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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2024-00273-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2024-00273-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024, por el Tribunal Administrativo del Meta, que declaró de oficio la caducidad del término para formular la demanda en el presente asunto, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de PRIMERO.- Delegar en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura la facultad de establecer concertadamente con las corporaciones y despachos judiciales de su competencia , horarios especiales de atención al público para facilitar la reposición real del tiempo dejado de laborar por parte de los servidores judiciales durante el cese de actividades ocurrido entre el 3 de septiembre y el 17 de octubre de 2008, atendiendo los criterios expuestos en los considerandos del presente Acuerdo. 27 Radicación: 50001233100020240027301 (72071) Demandante: Martha Sofía Lopera Duque Demandado: INCODER Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2024-00273-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Número interno: 72071
Radicación: 50001-23-31-000-2024-00273-011
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER (Hoy
Agencia Nacional de Tierras-ANT)
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

CADUCIDAD-Plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Si la causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un
acto administrativo, la acción procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del CCA, es la nulidad
y restablecimiento del derecho. ACTO DE REVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN DE BIEN BALDÍO-Acto
definitivo en el procedimiento agrario de revocatoria de un baldío, que está sujeto a control judicial. ACTO DE
REVOCATORIA DE LA ADJUDICACIÓN DE BIEN BALDÍO-El término para interponer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en vigencia del artículo 136 del CCA era de 4 meses. PARO O HUELGA
JUDICIAL-No suspende el término de caducidad para formular la demanda, sino que lo extiende hasta el día
hábil siguiente a la reanudación de actividades judiciales.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir el recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, que declaró de oficio la caducidad del término para formular
la demanda en el presente asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Martha Sofía Lopera Duque presentó demanda contra el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural–INCODER, para que se declare la nulidad del acto por el cual inició
el trámite de revocatoria directa y la Resolución 551 del 7 de abril de 2008 que
revocó directamente la Resolución 974 del 17 de noviembre de 2006, que le
adjudicó el predio denominado El Triunfo. Según la demandante, los actos acusados
incurrieron en los vicios de violación de las normas en que debían fundarse y falta

1 El proceso se identificó inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera con

Rad. No. 25000-23-24-000-2008-00464-01, el cual, por auto del 22 de enero de 2009, declaró su falta de
competencia y remitió al Consejo de Estado. En esta Corporación el expediente se repartió a la Sección Primera
de esta Corporación con Rad. No. 11001-03-24-000-2009-00233-00. Surtido el trámite correspondiente, en auto
del 22 de marzo de 2024 (visible a índice 223 de SAMAI en ese proceso), declaró la falta de competencia para
tramitar el asunto y ordenó remitir al Tribunal Administrativo del Meta «para que continúe con el trámite del
proceso, atendiendo las reglas previstas en el artículo 211 del CCA (…) De acuerdo con lo previsto en los
artículos 16 y 133, numeral 1, del CGP, todo lo actuado dentro del proceso conserva validez». En consecuencia,
el 15 de agosto de 2024, se radicó y repartió nuevamente el proceso y se identificó con el radicado de la
referencia.

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de competencia por parte del INCODER para adelantar la revocatoria directa. Por
lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó dejar en firme la
Resolución 974 del 17 de noviembre de 2006 y, en consecuencia, su derecho a la
propiedad sobre el predio.

II. ANTECEDENTES

La demanda

El 21 de noviembre de 20082, Martha Sofía Lopera Duque, por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el INCODER, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (transcripción literal):

PRIMERA.- Declarar nulos el auto y la resolución fechados abril 23 de 2007 por
medio de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa y la resolución
551 del día siete (07) del mes de abril de año de dos mil ocho (2.008) expedidos
por el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL–INCODER-, mediante
el cual se declaró la REVOCATORIA DIRECTA de la RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN Nro. 947 del 17 de noviembre 2.006, por medio de la cual se
concedió la adjudicación del predio denominado EL TRIUNFO a mi poderdante
señora MARTHA SOFIA LOPOERA (sic) DUQUE.

SEGUNDA.- Que se restablezca el derecho a mi poderdante y como consecuencia
de lo anterior, se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL–
INCODER-, a dejar incólume la Resolución de Adjudicación Nro. 947 del 17 de
noviembre 2.006, y en iguales condiciones de propietaria del predio EL TRIUNFO,
a la adjudicataria que lo poseía al momento de la iniciación del trámite de la
revocatoria directa.

TERCERA.- Que se ordene a la entidad demandada oficiar a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño Vichada, con el fin de cancelar
cualquier disposición tendiente a revocar la inscripción de adjudicación concedida
a la señora MARTHA SOFÍA LOPERA DUQUE sobre el predio denominado EL
TRIUNFO y que figura con el número de matrícula inmobiliaria 540-0004948.

CUARTA.- Que se condene en costas del proceso a la entidad demandada.

QUINTA.- Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
(sic) establecido en el artículo 176 del CCA.

SEXTA.- Que se conceda previo a la admisión de la presente demanda, la medida
provisoria de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de la
Resolución Nro. 551 de abril 7 de 2008, hasta tanto se resuelva de fondo el trámite
del presente proceso, la cual se ha solicitado en escrito separado.

SÉPTIMA.- Las demás condenas que se estime necesarias a efectos de declarar
la nulidad y restablecer el derecho de mi poderdante señora MARTHA SOFÍA

2 Cfr. SAMAI, índice 2. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 7 a 78.

2

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

LOPERA DUQUE.

En la reforma de la demanda3, se adicionaron las siguientes pretensiones
subsidiarias (transcripción literal):

PRIMERA. Que se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL -INCODER-, se enriqueció sin justa causa como consecuencia de la
revocatoria de la resolución cuya nulidad se solicita en las pretensiones principales
de esta demanda.

SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior se condene al
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL —INCODER- al pago de la
totalidad de los costos de las mejoras realizadas por el Demandante en el bien
cuya adjudicación se revoca en el acto demandado, así como el pago de los gastos
de sostenimiento realizados durante la tenencia del bien, pues ya es imposible su
recuperación.

La pretensión económica se concreta a la suma que se pruebe en el proceso
mediante la práctica de prueba pericial.

TERCERA. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el último inciso
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEPTIMA. (sic) Que se condene en costas a la parte Demandada.

Hechos

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

En el año 2001, la demandante adquirió de Carlos Alberto Torres Murillo, mediante
compraventa, «una posesión de mejoras de un predio denominado EL TRIUNFO
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio la Primavera,
departamento del Vichada».

El 15 de mayo de 2006, se solicitó al INCODER la adjudicación del predio «El
Triunfo», lo que ocurrió a través de la Resolución 947 del 17 de noviembre de 2006.
Los linderos, superficie y demás características quedaron inscritos en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Puerto Carreño (Vichada) y le
correspondió la matrícula inmobiliaria No. 540-0004948.

3 Ibidem. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 205 y 206. Asimismo, se indicó al concepto

de violación «Se adiciona como causal de nulidad del acto demandado la violación al debido proceso, lo cual
se fundamenta claramente en todas las irregularidades mencionadas en los hechos de la demanda, y
específicamente en lo que se refiere al derecho a la defensa es clara la violación a dicho derecho por la ausencia
de una defensa técnica en el trámite administrativo de la revocatoria directa».

3

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Se afirma que la revista Semana, en su edición No. 1303 del 23 de abril de 2007,
publicó un artículo titulado «El Tierrero del Senador», en el que se hizo referencia a
unas titulaciones de tierras realizadas en el Departamento del Vichada en el año
2006 (transcripción literal):

(…) a personas cercanas al congresista Habib Merheg y a renglón seguido
desarrollo una serie de comentario, propios de una revista ávida de lograr
compradores para sus ejemplares, lo que produce que el director del INCODER,
Rodolfo Ocampo, manifieste que “lo sucedido es ilegal y que se puede haber
incurrido en un fraude procesal”, lo cual dio como consecuencia que el Gerente
General de la citada entidad, el día 20 de abril de 2.007, mediante Resolución Nro.
0860, asumiera el inicio y culminación del procedimiento de REVOCATORIA
DIRECTA de 31 predios dentro del cual se encuentra el predio EL TRIUNFO
adjudicado a mi poderdante y delega en la Subgerencia de Ordenamiento Social
de la Propiedad el conocimiento de los procesos, quien lo hace por auto No. 945-
0801 del 23 de abril de 2007.

