requisitos y competencias exigidos
para el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales
de funciones y de competencias laborales.
2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante,
dejando las constancias respectivas.
[…]
PARÁGRAFO 4. Los nombramientos tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de la
posesión.
Resulta pertinente aclarar, entonces, que se trata de dos momentos diferentes, el del
nombramiento y el de la posesión, comoquiera que el primero hace referencia a la
voluntad del nominador de designar a quien cumple los requisitos en determinado
cargo; y, el segundo, constituye el acto formal por medio del cual la persona queda
vinculada al empleo, entra en funciones y adquiere los derechos y obligaciones que
este le confiere.
Al respecto, el Consejo de Estado21 sostuvo:
23. De este modo, surge la vinculación legal y reglamentaria, distinguida porque es la ley
la que determina las condiciones de acceso, permanencia y retiro del servicio. La
18 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
19 «ARTÍCULO 2.2.5.2 Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Título regirán los empleos públicos
pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial y a las entidades que se regulen por las
disposiciones señaladas en el Decreto Ley 2400 de 1968 y en la Ley 909 de 2004».
20 En concordancia con el literal b) numeral 1° del artículo 3 de la Ley 909 de 2004.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia 12 de junio de 2020. Expediente 47001-23-33-
000-2014-00248-01(0296-17). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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característica principal es que el vínculo se da a través de un acto administrativo de
nombramiento, donde es importante señalar que la misma Carta Política solemnizó el
inicio del ejercicio de las funciones públicas respecto de los servidores públicos al
exigirles la posesión, entendida como el acto de tomar el juramento de cumplir y defender
la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
24. Es decir, la posesión se erige como una formalidad sustancial exigible para ostentar la
calidad de servidor público, distinguiéndose claramente del acto de elección o
nombramiento.
25. Estos elementos, unidos hacen que la investidura del empleado público sea completa
y regular. […]
Por consiguiente, no se encuentra configurada la causal de expedición irregular por el
cargo planteado, toda vez que, cuando se formalizó el nombramiento del demandado,
el empleo estaba vacante, de manera definitiva, por renuncia regularmente aceptada
mediante un acto administrativo, cuya legalidad no ha sido desvirtuada.
Bajo tales parámetros, la decisión adoptada por el a quo de negar las pretensiones de
la demanda es correcta, puesto que el cargo propuesto no tiene vocación de
prosperidad; en consecuencia, se confirmará la providencia 31 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta
el 31 de octubre de 2024, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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