El 23 de abril de 2007, el INCODER expidió un acto que ordenó el inicio del trámite
de revocatoria directa contra la Resolución 947 de 2006, porque con posterioridad
a la adjudicación se había recibido información de que dicho procedimiento «se
había llevado a cabo sin el lleno de los requisitos legales previstos en la Ley 160 de
1994 y el Decreto 2664 del mismo año», debido a que no se cumplió con el término
mínimo de 5 años de ocupación y explotación del predio, último aspecto que
tampoco se había realizado «en las proporciones exigidas por las normas que
regulan la materia».

Se indica que, en respuesta a una petición del 8 de junio de 2007, el INCODER
informó que en el año 2006 se habían adjudicado en el departamento del Vichada
31 predios baldíos a personas que no cumplían con los requisitos para ser
adjudicatarios, por lo que «la Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad
el 23 de abril de 2007 profirió auto iniciando el trámite de revocatoria directa sobre
estos predios». Además, el INCODER suspendió los trámites de titulación de los
terrenos baldíos en el departamento de Vichada, hasta tanto se definiera una zona
de desarrollo empresarial que se estaría tramitando.

Por lo anterior, el 6 de julio de 2007, se radicó solicitud de nulidad de lo actuado en
el procedimiento de revocatoria directa y se pidió la designación de nuevos
funcionarios para adelantarlo, debido a que se «había prejuzgado y no ofrecían
garantías del debido proceso y el derecho de defensa», lo cual se resolvió por
«auto» del 10 de julio de 2007 que «no se notificó en el proceso».

4

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En el trámite administrativo, se practicaron visitas para inspección ocular del predio,
el 10 de julio y 13 de septiembre de 2007, de las cuales se corrió traslado el 28 de
febrero del 2008.

El 7 de abril de 2008, el INCODER expidió «la Resolución de Revocatoria Directa
de la Resolución de Adjudicación del Predio EL TRIUNFO» (sic), con la cual «el
adjudicatario se encuentra afectado por cuanto con las actitudes del INCODER, ve
en peligro la pérdida de una inversión que, a la luz de las circunstancias actuales,
asciende más o menos a la suma de $308.000.000».

Además, junto con el escrito inicial, el apoderado de la parte demandante señaló la
existencia de un paro judicial desde el 5 de septiembre hasta el 15 de octubre de
2008, hecho que «suspendió» el término de la presentación de la demanda.

En la reforma a la demanda, se agregó un «hecho», referente en que «Con el acto
demandado se le ocasionan graves perjuicios al demandante, toda vez que no
solamente pierde las inversiones realizadas en el inmueble, sino que se ve privado
de la propiedad del inmueble».

Contestaciones de la demanda

En memoriales del 9 de febrero de 20104 y 29 de septiembre de 20115, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER señaló que las pretensiones de la
demanda principal y su reforma no tenían vocación de prosperidad, porque dicha
entidad tenía competencia para adelantar el trámite de revocatoria directa, reglado
en la Ley 1152 de 2007 y el Decreto 230 de 2008. Además, en dicha actuación se
respetó el debido proceso y derecho de defensa, así como los principios de
publicidad y motivación de la decisión, con la respectiva valoración probatoria.

Expresó que de los contratos de compraventa suscritos, se alegó una ocupación de
terreno pero esta era parcial de un predio de mayor extensión de 25000 hectáreas,
por lo que se había incurrido en violación de la prohibición contenida en el parágrafo
2 del artículo 74 de la Ley 160 de 1994, «teniendo en cuenta que la señora Martha
Sofía Lopera Duque se encontraba ocupando ilegalmente una extensión que por
mucho superaba la permitida para la Unidad Agrícola Familiar establecida para la

4 Cfr. SAMAI, índice 2. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 165 a 181.
5 Ibidem. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 271 a 277.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

zona por la Resolución 041 de 1996, proferida por la Junta Directiva del INCORA y
vigente al momento de verificarse la mencionada compraventa».

Añadió que la legislación, vigente para la época de inicio del procedimiento de
revocatoria directa y expedición del acto administrativo acusado, establecía que, en
cualquier tiempo, sin necesidad de solicitar el consentimiento expreso y escrito del
titular, el INCODER podía revocar directamente las resoluciones de adjudicación de
tierras baldías que hayan sido expedidas con violación de las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias, de acuerdo con el artículo 161 de la Ley
1152 de 2007. Además, no puede afirmarse la existencia de enriquecimiento alguno
en favor de la entidad y, en consecuencia, no hay lugar a ninguna condena, toda
vez que el actuar del Instituto se ajustó a derecho en los mencionados
procedimientos.

En escritos del 21 de junio de 20116 y 21 de septiembre de 20117, el señor
Fernando de Jesús Díaz Ramírez, actuando en calidad de «tercero interesado»8,
contestó la demanda y su reforma, solicitó que se acogieran las pretensiones, toda
vez que el acto administrativo que revocó la resolución de adjudicación 947 de 2006,
se encontraba viciada de nulidad, por estar soportada en una indebida aplicación
de las normas aplicables y «por desconocer flagrantemente que el predio EL
TRIUNFO pese de estar plenamente probado, habían sido ocupados, explotados,
incorporado mejoras, que hicieron que esta porción de tierra se convirtiera en una
tierra productiva, valga la redundancia, cumpliendo con los fines sociales de la
propiedad».

Sentencia de primera instancia

El 29 de agosto de 20249, el Tribunal Administrativo del Meta declaró, de oficio, la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Explicó que,
conforme a la Ley 1152 de 2007, existen actos que definen la situación jurídica de

6 Ibidem. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 258 a 261.
7 Ibidem. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 267 a 270.
8 En el auto admisorio del 16 de julio de 2009, se ordenó notificar personalmente al señor Díaz Ramírez en

calidad de tercero interesado (visible a pág. 133 a 148, del documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)»).
En igual sentido se ordenó la notificación personal de la admisión de la reforma a la demanda, lo cual ocurrió
en proveídos del 22 de noviembre de 2010 del 15 de marzo de 2011 (visibles a págs. 243, 244 y 248, ibidem).
Lo anterior se cumplió en debida forma, el 25 de mayo de 2011 (visible a pág. 257, ibidem), a través del
despacho comisorio ordenado para tal fin, por autos del 22 de enero de 2010 y 15 de marzo de 2011 (visibles
a págs. 212, 213 y 248, ibidem).
9 Cfr. SAMAI, índice 6 de primera instancia. Providencia que se notificó por edicto del 10 de septiembre de 2024,

que se desfijó el 12 de septiembre siguiente (visible a índice 8 de primera instancia, SAMAI).

6

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

predios baldíos10 que cuentan con un término especial de caducidad para su control
judicial, sin que ninguno encuadre en la litis planteada, ya que esta radicó en
estudiar la nulidad de la resolución que revocó la adjudicación del predio «El
Triunfo», por lo que se debe someter a las prescripciones ordinarias del CCA.

Precisó que el término de caducidad para formular la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho era de cuatro (4) meses, contados a partir del día
siguiente a la notificación del acto administrativo, tal como lo prevé el numeral 2 del
artículo 136 del CCA, en consecuencia, (transcripción literal)

(…) se tiene que dentro del proceso de revocatoria directa la demandante confirió
poder especial (Pág. 73. Archivo digital 11, Share Point) al abogado GONZALO
PARRA GONZÁLEZ, allí se indicó que estaba facultado para recibir “notificación
de cualquier resolución u acto administrativo, proferido por su despacho y que
tenga que ver con la resolución de adjudicación de la referencia”, luego fue
reconocido como apoderado de la actora auto que ordenó la realización de
inspección ocular (Pág. 88 y 100. Archivo digital 11, Share Point).

Ahora bien, se tiene que la Resolución 551 de 2008 ampliamente citada, se intentó
notificar personalmente al abogado GONZALO PARRA GONZALEZ, enviándole la
correspondiente citación a la dirección Carrera 3 No. 8-39 de la Ciudad de Ibagué
(Pág. 344 y 386. Archivo 11, Share Point), sin embargo, no obra registro de su
comparecencia.

Por lo anterior, como quiera que “a pesar de habérseles enviado por correo
certificado la correspondiente citación, no se acercaron a notificarse
personalmente de estas providencias”, se procedió a la notificación a través de
edicto (Pág. 346 y 356. Archivo digital 11, Share Point), el cual se fijó el día 2 de
mayo de 2008 y se desfijó el 16 de mayo del mismo año (Pág. 373), y como quiera
que contra la Resolución 551 de 2008 no cabía ningún recurso de conformidad con
el artículo 23 del Decreto 230 de 2008, vigente para el momento de la interposición
de la demanda, tal como se indicó en el artículo segundo del acto administrativo,
esta quedó ejecutoriada.

Por ende, la caducidad del término para formular la acción comenzó a correr desde
el día siguiente a cuando se desfijó el edicto mediante el cual se notificó a la
demandante la Resolución 551 de 2008, que ocurrió el 17 de mayo de 2008, por
tanto, dicho plazo fenecía el 17 de septiembre de 2008 y como la demanda fue
presentada el 21 de noviembre de 2008, concluyó que había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad.

Finalmente, respecto del paro judicial ocurrido entre el 4 de septiembre y el 15 de

10 Se indicó «existen siete procedimientos en materia de bienes baldíos, los cuales son i) clarificación de la

propiedad y deslinde de tierras, ii) procedimiento administrativo de extinción de dominio, iii) revisión de bienes
adjudicados, iv) de adjudicación, v) de recuperación de baldíos, vi) de expropiación judicial agraria y vii) de la
revocatoria del acto de adjudicación».

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

octubre de 2008, el Tribunal advirtió que ese hecho no «interrumpió» el término de
caducidad; por tanto, la demandante tenía que haber radicado la demanda el 16 de
octubre de 2008, día hábil siguiente a la fecha de levantamiento de la huelga, pero
sólo la presentó el 21 de noviembre de 2008, cuando ya se encontraba caducada la
oportunidad para formular la acción.

Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el
24 de septiembre de 202411, con el fin de que se revocara la sentencia de primera
instancia y se accediera a las pretensiones de la demanda.

Reprochó el análisis sobre la caducidad, porque, en su entender, «lo que [se] está
debatiendo es la legalidad de un acto administrativo que revocó un acto de
adjudicación, esto es la resolución 974 del 17 de noviembre de 2006», por ello, se
trata de una controversia en un procedimiento declarativo en materia de baldíos,
que persigue demostrar el efectivo cumplimiento de los requisitos del acto de
adjudicación, de conformidad con las Leyes 160 de 1994 y 1152 de 2007. Así, el
INCODER ha argumentado la falta de cumplimiento de los requisitos para la
adjudicación y por eso, (transcripción literal):

La Litis planteada, se centra en un acto administrativo de adjudicación, esto es la
resolución 974 de 17 de NOVIEMBRE de 2006, por medio de la cual se adjudicó a
la señora MARTHA SOFÍA LOPERA DUQUE, un terreno baldío denominado EL
TRIUNFO, en el efectivo cumplimiento o no de los requisitos de la ley 160 de 1994
frente a una resolución 551 de 2008, que ordenó revocar la resolución de
adjudicación. Es palpable entonces, que el objeto y la finalidad de esta acción de
nulidad y restablecimiento del derecho se limitan a la ADJUDICACIÓN de un baldío
y al cumplimiento de los requisitos en cuanto a la adjudicación, valga la
redundancia.

Las Leyes 160 de 1994 y 1152 de 2007 no previeron el medio de control ni el término
de caducidad para impugnar el acto administrativo de revocatoria directa de una
adjudicación, por tanto, se debía acudir al CCA. Aunque el Tribunal aplicó el término
de caducidad de 4 meses del numeral 2 del artículo 136, para este asunto, dada la
precisión sobre el objeto de la litis, correspondía utilizar el plazo previsto en el
numeral 4 de ese mismo artículo, que dispuso que la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos caducará

11 Cfr. SAMAI, índice 10 de primera instancia.

8

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

a los 2 años contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando fuera
necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos.

Insistió en que entre el 4 de septiembre y el 15 de octubre de 2008 se presentó una
huelga judicial. La administración de justicia se reanudó el 16 de octubre siguiente
y generó una «congestión en la oficina de apoyo y despacho judiciales», por lo que
la demanda radicada el 21 de noviembre de 2008 fue oportuna, ya que «el cese de
actividades de la Rama judicial constituyó un hecho extraordinario, imprevisible y
ajeno a la voluntad de la parte demandante, que provocó una falla en la debida
presentación (sic) del servicio». Además, alegó la vulneración del principio de
confianza legítima y el «principio de continuidad» de la jurisdicción, los cuales
conducen a determinar que cualquier suspensión del servicio judicial resulta
contraria al ordenamiento constitucional y, por lo mismo, no tiene fuerza vinculante
para los sujetos procesales.

También adujo la afectación de derechos fundamentales –debido proceso y
defensa– por la decisión de caducidad, que evitó el estudio de los argumentos
jurídicos de fondo y de las pruebas respecto de la litis trabada sobre la explotación
y ocupación del inmueble.

Trámite de segunda instancia

El 10 de octubre de 202412, el Tribunal Administrativo del Meta concedió, en el
efecto suspensivo, el recurso de apelación ante esta Corporación.

El 27 de enero de 2025, el Despacho admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante13. Mediante auto del 11 de marzo de la misma anualidad,
se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto14.

En esa oportunidad el «tercero interesado» guardó silencio. La parte demandante,
en memorial del 19 de marzo de 202515, remitió a los argumentos expuestos en el
trámite del proceso. Insistió que el acto de revocatoria directa, al tratarse de manera

12 Cfr. SAMAI, índice 12 de primera instancia.
13 Cfr. SAMAI, índice 3.
14 Cfr. SAMAI, índice 11.
15 Cfr. SAMAI, índice 14.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

inescindible del acto de adjudicación, debe seguir los lineamientos especiales de
este, es decir, debe regirse por sus normas, en concreto, el numeral 4 del artículo
136 del Código Contencioso Administrativo que establece un término de caducidad
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de dos (2) años.

Además, expresó que antes de que finalizara la oportunidad de la acción, los
servidores judiciales estuvieron en huelga –entre el 4 de septiembre al 15 de octubre
de 2008–, sin que se diera a conocer información oficial sobre la reanudación del
servicio, que aconteció el 16 de octubre del año 2008. Como consecuencia de la
congestión en la oficina de apoyo y despachos judiciales, por la reanudación de
actividades, «la demanda fue radicada el día 20 de noviembre de 2008, contra el
acto administrativo proferido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-
INCODER, como consta en el expediente, encontrándose dentro del término
oportuno para la presentación del libelo introductorio».

Por su parte, en escrito del 3 de abril de 202516, la Agencia Nacional de Tierras-
ANT, como sucesor procesal del INCODER17, reiteró los argumentos expuestos a
lo largo del proceso. Esgrimió que la demandante no había acreditado alguna de las
causales de nulidad del acto acusado, por lo que no se desvirtuó la presunción de
legalidad de la decisión controvertida.

El procurador delegado ante el Consejo de Estado conceptuó18 en el sentido de
confirmar la sentencia de primera instancia, debido a que en el expediente obra la
certificación de notificación de la Resolución 551 del 7 de abril de 2008 que «a pesar
de habérseles enviado por correo certificado la correspondiente citación, no se
acercaron a notificarse personalmente de esas providencias, por lo que el 2 de mayo
de 2008 INCODER fijó edicto y lo desfijó el 16 del mismo mes y año, quedando en
consecuencia ejecutoriada la Resolución 551 en esa última fecha, en atención a
que contra la misma no procedía recurso alguno, según se consignó en el artículo
segundo de su parte resolutiva. Así, (transcripción literal):

[E]s desde el 17 de mayo de 2008 que empieza a contarse el término de los cuatro
(4) meses de caducidad, por lo que su vencimiento sería el 17 de septiembre de
esa misma anualidad.

16 Cfr. SAMAI, índice 16.
17 Mediante auto del 27 de junio de 2018, el despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de

Estado repuso su decisión de considerar a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural-ANDR como sucesora
procesal del extinto INCODER, para en su lugar tener a la Agencia Nacional de Tierras-ANT en tal calidad (Cfr.
SAMAI, índice 2. Documento «4_CUADERNO PRINCIPAL 2(.pdf)», págs. 351 a 356).
18 Cfr. SAMAI, índices 9 y 17.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Sin embargo, es un hecho que con anterioridad a esa fecha se presentó un paro
judicial, entre el 3 de septiembre y el 17 de octubre; pero como bien se anotó en
precedencia, ese cese de actividades no interrumpió los términos para la
presentación de la acción, solo los extendió hasta el día siguiente hábil de su
finalización, esto es el 18 de octubre de 2008.

Como quiera (sic) que la demanda fue presentada el 21 de noviembre de ese
mismo año, se debe concluir que tal actuación se surtió por fuera del término
legalmente establecido para tal fin, por lo que evidentemente operó el fenómeno
de la caducidad (…).

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal del litigio

1. Según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), los procesos promovidos ante esta
jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, «seguirán rigiéndose y
culminarán» por las normas procesales contenidas en el «régimen jurídico anterior»,
es decir, al Código Contencioso Administrativo (CCA), el Código de Procedimiento
Civil (CPC) y demás normas aplicables.

Como en el presente asunto, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
se interpuso el 21 de noviembre de 200819, es aplicable el señalado régimen jurídico,
que regula todas las actuaciones hasta su culminación, lo que incluye los trámites
posteriores a la sentencia –adición, aclaración del fallo e incidentes–20.

II. Presupuestos procesales

1-. Jurisdicción y competencia

2. El artículo 82 del CCA dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la
actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado; inclusive, de las controversias

19 Folios 2 a 52 del cuaderno 1 del Tribunal.
20 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 1 de julio de

2020, expediente 61155 [fundamento jurídico 1]; sentencia 20 de mayo de 2022, expediente 64181 [fundamento
jurídico 1]; auto de 18 de agosto de 2023, expediente 69761 [fundamento jurídico 1], C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Criterio reiterado recientemente por la Subsección C, auto del 24 de julio de 2024, expediente
59915 [fundamento jurídico 9].

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

que se originen en actos políticos o de Gobierno. En la medida en la que el
demandado es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural–INCODER21 (hoy
Agencia Nacional de Tierras-ANT22), la jurisdicción competente para resolver este
litigio es la Contencioso Administrativa.

3. En este punto, resulta importante poner de presente que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en providencia del 29 de enero de 201023, «cambi[ó] su postura
jurisprudencial» en relación con la acción procedente y la autoridad competente
para conocer de los casos en los que se demanda el acto administrativo a través
del cual el INCODER revoca directamente la adjudicación de un baldío. En ese
sentido se consideró que:

Al realizar un nuevo análisis de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en
el Decreto que la reglamenta, se advierte que a lo largo de las mismas se prevé la
existencia de diversos procedimientos administrativos a través de cuyas
regulaciones se señalan los actos administrativos con los cuales están llamados a
finalizar, así como se consagran los recursos que en cada caso pueden
interponerse en la vía gubernativa al tiempo que se identifican las acciones a (sic)
ejercer por parte del interesado contra las correspondientes decisiones de la
Administración, sin que haya lugar a efectuar una interpretación extensiva de tales
disposiciones legales y reglamentarias.

Así, contra el acto administrativo por medio del cual se decide de fondo el
procedimiento sobre recuperación de baldíos indebidamente ocupados o
apropiados, se establece el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes
a la notificación del acto y se define la procedencia de la acción de revisión en
única instancia ante el Consejo de Estado, cuyo término de caducidad es de 15
días, plazo que ha de contabilizarse a partir de la ejecutoria del respectivo acto.

21 Conviene destacar que, durante el desarrollo del proceso, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2365 de

2015, por el cual se suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER, se ordenó su liquidación y
se dictaron otras disposiciones, la cual fue modificada por el Decreto 1850 de 2016. Lo anterior con fundamento
en la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, en particular el capítulo III
Transformación del Campo, en el que se dispuso la necesidad de contar con un arreglo institucional integral y
multisectorial que tenga presencia territorial, de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los
atributos del territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y oportunidades de desarrollo entre
regiones rurales, se le otorgaron -artículo 107- facultades extraordinarias al Presidente de la República para: a)
Crear una entidad u organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector
descentralizado, fijando su objeto y estructura orgánica, responsable de la administración de las tierras como
recurso para el desarrollo rural, de la política de acceso a tierras y la gestión de la seguridad jurídica para
consolidar y proteger los derechos de propiedad en el campo”, así como para “b) Crear una entidad u organismo
perteneciente a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional del sector descentralizado, fijando su objeto y estructura
orgánica responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo rural y agropecuario con el fin de acercar
al territorio la presencia institucional del orden nacional para la transformación del campo y adelantar programas
con impacto regional, lo que condujo la expedición de los Decretos-Ley 2363 y 2364 de 2015, con los que se
crearon la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, respectivamente.
Sobre la sucesión procesal del INCODER, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, auto del 17 de octubre de 2023, expediente 69979, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Entidad creada mediante el Decreto–Ley 2363 de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.719 de 7 de

diciembre de 2015, que en su artículo 3 dispuso que la Agencia Nacional de Tierras-ANT tiene por objeto
ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.
23 Expediente 37152, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Por otra parte, las mismas disposiciones legales y reglamentarias se ocupan de
regular, de manera diferente e independiente, el procedimiento administrativo
encaminado a revocar de manera directa la adjudicación de un baldío, trámite
respecto del cual la regulación especial contenida en la Ley 1152 de 2007 y en el
Decreto Reglamentario 230 de 2008, aplicables al presente caso, no determinaron
expresamente la procedencia de una acción específica contra los respectivos
actos administrativos de revocatoria.

Entonces no es posible asimilar el acto administrativo por medio del cual se decide
de fondo el procedimiento de recuperación de baldíos –impugnable a través del
recurso de reposición y de la acción de revisión– con aquél a través del cual se
decide la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación.

En aras de garantizar el acceso a la Administración de Justicia y ante el silencio
de la Ley Agraria y de su decreto reglamentario respecto de los mecanismos de
defensa y de impugnación procedentes contra el acto de revocatoria directa de
bienes baldíos, debe aplicarse la regla general prevista en el Código Contencioso
Administrativo pues de mantener la tesis que en esta oportunidad se pretende
variar, se estaría creando jurisprudencialmente una situación que resulta
desfavorable y restrictiva para el directamente perjudicado con tal decisión, puesto
que los términos legales para ejercer la acción se reducirían a 15 días si la
procedente fuere la acción de revisión en lugar de mantener el plazo de 4 meses,
legalmente consagrado como regla general para el ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, así como se alteraría también la competencia para
conocer del asunto en tanto al Consejo de Estado le corresponde conocer
privativamente y en única instancia de la acción de revisión mientras que a los
Tribunales Administrativos les ha sido asignada la competencia para asumir, en
primera instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en los
casos en los cuales la cuantía del asunto supere el monto equivalente a 300
SMMLV.

4. Igualmente, resulta importante señalar que, en principio, la demanda fue remitida
al Consejo de Estado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección
Primera, Subsección A, que declaró su falta de competencia, ya que consideró que
esta Corporación era la autoridad judicial competente para conocer privativamente,
en única instancia, de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos administrativos expedidos por el INCODER24.

No obstante, en providencia del 22 de marzo de 202425, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en concordancia con el criterio jurisprudencial citado
[providencia del 29 de enero de 2010], determinó que:

24 Lo cual ocurrió en providencia del 29 de enero de 2009 -folios 70 a 72 del cuaderno 1 del Tribunal-.

El expediente le correspondió a la Sección Primera de la Sala Contenciosa de esta Corporación, la cual, en auto
de 23 de junio de 2009, señaló que de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 055 de 2003 del Consejo de
Estado, el asunto de la referencia, por ser de naturaleza agraria, es de competencia de la Sección Tercera de
esta Corporación, razón por la cual ordenó su remisión -folio 76 cuaderno 1-.
Al proceso se le asignó la radicación 11001-03-26-000-2009-00079-00(37150) en esta Sección -folio 78, ibidem.
Mediante auto de 23 de julio de 2009, se rechazó la demanda por caducidad, toda vez que ésta se presentó el
21 de noviembre de 2008 y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho había caducado el 23 de
septiembre anterior -folios 80 a 82, ibidem-.
25 Cfr. SAMAI, índice 223 del proceso Rad. 11001-03-24-000-2009-00233-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

(…) el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de este asunto, en
única instancia, toda vez que el acto que revoca de manera directa la adjudicación
de un baldío no inicia ni culmina las diligencias administrativas de extinción de
dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos,
previstas en los numerales 8, 9 y 11 del artículo 128 del CCA.

Además, el Despacho advierte que la parte actora en la demanda estimó la cuantía
del proceso en la suma de $308.000.000, valor estimado del predio denominado
“EL TRIUNFO”, objeto de controversia, lo cual descarta que el proceso carezca de
cuantía.

En ese orden de ideas y comoquiera que el proceso de la referencia es de
naturaleza agraria, resulta aplicable la regla de competencia establecida en el
literal e) del artículo 134D del CCA (…).

Por ello, teniendo en cuenta que el predio “EL TRIUNFO” está ubicado en el
corregimiento de Nueva Antioquia, Municipio la Primavera, Departamento del
Vichada, la competencia territorial para conocer de este asunto está asignada al
Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°,
numeral 18, del Acuerdo 88 de 19968, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura (…).

Por lo precedente, el Despacho declarará la falta de competencia de esta
Corporación para conocer del presente proceso, en única instancia, por lo que, en
consecuencia, ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Meta,
para que continúe con el trámite correspondiente, atendiendo las reglas previstas
en el artículo 211 del CCA.

5. Por lo anterior, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Asimismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía –artículo 134E del CCA–, pues el valor de la
pretensión material mayor26 supera los 300 SMLMV exigidos por el artículo 132.3
del CCA, esto es, $138’450.00027.

6. Con esa perspectiva, la Subsección C de la Sección Tercera conoce del asunto,
dadas las reglas de reparto establecidas en el Acuerdo 80 de 2019, artículo 13 –
Sección Tercera–, las cuales indican que conocerá, entre otros asuntos, de: «Los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre las materias
enunciadas en el numeral primero», es decir, «nulidad de actos administrativos que
versen sobre asuntos agrarios, contractuales, mineros y petroleros».

26 La cual corresponde a la suma de $308’000.000.
27 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 300.

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

2.- Cuestión previa

7. Para la Sala resulta importante destacar que la Ley 1152 de 2007 28, por la cual
se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural-INCODER y se dictaron otras disposiciones, se encontraba vigente
cuando inició el procedimiento administrativo en el que se expidió la Resolución 551
del 7 de abril 2008 –acto acusado– que revocó de manera directa el acto de
adjudicación de un predio denominado «El Triunfo», así como a la fecha de
presentación de la demanda –21 de noviembre de 2008–.

8. Durante el desarrollo de este proceso, la Corte Constitucional, en sentencia C-
175 de 200929, declaró inexequible dicha ley, por no haberse adelantado en debida
forma al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y
afrodescendientes30; no obstante, esta determinación produjo efectos hacia el
futuro, en los términos del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de
Administración de Justicia–, tal como lo ha sostenido de manera reiterada la
jurisprudencia de esa misma Corporación31:

Ante esa situación, se debe recordar la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación en cuanto a que la declaratoria de inexequibilidad de una norma
implica la reincorporación al ordenamiento jurídico de las disposiciones por ella
derogadas siempre que ello se requiera para asegurar la supremacía del Texto
Fundamental. Esto es así en cuanto una declaratoria de inexequibilidad conlleva
la expulsión del ordenamiento jurídico de una norma que ha sido encontrada
contraria a la Carta y ante ello se debe determinar el peso específico que les asiste
a los principios de justicia y seguridad jurídica y establecer si el fallo tiene efectos
únicamente hacia futuro o si también cobija situaciones consolidadas en el pasado,
evento en el cual restablecen su vigencia aquellas disposiciones que habían sido
derogadas por la norma declarada inconstitucional.

9. En ese orden de ideas, la inexequibilidad de la ley no significó la configuración

28 Publicada en el Diario Oficial No. 46.700 de 25 de julio de 2007
29 Sentencia del 18 de marzo de 2009.
30 En la sentencia se señaló: Conclusión // 38. La Ley 1152 de 2007 configura una regulación integral y
sistemática sobre el desarrollo rural y el uso y aprovechamiento de la propiedad agraria, régimen jurídico que
debió someterse al trámite de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en razón de
la especial connotación que el territorio tiene para estos pueblos, al igual que por la existencia de disposiciones
particulares y concretas en el EDR que los afectan directamente. (…) 40. Debido a la pretermisión del requisito
de consulta previa, la norma acusada deviene inexequible en su integridad. Ello debido a que, en razón de
constituir, por expreso mandato del Legislador, un régimen general y sistemático en materia de uso y
aprovechamiento de los territorios rurales, (i) no resulta viable diferenciar entre las normas que afectan
directamente a las comunidades y aquellas que no tienen ese efecto, amén de la posibilidad que en casos
concretos cualquier disposición del EDR contraiga esa afectación; y (ii) la exclusión, en virtud de su
inexequibilidad, de las normas que hagan referencia nominal a los pueblos indígenas y tribales, generaría un
régimen discriminatorio en contra de los mismos, puesto que contribuiría a un déficit de protección jurídica,
contrario a los derechos que la Constitución reconoce a dichas minorías étnicas.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-501 de 2001 [fundamento jurídico V. B], M.P. Jaime Córdova Triviño y

Sentencia C-1548 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre muchas otras.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

del fenómeno del decaimiento del acto acusado, por la expulsión del ordenamiento
de la normativa que le sirvió de sustento. Asimismo, por efecto de la inexequibilidad
recobraron vigencia las disposiciones que derogó dicha ley –artículo 178–, esto es,
la Ley 160 de 1994, normativa aplicable en materia agraria.

3.- Acción procedente

10. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la vía procesal idónea,
como lo prevé el artículo 85 del CCA, para que toda persona que se crea lesionada
en un derecho amparado en una norma jurídica pueda pedir que se declare la
anulación del acto administrativo y se le restablezca en su derecho.

11. En el presente asunto, se solicita declarar la nulidad de: i) «el auto y la resolución
fechados abril 23 de 2007 por medio de los cuales se inició el trámite de la
Revocatoria Directa» y ii) la Resolución 551 del 7 de abril de 2008, por la cual el
INCODER revocó de manera directa la Resolución 947 del 17 de noviembre de
2006, en la que se adjudicó al demandante el predio denominado «El Triunfo».

12. Como primer aspecto, es importante señalar que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 50 del CCA, son actos definitivos los que resuelven directa
o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado entre los actos
administrativos definitivos y los de trámite, así: «los primeros son declaraciones
unilaterales, que pueden ser generales o particulares, con efectos jurídicos directos
y en ejercicio de la función administrativa, lo que quiere decir que crean, modifican
o extinguen una situación jurídica; mientras que los segundos sencillamente no
alteran derechos y deberes, pues por no ser conclusivos se restringen a impulsar el
trámite en sede administrativa»32.

Por lo anterior, únicamente las decisiones de la Administración producto de la
conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen
imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de ser controlados por
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos
de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2024, expediente 54485

[fundamento 3], C.P. Nicolás Yepes Corrales. Criterio reiterado por la misma Subsección, en sentencia del 14
de julio de 2025, expediente 68461.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
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Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de dicho control.

Con todo, no se debe dejar de mencionar que en materia agraria el legislador previó
el control jurisdiccional de algunos actos que, por regla general, no tienen el carácter
de definitivos o que hacen imposible continuar con la actuación, como son las
decisiones que inician las diligencias administrativas de extinción de dominio,
clarificación, deslinde y recuperación de baldíos, contra las que procede la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, en única
instancia -numeral 8 del artículo 128 del CCA-, ninguno de los cuales corresponde
con esta controversia33.

13. En esa medida, tal como lo consideró la Sección Primera del Consejo de Estado,
en el auto admisorio de la demanda del 16 de julio de 2009 34, para la Sala es
evidente que la nulidad del «auto y la resolución fechados abril 23 de 2007 por medio
de los cuales se inició el trámite de la Revocatoria Directa», no son susceptibles de
control judicial, debido a que, tal como lo indicó la parte demandante, dichos
proveídos únicamente comenzaron el procedimiento administrativo de revocatoria
directa, por lo que se catalogan como actos de mero trámite, sin que de estos se
pudiera derivar alguna decisión definitiva de una situación jurídica o que impidiera
avanzar con la actuación. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que:

Para resolver, la Sala reitera35 que las acciones impugnatorias, es decir, aquellas
acciones mediante las cuales se ventilan pretensiones dirigidas a atacar la validez
de un acto administrativo particular36, parten de un presupuesto fundamental que
consiste en que no todos los actos de la Administración son actos administrativos
propiamente dichos y, por ende, susceptibles de cuestionamiento por la vía
jurisdiccional. Dicho de otro modo, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se ha de dirigir contra los actos jurídicos
definitivos, que son los verdaderos actos administrativos, y no contra actos
de impulso de un procedimiento, ni contra actos de mera ejecución de
procedimientos concluidos. Así, por ejemplo, los actos preparatorios, los actos
de simple ejecución y los actos de trámite, no son demandables mediante este
tipo de acciones. Solamente los actos definitivos pueden ser demandados. Y por
acto definitivo se entiende aquel que resuelve de fondo la cuestión planteada ante
la Administración. En otras palabras, acto definitivo particular es el que

33 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 29 de enero de 2010,
expediente 37152 [fundamento jurídico 2], C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
34 Cfr. SAMAI, índice 2. Documento «3_CUADERNO PRINCIPAL 1(.pdf)», págs. 133 a 148.
35 Original de cita: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN

CUARTA. Consejero Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Bogotá, once (11) de febrero de
dos mil catorce (2014). Radicación: 25000-23-27-000-2007-00120-02 [18456]. Demandante: ALMACENES
GENERALES DE DEPÓSITO MERCANTIL S.A. ALMACENAR. Demandado: DIAN. Acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
36 Original de cita: El acto general o reglamento también se puede impugnar, pero no requiere de ningún

agotamiento de vía gubernativa o cosa parecida.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
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Demandado: INCODER
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comúnmente niega o concede el derecho reclamado ante la autoridad y que, por
ende, crea, modifica o extingue una situación jurídica, con efectos vinculantes para
el particular. (…).

No todo lo que la Administración dice o hace se traduce en un acto administrativo
demandable, de ahí que se hable de los actos de la Administración para
diferenciarlos de los actos administrativos propiamente dichos37 (se destaca).

14. Ahora, en relación con la Resolución 551 del 7 de abril de 2008, por la cual el
INCODER revocó de manera directa la Resolución 974 del 17 de noviembre de
2006, en la que se adjudicó a la demandante el predio denominado «El Triunfo», se
evidencia que este acto tiene el carácter de definitivo, al haber concluido el
procedimiento administrativo adelantado por el INCODER; además, modificó la
situación jurídica de la demandante sobre el predio que se le había adjudicado, por
lo que se solicita restablecer su derecho y «dejar incólume la Resolución de
Adjudicación Nro. 974». De ahí que el medio de control adecuado es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA.

15. En cuanto a las pretensiones subsidiarias de la reforma de la demanda,
encaminadas a que «se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL -INCODER-, se enriqueció sin justa causa como consecuencia de la
revocatoria de la resolución cuya nulidad se solicita en las pretensiones principales
de esta demanda». Resulta importante destacar que la selección y procedencia de
los distintos medios de control no depende de la discrecionalidad o arbitrio de la
demandante, sino que se determina por la fuente del daño en que se fundamenta la
causa petendi y, en tal medida, para determinar la vía procesal adecuada para
reparar los daños generados por la Administración, resulta necesario determinar el
origen de estos38.

Por ello, a pesar de que de manera impropia se plantea un supuesto
«enriquecimiento sin justa causa», la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
constituye el medio de control idóneo para controvertir los actos administrativos de
carácter particular y concreto que lesionan una situación jurídica individual. Su
finalidad no se agota en la simple expulsión del ordenamiento del acto ilegal, sino

37 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 16 de noviembre de 2016, rad. 19673 [fundamento jurídico 1].

Criterio reiterado por la Sección Tercera, Subsección B, en auto de 12 de octubre de 2017, rad. 55411
[fundamento jurídico 5].
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2008, expediente 16054 [fundamento

jurídico 1.1].

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

que se extiende al restablecimiento del derecho vulnerado, lo cual puede implicar el
reconocimiento de una prestación, la reparación de un perjuicio o la restitución de
una situación jurídica alterada por la actuación administrativa39.

En consecuencia, cuando el daño alegado tiene como causa directa un acto
administrativo, como ocurre en el presente asunto, la vía procedente es la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que el acto define,
modifica o extingue la situación jurídica del administrado.

4.- Legitimación en la causa

16. La legitimación en la causa, en el ejercicio del medio de control dispuesto en el
artículo 138 del CPACA, se reservó a toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo, previsto por una norma jurídica, con ocasión de la expedición de
un acto administrativo particular, de modo que podrá pedir que se declare su nulidad
y se restablezca el derecho; el afectado también podrá solicitar que se le repare el
daño.

En iguales términos, se puede solicitar la nulidad de un acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado. Así las cosas, en este asunto la
legitimidad está dada:

Por activa

17. Martha Sofía Lopera Duque está legitimada en la causa por activa, porque alega
haber sido afectada por la expedición de la Resolución 551 del 7 de abril de 2008 –
acto acusado–, por la cual se recovó directamente la Resolución 947 del 17 de
noviembre de 2006, por la cual se le adjudicó un predio denominado El Triunfo
ubicado en el corregimiento de Nueva Antioquia, municipio La Primavera,
departamento del Vichada.

Asimismo, se encuentra vinculado al proceso Fernando de Jesús Díaz Ramírez,
quien actúa en calidad de «tercero interesado», ya que junto con la señora Lopera

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de abril de 2026, expediente 53574

[fundamento jurídico 5].

19

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Duque, les fue adjudicado el predio El Triunfo, por lo que le asiste interés en el
presente proceso.

Por Pasiva

18. Le asiste legitimación en la causa por pasiva al Instituto de Desarrollo Rural-
INCODER, porque es la autoridad que expidió el acto administrativo acusado –
Resolución 551 del 7 de abril de 2008–, entidad que fue representada por la Agencia
Nacional de Tierras-ANT, actuando como sucesor procesal, tal como se admitido
por auto del 27 de junio de 2018 de la Sección Primera del Consejo de Estado40.

5.- Caducidad de la acción

19. El artículo 136 del CCA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho de
acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez
fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad41, tal como lo ha señalado de manera reiterada la
jurisprudencia de esta Sección42, dicha figura procesal,

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho43 (se destaca).

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad de la acción o medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede

40 Cfr. SAMAI, índice 2. Documento «4_CUADERNO PRINCIPAL 2(.pdf)», págs. 351 a 356.
41 El artículo 6 del CPC establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de

derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán
ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa
de la ley (se destaca).
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente 39435

[fundamento jurídico 1.4].
43 Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.

Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.

20

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente44.

20. En lo que respecta a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por
una parte, el numeral 2 del artículo 136 del CCA prevé que la demanda deberá
presentarse dentro de los 4 meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo, según el
caso.

Por otra parte, el numeral 4 del artículo 136 del CCA establece que, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos de adjudicación de baldíos caducará en 2 años, contados desde
el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su
ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se
contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente
Oficina de Instrumentos Públicos.

21. Adicionalmente, no se puede desconocer que dicho término tiene carácter
preclusivo, por tanto, no se sujeta a la voluntad o criterio de los interesados en
accionar45, como pretende el recurrente, al sostener que la caducidad debería
contabilizarse conforme a la previsión del numeral 4 del artículo 136 del CCA, ya
que estima que «el objeto y la finalidad de esta acción de nulidad y restablecimiento
del derecho se limitan a la ADJUDICACIÓN de un baldío y al cumplimiento de los
requisitos en cuanto a la adjudicación, valga la redundancia». La definición de los
eventos en que se aplica determinado término de caducidad corresponde al
legislador y no a la consideración subjetiva de los afectados por la norma.

22. En ese orden de ideas, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se puede
equiparar el acto que adjudica un baldío con el acto que revoca de manera directa
la adjudicación, debido a que no existe un supuesto que permita pasar por alto el
contenido diverso de los actos administrativos en uno y otro caso. Así, en relación
con la revocatoria directa de los actos de adjudicación de baldíos, la Corte
Constitucional, mediante sentencia C-255 de 2012, declaró exequibles los incisos

44 Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede consultar

la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo 136 del
CCA.
45 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de agosto de 2006, expediente 32537,

C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de la Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 9 de febrero de 2011,
expediente. 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 29 de noviembre de 2018, expediente 47308,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

21

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

6º y 7º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, porque46:

6.3.- Como primera medida la Corte recuerda que la facultad de revocatoria directa
de actos administrativos no se encuentra per se constitucionalmente prohibida.
(…). // Pero también es cierto que excepcionalmente el Legislador puede autorizar
la revocatoria unilateral sin que medie la anuencia del administrado, cuando ello
obedezca a razones constitucionales importantes, existan elementos de juicio
acreditados de manera suficiente y se ofrezcan al ciudadano todas las garantías
para ejercer sus derechos de contradicción y defensa en el marco del debido
proceso.

6.4.- En el caso del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, la Corte observa que la
facultad de revocatoria unilateral de los actos de adjudicación de baldíos, sin el
consentimiento expreso y escrito del titular, responde a fines constitucionalmente
valiosos: (i) está encaminada al cumplimiento de la función social de la propiedad;
(ii) pretende asegurar el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios;
y (iii) se proyecta como una manifestación del deber del Estado de promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en su obligación de adoptar
medidas de protección a favor de quienes, por su difícil condición económica, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta en el sector agropecuario.
(…)
Una actuación de tal entidad sólo puede tener cabida ante actos manifiestamente
ilegales o que deriven en la violación de requisitos sustantivos o materiales de la
adjudicación de baldíos. Es decir, que afecten de manera sensible y directa los
fines que subyacen en estos programas o que impliquen una grave distorsión de
los mismos (sic), cuando la titulación no recaiga en sus destinatarios legítimos –
los sujetos de debilidad manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la
especial protección del Estado-, sino que termine en manos de quienes por sus
privilegios económicos, sociales, políticos, o de cualquier otra índole, tengan la
capacidad de interferir negativamente en el cumplimiento de la función social de la
propiedad y el acceso progresivo a la tierra rural.

Por el contrario, no podrá acudirse a la revocatoria unilateral frente a defectos de
orden formal o meras inconsistencias que resultan intrascendentes de cara a los
objetivos de la política de reforma agraria (…).

Así mismo, acorde con sus propios precedentes, la Corte aclara que ‘cuando el
litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como por ejemplo, el
régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición, o la aplicación
de un régimen especial frente a uno general, estos litigios deben ser definidos por
los jueces competentes’47, de conformidad con las reglas previstas en el Código
Contencioso Administrativo, siendo improcedente la revocatoria directa sin el
consentimiento previo de su titular.

6.5.- De otra parte, la Sala considera que la norma acusada no vulnera el artículo
29 de la Constitución, en la medida en que la revocatoria de actos de adjudicación
de baldíos exige que se adelante una actuación en la cual el ciudadano goce de
“todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa,
destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la
necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto,
imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con
que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o lapso

46 Sentencia del 29 de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio.
47 Original de cita: Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003. La Corte declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 19 de la ley 797 de 2003, relacionado con la revocatoria unilateral de pensiones
reconocidas irregularmente.

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

procedimental”48.

Nótese cómo el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 señala de forma expresa que las
diligencias para la revocación de dichos actos se surtirán con arreglo a las
prescripciones del Código Contencioso Administrativo, lo que obliga a las
autoridades a ser especialmente cautas y garantes de los derechos de
contradicción y defensa de quien se pretenda revocar un acto de adjudicación de
baldíos”.

23. Ahora bien, es claro que tanto la Ley 160 de 1994, en su artículo 72, como la
Ley 1152 de 2007 –artículo 161 que en esencia retomó lo dispuesto por el legislador
de 1994– fijó un término de caducidad especial49 para la acción de nulidad contra el
acto de «adjudicación de baldíos», esto es, dos (2) años, lo que no quiere decir que
dicho término se extienda a otros eventos no previstos en tal disposición. Asimismo,
la normativa agraria, con claridad, remite al Código Contencioso Administrativo en
aquellas materias que no regula, lo cual ocurre para todos los demás asuntos que
no tengan un término especial para demandar. Ejemplo de ello, precisamente, está
en la oportunidad para formular la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto de revocatoria directa de la adjudicación de baldíos, ya
que la norma especial –la ley agraria– no previó el término de caducidad para ese
asunto. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha considerado que50:

Además, tampoco se pueden equiparar las pretensiones materia de análisis,
puesto que en la demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto de
adjudicación se pretende anular el título concedido por el Estado y en la demanda
contra el acto de revocatoria, se persigue dejar en firme el referido título, es decir
que las pretensiones son distintas y la causa petendi también.

Por lo anterior, el argumento planteado en el recurso de apelación, en el que se
afirmó que el objeto del proceso se encontraba directamente relacionado con el acto
de adjudicación, no tiene fundamento alguno, pues no es procedente aplicar el
numeral 4 del artículo 136 del CCA a materias distintas a las allí reguladas y, en
consecuencia, tal como lo hizo el Tribunal, el término de caducidad en este asunto
se debe contabilizar con el numeral 2 de ese mismo artículo.

24. Del material probatorio obrante en el expediente, encuentra la Sala que el
procedimiento administrativo adelantado por el INCODER inició el 23 de abril de

48 Original de cita: Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
49 Artículos 72 y 161, respectivamente.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, expediente 65448

[fundamento jurídico 2.2], C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

200751 y culminó con la expedición de la Resolución 551 del 7 de abril de 200852, la
cual, surtió el trámite de notificación personal al agente del Ministerio Público el 15
de abril de 200853.

En relación con la demandante, el 21 de abril de 2008, el INCODER remitió citación
al apoderado de la señora Lopera Duque para que se acercada a la oficina asesora
jurídica de la entidad, para que se notificara de «las decisiones finales adoptadas
en el marco de los trámites de revocatoria directa de unos baldíos adjudicados en
la jurisdicción del municipio de La Primavera, Departamento del Vichada54. En igual
sentido, se remitió citación al señor Díaz Ramírez –tercero interesado en este
asunto, ya que junto con la señora Lopera Duque, les fue adjudicado el predio El
Triunfo»–55.

En atención a que los citados no acudieron para recibir la notificación personal de
la Resolución 551 del 7 de abril de 2008, se procedió a notificar por edicto56, el cual
fue fijado el 2 de mayo de 2008, 8.00 A.M. y desfijado el 16 de mayo de 2008, 5:45
P.M.57.

25. En relación con la notificación por edicto, esta se surtió de acuerdo con el artículo
45 del CCA, aplicable por la remisión expresa del artículo 161 de la Ley 1152 de
2007 y en la misma forma en el artículo 17 de la Ley 160 de 199458, que establecía:
si no se puede hacer la notificación personal al cabo de 5 días del envío de la
citación, se fijará un edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término
de 10 días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia, es decir, la
notificación por edicto se entiende surtida al término de los 10 días, de manera que
la caducidad de la acción referida corre a partir del día siguiente, que en este caso
se presentó el 17 de mayo de 2008.

26. De conformidad con el numeral 2 del artículo 136 del CCA, la acción de nulidad

51 Cfr. SAMAI, índice 2. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», págs. 41 y 43.
52 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», págs. 374 y 384.
53 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», pág. 385.
54 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», pág. 386.
55 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», págs. 387 y 388.
56 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», pág. 346 a 373.
57 Ibidem. Documento «5_CUADERNO ANEXO 1(.pdf)», pág. 373.
58 Para este caso no puede confundirse la notificación al interesado con la publicación en el diario oficial,

respecto de la cual el CCA indicaba: “Artículo 46. Publicidad. Cuando, a juicio de las autoridades, las decisiones
afecten en forma directa e inmediata a terceros que no hayan intervenido en la actuación, ordenarán publicar la
parte resolutiva, por una vez, en el Diario Oficial, o en el medio oficialmente destinado para estos efectos, o en
un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones.

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y restablecimiento del derecho que impetró la demandante «caducará al cabo de
cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso». Por ello, tal como lo hizo el
Tribunal de primera instancia, el plazo para ejercer el derecho de acción feneció el
17 de septiembre de 2008 y como la demanda se radicó el 21 de noviembre de
200859, se concluye que se presentó por fuera del plazo del artículo 136.2 del CCA60.

27. Ahora bien, en relación con la supuesta «suspensión» del término de caducidad
con ocasión del paro judicial, que transcurrió entre el 4 de septiembre y el 15 de
octubre de 2008, conviene advertir que la jurisprudencia pacífica del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional han precisado que, si el término vence durante
una huelga, la oportunidad para acudir a la jurisdicción se extiende al día hábil
siguiente al levantamiento del paro, lo que implica una carga61, la cual consiste en
presentar la demanda de manera oportuna. Al respecto, en sentencia SU-498 de
201662, la Corte Constitucional concluyó:

Respecto a la contabilización del término con el que contaba (…) las autoridades
judiciales se apoyaron en decisiones proferidas por diversas salas del Consejo de
Estado63, en las que se ha indicado que el cese de actividades judiciales no
interrumpe (sic) la caducidad, salvo que el plazo expire en un día en el que el
despacho esté cerrado, pues en este caso se aplica la regla de extensión del plazo
hasta el día hábil siguiente.
(…)
90.- Ahora bien, la imprevisibilidad del día en el que se reanudan las actividades
judiciales aludida por la actora no es un argumento que, en su caso, sirva para
confrontar los autos que declararon la caducidad, ya que desde la formulación del
recurso de apelación reconoció que no presentó la demanda el primer día hábil por

59 Conviene advertir que, si bien Ley 640 de 2001 estableció el requisito de procedibilidad de la conciliación

prejudicial, su artículo 42 transitorio condicionó la entrada en vigor del requisito de procedibilidad a la existencia
del número de conciliadores requerido para atender los correspondientes trámites, condición que no se cumplió.
Por ende, dicho requisito solo devino en obligatorio a partir de la expedición de la Ley 1285 de 2009, que
estableció en forma incondicional tal requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86
y 87 del Código Contencioso Administrativo, desde el 23 de enero de 2009 fecha en que empezó a regir la ley
y no desde 11 de mayo de 2009, fecha en la cual empezó a regir el Decreto 1716 de ese mismo año, que la
reglamentó. Como la demanda fue presentada en el año 2008, no era exigible el trámite conciliatorio previo.
60 En ese mismo sentido, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia

del 14 de julio de 2025, expediente 68461; sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente 70585, C.P.
Adriana Polidura Castillo.
61 Sobre el concepto de carga, la Sección Tercera ha considerado lo siguiente: La noción de carga ha sido

definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para
la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”. La carga, entonces,
a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir ⎯incluso pudiendo ser compelido a
ello coercitivamente⎯ con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que
simplemente faculta ⎯la aludida carga⎯, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como
consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si
no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables
o nocivas que tal omisión le acarree. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero
de 2010, expediente 18.076 [fundamento jurídico 2.4.2], reiterada por la Subsección A en sentencia de 27 de
marzo de 2014, expediente 29732 [fundamento jurídico 4], ambas con C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
62 Sentencia del 14 de septiembre de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
63 Original de cita: Sentencia de 1º de diciembre de 2011 proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Auto de 28 de octubre de
2010, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2009-00078.

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la congestión de las oficinas judiciales y no por la falta de certeza sobre la
reanudación de las actividades judiciales.

28. En el presente asunto, la demandante no acreditó que al levantarse el paro le
fue imposible la presentación de la demanda, así como durante todo el tiempo que
transcurrió hasta el 21 de noviembre de 2008. Además, de conformidad con la
jurisprudencia citada, la Sala no puede acoger la argumentación del recurrente,
dado que el término no se «suspendió», sólo se extendió hasta el primer día hábil
siguiente de aquel cuando terminó el paro judicial. Sobre el particular, la Sección
Tercera de esta Corporación ha considerado que64:

(…) la interpretación del Consejo de Estado sobre el cómputo de los términos de
caducidad, frente a los eventos del paro judicial, se amparó en el artículo 62 del
Código de Régimen Político y Municipal y en el artículo 121 del Código de
Procedimiento Civil, vigentes para la época de los hechos, tesis que ha sido
expuesta en la siguiente forma -y que se reafirma para el presente caso- 65: (…)

“Lo anterior indica que cuando el término contemplado en la norma está
expresado en meses, para su contabilización, no deben ser tenidos en
cuenta los días de interrupción de vacancia judicial o los que, por cualquier
causa, el Despacho deba permanecer cerrado, como ocurrió en el presente
caso, con ocasión del paro judicial. Sin embargo, en caso de que el término
para presentar la acción se venza en los días en que el Despacho Judicial
no se encuentre prestando sus servicios, dicho término se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente. Lo anterior, permite concluir que ni el paro, ni la
vacancia judicial interrumpen el término de caducidad para presentar la
acción, pues tales circunstancias no deben ser tenidas en cuenta, salvo que
dicho plazo expire dentro de éstas, caso en el cual, como ya se dijo, la acción
caducaría si en el primer día hábil siguiente no se presenta la demanda (…)66.

Además, se pone de presente que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente,
el cese de actividades con ocasión de paro judicial del 2008 fue reconocido por el
Consejo Superior de la Judicatura que, para el efecto, expidió el Acuerdo No.
PSAA08-5305 de 2008, que repuso el tiempo de atención al público, incluso hasta
el 17 de octubre de 200867.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, expediente 65448

[fundamento jurídico 2.2], C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
65 Original de cita: Sentencia SU498/16. En esa sentencia la Corte constitucional cita como antecedentes;

“Sentencia de 1º de diciembre de 2011 proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Gerardo Arenas Monsalve, Auto de 28 de octubre de 2010, C.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Exp. 2009-00078”. Puede agregarse a ese recuento la siguiente providencia:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno. auto de 18 de noviembre de 2010, radicación número: 25000-23-24-000-2008-00402-01, actor:
Luis Guillermo Ángel Restrepo, demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes, acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
66 Original de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera

ponente: María Elizabeth García González, auto de 4 de agosto de 2011, radicación número: 27001-23-31-000-
2009-00093-01, actor: Distribuidora del Pacifico S.A., demandado: Ministerio de Minas y Energía.
67 En todo caso los tiempos excepcionales no deben hacer más gravoso el acceso de los usuarios de la

administración de Justicia, de modo que los tiempos extraordinarios de atención al público no se computarán
para efectos de términos judiciales y, así mismo, las audiencias y diligencias, salvo los casos excepcionales
legalmente previstos, se cumplirán en los horarios ordinarios establecidos.// RESUELVE // ARTÍCULO

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Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
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Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

29. Por consiguiente, en este escenario el plazo para ejercer el derecho de acción
fenecía inicialmente el 17 de septiembre de 2008. No obstante, dado que en el año
2008 se presentó una huelga judicial, cuya afectación implicó la extensión del
término para la presentación de la demanda hasta el día hábil siguiente a la
reanudación de actividades, la caducidad de la acción operó el 18 de octubre de
2008. La demandante no acreditó alguna circunstancia que hubiera imposibilitado
el acceso a la administración de justicia, una vez restablecido el servicio. De ahí que
como la demanda se radicó el 21 de noviembre de 2008, se concluye que se
presentó por fuera de la oportunidad del artículo 136.2 del CCA.

6.- Costas

30. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de
las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2024, por el
Tribunal Administrativo del Meta, que declaró de oficio la caducidad del término para
formular la demanda en el presente asunto, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de

PRIMERO.- Delegar en las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura la facultad de
establecer concertadamente con las corporaciones y despachos judiciales de su competencia , horarios
especiales de atención al público para facilitar la reposición real del tiempo dejado de laborar por parte de los
servidores judiciales durante el cese de actividades ocurrido entre el 3 de septiembre y el 17 de octubre de
2008, atendiendo los criterios expuestos en los considerandos del presente Acuerdo.

27

Radicación: 50001233100020240027301 (72071)
Demandante: Martha Sofía Lopera Duque
Demandado: INCODER
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
PRESIDENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE68
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

ACS/MAR/VF

68 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

28

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